LA FUJIMORISTA MARTHA CHÁVEZ: GOLPISTA Y DEFENSORA DE VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

Es ya una vergüenza para nuestra democracia el que alguien como Martha Chávez, una de las más fanáticas defensoras de la dictadura, haya sido elegida como congresista en el año 2011. Su elección debió preocuparnos a todos, pues ello demostró que en nuestro país aún existe un importante sector de peruanos que cree que para gobernar es necesario acabar con el Estado de Derecho, manipular a las instituciones públicas, violar el principio de separación de poderes, atropellar los derechos de la gente, corromper a las Fuerzas Armadas y perseguir a los opositores del régimen, todo ello para favorecer a una cleptocracia infame e inmunda como aquella a la que esta señora sirvió con tanto esmero. 

De golpista a defensora de derechos humanos

Pero como las cosas en el Perú siempre pueden ponerse peor, hace unos días el Parlamento decidió nombrar a esta propagandista del autoritarismo como “Coordinadora del grupo de trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República”. Es decir, la persona que respaldó, entre otras infamias, el retiro del Perú de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la época más dura de la dictadura, será ahora la encargada de darle seguimiento y aprobación a las respuestas que el Estado brinde en los organismos internacionales, ante las denuncias que se presenten en estas instancias. ¿No les parece esto una verdadera afrenta a nuestra dignidad? ¿Qué penitencia estaremos pagando todos los peruanos para soportar este vejamen?

Estimados lectores, ¿qué otra misión creen ustedes que deberá cumplir esta representante del fujimorismo más reaccionario en este grupo de trabajo? En el colmo de la sinrazón, porque no existe otra manera para referirnos a este desatino, la persona que acusó de terroristas a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y que ha dicho en numerosas oportunidades que el Informe Final de la CVR (a pesar de no haberlo leído, de eso estoy seguro), debe ser tirado a la basura, también tendrá el encargo de monitorear la implementación de las recomendaciones de la CVR. ¿Garantiza objetividad esta señora? Claro que no.

En otras palabras, a la persona que sistemáticamente atacó e insultó con bajezas e injurias a los comisionados, y denostó del contenido del Informe, sin mayor argumento que sus propias fobias y complejos fascistas, se la premia confiándole la gran responsabilidad de evaluar las políticas que el Estado ha adoptado durante los últimos años en materia de derechos humanos.

La defensora del Grupo Colina no puede ser coordinadora de Derechos Humanos

Con justa razón los defensores de los derechos humanos han protestado enérgicamente en contra de este nombramiento. Con justa razón diversas voces de la sociedad civil han señalado que esta señora no tiene la autoridad moral para asumir este cargo. Con justa razón los que creen en la democracia y en la defensa de las libertades fundamentales han puesto el grito en el cielo luego de conocer que una de las representantes del fujimorismo más prepotente y autoritario será la encargada de velar por los derechos humanos en el Perú.

Por ello, este columnista se suma humildemente a la lista de ciudadanos que creen que alguien que se encargó de justificar los crímenes más terribles cometidos por la dictadura, a la que ella sirvió con complacencia (incluyendo los crímenes perpetrados por el Grupo Colina), no puede ser la representante en materia de derechos humanos del Parlamento peruano. Pretender ello, es casi como proponer a Vladimiro Montesinos para el cargo de “Zar Anticorrupción”, confiándole a este criminal la misión de evaluar la política pública de nuestro Estado. Si algo de dignidad nos queda a los peruanos, no podemos permitir tamaña lisura. No podemos quedarnos callados, no podemos permitir que los acólitos del dictador se sigan burlando de todos nosotros.

Martha Chávez y su desquiciado golpismo

Nadie que dice creer en los derechos humanos (ella lo dice) y en la defensa del Estado de Derecho, puede, al mismo tiempo, avalar la ruptura del orden constitucional en nuestro país. Bueno, esta señora es un caso extraño, raro, digno de un estudio clínico (doble personalidad política es el cuadro médico), pues esta fujimorista reivindica el golpe de estado del 5 de abril de 1992, bajo el falaz argumento de que “era una medida necesaria para iniciar los cambios estructurales del país”, cuando todos sabemos que el Parlamento en esos años, en más de una oportunidad, colaboró con el gobierno de Alberto Fujimori aprobando paquetes legislativos en materia económica y de seguridad, demostrando que la tesis del obstruccionismo sólo habitaba en la mente maléfica de los golpistas. ¿Cómo alguien puede defender los derechos humanos y, a su vez, avalar los atropellos de un régimen golpista y abusivo como al que ella sirvió?

Pero digamos que esta señora ha evolucionado, que su golpismo de otrora ya quedó en el pasado, y que ahora es una “fujimorista democrática” (algo así como ser homofóbico y tolerante a la vez). Si ello es así, entonces, ¿cómo explicamos el que esta misma señora, durante la última campaña, haya señalado que un nuevo autogolpe era posible si el fujimorismo no lograba la mayoría parlamentaria porque ello podía generar un desgobierno? No podemos explicarlo, y no podemos hacerlo porque esta señora sigue siendo la misma golpista de siempre, la misma solícita militante del pensamiento más antidemocrático de nuestra política nacional, la hija predilecta de la derecha más intransigente de nuestro país. De esa derecha rancia y caduca que siempre aplaudió a los dictadores que defendían sus intereses.

Martha Chávez y su desprecio por la Constitución

Esta señora suele sufrir de amnesia y olvido selectivo. En el año 1995 señaló que la Constitución de 1993 no permitía una segunda reelección de Alberto Fujimori, y que por tanto, de acuerdo al orden jurídico vigente en ese entonces, el autócrata no sería candidato en el año 2000. Pero esa convicción le duró muy poco, pues fue ella misma la que respaldó vehementemente la promulgación de la denominada “Ley de Interpretación Auténtica”, la misma que le permitió a Alberto Fujimori candidatear en el año 2000.

El escándalo fue tan grande, que cuando esta ley llegó a manos del Tribunal Constitucional, este colegiado falló en contra de esta norma. ¿Qué hizo entonces esta señora? Ella, junto a otros adictos al régimen autocrático, destituyó de sus cargos a los tres magistrados, que en defensa del orden constitucional, se opusieron a la tercera elección del tirano. Es decir, la señora terminó castigando a quienes “defendieron la Constitución que ella elaboró y que ella misma pisoteó cuantas veces el fujimontesinismo se lo ordenó”.

Martha Chávez y Vladimiro Montesinos

Esta señora, como todos lo deben recordar, se encargó siempre, ya sea como Presidenta del Congreso, o como Presidenta de la Comisión de Defensa, de frenar todas las investigaciones en contra de Vladimiro Montesinos. Así lo hizo en el año de 1997, cuando luego de que algunos medios denunciaran al asesor de liderar una red de espionaje telefónico, se encargó de blindarlo, e incluso, dijo que no podía citar “a la mano derecha del Presidente” en calidad de investigado porque eso pondría en peligro su seguridad personal y la de todo el país.

¿No sabía esta señora que Vladimiro Montesinos había sido dado de baja del ejército por vender información secreta? ¿No sabía que Vladimiro Montesinos repartía dinero público para comprar las conciencias de militares y policías corruptos? ¿No sabía que Vladimiro Montesinos usaba a las entidades del Estado para perseguir a los opositores? ¿En qué país vivía esta señora? Seguro en tontilandia.

Pero alguna "virtud" debemos reconocerle a esta señora: su enorme lealtad a Vladimiro Montesinos. En el año 2000, luego de que el video Kouri-Montesinos (compra de congresistas tránsfugas) fuera difundido, en el colmo del cinismo, la señora pidió un peritaje para este vídeo bajo el siguiente argumento: “en la película Forrest Gump se hizo montajes con presidentes muertos”. ¿Tanto desprecio sentía esta señora por la inteligencia de los peruanos? No, no era desprecio, era la muestra más palpable de los vínculos de esta señora con el lado más siniestro de la dictadura. Tanto fue así, que ella misma señaló que siempre defendería al asesor aunque luego la acusaran de montesinista. Para ella, un ladrón y asesino como Vladimiro Montesinos era un héroe nacional.

Martha Chávez y los derechos humanos

La señora fue siempre una de las más insignes defensoras de la impunidad para los violadores de derechos humanos en nuestra patria. Así, luego de que se conocieran los crímenes atroces de La Cantuta y Barrios Altos, ella se encargó de diseñar toda una estrategia legal para encubrir a los sanguinarios criminales del Grupo Colina. En 1994, votó a favor de la “Ley Cantuta” para evitar que los criminales fuesen juzgados en el fuero civil. Luego, votó a favor de las Leyes de Amnistía, beneficiando a estos asesinos condenados por violaciones contra los derechos humanos. Incluso, en el colmo de la infamia, se atrevió a decir que las personas asesinadas eran terroristas, y que los estudiantes se habían autosecuestrado, tratando de justificar los asesinatos del Grupo Colina. Sobre este punto, es necesario recordar que en ninguno de los dos casos, ni la DINCOTE (Dirección Nacional contra el Terrorismo) ni el Poder Judicial lograron encontrar siquiera indicios que hicieran pensar que las víctimas del Grupo Colina eran terroristas.

La memoria histórica que no debemos perder

La persona que durante tantos años se encargó de avalar y justificar las acciones de un régimen corrupto, las violaciones de derechos humanos, los despojos, los atentados contra la institucionalidad, el socavamiento del orden constitucional y el deterioro del Estado de Derecho, no puede ser nombrada “Coordinadora del grupo de trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República”.

Los pueblos deben tener memoria, los que fuimos testigos del sinnúmero de tropelías cometidas por la dictadura tenemos la responsabilidad de recordarles a los peruanos, sobre todo a los más jóvenes, el profundo daño que la autocracia fujimorista le hizo al país, esa será la única manera de exorcizar nuestros demonios, esa será la única forma de curarnos como sociedad y estar preparados para el futuro, porque el Perú con el que todos soñamos debe ser un país libre, justo y solidario, en donde todos podamos convivir en un clima de paz y tolerancia, de respeto y consideración mutua, algo que ninguna dictadura, ni de derecha ni de izquierda puede ofrecer, algo que la autocracia fujimorista que ella aplaudió nos negó durante una década. 

Javier Villa Stein, entienda que el Grupo Colina sí cometió delitos de lesa humanidad

No es propósito de esta reflexión agraviar al señor Javier Villa Stein. Eso es algo que me gustaría dejar muy en claro. La obligación de quienes hemos recibido cierta formación jurídica es ejercer nuestro derecho a la crítica de resoluciones judiciales con el respeto y la rigurosidad técnica que un caso como este exige. En ese sentido, aprovecharé estas líneas para aclarar algunos puntos que me parecen por lo menos discutibles en torno a la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a través de la cual Javier Villa Stein y compañía decidieron disminuir la pena a los asesinos del Grupo Colina sentenciados por los crímenes de Barrios Altos, el Santa y Pedro Yauri.

Los argumentos de la Sala Suprema de Villa Stein

Para Villa Stein, como él mismo lo señaló el 20 de julio el propio señor, se había decidido rebajar la pena a los asesinos del Grupo Colina al considerar que estos agentes de inteligencia no habían cometido delitos de lesa humanidad. Días después, el lunes 22, Villa Stein fue cambiando su versión y, señaló que decidieron dejar de lado dicha calificación porque el Ministerio Público no la incluyó en su acusación.

Las dudas de Villa Stein: marchas y contramarchas

El día de ayer, el mismo juez supremo, luego de conocerse, a partir de las declaraciones de los señores fiscales Pablo Sánchez Velarde y Jorge Cortez, funcionarios encargados de llevar adelante la acusación en estos casos, y de haberse publicado en un medio local el extracto de la acusación fiscal (11-05-2005), declaró que la Fiscalía sí calificó expresamente a los delitos del Grupo Colina como delitos de lesa humanidad. Al parecer, no tuvo otra salida que dar marcha atrás y volver a cambiar de versión.

La nueva versión de Villa Stein

El día de ayer, martes 24, el mismo juez terminó por reconocer que tres de los cinco magistrados (la mayoría entonces) que integraban la sala, consideraron que los delitos cometidos por los criminales del Grupo Colina sí eran delitos de lesa humanidad. También señaló que la calificación por parte de la Fiscalía de estos delitos como delitos de lesa humanidad sí había sido señalada en la acusación fiscal pero que no había sido lo suficientemente desarrollada. Total, ¿en qué quedamos? Y como para coronar su alocución, expresó que siendo únicamente dos magistrados (entre ellos él) los que consideraban que los abominables crímenes del Grupo Colina no eran delitos de lesa humanidad, este fallo no podía utilizarse para impugnar la sentencia firme dictada contra el dictador Alberto Fujimori.

Reflexiones y apuntes sobre la sentencia

Estas han sido las declaraciones del propio señor Villa Stein, las cuales no han sido alteradas. Todas estas pueden ser cotejadas en los medios de prensa que han cubierto esta noticia. Siendo ello así, paso a hacer algunas preguntas y reflexiones en torno al contenido de la sentencia.

Primer apunte: si solo dos de los magistrados consideraron que los delitos del Grupo Colina no eran delitos de lesa humanidad, entonces cómo se pudo “formar sentencia” cuando la mayoría estaba en contra de esta postura. Los especialistas en materia procesal señalan que cuando esto ocurre lo idóneo es convocar a otros jueces hasta que una de las posiciones alcance los cuatro votos necesarios para emitir sentencia. Primer error.

Segundo apunte: resulta por demás curioso que sean los votos en mayoría (los que sí consideran a los criminales del Grupo Colina como autores de delitos de lesa humanidad), los que hayan sido finalmente anexados al cuerpo de la sentencia cuando lo usual en la práctica jurisdiccional es que los votos que se añaden al final del texto sean los que corresponden a los votos singulares, discordantes o en minoría. Este detalle, que en otro caso no pasaría de ser una “inusual práctica procesal”, adquiere total relevancia en este caso, pues hace pensar a la población que la mayoría de los miembros de esta Sala consideran que los miembros del Grupo Colina son responsables únicamente de delitos comunes.

Tercer apunte: la sentencia no aclara las razones por las cuales decide apartarse de la línea jurisprudencial establecida por tribunales nacionales e internacionales que en tiempo anterior calificaron a los delitos cometidos por el Grupo Colina como actos de lesa humanidad. Recordemos que en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego en 2005, nuestro Tribunal Constitucional, señalaron expresamente que los crímenes de Cantuta y Barrios Altos, y tantos otros cometidos por estos asesinos (Pedro Yauri y El Santa, entre ellos), eran considerados a la luz de la normativa internacional vigente como delitos de lesa humanidad. La sentencia no explica por qué a su juicio tanto la Corte como el Tribunal están equivocados en este punto.

Cuarto apunte: según lo afirmado por Villa Stein, este magistrado considera que el Grupo Colina incurrió en la comisión sistemática y generalizada de delitos contra los derechos humanos. Esta expresión es una de las más descabelladas pues en la misma sentencia se reconoció expresamente que el Grupo Colina fue un grupo militar organizado por el Estado con el objetivo de eliminar a presuntos terroristas. Es decir, Villa Stein condena a los miembros del Grupo Colina por “tres casos” en los cuales se acabó con la vida de 25 personas (incluyendo a un niño de 8 años), pero al mismo tiempo nos dice que estos casos no constituyen violación sistemática y generalizada de derechos humanos.

Quinto apunte: para el caso particular de la matanza de Barrios Altos (perdón por el uso de un término tan fuerte), Villa Stein afirmó que este delito no puede ser considerado como un atentado de lesa humanidad pues “la población victimada no era una población civil”. Es decir, para Villa Stein (como para Martha Chávez y tantos otros), las víctimas de Barrios Altos eran terroristas o presuntos terroristas y por ello el objetivo del Grupo Colina que era eliminarlos no puede ser considerado un ataque contra civiles. La pregunta entonces es la siguiente: ¿acaso en el Perú las personas son consideradas terroristas a priori sin un juicio previo en el cual se determine su responsabilidad penal? ¿Cómo sabe Villa Stein que los asesinados de Barrios Altos eran terroristas? ¿Cuáles son esas presunciones objetivas que acreditan que estas personas estaban vinculadas con el terrorismo?

Sexto apunte: la afirmación hecha por Villa Stein en cuanto a que en Barrios Altos no se asesinó a población civil sino a presuntos terroristas no resiste el mayor análisis jurídico. No se puede salir a la prensa o afirmar alegremente en un fallo (con el daño moral que ello supone) que quienes son asesinados lo han sido por ser “presuntamente terroristas”. El señor Villa Stein olvida que de acuerdo a la Convención de Ginebra, cualquier tribunal debe considerar como civil a toda persona o grupo de personas sobre las cuales no se haya acreditado fehacientemente lo contrario. Es decir, sino existe sentencia condenatoria que acredite que las víctimas de Barrios Altos eran terroristas entonces son “civiles”, aunque eso no le agrade a Villa Stein.

Sétimo apunte: el juez Villa Stein y quien lo secunda, olvidan las características y la manera atroz y salvaje como fueron cometidos estos crímenes. Lo hace, según mi opinión, pues su justa valoración convierte a estos crímenes en delitos de lesa humanidad por donde se les mire. Recordemos en Barrios Altos, las personas asesinadas estaban reunidas en una celebración y no portaban armas. Es decir, se encontraban en un estado de completa indefensión (¿acaso un niño de 8 años no es considerado “población civil”?, pregunto yo). Lo mismo ocurrió en los casos de las víctimas de El Santa y Pedro Yauri, las cuales de acuerdo a las investigaciones se encontraban descansando cuando fueran arrestadas por el Grupo Colina. En estos casos, los homicidas actuaron con ventaja y alevosía, desatando todo el odio que sistemática y organizadamente venían inflingiendo sobre la población civil, con el conocimiento y anuencia del Presidente de la República de ese entonces.

Octavo apunte: Villa Stein señaló en un primer momento que los miembros del Grupo Colina no habían sido denunciados por el delito de lesa humanidad y que por tanto no se los podía sancionar por el mismo sin antes haberles dado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Este argumento no solo es falso por las razones que líneas arriba expusiéramos (como consta en la acusación, página 332), sino que en realidad es un sofisma que no resiste ningún tipo de análisis. Se sabe, y así lo señala la doctrina y la jurisprudencia internacional para esta materia, que los delitos de lesa humanidad no son “tipos penales específicos” independientes y autónomos frente a otros como el homicidio, tortura o secuestro. Los delitos de lesa humanidad son una calificación jurídica que es utilizada cuando se evalúa la comisión de delitos realizados por un grupo de poder que de manera sistemática y generalizada atenta contra los derechos humanos de la población civil, tal y como ocurrió en nuestro país con el accionar del Grupo Colina. Todo eso lo sabe Villa Stein, sin embargo, decidió convenientemente olvidar y ocultar.

Noveno apunte: con relación al punto inmediatamente anterior, se sabe que dado que los delitos de lesa humanidad son una calificación jurídica y no un tipo penal específico, esta rige desde el año 1945, fecha en la cual se aprobó la convención de Ginebra, y no desde que el Estado peruano la ratificó. Esta lectura se desprende de lo expresamente afirmado por la jurisprudencia internacional para el caso del tribunal del Líbano, por esta misma razón entonces, no se podría decir que la aplicación de esta calificación jurídica quiebra el principio de legalidad penal en el caso del Grupo Colina.

Reflexión final

Más allá de la crítica jurídica que se le pueda hacer a esta nefasta sentencia, es importante señalar los efectos negativos que esta trae para la consolidación del orden democrático y el respeto por los derechos humanos. Este fallo es un retroceso en la lucha contra la impunidad iniciada por nuestro país luego de la caída de la dictadura fujimontesinista. Señalar que los crímenes cometidos por el Grupo Colina no son delitos de lesa humanidad podría abrirle las puertas de la prisión a estos criminales. Ello es así pues si se los considera delitos comunes, quienes han sido sentenciados por estos pueden acogerse a ciertos beneficios penitenciarios e incluso ser pasibles de indultos o amnistías. Pero al margen de ello, de lo que ocurra con estos criminales y de las argucias legales que seguramente utilizarán para sacar ventaja de esta situación generada por entera responsabilidad de esta Sala Suprema, es comprensible el malestar, la cólera y la indignación que esta decisión ha generado entre las víctimas y familiares, las cuales sienten que viven en un país en donde la justicia les da la espalda y la impunidad les escupe en la cara. Un país en donde las víctimas son sancionadas y los criminales beneficiados. Eso es lo que todos debemos combatir desde donde estemos.

En manos de los indecisos: se desata la campaña de miedo

Se espera un final de fotografía. Si las elecciones fueran el día de mañana el pronóstico seria reservado. Tanto la encuestadora Datun como Ipsos apoyo arrojan un empate técnico entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En el primer caso la ventaja es a favor de Humala en el segundo es Keiko Fujimori quien ocupa el primer lugar. Pero sin lugar a dudas la cifra más importante está representada por ese 20% de electores que aun no define por quién va a votar en esta segunda vuelta. Es este el sector que ambos candidatos deberán disputar en estas últimas semanas de campaña. Al parecer así lo han entendido ambas agrupaciones y ahora el esfuerzo se centra básicamente en mostrarse ante la ciudadanía como el mal menor, porque seamos claros, ambos candidatos saben que el voto mayoritario que reciban en este segundo tramo no es ni por asomo un voto de confianza sino más bien uno de rechazo frente a la otra candidatura. Para algunos sectores es Ollanta Humala el mal menor, para otros es Keiko Fujimori quien genera menos temores.

Como bien señalan algunos analistas, en un escenario como el que ahora tenemos, marcado por la polarización ideológica y la presencia de dos candidatos considerados anti sistema, las campañas de terror y miedo a nivel de medios de comunicación, querámoslo o no, empiezan ha tomar un protagonismo bastante importante. De lo que se trata ahora, y así lo han entendido algunos medios, la mayoría diría yo, no es de resaltar las virtudes intelectuales, profesionales, académicas o políticas del candidato preferido, sino más bien de atacar vehementemente al contrario. Hemos ingresado a una etapa en la cual todo vale, difamar, injuriar o calumniar es parte del modus operandi de importantes sectores de poder en el país. Sectores, que gracias al poder económico con el que cuentan pueden comprar portadas, entrevistas, líneas editoriales, de medios de comunicación radial, prensa escrita o televisiva. Lo más curioso en todo caso es que ese poder económico ha sido y es capaz de convertir en una sarta de desmemoriados a muchos de los que ahora denominamos líderes de opinión y a los cuales les permitimos ingresar a nuestras casas por intermedio de la caja boba. Es tan grande el poder de este sector que debido a su influencia directa o indirecta sobre algún canal de televisión ha logrado borrar de la memoria de sus periodistas a 10 años de la vida política nacional.

Siendo ello así, no me cabe la menor duda que esta campaña de temor y de miedo coloca a Ollanta Humala en una posición de desventaja frente a Keiko Fujimori. Ollanta Humala sabe que no cuenta con el favor de los medios de comunicación, al menos no con el sector que cuenta con la mayor cantidad de canales de información. Ollanta Humala sabe que en ese terreno la contienda está perdida, por eso la necesidad de recorrer todo el país, y tener un contacto directo con la población. Sabe que la posición asumida por los grupos de poder mediático en contra de su candidatura es irreversible, y que aún cuando firme uno y mil compromisos o pida perdón por sus pecados o el de sus familiares, seguirá recibiendo los torpedos informativos que tratarán, aun no sabemos si con éxito o no, por todos los modos de dinamitar su candidatura. Terrorismo informativo le llaman algunos, eso que hizo Jaime Bayli en contra de la candidatura de Lourdes Flores, así fue llamado por este sector de poder, y que ahora es utilizado para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori.

Por su parte, Keiko Fujimori debe sentirse un poco más tranquila, confiada diría yo, si bien es cierto esos mismos medios de comunicación no la colocan o tratan de mostrar como una candidata o política con talento y agudeza política, eso se entiende si tenemos en cuenta que hasta hace dos o tres meses, su candidatura era tildada por los medios que hoy en día la apoyan de improvisada, autoritaria y corrupta, es comprensible que hasta para este sector, que a lo largo de la historia nacional no se ha caracterizado particularmente por la defensa de valores o principios democráticos sino por la defensa pura y exclusiva de intereses económicos y particulares, le cueste y hasta le de pudor hacer una defensa explícita de la ex primera dama de Alberto Fujimori. En ese sentido, tanto Keiko como su grupo de campaña deben estar agradecidos con este sector por haberlos adoptado como hijos en principio no deseados pero como un mal menor que goza de su complacencia pues a diferencia del otro candidato, y al puro estilo del Gatopardo de Lampedusa, es capaz de usar la palabra cambio con el único propósito de al final del día y conquistada la victoria no cambiar absolutamente nada.

La carrera se pone cuesta arriba para Humala y su grupo, los asesores brasileños cuya campaña publicitaria le dieron tanto rédito en la primera vuelta deberán trabajar día y noche para hacer frente y entrar a jugar en una cancha en la cual el árbitro parece haberse vestido de naranja desde el minuto siguiente a la finalización del primer tiempo. Para usar una frase futbolera podríamos decir que en estos últimos minutos del partido los jugadores están con el cuchillo entre los dientes, dejan la piel en la cancha, y se esfuerzan por llegar al minuto 90 con un poco de aire y resto físico. El problema es que la cancha se encuentra inclinada, y que el árbitro, como tantas veces le ha pasado a nuestra selección, mete poco a poco a un equipo dentro de su área, cobrándole en contra faltas inexistentes o infracciones muy bien simuladas. Pero así es la política, y el fútbol, detrás de las grandes estrellas, de los protagonistas, se encuentran los intereses de los grupos empresariales, los negociados comerciales, las prebendas mercantilistas, con lo cual será el candidato que con mejor tino se acerque a estos grupos, prometiéndoles cuidar su posición y no meterse con su bolsillo el que logre consolidar una posición de ventaja en este arte de la demolición mediática.

Qué debe hacer Keiko en este tramo, qué estrategia deberá seguir, qué cambios o ajustes debe hacer a su campaña, yo creo que ninguna, la candidata de Fuerza 2011, no deberá de hacer nada extraordinario en estas últimas semanas, recorrer el país, lo hace cualquier otro candidato, sentar puentes de diálogo con personalidades convenientemente seleccionadas como Hernando de Soto no requiere de mayor astucia o destreza política, prometer no cometer los mismos delitos cometidos durante la década en la cual su movimiento político y su padre, el cabecilla de esta pandilla de ladrones que hizo y deshizo en el Perú a su gusto, será más que suficiente, sobre todo si como ya he señalado goza de la complacencia del sector mediático más importante del país.

Dicho de otro modo, de no mediar algún imponderable extraordinario, de no cometer un error terriblemente garrafal, la mesa, el banquete está servido con mantel naranja y cubiertos de plata para que el fujimorismo vuelva a engullir cuanto manjar se le coloque en frente. Habría que ser muy ingenua, muy torpe, muy incapaz Keiko Fujimori para perder una elección en la cual, y esto no lo imaginó ni siquiera su esposo en la más afiebrada de sus alucinaciones, todos, o casi todos los medios de comunicación se han puesto de su lado. Qué curioso es nuestro país me digo a mí mismo, Keiko Fujimori, quien apoyara con entusiasmo una tercera reelección de su padre, a sabiendas que esta era ilegal, quien además hasta el 2010, declaraba en un programa de televisión (si mal no recuerdo el programa de Jaime Bayli, hoy en día su defensor) que ella no estaba segura que su padre y Vladimiro Montesinos habrían cometido delitos, y que incluso se animaba a afirmar que el Grupo Colina responsable de las matanzas de Barrios Altos y Cantuta habían actuado por cuenta propia a espaldas de su padre y su asesor Montesinos, a pesar de los cerros de documentación y de pruebas que los incriminaban, la misma que sirvió para sentenciar a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, es hoy en día, catapultada por esos mismos medios que criticaban al gobierno fujimorista, por considerarlo corrupto, dictatorial y fratricida, como la gran salvadora de la democracia peruana.

Lo que nos deja esta campaña es ese sin sabor, esa pesadez y esa tristeza de comprobar que en nuestro país todo hombre tiene un precio, todo se compra, todo se vende, todo se negocia, que los valores y los principios suman cero frente a los intereses económicos de ese sector que siempre, absolutamente siempre, ya sea de lado de militares, autócratas de derecha o izquierda, ha sabido sacar provecho a sus inversiones y apuestas por tal o cual candidato, sin importar si ese candidato, es o no un corrupto, un violador de derechos humanos, un mentiroso compulsivo o simplemente un felón. Preocupa, me preocupa sobre manera, que esa forma de entender la política, en la cual frases como roba pero hace obra, va calando con mayor intensidad en la población, sobre todo en los más jóvenes. Creo, que si no tomamos cartas en el asunto el destino del país está escrito, vamos camino a convertirnos en una sociedad absolutamente anómica en la cual el respeto por la legalidad no es más que un valor pasado de moda, en la cual la honestidad y transparencia en la vida diaria son conductas propias de tiempos pasados, tiempos en los cuales uno es esforzaba por cuidar el buen nombre y el prestigio moral y ético de uno mismo y el de su familia. Creo que estamos perdiendo la batalla contra la corrupción, somos bastante complacientes con el delito, somos bastante blandos a la hora de enjuiciar al criminal, somos una sociedad que al parecer ha perdido la capacidad de indignación. ¡Que dios nos ayude!

Keiko Fujimori y su discurso “caviar”: un giro hacia la izquierda

Caviar, ese ha sido el término que durante los últimos años ha utilizado el fujimorismo y otros sectores de la derecha conservadora y militar para descalificar la posición y el discurso político de la izquierda peruana referida a la defensa de los derechos humanos, la sanción a los violadores de los mismos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Así por ejemplo, una vez conocido el resultado del proceso al que fuera sometido Alberto Fujimori, por los casos La Cantuta, Barrios Altos y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, proceso en el cual se lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad, el menor de los Fujimori, Kenyi, congresista electo en esta oportunidad, señaló con total claridad que la gran batalla política por la liberación de su padre se daría en las calles entre su agrupación y los sectores a los que calificó de CAVIARES.

Asimismo, en su debida oportunidad, su hermana, Keiko Fujimori, candidata presidencial también responsabilizó a los caviares, es decir a todos los movimientos y agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, del proceso llevado en contra de su padre, proceso al cual tildó de injusto e inhumano, llevado a cabo por jueces que lo único que tenían en mente era desatar una tremenda persecución legal contra el dictador y contra todo aquel que se atreviese a defenderlo.

Muy pocas veces en estos últimos años habíamos sido testigos de un discurso político tan confrontacional y violento como el que los Fujimori empleaban al referirse a estos sectores y a personas individuales, como por ejemplo los abogados Ronald Gamarra, Carlos Rivera o Gloria Cano, que participaron en el proceso como defensores de la parte civil, es decir, abogados de las víctimas de Barrios Altos y Cantuta. También, ese misma rabia y virulencia fue puesta de manifiesto años anteriores con motivo de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al cual tildaron de injuria y panfleto difamatorio contra el régimen de Fujimori, el mismo que tenia como única finalidad echar por tierra los logros que el dictador había alcanzado en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, llegando incluso a tildar a personas honorables, como lo son los comisionados, de defensores de los subversivos, en pocas palabras llamarlos “pro terrucos”.

Tiempo después, en el tristemente recordado episodio en el cual las hordas del fujimorismo, con el beneplácito o silencio cómplice de sus líderes, atentaron contra el recuerdo y la memoria de los familiares de las víctimas de la guerra interna, cubriendo de pintura naranja el monumento del OJO QUE LLORA, la entonces congresista Keiko Fujimori, pretendió hacer público su rechazo a semejante acto de vandalismo con el uso de un lenguaje bastante condescendiente a los responsables de dichos actos. En esa oportunidad, tanto Keiko como la plana mayor de Fuerza 2011, trataron de explicar el sentimiento de indignación que en el fujimorismo generó la condena de su padre y la construcción de monumentos como este en el cual se rinde homenaje a personas fallecidas, mejor dicho asesinadas, como fue el caso del joven estudiante de la Cantuta, Enrique Ortiz Perea, y tantos otros como él que fueron ejecutados extrajudicialmente por el gobierno de Alberto Fujimori, a los cuales el fujimorismo, en la persona de Martha Chávez, insiste en calificar de terroristas. Es decir, para el fujimorismo, para la señora Chávez, Alberto Fujimori, a pesar de haber sido condenado en el marco de un proceso en el cual le fueron respetados todas las garantías judiciales es inocente, pero el señor Ortiz Perea, a quien se lo asesinó, después de haber sido secuestrado, es culpable del delito de terrorismo, sin mayor prueba que la decisión de los miembros del grupo Colina que en ese año operaba bajo la batuta y dirección de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Después de ello llegó el momento de polemizar y sentar posición ante la iniciativa del Estado peruano, gracias a la contribución y cooperación alemana, de construir un Museo de la Memoria, el cual le permitiese a la sociedad tener presente lo ocurrido durante los años de la violencia política vivida en nuestro país durante dos décadas, con el afán de no repetir en el futuro aquellos errores que permitieron el surgimiento y consolidación de un movimiento subversivo tan sanguinario como Sendero Luminoso, pero al mismo tiempo acabar con la indiferencia estatal en ese entonces exhibida con la población más vulnerable y evitar que desde el Estado se vuelvan a cometer sistemáticamente crímenes contra la humanidad. Como era de esperarse, el fujimorismo, con keiko Fujimori a la cabeza, mostraron una vez más su descuerdo con esta iniciativa aduciendo que la guerra aun no culminaba, que el Museo reivindica por igual a víctimas y victimarios, algo que sin lugar a dudas es falso, y que afirmar, como hace la Comisión de la Verdad, que el estado peruano, en diversos lugares del país, desató una política de violación sistemática de Derechos Humanos, no era sino una patraña de la izquierda usada para desacreditar a instituciones, como las fuerzas armadas y policiales, que durante ese tiempo tuvieron a cargo el control operacional de la lucha contra el terror.

Finalmente, el año pasado, el fujimorsimo, junto a representantes de otros sectores políticos, como el entonces Ministro de Defensa, y actual candidato a la vicepresidencia de la mano de Keiko Fujimori, Rafael Rey, hicieron público su respaldo a la promulgación del cuestionado Decreto Legislativo 1097. Para los que no recuerdan la razón de esta polémica debemos saber que esta norma pretendía el archivamiento (sobreseimiento en lenguaje jurídico) de los procesos en los cuales se hubiera excedido el plazo de la etapa de instrucción o investigación del delito (14 meses). Es decir, la mencionada disposición le otorgaba al juez la facultad de archivar el proceso seguido en contra de militares y policías acusados de cometer delitos contra los derechos humanos como el asesinato, secuestro, desaparición forzada, violación o tortura por el sólo hecho de haberse vencido el plazo de la etapa de investigación. En otras palabras, la disposición bajo comentario pretendía impedir, o al menos, entorpecer u obstaculizar el juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de delitos tan execrables como los anteriormente descritos. Como todos sabemos, y luego de la renuncia de Mario Vargas Llosa al cargo de presidente del Museo de la Memoria, debido a la promulgación de este decreto, al cual tildó de amnistía apenas disfrazada de legalidad, el gobierno tuvo que dar una paso atrás y optar por la derogación de dicho dispositivo legal, hecho que motivó la renuncia de Rafael Rey al Ministerio de Defensa, la renuncia del titular de Justicia, Víctor García Toma y la reacción negativa del fujimorismo, quien a través de parlamentarios como Rolando Sousa, habían sido de las pocas voces que no rechazaron, como si hizo la sociedad civil y lo más selecto de la comunidad jurídica nacional, la entrada en vigencia de la mencionada norma.

Siendo estos los antecedentes del fujimorismo y de Keiko Fujimori, resulta por lo menos contradictorio, por no decir electoralmente recomendable, el que en estos últimos días la candidata haya hecho suyo el discurso que tantas veces tildó de caviar, izquierdoso o pro terruco. En esta semana que pasó la hemos escuchado pedir perdón por los delitos cometido por su padre o su gobierno, que para mi son lo mismo, sin embargo insiste en considerar a su padre y a su gobierno, como el mejor de los últimos tiempos, ella señala que fue el mejor de toda la vida republicana nacional, resulta contradictorio, y sabe a falsedad electorera el que ahora la señora Keiko avale el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y se comprometa incluso a llevar adelante todas y cada una de las recomendaciones allí expuestas por los comisionados, luego de haber criticado y calificado de documento pro subversivo a este trabajo. También resulta contradictorio, y poco creíble, su nuevo afán por la construcción del Museo de la Memoria o su respaldo al monumento del Ojo que Llora, como también generan dudas sus declaraciones en la cuales se compromete a no indultar a su padre condenado por violador de derechos humanos y no liberar o favorecer a militares o policías procesados por delitos de lesa humanidad.

Estas son las contradicciones que parecen no haber advertido los medios, o mejor aun parecen no querer advertir. El programa del candidato Ollanta Humala está plagado de incoherencias y contradicciones, de propuestas incompletas y poco viables, pero reitero, como ya lo hiciera en una anterior oportunidad, presenta una propuesta programática, en cambio, en materia de Derechos Humanos y democracia, el programa de Keiko Fujimori, no dice absolutamente nada, el capítulo de derechos humanos, no existe, no es importante para el fujimorismo. Por eso es que sorprende que de manera súbita Keiko Fujimori pretenda dar un giro de discurso hacia la izquierda, pues de izquierdista, comunista y rojo tildaban a todo aquel que se atrevía a interpelar al gobierno de su padre por la comisión de estos crímenes, y pretenda mostrarse como un especie de encarnación de lo más noble de la doctrina y del movimiento en defensa de los derechos humanos.

Me pregunto, si ese fue su intención inicial, si siempre ha creido en estos valores y principios, porqué su actitud y sus palabras y declaraciones de los últimos años van en contra de este camino, porqué si condena el autogolpe del 5 de abril de 1992, los crímenes de Cantuta o Barrios altos, la reelección para un tercer periodo de su padre en 2000, lleva consigo a Yoshiyama, defensor del 5 de abril y de todo la persecución política desatada contra los opositores al régimen, porqué llevar a Martha Chávez, defensora del Grupo Colina, quien fuera una de las principales propulsoras de las leyes de amnistía promulgadas en favor de estos criminales, porqué llevar e insistir en personajes como Rafael Rey, de reconocidas posiciones políticos autoritarias y conservadoras, creador del decreto 1097 a través del cual se pretendió beneficiar a militares violadores de derechos humanos, enemigo declarado de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, quien tildara de mentira caviar al Informe de la Comisión de la Verdad. Por estas razones es que en lo personal me cuesta creer en la palabra de Keiko Fujimori al hablar de derechos humanos y democracia. Porque tendríamos que creerle cuando dice que no indultara a su padre, acaso el fujimorismo se ha caracterizado por su respeto a la legalidad, porque creer que no beneficiara a militares y policías implicados en matanzas y masacres, acaso el fujimorismo ha hecho suyas las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cuales se prohíbe el indulto y derechos de gracia a favor de estos criminales, cómo creerle a una persona que sigue llamando gobierno democrático a uno en el cual el robo, la corrupción y la violación de derechos humanos fueron parte del día a día, cómo creerle a una persona que participó con entusiasmo de la campaña para la tercera reelección de su padre, sabiendo que esta era inconstitucional, y que tres magistrados habían sido defenestrados por oponerse a tamaño atropello contra la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Permítanme dudar, o en todo caso, decir con claridad: Keiko Fujimori no te creo.

Para no olvidar en el 2011: sentencian a Grupo Colina y ex colaboradores del régimen fujimorista

Como era de esperarse la emoción que un proceso electoral suele traer consigo logra acaparar la atención de toda la ciudadanía. A más de diez días de celebrados los comicios electorales municipales, y a pesar de aun no contar con los resultados oficiales para Lima metropolitana, es necesario voltear la mirada a otros asuntos que a pesar de su importancia para la justicia y salud democrática de nuestro país fueron opacados por esta vorágine electoral. Si a ello le sumamos la noticia llegada desde Suecia haciendo mención a la distinción del genial Mario Vargas Llosa como premio nobel de literatura, no resulta difícil imaginar que otros asuntos también relevantes hayan pasado a un segundo plano. Pero como todo en la vida sigue su curso, es momento de hacer algunos apuntes en torno a dos sucesos que a mi juicio deben devolvernos a la realidad e invitarnos a una sana reflexión de cara a lo que ocurrirá en el 2011.

Hace dos semanas, la Primera Sala Penal Especial, presidida por la magistrada Inés Villa Bonilla, sentenció a 25 años de prisión efectiva al ex asesor fujimorista Vladimiro Montesinos Torres, al ex jefe del Comando de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori, Nicolás de Bari Hermoza. La misma sentencia recayó sobre el ex jefe operativo del Grupo Colina mayor Santiago Martin Rivas, el ex jefe del SIN general EP Julio Salazar Monroe, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército general Juan Rivero Lazo y el segundo en la cadena de mando de ese grupo mayor Carlos Pichilingue. Todos estos asesinos y ex colaboradores de la dictadura fujimorista fueron condenados por las matanzas de Barrios Altos, El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri, hechos atroces perpetrados por el destacamento Colina, bajo el mando y la venia del ex presidente Fujimori, durante los meses de noviembre de 1991 y junio de 1992.

Como se recuerda en el caso de la matanza en Barrios Altos fueron asesinadas 15 personas, entre las cuales se encontraba un niño de apneas 8 años. En el caso de la matanza en el Valle El Santa en Ancash fueron muertos 9 campesinos. En el caso de Pedro Yauri, periodista incómodo para el régimen como tantos otros a los que la dictadura persiguió, atropelló, o simplemente secuestro o desapareció como Gustavo Gorriti, delito por el cual el ex presidente Fujimori también ha sido condenado, la investigación que se llevó en su momento estuvo amañada y debido a un serie de tretas provenientes desde Palacio de Gobierno y el SIN el caso pasó al olvido. Estos son los delitos por los cuales los ex colaboradores del régimen fujimorista y los miembros del Grupo Colina después de casi 20 años son condenados. Hoy, luego de superar todo tipo de ofensas, agravios, argucias legales como las famosas leyes de amnistía pensadas por la mente siniestra de Montesinos y promulgadas por la corte de acólitos y adictos al gobierno en la cual se había convertido el Congreso de la década de los noventa, con una mayoría antidemocrática e intolerante que obstaculizaba todo esfuerzo por investigar estos delitos y otros vinculados a actos de corrupción, los familiares de las víctimas han alcanzado por fin justicia.

En la resolución condenatoria la Sala señaló que durante el juicio y a la luz de toda la documentación expuesta y analizada durante el proceso quedó acreditado que el Grupo Colina o “destacamento de la muerte”, como era conocido, nombre que al parecer enorgullecía a los criminales que formaban parte del mismo, fue constituido como parte de la estrategia del régimen de Fujimori para combatir y hacer frente a Sendero Luminoso y el MRTA, lo que los especialistas han denominado la “guerra de baja intensidad”, estrategia que a la par de los actos u operativos llevados a cabo dentro de la legalidad y el marco del Estado de Derecho, de manera clandestina, operaban escuadrones de aniquilamiento, los cuales, bajo la orden y anuencia de la autoridad política cometían una serie de delitos contra los derechos humanos como: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, asesinatos selectivos, entre otros.

Asimismo, en la misma resolución la Sala logró determinar que dicho grupo de aniquilamiento formó parte de la línea de mando al interior de la institución armada, disponiendo de un presupuesto propio el cual le permitía desarrollar sus operativos sin mayor oposición, control o fiscalización alguna. No es descabellado pensar entonces que en una institución tan jerárquicamente estructurada como las fuerzas armadas este nivel de independencia económica, esta protección legal y apoyo logístico no eran posibles sino debido al respaldo e intervención directa de la cúpula política de aquel entonces, representada, indudablemente, por el ex dictador Alberto Fujimori. En todo caso, y creo esa es la opinión de todo aquel que analice la realidad sin ningún afán de venganza, revancha o miopía política, resulta inverosímil sostener que conocidos los asesinatos de Cantuta, Barrios Altos, El Santa, y Pedro Yauri, a inicios de la década de los noventa, el dictador Fujimori no haya podido advertir la presencia del criminal que tenía como asesor y como fiel escudero.

Por eso la tesis bajo la cual Fujimori dice no haber conocido de ninguno de estos hechos y ,por ende, no haber advertido el grado de responsabilidad de Montesinos y los altos mandos militares en tan abominables crímenes resulta por decirlo menos hilarante y absurda. Él que se jactaba de ser un hombre meticuloso, riguroso, obsesivo, usando sus propias palabras: “en el Perú no se mueve un papel sin que yo lo sepa”, no puede insultar la inteligencia de todo un país mintiendo de una manera tan descabellada, al parecer tanto él como su hija, la futura candidata a la presidencia del 2011 en nuestro país, recuérdenlo bien, la futura candidata presidencial a nuestro país, prefieren hacer creer a la población que el ex dictador, lejos de ser un asesino o un corrupto, era simplemente un santulón, un tonto útil, un mequetrefe al cual Montesinos engañaba y titireteba los 365 días del año, en suma, un idiota.

Pero la acción de la justicia no quedó allí, días después, esta vez la Segunda Sala Penal Anticorrupción, condenó a Vladimiro Montesinos a 8 años y 6 meses de prisión efectiva, por los delitos de cohecho activo y asociación ilícita para delinquir. En este juicio, el ex asesor del dictador, acogiéndose a la figura de la conclusión anticipada, reconoció su responsabilidad en el complot que organizara junto a los ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer la segunda reelección de Alberto Fujimori en el año 2000, así como al movimiento Vamos Vecino en el año de 1998, desconociendo de ese modo, de manera flagrante, artera y criminal, el marco institucional y democrático que nuestra Constitución, tantas veces vulnerada por el régimen fujimorista, establecía.

Como es preciso recordar, el fraude electoral de aquel año se fraguó desde tiempo atrás. El congreso de aquél entonces, albergue de bribones, cacacenos y otras figuras del lampa, aprobó la denominada Ley de Interpretación Auténtica con la finalidad de dar luz verde a la intentona reeleccionista de Fujimori en el año 2000. A pesar de ello, la citada leguleyada congresal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese entonces. Acto seguido, la dictadura enfiló sus baterías contra los magistrados que con algo de dignidad y apego a los valores democráticos no se habían doblegado ante la figura mafiosa y siniestra de Fujimori y su asesor. A consecuencia de ello, el mismo congreso, ese que había aprobado las leyes de amnistía para encubrir a los Colina, ese mismo que aprobó una Ley de Interpretación Auténtica para perpetuar a Fujimori en el poder, ahora destituía a los magistrados democráticos por una supuesta infracción a la Constitución, ellos que habían convertido a la Constitución en un papel de baño, levantaban el dedo acusador y se erigían como los defensores de la legalidad y el orden democrático. Ese fue el congreso que gobernó junto con Fujimori y Montesinos durante los diez años de su cleptocracia. Años más tarde la justicia también llegaría para estos magistrados, y volviendo las cosas a su justo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaría su inmediata reposición y desagravio.

Como pueden apreciar, estos son los hechos que pasaron desapercibidos durante estas dos últimas semanas de elecciones y premio Nobel, estos son los dos hechos que para felicidad y regocijo de algunos, claro está de los fujimoristas, de Keiko, de Raffo, de Moyano, de Sousa, de todos los que a pesar de la montaña de evidencias siguen defendiendo la inocencia del dictador, no recibieron la atención mediática que su importancia exigía. El año 2011 el Perú deberá elegir a un nuevo presidente, la hija del ex dictador pretende ceñirse la banda presidencial, la señora Keiko cuya única propuesta de plan de gobierno es indultar a un asesino, a un corrupto a un petardero de las instituciones democráticas, deberá recorrer pueblo tras pueblo pidiendo olvido y perdón. Seguramente la señora Keiko y compañía tratarán de levantar la alfombra de casa y meter allí toda la basura que han creado durante todos estos años, esperemos que la ciudadanía, como tantas veces ha ocurrido en la historia de nuestro país, no se deje tomar el pelo, con caiga en la demagogia ni mucho menos venda el voto por algunas cuantas prebendas. En todo caso, si de levantar la alfombra se trata, si de recordar el porqué nuestro país no puede volver a ceder al chantaje de proyectos autoritarios e improvisados, estoy seguro que algunos medios de comunicación harán su trabajo, yo desde esta humilde tribuna, también me comprometo con la defensa del Estado de Derecho y los valores democráticos, que Keiko Fujimori y sus adulones pretenden volver a corroer.

El sentenciado Fujimori

El año nos recibe con una noticia importante para comentar. Una noticia que consolida nuestro sistema democrático y reivindica a las numerosas víctimas de violación de derechos humanos durante la década del fujimorato. Con fecha 3 de enero del presente, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, mediante extensa y fundamentada sentencia, ratificó en todos los extremos la condena que en abril del año pasado, el tribunal presidido por el prestigioso vocal supremo Cesar San Martín le impusiera al otrora presidente y ex dictador del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, condenándolo a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.

La sala en fallo de 266 páginas señaló que la responsabilidad penal del sentenciado Fujimori por la comisión de los delitos antes señalados era inobjetable, además se estableció con claridad los vínculos del sentenciado con su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y su relación directa en la formación, operación y encubrimiento del denominado Grupo Colina. Como era de esperarse la decisión de los 5 vocales miembros de la sala suprema trajo consigo opiniones a favor y en contra.

Como era previsible, tanto el abogado del sentenciado Fujimori, como sus partidarios, y en particular, su hija Keiko Fujimori, tildaron a este fallo como una sentencia política y mediática cuya única finalidad es sepultar políticamente al movimiento fujimorista de cara a las elecciones del 2011. En posteriores declaraciones a la prensa, tanto César Nakazaki como la hija del sentenciado señalaron que aún les quedan recursos legales que agotar, como la presentación de un Hábeas Corpus, el cual sería resuelto en última instancia por el Tribunal Constitucional, o acudir a las instancias de protección supranacional llevando su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta curioso sin embargo, que hoy en día, el sentenciado Fujimori, pretenda recurrir a estas dos instancias jurisdiccionales, una en el ámbito nacional como el Tribunal Constitucional, y otra, en el ámbito internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta curioso porque si recordamos bien los jóvenes y los no tan jóvenes, el ex dictador, durante su gobierno se encargó de desprestigiar a ambas instituciones, tildándolas de pro terroristas y contrarias al proceso de reconstrucción nacional.

En el caso del Tribunal Constitucional, y con el apoyo de la mayoría parlamentaria que alcanzó luego de las elecciones de 1995, mediante un proceso a todas luces arbitrario y antidemocrático, llevado a cabo en el parlamento, se encargó de destituir a tres magistrados de este órgano jurisdiccional (Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo y Guillermo Rey), curiosamente los tres magistrados destituidos fueron aquellos que señalaron que la ley de interpretación auténtica promulgada por el parlamento fujimorista mediante la cual se autorizaba la reelección de Fujimori para el año 2000 era inconstitucional.

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que este órgano jurisdiccional condenara al Estado peruano por la violación de los derechos humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros, el congreso de ese entonces, tomado por Fujimori y compañía, decidió aprobar el retiro inmediato del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando en estado de indefensión a un grupo numeroso de ciudadanos peruanos y extranjeros que habían visto vulnerados sus derechos fundamentales por el Estado peruano, personificado en el hoy sentenciado Fujimori. Debemos recordar que el retiro de la competencia contenciosa de la corte, fue una respuesta política velada y antelada a los casos pendientes que contra el Perú se habían planteado ante este tribunal. Dentro de esos casos se encontraban algunos de una relevancia política trascendente como la denuncia de los tres magistrados del Tribunal Constitucional a los que hemos hecho mención con anterioridad, y la denuncia del empresario Baruch Ivcher, a quien el gobierno de Fujimori se encargó de privarle de su nacionalidad peruana y, a partir de ello, de la propiedad de su canal de televisión, luego de que en este medio de comunicación se denunciaran numerosos caso de corrupción al interior de su régimen y la represión y persecución política realizada por los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional monitoreados directamente por Montesinos (en ambos casos, una vez restaurada la democracia en nuestro país, la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció al Estado peruano, al gobierno de Fujimori para ser claros, por la violación de los derechos fundamentales de los tres magistrados y del empresario televisivo).

Luego de recordar dos de los hechos mas funestos que durante el régimen del sentenciado Fujimori se dieron en nuestro país, todos ellos bajo su conocimiento y dirección, debemos decir que a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras, en las sociedades democráticas como pretende ser la nuestra, los ciudadanos, incluso lo condenados por delitos tan graves como el sentenciado Fujimori deben poder ejercer a cabalidad su derecho de defensa. Por eso es importante que los verdaderos demócratas tengamos una actitud responsable y seria al momento de analizar este tipo de afirmaciones, es cierto, nadie puede poner en duda que el sentenciado Fujimori puede agotar todos lo recursos legales que el ordenamiento jurídico le ofrece, puede ir hasta el Tribunal Constitucional, e incluso, puede presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no puede hacer el sentenciado Fujimori o su abogado, es desacreditar la labor realizada por el Poder Judicial, simplemente porque “8 de los 8 vocales” que tuvieron, tanto en primera como en segunda instancia, la misión de evaluar su caso, llegaron a la conclusión que el sentenciado Fujimori era culpable por todos y cada uno de los delitos que le fueron imputados, desde homicidio calificado en los casos Cantuta y Barrios Altos, hasta el de secuestro agravado en el caso Dyer y Gorriti.

En una democracia, los poderes públicos actúan con total independencia, correspondiéndole a la clase política la enorme responsabilidad de velar por el respeto de las decisiones de todos y cada uno de estos poderes. Por ello es repudiable la actitud de fujimoristas como Carlos Raffo o Alejandro Aguinaga, ambos congresistas de la república, cuando valiéndose de argumentos falaces e inverosímiles, como el de que en el caso de Cantuta o Barrios altos no existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de su líder, pretenden sembrar dudas en torno a la calidad profesional y moral de los vocales encargados de juzgar al sentenciado Fujimori. Esa es una mentira que no resiste menor análisis, más si tenemos en cuenta que no fueron únicamente los jueces peruanos los que razonablemente llegaron a la conclusión de que la responsabilidad penal del sentenciado Fujimori estaba totalmente acreditada, ya que como recordaremos fue la Corte Suprema de Chile la que al momento de conceder la extradición de Fujimori al Perú señaló en una amplia sentencia que existían indicios más que razonables en torno a la responsabilidad penal del ex jefe de Estado en los casos de Cantuta y Barrios altos, secuestros en los sótanos del SIE, compra de medios de comunicación, interceptación telefónica, congresistas tránsfugas, entre otros.

Volviendo al contenido de la sentencia materia de comentario, debemos decir que lo importante de la misma radica en que también en esta oportunidad la sala llegó a la conclusión que los crímenes cometidos por el ex mandatario son de lesa humanidad y que estos se perpetuaron con su conocimiento y aprobación, por lo que no existe ningún elemento que pudiera atenuar su condena. Más aún, si tenemos en cuenta lo señalado por la legislación nacional y por los fallos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tipificación de estos delitos como delitos de lesa humanidad tornan inadmisible la posibilidad de conceder algún tipo de indulto, amnistía o derecho de gracia al sentenciado Fujimori, con lo cual se echa por tierra la intención de su hija Keiko de tomar como primera medida de gobierno, en caso resulte ganadora en los comicios del 2011, de un indulto a favor de su padre.

Como dije en un inicio esta sentencia consolida el sistema democrático y el Estado de Derecho en nuestro país, esta sentencia deja en claro que nadie, ningún ciudadano, por más poderoso que sea, se encuentra por encima de la ley, todos los ciudadanos deben responder ante la ley por la comisión de delitos, más aún cuando estos delitos suponen la grave violación de los derechos fundamentales de las personas. Este fallo reivindica a las víctimas de esos delitos y le otorga tranquilidad espiritual al conjunto de familiares, representados por la figura de Gisela Ortiz o Raida Condori, que durante más de 17 años lucharon por buscar justicia para sus hijos, hermanos o esposos, a los cuales el gobierno mafioso del sentenciado Fujimori les arrebató la vida de la manera más atroz y abominable. Pero sin lugar a dudas, este fallo marca un hito histórico en un continente como el nuestro, en el cual en innumerables oportunidades, dictadores de toda estirpe y tendencia, luego de cometer violaciones de derechos humanos de manera sistemática y generalizada, quedaron impunes, ya sea por la complacencia de la sociedad civil o, sobre todo, de la clase política.

En tal sentido, esperemos que este fallo y este proceso seguido contra el sentenciado Fujimori, sea visto también como una lección de civilidad y de compromiso ciudadano con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la dignidad de todos los peruanos. No permitamos nunca más dictadores en nuestra paria, digámosle no a todo proyecto político dictatorial y autoritario, ya sabemos el resultado final: corrupción, arbitrariedad, violación de derechos humanos e impunidad.


Rafael Rodríguez Campos

Un proceso histórico: Fujimori sentenciado

Fueron 17 años de dura espera, fueron 17 años de lucha y esfuerzo constante por alcanzar justicia, fueron 17 años de agravios, fueron años en los cuales el oprobio y la persecución fueron el sino que marcó la vida de los deudos de las víctimas de los Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y La Cantuta (18 de julio de 1992), fueron 17 años que han llegado a su fin.

Luego de todo este tiempo, en un fallo que marca un hito histórico en la justicia peruana y latinoamericana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado y lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad. Sin lugar a dudas, este 7 de abril será recordado como la fecha en la cual el Poder Judicial le devolvió la bandera de la justicia a nuestra débil democracia, ello porque luego de casi 16 meses de audicenias, tiempo durante el cual ninguna de las partes puso en tela de juicio la imparcialidad y el respeto por el derecho de defensa y debido proceso del acusado, el tribunal emitió una sentencia cuya calidad argumentativa y fundamentación fáctica y jurídica han recibido el reconocimiento y admiración de la mayoría de sectores de nuestra sociedad y de la comunidad internacional en general.

Debemos de recordar que en la historia republicana de nuestro país, Fujimori es el segundo mandatario que resulta ser condenado por delitos cometidos durante su gobierno, antes fue Augusto B. Leguía, quién tras luego de ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, murió en su celda durante los años en los cuales purgaba condena. Sin embargo, Fujimori será recordado por los libros de historia como el primer ex mandatario civil, elegido democráticamente en toda Latinoamérica que fue llevado a juicio y fue condenado por los tribunales de su propio país por delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. A diferencia de lo ocurrido con los ex dictadores de Chile, Augusto Pinochet (1973-1990), y de Paraguay, Alfredo Stroessner (1954- 1998), quienes fallecieron sin llegar a ser condenados por los tribunales de sus respectivos países por delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o el secuestro.

El fallo, como hemos dicho anteriormente, constituye un hecho histórico y trascendental para la escena nacional e internacional, es un fallo que traspasa las fronteras de nuestro país, es una llamada de atención para todos los gobernantes del mundo, es un mensaje que pone de manifiesto el compromiso de los tribunales nacionales e internacionales con la defensa y protección de los derechos humanos y, además, reinvindica el compromiso democrático del Estado peruano por investigar y sancionar a los responsables de crímenes de esta naturaleza por más que éstos tengan la calidad de ex presidentes, como ha sido en el caso de Fujimori.

Es importante destacar que el juicio que se ha llevado a cabo contra el ex presidente Fujimori ha sido sobre los delitos de homicio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista, Gustavo Gorriti y el empresario, Samuel Dyer. Esto debe de quedar claro ya que el ni en el juicio ni en la sentencia se ha pretendido evaluar la política desarrollada por Fujimori durante su gobierno. Por tanto, no resulta relevante para el resultado final del proceso, como así lo ha pretendido exponer la defensa del ex mandatario, evaluar los logros que Fujimori durante su gestión pudo cosechar, no resulta relevante probar o comprobar si sus medidas hicieron viable a nuestro país, o si fue el artífice de la lucha contra la subversión, o si gracias a su política económica el Perú pudo salir de la crisis y reinsertarse en el escenario mundial o si fue el gran gestor de la paz con el Ecuador.

Teniendo en cuenta dicho apunte, debemos reconocer que el fallo emitido por el tribunal ha sido escrupuloso en dar respuesta estricta a los términos en los cuales el Ministerio Público planteó la acusación contra Fujimori. A Fujimori se lo acusaba de ser el autor mediato de los homicidios de los Barios Altos y La Cantuta por dominio de la voluntad de un aparato organizado de poder y, a partir de ello, el tribunal expuso y sustentó la responsabilidad del ex presidente en 247 fundamentos de hecho que acreditan fehacientemente que Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, estuvo detrás de la organización, ejecución y encubrimiento de los crímenes antes mencionados, en otras palabras, que Fujimori, conoció, aprobó, premió y encubrió las acciones del Grupo Colina.

Mucho se ha dicho en torno a la utilización de la teoría de la autoría mediata como figura penal utilizada en el juzgamiento de Fujimori, algunos dicen que en la sentencia en la cual se determina la responsabilidad del ex presidente no se hace mención a ninguna prueba directa que acredite su responsabilidad penal, que no existe algún documento o video en el cual se pruebe que Fujimori ordenó de manera directa los asesinatos de los Barrios Altos y La Canuta. Ahora bien, sin ánimo de ingresar a un debate técnico en torno a este tema, habría que decir en principio que en este tipo de casos en los cuales se trata de probar la responsabilidad del agente (en este caso Fujimori) como autor mediato de asesinatos a través del dominio de un aparato de poder organizado, resulta imposible encontrar una única prueba, como una carta, comunicado u orden escrita, firmada por el propio acusado en la cual él de manera explícita le transmita las órdenes a sus subordinados para la comisión de tal o cual delito. Por tanto, lo que corresponde en estos casos, es trabajar con lo que la doctrina ha denominado prueba indiciaria, es decir, determinar a partir del análisis de un conjunto de indicios, todos ellos coherentes entre sí, la responsabilidad del imputado, hecho que ha quedado plenamente probado con los ya mencionados 247 fundamentos de hecho que sirven de sustento fáctico de la sanción a 25 años de prisión para el ex mandatario.

Cabe mencionar, que la teoría de la autoría mediata fue obra de Claus Roxin, jurista alemán, quien en 1963 la definió para juzgar a Adolf Eichmann, uno de los jerarcas del régimen nazi que fue responsable de la muerte de miles de judíos. Este autor, dice que se considera autor mediato a quien hace ejecutar un crimen mediante otro sujeto, cuya voluntad carece de libertad, y que se puede efectuar valiéndose de una estructura organizada de poder. Señala también que el autor mediato dispone de una maquinaria para cometer una multiplicidad de delitos.

Resulta importante mencionar, que dicha figura jurídica ya ha sido empleada en nuestro país en la sentencia condenatoria contra Abimael Guzmán que dictó la Sala Penal Nacional en el 2006 y también fue aplicada por la Primera Sala Anticorrupción para condenar al general Julio Salazar Monroe.

Por tanto, resulta poco serio e irresponsable, señalar que la aplicación de esta teoría para el caso del ex presidente no hace sino confirmar la persecución de la cual él ha sido víctima ya que se trató de crear una figura penal con el único ánimo de encarcelar a Fujimori, tal y como se empeñan en señalar su hija los miembros de su agrupación política, más cuando fue la justicia de otro país, en este caso la justicia chilena, la que determinó que existían razones e indicios razonables que acreditaban la responsabilidad de Fujimori en estos crímenes, y fue esa convicción la que permitió que la Corte Suprema de ese país le concediera al Estado peruano el pedido de extradición de Alberto Fujimori, así lo señaló la fiscal chilena Mónica Maldonado, en el informe en el que sustentaba que Chile estaba obligado a conceder la extradición: “Fujimori ha intervenido como autor mediato al encontrarse en una jerarquía superior como instigador intelectual de los crímenes contra la humanidad que se le atribuyen, señaló en su oportunidad., tesis que luego sería confirmada por el tribunal chileno que resolvió en última instancia el pedido de extradición.

Pero más allá de la condena de 25 años a Fujimori, el fallo de este tribunal presenta elementos, que desde el punto de vista jurídico y ético son de vital importancia, en él se señala que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves que se le atribuyen a Fujimori constituyen crímenes contra la humanidad, en tal sentido, se cierra la posibilidad de un posible indulto o amnistía, todo ello de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de nuestro país, en la cual se establece con claridad que: no procede la concesión del derecho de gracia, llámese indultos o amnistías, para aquellas personas que hayan sido encontradas responsables de violaciones a los derechos humanos. A su vez, este fallo dignifica la memoria de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta, al dejar en claro frente al país, que ninguno de ellos tenia vínculos directos o indirectos con Sendero Luminoso o el MRTA, ninguno de ellos era terrorista. Sin lugar a dudas, este extremo del fallo, mas allá de las discusiones técnicas que se puedan desatar en torno a su conveniencia o no, no hace sino reafirmar el espíritu de este tribunal por defender y enarbolar las banderas de la justicia y la verdad, una verdad que trató de ser ocultada durante más de 17 años por Fujimori y sus cómplices. Pero además, en el fallo se señala algo que durante muchos años se supo pero de lo cual no se tenía total certeza, y ello es que la acción del Grupo Colina fue mucho más sangrienta y cruel de lo que algunos pensaban o no querían reconocer. Así, este tribunal estableció que durante el gobierno de Fujimori se cometieron al menos 50 ejecuciones extrajudiciales en Lima entre 1991 y 1992, entre los que podemos destacar, el asesinato de 10 personas, el 2 de mayo de 1992 en El Santa, el asesinato de Pedro Sauri y la muerte de la familia Ventocilla (6 miembros), el 24 de junio de ese mismo año, el asesinato de 6 personas, el 29 de enero en Pativilca, y un sin número más de crímenes que llevó a cabo el denominado escuadrón de la muerte.

Este fallo, que duda cabe, marca un antes y un después en la historia republicana y democrática de nuestra patria, cierra un capítulo de tristeza, desasosiego, violencia e indiferencia del Estado para con los más humildes, para con las víctimas del terror de aquellos años, pero abre un camino de esperanza para la consagración y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Este fallo, pero sobre todo, este juicio nos da la oportunidad de extraer importantes lecciones para la vida jurídica, política y ética de nuestra nación.

Desde un punto de vista jurídico y político, este juicio, no hace sino confirmar que la Democracia, con todos los defectos y yerros que pueda entrañar, es capaz de juzgar con respeto y con sujeción a la ley y a la Constitución a toda aquella persona que cometa un delito, por más atroz que este sea, nos enseña que no es necesario combatir el terror con más terror, nos enseña también que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que quién comete un delito debe de ser investigado, procesado y sancionado con el pleno respeto por sus derechos fundamentales, como el de defensa y el debido proceso, tal y como ha sucedido en el caso de Alberto Fujimori.

Pero lo más importante, desde un punto de vista ético, es que este juicio confirma la convicción humanista, que nunca más, la violencia, venga de donde venga, ya sea del Estado o de movimiento radicales o terroristas, que trae consigo la vulneración de derechos como la vida, la libertad, la integridad o la dignidad de las personas quedará impune, por más poderosa que sea la persona que los haya cometido y a la cual le toca comparecer ante los tribunales. En otras palabras, este fallo niega aquella frase según la cual el fin justifica los medios, este fallo proscribe la idea, tan arraigada en nuestras latitudes, de que el engaño, la mentira o el asesinato están permitidos en política, este fallo es, como ya hemos señalado, un símbolo de la defensa de la justicia y la verdad como valores auténticamente democráticos, pero sobre todo, este fallo actualiza aquella frase de que el fin del Estado y la razón de su existencia no es otra sino la defensa, garantía y promoción de la vida y las libertades de todos sus ciudadanos.

Rafael Rodríguez Campos