miércoles, 18 de febrero de 2015

LA TELEVISIÓN BASURA Y LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ


El próximo 23 de febrero se llevará a cabo la marcha en contra de “la televisión basura” (en adelante TVB). Según los organizadores de la movilización, el objetivo central de la misma es que se cumpla lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión, referido al horario familiar: “la programación que se trasmita en el horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 08:00 y 22: 00 horas”.

En otras palabras, para los líderes del colectivo en contra de la TVB, existen programas (“Esto es guerra”, “Combate” y otros realities) que violan lo señalado en esta Ley. Sin embargo, también están aquellos marchantes (no todos) que exigen la intervención directa del Estado para regular el contenido de la oferta televisiva, para que ésta cuente con programas más “culturales, educativos y familiares”.

Como imaginarán, no seré yo quien salga a defender a la TVB. De hecho, me parece que estos programas idiotizan y embrutecen a la teleaudiencia. No obstante ello, creo que nos equivocamos cuando pretendemos asignarle a la televisión un rol que no tiene: educar. Al parecer, algunos de los organizadores creen que son los directores o productores de televisión los que tienen la responsabilidad de educar a la niñez peruana.


Esto último me obliga a preguntar lo siguiente: ¿no era acaso que los padres de familia son quienes constitucionalmente tienen el derecho y deber de educar y formar a sus hijos? Entonces, si un niño invierte más horas de su día sentado frente al televisor (o entretenido con videojuegos), en vez de invertir ese tiempo estudiando o leyendo, esa es responsabilidad absoluta de los padres, y no de la TVB.

No seamos efectistas, no nos equivoquemos, si los niños sueñan con ser estrellas de realities (también vedetes o futbolistas) cuando crezcan, en lugar de educarse o formarse para el ejercicio de una profesión u oficio, la culpa de ello no la tienen los canales de televisión, sino los padres de familia que prefirieron hacer todo, menos apostar por su formación y educación integral.

En lo personal, siempre he tenido claro que el objetivo de la televisión es entretener. Para ello, esta recurre a programas en donde agraciados jóvenes y bellas jovencitas, compiten físicamente en una serie de pruebas, para luego, exponer su vida privada (romances, separaciones, peleas, infidelidades, etcétera), despertando el morbo de la teleaudiencia. Es decir, entre saltos, brazadas, carreras, brincos y esfuerzo abdominal, estos programas canjean la vida privada -con todas sus miserias- de los participantes, a cambio de la sintonía (rating), la misma que se dispara con cada beso, llanto, grito o ampay “casualmente” obtenido. 


No obstante ello, considero que si bien resulta legítimo que los ciudadanos salgan a las calles a protestar en contra de todo aquello que les parece cuestionable, en este punto, creo que el diagnóstico de la problemática y el objetivo de la marcha son equivocados Al parecer, nuestros “indignados marchantes” creen que movilizándose lograrán que los canales de televisión mejoren el contenido de los programas que ofrecen, haciéndolos más educativos, y menos dañinos para la juventud, o incluso que el Estado intervendrá para regular el contenido de los mismos, todo ello en aras de “la moral y las buenas costumbres de la familia”.

Con el respeto de los señores que organizan la marcha, debo confesar que se me pone la piel de gallina cuando escucho a alguien decir que el Estado (es decir, un burócrata) regulará el contenido de lo que vemos, señalándonos a los ciudadanos qué programas debemos ver y cuáles no. No dudo que la marcha esté llena de buenas intenciones, pero en un país como el nuestro, carente de una cultura cívica auténticamente republicana, que cuenta con una historia reciente marcada por el autoritarismo y el atropello a la libertad, una medida de este tipo simplemente me aterroriza. Entonces, ¿qué hacer en contra de la TVB?, me preguntan algunos amigos a los que les he dicho que no pienso participar en la marcha ni escribir a favor de ella.

Para mí, la solución es la siguiente: educación, educación y más educación. Por eso espero que con el mismo entusiasmo, muchos ciudadanos usemos los medios de comunicación (redes sociales, sobre todo), para convocar a una gran movilización nacional a favor de la educación en el Perú. ¿Qué les parece la idea? O es que acaso dudan que una educación de calidad terminaría librándonos de “Los Leones”, “Las Cobras”, “El equipo verde” y el “Equipo rojo”. Como diría Martha Nussbaum, puede que la educación no nos libre necesariamente de los peores comportamientos, pero la ignorancia los asegura.


Al respecto, el maestro Constantino Carvallo, en una de sus frases para el recuerdo decía que “el Perú era un país de repitentes”. Como Constantino tiene razón, entonces por qué nos sorprende el éxito de la TVB en un país cuyos ciudadanos (no todos) parecen disfrutar del estiércol que los realities presentan, aplaudiendo cada escándalo y despelote que las “estrellitas” de la TV protagonizan. Porque seamos sinceros, en nuestro país, “los cachos y las sacadas de vuelta de los Leones, Cobras, Verdes y Rojos” son el tema predilecto en la sobre mesa.

Tal parece que de eso no se dan cuenta muchos peruanos, pues acá los “indignados” quieren tener una televisión de primer mundo, con un público tercermundista (yo diría, cuartomundista o quintomundista). Es decir, quieren que los ciudadanos gusten de programas culturales, cuando el peruano promedio lee “menos de un libro al año”, y la mayoría de alumnos de primaria y secundaria no son otra cosa que analfabetos funcionales. Si creen que exagero, repasemos algunos datos que sustentan lo que acabo de señalar, los mismos que han sido tomados de la Evaluación Censal de Estudiantes de Segundo Grado del Ministerio de Educación (2012), en la que se mide la capacidad lectora y matemática de los niños peruanos.

Son muchos los resultados (negativos) obtenidos en este estudio, por lo que me centraré en los más desalentadores. El análisis revela que sólo el 13% de niños (escuelas públicas y privadas agregadas) en nuestro país posee un nivel satisfactorio en ambos campos. Incluso en el ámbito urbano, donde en teoría es más fácil educar, sólo el 15% de niños alcanza el objetivo deseado. Pero si esto ocurre en las ciudades, en el sector rural la situación es catastrófica: sólo el 6% de los niños presenta una compresión lectora y matemática deseable. Es decir, de 20 niños del área rural, sólo 1 cuenta con el nivel de conocimientos esperado para su edad.


Como lo recuerda Alberto Vergara (AV), diversos especialistas han señalado que algo crucial para los países democráticos es disminuir la brecha entre la educación urbana y la rural, entre hombres y mujeres, entre la escuela privada y la pública. Sin embargo, el Perú aparece siempre entre los países con mayores márgenes de desigualdad. Además, este politólogo expone un informe de Unesco (2008), que revela que nuestro país presenta la brecha más amplia entre la educación ofrecida en el medio urbano y rural.

En el Perú la distancia en capacidad matemática entre los niños de ambos medios es de 70%. Esta cifra nos coloca muy por encima de Cuba (8%), y nos asegura el último lugar del ranking, ya que Guatemala, el penúltimo, tiene una brecha de 40%, casi la mitad de la nuestra. Eso sin mencionar que si nos fijamos en otro indicador como el gasto por estudiante, el Perú también aparece en la cola de la región, ya que nuestro país gasta en cada uno de sus estudiantes 1/3 de lo que invierten países como Chile y Argentina. Quizás ello explica por qué cuando se evalúa la calidad de la educación primaria de nuestro país, siempre aparecemos por debajo de la media en Latinoamérica, formando parte del grupo de países más mediocres en este rubro.

¿Y quiénes son los más perjudicados con esta situación? La respuesta es más que evidente: los maestros y los estudiantes. ¿Cómo pretendemos elevar nuestra performance a nivel regional si el Estado, principal empleador, formador y capacitador de los maestros los ha abandonado durante las últimas décadas, ante la mirada indiferente de la sociedad civil a la que parece no importarle mucho la educación? Las cifras que se manejan al respecto son duras, las estadísticas no mienten. Por ejemplo, en 1960 el Perú invertía 400 dólares en cada estudiante, en el año 2000, la cifra era de apenas 100 dólares. En 1966 el 30% del presupuesto nacional se destinaba a la educación, hoy es el 16% (casi la mitad). En la década del sesenta, un maestro ganaba entre 4 o 5 veces más que hoy.


Por eso la opinión de AV, respecto a que la escuela peruana no es ruinosa únicamente por su incapacidad para transmitir conocimiento, sino que traiciona la promesa liberal y republicana de ser herramienta principal para quebrar desigualdades heredadas, resulta brutalmente cierta. Más, si se tiene en cuenta que 4 de 5 maestros peruanos han estudiado en un colegio nacional y provienen de sectores sociales C, D o E. Con lo cual, la reproducción de este círculo vicioso transgeneracional se perpetúa, ya que los estudiantes que hoy reciben una educación de muy mala calidad se convertirán mañana en los profesores encargados de educar a nuestros niños. Ahora bien, cabría preguntarnos ¿qué han hecho los gobiernos de turno para resolver esta problemática?

Por un lado tenemos a los “defensores de la mercantilización de la educación” Este sector sostiene que el Estado no debe tener injerencia en la educación, por lo que se debe fomentar la actividad empresarial en este campo. Bueno, según el último estudio de Datum, en nuestro país el 32% de la educación está en manos privadas, uno de los más altos de la región. Sin embargo, no existe evidencia empírica que muestre que nuestra educación mejoró con esta ola privatizadora. De hecho, según este mismo estudio, el 87% de peruanos exige la creación de una Superintendencia para Colegios Particulares encargada de supervisar la calidad del servicio educativo que estas entidades brindan.

Por otro lado, tenemos a los “enemigos del SUTEP”. Este sector sostiene que el sindicato de profesores es el gran responsable del atraso de la educación en nuestro país. Ahora bien, aun reconociendo que el radicalismo ideológico de su dirigencia ha obstaculizado -más de una vez- la implementación de reformas en el campo educativo, si tomamos en cuenta que el Estado es -como ya señalé- el principal empleador, formador y capacitador de los maestros, resulta inverosímil culpar a este gremio de la debacle educativa en el Perú.


¿Cómo afrontar esta problemática? En toda democracia son los diversos sectores (empresarios, militares, iglesias) los que presionan al Gobierno de turno para que adopte medidas que favorezcan sus intereses. En el campo de la educación debe -pero no ocurre- pasar lo mismo. Como en su mayoría la población vinculada a la escuela pública es la más pobre y desposeída, su capacidad de demanda a la hora de exigir y reclamar sus derechos es casi nula.

En otras palabras, los políticos no reciben para la educación la misma presión que la CONFIEP o la Iglesia, por ejemplo, ejercen cuando se trata de temas económicos o de fe, con lo cual, si no se articula una demanda a favor de la educación es casi imposible que el Estado se comprometa con elevar la calidad de este servicio público. Porque aunque no lo quieran reconocer mis amigos “liberales”, la educación es un servicio público no una mercancía que se oferta y vende como cualquiera baratija. Por eso creo que en lugar de estar promoviendo marchas contra la TVB, deberíamos organizar una gran cruzada en favor de la educación en nuestro país, la misma que tenga como rostros visibles a nuestros maestros y estudiantes.


Nota: Las cifras y datos de esta columna han sido tomados de los informes citados por Alberto Vergara en su artículo “Los maleducados”, el mismo que forma parte de su libro “Ciudadanos sin República” (Planeta: 2013), cuya lectura recomiendo. 

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jueves, 5 de febrero de 2015

UNIÓN CIVIL: ¿POR QUÉ NO SEGUIMOS EL CAMINO DE CHILE?


El miércoles de la semana pasada (28ENE2015), el Congreso de la República de Chile aprobó el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) creando el Acuerdo de Unión Civil, el mismo que podrá ser suscrito por parejas heterosexuales como homosexuales, convirtiéndose en el séptimo país de América del Sur en promulgar una legislación que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a unirse civilmente bajo el reconocimiento oficial del Estado.

Al respecto, son gráficas las palabras de la presidenta del Senado, Isabel Allende, quien calificó de “paso histórico” la aprobación de esta ley, que a su juicio, permite “avanzar en el respeto, derechos y dignidad de las personas, pues garantiza que hoy en día nadie sea discriminado por su identidad sexual”.

Como se recuerda, desde 2003, diversas propuestas fueron presentadas en el Congreso chileno con el objetivo de garantizar el derecho de las parejas del mismo sexo a universo civilmente. De hecho, en 2006 y 2010, los principales candidatos presidenciales se comprometieron a presentar propuestas normativas sobre esta materia, señalando públicamente que apoyaban la lucha de la comunidad LGTB por alcanzar este objetivo.

En declaraciones a la prensa, el ex presidente chileno Sebastián Piñera declaró que estaba a favor de legalizar una forma de unión civil para parejas heterosexuales y homosexuales (por igual), ya que su intención era la de “proteger y salvaguardar la dignidad de todas las parejas”, reconociendo a las segundas, una serie de derechos que hasta la fecha eran disfrutados exclusivamente por las parejas casadas: herencia, bienestar y/o asistencia social, seguro médico, pensiones, entre otros.
Fue así como en 2011, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó ante el Parlamento chileno el proyecto de ley que creaba el AVP, el mismo que pese a la idea de que Chile es un país “fuertemente conservador”, recibió -desde su presentación- el apoyo creciente y entusiasta de la opinión pública, la misma que hoy en día ha respaldado esta Ley por considerar que se trata de una medida que reconoce y tutela los derechos de una minoría históricamente discriminada.
De hecho, recientes estudios de opinión pública revelan que la mayor parte de la población chilena está a favor de este tipo de iniciativas que reconocen y garantizan los derechos de las parejas homosexuales, para que los mismos sean ejercidos en condiciones de respeto e igualdad. Así, casi el 70% de los chilenos está a favor de esta Ley de Unión Civil. Además, según el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), siete (7) de cada diez (10) jóvenes en Chile apoyan el matrimonio homosexual y un 64% aprueba la adopción por parte de homosexuales. Asimismo, la encuesta titulada “Percepciones en torno a la Diversidad Sexual” muestra que del 70% de apoyo al matrimonio homosexual, son más mujeres (75%) que hombres (65%) las que lo aprueban.
Como ya lo señalé en líneas anteriores, Chile ya forma parte del grupo de países (casi todos) en Sudamérica que cuenta con una legislación que reconoce el derecho de las parejas homosexuales a unirse civilmente. Así, en esta parte de Latinoamérica, sólo tres países carecen de este tipo de normativa: Bolivia, Paraguay, y lastimosamente, Perú. ¿Hasta cuándo? Yo creo que más temprano que tarde nuestro país también dará este paso, sobre todo, si tomamos en cuenta que entre la población juvenil, menos machista y homofóbica, el respaldo a esta medida es cada vez mayor. La aprobación de la Unión Civil –luego el matrimonio homosexual, de eso estoy seguro- es tan sólo cuestión de tiempo, ya que como se dice: “uno no puede oponerse al avance y peso de la historia”.

¿Por qué sostengo ello? Una encuesta de Apoyo (2014) reveló que el 31% de los peruanos apoya el Proyecto de Ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo presentado por el Congresista Carlos Bruce, y al paso que vamos, creo que este porcentaje aumenta cada día. Esta es una tendencia global que se presenta en casi todo el mundo -occidental- (el Perú no es la excepción). Para ello, basta recordar, por ejemplo, que en el año 1996, solo el 27% de los estadounidenses apoyaba el matrimonio gay, y que hoy ese porcentaje es de 54%. Como bien lo apunta Levitsky: “la opinión pública cambia rápidamente en estos temas, algo que también pone en evidencia la creciente marginalidad política de la Iglesia católica”.
El respaldo a esta nueva figura civil, lo dije en una anterior columna, crece debido a que en el Perú, como en los demás países de occidente, la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y homosexuales ya es vista como parte del canon constitucional y democrático que toda sociedad moderna hace suyo. Por tanto, así como a nivel legislativo, empiezan a aparecer leyes destinadas a proteger los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, y otros sectores históricamente excluidos e invisibilizados, no es extraño que en un país mayoritariamente católico y conservador como el nuestro, este tipo de iniciativas recién se empiecen a discutir en la segunda década del siglo XXI, más cuando históricamente en el Perú, a los políticos les ha costado muchísimo -mueren de miedo- enfrentarse a la jerarquía eclesial.
Por eso creo que el futuro de este tipo de iniciativas: unión civil, matrimonio homosexual, aborto o eutanasia, entre otras, dependerá mucho de la presión política y mediática que ejerzan los sectores conservadores de nuestra sociedad, encabezados, como es de suponer, por la Iglesia católica. Sin embargo, no es menos cierto que la Iglesia católica ha perdido –paulatinamente, con el transcurso de los años- el enorme poder fáctico que otrora ostentaba, situación que debe ser aprovechada por quienes desde la sociedad civil impulsan este tipo de iniciativas que apuntar a construir una sociedad libre e igualitaria para todos los ciudadanos, sin importar la identidad sexual que éstos presenten. En otras palabras, si la Iglesia católica presiona, la sociedad civil debe estar preparada para responder a nivel político y mediático, para ello, la calle siempre es una opción.

En todo caso, la aprobación de esta Ley de Unión Civil en Chile ha logrado que el debate sobre este tema en nuestro país vuelva a cobrar impulso. El mismo que a mi juicio pasa únicamente por analizar si la Constitución y/o la Ley establecen algún impedimento que imposibilite la aprobación de esta iniciativa. En mi opinión, no existen razones jurídicas para oponerse a este propósito, salvo se considere que en un Estado No Confesional como el peruano, la cita de versículos bíblicos u opiniones arzobispales bastan para negarle a una minoría –las cifras más conservadoras hablan de un 10% de la población peruana- su libertad para ejercer plenamente sus derechos.
A modo de conclusión, debo decir que me complace que un país hermano como Chile, se haya sumado a la lista de naciones en el mundo que reconocen el derecho de todas las parejas a unirse civilmente, sin importar la identidad sexual de las mismas. La clase política chilena nos ha dado una lección de cómo en un país mayoritariamente católico, el Estado republicano asume su laicidad y legista en función de razones jurídicas los temas vinculados al reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (heterosexuales y homosexuales), separando lo religioso de lo político.

En nuestro país, como lo anoté en una reflexión previa, solo el tiempo nos dirá si los parlamentarios en el año 2015 aprobaron la Ley de Unión Civil, adoptando una posición política auténticamente democrática y republicana, inspirada en los valores de libertad e igualdad, o si por el contrario, decidieron someterse –por temor o conveniencia- a lo que el “vocero de Dios” proclama todos los domingos desde el púlpito de la Catedral de Lima.

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EL SOMETIMIENTO DE LAS MUJERES


En 1869, John Stuart Mill (JSM) publicó “El sometimiento de las mujeres”, obra que es un clásico de la teoría feminista y por tanto, del pensamiento social y político moderno. Desde su publicación tuvo una notable influencia en el desarrollo del movimiento feminista del siglo XIX. En este ensayo, como lo señala Ana de Miguel en el estudio preliminar del libro (Biblioteca Edaf, 2005), el autor reformuló algunos de los argumentos que ya formaban parte de la tradición teórica sufragista y desarrolló nuevos procedentes de su filosofía moral y política.

Importancia histórica de la obra de JSM

Sobre la importancia de esta obra, el historiador Richard Evans señaló lo siguiente: “Es difícil exagerar la enorme impresión que causó en la mentalidad de las mujeres cultas de todo el mundo. La obra de JSM fue la biblia de las feministas del siglo XIX”. A su turno, Elizabeth Candy, una de las más importantes feministas del movimiento sufragista norteamericano, en una carta dirigida a JSM, dijo lo siguiente: “Terminé el libro con una paz y una alegría que nunca antes había sentido. Se trata, en efecto, de la primera respuesta de un hombre que se muestra capaz de ver y sentir todos los sutiles matices y grados de los agravios hechos a la mujer, y el núcleo de su debilidad y degradación”.

Hoy en día, en pleno siglo XXI, las formas de discriminación (simbólica y real) en contra de las mujeres siguen vigentes, no con la publicidad y violencia de otros siglos, pero sí con la sutileza y el camuflaje necesarios como para convertirse en auténticas violaciones de los derechos humanos de la mitad de la población mundial, las mujeres. Así, no exagero al señalar que a diario somos testigos de un discurso social y político cargado de estereotipos y prejuicios que busca mantener a las mujeres en una posición de inferioridad y sumisión con relación a los hombres.


Al respecto, basta con traer a colación las recientes declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, al señalar que “si las mujeres no fueran caprichositas, mandarían en el país altiplánico”. En otras palabras, para Evo Morales, únicamente las mujeres son caprichosas, y es justamente esta condición la que les impide gobernar y liderar políticamente en su país. En suma, una perla más para la lista de declaraciones machistas a las que el presidente boliviano ya nos tiene acostumbrados.

La actualidad de la obra de JSM

Esto último, demuestra que si bien en los últimas décadas se han venido registrando avances notables a nivel mundial en cuanto al reconocimiento y ampliación de derechos y libertades a favor de las mujeres, no es menos cierto que aún en nuestro días, las mujeres, sobre todo las más pobres, se encuentran en una situación de sujeción y subordinación con respecto a los hombres, condición que las convierte -muchas veces- en blanco de violencia sexual, física y psicológica.

Esta situación es la que ahora me anima a comentar la obra de JSM, la misma que habiendo sido publicada hace dos siglos, no ha perdido su vigencia, pues los planteamientos -la mayoría de ellos- expuestos por el autor, son de una actualidad asombrosa. De hecho, en muchas partes del mundo, y de nuestro país, la situación de las mujeres es peor a la descrita por JSM en “El sometimiento de las mujeres”.


Los estudiosos de la obra de JSM, como Ana de Miguel, han señalado que para la elaboración de este libro, fue fundamental la influencia intelectual que en JSM ejerció William Thomson y Anna Wheeler con su libro titulado “La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres”. No obstante ello, reconocen que la influencia más importante en el feminismo de este autor fue la de Harriet Taylor Mill, intelectual y socialista con la que compartió su vida y con la que llegaría a casarse.

El contexto en el que fue escrita la obra de JSM

Del mismo modo, es importante recordar el contexto histórico/político y el objetivo que el autor perseguía con la publicación de esta obra. Como se sabe, en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa se venía debatiendo el reconocimiento legal del derecho de sufragio para las mujeres. Por ello, afirma Ana de Miguel, el rasgo predominante de esta obra es su carácter polémico y político: convencer a la mayor parte posible de las personas de la justa y necesaria reforma de una serie de leyes e instituciones, entre las cuales estaba el derecho de sufragio, sabiendo a ciencia cierta que la mayoría de la opinión pública y la clase política estaban en contra de las propuestas libertarias e igualitarias de JSM, consideradas, por los sectores conservadores, como subversivas y revolucionarias.

El argumento central de la obra de JSM

Ahora bien, con respecto a la posición que el autor presenta sobre este tema, en la obra, es el propio JSM quien resume en una frase el núcleo de su pensamiento. Él dirá lo siguiente: “El principio que regula las relaciones sociales vigentes entre los dos sexos (la subordinación legal de un sexo al otro) es incorrecto por sí mismo y que, en nuestros tiempos, es uno de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo humano; y que debería ser sustituido por un principio de igualdad perfecta, que no reconozca poder ni privilegios para una de las partes (los hombres) ni desventajas para la otra (las mujeres)”.


Por ello, el objetivo de JSM en la obra es desarticular los prejuicios en torno a la naturaleza femenina, prejuicios que considera uno de los mayores obstáculos para la igualdad de los sexos. De hecho, como se lee en la contratapa del libro, el éxito de la obra de JSM se explica por haber logrado identificar la ideología de la naturaleza femenina, en concreto el discurso de la ideología diferente y complementaria de los sexos, como el enemigo principal de las mujeres, el mismo que justifica y legitima política y socialmente la condición de sujeción de las mujeres.

Argumentos que refuerzan la tesis de JSM (el feminismo liberal-igualitario)

Según la teoría patriarcal, refiere JSM, es la naturaleza diferente pero complementaria de las mujeres y los hombres lo que justifica la asignación de distintas funciones, roles y posiciones sociales de los mismos. Esto, según Ana de Miguel, supone la presencia de dos tipos de discurso. Uno de inferioridad, según el cual la debilidad, el infantilismo, la maldad, o en definitiva, la precariedad de cualidades físicas, intelectuales y morales de las mujeres hacen que tengan que estar tuteladas o sometidas a los varones. Otro de excelencia, según el cual las mujeres se convierten en patrimonio o reserva moral de la humanidad en su conjunto y de cada varón en particular. Y para no corromper cualidades tan necesarias al bienestar y al progreso social, quedan enclaustradas a la esfera de lo privado, velando la santidad de la familia.

Ambos argumentos son confrontados por JSM en la obra, y para ello utiliza tres tesis fundamentales: el agnosticismo, el empirismo, y finalmente, la universalización del concepto de naturaleza humana.

El agnosticismo

Para JSM dado el estado actual del conocimiento humano, nada puede afirmarse acerca de cuál es la auténtica naturaleza de las mujeres, ni siquiera si tienen una en particular. Por lo tanto, no hay forma de diferenciar qué pertenece a la propia naturaleza de los sexos y qué es adquirido. Eso quiere decir que no se puede invocar la “supuesta naturaleza femenina” para asignar roles, funciones y competencias a las mujeres diferentes a las que presentan los hombres. Este, según Ana de Miguel, es uno de los argumentos básicos de JSM en su defensa de la emancipación femenina, tesis que dirige contra la ideología de la naturaleza complementaria de los sexos.


El empirismo

Para JSM (esta es la contradicción que se le reprocha) las mujeres presentan rasgos propios (naturales) que demuestran sus enormes potencialidades y justifican la necesidad de contar con ellas en la esfera pública. Así, como lo recuerda Ana de Miguel, JSM señala que del hecho de que algunas mujeres hayan sido buenas reinas podemos deducir que todas las mujeres son capaces de gobernar. Del mismo modo, señalará, por ejemplo, que las mujeres resultan ser más intuitivas y prácticas que los hombres, mayormente dotados para la reflexión abstracta. Así, en este punto, JSM, en su afán de lograr el apoyo de la mayoría de la población para su causa, terminará usando todos los tópicos “naturalistas” que antes había negado al señalar que no era posible, al menos no racionalmente, identificar la naturaleza de los sexos.

La universalización del concepto de naturaleza humana

Para JSM, refiere Ana de Miguel, todo lo que es cierto respecto a la naturaleza y felicidad de los varones lo es también para las mujeres; en su caso no existen recortes a la universalidad. Por lo tanto, afirma JSM, lo primero para lograr la emancipación de las mujeres es reconocer su individualidad en todos los campos, sobre todo en el político. Ello exige que tanto hombres como mujeres, concebidos como miembros de una democracia representativa (recordemos que Inglaterra aspiraba a consolidarse como tal en esa época), gocen de los mismos derechos y libertades políticas y civiles. Por esta razón, señala JSM, negarles el derecho de sufragio a las mujeres resulta ser un acto absolutamente injusto, que contradice los principios de igualdad y libertad sobre los cuales se ha construido el régimen representativo.


Finalmente, y a modo de apunte histórico, cabría señalar que a pesar del notable esfuerzo intelectual y político llevado a cabo por JSM, las mujeres británicas no conquistarían el derecho al voto hasta el año 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. No obstante ello, “El sometimiento de las mujeres”, logró, desde el año de su publicación, convertirse, en un verdadero clásico del pensamiento político y de la teoría feminista de nuestro tiempo. De allí la importancia de su lectura para quienes están interesados, no sólo en la obra de JSM, sino también en la historia de las ideas.

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