Los países que han
optado por un sistema de segunda vuelta presidencial suelen presentar un
electorado altamente polarizado hacia el último tramo de la campaña electoral.
Eso resulta lógico ya que cuando la Presidencia de la República se disputa
entre los dos candidatos más votados, la consecuencia inmediata es que el país
se divida en dos grandes frentes. Sin embargo, lo que no resulta admisible es
que las caras representativas del partido político que perdió el ballotage
salgan a los medios a decir que el proceso electoral fue un fraude y que les
robaron la elección.
Hago este apunte, ya
que luego de conocer los resultados oficiales de la ONPE, los mismos que daban
como ganador a PPK, algunas voces del fujimorismo (Martha Chávez, y trolls en
Facebook) han afirmado que a Keiko Fujimori le robaron la elección pues se
cometieron muchas irregularidades en su contra. El problema con este tipo de
denuncias es que al carecer de pruebas objetivas que las respalden (como ocurre
en este caso) terminan perjudicando la imagen del país. En otras palabras, los
fujimoristas que difunden estas denuncias sin sustento terminan desprestigiando
a nuestra democracia, ya que generan dudas sobre la transparencia de nuestro
proceso electoral.
Al respecto, es
importante dar a conocer lo señalado por la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (UNIORE) en el informe elaborado por la Misión de Observación
Técnica para la Segunda Vuelta Presidencial en el Perú, la misma que ha estado
compuesta por magistrados y funcionarios electorales de Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y el
Centro de Asesoría y Promoción Electoral, pues ello nos permitirá demostrar que
las afirmaciones de los fujimoristas sobre el supuesto fraude del que habría
sido víctima su candidata son absolutamente falsas.
Primero, la Misión
señala que la jornada electoral del 10 de abril (la primera vuelta) presentó
una serie de complicaciones derivadas de la implementación de reformas
electorales aprobadas por el Congreso de la República en enero de 2016, cuando
el proceso electoral ya se había sido convocado e iniciado.
Segundo, la Misión
reconoce que a consecuencia de esto, se hicieron serias críticas al trabajo de
los organismos electorales por parte de diferentes sectores. Sin embargo, la
Misión resalta el rol que ha cumplido el JNE como garante de la democracia,
mostrando siempre imparcialidad y trasparencia en su labor.
Tercero, la Misión afirma
que la segunda vuelta presentó un electorado muy polarizado, sin una importante
discusión programática y propositiva por parte de los candidatos. Por el
contrario, la Misión señala que fue una campaña muy dura entre ambos
candidatos, plagada de descalificaciones que provocó un alto nivel de
desconfianza del electorado hacia los partidos políticos.
Cuarto, la Misión
destaca que el proceso electoral se desarrolló en paz con un alto nivel de
civismo de parte de la ciudadanía peruana. Para la Misión, las elecciones se
desarrollaron en un ambiente más tranquilo que la primera vuelta y, con una
demostración de la confianza que tiene la población en los organismos
electorales.
Quinto, la Misión
constata que la etapa final del proceso electoral transcurrió en un ambiente
ordenado, sin incidentes que pusieran en riesgo el desarrollo normal de las
elecciones. Prueba de ello es que no se recibieron denuncias, reclamos o
manifestaciones graves, que afectaran el correcto desarrollo de la jornada
electoral.
Sexto, la Misión
felicita a los tres organismos electorales peruanos por el trabajo que han
llevado adelante con empeño y con las garantías democráticas necesarias para el
ejercicio ciudadano del sufragio.
Séptimo, la Misión
resalta el importante trabajo del JNE en abrir espacios de debate y diálogo
entre los dos candidatos, así como el esfuerzo de la ONPE de tomar en
consideración las recomendaciones formuladas por la Misión luego de la primera
vuelta presidencial. Es más, la Misión destaca que los organismos electorales
peruanos lograron poner en práctica gran parte de las recomendaciones referidas
a la señalización de los centros de votación y la disminución de las filas a lo
largo del proceso electoral.
Octavo, la Misión
subraya la labor desempeñada por la ONPE en la organización e implementación de
las novedades en el proceso electoral tales como: las decisiones para facilitar
el ejercicio del voto de las personas con discapacidad física, el acercamiento
de las mesas de votación a los electores y el ejercicio del voto electrónico,
entre otras.
Noveno, la Misión
reconoce la confianza de la ciudadanía en el JNE, en la ONPE y en el RENIEC,
destacando su solidez y su cercanía con la sociedad civil organizada y con los
partidos políticos.
Décimo, la Misión considera
que de cara al futuro, la reforma electoral debería contemplar una norma que
estipule claramente que cuando el proceso electoral ya ha sido convocado e
iniciado, el Congreso de la República no puede aprobar reformas electorales, al
menos no aplicables al proceso en curso, con el fin de dar seguridad jurídica a
los actores políticos, a la ciudadanía y al propio proceso electoral.
Por lo antes
expuesto, tomando en consideración la opinión imparcial y especializada que la
Misión (conformada por magistrados y funcionarios electorales de diferentes
países) ha vertido sobre la segunda vuelta presidencial en el Perú, resulta
claro que las denuncias de los fujimoristas sobre el supuesto fraude del que
habría sido víctima su candidata no son otra cosa que el recurso irresponsable
que utilizan los que perdieron una elección que creían ganada antes de tiempo
para justificar su derrota.
En esa línea, en
lugar de echar sombras sobre la limpieza del proceso electoral o instalar dudas
sobre la imparcialidad de los organismos electorales, el fujimorismo debería
hacer un mea culpa y preguntarse por qué su movimiento, a pesar de los años
transcurridos, sigue generando tanta antipatía en el electorado nacional. Por
qué, una vez más, terminan perdiendo una elección en la que tenían la mesa
servida para alzarse con la victoria. Hablar de fraude, como lo han hecho, sin
aportar ninguna prueba, es pura piconería, es no saber perder en democracia.
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