viernes, 22 de enero de 2010

Lecciones democráticas en Chile


El último domingo el pueblo chileno afrontó una nueva jornada electoral. Las palabras de Patricio Rosende anunciando los resultados oficiales al 99.2% ponían punto final a la campaña electoral más emocionante de los último 20 años en el país mapocho. Por fin, los partidarios de Piñera, congregados en el local de campaña, podían sentirse vencedores. Luego de 20 años de una sucesión de gobiernos de la Concertación por la Democracia (Partido Oficialista – coalición de partidos de centro y centro izquierda), desde la caída de la dictadura pinochetista, el electorado chileno que acudió masivamente a las urnas había hablado con claridad, la mayoría de chilenos optó por un giro de timón en el gobierno, un cambio que en esta oportunidad tenía un solo nombre Sebastián Piñera, líder de la Coalición por el cambio (coalición de partidos de centro y centro derecha). Por primera vez en 50 años, la derecha volvía a ganar una elección presidencial, el resultado oficial solo vino a confirmar lo que la mayoría de encuestadoras habían vaticinado, Piñera alcanzaba el 51.6 % frente al 48.4% alcanzado por Eduardo Frei, candidato oficialista y ex presidente chileno entre los años 1994-2000.


Como señalé en líneas anteriores, esta ha sido sin lugar a dudas la campaña electoral más electrizante de los últimos años en Chile. No sólo por lo ajustado del resultado final, sino por la importancia política que el triunfo de Piñera trae para el sistema democrático y la institucionalización en Chile. Nadie que haya leído las encuestas en días posteriores a la primera vuelta podía presagiar que el margen entre uno y otro candidato se reduciría a 3%.


Recordemos, luego de los resultados en primera vuelta, en la cual Piñera se impondría con un 36% de los votos, frente al 26% del oficialista y ex presidente Eduardo Frei, y al 19% del independiente de izquierda Marco Enríquez Ominani, las empresas encuestadoras empezaron a perfilar el posible resultado en segunda vuelta entre Piñera y Frei. En todas ellas, los resultados favorecían a Piñera con un margen de entre 6 a 8%. Así, Pinera alcanzaría el 43% contra el 37% de Frei. Esta fue una tendencia que se mantuvo durante largas semanas. Sin embargo, luego del respaldo explícito que Ominani, candidato independiente que alcanzó el 20 % de votos en la primera vuelta, le ofreciera a Frei, la tendencia en las encuestas comenzó a variar y a 4 o 5 días de la elección, las encuestadoras hablaban ya de un empate técnico entre los dos candidatos. Ello explica el clima de tensión y nervios que se vivió en ambos centros de campaña, tanto Piñera como Frei, acompañados de sus equipos, aguardaban el veredicto del pueblo chileno.


Transcurridas las horas y minutos antes de que se hicieran públicos lo resultados oficiales, en un gesto de madurez y sencillez democrática, Frei dirigiéndose a toda la nación desde su comando de campaña admitía su derrota “Quiero felicitar a Sebastián Piñera. La mayoría de los chilenos le dio su confianza para que conduzca los destinos del país por los próximos cuatro años y le deseo éxito en su gestión”, sentenció el ex presidente. Acto seguido, la presidenta en ejercicio Michelle Bachellete, mediante una conversación telefónica que se transmitió por televisión, dirigiéndose a Piñera dijo “Hoy día la gente eligió democráticamente y lo eligió a usted como nuevo presidente de la República”. Posteriormente, Piñera, acompañado por más de 30000 chilenos congregados en la céntrica Plaza Italia, se dirigió a la nación diciendo “esta noche hemos obtenido un gran triunfo y tenemos el legítimo derecho a celebrarlo con alegría, pero con también con mucho respeto y paz”. Asimismo, dijo que su gobierno será de unidad nacional, que se apoyará en la concreción de valores firmes que ayudan a derribar las murallas que dividen a los chilenos, y que sólo así se podrán solucionar los problemas que hoy en día atraviesa Chile.


¿Pero quién es exactamente Sebastián Piñera? ¿Por qué el pueblo chileno decidió darle su respaldo luego de 20 años de gobiernos de centro izquierda? ¿Qué cambios traerá en la manera de conducir los destinos de Chile? ¿Qué compromisos ha asumido frente al electorado? ¿Qué actitud tomará en la manera de conducir la política exterior chilena frente a la relación con el Perú? ¿Qué lecciones podemos extrae del proceso político electoral chileno?


Sebastián Piñera es un empresario multimillonario de 60 años de edad, estudió economía en Harvard y es aficionado al vuelo de helicópteros. Es además el tercero en una familia de cinco hermanos, se encuentra casado con la señora Cecilia Morel con la cual ha formado una familia de 4 hijos. Según una encuesta publicada en la revista Forbes ocupa el puesto 701 en el ranking de los hombres más ricos del mundo con un patrimonio estimado en 1000 millones de dólares.


Entre sus negocios más conocidos están el ser accionista en aerolíneas LAN, recordemos que él se comprometió a vender las mismas antes de iniciar su mandato como presidente de Chile el 11 de marzo de este año, es también accionista de la cadena de televisión Chilevisión y dueño del club de fútbol más popular de chile el Colo Colo, aunque los que lo conocen personalmente digan que en realidad es hincha de la Universidad Católica.


En el año 1989 hace su ingreso a la política siendo elegido senador, para luego, ser candidato presidencial en el año 2005, elección en la cual perdió frente a la actual presidenta de Chile, Michelle Bachellete.


Sin lugar a dudas posee una formación académica y un desempeño profesional que lo avalan al momento de oficiar su postulación a la presidencia de la república en Chile. Pero qué cambió para que el electorado chileno lo haya respaldado dejando atrás 20 años de gobiernos de la Concertación por la Democracia. Creo que el electorado chileno votó por el cambio, la mayoría de chilenos, en especial los jóvenes, es decir aquellos que no son hijos del pinochetismo, pues vieron la luz del día luego de la caída del dictador, esperaban un giro en el timón del gobierno, una figura nueva, frente a las ya conocidas figuras históricas de la Concertación, la misma que en esta oportunidad tuvo que recurrir a un ex presidente para encabezar su candidatura. Que la elección de Frei como candidato oficialista no fue la mejor idea es verdad, que la Concertación no ha permitido un cambio generacional entre sus principales dirigentes también es cierto, pero el factor relevante creo yo radica en la visión que el electorado chileno tuvo en esta oportunidad en torno a otorgarle un periodo más a una coalición de partidos que con una victoria más llegaría al cuarto de siglo en el gobierno, con todos los peligros que ese tipo de fenómenos políticos trae consigo para el orden democrático y el Estado de Derecho en cualquier país de la región y del mundo.


La presencia de Piñera traerá cambios dramáticos en la política y en el gobierno chileno, yo creo que no. Si algo nos ha demostrado esta campaña electoral chilena es el nivel de madurez de su clase política, puesta de manifiesto en la búsqueda de consensos al momento de asegurar la continuidad de políticas de Estado de largo plazo vinculadas al manejo de la economía, el comercio internacional, la educación y la salud, políticas que han convertido a Chile en la cenicienta de la región en cuanto a desarrollo y progreso económico. A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en el cual el electorado espera la llegada de un salvador cada 5 años, en Chile la institucionalidad de sus partidos y de su propio sistema político aseguran que sea quien sea el nuevo presidente, éste se comprometa con la defensa de ciertos principios básicos para el desarrollo y la convivencia democrática. Sumado a todo ello, Piñera, conocido como un hombre creativo, emprendedor y de talento para asumir nuevos retos, se ha comprometido a iniciar una revolución tecnológica y científica en Chile, la misma que logre convertirlo en la primera nación exportadora de productos con valor agregado en la región, situación que será vital en la solución de problemas como la creación de puestos de trabajo para los más de 60000 chilenos que no tienen empleo.


Con relación al Perú, y siendo conocidos los lazos de amistad existentes entre Piñera y García, se espera un periodo de mayor entendimiento y fortalecimiento de los lazos comerciales y económicos que hoy en día nos unen, una profundización del proceso de inversiones en ambos países, la ampliación de los mercados, y la construcción de un espacio de libre comercio, que sirva como plataforma política y económica de contención frente a los modelos estatistas promovidos por Chávez y acólitos Evo Morales, Rafael Correa, o los mismos Kischner.


La llegada de Piñera abre un nuevo capítulo en la democracia chilena, atrás quedaron los fantasmas del pinochetismo, los cuales prácticamente pulverizaron durante 20 años los deseos de los partidos de centro y centro derecho de ser gobierno, a los cuales se los criticó duramente por los vínculos con la dictadura y su colaboración asolapada con el dictador. Hoy en día la elección en Chile se despercudió de sesgos ideológicos y etiquetas políticas de derechas o izquierdas, el pueblo chileno optó por el cambio, más allá del color político del gobernante de turno, el electorado le otorgó su confianza a aquél candidato que asegure elevar los niveles de vida de la ciudadanía, en esta oportunidad ese candidato fue Piñera.


Sólo para finalizar quiero decir que si bien es cierta la distancia en materia económica y comercial entre nuestro país y Chile se está acortando, en el campo de la política y de la cultura democrática, el país del sur aún nos lleva una gran distancia. Quizá sea porque la revolución educativa en Chile llegó 50 años antes que en nuestro país, por la propia calidad de su clase policía y su electorado o porque Chile, a diferencia de nuestro país, solo ha vivido tres períodos dictatoriales con Balmaceda, Ibañez y Pinochet, desde su independencia en 1810. Sea cual fuera el motivo, luego de ver que ningún candidato, perdedor o ganador cuestiona la legitimidad de la elección, con rumores de fraude o de acomodo político, solo me resta decir ¡Qué envidia te tengo Chile!



Rafael Rodríguez Campos

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jueves, 14 de enero de 2010

El cambio de nombre como manifestación del derecho a la identidad personal en el caso de los transexuales


En marzo de 2008, el señor Jorge Luis Mendoza Moreno, solicitó ante el juzgado civil de San Martín que se ordene el cambio de su prenombre “Jorge Luis” por el de “Pamela Estela”, y su posterior inscripción en su partida de nacimiento. El mencionado ciudadano señaló en dicha oportunidad que la solicitud obedecía a que durante largos años ha experimentado una inconformidad por su sexo biológico, su sexo psicológico y social, siendo víctima muchas veces de burlas, señalamientos y marginaciones sociales, situación que lo motivó a someterse a una serie de exámenes psicológicos, luego de los cuales se le diagnosticó disforia de género, conocida coloquialmente como transexualismo; por lo cual decidió practicarse una operación de cambio de genitales externos, realizándose una vaginoplastia, para finalmente, iniciar un tratamiento hormonal, tratamientos, todos ellos, que le permitieron desde ese entonces llevar una vida normal como mujer.


Al cabo de algún tiempo, en octubre del año pasado, el juez Felipe Enrique Ramírez Sánchez, en un fallo particularmente progresista y razonado, declaró fundada la demanda ordenando al órgano correspondiente tramitar el cambio del prenombre de Jorge Luis, hoy Pamela Estela, y la correspondiente rectificación de su partida de nacimiento en la municipalidad de Miraflores.


Por los fundamentos expuestos en la sentencia y el impacto que esta tendrá en un futuro en nuestra sociedad en la medida que otros jueces decidan asumir la posición del juez Ramírez, es que en esta oportunidad considero oportuno hacer referencia a algunas de las reflexiones más importantes expuestas en el fallo, reflexiones que le permitieron al mencionado juez emitir una decisión que marca un hito en la jurisprudencia nacional sobre el tema, dejando atrás todo tipo de perjuicio moral o religioso, que tantas veces ha servido para limitar arbitrariamente el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, dejando sentado, de manera clara y precisa, que nunca más el homosexualismo o lesbianismo pueda ser considerado una enfermedad de la personalidad o un castigo divino, complejos y taras mentales ambos que han sido utilizados en nuestra sociedad para discriminar y marginar a este grupo minoritario.


En primer término, habría que decir que cuando nos preguntamos por el concepto de la palabra nombre hacemos alusión a la designación con la cual se individualiza a una persona la cual le permite distinguirse de los demás, volviendo a cada cual uno en sí mismo distinto a los demás sujetos del colectivo social. En ese sentido cabe preguntarnos ¿Cuál es el criterio originario a partir del cual se decide el nombre de un recién nacido? La respuesta parece evidente, el criterio no es otro que el sexo. Pero dicha afirmación nos lleva a su vez a otro cuestionamiento ¿Qué debemos entender por sexo? Pues en una primera aproximación podríamos decir que el sexo, al igual que el nombre, es un elemento que permite identificar al ser humano y distinguirlo de los demás, es de tal relevancia que aparece registrado tanto en la partida de nacimiento como en el documento nacional de identidad. Ahora bien, en el pasado, cuando uno se preguntaba por el contenido que definía el sexo se pensaba que este era únicamente un elemento estático del ser humano, vinculándolo de manera exclusiva con la dimensión biológica y cromosómica (se nace hombre y se muere hombre); sin embargo, y gracias al avance de disciplinas como la psicología, la medicina o la antropología, la comunidad académica mundial señala que el sexo es una categoría dinámica ya que se da y evoluciona con el desarrollo de la persona, por ello hablamos en la actualidad de un sexo social (actitud que uno asume en sociedad), un sexo psicológico (hábitos y comportamientos), los cuales muchas veces pueden diferir o ser contrarios al sexo cromosómico o biológico.


Lo dicho anteriormente nos lleva a afirmar que el sexo como categoría conceptual debe ser visto como un todo, es decir el sexo entendido como una unidad biosicosocial, por lo cual de existir alguna contradicción entre esas dimensiones, la biológica o cromosómica, la física, social o la psicológica, es la persona la que elegirá libremente a qué sexo pertenecer, y ello porque dicha decisión no es sino una conducta de autorreferencia de autoreconocimiento del individuo a partir de la cual podrá ejercer a cabalidad su derecho a la autodeterminación personal, y sobre todo, a la autodeterminación sexual, con lo cual el Estado y la sociedad sólo deberán respetar dicha decisión brindándole toda la cobertura legal posible.


El concepto de autodeterminación personal y sexual, específicamente este último, resulta fundamental en este tipo de casos, puesto que si es la persona la llamada a decidir a qué sexo pertenecer en caso exista contradicción entre las dimensiones a las cuales hemos hecho referencia, queda claro que este sexo elegido libremente debe guardar coherencia con el consignado registralmente, sobre todo con el prenombre Pamela Estela, en este caso, ya que ambas categorías, sexo y nombre, forman una unidad indivisible que a su vez forman parte de la identidad de toda persona.


Ahora bien, centrándonos en el caso concreto, ¿Existen razones suficientes para permitir que una persona que sufre disforia de género o transexualismo cambie de nombre? Creo, tomando como punto de partida las agudas reflexiones del juez Ramírez, que en este caso las razones expuestas son más que suficientes. Veamos.


Como dijimos al inicio del presente escrito, se trata de un ciudadano que sufre de disforia o transexualismo, es decir, se trata de una persona que pertenece físicamente a un sexo pero que siente el pertenecer a otro, y para acceder a una identidad más coherente y menos equívoca se somete a tratamientos médicos o procedimientos quirúrgicos, a fin de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo, armonizando su sexo biológico y físico con el psicológico y social. Es esta situación la que lleva a las personas que experimentan disforia de género a sentir un profundo rechazo a su genitalidad original, disconformidad que muchas, sino todas, viene acompañada de cuadros de profunda, depresión, ansiedad y angustia, generando sentimientos de inferioridad y aislamiento en relación a los demás, tornando caótica su existencia y entorpeciendo su desarrollo personal, dado que el proyecto de vida que han decidido elegir se ve entorpecido, ya sea por la propia situación en sí, o por la actitud de rechazo que estas personas reciben por parte de la sociedad y el Estado.


Entonces, a la luz de lo antes dicho, creo que existen motivos justificados para que en este caso se autorice el cambio de nombre, tal y como lo señala el artículo 29º de nuestro Código Civil, en el cual si bien es cierto no se prevé de manera explícita la causal de cambio de nombre para personas que experimentan transexualismo, este debe ser entendido a la luz de lo que nuestra Constitución señala al reconocer de manera explícita el derecho a la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.


Importante, sin lugar a dudas, resulta ser la precisión que se hace en el fallo en torno a la relación existente entre el derecho a la identidad y el derecho a la dignidad presente en este caso. Como bien señala el juez, el reconocimiento del derecho a la dignidad de los transexuales pasa por reconocerles su verdad personal, otorgándoles la posibilidad de ser auténticamente libres, eligiendo vivir como hombre o mujer, de conformidad con el desarrollo psicológico y social que presentan, todo ello según su propia autodeterminación personal.


Solo como dato adicional, cabe señalar que en el presente caso la ciudadana Pamela Estela, aportó abundante material probatorio que acreditaba ampliamente su condición de transexual, además, acreditó ser una persona con un desarrollo psicológico normal y una madurez personal e intelectual suficiente que la convierten en una persona capaz para decidir libremente si opta por cambiar de sexo o no, incluso, se menciona un informe en el cual la ciencia médica, reconociendo que Estela Pamela lleva una vida física, psicológica y social, propia de una mujer recomienda regularizar su situación legal mediante el cambio de nombre para favorecer su total adaptación a los roles propios del sexo femenino.


A manera de conclusión, solo nos resta decir que más allá de las consideraciones morales o religiosas que se tenga sobre el particular, fallos como este profundizan y tornan visible el compromiso del Estado y sus órganos jurisdiccionales con la defensa, promoción y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales por parte de sus ciudadanos, independientemente de la raza, la religión o la opción sexual de cada uno. En tal sentido, permitirle a Estela Pamela el cambio de nombre, y por consiguiente abrir esa posibilidad a toda persona que se encuentre en una situación similar, es un acto que encuentra fundamento en principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, como el de dignidad, autonomía personal y libre desarrollo personal, más si se tiene en cuenta, como ya dijimos anteriormente, que la decisión de cambiar de nombre o no, hecha por una persona capaz y madura, no es más que una conducta autorreferente, vinculada estrictamente a la esfera más íntima de la persona, la cual no lesiona ningún bien jurídico de terceros o un bien jurídico público, sino por el contrario, reivindica los derechos fundamentales de un grupo tradicionalmente marginado en una sociedad tan conservadora como la nuestra, como lo han sido históricamente los homosexuales, lesbianas o transexuales.


Rafael Rodríguez Campos

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martes, 12 de enero de 2010

Narcotráfico y democracia



La Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) ha elaborado un informe en el que da cuenta de los avances y retrocesos en la lucha contra el narcotráfico durante el año 2009. Las cifras oficiales presentadas por esta unidad especial de la Policía Nacional del Perú demuestran que durante el año que pasó el negocio de la droga y la fuerza del narcotráfico ha ido en ascenso. De acuerdo al informe en el año 2009 la Policía Antidrogas incautó 16.8 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, a comparación de las 12.2 toneladas del año 2008, es decir, en el año 2009 la cifra fue de 4.5 toneladas menos que el año anterior. Lo mismo ocurrió en relación a la incautación de pasta básica de cocaína (PBC), en el año 2009 se decomisaron 10.6 frente a las 11.7 toneladas del año 2008.


Otra conclusión que puede obtenerse de la lectura y análisis del citado informe es que en relación a las acciones destinadas a incautar o decomisar los insumos químicos destinados al narcotráfico, los cuales en su mayoría son enviados desde las ciudades costeras hasta los valles cocaleros, los avances en este campo no han sido sustanciales. En el año 2008, fueron 474.5 toneladas las incautadas, frente a las 490 del año que pasó, muestra de una incipiente mejora que resulta a todas luces insuficiente en esta ardua tarea. Este dato es preocupante si se tiene en cuenta que la comercialización del Kerosene en las zonas del Alto Huallaga y el Valle de los Ríos Apurímac y el Ene. Surge entonces la pregunta ¿Porqué si la comercialización de productos como el Kerosene se encuentra prohibida el nivel de incautación de estos insumos destinados al narcotráfico no se da en la dimensión que la lucha contra el narcotráfico requiere? La respuesta es simple. El negocio de la droga es muy fuerte, la cantidad de dinero que se mueve es alucinante, y con ello, la posibilidad de quebrar conciencias y voluntades al interior de los propios efectivos del orden es siempre latente, ya sea mediante el soborno, la corrupción o el amedrentamiento, muchas veces son las propias fuerzas del orden las que con su acción o silencio cómplice favorecen el traslado de insumos químicos a estas zonas del país.


Por otro lado, el aumentó del precio del kilo de hoja de coca es otro dato interesante que se puede extraer del informe. Tanto en el Alto, Medio y Bajo Huallaga, el kilo de coca experimentó un aumento de 10 soles por kilo de hoja, a 12 por kilo, respectivamente. Mientras que en el VRAE el precio se ha mantenido casi invariable. Queda claro entonces que la demanda se ha mantenido fuerte y en regiones como el Huallaga esta ha ido en aumento, como consecuencia, según señalan algunos expertos, del éxito que ha tenido el Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah), el cual cumplió con la meta de 10000 hectáreas de cultivo de hoja de coca erradicadas, disminuyendo la oferta en esa zona y por tanto, elevando el nivel de la demanda, quizá ello explique el porqué del aumento de 10 a 12 soles el precio de hoja de coca en el Huallaga.


Sin embargo, aquello que puede ser visto como un dato positivo en la lucha por la erradicación de los cultivos de hoja de coca, es también materia de crítica por parte de los expertos, los cuales señalan que el gran problema del programa de erradicación es que éste se ha concentrado únicamente en el región del Huallaga, pero que no ha logrado penetrar a otras zonas importantes de cultivo como el Valle del Monzón, siendo ello negativo, ya que la tarea de erradicación debe ser encarada de manera integral, identificando y erradicando todas la zonas de cultivo de hoja de coca importantes. Más si se tiene en cuenta, como lo ha podido señalar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga el Delito, que a las ya conocidas zonas o cuencas cocaleras de importancia, como el Huallaga, el Monzón o el VRAE, se suman, hoy en día, nuevas áreas ubicadas en la frontera de Puno y Madre de dios, la Libertad y en Inambari.


Estos datos ponen en evidencian, sin lugar a dudas, que la política de lucha contra el narcotráfico y las acciones tomadas por este gobierno en este esfuerzo, ha sido, a todas luces, deficiente por decirlo menos, para no utilizar el término fracaso. Para los expertos ello obedece a que el Gobierno centró su lucha contra el narcotráfico en una sola zona, sin tener en cuenta que el negocio de la droga se ha venido dispersando en los últimos tiempos, encontrando nuevas zonas para el cultivo de hoja de coca, otras vías para la comercialización de insumos químicos y nuevas modalidades de comercialización de drogas, lo que ha ocasionado un ascenso en el nivel de consumo en el mercado interno.


El problema del narcotráfico, y la estrategia de lucha que contra este se diseñó en este gobierno, como dicen las cifras no ha sido la más auspiciosa, el gobierno de turno no ha sido capaz de mostrarnos un norte claro en esta lucha. Pero esta incapacidad se ve reforzada con su incapacidad al momento de enfrentar el problema de la seguridad interna, el aumento de la criminalidad es otro elemento que pone de manifiesto la profunda crisis que atraviesa el sector interior. Durante los últimos años, este gobierno se ha esforzado en nombrar a ministros del interior incapaces, cada uno más inepto que el anterior, ninguno de ellos estuvo exento de serios cuestionamientos, basta con recordar la fallida compra de patrulleros, la compra de pertrechos, los nefastos sucesos en Pómac, la tragedia de Bagua o la tristemente recordada jornada en Moquegua y Tacna, con la toma del Puente Montalvo, para darnos cuenta de que lo que ocurrió con el Ministerio del Interior no fue sino la crónica de un desastre anunciado, en la cual el principal actor, fue el ministro del interior de turno, todos ellos incapaces de ofrecerle al país una estrategia, sólida y creativa de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.


La lucha contra el narcotráfico es y debe ser una prioridad no solo para este sino para todos los gobiernos, la estrategia para su implementación debe merecer especial atención por parte de todos los partidos y movimientos políticos que pretenden tener éxito en los comicios electorales del 2011. La lucha contra el narcotráfico representa una problemática que no puede ser vista de manera aislada, ajena a otro tipo de problemas que este flagelo trae consigo.


El narcotráfico, la comercialización de las drogas en el mundo generan enormes perjuicios. El negocio de la droga, su comercialización y consumo, generan un impacto negativo brutal en la salud de los consumidores, y en especial, en la salud de los más jóvenes, la adicción que las drogas genera frustra proyectos de vida personal, aquello que comienza como un juego, como una práctica asilada, poco a poco se convierte en el centro de las vidas de los consumidores, entorpeciendo su desarrollo, trayendo sufrimiento y tristeza para ellos mismos y sus familias.


El narcotráfico, con las enormes cantidades de dinero que mueve, es un factor de inestabilidad política para el sistema democrático muy serio, el poder corruptor del narcotráfico es capaz de filtrarse por todas las instituciones del Estado y en el más alto nivel del mismo. Políticos, policías, militares, funcionarios, burócratas, jueces, fiscales, son año a año captados por el narcotráfico y sus redes de corrupción, por eso no es extraño que desde los propios poderes del Estado, encontremos a políticos que con el cuento de la llamada reivindicación de las comunidades campesinas, se opongan a toda política destinada a erradicar el cultivo de la hoja de coca, sin tener presente que oponerse a la erradicación es favorecer de manera directa al narcotráfico, más si tenemos presente que 9 de cada 10 hojas de coca son destinadas al negocio de la droga.


El narcotráfico genera también o trae consigo mayor violencia, los crímenes, los asesinatos que en su nombre se cometen acrecientan el nivel de inseguridad y violencia en los países en los cuales este problema se asienta, como es el caso del Perú. En los últimos tiempos hemos sido testigos como la ciudad de Lima, y otros ciudades importantes del país, se han convertido en un campo de batalla entre sicarios y asesinos a sueldo pagados por el narcotráfico, al puro estilo de los carteles de la droga colombianos o mexicanos, como el de Juárez o de Sinaloa, para los cuales asesinar a un político, juez o fiscal, que se oponga a sus intereses es moneda común en su ideario criminal. Basta recordar el penoso asesinato del juez Hernán Saturno Vergara, asesinado por dos sicarios en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, luego de que rechazara el pedido de libertad d 25 integrantes del cartel de Tijuana.


Estas son las razones que deben impulsar a los partidos políticos que aspiran a ser gobierno el 2011 a diseñar una política de lucha frontal contra el narcotráfico, por eso es importante llegar a un consenso político fuerte que evidencie el compromiso de la clase política peruana con la lucha contra el negocio de las drogas. Como hemos podido apreciar, el narcotráfico y su desarrollo al interior de la sociedad trae consigo enormes problemas para la salud de los ciudadanos, para la estabilidad del régimen político y para la conservación de la institucionalidad democrática y el estado de Derecho. En tal sentido, los peruanos, los ciudadanos de este país, debemos exigir que el tema del narcotráfico se convierte en un tema de debate y análisis fundamental en la próxima campaña electoral. El candidato que alcance la Presidencia de la República debe ofrecer y darnos la garantía de una lucha férrea, integral y total contra el narcotráfico, de no ser así, el Perú, tal y como lo señalan diversos especialistas, corre el riesgo de convertirse en la Colombia de los próximos años.


Rafael Rodríguez Campos

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martes, 5 de enero de 2010

El sentenciado Fujimori


El año nos recibe con una noticia importante para comentar. Una noticia que consolida nuestro sistema democrático y reivindica a las numerosas víctimas de violación de derechos humanos durante la década del fujimorato. Con fecha 3 de enero del presente, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, mediante extensa y fundamentada sentencia, ratificó en todos los extremos la condena que en abril del año pasado, el tribunal presidido por el prestigioso vocal supremo Cesar San Martín le impusiera al otrora presidente y ex dictador del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, condenándolo a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.

La sala en fallo de 266 páginas señaló que la responsabilidad penal del sentenciado Fujimori por la comisión de los delitos antes señalados era inobjetable, además se estableció con claridad los vínculos del sentenciado con su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y su relación directa en la formación, operación y encubrimiento del denominado Grupo Colina. Como era de esperarse la decisión de los 5 vocales miembros de la sala suprema trajo consigo opiniones a favor y en contra.

Como era previsible, tanto el abogado del sentenciado Fujimori, como sus partidarios, y en particular, su hija Keiko Fujimori, tildaron a este fallo como una sentencia política y mediática cuya única finalidad es sepultar políticamente al movimiento fujimorista de cara a las elecciones del 2011. En posteriores declaraciones a la prensa, tanto César Nakazaki como la hija del sentenciado señalaron que aún les quedan recursos legales que agotar, como la presentación de un Hábeas Corpus, el cual sería resuelto en última instancia por el Tribunal Constitucional, o acudir a las instancias de protección supranacional llevando su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta curioso sin embargo, que hoy en día, el sentenciado Fujimori, pretenda recurrir a estas dos instancias jurisdiccionales, una en el ámbito nacional como el Tribunal Constitucional, y otra, en el ámbito internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta curioso porque si recordamos bien los jóvenes y los no tan jóvenes, el ex dictador, durante su gobierno se encargó de desprestigiar a ambas instituciones, tildándolas de pro terroristas y contrarias al proceso de reconstrucción nacional.

En el caso del Tribunal Constitucional, y con el apoyo de la mayoría parlamentaria que alcanzó luego de las elecciones de 1995, mediante un proceso a todas luces arbitrario y antidemocrático, llevado a cabo en el parlamento, se encargó de destituir a tres magistrados de este órgano jurisdiccional (Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo y Guillermo Rey), curiosamente los tres magistrados destituidos fueron aquellos que señalaron que la ley de interpretación auténtica promulgada por el parlamento fujimorista mediante la cual se autorizaba la reelección de Fujimori para el año 2000 era inconstitucional.

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que este órgano jurisdiccional condenara al Estado peruano por la violación de los derechos humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros, el congreso de ese entonces, tomado por Fujimori y compañía, decidió aprobar el retiro inmediato del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando en estado de indefensión a un grupo numeroso de ciudadanos peruanos y extranjeros que habían visto vulnerados sus derechos fundamentales por el Estado peruano, personificado en el hoy sentenciado Fujimori. Debemos recordar que el retiro de la competencia contenciosa de la corte, fue una respuesta política velada y antelada a los casos pendientes que contra el Perú se habían planteado ante este tribunal. Dentro de esos casos se encontraban algunos de una relevancia política trascendente como la denuncia de los tres magistrados del Tribunal Constitucional a los que hemos hecho mención con anterioridad, y la denuncia del empresario Baruch Ivcher, a quien el gobierno de Fujimori se encargó de privarle de su nacionalidad peruana y, a partir de ello, de la propiedad de su canal de televisión, luego de que en este medio de comunicación se denunciaran numerosos caso de corrupción al interior de su régimen y la represión y persecución política realizada por los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional monitoreados directamente por Montesinos (en ambos casos, una vez restaurada la democracia en nuestro país, la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció al Estado peruano, al gobierno de Fujimori para ser claros, por la violación de los derechos fundamentales de los tres magistrados y del empresario televisivo).

Luego de recordar dos de los hechos mas funestos que durante el régimen del sentenciado Fujimori se dieron en nuestro país, todos ellos bajo su conocimiento y dirección, debemos decir que a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras, en las sociedades democráticas como pretende ser la nuestra, los ciudadanos, incluso lo condenados por delitos tan graves como el sentenciado Fujimori deben poder ejercer a cabalidad su derecho de defensa. Por eso es importante que los verdaderos demócratas tengamos una actitud responsable y seria al momento de analizar este tipo de afirmaciones, es cierto, nadie puede poner en duda que el sentenciado Fujimori puede agotar todos lo recursos legales que el ordenamiento jurídico le ofrece, puede ir hasta el Tribunal Constitucional, e incluso, puede presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no puede hacer el sentenciado Fujimori o su abogado, es desacreditar la labor realizada por el Poder Judicial, simplemente porque “8 de los 8 vocales” que tuvieron, tanto en primera como en segunda instancia, la misión de evaluar su caso, llegaron a la conclusión que el sentenciado Fujimori era culpable por todos y cada uno de los delitos que le fueron imputados, desde homicidio calificado en los casos Cantuta y Barrios Altos, hasta el de secuestro agravado en el caso Dyer y Gorriti.

En una democracia, los poderes públicos actúan con total independencia, correspondiéndole a la clase política la enorme responsabilidad de velar por el respeto de las decisiones de todos y cada uno de estos poderes. Por ello es repudiable la actitud de fujimoristas como Carlos Raffo o Alejandro Aguinaga, ambos congresistas de la república, cuando valiéndose de argumentos falaces e inverosímiles, como el de que en el caso de Cantuta o Barrios altos no existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de su líder, pretenden sembrar dudas en torno a la calidad profesional y moral de los vocales encargados de juzgar al sentenciado Fujimori. Esa es una mentira que no resiste menor análisis, más si tenemos en cuenta que no fueron únicamente los jueces peruanos los que razonablemente llegaron a la conclusión de que la responsabilidad penal del sentenciado Fujimori estaba totalmente acreditada, ya que como recordaremos fue la Corte Suprema de Chile la que al momento de conceder la extradición de Fujimori al Perú señaló en una amplia sentencia que existían indicios más que razonables en torno a la responsabilidad penal del ex jefe de Estado en los casos de Cantuta y Barrios altos, secuestros en los sótanos del SIE, compra de medios de comunicación, interceptación telefónica, congresistas tránsfugas, entre otros.

Volviendo al contenido de la sentencia materia de comentario, debemos decir que lo importante de la misma radica en que también en esta oportunidad la sala llegó a la conclusión que los crímenes cometidos por el ex mandatario son de lesa humanidad y que estos se perpetuaron con su conocimiento y aprobación, por lo que no existe ningún elemento que pudiera atenuar su condena. Más aún, si tenemos en cuenta lo señalado por la legislación nacional y por los fallos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tipificación de estos delitos como delitos de lesa humanidad tornan inadmisible la posibilidad de conceder algún tipo de indulto, amnistía o derecho de gracia al sentenciado Fujimori, con lo cual se echa por tierra la intención de su hija Keiko de tomar como primera medida de gobierno, en caso resulte ganadora en los comicios del 2011, de un indulto a favor de su padre.

Como dije en un inicio esta sentencia consolida el sistema democrático y el Estado de Derecho en nuestro país, esta sentencia deja en claro que nadie, ningún ciudadano, por más poderoso que sea, se encuentra por encima de la ley, todos los ciudadanos deben responder ante la ley por la comisión de delitos, más aún cuando estos delitos suponen la grave violación de los derechos fundamentales de las personas. Este fallo reivindica a las víctimas de esos delitos y le otorga tranquilidad espiritual al conjunto de familiares, representados por la figura de Gisela Ortiz o Raida Condori, que durante más de 17 años lucharon por buscar justicia para sus hijos, hermanos o esposos, a los cuales el gobierno mafioso del sentenciado Fujimori les arrebató la vida de la manera más atroz y abominable. Pero sin lugar a dudas, este fallo marca un hito histórico en un continente como el nuestro, en el cual en innumerables oportunidades, dictadores de toda estirpe y tendencia, luego de cometer violaciones de derechos humanos de manera sistemática y generalizada, quedaron impunes, ya sea por la complacencia de la sociedad civil o, sobre todo, de la clase política.

En tal sentido, esperemos que este fallo y este proceso seguido contra el sentenciado Fujimori, sea visto también como una lección de civilidad y de compromiso ciudadano con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la dignidad de todos los peruanos. No permitamos nunca más dictadores en nuestra paria, digámosle no a todo proyecto político dictatorial y autoritario, ya sabemos el resultado final: corrupción, arbitrariedad, violación de derechos humanos e impunidad.


Rafael Rodríguez Campos

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