jueves, 19 de enero de 2012

El caso Omar Chehade: la gran desilusión




Todo terminó. Se activó la máquina del tiempo en nuestra negra política y el Perú volvió a sumirse en el estiércol. El discurso de la lucha frontal contra la corrupción, que le sirviera a Ollanta Humala como bandera de campaña en la segunda vuelta electoral; al menos eso es lo que nos ha demostrado el oficialismo, terminó convirtiéndose en una falsa, oportunista y mentirosa prédica, que empleada sutilmente por los publicistas del actual Presidente de la República, inclinó la balanza electoral y le dio la victoria, permitiéndole llegar a Palacio de Gobierno haciendo suya la frase: “honestidad para hacer la diferencia”.

Algunos lo intuimos, suponíamos que esto podía suceder. Lo que no podíamos presagiar, o simplemente no quisimos hacerlo, era que el cambio y la claudicación principista y de espíritu llegaría antes de haberse cumplido el primer año de gobierno. Errores, tropiezos, denuncias por corrupción siempre han de existir, siempre acompañarán el día a día de un gobierno en el Perú, en Latinoamérica, en el mundo entero. Pero a un gobierno no se lo puede tildar de mafioso o corrupto simplemente por el número de denuncias de este tipo que salten a la luz pública. Un gobierno es corrupto cuando a la luz de los acontecimientos y la contundencia de los argumentos, como ocurrió en este caso, decide, maquiavélicamente, blindar desde el Congreso a un personaje siniestro y despreciable como Chehade, amparándose únicamente en la fuerza de la mayoría de sus escaños. Las razones se exponen, los votos se imponen, así ha sido siempre en nuestro país, y así seguirá siendo, al menos durante los próximos 5 años. Esa fue la conducta fujimorista de los noventa, la aprista del segundo alanismo, y la que ya es posible presagiar en el humalismo. Ojalá me equivoque

Si nos asqueó la manera como el fujimorismo y el aprismo unieron esfuerzos al momento de cubrir con un manto de impunidad a los corruptos durante el último quinquenio, qué podemos decir del humalismo luego de ver cómo encarpetaron el caso Chehade, sin mayor argumento jurídico o político que la simple contabilización de votos a favor de la corrupción. Trece fueron los votos que impidieron que el inefable Chehade se sometiese a una investigación ante la justicia ordinaria. Trece fueron los votos que volvieron a matar la esperanza de un país que está cansado de ver cómo la frase: “otorongo, no come otorongo”, alcanza el estatus de verdad bíblica entre nuestros políticos.

La crónica se resume en pocas palabras: “Como los defensores del ex abogado del Presidente de la República sumaban trece votos, no había más que discutir, no importaba si el informe elaborado por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, trabajado con prolijidad por la congresista Marisol Pérez Tello, daba cuenta del enorme caudal de indicios razonables en torno a la responsabilidad penal de Omar Chehade. Así, gracias a la condescendencia que muchos tienen con la corrupción, me pareció escuchar a los cacacenos reflexionar de esta manera: ¡Nosotros somos el partido de gobierno, Perú Posible juega de nuestro lado, nosotros somos trece y ellos doce, al diablo con el informe, Chehade se queda entre nosotros, Chehade es un digno padre de la patria! Además, quién no ha cometido un error”. Disculpen los que razonan de este modo, pero existe una diferencia semántica sustantiva entre error y delito, entre imprudencia y corrupción, entre torpeza y bribonería, entre defensa y testarudez, entre candidez y pendejada.

Y así terminó la historia del caso Chehade, con la complicidad de la bancada oficialista salvándole su curul congresal, con el cobarde apoyo de los congresistas del partido de Alejandro Toledo, y con la venia y mano salvadora de los otrora paladines de la moralidad Yehude Simon y Javier Diez Canseco. Mención especial merece el señor Jaime Delgado, quien en menos de 6 meses de experiencia parlamentaria ha sido rápidamente amaestrado en el arte del encubrimiento, y al votar por el archivamiento de la acusación contra Chehade, lanzó por la borda años de prestigio ganado como defensor de causas justas.

Ollanta Humala y sus parlamentarios han herido de muerte a la lucha contra la corrupción. Si el barro del caso Omar Chehade los había cubierto hasta la cintura con la denuncia hecha por los medios de comunicación por la supuesta comisión del delito de patrocinio ilegal en el cual habría incurrido el “irrenunciable Chehade”, el blindaje y apoyo brindado por el oficialismo a favor de éste terminó por sepultarlos en el fango de la indecencia y del otoronguismo parlamentario más ramplón. Y pensar que el actual Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, o el actual Presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Fredy Otárola, se rasgaban las vestiduras durante el segundo alanismo cuando la mayoría aprofujimorista echaba por tierra toda denuncia, toda acusación, todo afán moralizador. ¿Dónde están estos señores tan decentes? ¿Dónde están ahora que el Perú necesita más de ellos? ¿Dónde están cuando lo que les reclama el electorado es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? Muy sencillo. Están viendo la manera de perpetuar y consolidar esta mayoría parlamentaria que por ahora les permite hacer lo que quieran, a ellos, a sus promotores, y por supuesto, a su jefe mayor, su cacique empoderado con cetro y corona sentado en el sillón de Pizarro.

Pero como es sabido en política, los favores gratuitos, así como los votos de conciencia no existen, y si existen son producto de la imaginación afiebrada de quienes dicen defender al Perú un día y se congracian con quienes lo minan desde sus entrañas a la mañana siguiente. Cómo pagará este favor Chehade, cuáles serán las dádivas que los Yehude, los Diez Canseco, los Delgado recibirán de manos del ex cliente de Chehade, el Presidente de la República. Porque habría que ser muy ingenuo para no estar casi seguro de que detrás de este inmundo blindaje no está la mano de Ollanta Humala. Qué lástima, qué desilusión. Lo dijimos cuando leímos vía twitter la pregunta de la Primera Dama, Nadine Heredia, con respecto a este caso: ¿Tan difícil es caminar derecho? Sí señora Nadine. Caminar derecho es muy difícil, conducirse con honestidad es toda una proeza, casi una hazaña, sobre todo cuando el corrupto sabe que el Presidente de la República, quien personifica a la nación y al Estado, mueve los hilos y hace todo lo posible por convalidar con su silencio primero, y con el apoyo de sus ayayeros congresales después, los irregulares actos de la persona a la cual el propio mandatario le dio el honor de asumir el cargo de Vicepresidente del Perú.

Otra vez nos ganó la cobardía, otra vez se impuso en nuestro país la hediondez de la corrupción, otra vez los faenones descubiertos se convierten en expedientes encarpetados, otra vez el Congreso le hace el juego a quienes no debieron nunca pisar el Hemiciclo, otra vez los cuestionados parlamentarios le cuidan las espaldas a quienes ya perdieron todo tipo de credibilidad, otra vez los peruanos hemos sido timados, otra vez la juventud se desencanta, otra vez la clase política le hace el trabajo a los radicales, a los que creen que al Perú no lo salva nadie, que en el Perú la mierda se exporta, y que para que eso cambie se necesita la llegada de un movimiento mesiánico, violento si es posible, capaz de acabar de una vez por todas con toda esta imagen de país que alcanza el desarrollo económico pero que va en serio retroceso cuando se trata de principios y valores.

Me quedo con una imagen y una frase para recordar. Esas que pasan a formar parte del álbum de la infamia nacional o del archivo de nuestra miseria. Veo a Omar Chehade, una vez culminada la sesión de la vergüenza, cruzar de un lado a otro, acercarse a Yehude Simon y estrecharle fuertemente la mano, con una sonrisa que lo dice todo, y con una altivez de quien sabe que gracias a este “hombre de izquierda”, podrá seguir cobrándole al país su jugoso sueldo de parlamentario, más gastos operativos y otras gollerías que sólo Dios sabe tienen estos fanáticos de las películas de gánsters, sobre todo de aquellas en las cuales los delincuentes siempre ganan. Luego, recuerdo las declaraciones de Yehude Simon tratando de justificar su injustificable actuar: “no se puede condenar a una persona en función de meras presunciones”, sentenció el otrora Premier de Alan García.

Obvio señor Simon, en una democracia la inocencia se presume, no se prueba, pero casualmente debido a ello, lo que se estaba solicitando no era la imposición de una sanción penal en contra de Chehade, eso es una locura, el Congreso de la República no tiene esa prerrogativa, lo que se solicitaba era el levantamiento de la inmunidad de esta persona para que su caso pase a manos del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente, pues le corresponde a este último órgano determinar la responsabilidad penal de todo peruano. Bastaba con que se presenten indicios razonables sobre la posible comisión de un delito de corrupción para que el Congreso remitiese el caso a manos de los órganos de justicia. Ahora bien, salvo que el señor Simon sufra de algún tipo de incapacidad mental, súbita y convenientemente adquirida en estos últimos días, o tenga problemas para diferenciar entre lo real y lo maravilloso, todos tenemos claro que en este caso, razones, indicios, pruebas sobre la posible responsabilidad de Omar Chehade existían y de sobra.

El caso Chehade marcará un antes y un después en este gobierno, el caso Chehade será la piedra en el zapato que acompañará la gestión de Ollanta Humala, se equivocan los que creen que en unas semanas o meses el señor Chehade recuperará posiciones y volverá a aparecer como el gran señor, como el héroe de la lucha contra la corrupción. Cuánto daño se ha hecho el gobierno, cuánto daño se le hace al país con este tipo de conductas, cuánto tiempo hemos perdido en tratar de desentrañar este embrollo para que al final, y como siempre en nuestra patria, el acomodo político le gane la partida a la decencia. Dónde terminará todo ese paquete legislativo que el Poder Ejecutivo pensaba impulsar en materia de lucha contra la corrupción, dónde irá a parar el proyecto de reforma constitucional que pensaba presentar, curiosamente el señor Chehade, para tornar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. El Ejecutivo ha perdido el norte, y los parlamentarios oficialistas han perdido la autoridad moral para encabezar la gran reforma que el país requiere en materia de justicia. Qué pensará el país cuando el señor Chehade acuse a alguien de corrupto, que pensará la juventud cuando vean al señor Abugattás tildar a todos, menos a los suyos, de delincuentes. Seguro sentiremos cólera, rabia, tristeza de ver cómo el Perú es el país de las eternas oportunidades perdidas.

Celebran los corruptos, celebran los que amasaron fortunas con el erario nacional, celebran los que logran abandonar las cárceles gracias a las ventajas y favores del poder, celebran los malos apristas, celebran los malos fujimoristas, celebran los corruptos del régimen de Toledo. Celebran todos, porque en el Perú ya no es posible diferenciar entre buenos y malos, entre honestos y deshonestos. Porque allá donde todos son percibidos como corruptos, entonces nadie es corrupto. Porque allá dónde todo tiene un precio, y donde todo se vende, los valores son siempre relativos y la decencia es una palabra extraña que los peruanos conocemos pero no sentimos.

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martes, 10 de enero de 2012

La revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán




El año 2012 ha comenzado, un año nuevo que seguramente nos traerá más de una sorpresa en el terreno político. Cuántos nuevos escándalos serán denunciados por los medios de comunicación, cuántos políticos caerán en desgracia, cuántas alianzas se acabarán y cuántas nuevas se forjaran durante estos 365 días. Y como para ratificar aquello de que en el Perú es casi imposible morir de aburrimiento, algunos de nuestros compatriotas, algunos de los vecinos de la comuna limeña han dado inicio a una campaña de movilización ciudadana cuyo único objetivo es lograr la revocatoria del mandato de la actual alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán.

Como todos saben, el lunes 2 de enero del corriente, empezó la venta de los kits electorales, conjunto de documentos y formatos que la autoridad exige para dar inicio al proceso de recolección de firmas que haga posible la revocación de la autoridad edil. Ese mismo día, fueron 7 los grupos que adquirieron los kits (S/. 79,13 soles cada uno). Uno de los adquirientes, y principal promotor de la revocatoria de Villarán, es el abogado y ex empleado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante el periodo de gestión de Luis Castañeda Lossio, Marco Tulio Gutiérrez. Este dato es importante, pues más allá de las razones, atendibles o no, que impulsan a estos ciudadanos a solicitar la revocatoria de la autoridad, es importante, creo yo, conocer la trayectoria, los vínculos políticos y los intereses detrás de las personas que están encabezando esta campaña.

De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, para el caso puntual de la alcaldesa de Lima, se requiere la recolección de 400 mil firmas, todas ellas certificadas por la autoridad competente para poder hacer formal la solicitud de revocatoria. Sólo después de haber cumplido con este requisito, será el Jurado Nacional de Elecciones el órgano encargado de programar oficialmente dicha consulta ciudadana para el día 30 de septiembre. Es decir, en caso los impulsores de esta iniciativa cumplan con los requisitos formales previstos en la ley, los vecinos de Lima volveremos a las urnas en el mes de septiembre para respaldar o no la gestión de la actual alcaldesa.

Sobre el proceso de revocatoria podríamos decir muchas cosas. En principio podríamos abordar el tema desde una perspectiva netamente política, o también, y esa me parece la opción más recomendable, podríamos aprovechar la cobertura que este tema ha generado para informar a la ciudadanía en torno a la naturaleza y alcances de esta figura jurídica y constitucional. Es importante hacer ello pues el ciudadano, al menos eso es lo que se desea en las democracias avanzadas, debe conocer cuál es la importancia y el valor de este tipo de consultas populares al interior de los sistemas constitucionales; y al mismo tiempo, debe de tomar conciencia en torno a los riesgos que el uso irresponsable de este mecanismo puede traer consigo para la gobernabilidad y el orden de la ciudad.

¿Qué es la revocatoria y cuál es su finalidad?

La revocatoria es un mecanismo que posibilita el derecho de participación política de los ciudadanos en la toma de decisiones de poder público. Este mecanismo tiene por finalidad remover o destituir de su cargo a una autoridad elegida antes de la culminación de su periodo de gobierno o mandato. Es un mecanismo de participación política directa expresamente reconocido por nuestra Constitución y por la Ley Nº 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, al igual que otros de similar naturaleza como la remoción de funcionarios, el referéndum normativo, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa o los cabildos abiertos.

¿Cuál es el origen histórico de este mecanismo?

La revocación es una figura jurídica que nace en el derecho anglosajón y cuya regulación ha merecido un importante tratamiento debido a la necesidad de buscar un equilibrio entre el poder de los ciudadanos, el mismo que se expresa a través de su respaldo o rechazo a la labor de la autoridad sometida a este mecanismo, la cual puede ser cesada de su cargo, y el deber del Estado de garantizar el orden y la continuidad en el desempeño del cargo de todas y cada una de las autoridades públicas. Así por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, tenemos que la revocación procede en algunos Estados, y opera frente a algunas autoridades como por ejemplo gobernadores, alcaldes o concejales con ciertas limitaciones previstas expresamente en la ley.

¿Qué otros países en la región han recogido este mecanismo de participación?

En Latinoamérica podemos encontrar dos grandes grupos de países. En el primer grupo aparecen aquellos que no contemplan esta figura como Chile, Uruguay o Costa Rica. Y un segundo grupo, del cual forma parte el Perú, en donde la figura de la revocatoria aparece reconocida pero presenta diversos alcances dependiendo de la opción política de cada Estado. Estamos hablando de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia.

¿Qué autoridades pueden ser revocadas en el Perú?

De acuerdo al orden jurídico vigente, en el Perú únicamente pueden ser revocadas las siguientes autoridades: Presidentes Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores. La revocatoria no opera frente a otro tipo de autoridades elegidas de manera directa como son: el Presidente de la República o los Congresistas.

¿Cuándo se puede solicitar y realizar la consulta revocatoria o referéndum revocatorio?

En el Perú, el pedido y realización de la revocatoria no pueden hacerse efectivos ni en el primer ni en el último año de la gestión de la autoridad cuestionada. Para el caso de la alcaldesa de Lima, ésta únicamente podría ser revocada en el segundo (2012) o tercer año (2013) de su periodo edil.

¿El pedido o solicitud de revocatoria de autoridades requiere ser motivado?

Podríamos decir que no. Es cierto que la solicitud de revocatoria siempre consigna las razones que motivan dicho pedido. Sin embargo, las autoridades competentes no pueden analizar la verosimilitud de lo afirmado o verificar la validez de dichas afirmaciones. En otras palabras, se trata de un mecanismo eminentemente político por medio del cual los ciudadanos, impulsados por razones objetivas o subjetivas, eso no importa, ratifican o no su confianza en la autoridad sometida a evaluación.

¿Cuál es el requisito exigido para revocar a una autoridad o, como se pretende en este caso, a la Alcaldesa de Lima?

En nuestro país el acto revocatorio se consuma si el 50% o un número mayor de electores hábiles del padrón electoral de Lima Metropolitana concurre al acto de sufragio. Y luego, si la mitad más uno de los votos válidamente emitidos respalda la opción revocatoria.

¿Cuándo se llevó a cabo el último proceso revocatorio en el Perú?

En noviembre de 2009, se realizó el último referéndum revocatorio, dando como resultado la revocación de 67 alcaldes y 271 regidores. Fueron 72 distritos los que sometieron a esta consulta a sus autoridades locales.

Habiendo dado algunos alcances en torno a la naturaleza, finalidad y alcances de este mecanismo de participación y de la manera cómo ha sido concebido en nuestro país, pasemos a continuación a hacer algunos apuntes en torno a las motivaciones y a la conveniencia política de llevar adelante este mecanismo para el caso de Susana Villarán.

Los ciudadanos debemos de partir por reconocer que ninguna autoridad logrará colmar absolutamente todas nuestras expectativas en el corto plazo. Los ciudadanos, y qué decir de los vecinos de esta gran urbe, debemos reconocer que llevar adelante una gestión exitosa en nuestro medio es una tarea titánica. La escasez de recursos, la falta de voluntad política de los actores, las miles de demandas sociales no atendidas a lo largo de la historia, la falta de institucionalidad y la ausencia de una cultura cívica y democrática son factores que entorpecen el quehacer diario de cualquier autoridad. En ese sentido, creo importante hacernos un par preguntas: ¿Cuáles son los criterios para catalogar a una gestión de ineficiente? ¿Bajo qué parámetros podemos juzgar la labor o el desempeño de la alcaldesa de Lima?

Según palabras del señor Gutiérrez, refrendadas por voces como las del señor Luis Castañeda Lossio, ex Alcalde de Lima, quien afirmó que él sería el primero en firmar la solicitud de revocatoria, o la del ex candidato a la alcaldía de la ciudad en las últimas elecciones, Alex Kouri, “la gente considera que Susana Villarán ha incumplido su programa de gobierno”, y en tal medida, ante dicho incumplimiento, el proceso de revocatoria resulta justificado”. Si ello fuese cierto, me gustaría hacer una doble pregunta al respecto ¿Cómo se puede incumplir el programa de gobierno previsto para 4 años de gestión cuando sólo ha transcurrido el primer año? ¿No es acaso esta posición algo apresurada e irresponsable? Yo creo que sí.

Debemos de tener en consideración un dato que parece olvidar el grupo de impulsores de la revocatoria de Villarán. Durante su primer año de gestión, la señora Villarán tuvo la mala suerte de cruzarse con la celebración de una elección presidencial que paralizó el país durante los seis primeros meses del año debido al temor que los resultados generaron en los actores políticos y económicos nacionales e internacionales. Este es un dato que no debemos dejar de tomar en consideración al momento de hacer nuestros juicios. A pesar de ello, y las cifras así lo evidencian, la señora Villarán ejecutó el 72,6% del presupuesto total de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porcentaje mayor al 67% que en su momento ejecutara el ex alcalde, Luis Castañeda, hoy promotor de la revocatoria, en el año 2007 (primer año de su segunda gestión como alcalde).

Otra de las críticas que se le hacen a la gestión de Susana Villarán es su falta de capacidad para la construcción de obras de infraestructura. Dicho de otro modo, para algunos, la gestión de un alcalde se mide en función de las toneladas de concreto o cemento que logra inaugurar, pintando de amarillo (recuerden que era el color favorito del ex alcalde) y llenando de placas con inscripciones “Lucho lo hizo” toda la ciudad. Es decir, un alcalde es más eficiente, realiza una mejor gestión, en la medida que construya el mayor número de losas deportivas, escaleras, calles y plazas, independientemente de si estas edificaciones se llevan a cabo en los tiempos previstos o con transparencia en el manejo de los recursos.

Si se trata de hacer ese tipo de juicios, indudablemente Susana Villarán sale muy mal parada. Eso no quiere decir que su gestión sea mala, simplemente que se trata de una política con otro estilo y con otra manera de entender los problemas de la ciudad. Susana Villarán ha decidido asumir el reto de hacer frente a dos problemas vitales para la viabilidad de Lima, dos problemas que durante muchos años, por puro cálculo político, ninguna autoridad edil quiso enfrentar: seguridad ciudadana y reordenamiento vehicular. Basta con recordar la cobardía exhibida por la gestión anterior en el caso de las “revisiones técnicas” para darnos una idea del porqué este asunto merece nuestra mayor atención. Y claro, al enfrentarse a ciertos grupos de interés, no es de extrañar que sean estos mismos, los transportistas, los comerciantes ambulantes del Centro de Lima, de Mesa Redonda, del Mercado Mayorista, los mismos actores que hoy en día piden la cabeza de la alcaldesa.

Pero además, el estilo de Villarán es muy diferente al de su antecesor. Esta es una gestión que apuesta por la transparencia, que siempre está llana a explicar a la ciudadanía cada uno de sus pasos, que no teme dar la cara ante los medios de comunicación, que respeta el derecho que tiene la población a estar informada, que no cae en ese mutismo absurdo al cual nos tuvo acostumbrados Luis Castañeda Lossio a los limeños durante los 8 años de gestión.

Al mismo tiempo, la gestión de Villarán entiende que la relación con la comunidad debe de darse de modo horizontal y participativo. Es posible que la figura que Villarán proyecta no calce con el modelo publicitario, empresarial o de gestión corporativa que tanto parece valorar cierto sector de poder de la ciudad, pero de allí, a tildar a la alcaldesa de ociosa, de asambleísta, de politiquera me parece existe una distancia muy grande. Eso no quiere decir, como afirman algunos analistas que la señora no sea eficiente o práctica, quiere decir que en su escala de prioridades figura el fortalecimiento del lado humano de la gestión, el apoyo y el contacto con los más pobres, la promoción de la participación vecinal, la presencia municipal en la comunidad, mediante la recuperación de espacios públicos o espacios para el esparcimiento de la familia o el encuentro entre los limeños como son los museos y los teatros, y no únicamente el frió y duro cemento. Y no por ello, deja de atender los grandes proyectos que su antecesor le heredó, pues a pesar de las mentiras que día a día se repiten, sólo dos de los proyectos heredados han sido paralizados. Y tantos otros siguen su curso como el caso del proyecto Cerro Verde.

Lima no era un paraíso hace un año, y tampoco se ha convertido en Bagdad, Kabul, Juárez o Caracas durante el año de gestión de Villarán. Es cierto que quizá la gestión de la alcaldesa debería mejorar su perfomance comunicacional y dar a conocer de modo más inteligente sus logros, objetivos o medidas adoptadas, pero no por ello podemos dejar de reconocerle méritos como los antes descritos. No creo, y quiero ser honesto en ello, que existan razones de fondo que justifiquen la revocatoria de Villarán, no creo que la supuesta ineficiencia de Susana sea motivo suficiente para llevar a la ciudad a un periodo de polarización e inestabilidad política de por lo menos un año, no creo que Lima pueda darse el lujo de paralizar su desarrollo por la sola voluntad de algunos que habiendo perdido la oportunidad de conducir la ciudad o el país en las urnas desean patear el tablero, desconocer las reglas democráticas usando la cándida excusa de estar preocupados por el futuro de la ciudad, y de no hacer sino aquello que el ordenamiento permite. ¡Vamos señores! ¿Quién les cree? Yo no. ¿Y ustedes?

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.muladarnews.com columna de opinión sobre temas de actualidad nacional e internacional

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