El Perú y Chile ante la Haya

La etapa oral del contencioso marítimo entre Perú y Chile se iniciará la próxima semana. Luego de la presentación de una serie de documentos por parte de ambos países que sustentan y justifican sus posiciones, ha llegado el momento para que el contenido de los mismos se exponga públicamente en una serie de audiencias programadas del 3 al 14 de diciembre.

En ese sentido, y dada la importancia que el fallo de este tribunal internacional tiene, es preciso que todos los peruanos estemos informados sobre las razones que llevaron a nuestro país a presentar una demanda en contra de Chile en 2008, el pedido que nuestro país le hace a esta corte internacional y los argumentos que sustentan nuestra solicitud. Sobre todo si tenemos en cuenta, que de acuerdo a diversos estudios de opinión realizados, el peruano promedio afirma desconocer totalmente este tema.

Lo primero que debemos señalar es que son casi 38 Km de dominio marítimo los que están en disputa en este juicio, y que la solución de este diferendo estará a cargo de la Corte de Justicia de la Haya, principal órgano judicial de la ONU con sede en Holanda. Se trata de un colegiado compuesto por 15 magistrados de diversas nacionalidades elegidos por un período de 9 años, el mismo que en la actualidad está presidido por el eslovaco Peter Tomka.

¿Qué cosa es lo que está solicitando nuestro país? El Perú ha recurrido a la Haya (ante la negativa chilena de solucionar esta controversia de manera bilateral) básicamente para solicitar dos cosas: 1) Que el tribunal fije el límite marítimo entre ambos países; y 2) Que esta corte reconozca los derechos que nuestro país tiene sobre el llamado “triángulo exterior” (porción de mar de aproximadamente 28 Km), es decir, sobre aquella parte de mar que para nuestro país forma parte de su zona económica exclusiva, pues está dentro de nuestras 200 millas y no se sobrepone sobre las 200 millas de Chile, mientras que para Chile es “altamar”

¿Qué sostiene Chile al respecto? Para Chile, no existe límite marítimo por determinar, pues este ya fue establecido mediante la suscripción de los tratados de 1952 y 1954, respectivamente.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos que rebaten la tesis chilena? La defensa peruana apoya su tesis básicamente sobre la base de dos argumentos: 1) Los acuerdos de 1952 y 1954 no son acuerdos limítrofes sino acuerdos prácticos, ya que el objetivo de los mismos nunca fue fijar una frontera marítima pues estos convenios no fueron otra cosa que acuerdos de pesca destinados a establecer una zona de dominio marítimo para defender nuestras aguas de la depredación y sobre-explotación de las embarcaciones pesqueras extranjeras; y 2) Los tratados de límites marítimos no se presumen, son acuerdos que por su propia naturaleza deben ser expresos e indubitables, pues en ellos ambas partes expresan claramente su voluntad de fijar el límite en un punto u otro. Cabe señalar que esta teoría sobre la “no presunción de los tratados marítimos” ha sido recogida por esta misma corte en el reciente caso Nicaragua - Colombia.

Para mayor información, es importante tomar en consideración algunos otros datos que pueden ayudar a tener mucho más claro el panorama.

En primer lugar, recordar que en 2011 los gobiernos de Perú y Ecuador suscribieron un tratado de límites marítimos para zanjar definitivamente sus fronteras, esto es importante pues el país del norte también fue firmante de los acuerdos de 1952 y 1954. Por tanto, si Ecuador decidió firmar un tratado de límites marítimos con nuestro país, fue porque tácticamente reconoció que los convenios antes señalados “no fijaron límite marítimo alguno”.

En segundo lugar, en los últimos días, sobre todo luego de conocerse el fallo de esta corte para el caso Nicaragua - Colombia, muchos medios de comunicación han señalado que la defensa peruana se ha visto fortalecida porque la corte resolverá con ese mismo criterio favoreciendo la posición nuestra. Sobre este punto es preciso advertir que “todos los casos son diferentes” y que “nada garantiza que la corte nos otorgue la razón”.

Sin embargo, lo importante de esta sentencia es el conjunto de líneas de razonamiento que la corte en ella ha trazado, las mismas que coinciden con los argumentos de la defensa peruana. Veamos:

1) La Corte adoptó la tesis de la solución equitativa (solicitada también por el Perú), 2) La Corte basó su fallo en la Convención del mar (a pesar de que Colombia, al igual que el Perú, no la haya ratificado), 3) La Corte señaló que los tratados de límites marítimos no se presumen; y 4) La Corte afirmó que los actos unilaterales realizados a través del tiempo sobre un territorio generan derechos sobre la parte terrestre del mismo mas no sobre la parte marítima (tesis de la defensa peruana).

Como podemos apreciar, la resolución de este caso (cuya sentencia será emitida en el primer semestre del próximo año) será evaluada a la luz de criterios estrictamente jurídicos, propios del derecho internacional público. Por tanto, cualquier que sea el sentido del fallo, los gobiernos y los ciudadanos de ambos países debemos respetarlo, pues es la única manera de solucionar de manera pacífica y civilizada una controversia de este tipo.

¿Es posible un fujimorismo sin Fujimori?

Yo creo que no. Tal y como están las cosas, la suerte del fujimorismo está echada, pues salvo ocurra algún suceso extraordinario, el destino final de esta agrupación (no es posible llamarla partido) no será otro que el que hace algunas décadas le tocó vivir al odriismo. Eso responde a una razón muy sencilla: los movimientos y agrupaciones políticas ultra-personalistas como el fujimorismo están condenadas a recibir la muerte al lado de la persona a la cual consideran su líder natural.

Dicho sea de paso, debemos tener presente que el líder de esta agrupación, el hoy sentenciado por corrupción y violación contra los derechos humanos, Alberto Fujimori, nunca fue un hombre que apostara por los partidos políticos, más aún, podríamos decir que en las últimas décadas ha sido el político peruano (a pesar de su candidatura al senado japonés) más “antipartido” de todos. Basta recordar la manera como trató de desprestigiar a todas estas agrupaciones frente a la opinión pública (lo cual no fue muy difícil) en su afán por legitimar su golpe de estado del 5 de abril de 1992.

Con esa historia y ese pasado no resulta extraño ver cómo el fujimorismo jamás se ha ocupado por organizar un partido político serio que más allá de la voluntad de su líder y las aspiraciones personales de sus hijos, a los cuales este considera sus herederos naturales, busque consolidarse como una fuerza política nacional con vocación de permanencia. Digo todo ello, pues la única manera de que un movimiento trascienda la historia es formando cuadros y líderes que permitan la renovación de los viejos dirigentes. Esa es una tarea que el fujimorismo no ha hecho ni parece querer hacer.

Si esta afirmación no fuera cierta, cómo se podría explicar uno el hecho de que ante la ausencia del líder (procesado por una pluralidad de delitos cometidos) haya sido su hija, una muchacha inexperta en la arena política, la llamada a encabezar la lista congresal en el año 2006. Para cinco años más tarde convertirse en candidata presidencial, secundada por su hermano menor sobre quien recayó la responsabilidad de jalar la locomotora electoral a nivel parlamentario. Nadie puede negar el enorme respaldo que ambas personas recibieron, pero acá cabe hacernos una pregunta: ¿Habrían obtenido el mismo número de votos si no llevaran el apellido Fujimori? Yo estoy seguro que no.

Pero al mismo tiempo, la vocación “antipartido” del fujimorismo y de los Fujimori se puede apreciar en la ausencia de un programa y una agenda que vaya más allá de la defensa judicial y política del sentenciado Alberto Fujimori. Desde la caída de la dictadura en el año 2001, la única bandera de lucha enarbolada por los fujimoristas fue justificar todos y cada uno de los actos ilegales cometidos por su líder, independientemente de la existencia de pruebas contundentes que acreditaban su responsabilidad penal en la comisión de varios delitos.

Como todos recordamos, durante esos años la agenda del fujimorismo fue mutando de acuerdo a las necesidades particulares de Alberto Fujimori. Primero, pretendieron justificar todos los delitos cometidos por él señalando como único responsable de los mismos a Vladimiro Montesinos. Segundo, pretendieron decir que Alberto Fujimori no era un cobarde al renunciar por fax a la presidencia de la República de nuestro país sino un verdadero héroe que tuvo que salir huyendo pues su vida corría peligro. Tercero, a pesar del ridículo protagonizado, señalaron que el reo decidió postular al senado japonés para desde allí fortalecer la posición peruana en el mundo. Cuarto, una vez capturado en Chile, trataron de evitar por todos los medios posibles su extradición. Quinto, concedida la extradición, buscaron deslegitimar todos y cada uno de los juicios que se llevaron en su contra en nuestro país en los cuales quedó acreditada su responsabilidad criminal. Finalmente, y luego de haber fracasado en todas y cada una de estas empresas, ahora pretenden generar el clima político perfecto para obtener un indulto humanitario que saque de la cárcel a Alberto Fujimori, a pesar de que todos sabemos que el sentenciado no cumple con los requisitos legales para obtener este beneficio.

Como podemos apreciar, el fujimorismo ha sido incapaz (yo creo que no le interesa en realidad) de presentar un programa de gobierno al país que no base su diseño en la búsqueda de la impunidad o el perdón para su líder máximo. Uno recuerda el comportamiento de esta agrupación durante el periodo 2006-2011 y queda claro que su agenda política buscaba únicamente: conseguir la no extradición del líder, evitar sentencias condenatorias en su contra o conseguir condiciones de reclusión favorables para el sentenciado.

Hace algunos días, el politólogo norteamericano Levitsky, afirmó que el fujimorismo que surgió a partir de la caída de la dictadura tenía ideología y mística. Señaló también que esa identidad y mística colectiva que los une se forjó en los años que ellos denominan como “los años de la persecución”, en los cuales hicieron de todo para salvar el nombre y honor del patriarca de los Fujimori. Nos llevaría horas de discusión definir si la ideología y la mística de un partido pueden reducirse a la defensa judicial de una persona. Lo que a muchos nos queda claro es que si esto es cierto, entonces: ¿Qué ocurrirá cuando el fujimorismo ya no tenga a quién defender? ¿Qué ocurrirá con Keiko o Kenyi cuando su padre ya no esté entre nosotros y no tengan ese caballito de batalla que les garantiza presencia mediática?

Muchos, entre los que me incluyo, creemos que cuando llegue ese día, el fujimorismo apelará al recuerdo del líder desaparecido, buscarán reivindicarlo históricamente en las urnas, pero siempre con un Fujimori como candidato presidencial, y con los mismos rostros que todos conocemos, pues el fujimorismo es una agrupación en donde la palabra meritocracia nunca nació y en donde las decisiones se toman y se seguirán tomando en función de los intereses del clan familiar.

El papá de los "Diarios Chicha"

El resultado era previsible, el pronóstico se cumplió, hace unos días, la Corte Suprema de Chile decidió aprobar la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori, sentenciado por delitos de violación a los derechos humanos y diversos actos de corrupción en nuestro país. Esta vez la justicia chilena encontró razones más que suficientes para determinar que de las pruebas aportadas por el Estado peruano, existen indicios razonables que acreditan la responsabilidad penal de Fujimori en el caso de los “Diarios Chicha”.

En los considerandos de la resolución se estableció que Alberto Fujimori dispuso el manejo de los medios de prensa escrita, con el ánimo de favorecer su reelección para el periodo 2000-2005. Y que para llevar a cabo este operativo, ordenó a los ex Comandantes de las Fuerzas Armadas y a su ex asesor, Vladimiro Montesinos, desviar fondos públicos de los institutos de la Fuerza Aérea y Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo la modalidad de gastos reservados, colocando en manos de su asesor miles de soles que nos pertenecían a todos los peruanos.

En el informe fiscal se concluye que fue su condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, las que le permitieron a Alberto Fujimori, intervenir directamente en diversos órganos y ordenar a una pluralidad de autoridades y funcionarios la comisión de diversos actos ilegales relacionados todos ellos con el financiamiento de su campaña electoral, hechos que sin lugar a dudas ponen en evidencia su responsabilidad directa, al haber manipulado la administración del dinero de todos nosotros para usarlo en su beneficio personal.

Como se recuerda, Alberto Fujimori intentó por todos los medios alcanzar su segunda reelección. Uno de ellos fue la elaboración de psicosociales para ser difundidos por los medios de comunicación con el objetivo de manipular a la opinión pública para apuntalar su candidatura y su condición de líder irreemplazable. Alberto Fujimori, ayudado por Vladimiro Montesinos, no solo compró con dinero público la línea editorial de los principales medios de comunicación televisivos, sino que engendró a un grupo de “Diarios Chicha” (la denominada prensa basura) que tuvo por misión minar la imagen de los candidatos opositores recurriendo a prácticas viles como la difamación, injuria y calumnia.

Pero más allá del daño que a toda democracia le hace el uso indebido de fondos públicos para fines subalternos, práctica que no es otra cosa que la muestra más evidente de los niveles de corrupción registrados durante sus diez años de Gobierno, el caso de los “Diarios Chicha” es paradigmático pues inauguró en nuestro país un capítulo de nuestra historia en donde el oprobio y la agresión verbal, el insulto y calumnia impresos en tinta llenaban los titulares de diarios de cincuenta céntimos, enrareciendo el clima electoral y envileciendo la política en un país en donde el señor Alberto Fujimori buscó derogar la honra de todo aquel que se oponía a su voluntad y se negaba a ser parte de la mafia que él dirigía.

En la resolución de la justicia chilena, no sólo se establece la presunta responsabilidad penal de Alberto Fujimori, sino que por vez primera se lanza una cifra (conservadora) del monto total del dinero que Alberto Fujimori se apropió y derrochó repartiéndolo entre las salas de redacción de estas cloacas periodísticas. La cifra de este dinero mal habido es de 122 millones de nuevos soles. Ese es el dinero que Alberto Fujimori puso en las manos y bolsillos de Vladimiro Montesinos para acabar con la imagen de los políticos no alineados.

Este será un nuevo juicio que Alberto Fujimori deberá afrontar, será una nueva oportunidad para que todos los peruanos sepamos a ciencia cierta el nivel de podredumbre moral y ética al que este señor nos condenó durante casi una década. No obstante ello, parece que la estrategia de la familia Fujimori será otra, o en todo caso, será la misma que han utilizado en otros procesos en donde para evitar que el Perú entero recuerde la manera sistemática como él y sus solícitos colaboradores delinquían, decidieron que Alberto Fujimori se acogiese a la conclusión anticipada.

Más allá de ello, de la posible estrategia judicial que la defensa de Alberto Fujimori ensaye, es importante que los peruanos no perdamos la memoria, que recordemos los errores cometidos en el pasado, que miremos con objetividad y sin apasionamientos los años de la década de la ignominia para proponernos no volver a pisar el palito, caer en la trampa de aquellos que hoy en día tratan de ocultar esta información, tal y como ha ocurrido en este caso, basta con mirar el tratamiento que algunos medios de comunicación le han dado a esta noticia, para darnos cuenta que la mafia sigue operando y que la campaña de victimización pro indulto continuará durante mucho más tiempo.

Barack Obama y las minorías sexuales en USA

Hace un par de días en los Estados Unidos se celebraron las elecciones presidenciales. El presidente Barack Obama logró la reelección imponiéndose al candidato republicano Mitt Romney. Pero más allá de la pugna histórica entre demócratas y republicanos por llegar a la Casa Blanca, en esta elección también se le consultó a la población sobre la legalización del matrimonio entre homosexuales en Estados como Mayne, Maryland y Washington. En los tres estados el resultado fue favorable para las minorías sexuales, la población mayoritaria respaldó el derecho de las parejas de un mismo sexo a contraer nupcias y con ello abrió un nuevo capítulo en la historia de este país.

Los resultados han sido bastante ajustados, la victoria se dio por muy escaso margen en todos ellos, pero se trata de una conquista que marca un hito en un país que desde la década de los noventa se había pronunciado en contra de varias propuestas sobre esta materia. Estas uniones homosexuales ya habían sido aprobadas en seis Estados pero por otras vías diferentes a la consulta popular. He allí la connotación histórica de lo ocurrido, pues en esta elección fueron los ciudadanos los que mediante el voto directo decidieron respaldar la iniciativa, a diferencia de lo ocurrido en los otros en donde la misma fue aprobada por legisladores o tribunales.

En palabras de la presidente de la Campaña por los Derechos Humanos, Chadd Griffin,  “esta votación muestra un cambio en el pensamiento estadounidense respecto a los homosexuales, un cambio que debe permanecer”. El año 2012, afirma esta activista, será siempre recordado como el tiempo en el que de verdad Estados Unidos comenzó un movimiento real por los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Pero quizá este giro ideológico en torno a tan polémico tema no hubiese sido posible sin el apoyo público que la comunidad homosexual recibió de parte del presidente reelecto Barack Obama. El presidente con absoluta convicción y firmeza señaló que los tiempos de cambio habían llegado a Norteamérica y que había llegado la hora de darles la oportunidad a todos los ciudadanos a ser felices de la manera como ellos elijan. Este pronunciamiento público a favor de esta causa lo hizo en el mes de mayo, y hace dos días, en la noche en la que era declarado vencedor en las elecciones presidenciales, durante su discurso, volvió a referirse a las minorías cuando dijo: “Cualquiera, sea blanco o negro, gay o heterosexual, latino o asiático, discapacitado o no, es parte fundamental de este país”.

Pero las sorpresas en estas elecciones no acaban allí, pues en Wisconsin, los ciudadanos de este estado eligieron a la demócrata Tammy Baldwin para que los represente en el Senado. Este suceso no tendría nada de novedoso en la larga trayectoria política de esta mujer de 50 años, si no fuese por el hecho de que Baldwin se convertirá en la primera senadora norteamericana en haber reconocido públicamente su homosexualidad. La llegada de una mujer homosexual al Senado es una muestra evidente de este tiempo de cambio que está experimentando la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que el Senado siempre se ha caracterizado por su posición más conservadora y tradicional frente al avance de la corriente liberal de la Cámara Baja.

Es importante mencionar sobre este punto, que los ciudadanos, al momento de elegir, evaluaron el desempeño y talento de la misma (diferenciando lo íntimo de lo político) exhibido durante sus años como miembro de la Cámara de Representantes desde 1999, años durante los cuales caracterizó su gestión por sus esfuerzos vinculados en sacar adelante temas como la cobertura de sanidad pública y la lucha contra el racismo y la discriminación.

Estados Unidos vuelve a dar lecciones de apertura y tolerancia al mundo. Los ciudadanos de estos tres estados elevaron a nueve el número de lugares donde el matrimonio homosexual es legal, entre los que destacan: Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Nueva York y ahora Mayne, Maryland y Washington, respectivamente. Y al mismo tiempo, eligen por primera vez como representante al Senado a una persona que declaró su homosexualidad a pesar de lo que muchos analistas le habían recomendado.

El mundo está cambiando, qué duda cabe. Las últimas décadas han significado una etapa de permanente apertura civil y política. Las minorías en todo el mundo han ido adquiriendo paulatinamente mayor reconocimiento y respeto por el ejercicio de sus derechos y libertades. Esta elección, como lo señaláramos en líneas anteriores, es un punto de quiebre en la historia política de los Estados Unidos, pues evidencia la llegada de tiempos en los cuales la tolerancia, el pluralismo y el respeto por la libertad y autonomía de las personas se comienzan a imponer sobre los prejuicios y la hipocresía de un sector ultramontano que sigue dividiendo y juzgando a los hombres y mujeres por su opción sexual y no por su valor personal.

Quizá, haya llegado también la hora de que en América Latina, y sobre todo en el Perú, iniciemos un proceso de debate serio y respetuoso sobre la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual y el aborto, sin caer en fanatismos religiosos o fundamentalismos morales que dividan al país instalando la discordia y el ataque entre liberales y conservadores.

¿Quién defiende a los policías en el Perú?

Las cartas están jugadas y la pita se volverá a romper por el lado más débil. Las palabras del ministro del Interior y del actual director de la PNP, Raúl Salazar, han sido contundentes: acá el único responsable del desastroso operativo del día jueves 25 de octubre en el ex Mercado Mayorista de Lima (La Parada) será el coronel Hernán Valdivieso Carpio. Una vez más la cobardía se apoderó de quienes en teoría deberían poner el pecho en defensa del personal policial que recibe órdenes del comando y sale a las calles a protegernos de delincuentes y matones.

Pero lo más indignante de todo esto (porque algunos todavía no perdemos esa capacidad), además de la muerte de personas ese día, las pérdidas económicas de los comerciantes de Gamarra o la manera cómo nuestros policías fueron enviados al sacrificio para ser humillados por una turba de criminales a los cuales “no se sabe quién” les pagó 100 soles por agarrar a palos y piedras a la autoridad, ha sido, y ese es el sentir general, la forma cómo las autoridades de nuestro país se encubren entre ellas para terminar diciendo que en realidad ese día ni el ministro del sector, ni mucho menos el director de la PNP, tenían conocimiento del operativo que estaba llevándose a cabo; y que por tanto, no existen razones para relevarlos de sus respectivos cargos.

En el colmo de la desvergüenza y falta de criterio, el señor director de la PNP pretende tomarnos el pelo a todos los peruanos al afirmar que él nunca estuvo informado del operativo pues estaba de viaje en Paramonga. No es necesario ser un especialista en temas policiales para saber que en una institución jerárquicamente organizada como la PNP un operativo de esta envergadura debe contar con el amén del comando. En las instituciones castrenses las cosas funcionan así, las órdenes se acatan y la obediencia al superior es regla santa, nos guste o no. Si lo que dice el director de la PNP es cierto, pues entonces todos los peruanos crucemos los dedos y elevemos una oración, pues eso quiere decir que el jefe de la PNP no es otra cosa que un maniquí o un cuadro colgado en la pared.

Si esto es así, no debe sorprender que la autoridad política del sector, llámese el ministro, haya repetido ese mismo discurso ante la representación nacional sin que se le haya movido un pelo o sonrojado las mejillas. No se supone acaso que un ministro diligente y con alguito de pericia en estos menesteres debería estar al tanto de estos asuntos, sobre todo cuando el operativo se llevaría a cabo en la capital de la República. Esto es sumamente grave, lo que pasó el día jueves no fue un operativo mal diseñado en el VRAEM, sierra central, o algún lugar en el interior del país. El día jueves los ampones organizados pusieron de vuelta y media a una de las zonas con mayor movimiento económico y comercial del país; y los ciudadanos fuimos testigos por televisión de cómo las fuerzas del orden eran maniatadas de la manera más salvaje.

Ahora, ese mismo director de la PNP nos anuncia que siete miembros de su institución han sido relevados de sus cargos por lo sucedido el día jueves en La Parada. Y en el colmo de la desfachatez señala que “tomó esa medida a partir de lo que pudo ver por televisión ese día”. ¿Acaso no era pertinente iniciar una investigación interna profunda para determinar responsabilidades funcionales y administrativas? Al parecer, para el jefe de la PNP, las imágenes televisivas demuestran la responsabilidad de siete generales de su institución. Esa actitud es francamente absurda, y sólo se puede explicar a partir de la necesidad de este señor de culpar y acabar con la carrera policial de todos menos la suya.

El ministro del Interior ha dicho que él asume la responsabilidad política de lo sucedido. Bueno, si ello es así, cómo se traduce esa asunción de responsabilidad en la práctica. Pues en estos casos, cuando un ministro dice ello es porque presentará su carta de renuncia al cargo (no lo creo) o porque removerá del suyo al director de la PNP (tampoco lo creo). 

Ninguno de esos dos escenarios se dará, y ello es así por dos razones fundamentales. Primero, porque todo el mundo sabe (el ministro sobre todo) que Raúl Salazar es el protegido de Ollanta Humala y Nadine Heredia (recordemos el incidente en “Las Brujas de Cachiche”). Segundo, porque para ser ministro del Interior se necesitan dos cosas que los ministros de nuestro Presidente no tienen: conocimiento y compromiso con la institución a la cual representan. Así de cruel y dura es la situación de nuestra PNP.