sábado, 11 de junio de 2016

VERÓNIKA MENDOZA

Luego de la primera vuelta, algunos analistas, sobre todo los de derecha, decían que PPK no debía acercarse a Verónika Mendoza, que PPK no debía dialogar con la izquierda. Ellos sostenían que los votos de la izquierda harían que PPK pierda fuerza en el centro, incluso, llegaron a decir que Verónika Mendoza le daría el abrazo del oso ya que su presencia terminaría por espantar a sus electores de la primera vuelta. Hoy sabemos que esos analistas estaban absolutamente equivocados.  
Como se recuerda, hasta antes del segundo debate presidencial, las encuestadoras le daban a Fujimori entre 5 y 6 puntos de ventaja sobre PPK. Bajo ese escenario, qué cómodo hubiera sido para Verónika Mendoza mantener la “neutralidad” y anunciar que no apoyaría a ningún candidato. Qué cómodo hubiera sido para ella actuar como Alfredo Barnechea, el candidato presidencial de Acción Popular que jamás entendió que en esta segunda vuelta el Perú se jugaba su democracia. Sí Alfredo, aunque no lo creas, los demócratas esperábamos más de ti.
Cuando Verónika Mendoza y la izquierda entendieron que PPK, por sí mismo, no podía vencer a Fujimori, decidieron salir a las calles, movilizar a la gente, y apoyar públicamente a PPK. Como ya lo dije, sólo Alfredo Barnechea, y bueno, Gregorio Santos, decidieron ponerse de perfil, mirar al cielo, y silbar esperando el fatal desenlace. Pero Verónika Mendoza no hizo eso, y su movimiento, el Frente Amplio, tampoco. Si PPK logró imponerse en el sur es porque a pesar de sus errores, Verónika Mendoza decidió darle su respaldo. En ese sentido, podemos afirmar que PPK también le debe la presidencia a Verónika Mendoza y a todos los sectores progresistas que decidieron apoyarlo. Ello, como veremos a continuación, tiene un doble mérito.
A pesar de haber recibido terribles calificativos por parte de PPK en la primera vuelta, Verónika Mendoza, como ella misma lo señaló, entendió que en la segunda vuelta lo importante no eran los agravios personales recibidos por PPK. Ella comprendió que primero estaba el Perú, y que las disputas personales debían posponerse hasta pasada la segunda vuelta. Entendamos entonces que ella no apoyó a PPK, sino que apostó por la democracia. Decidió jugársela cuando muchos habían perdido la esperanza. Ese fue su primer mérito.
Verónika Mendoza demostró que la izquierda, con todos sus errores y equivocaciones, es capaz de poner al Perú por encima de su agenda particular. El pueblo los eligió para ser oposición, pero antes de ser oposición, el pueblo los eligió para defender la democracia. Y no sólo fue Verónika Mendoza, sino también sus más importantes voceros los que apoyaron a PPK. Es decir, logró hacerle comprender a los suyos que la democracia en el Perú debía defenderse, y que la única manera de hacerlo era votar por PPK. Ese fue su segundo mérito.
Algunos han señalado que Verónika Mendoza decidió apoyar a PPK a cambio de algún ministerio. Incluso publican en las redes sociales que Verónika Mendoza le estaría exigiendo a PPK formar un gabinete de centro-izquierda. Nada más alejado de la realidad. Ella no quiere ni debe ser parte de este Gobierno. Si ella quiere ser una candidata fuerte el 2021 entonces lo que debe hacer es alejarse lo más posible del Gobierno. Ella lo sabe, y estoy seguro que así lo hará.
Verónika Mendoza ha demostrado liderazgo. Eso es innegable. Pero ahora tiene un reto mucho más grande pues debe lograr que su bancada se comporte como una posición leal y democrática. Y al mismo tiempo, debe recorrer todo el país con el objetivo de formar y consolidar un verdadero frente de centro izquierda capaz de imponerse en las urnas el 2021. Para ello, debe alejarse de aquellas personas que generan temor e inquietud en la gente. Verónika Mendoza tiene que entender que para ganar la presidencia del Perú no sólo necesita los votos de la izquierda sino también el apoyo del centro. Y para ello, debe rodearse de gente que tenga una trayectoria democrática inmaculada y un prestigio profesional irrebatible capaz de generar confianza en la gran mayoría de los electores.
Creo que Verónika Mendoza, junto a otros y otras dirigentes de izquierda, tiene la gran oportunidad de modernizar a la izquierda peruana. Si se lo propone, puede ser la gran lideresa de un movimiento como el Frente Amplio en Uruguay o la Concertación en Chile. La izquierda sabe que es una figura nacional y que sus posibilidades de alcanzar el poder dependen de lo que ella haga. Ellos saben que un importante sector del electorado en el Perú reclama y exige una propuesta de centro izquierda. Esperemos que la construcción de ese gran movimiento popular comience en 2016. El Perú se lo agradecerá, ya que nuestro país, como cualquier otra democracia joven, necesita de una izquierda fuerte, democrática y moderna. El Perú requiere de una izquierda que sea capaz de decirle no a los radicalismos y no a la violencia. Dependerá de ella demostrarnos si es capaz o no de asumir ese reto.
Finalmente, y antes de dar por cerrada la página de la segunda vuelta. Me parece oportuno plantear las siguientes preguntas: ¿Qué hubiera pasado si era Verónika Mendoza, y no PPK, la que pasara a la segunda vuelta? ¿Habría PPK apoyado a Verónika Mendoza? ¿Los ppkausas que le exigían a la izquierda apoyar a PPK habrían hecho lo propio con Verónika Mendoza? Con absoluta sinceridad, yo creo que no. Verónika Mendoza también sabe eso. Por eso lo hecho por ella en esta segunda vuelta es tremendamente meritorio. Porque aun sabiendo que el favor no hubiera sido correspondido, igualmente decidió jugársela por nuestra democracia cerrándole el paso al autoritarismo populista.

KEIKO FUJIMORI Y VENEZUELA

El 31MAY2016 el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha propuesto que se aplique la Carta Democrática sobre Venezuela. Para Almagro, como para nosotros, Venezuela atraviesa una severa alteración del orden constitucional que afecta gravemente su sistema democrático. Así, el Gobierno de Maduro (como antes el de Chávez) ataca permanentemente a la oposición, violando los mecanismos democráticos que la propia Constitución chavista reconoció, como el Proceso de Revocatoria Presidencial que ahora busca ser implementado por la oposición pero que el Gobierno insiste en desconocer.  
Al respecto, el 01JUN2016 la candidata Fujimori, consultada por los periodistas sobre el caso Venezuela, anunció su respaldo a la propuesta de aplicar la Carta Democrática y suspender a este país de la OEA. Asimismo, señaló que haría votos para que en Venezuela se recuperen las libertades ciudadanas, y dijo que Fuerza Popular, su partido político, había respaldado siempre a la oposición venezolana.
Frente a ello, nos parece oportuno recordar algunos momentos del Gobierno fujimorista (1990-2000) a efectos de analizar si las recientes declaraciones de Fujimori sobre el Caso Venezuela merecen o no ser tomadas en cuenta. En otras palabras, traeremos a nuestra memoria algunos de los pasajes más nefastos de ese Gobierno, para evaluar si el Perú, bajo la conducción de los Fujimori, hubiera merecido también la aplicación de la Carta Democrática y, por consiguiente, la suspensión de la OEA.
La candidata Fujimori olvida que el 05 de abril de 1992 el Gobierno fujimorista disolvió el Congreso de la República (el autogolpe de Estado) e intervino organismos constitucionales como el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, para luego, ponerlos a su servicio violando el principio de separación de poderes.
La candidata Fujimori olvida que la Constitución de 1993 fue aprobada en el marco de un proceso electoral plagado de vicios e irregularidades. Es más, olvida que en varios departamentos se detectaron serios indicios de fraude (el famoso Huanucazo). Así lo documentaron estudiosos de renombre como Carlos Iván Degregori, Víctor García Toma y muchos otros.
La candidata Fujimori olvida que en la campaña presidencial de 1995, su padre, quien postulaba a su segunda reelección, despilfarró dinero público para financiar su campaña electoral, recurriendo al más grosero populismo. Lo mismo hizo en su tercera reelección en el año 2000.
La candidata Fujimori olvida que durante el Gobierno fujimorista sus congresistas obstaculizaron cualquier investigación sobre denuncias tan graves como las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y El Santa, los escándalos de corrupción en los que se veían envueltos Vladimiro Montesinos y altos funcionarios de su Gobierno, o las denuncias acerca de la relación existente entre el asesor presidencial, la cúpula militar y el narcotráfico.
La candidata Fujimori olvida cómo en 1996 el Congreso, dominado por mayoría fujimorista, aprobó la Ley de Interpretación Auténtica, la misma que violando la Constitución dejaba el camino libre para la tercera reelección presidencial de su padre.
La Candidata Fujimori olvida cómo en 1997 el Congreso, dominado por mayoría fujimorista, destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la Ley de Interpretación Auténtica declarándola inaplicable por violar flagrantemente la Constitución aprobada por el propio fujimorismo.
La candidata Fujimori olvida cómo en 1997 el Congreso, dominado por mayoría fujimorista, aprobó la Ley de Amnistía, para favorecer a los asesinos del Grupo Colina, quienes luego fueron excarcelados, cubriendo con un manto de impunidad a este grupo de criminales que mancharon sus uniformes de sangre perpetrando crímenes atroces como la ejecución extrajudicial, la tortura y la desaparición forzada.
La candidata Fujimori olvida cómo en 1997 el Gobierno fujimorista le revocó la nacionalidad al empresario Baruch Ivcher, para luego, retirarlo del Directorio de Frecuencia Latina (Canal 2), colocando a ese medio de comunicación bajo la dirección de los hermanos Winter, los mismos que años más tarde aparecerían en los famosos vladivideos recibiendo fajos de dinero de manos de Vladimiro Montesinos.
La candidata Fujimori olvida cómo el Gobierno fujimorista creó una red de interceptación telefónica (chuponeo) para conocer las comunicaciones de los líderes de la oposición, y luego, perseguir a quienes se atrevían a criticar o denunciar los abusos cometidos por el fujimorismo.
La candidata Fujimori olvida cómo el Gobierno fujimorista malversó dinero público no sólo para comprar la línea editorial de los principales medios de comunicación (Canal 4 y Canal 5, por ejemplo), financiar a los diarios chicha (pasquines amarillistas cuyo objetivo era acabar con los líderes de la oposición), sino también para comprar la conciencia de los congresistas tránsfugas.
La candidata Fujimori olvida cómo el Gobierno fujimorista, luego de conocidas las serias denuncias en contra de Vladimiro Montesinos, decidió pagarle a este criminal la suma de 15 millones de dólares por concepto de CTS, a pesar de que durante todo el Gobierno los fujimoristas se esforzaron en decir que el asesor presidencial no era funcionario público y trabajaba ad honoren.
En suma, la candidata Fujimori olvida que el Gobierno fujimorista, del cual ella formó parte como Primera Dama, también fue acusado de violar el orden constitucional y atentar contra el sistema democrático, tanto a nivel nacional como internacional. Olvida que Mario Vargas Llosa, y otros intelectuales, le solicitaron a la comunidad internacional que sancionara a la dictadura fujimorista para que restableciera el Estado de Derecho en el Perú. Frente a ello, qué hizo el Gobierno fujimorista: tildó de traidores a la patria a quienes denunciaron sus atropellos y crímenes.
Entonces, a la luz de lo antes expuesto, resulta ridículo y cínico que la olvidadiza candidata Fujimori pretenda convertirse ahora en la defensora de la democracia venezolana y en la fiel guardián de la Carta Democrática de la OEA, cuando su Gobierno, su partido político y su padre, se encargaron de socavar el orden constitucional, destruir el sistema democrático y violar los derechos humanos en el Perú.

EL FUJIMORISMO NO VENCIÓ AL TERRORISMO

¡Nosotros vencimos al terrorismo! Es la frase que la candidata Fujimori repite de manera sistemática en todos y cada uno de los mítines a los que asiste, en todas y cada una de las declaraciones que brinda ante cámaras, en todos y cada uno de los foros a los que ella es invitada. ¿Por qué lo hace? Muy simple, ella cree que reforzando este discurso e instalando esta idea en el imaginario de la gente logrará posicionarse como la mejor opción para acabar con la inseguridad ciudadana. Fujimori dice lo siguiente: ¡Tuvimos mano dura para acabar con el terrorismo! ¡Tendremos mano dura para acabar con la delincuencia!  
El problema con esta frase (efectista, por supuesto) es que Fujimori cree que para solucionar los problemas del país lo más importante es tener mano dura (grita y gesticula cuando lo dice). Lo que no sabe Fujimori es que la mano dura no sirve si no va acompañada de una estrategia que de manera inteligente articule los esfuerzos de todas las instituciones del Estado (el fujimorismo nunca ha creído en las instituciones) para combatir la delincuencia pero “respetando las reglas de la Democracia y el Estado de Derecho” (palabras desconocidas para el fujimorismo).
Sin embargo, y como es costumbre en Fujimori, durante largos años tanto ella como su movimiento político se han encargado de construir un mito a partir de una cadena de mentiras o medias verdades: el fujimorismo acabó con el terrorismo. Y al parecer, según lo demuestran algunos estudios de opinión, ese mito, escrito sobre la base del engaño y el embuste, se ha convertido en una verdad, al menos para un importante sector de la población, que parece desconocer la historia reciente de nuestro país, y cerrar los ojos ante las monumentales pruebas que demuestran lo contrario.
En todo caso, lo que más debería preocuparnos, no sólo a quienes ahora compiten contra el fujimorismo en la segunda vuelta presidencial, sino a todos los peruanos que no hemos perdido la memoria, es que el fujimorismo, una vez más, usando las mismas prácticas fujimontesinistas (miente, miente que algo queda), logre capturar la adhesión de la juventud desinformada, que poco a nada hace por verificar la verosimilitud de las afirmaciones de Fujimori. A ellos, a los más jóvenes debemos decirles con firmeza lo siguiente: el fujimorismo no venció al terrorismo, el fujimorismo nunca implementó una estrategia antisubversiva para vencer al terrorismo, el fujimorismo (de la mano de Vladimiro Montesinos) no puede hacer suya una victoria que no le pertenece. Aquí lo explicamos.
Como bien lo recuerda Herbert Morote en su libro titulado “Todos contra la verdad”, a quien espero el fujimorismo no acuse de pro terrorista (palabra favorita en Fuerza Popular), no fue la acción desmedida e indiscriminada de las Fuerzas Armadas como se acabó con Sendero Luminoso, al contrario, los crímenes, violaciones y torturas cometidos por el Grupo Colina (criminales a los que el fujimorismo amnistió, no lo olvidemos) hicieron que la población civil los rechazara tanto como a Sendero.
A contracorriente, fue un grupo de policías (Grupo de Inteligencia – GEIN), creado el 5 de marzo de 1990, durante el primer Gobierno del ex presidente Alan García Pérez (el GEIN no fue creado por el fujimorismo, recuérdenlo), el que realizó trabajos de inteligencia en Lima y, luego del análisis de las pruebas y documentos incautados, permitió la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992 (sin disparar ni un solo tiro, no lo olvidemos). Se trató entonces de una operación estrictamente policial de la que no tenían conocimiento ni Alberto Fujimori ni Vladimiro Montesinos.
Al respecto, el ex director de la DIRCOTE, Antonio Ketín Vidal, señaló en 2012 que ni Alberto Fujimori ni su otrora mano derecha, Vladimiro Montesinos, sabían el día y la hora en que se iba a capturar al terrorista Abimael Guzmán. “Fue un secreto por necesidad”, afirmó. ¿Cuál era esa necesidad? Vladimiro Montesinos quería involucrar a las Fuerzas Armadas en el operativo, para luego, salir a los medios a declarar que el triunfo era del nuevo Gobierno, y que la captura de Abimael Guzmán era el resultado de la estrategia antisubversiva implementada por Alberto Fujimori. Nada de eso fue verdad, pero Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos jamás le perdonarían a Ketín Vidal esta decisión.
Luego de la captura de Abimael Guzmán, y a pesar de que todavía quedaban algunos remanentes de Sendero Luminoso y el MRTA sueltos, los celos de Alberto Fujimori y el temor a que la DINCOTE tuviera vida propia fuera del control de Vladimiro Montesinos, hicieron que el Gobierno fujimorista acabara con la DINCOTE. En otras palabras, lejos de aprovechar las capacidades y la experiencia acumulada por la DINCOTE en su lucha contra la subversión, Alberto Fujimori desactivó esta unidad especial de inteligencia. ¿Por qué? La razón parecer ser obvia: ni Ketín Vidal, ni sus policías querían someterse a las órdenes de Vladimiro Montesinos (ex capitán del ejército separado de la institución por traición a la patria, no lo olvidemos). El asesor presidencial no quería ninguna competencia.
Fue así como, según lo cuenta la CVR, en enero de 1993, Ketín Vidal, director de la DINCOTE al momento de la captura de Abimael Guzmán fue cambiado a la Inspectoría General. Poco después de la salida de Vidal, el Gobierno desarticuló varios de los grupos especiales de la DINCOTE, destacando a sus miembros a otras unidades. En especial desaparece el GEIN, que en el momento de la captura de Abimael Guzmán contaba con 80 efectivos. Algunos de los primeros en ser cambiados fueron el jefe del GEIN, Marco Miyashiro, y el jefe de operaciones, Benedicto Jiménez.
¿Qué hubiese pasado si Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no hubiesen desactivado a la DINCOTE? ¿Hubiese la DINCOTE acabado definitivamente con el terrorismo en el Perú? Probablemente sí. Lo que no debemos olvidar es que el fujimorismo no venció al terrorismo, que el fujimorismo nada tuvo que ver con la estrategia que dio como resultado la captura de Abimael Guzmán, que el fujimorismo de los noventa no diseñó la política antisubversiva, que basada en el trabajo de inteligencia, logró la captura de la cúpula de Sendero Luminoso. Afirmar ello es una mentira flagrante de la que no podemos ser cómplices. Esa es la mentira más grande del fujimorismo.

KEIKO FUJIMORI Y CUARTO PODER

El programa dominical Cuarto Poder (edición 15MAY2016) emitió un reportaje en el cual dio a conocer que la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) está llevando a cabo una investigación sobre una grabación encubierta en la que el señor Joaquín Ramírez, Secretario General de Fuerza Popular, presuntamente afirma haber lavado 15 millones de dólares de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Como era de suponerse, el destape periodístico ha caído como una bomba en la agrupación fujimorista. Es más, la propia Fujimori se comunicó telefónicamente con el programa televisivo para negar cualquier tipo de participación en los actos delictivos que habría cometido su Secretario General. 
Sin embargo, en lugar de aprovechar la oportunidad para sentar posición institucional frente al destape, que sin lugar a dudas la coloca en una situación muy difícil a 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, Fujimori responsabilizó a PPK, el otro candidato presidencial, e inclusive, al Colectivo No a Keiko, de orquestar una guerra sucia en su contra, para luego, cortar abruptamente la conversación telefónica con los periodistas de Cuarto Poder. En otras palabras, Fujimori se ofuscó, perdió los papeles y les colgó el teléfono.
La reacción de Fujimori, que en el caso de cualquier mortal sería perfectamente entendible, no lo es cuando se trata de una persona que aspira a ocupar el cargo más importante de nuestro país. Ello es así, ya que los ciudadanos consideran que los hombres y mujeres de Estado, a pesar de las adversidades y críticas que puedan recibir en su contra, deben siempre mantener la calma. ¿Cómo reaccionará ante las críticas Fujimori si eventualmente se convierte en presidenta del Perú? Peor aún, una actitud como la de Fujimori genera más dudas sobre la trayectoria del señor Joaquín Ramírez, ya que en lugar de respaldar la investigación de un delito tan grave como el lavado de activos, la candidata de Fuerza Popular no hizo hecho otra cosa que tratar de desprestigiar al mensajero.
Ahora bien, resulta extraño que Fujimori responsabilice a PPK, y a los medios de comunicación por haber propalado este reportaje. En otras palabras, actúa como si las dudas sobre la conducta y actividades del señor Joaquín Ramírez hubiesen aparecido recién con el reportaje de Cuarto Poder. Al parecer, Fujimori olvida que en 2015 la fiscal provincial Rosana Villar Ramírez ya había iniciado el trámite de levantamiento de la inmunidad parlamentaria al congresista Joaquín Ramírez, justamente por el delito de lavado de activos.
Es más, según lo ha explicado la propia magistrada, el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria obedece a que se habrían encontrado una serie de indicios razonables sobre la responsabilidad penal del señor Joaquín Ramírez por lavado de activos, y por ende, para poder investigarlo, era necesario que el Congreso de la República autorice el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Sobre esto último, formulo la siguiente pregunta: ¿Teniendo en cuenta los antecedentes del fujimorismo, podemos confiar en que sus 72 congresistas electos para el periodo 2016-2021 levantarán la inmunidad parlamentaria de uno de ellos cuando el Ministerio Público así lo requiera? Yo tengo muchas dudas al respecto.
Asimismo, es oportuno recordar que la investigación fiscal fue abierta tras la denuncia interpuesta por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos contra el señor Joaquín Ramírez, el 9 de setiembre de 2014. Al respecto, es importante precisar que la referida Procuraduría lo acusó de poseer “conjuntamente con su esposa, Rosa Castañeda, un inmenso patrimonio inmobiliario al que se suman millonarias inversiones y acciones, en personas jurídicas, que no guardan relación con sus ingresos iniciales, como cobrador de transporte público-combi”.
Ahora bien, resulta claro que en una democracia el respeto por el principio de presunción de inocencia es uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho. En ese sentido, mal haríamos en sentenciar mediáticamente al señor Joaquín Ramírez sin haberle dado la oportunidad, en el ámbito correspondiente, de ejercer a cabalidad su derecho de defensa. Por lo tanto, serán los tribunales, si el caso llega hasta esa instancia, los encargados de determinar la responsabilidad penal del señor Joaquín Ramírez. Eso desde una óptica estrictamente jurídica.
Sin embargo, el razonamiento político merece otro tipo de consideraciones. ¿Resulta conveniente para Fujimori, para su partido político, para el país en general, que el Secretario General de Fuerza Popular, tenga denuncias en su contra por la comisión de un delito tan grave como el de lavado de activos? Es más, independientemente de lo señalado en el reportaje de Cuarto Poder, y concentrándonos en lo denunciado por nuestro Ministerio Público: ¿Resulta conveniente que Fujimori, candidata presidencial que cuenta con muchas posibilidades de alcanzar la Presidencia del Perú, tenga en su círculo más inmediato de colaboradores a una persona como el señor Joaquín Ramírez, sobre la cual recaen serias acusaciones en torno al origen de su fortuna y a la legalidad de sus negocios?
Esa es la pregunta que Fujimori debería hacerse, en lugar de culpar a terceros por las acusaciones que se formulan en contra del señor Joaquín Ramírez, las mismas, que como ya hemos visto, fueron presentadas, primero por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos (2014), y luego, por el Ministerio Público (2015).
Finalmente, es fundamental que en un país como el Perú, agobiado por el cáncer de la corrupción, y convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, los políticos, sobre todo quienes aspiran a dirigir los destinos de la patria, tengan una posición de deslinde y lucha frontal contra ambos flagelos. Los candidatos presidenciales deberían ser los más interesados en investigar la hoja de vida de sus colaboradores. Es cierto que ningún partido político puede investigar el pasado de todos sus militantes. Pero vamos, el señor Joaquín Ramírez, no es cualquier militante, es nada más y nada menos que el Secretario General de Fuerza popular, y uno de los principales aportantes a la campaña de Fujimori. Algo que al parecer, la candidata Fujimori no logra comprender.

EL HABEAS CORPUS DE FUJIMORI

El pasado miércoles 04MAY2016 se conocieron los alcances de la sentencia mediante la cual el Tribunal Constitucional rechazó (6 votos contra 1) el recurso presentado por el abogado del condenado Alberto Fujimori, en el cual se solicita la nulidad de la condena que el Poder Judicial le impusiera por los casos La Cantuta y Barrios Altos, y por consiguiente, la realización de un nuevo juicio. 
Como se recuerda, al condenado Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por los juristas César San Martín Castro, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga, le impuso la sanción de 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y secuestro. Vale señalar que el propio César Nakazaki, otrora abogado defensor del condenado Fujimori, reconoció que en el juicio se habían respetado todas las garantías del debido proceso, y que los integrantes de la Sala eran magistrados de reconocida e intachable trayectoria.
A pesar de ello, y como es lógico en estos casos, el condenado Fujimori ha interpuesto una serie de recursos, primero ante el Poder Judicial, luego ante el Tribunal Constitucional, solicitando la nulidad de la sentencia en virtud de dos argumentos: 1) La Sala lo sentenció por delitos de Lesa Humanidad cuando la acusación versaba sobre homicidio calificado y secuestro; y 2) El juez César San Martín violó el principio de imparcialidad ya que había adelantado opinión al consultar -vía correos electrónicos- a colegas españoles sobre la aplicación al caso concreto de la Teoría de la Autoría Mediata.
Sobre el primer argumento, resulta necesario señalar que la referencia a la categoría “Lesa Humanidad”, como bien lo señaló el Poder Judicial, tuvo un carácter declarativo, tomando como base los principios del derecho penal internacional. Es más, este argumento ya había sido rechazado por la Sala Penal de la Corte Suprema que revisó el fallo de la Sala de César San Martín. Además, es oportuno recordar que el propio Tribunal Constitucional, al referirse a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, los considera como delitos de Lesa Humanidad, al haber sido perpetrados, entre otras cosas, por un grupo de agentes del Estado, cuyo objetivo era ejecutar extrajudicialmente a personas sospechosas de terrorismo.
Sobre el segundo argumento, corresponde preguntarnos lo siguiente: ¿Resulta legítimo que un juez consulte a sus colegas sobre la aplicación de una determinada teoría en un caso judicializado? Evidentemente sí. De hecho, los jueces lo hacen todo el tiempo. No sólo cuando conversan con otros colegas, sino también, por ejemplo, cuando revisan la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, o cuando solicitan que una determinada persona o institución se constituya como amicus curiae, es decir, cuando piden a terceros ajenos al proceso, de reconocida y destacada trayectoria, que expongan e ilustren a la Corte sobre el caso materia de estudio.
En ese sentido, resulta absurdo, por decirlo menos, que el abogado del condenado Fujimori, afirme que dicha práctica, que como hemos visto es moneda corriente en la judicatura, constituya una violación al principio de imparcialidad con el que deben de actuar los jueces en un proceso judicial.
Asimismo, según se conoce, los magistrados del Tribunal Constitucional han considerado que los correos enviados -mediante los cuales César San Martín formula la consulta sobre la aplicación de la Teoría de la Autoría Mediata a sus colegas en España- no constituyen un adelanto de opinión, y que además tienen la condición de prueba ilícita al haber sido obtenidos de manera ilegal (violando la reserva de las comunicaciones del juez San Martín), tal y como también lo habían señalado el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, respectivamente. Es más, ahora sabemos, luego de la realización de varios peritajes, que los correos habían sido manipulados, y por tanto, no constituyen una prueba fiable a partir de la cual se puedan establecer conclusiones.
Ahora bien, de acuerdo a la información que se maneja, se sabe que el único magistrado que votó a favor del condenado Fujimori fue José Luis Sardón. Eso no tendría nada de extraño sino fuese por la historia personal del magistrado y por las opiniones que sobre este mismo caso ha vertido en el pasado.
Sobre lo primero, hemos de recordar que fue propuesto como candidato para el Tribunal Constitucional por la bancada fujimorista de Fuerza Popular. Sobre lo segundo, el magistrado señaló en 2011 que “la sentencia mediante la cual se condenó a Fujimori no había sido bien fundamentada y que los magistrados que la elaboraron habían hecho una reseña arbitrariamente selectiva de los hechos que no tenían nada que ver con lo que sucedía en el país en esos años”. Además, el propio Sardón en 2012 sostuvo que el condenado Fujimori debería estar libre por tratarse de “un hombre moribundo”. Resulta claro entonces, salvo alguien quiera negar lo innegable, que Sardón sí había adelantado opinión sobre el caso, y por tanto, debía inhibirse, cosa que no hizo.
Finalmente, no deja de resultar curioso que la candidata Keiko Fujimori, hija del condenado Fujimori, haya señalado que si el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional es rechazado (como ha ocurrido), acudirían a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo curioso ya que fue el condenado Fujimori, cuando era presidente de la República, quien el 9 de julio de 1999 anunció que se retiraba de manera inmediata de la jurisdicción contenciosa de la Corte, y que no cumpliría con las sentencias que esta instancia supranacional emitiese. Quizás la candidata Fujimori deba recordar el refrán “jamás escupas al cielo porque te puede caer”.

¿QUÉ PASÓ CUANDO EL FUJIMORISMO FUE MAYORÍA EN EL CONGRESO?

De acuerdo a los resultados oficiales emitidos por la ONPE, el fujimorismo ha obtenido 72 de los 130 escaños congresales en las Elecciones Generales 2016. Eso quiere decir que la bancada fujimorista cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, y que por tanto, no requerirá de ningún tipo de alianza o concertación para adoptar medidas como la aprobación de leyes ordinarias, leyes orgánicas, o leyes de reforma constitucional (con el respaldo de un referéndum, claro está).  
Al respecto, cabría preguntarnos que pasó en el Perú durante los años en los que el fujimorismo, además de ser Gobierno, tuvo mayoría absoluta en el Parlamento. En otras palabras, resulta sumamente importante recordar si la bancada fujimorista se comportó como una fuerza política democrática, o si más bien actuó como una aplanadora plebiscitaria capaz de violar sistemáticamente los principios básicos de nuestra Constitución.
En 1995, Alberto Fujimori se presentó por segunda vez a las elecciones presidenciales obteniendo el 64% de los votos. Asimismo, su organización alcanzó el 52% de los votos para el Congreso, porcentaje que le permitió obtener 67 de los 120 escaños parlamentarios. Como se puede apreciar, en aquella oportunidad, el fujimorismo también alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento. Una mayoría que al poco tiempo de ser elegida incurrió en una serie de prácticas antidemocráticas que socavaron los frágiles cimientos del Estado de Derecho en el Perú.
Así, por ejemplo, en 1996, tan sólo un año después de haberse instalado el nuevo Congreso, el fujimorismo logró aprobar la controvertida Ley de Interpretación Auténtica, que favorecía a un único peruano: al amparo de esta ley (abiertamente inconstitucional) se dejaba listo el camino para la tercera postulación presidencial de Alberto Fujimori, a pesar de que la Constitución de 1993, aprobada por mayoría fujimorista, la prohibía expresamente. Es decir, el aluvión de votos fujimoristas en el Parlamento sirvió para violar flagrantemente su propia Constitución.
Sin embargo, al año siguiente, en 1997 el Tribunal Constitucional declaró “inaplicable” la Ley de Interpretación Auténtica, ello en virtud de un recurso constitucional presentado por el Colegio de Abogados de Lima. Frente a ello: ¿Qué hizo la mayoría parlamentaria fujimorista? En la muestra más clara de autoritarismo y arbitrariedad, la bancada fujimorista, encabezada por el parlamentario Enrique Chirinos Soto, logró la destitución de los tres magistrados que habían fallado en contra de la tercera postulación de Alberto Fujimori aplicando lo que la doctrina constitucional denomina “Control Difuso”: Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano.
A pesar de ello, la oposición y la sociedad civil organizada decidieron impulsar un referéndum en contra de la Ley de Interpretación Auténtica, y con ello, convocar a los peruanos a manifestar en las urnas su rechazo a la tercera postulación de Alberto Fujimori. No obstante ello, una vez más, la arbitrariedad de la mayoría fujimorista se impuso logrando obstaculizar la iniciativa organizada por la oposición, la misma que contaba con el respaldo mayoritario de los peruanos. Es más, en el camino la mayoría fujimorista aprobó nuevos requisitos para el proceso de referéndum tornando imposible su celebración.
Finalmente, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, luego de sobornar a los dueños de los medios de comunicación más importantes del país, se encargaron primero de cerrarle las puertas de la televisión y de la radio a quienes criticaron la Ley de Interpretación Auténtica, así como a aquellos que estuvieron detrás del referéndum en contra de la misma. Luego, ya en 2000, durante la campaña electoral, esos mismos medios de comunicación, digitados por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y con el apoyo de la mayoría fujimorista, se convirtieron en los sicarios políticos de todos los que decidieron competir en contra del fujimorismo: Alberto Andrade, Luis Castañeda, Alejandro Toledo, entre los más conocidos.
A la luz de lo expuesto, resulta evidente que la mayoría fujimorista en el Parlamento representa un peligro inminente para la democracia y el orden constitucional en el Perú. Sobre todo, si tomamos en cuenta que existe la posibilidad real, hoy más que nunca, que el fujimorismo vuelva a copar, como en 1995, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Más aún, cuando los rasgos distintivos que caracterizaron al fujimorismo de los noventa siguen siendo los mismos: autoritarismo político, mercantilismo económico y populismo clientelista.

LA PRIMERA ENCUESTA: PPK (44%) VS FUJIMORI (40%)

IPSOS publicó ayer (17ABR2016) la primera encuesta para la segunda vuelta. En palabras de su director Alfredo Torres, se trata de la primera foto en esta carrera hacia la Presidencia de la República. Según las cifras registradas, PPK alcanza el 44% frente al 40% obtenido por la candidata Fujimori. Por su parte, los votos blancos, viciados y quienes no precisan por quién votar suman 16%. 
Otro dato importante es el referido al antivoto de los candidatos: mientras el 32% señala que no votaría por PPK, el rechazo que genera la candidatura de Fujimori llega al 42% (10 puntos más). Es preciso señalar que para ambos candidatos el antivoto, comparado con los resultados obtenidos antes de la primera vuelta, disminuyó en 3% para PPK y 5% para Fujimori, respectivamente.
Asimismo, el estudio, realizado entre el 13 y 16 de abril a nivel nacional (urbano y rural), advierte que en aquellas regiones (la macro región sur) en las cuales ganó la candidata de la izquierda Verónika Mendoza, lideresa del Frente Amplio, la población electoral se inclina favorablemente a PPK. Sin lugar a dudas, la animadversión que genera la candidatura de Fujimori en esta zona del país es un factor que ambos candidatos deberán tener presente para el diseño de la estrategia de campaña durante la segunda vuelta.
A la luz de los resultados, en primer lugar, habría que señalar que la candidata Fujimori no registra ningún incremento en su respaldo electoral. Decimos ello, ya que si tomamos como referencia los resultados oficiales publicados por la ONPE (al 99%), tenemos que Fujimori obtuvo en la primera vuelta un 39,83% de las preferencias electorales. En ese sentido, su performance no habría sufrido ningún crecimiento. En otras palabras, Fujimori no ha sumado ni siquiera un punto durante la primera semana posterior a la primera vuelta.
Caso contrario es el de PPK, cuyo respaldo electoral asciende de 21%, según la ONPE, a un sorprendente 44%. Es decir, PPK crece electoralmente en 23%, duplicando en una semana el porcentaje alcanzado el 10 de abril. Esto era justamente lo que los analistas señalaban que tenía que ocurrir si PPK quería competir en mejores condiciones contra Fujimori. Sobre todo, tomando en consideración que en la primera vuelta PPK se impuso únicamente en Arequipa frente a las quince regiones (además de Lima) en las cuales la victoria fue para Fujimori.
En segundo lugar, tal y como la habíamos anticipado en una columna pasada titulada “Las preferencias electorales y el modelo económico”, el antivoto será un factor determinante en esta segunda vuelta. En tal sentido, si PPK quiere imponerse frente a Fujimori debe ser capaz de capitalizar el rechazo que ese 42% de la población siente por Fujimori. Para ello, PPK debe ser claro y contundente al momento de marcar diferencias con el fujimorismo. Es más, PPK y sus voceros deben cuestionar de manera sistemática al fujimorismo en el terreno político-institucional y moral, haciéndole recordar al electorado (sobre todo a los más jóvenes) lo que significó el fujimorismo para la salud democrática y para la ética pública de nuestro país: asesinatos, latrocinios, corrupción, violación de derechos humanos, compra de medios de comunicación, entre otras perlas.
En esa misma línea, PPK debe dejar de lado los coqueteos exhibidos -durante la primera vuelta- con cierto sector del electorado fujimorista, al deslizar la posibilidad, por ejemplo, de firmar leyes que favorezcan la situación jurídica del sentenciado Alberto Fujimori. En otras palabras, PPK debe eliminar de su vocabulario las palabras indulto o amnistía a favor del sentenciado Alberto Fujimori. Ese sería un mensaje potente para el 42% de los peruanos que considera que elegir a un gobierno fujimorista significaría un grave retroceso en el proceso de consolidación democrática de nuestro país.
En tercer lugar, y a pesar del aparente respaldo que la macro región sur le está brindando a PPK en esta segunda vuelta, tomando nota de los diversos análisis que se han hecho en torno a la realidad social y económica de estas regiones, PPK, debe anotar las propuestas de desarrollo formuladas por Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea durante la primera vuelta, para ofrecerle a la macro región sur una agenda de políticas sociales destinada a luchar frontalmente contra la pobreza y la exclusión social. Sólo así podrá consolidar y preservar el respaldo que esta parte de la población está dispuesta a darle en la segunda vuelta.
En suma, si bien esta primera encuesta arroja resultados positivos para PPK, mal haría el candidato de Peruanos por el Kambio en creer que su triunfo está asegurado. Como ya lo han señalado diversos analistas, PPK debe jugar con suma astucia esta partida electoral, acercándose a la mayor cantidad de líderes políticos y de opinión para generar puentes de entendimiento, y con ello, construir una gran coalición anti fujimorista a nivel nacional que le permita vencer a Fujimori, la misma que debería consolidarse sobre la base de tres ejes temáticos: 1) Lucha contra la corrupción; 2) Respeto por el sistema democrático y por los derechos humanos; y 3) Lucha contra la pobreza y la desigualdad, sobre todo, en las zonas más deprimidas del país (por eso la importancia de la macro región sur y el apoyo político que la izquierda, representada por Verónika Mendoza, le pueda brindar).


¿QUÉ NOS DEJÓ LA PRIMERA VUELTA?

El domingo 10 de abril se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2016 en el Perú. Los resultados obtenidos exigen un análisis objetivo de los mismos. Para ello, tomaremos como referencia las cifras obtenidas por el conteo rápido al 100% de la empresa IPSOS. A partir de los cuales, me permito plantear las siguientes reflexiones: 
Primero, con el 39,6% de la votación, Fuerza Popular (el fujimorismo) se consolida como la primera fuerza política a nivel nacional. Es más, Fuerza Popular parece tener la mesa servida para alzarse con la victoria en la segunda vuelta. Sobre todo, si tomamos en cuenta que Keiko Fujimori alcanzó la victoria en 15 regiones: Amazonas, Ancash, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura Tumbes, Ucayali y San Martín. Además, Fuerza Popular logró la más alta votación en Lima con el 39,2%. Este aplastante triunfo confirma la notable labor que durante los últimos 5 años ha desarrollado Keiko Fujimori a lo largo y ancho del territorio nacional. En otras palabras, Keiko Fujimori decidió recorrer de palmo a palmo el Perú, para consolidar internamente a su organización política, pero al mismo tiempo, para dar a conocer su propuesta en los rincones más alejados del país. El mérito es absolutamente suyo.
Segundo, con el 21,5% de la votación, Peruanos Por el Kambio (PPK), pasa a la segunda vuelta y competirá con Fuerza Popular por la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, es un resultado meritorito para PPK, quien luego de haberse mantenido en el segundo lugar de las preferencias tuvo un importante descenso en las encuestas, para luego recuperarse y asegurar su presencia en las elecciones del 05 de junio. Pero un dato es importante: PPK ganó únicamente en la región Arequipa. Este apunte es relevante pues en la segunda vuelta PPK deberá capturar votos en el interior del país, sobre todo en las regiones del sur: Huancavelica, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Moquegua y Tacna. Es decir, deberá convencer a quienes apostaron por una opción que proponía cambios profundos en lo económico y político, algo que él no ha hecho.
Tercero, con el 18,7% de la votación, el Frente Amplio (la izquierda), recupera, luego de tres décadas, presencia propia en el Congreso. Digo ello, ya que a diferencia de lo ocurrido con el Partido Nacionalista en 2006 y 2011 (que nunca se definió como izquierdista), el Frente Amplio, de la mano de Verónika Mendoza, cuyo liderazgo ahora es indiscutible, presentó un programa de gobierno progresista en lo económico y político. Además, el Frente Amplio, logró imponerse en 7 regiones del país (la macro región sur): Huancavelica, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Moquegua y Tacna. Este dato es relevante, sobre todo para PPK, pues el electorado de estas regiones podría inclinar la balanza en la segunda vuelta. En mi opinión, PPK deberá buscar puentes de diálogo con Verónika Mendoza, para llegar a un acuerdo institucional que le permita enfrentar al fujimorismo en mejores condiciones.
Cuarto, con el 7,1% de la votación, Acción Popular, el histórico partido del ex presidente Fernando Belaunde, gracias al liderazgo de Alfredo Barnechea, candidato que apostó por una campaña basada en ideas y propuestas serias, ha renacido y recuperado presencia política a nivel nacional. Acción Popular no logró imponerse en ninguna región, pero su apoyo en la segunda vuelta será fundamental, sobre todo pensando en los votos que PPK deberá conquistar a nivel de las clases medias y los sectores institucionalistas del electorado. Es más, el apoyo que Acción Popular le pudiera brindar a PPK en la segunda vuelta podría hacer que la gran Lima vote en contra del fujimorismo. Lo cierto es que al igual que Verónika Mendoza, el candidato de Acción Popular, también ha anunciado que continuará en política. En otras palabras, ya tenemos a dos futuros candidatos para el bicentenario.
Quinto, con el 6,2% de la votación, la Alianza Popular (APRA y PPC) liderada por el ex presidente de la República, Alan García, confirma la contundente derrota de los partidos tradicionales que durante largo tiempo en el Perú representaron a dos grandes corrientes ideológicas: la social democracia y el social cristianismo. Según las cifras que se manejan, la Alianza Popular únicamente contará con 12 congresistas. Un número minúsculo si se lo compara con los 68 curules obtenidos por el fujimorismo, pero igualmente importantes pues servirán para la configuración de una oposición parlamentaria capaz de ejercer control político, sobre todo pensando en un futuro gobierno de Keiko Fujimori. Más allá de ello, el resultado obtenido obliga a ambos partidos, sobre todo al APRA, a iniciar un profundo proceso de cambio generacional, para que el viejo partido de Haya de la Torre recobre vitalidad y retome el liderazgo del movimiento popular-nacional al que siempre representó.
Finalmente, si los resultados que arroja IPSOS son confirmados por la ONPE, tendremos a 5 partidos que perderán su inscripción vigente: Perú Posible (Alejandro Toledo), Frente Esperanza (Fernando Olivera), Partido Orden (Antero Flores-Aráoz), Democracia Directa (Gregorio Santos) y Progresando Perú (Miguel Hilario). Una mención especial merece el Partido de Gobierno (Partido Nacionalista), que decidió retirarse de la contienda electoral (para conservar su inscripción) al ver que las encuestas no le favorecían, confirmando que en el Perú, como ya es costumbre, el partido de Gobierno, por el desgaste sufrido a lo largo de 5 años de gestión, suele sufrir un descalabro electoral en la siguiente elección: Perú Posible (2006), el APRA (2011), y ahora el Partido Nacionalista (2016), confirman esta regla.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CAMPAÑA ELECTORAL

El día 03ABR2016 se llevó a cabo el debate presidencial organizado por el JNE. Más allá de las críticas que puedan recibir el formato y dinámica del mismo, lo cierto es que uno de los temas que los candidatos nuevamente han puesto en agenda es el cambio del modelo económico, y con ello, el cambio o reforma de la Constitución. Además, el ex Presidente Alan García Pérez, ha vuelto a plantear lo que ya propuso en 2006: ampliar los supuestos de aplicación de la pena de muerte para los sicarios y violadores, propuesta, que como sabemos, también exige una reforma constitucional. 
Los candidatos Mendoza, Barnechea y Santos, con mayor o menor énfasis, han cuestionado el modelo económico actual. Han señalado que el modelo actual no permite reducir la desigualdad estructural en el Perú, y que por lo tanto, es necesario hacer cambios profundos con el objetivo de contar con un orden económico mucho más inclusivo. Para ello, los dos primeros, han planteado abiertamente el cambio del capítulo económico de la Constitución, e incluso, hablan de promulgar una nueva Constitución que sea la base para la construcción de un orden más equitativo, que le devuelva al Estado la posibilidad de impulsar el crecimiento asumiendo un rol más protagónico en materia económica.
Al respecto, y al margen de las simpatías o enconos que Mendoza o Santos puedan despertar en el electorado (Barnechea no propuso el cambio de la Constitución, pero sí reformas profundas al modelo), lo cierto es que cambiar y/o reformar la Constitución no es una medida sencilla de concretar, más cuando en el Parlamento no se cuenta con una mayoría propia o una coalición partidaria que le permita al partido de Gobierno unir fuerzas políticas y alcanzar el número de votos necesario para hacer viable la propuesta.
Decimos ello ya que según las últimas encuestas, el fujimorismo y otras fuerzas políticas identificadas con la centro derecha, y por ende, defensoras a ultranza del modelo vigente, alcanzarán más de 90 curules. Entonces, si tomamos en cuenta que el número legal de congresistas es 130, resulta claro que ni Mendoza ni Santos contarán con el apoyo para llevar a cabo el cambio y/o reforma constitucional propuesta.
Sobre este punto, debemos recordar que el artículo 206° de la Constitución establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros (es decir, 66 votos), y ratificada mediante referéndum. No obstante, la Constitución también dispone que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas (es decir, 88 votos).
Si ello es así, ¿Por qué los candidatos que saben que no contarán con mayoría congresal se atreven a proponer un cambio o reforma constitucional irrealizable? Lo hacen porque es una manera de capitalizar el voto de quienes están disconformes con el “stablishment” (suficiente para pasar a la segunda vuelta), mostrándose como los verdaderos abanderados del cambio. Y lo hacen, porque cuestionar moralmente a la Constitución también es una manera de capitalizar el anti fujimorismo y prepararse para una eventual segunda vuelta.

LAS PREFERENCIAS ELECTORALES Y EL MODELO ECONOMICO

El domingo 27MAR2016 se publicaron los resultados del último simulacro de votación realizado por Ipsos Perú. La sorpresa ha sido el ascenso de Verónika Mendoza (12.1%) al tercer lugar de las preferencias electorales, colocándose por encima de Alfredo Barnechea (11.1%) y muy cerca de PPK (16.0%). Ahora bien, teniendo en consideración que el margen de error de la muestra es de 2.3% no es descabellado afirmar que podríamos estar frente a un triple empate técnico en el segundo lugar. 
Sin embargo, estos mismos resultados nos permiten señalar lo siguiente: 1) La candidatura de PPK parece haberse estancado (luego del repunte producido tras la exclusión de Julio Guzmán); 2) Las candidaturas de Mendoza y Barnechea, respectivamente, crecen en Lima y provincias; y 3) Las otras candidaturas parecen no tener mayor posibilidad de triunfo el 10ABR2016 (salvo ocurra algún evento extraordinario, como la exclusión de otro candidato por parte del JNE).
Asimismo, el estudio revela que al parecer PPK sería el único de los candidatos capaz de vencer a Fujimori en una segunda vuelta, ya que mientras PPK obtiene 42%, la candidata de Fuerza Popular alcanza 38%, respectivamente. Distinto es el panorama si Fujimori compite frente a Mendoza, a quien vencería 42% a 37%. Lo mismo ocurriría si Fujimori enfrenta a Barnechea, ante quien se impondría 42% a 39%. Y claro, si Fujimori compite frente a García, la distancia sería mucho mayor: 45% a 16%.
No obstante lo antes señalado, y pensando en una hipotética segunda vuelta, conviene traer a colación los resultados registrados en una reciente encuesta elaborada por la empresa DATUM en la cual se hicieron preguntas acerca del modelo económico, para luego, relacionarlos con otro dato que arrojó el simulacro de Ipsos Perú: el antivoto fujimorista.
Los encuestados, según DATUM, señalan que el 29% considera que el modelo debe ser modificado totalmente, el 34% que el modelo debe modificarse parcialmente, y 28% que el modelo debe modificarse solo en algunas cosas. Eso quiere decir que solo el 3% está conforme con el modelo y 6% no opina. Cabe precisar que las mismas cifras fueron arrojadas por un estudio realizado por GFK el 07MAR2016.
Entonces, si los estudios de DATUM y GFK, respectivamente, han recogido de manera certera la opinión de los peruanos, es perfectamente lógico afirmar que en estas Elecciones Generales, sobre todo en una segunda vuelta, el candidato (a) con mayores opciones de victoria será justamente el que logre posicionarse en el imaginario colectivo como el abanderado del cambio. En todo caso, la pregunta que deberán responder los candidatos será la siguiente: ¿Qué tipo de cambio es el que resulta más atractivo para el grueso del electorado? ¿El cambio supone, por ejemplo, la modificación del capítulo económico de la Constitución Política? Ese es el nudo gordiano que deberán desatar los candidatos.
Como era de esperarse, lo reportado por DATUM y GFK, ha sido un misil para las candidaturas que están comprometidas con la defensa dogmática del modelo, y para los grupos de poder (económicos y mediáticos, especialmente) que financian dichas candidaturas. En otras palabras, los grupos de poder que durante los últimos 5 años se esforzaron por sacar de la escena electoral a todo político que se atreviera a cuestionar el modelo, hoy deben estar preguntándose: ¿Por qué los peruanos quieren cambiar un modelo que tantos beneficios ha generado para nuestros negocios y empresas?
Si ello es así, resulta más que evidente que el candidato (a) que logre articular un discurso de cambio coherente (históricamente vinculado a la centro-izquierda) tendrá muchas posibilidades de imponerse en estas Elecciones Generales, y dar la gran sorpresa en la segunda vuelta, a pesar de la campaña de demolición que los medios defensores del “establishment” seguramente empezarán a desatar y profundizar a medida que el día de la elección se acerque.
Finalmente, y retomando los resultados del simulacro de Ipsos Perú, pero esta vez refiriéndonos al antivoto, es importante tomar en consideración que la candidata Fujimori registra un antivoto de 55% (el antifujimorismo, al que tanto le teme) mayor al de Mendoza y Barnechea, respectivamente, a quienes el electorado y los medios de comunicación perciben como los únicos candidatos que apuestan por un cambio de modelo económico y que mejor pueden representar a ese sector antifujimorista al que hemos hecho referencia. Un dato, que sin lugar a dudas, la candidata Fujimori y quienes la respaldan, deberán tener en cuenta sino quieren volver a perder la Presidencia de la República en una segunda vuelta.