Señores de la prensa: No distraigamos a la opinión pública

Una vez más, como ya es costumbre en nuestro país, el protagonismo adquirido por la familia presidencial y la cobertura que esta recibe por parte de los medios de comunicación cae en el exceso y se convierte en ridículo. Durante las últimas semanas, han sido el criminal Antauro Humala y la esposa del presidente, Nadine Heredia, los principales protagonistas de la noticia en nuestro medio. Los rostros de estas personas han colmado las portadas de los diarios, los titulares de los noticieros, convirtiéndose en el debate de moda entre nuestros opinólogos y analistas. No me opongo a la labor que realizan los medios, están en su derecho de informar de la manera que mejor prefieran; pero no puedo dejar de hacerme la siguiente pregunta: ¿Realmente nos merecemos la prensa que tenemos?

Un medio de comunicación, periódico, radio, televisión, es un canal a través del cual las personas reciben información relevante con el objetivo de poder formarse su propia opinión sobre los asuntos de interés público. Eso es un medio de comunicación, o al menos esos es lo que los libros dicen que son. Los medios, sobre todo en los últimos tiempos, han adquirido una importancia notable al interior de los sistemas democráticos. Ellos informan, centralizan el debate público, colocan en agenda los tópicos que los políticos y las instituciones del Estado deben trabajar, e incluso, fijan el camino por el cual discurre el quehacer diario de los gobernantes. Ese es el enorme poder de la prensa, poder que exige responsabilidad, diligencia y sobre todo honestidad en el tratamiento que esta hace de la información circundante.

Siendo ello así, sorprende la manera cómo la mayoría de medios de comunicación ocupan el 100% de su tiempo, sus páginas, sus horas al aire, el esfuerzo de sus periodistas, en el análisis de una única noticia, de un único tema, de un único asunto. Eso no sería así, si se tratara de un asunto de Estado, de un tema de interés nacional, de una información que se encuentre relacionada con la marcha del gobierno y su relación con la ciudadanía. Lo que llama la atención es el morbo que los periodistas tratan de desatar en la opinión pública, con titulares o notas en las cuales se reduce el tema “Antauro Humala” a su consumo de marihuana al interior de los penales, a las fotos que este se toma con tal o cual dama, a los desafueros y arranques demenciales a los que siempre nos ha tenido acostumbrados. Eso vende, qué duda cabe de ello, ¿pero, informa?

Luego, cuando los gustos psicotrópicos de Antauro dejan de ser el tema de moda, los reflectores se centran en la posible candidatura de Nadine Heredia para las elecciones del 2016. Que si el Congreso modificará la ley para permitir que Nadine sea presidenta el 2016, que si a cambio de su apoyo el fujimorismo exigirá el indulto para el sentenciado por violación de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori, que si Alan García tiene miedo y no desea competir con Nadine, que si en el 2016 el Perú podría tener a tres candidatas mujeres a la presidencia de la república. Como verán, nada más que un conjunto de especulaciones carentes de sustento lógico, una cadena de hipótesis propias de alguna mente bastante creativa para fabricar titulares y vender periódicos. Todo nos hace pensar, y no tengo razones para creer lo contrario, que en nuestro país los medios de comunicación desinforman, y la opinión pública se forma a partir de la imaginación afiebrada de algún periodista de medio pelo, hábilmente digitado por su empleador de turno.

Hace algunas semanas publicamos un artículo vinculado al caso “Antauro Humala” (el hermano del presidente que asesino a cuatro policías, no lo olvidemos) pero lo hicimos con la intención de poner en evidencia la crisis por la que atraviesa el sistema de administración de justicia en nuestro país. En lo personal, no me interesa si el asesino Humala (Antauro, no piensen mal) consume drogas, posee gustos amatorios exóticos, es un play boy cobrizo, o un semental insaciable. Lo que nos llama la atención es que este señor convierta a una celda de una prisión en un burdel, con la anuencia o el permiso, que sería peor, de las autoridades penitenciarias. Lo que nos preocupaba era que en un primer momento el Ministro de Justicia señale que el presidente no sabía nada en torno al caso de su hermanito, para luego, decir todo lo contrario. Lo que nos subleva y ofende es que las autoridades le mientan al país con la única finalidad de encubrir el sinnúmero de irregularidades y actos de corrupción que a nivel penitenciario y policial se cometen en las cárceles del país.

Pero el Perú y sus problemas son más importantes que Antauro Humala, o que los deseos legítimos de Nadine de llegar algún día a conducir los destinos del país (me gustaría ver a Nadine como candidata compitiendo con su esposo en unas elecciones primarias al interior de su partido para definir quién es el candidato del nacionalismo en el 2021, antes no). Nuestro país tiene problemas mucho más urgentes que solucionar y temas mucho más importantes que priorizar. No es posible que los medios de comunicación derramen ríos de tinta elogiando o criticando a la esposa del presidente, peor aún, no es posible que el asesino de cuatro policías se convierta en la celebridad mediática de moda, únicamente por ser el hermano del jefe de Estado, y por los porros de marihuana que fuma en su cómoda prisión. No es posible que los medios nos entreguen estos “caramelitos de chisme y morbo”, haciendo que la gente pierda de vista los temas verdaderamente importantes, esos que están directamente vinculados con la construcción de un mejor futuro.

Recuerdan la campaña electoral, les preguntaría a los medios, recuerdan que una de las banderas del nacionalismo fue el combate frontal contra el narcotráfico y el terrorismo en el VRAE (valle del río Apurímac y Ene). Porqué no aprovechamos la oportunidad y le preguntamos al gobierno cuál es la política antiterrorista y antidrogas que ha diseñado para eliminar a esta lacra social. Cuánto dinero viene invirtiendo en ello. Qué tipo de personal está siendo destacado a esta zona. Estas preguntas son válidas, sobe todo si tenemos en cuenta que hace algunos días una columna senderista de aproximadamente más de 100 hombres, fuertemente armados, ha secuestrado a un grupo de trabajadores de la zona, exigiendo dinero y otras prebendas a cambio de su liberación. Son tan rebuscadas estas interrogantes, son tan difíciles de hacer, que los medios de comunicación prefieren eludirlas.

Recuerdan la propuesta del candidato Humala de recuperar para el consumo interno el famoso Lote 88. Bueno, porqué no le preguntamos al gobierno qué medidas ha tomado para llevar a cabo este cometido. Quizá sea preciso consultarle al gobierno si para ellos basta con la emisión de un decreto supremo para cambiar los términos contractuales del Contrato-Ley firmado por el Estado con el grupo Camisea. Quizá sea bueno preguntar sobre cuál será la manera de recuperar el Lote 88 y qué beneficios le dará al grupo Camisea en compensación por el cambio en las reglas de juego. Dicho de otro modo: ¿Cuánto nos costará a los contribuyentes la nacionalización del Lote 88? Es tan compleja la pregunta, es tan difícil de formular que los medios de comunicación, salvo algunos, convenientemente deciden obviarla.

Recuerdan el discurso del candidato Humala con respecto a la relación entre la actividad minera y la protección del medio ambiente. Recuerdan cuáles eran las críticas que el presidente le lanzaba a la clase política, en cuanto a la manera cómo se pretendían solucionar los conflictos sociales en nuestro país. Si lo recuerdan, porqué no le preguntamos al gobierno cuál es la política que ha diseñado para hacer frente a los más de 200 conflictos (latentes y en desarrollo) que la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer a través de su página web. O es que acaso, y siguiendo el ejemplo de gobiernos anteriores, esperará a que los conflictos le exploten en la cara para recién tomar cartas en el asunto. O mejor aún, podemos preguntarle porqué la demora en la entrega del peritaje internacional llevado a cabo por expertos sobre la viabilidad del “proyecto minero Conga”.

Y en caso estas preguntas no sean lo suficientemente importantes, podríamos preguntarle porqué desde el Poder Ejecutivo, y desde el propio Congreso, muchos de sus funcionarios pretenden reducir el asunto de la conflictividad social a una mera campaña de desprestigio orquestada por los comunistas, rojos y caviares de las Ong’s que no soportan la idea que el Perú crezca. Se lo debemos de preguntar, pues, si volteamos la mirada, veremos que este presidente, era uno de los más entusiastas impulsores de este tipo de movilizaciones durante el gobierno aprista. Pero eso no ocurrirá, porque muchos medios de comunicación tienen memoria selectiva, y no se atreverán a incomodar al presidente, sobre todo cuando sus intereses o los de sus patrones estén en juego.

Y ya que hablamos de empresas mineras, porqué no le preguntamos al gobierno por la posición que el Estado asumirá frente a la minera Doe Rum, quien cansada de violentar el orden jurídico nacional, a su antojo y con impunidad, y de burlarse de las autoridades de nuestro país, ahora pretende colocar a la población en contra del Estado, a pesar de haber incumplido de manera reiterada con muchos de sus compromisos asumidos, exigiendo el reinicio de sus operaciones en la Oroya, bajo amenaza de llevar al Estado a los tribunales internacionales y exigir una millonaria indemnización. Se lo debemos de preguntar ya que, así como el gobierno está decidido a combatir la minería informal, los peruanos esperamos que tenga la misma valentía para obligar a empresas extranjeras a cumplir y respetar la normativa vigente.

Deberían también los medios, preguntarle al Gobierno en qué quedó la tan promocionada reforma de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Acaso esta culminó únicamente con el pase al retiro de decenas de oficiales. No era acaso que durante este gobierno la homologación y mejora de salarios serían una prioridad. Debemos preguntar eso y mucho más, pues el Ministro de Economía, quien debería salir al frente, se ha encargado una y mil veces, y de todas las formas posibles de eludir el debate en torno a este tema, para enojo de los mandos policiales y militares, e incomodidad del propio Ministro de Defensa.

También deberíamos peguntarle a nuestro presidente si está al tanto de la disparadata idea de crear una guardia policial voluntaria mediante la emisión de un ilegal decreto supremo, desconociendo abiertamente los fueros parlamentarios; ya que la Constitución señala que las modificaciones a la estructura policial se llevan a cabo a través de Ley Orgánica y no mediante norma del Poder Ejecutivo, como torpemente pretende hacer el Ministro del Interior. A propósito ¿Cuál será el presupuesto destinado para la implementación de este despropósito? ¿No sería mucho mejor invertir en la profesionalización de nuestros policías? ¿No sería mucho más inteligente invertir en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales militares y policiales existentes en nuestro país?

Señores de los medios de comunicación, los peruanos entendemos que para ustedes la venta de lo que producen sea el motivo supremo en sus vidas. Entendemos que es el dinero el factor que impulsa todas y cada una de sus decisiones. Entendemos que es más fácil vender que informar. Entendemos que es mucho más ventajoso besarle las manos al gobernante de turno que caer antipáticos frente al poder. Lo que no podemos entender es que todo eso lo hagan de una manera tan burda y patética, que muestren tanto desprecio por la inteligencia de la opinión pública, que pretendan tratarnos como infantes a los cuales distraen con tiras cómicas, dibujos animados o enlatados que embrutecen.

No señores comunicadores, mil veces no. Lo único que les pedimos es un poquito de pudor, una pequeña dosis de amor por la patria, alguito de compromiso con el país, unas gotas de honestidad. No les pedimos más. No lo hacemos porque sabemos que no podrán cumplir. No pedimos más, porque en el Perú hace mucho que el periodismo dejó de ser el más noble de los oficios. Pero recuerden, son ustedes los que crearon a los monstruos del pasado, son ustedes los que refuerzan los desafueros y prepotencias de los gobernantes, son ustedes los que hacen de la mierda un hecho noticioso y de la mentira un titular. Luego, cuando el gobernante les exija coronarlo como su rey, no se quejen.

A veinte años del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992

El 5 de abril de 1992 es una fecha que será recordada por todos los demócratas del Perú como el día en el cual el hoy sentenciado por corrupción y violación de derechos humanos, Alberto Fujimori, decidió atentar contra el orden constitucional de nuestro país, ordenando el cierre del parlamento, la reorganización del Poder Judicial, y otras maléficas medidas que tuvieron como único objetivo garantizar para él y sus secuaces un clima de absoluta impunidad para sus atrocidades.

Luego de una campaña electoral canallesca, en la cual la izquierda “desunida”, el aprismo mafioso y el movimiento del hasta ese entonces desconocido “ingeniero Fujimori”, ese cuyo lema era “honradez, tecnología y trabajo”, con el apoyo de un buen número de medios de comunicación, demolieran la imagen del candidato del Frente Democrático (Fredemo), nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, la suerte del Perú estaba echada. Palacio de Gobierno tenía un nuevo inquilino, uno que se encargaría de probar durante diez largos años que en el Perú es siempre posible ser más ladrón, más corrupto, más asesino, sobre todo cuando se cuenta con el respaldo casi total de los sectores de poder y de las fuerzas armadas.

A Mario Vargas Llosa no lo demolió el fujimorismo, al menos no en esa oportunidad, en eso seamos claros, a Vargas Llosa se encargó de destruirlo Alan García y su pandilla asalariada. Recordemos que Vargas Llosa había sido el más ferviente e importante opositor a las medidas populistas y estatistas del líder aprista. Vargas Llosa había comprometido su palabra, llevaría a cabo una profunda revisión de las cuentas del Estado, era necesario identificar el sinnúmero de actos de corrupción que el gobierno del “partido del pueblo” le había heredado al país, junto a la inflación más grande de la historia y a la violencia terrorista que Alan García jamás quiso ni supo enfrentar con decisión.

En ese panorama era claro para qué candidato se inclinaría el apoyo del gobierno de turno. Alberto Fujimori sería el candidato de Alan García para la segunda vuelta electoral. Pero el tiro le salió por la culata al aprendiz de Haya de la Torre. Ni en su más terrible pesadilla pudo alguna vez imaginar que este “don nadie” a quien colocó a la cabeza del Estado, se convertiría en uno de sus más furibundos persecutores, nunca imaginó que Alberto Fujimori, de la mano de su socio, el criminal Vladimiro Montesinos, sería el protagonista estelar de una de las etapas más negras de la historia, la década del oprobio y la vergüenza nacional, como la denominan con razón los historiadores.

Instalado en Palacio de Gobierno, y a pesar del apoyo que recibiera por parte de los principales grupos políticos representados en el Congreso, los mismos que en más de una oportunidad respaldaron los pedidos de delegación de facultades que provenían del Poder Ejecutivo, decidió arremeter de manera virulenta contra los partidos políticos, los órganos del Estado, las instituciones democráticas. En suma, Alberto Fujimori y compañía, esos que luego se convertirían en los dueños del Perú, no querían oposición de ningún tipo, ni política, ni institucional, por eso había que destruir las bases mismas del Estado de Derecho, de ese Estado que a duras penas se mantenía en pie en el Perú de los noventa.

Alberto Fujimori, su grupo parlamentario, sus amigos en la prensa, se encargaron de ir abonando el camino para el autogolpe. El parlamento no funciona, los partidos políticos entorpecen la labor del gobierno, el Poder Judicial obstaculiza las reformas, el Tribunal de Garantías Constitucionales declara inconstitucionales las medidas legislativas de Palacio de Gobierno, fueron las frases que a diario se leían y escuchaban en los medios de comunicación social. Qué sencillo es para los hombres inescrupulosos mentir, cuánto cinismo denotaban esas afirmaciones, qué desprevenidos estaban todos los peruanos. ¿Acaso nadie pudo presagiar que lo que se venía no era otra cosa que la instalación de una cleptocracia asesina?

Lamentablemente así ocurrió. Para carcajada del dictador, felicidad de un traidor a la patria, al cual nombró como asesor, tranquilidad de los sectores conservadores que aman la “mano dura”, aunque esta pida a cambio varios millones de dólares y un paulatino recorte de libertad, el golpe de Estado había resultado todo un éxito. Los ciudadanos lo habían respaldado, algunos con su entusiasmo, los más con su silencio cómplice. Así lo revelaron las encuestas de aquel mes de abril de 1992. Consultados los peruanos sobre si apoyaban o no la medida tomada por el gobierno del dictador, casi el 80% respondió que sí, en mi familia por ejemplo, y a pesar de la vergüenza que eso supone para mí, solo una persona mostró su tajante rechazo, mi padrino, pero eso es parte de la lastimera historia política familiar que hoy en día no viene a cuento, de mi padre no hablo, porque en aquella época él era un joven policía, y opinar libremente sobre política, era un derecho que no tenían los uniformados de la época.

Consumado el golpe, la historia fue la de siempre, militares encargados del orden y la seguridad interna del país, los tanques a la calle, las autoridades civiles subordinadas a los generales, convenientemente nombrados por el dictador. En suma, la película se volvía a repetir, doce años de democracia no habían sido suficientes para hacer entender a la gente que si hay algo peor que la democracia, esa a la que Fujimori tildó de débil, torpe e ineficiente, es una dictadura infame, astuta y efectiva a la hora de quebrar voluntades y violentar derechos.

Poco a poco, y como no podía ser de otra manera, Fujimori y su gábila de funcionarios rapaces empezarían a copar todas y cada una de las instituciones del Estado. Era solo cuestión de tiempo, el dictador empezaba a construir las bases de su imperio, nadie, ningún hombre o mujer que se le opusiera saldría bien librado, en poco tiempo, algunos medios, esos que decidieron no vender su línea editorial o negociarla a cambio de algún beneficio tributario, empezaron a dar cuenta del abuso, del atropello, de la persecución que sufrían aquellos que se atrevían a decirle no al autócrata.

Con la oposición desarmada, los medios de comunicación enfrentados entre sí, los sectores empresariales encantados por el pragmatismo del sátrapa, las fuerzas armadas plagadas de chauvinismo tercermundista (hasta ahora no me explico cómo se sometieron a la voluntad de un extranjero y a la de un capitán expulsado del ejército), el futuro era fácil de predecir. El Perú de los noventa, a pesar de la pantomima que significó la convocatoria a elecciones para la instalación del Congreso Constituyente Democrático y la elaboración de una nueva Constitución (cuya aprobación fue producto del fraude), se convirtió en un país devastado por la ignominia, un país en el cual la ley y el Estado se pusieron al servicio de los criminales, de los rufianes, de las mafias de señores de cuello y corbata que le robaron al Estado las pocas monedas que Alan García había olvidado dilapidar.

El resto es historia conocida, Fujimori fue reelecto dos veces más, previa destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a semejante atropello, los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos quedaron impunes, el Grupo Colina, esa banda de asesinos disfrazados de militares creada por el dictador y su asesor, se hicieron merecedores a la Ley de Amnistía que los limpió de todo cargo, gracias a una fina cortesía de Martha Chávez y de todos aquellos que decidieron ponerse de rodillas frente al régimen, poniéndole precio a su honra y a su dignidad.

Llegó el año 2000, y la maquinaria fujimontesinista volvió a operar. Diez años no habían sido suficientes para saquear las arcas del Estado, había que robar más y más, si los que lo antecedieron no arrasaron con todo, Fujimori no cometería ese error. Para eso empleo miles de dólares en esa campaña, no tantos como los que hizo desaparecer del fondo de las privatizaciones, para eso empleó a los Carlos Rafo, llamó a los Tudela, y con su ritmo del chino, ese baile pegajoso con el cual la dictadura ponía a bailar a todos a los que compraba con arroz, lentejas, y mucho clientelismo, logró la victoria, derrotando a un Alejandro Toledo, candidato al que todas las encuestadoras daban como virtual ganador. Otro fraude.

Pero el final llegó, y la dictadura cayó como caen todas las tiranías de ese color, cayó porque algún cómplice inconforme filtró información que ponía al descubierto el nivel de podredumbre al cual Alberto Fujimori nos había empujado, como país y como sociedad. Luego de la publicación del video Kouri-Montesinos, en el cual se apreciaba al asesor presidencial repartiendo el dinero de todos los peruanos a cambio de la lealtad de quienes se habían presentado como opositores al régimen durante la campaña, la dictadura se desplomó. Cientos de videos y audios vieron la luz, todo el Perú se enteró de cómo Alberto Fujimori había convertido a Palacio de Gobierno en una letrina y al servicio de inteligencia en un burdel, en donde todos, absolutamente todos tenían un precio.

Hoy, veinte años después de aquella fecha, y luego de varios años de esfuerzo por reconstruir los cimientos de nuestro Estado y de nuestra frágil democracia, podemos decir que si algo positivo nos dejó el fujimorismo de los noventa es la firme convicción de que si bien la democracia puede ser un sistema de gobierno imperfecto, la dictadura es un régimen de terror, en donde los valores éticos son abolidos y en las palabras justicia y Derecho son borradas del imaginario colectivo.

Se nos dijo en ese entonces que la democracia no servía para nada, que lo que el Perú necesitaba era un gobierno fuerte, con mano de hierro para solucionar los problemas, que las decisiones se toman con rapidez, sin asambleísmos ni politiquerías que no conducen a nada. Hoy sabemos que todo eso es falso, que Alberto Fujimori no podía decir la verdad, que el dictador y los pillos que cargaron sus bolsas de dinero eran incapaces de mirarse al espejo y no sentir temor de sí mismos. La democracia es política y éticamente superior a la dictadura por donde se la mire, no sólo por ser la forma de gobierno que reconoce como valores supremos a la libertad, igualdad y justicia, sino porque es el único sistema que le permite al ciudadano fiscalizar el ejercicio del poder, evitando que este se concentre en una o pocas manos, evitando de ese modo el saqueo y el pandillaje a gran escala.

Veinte años después creo que la mayoría de peruanos aprendimos la lección, sabemos que nuestra democracia es frágil, que tenemos mucho trabajo por hacer, que la libertad no garantiza la felicidad si esta no viene acompañada de justicia social, sobre todo para los más pobres. Hoy en día estamos mejor preparados que veinte años atrás, quizá por eso en estas últimas elecciones, y a pesar de la manera infame como los medios de comunicación defendieron la vuelta de la mafia fujimorista a Palacio de Gobierno, los hombres y mujeres del Perú salimos a las calles y acudimos a las urnas a defender nuestra democracia, esa que Alberto Fujimori petardeó el 5 de abril de 1992. No lo olvidemos.