jueves, 29 de abril de 2010

Los intereses de Monseñor Cipriani y la defensa de la libertad


Luego de algunos días de conocido el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la Universidad Católica, seguramente todos o casi todos tienen una opinión al respecto. Más allá de las consideraciones jurídicas y las críticas que se puedan hacer al proceder del colegiado en la resolución de esta controversia (el fallo está plagado de errores de orden procesal y material, para los interesados recomiendo revisar los fundamentos 20 y 21 de la sentencia), resulta interesante dar cuenta de algunos datos que ponen en evidencia los verdaderos intereses que se esconden detrás de la supuesta intención del Arzobispado de Lima por tutelar la voluntad de José de la Riva Agüero de Osma, benefactor de la Universidad Católica.

El conflicto se inicia en el año 2007, fecha en la cual el administrador designado por el Arzobispado envía una carta a la universidad solicitando le haga entrega de información de orden financiero sobre las decisiones tomadas por la casa de estudios sobre los bienes de Riva Agüero. Este dato puede parecer intrascendente sino se tomara en cuenta que durante largos años, nunca otro administrador había pedido este tipo de información. Es más, nunca el Arzobispado nombró como administrador a alguien de fuera de la universidad, lo cual demuestra que existía una total confianza por parte de la iglesia en torno al manejo que la universidad hacía de sus bienes. ¿Qué ocurrió entonces? En el año 1999, es nombrado monseñor Cipriani, quien de inmediato pide contar con una oficina al interior de la universidad y participar en la administración de los bienes de la misma.


Teniendo en cuenta lo antes dicho, cae por su propio peso preguntarnos lo siguiente: ¿Qué razón motiva al Arzobispado, a través de su hombre designado en la Junta Administradora, a hacer este tipo de requerimientos a la universidad? Dos son las posibles respuestas que se barajan. El Arzobispado, con monseñor Cipriani a la cabeza, señalan que el único interés suyo es la defensa de la memoria de Riva Agüero, por eso tomaron la decisión de solicitarle al rector de la Católica la convocatoria de una junta en la cual se discutan temas como la administración de los bienes, la revisión de los balances y estados financieros de la universidad, y demás asuntos fines a la materia inmobiliaria. Ahora bien, si eso fuera así, ¿Por qué ese mismo interés despertó de manera repentina y tardía en el año de 1999 con el nombramiento de monseñor Cipriani, luego de años de convivencia pacífica y confianza recíproca entre la iglesia y la universidad? Muy simple. El verdadero y único interés es controlar la universidad, hacerlo primero desde el lado administrativo y económico, para luego tener injerencia en su lado científico y académico.


¿Qué razones nos llevan a afirmar y tomar partido por la segunda respuesta? Las razones las encontramos en un sin número de declaraciones hechas por monseñor Cipriani en las cuáles expresa su preocupación por el giro académico e ideológico que ha tomado la universidad en los últimos años. Monseñor opina que en la universidad se ha venido gestando un pensamiento muy abierto, liberal, muchas veces conestatario, opina que el mismo debiera ser más cerrado y conservador. Monseñor, también ha señalado que en la universidad conviven profesores que muestran un actitud contraria a la prédica católica, un pensamiento ateo, que cuestiona y crítica los fundamentos de la posición oficial de la iglesia. Monseñor, cree, y así lo ha dicho públicamente, que la teología que se enseña en la universidad es muy pobre, que no se toman medidas, incluso coercitivas, para promover la práctica del catolicismo entre los alumnos. Todo ello demuestra que monseñor no está de acuerdo con los contenidos de los cursos que se imparten en la universidad y con la manera como se enseñan estos contenidos a través de un diálogo libre, horizontal y tolerante entre alumnos y profesores.


Muchos pueden pensar que un reclamo de este tipo es válido, más si se tiene en cuenta que se trata de una universidad católica. Lo que olvida monseñor, y sus acólitos al interior y fuera de la iglesia, es que la Pontificia Universidad Católica, es ante todo una universidad, una casa de estudios en la cual conviven, en un diálogo permanente, la razón, la ciencia y la fe, pero son la razón y la ciencia las que siempre deben ir por delante, ya que se trata de una universidad, y una universidad tiene por consigna la búsqueda permanente de la verdad a través de la contraposición de ideas, y ello sólo es posible es un clima de respeto por la libertad, la tolerancia y el pluralismo, ya que lo que hace una universidad es impulsar es el conocimiento, no lo restringe, no lo condiciona, no lo limita, por último, no lo censura, como pretende hacer monseñor Cipriani.


Es bueno hacer este apunte, es preciso recordarle a monseñor, y a toda la comunidad, en especial a diarios como Expreso, Correo y la Razón, los cuales no se caracterizan precisamente por su pluralismo de ideas o su tolerancia a planteamientos distintos a los suyos, que los valores del sistema democrático deben replicarse al interior de las universidades, pues es en las universidades, y no en las oficinas de algún medio de corte autoritario, donde se forman a los ciudadanos que en algunos años asumirán las riendas de nuestro país, un país que siendo tan diverso y plural, requiere de líderes forjados en lo volares de la tolerancia y la libertad. Digo ello, ya que estos medios, ya sea por interés o ignorancia, como diría Aristóteles, se han prestado al juego del Arzobispado, sirviendo de caja de resonancia a un sin número expresiones, que en muchos casos, no solo resultan apócrifas sino también agraviantes.


Replicando lo dicho por Cipriani, señalan que la universidad está gobernada por una camarilla de rojitos y caviares que manejan a su antojo las riendas y el patrimonio de la universidad, pero olvidan señalar que 600 de los 800 profesores miembros de la universidad le dieron su respaldo total a la gestión del actual rector, un número sin dudas mayor al de sacerdotes que respaldan la gestión de Cipriani. También han señalado, que la preocupación de Cipriani es por la manera irregular y poco transparente con que la universidad maneja sus recursos, nada más ajeno a la realidad, ya que la Católica a lo largo de los últimos años ha venido siendo auditada por las más importantes firmas internacionales como Deloitte, KPMG y, actualmente, KPMG. Todo ello ha llevado a la universidad ha ser considerada por Roma como la tercera mejor de las pontificias universidades de Latinoamérica.


Sin lugar a dudas esta polémica entre la Católica y el Arzobispado tiene aún varios capítulos por escribir. Actualmente están en curso dos juicios civiles en los cuales se discute la propiedad y el ejercicio de la misma por la universidad, así como también la participación del Arzobispado en la toma de decisiones sobre la administración de los bienes. Como alguien diría, en este entuerto aun existe mucha tela por cortar. A pesar de ello, la universidad, en una actitud que no hace sino confirmar su mística y esencia forjada a lo largo de los años, ha renovado su compromiso con los valores democráticos, con la investigación científica, con la discusión abierta, compromisos necesarios de cara a la construcción de una sociedad más libre y democrática. No olvidemos, como dicen algunos filósofos, que solo la verdad nos hace libres, y esa verdad no puede ni debe ser objeto de manipulación o censura. Nadie puede pretender erigirse como el vocero de la verdad, ni de la científica ni de la espiritual, por más arzobispo, cardenal o monseñor que sea.

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viernes, 23 de abril de 2010

Justicia o Impunidad en la Iglesia Católica: los casos de abuso y pedofilia


Numerosas denuncias sobre la presencia de casos de pedofilia y abuso infantil al interior de la iglesia católica han inundado las portadas de diferentes medios de comunicación alrededor del mundo. En todas ellas se deja entrever la presunta falta de colaboración por parte de las principales autoridades eclesiásticas con el proceso de investigación y sanción para aquellos miembros del cuerpo sacerdotal incursos en este tipo de delitos. De igual forma, esta andanada de denuncias ha servido de pretexto inmejorable para todos aquellos enemigos del catolicismo que han utilizado el impacto mediático de las mismas para desatar una furibundo ataque contra la prédica católica y contra las autoridades que la representan, en especial contra la figura del Papa Benedicto XVI.

A mi modo de ver las cosas creo que el debate central, que no es otro que la posición que la Iglesia Católica debe asumir frente a las denuncias de este tipo de abominables crímenes, se ha venido desvirtuando, dando lugar a una discusión bizantina entre los católicos y los anticatólicos, en la cual los unos se esfuerzan por mantener indemne la figura del santo padre y los otros no hacen sino cuestionar su desempeño como Papa y como arzobispo de Múnich, en Alemania, y como prefecto de la Doctrina de la Fe, cargo que ejerciera durante un periodo de 25 años, antes de ser elegido Papa en 2005.


En ese sentido, creo corresponde hacer una serie de precisiones que demuestren que el problema de la pedofilia al interior de los claustros de la Iglesia Católica es un fenómeno que transciende a la gestión del actual Papa o a una iglesia en particular, pues de acuerdo a informes realizados por diverso sectores, incluso los llevados a cabo por la propia Iglesia Católica, se sabe que esta problemática data de hace muchos años atrás en diversas regiones del mundo.


Así, tenemos que en importantes países del mundo como Estados Unidos, Canadá, Italia, acostumbrados a ir a la vanguardia del desarrollo y el progreso, el número de denuncias por caso de pedofilia es escalofriante, lo mismo ocurre con otros como México, Irlanda y Brasil en los cuales el escándalo e indignación generados por estos eventos tuvo como resultado la denuncia de decenas de sacerdotes, los cuales prefirieron colgar la sotana y pasar desapercibidos a afrontar un juicio en el cual se demuestre su culpabilidad o inocencia en juicios públicos.


En Estados Unidos, a partir de una investigación llevada a cabo en el año de 2004 se estableció en 4400 el número de curas pedófilos entre 1950 y 2002, y en 11000 el de niños que fueron víctimas de tales vejámenes. En Canadá, la Iglesia Católica y el gobierno canadiense, tuvieron que pagar 706 millones de euros de indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual en el año 2002. En Italia han sido detenidos, inculpados y declarados culpables 130 curas en los últimos dos años, en el marco de procesos de pedofilia, lo preocupante es que las propias autoridades judiciales señalan que este número no es sino una pequeñísima parte del total de casos que se encuentran en proceso. En Irlanda, país que registra la más alta tasa de casos de pedofilia, se registran aproximadamente más de 14500 casos de niños abusados por sacerdotes. Finalmente, en Alemania, se denunciaron abusos sexuales contra niños en 19 de las 27 diócesis católicas alemanas, entre las cuales figuran abusos contra los pequeños cantores de la coral de Ratisbona, dirigida de 1964 a 1994 por el hermano del Papa, monseñor Georg Ratzinger.


Son todos estos datos, son este conjunto de cifras reportadas en diversos países del mundo, los que viene remeciendo los cimientos de la iglesia en los últimos tiempos. Los casos de abuso sexual de niños en Alemania han motivado una serie de críticas, que con fundamento a no, apuntan siempre a la figura del Papa al cual se lo acusa de haber mostrado indiferencia o en el peor de los casos de haber encubierto las decenas de denuncias que durante años llegaron a conocimiento de las máximas autoridades del Vaticano. Cabe resultar que antes del año 2000, ninguna, sino muy pocas eran las denuncias que salían a la luz pública, y menor aún fue el número de curas que además de ser llevados a proceso fueron declarados culpables. En la mayoría de estos casos, los padre de las víctimas, personas muchas veces de escasos recursos económicos, se veían forzados, mediante el chantaje, la amenaza o alguna dádiva a retirar la denuncia antes hecha, “la Iglesia Católica tiene mucho poder” dicen muchos de ellos, un poder que no pocas veces logró torcer la voluntad de autoridades policiales, encargadas de las investigaciones, de jueces y fiscales, en todo el mundo.


En ese escenario resulta fundamental que la Iglesia Católica, a través del Papa siente una posición clara frente al abuso infantil y casos de pedofilia cometidos por sus curas contra los niños y niñas del mundo. El Papa apelando a la autoridad que tiene dentro y fuera del Vaticano debe dar señales claras al mundo y a su feligresía que actos tan abominables como los descritos no pasarán jamás desapercibidos, que los responsables de los mismos no contarán nunca más con el apoyo directo o solapado de cardenales, arzobispos o del mismo Vaticano, por más poder e influencias que estos tengan. El Papa además deberá, como lo ha venido haciendo en estas últimas semanas, reconocer la responsabilidad que le toca asumir por la indiferencia y desidia con que estas denuncias fueron muchas veces tratadas por el clero. Este acto, además de constituir una mea culpa esperado por fieles y no fieles, constituye un acto de desagravio a las decenas de víctimas y familiares de las víctimas de tan monstruosos crímenes.


En ese sentido, debemos reconocer esta vuelta de timón en la conducción y en el tratamiento que el Papa pretende darle a tan espinoso tema, él mismo dirigiéndose al mundo en una misa celebrada en la capilla Paulina, en el Vaticano señaló “ahora tras los ataques del mundo que hablan de nuestros pecados, vemos que es necesario reconocer lo equivocado de nuestra vida”, llamando a todos los católicos del mundo a hacer penitencia y a reconocer los errores, refiriéndose a los miles de casos de pedofilia denunciados. Estas declaraciones, más allá de ser un gesto simbólico importante, deben marcar un antes y un después en la manera como la iglesia ha manejado este tema. Nunca antes hubiéramos imaginado ver al máximo representante del catolicismo reconocer que dentro de sus predios se cometieron actos tan deleznables, más aún si se tiene en cuenta, que en muchas oportunidades fueron las mismas autoridades católicas las que tildaron a este tipo de denuncias de ataques infames que los enemigos del catolicismo hacían. Hoy en día, la fuerza de la historia y la contundencia de lo sucedido obligan al Vaticano a repensar su posición y a renovar su compromiso en defensa de los más débiles y desprotegidos: los niños. Esperemos en todo caso que esta sea una actitud que se mantenga firme en el tiempo, independientemente del sacerdote que llegue a convertirse en santo padre.



Rafael Rodríguez Campos

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sábado, 17 de abril de 2010

El Mientopolitano: una mentira más que importa


Ese ha sido el nombre con el que miles de usurarios de Twitter han bautizado al Corredor de Alta Capacidad (COSAC) más conocido con el nombre de Metropolitano. El nombrecito además de gracioso e irónico da cuenta de una realidad que a todos los ciudadanos de nuestra Lima debe preocuparnos. Nadie que día a día al salir de su casa se enfrente al caótico tráfico de nuestra ciudad podría desconocer la importancia de la elaboración de proyectos viales que paulatinamente descongestionen nuestras calles y avenidas.

Sin embargo, lo que debe a todos invitarnos a la reflexión es la manera como este tipo de proyectos se llevan a cabo, es decir, si los mismos cuentan o no con una plan y diseño de ejecución que nos permita saber con claridad el trazo del mismo, con estudios de impacto ambiental que permitan prever los posibles efectos negativos que la misma obra pueda ocasionar, un programa claro en el cual se señale el plazo de ejecución de la obra y el precio final de la misma, y lo más importante para el vecino, una central de información en la cual todos, absolutamente todos los vecinos de Lima, podamos encontrar respuesta a las innumerables preguntas que día a día nos hacemos en torno a este proyecto, dejando a salvo los principios de honestidad y transparencia necesarios en toda gestión pública democrática.


Como es conocido por todos, nuestro alcalde ha sido bautizado con los apelativos de “El Mudo” o “Castañeda el hombre de las dos palabras”, todo ello debido a su escasa o nula disposición a conversar con los medios de comunicación que no son sino el canal a través de los cuales las autoridades públicas pueden sostener un diálogo con la población. Castañeda demuestra con esa actitud su total falta de consideración con el vecino limeño, a él le interesa poco o nada la opinión de todos aquellos que vivimos en Lima, peor aún, ningunea y menosprecia las miles de críticas que día a día se le hace llegar través de la prensa escrita, radial y televisiva. Castañeda prefiere escudarse tras los pantalones del inefable Marco Parra, su teniente alcalde que de tanto salir a defenderlo durante todos sus años de gestión, seguramente ya se ha asegurado un lugar preferencial en su corazoncito, a salir al frente y dar a la ciudadanía las explicaciones que a lo largo de todo este tiempo se le han pedido.


Que la prensa no me quiere, que yo hablo a través de mis obras, que los medios de comunicación quieren minar mi candidatura presidencial, que los vecinos no se quejen porque nunca se hizo tanta obra como en mi gestión, que las escaleras de la solidaridad cambiaron la vida de miles de limeños, son las frases más usadas por Castañeda y compañía para eludir el afán fiscalizador y crítico de la ciudadanía. En tal sentido, y como estoy seguro que el señor Castañeda, el cual recuérdenlo bien pretende ser presidente de nuestro país, no cambiará su estilo de hacer política, indiferente con la población, soberbio con los medios de comunicación, autoritario al momento de tomar decisiones, me permitiré a través de este espacio hacerle algunas preguntas, que espero ustedes me ayuden a absolver.


Si de acuerdo al proyecto inicial, el trazo del Mientopolitano debía de llegar hasta los distritos de Comas y Carabayllo, ¿Por qué este trazo fue recortado y ahora sólo llegará hasta los Olivos? Yo no sé


Si uno de los proyectos que la Metropolitana de Lima tiene en su cartera como proyecto de ejecución es el de ampliar el trazo de la Vía Expresa e interconectarlo con la Panamericana Sur, ¿Por qué se optó por un proyecto como el Mientopolitano, que resultando ser más oneroso, solo beneficiará al 10% de la población limeña? Yo no sé.


Si el proyecto ha sido tan bien diseñado como se esfuerza en señalar su teniente alcalde, ¿Por qué durante estos últimos tres años (2007-2008-2009) la fecha de inauguración ha tenido que ser pospuesta tres veces? Yo no sé. Mas aún, y en el colmo de la desfachatez, autoridades de la comuna limeña nos dijeron que la obra se inauguraría el día 15 de abril de 2010, lo que no sabíamos, era que días después de hacerse este anuncio, se nos dijera con total frescura que el primer mes de funcionamiento del Mientopolitano se llevaría a cabo sin pasajeros, y que recién en la quincena de mayo los limeños podríamos hacer uso del mismo.


Si el proyecto del metropolitano cumplía con todos los requisitos técnicos que la normativa legal en la materia exige, ¿Por qué el Mientopolitano inició la ejecución de la obra antes de que la autoridad competente aprobara el estudio de impacto ambiental de la misma, tal y como ha sido revelado por el mismísimo Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Yo no sé.


Si el proyecto estaba tan bien diseñado y el estudio técnico había sido realizado con total pulcritud, ¿Por qué entonces el precio o el costo del mismo han sufrido un exponencial incremento llegando a costar más del doble de lo que se pensó en un principio? Mas aún ¿Por qué cada kilómetro del Mientopolitano cuesta más que un kilómetro de cualquier obra de este tipo hecha en América Latina? Yo no sé


Finalmente, y para no aburrirlos más con mis preguntas al presidenciable Castañeda, ¿Por qué si la obra que se tomó como referencia en el diseño del Mientopolitano fue el Transmilenio de Colombia, y dicho proyecto fue completando con otros proyectos viales de menor alcance, como la construcción de vías alimentadoras, ciclo vías, paraderos inteligentes, puentes peatonales en las principales arterías de la ciudad, el diseño del Mientopolitano no contempla ninguna de estas iniciativas paralelas? Yo no sé.


Como pueden apreciar, son varias las preguntas que el presidenciable Castañeda debería responder, todo ello en aras de la transparencia y la honestidad q ue en el manejo de los fondos públicos siempre se debe exhibir, fondos que costeamos todos los limeños con nuestros impuestos. Sin embargo, este señor se da el lujo de ignorar la queja y la inquietud de los vecinos, amparado en su inconcebible 80% de aprobación a su gestión. Lo que no entiende el señor Castañeda es que en una democracia, en la cual las autoridades y la clase política guardan un profundo respeto por el vecino, ciudadano y elector, el respaldo de la ciudadanía, la fidelidad del ciudadano, no se castigan, como él lo hace, la fidelidad se premia, con respeto, consideración y transparencia.







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viernes, 9 de abril de 2010

El problema de la Minería Informal


Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, puede estar en contra de la medida tomada por el gobierno con la finalidad de iniciar un proceso de formalización de la minería ilegal que se desarrolla en nuestro país. Numerosas son las razones que avalan la iniciativa del Ejecutivo al momento de promulgar un Decreto de Urgencia aplicable sólo en la zona de Madre de Dios con la finalidad, como ya mencionamos, de formalizar a los informales. Veamos algunas de estas razones.


Cómo es de suponerse todos aquellos que desarrollan esta ilegal actividad no son sino evasores tributarios, no cumplen con su obligación de pagar impuestos, locales o nacionales, ocasionando una pérdida para el Estado de aproximadamente 600 millones de dólares, eso teniendo en cuenta que de acuerdo a datos obtenidos de numerosos informes elaborados por el propio gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil, la minería informal en el Perú mueve un promedio de 1000 a 1200 millones de dólares al año, sin lugar a dudas se trata de un negocio bastante lucrativo.


Otro dato que resulta preocupante es el relacionado a los profundos daños que esta actividad ocasiona en cuanto a la conservación del equilibrio ambiental y el ecosistema. Al no ser empresas formales no cuentan con proyectos de sostenibilidad medio ambiental, no invierten en proyectos destinados a reducir el impacto medioambiental que su actividad trae consigo. La consecuencia, miles de hectáreas en Madre de Dios han sido literalmente devastadas, son tierras inservibles para el cultivo y su reforestación es casi imposible. Además, tanto en Madre de Dios como en otras regiones de nuestro país como La Oroya, los niveles de mercurio presentes en el agua que los pobladores consumen es mayor el permitido, con lo cual no solo se ocasiona un daño terrible al ecosistema sino también a la salud y a la vida de los pobladores que viven en las comunidades adyacentes a los lugares donde se desarrolla dicha actividad.


A ello se suma lo siguiente. La poca presencia del Estado, la ausencia de una entidad que los fiscalice, como sí sucede o debería suceder en el caso de las empresas formales, hace que ninguna de estas empresas informales sea respetuosa de los derechos laborales de sus trabajadores. Ninguno de ellos cuenta con un seguro de vida frente a una actividad de alto riesgo, ninguno tiene derecho a una remuneración mínima vital mucho menos a días de descanso o vacaciones. Es decir, las condiciones de sub empleo, el cual muchas veces llega a niveles de explotación, son otro elemento que fundamenta la necesidad de asumir la obligación de formalizar a esta minería.


Además de lo dicho, la numerosa cantidad de dinero que este ilegal negocio mueve, trae consigo la formación de no una sino de varias mafias organizadas a su alrededor, mafias dedicadas por ejemplo a la trata de blancas, decenas de niñas y adolescentes de otros lugares cercanos a la zona de explotación minera son captadas con el cuento de obtener un puesto de trabajo, para finalmente, al cabo de algún tiempo, terminar siendo obligadas a ofrecer servicios sexuales en los denominados “Prostibares”. Lo mismo ocurre con el tráfico de menores, los cuales son literalmente esclavizados y obligados a brindar su mano de obra a cambio de una plato de comida y un techo en el mejor de los casos.


Siendo este el escenario, sorprende y entristece la actitud de algunos políticos que valiéndose de la ignorancia de la población y mediante una campaña de desinformación vil y maliciosa pretenden azuzar a la población y fomentar actos de violencia como la toma de carreteras, el atentado contra la propiedad pública y privada, e incluso la agresión a los agentes del orden. No es posible entonces que un problema que debe encontrarnos a todos los peruanos unidos sea utilizado políticamente por algunos con la única finalidad de obtener algún crédito de cara a las próximas elecciones.


También sorprende el que ninguna ONG ambientalista dedicada a la defensa y promoción de los derechos medioambientales o aquellas dedicadas a velar por los derechos laborales de los trabajadores mineros haya salido al frente a sentar posición sobre este preocupante problema. Al parecer a estas organizaciones no les parece relevante el hecho que varias hectáreas de nuestra amazonia haya sido depredada a causa del relave minero que esta actividad informal genera, así como tampoco le resulta de interés el daño que al ecosistema ocasiona por ejemplo el sin número de posas de maceración que el negocio del narcotráfico promueve, a diferencia de lo que ocurre cuando frente a ellas se encuentra una compañía minera transnacional , la cual a diferencia de las infromales, sí paga impuesto, si invierte en proyectos de sostenibilidad y equilibrio ecológico y también ofrece estándares de cumplimiento de la legislación muy por encima de los que estas ofrecen. Tal parece que a muchas de estas organizaciones les sobre valor para frenar grandes proyectos mineros como Tambo Grande, o ahora Tía María, pero esconden la cabeza como la avestruz cuando se trata de hacer frente a las mafias que están detrás del negocio de la minería informal.


Como bien señalan algunos, el problema de la informalidad en la actividad minera es un problema social que se arrastra hace más de 40 años, es indudable, que más allá de la ilicitud de la actividad, ésta atrae a miles de hombres y mujeres, muchas familias, bien o no, viven de este ilícito negocio, los jornaleros se ven seducidos por un pago diario que fluctúa entre los 400 y 500 soles diarios, mucho más de lo que podrían obtener si se dedicaran a otra actividad. No extraña entonces que un Decreto d Urgencia que fue pensado única y exclusivamente para la zona de Madre de Dios haya ocasionada la reacción violenta y radical de pobladores de Arequipa ¿Cómo se explica eso? Pues muy simple. El negocio de la minería informal es tan lucrativo que se ha extendido a lo largo de todo el país, si se quiere ver de algún modo, se trata de un actividad que ha hecho metástasis, en tal sentido, los pobladores de Arequipa, los mineros “seudo artesanales” de Arequipa (utilizo el entrecomillado ya que es imposible que mineros artesanales cuenten con un capital tan ingente que les permita adquirir maquinaria tan costosa como las que hemos visto por televisión, sino basta con centrar nuestra atención sobre las famosas dragas) se oponen a este Decreto de Urgencia pues sienten temor de que el Estado replique esta iniciativa extendiéndola a su territorio.


Este es el problema de la minería informal, estas son las consecuencias negativas que para el país trae consigo esta ilícita actividad. Es por ello que siendo un problema de escala nacional, exige el esfuerzo y unión de todas las fuerzas políticas en el diseño de una estrategia integral que de manera paulatina de solución a un problema que tiene más de cuatro décadas. Es el momento que los partidos y movimientos sociales de todo el país sienten posición sobre el tema, dejen de lado los intereses particulares anteponiendo los de la nación. No es posible pues que aprovechándose de la coyuntura salga algún advenedizo a petardear la iniciativa del gobierno de querer formalizar dicha actividad, con propuestas inviables y absolutamente irresponsables como el pedido de vacancia presidencial.



Rafael Rodríguez Campos

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viernes, 2 de abril de 2010

Solo para fumadores


Con ese título bautizó uno de sus cuentos el genial Julio Ramón Ribeyro. En el primer párrafo de dicha pieza literaria el genial Julio Ramón narra su primera experiencia en el mundo del cigarrillo. Lo fumó a las catorce o quince años, se lo invitó un amigo a la salida del colegio, el primer humo le ocasionó tal malestar que luego de una serie infinita de vómitos se prometió infructuosamente no volver a hacerlo, narra Ribeyro. Al cabo de algunos años, era imposible imaginar a Ribeyro haciendo su ingreso por el Patio Letras de la Universidad Mayor de San Marcos sin un Chesterfield entre los dedos dando bocanadas de humo por doquier. Y es que para muchos como Ribeyro, el cigarrillo es un compañero inseparable, forma parte del día a día del fumador, está presente en sus días más festivos así como también en los de mayor tristeza y pesar. Siempre, pero siempre, el fumador encuentra algún rincón, un espacio, un escondijo donde aplacar su ansiedad, prender el cerillo y entregarse al placer que sólo ellos pueden describir.


Con el correr del tiempo, esos espacios de deleite han ido reduciéndose, las sociedades comenzaron a tomar conciencia sobre lo peligroso que resulta ser para la salud de los seres humanos el consumo masivo y continuo de cigarrillos. Se fueron implementado leyes para regular su consumo, se dijo que solo podrían ser adquiridos por mayores de 18 años, que en la tapa de las cajas de cigarrillos debía figurar una advertencia lo suficientemente grande como para desincentivar su consumo, que se prohibiría la venta al menudeo de los mismos para evitar que los jóvenes los adquieran a cambio de algunas monedas; y por si no fuera poco, se ordenó que los centros de recreación de acceso público, como bares, discotecas o clubs en general, habilitasen zonas reservadas para todos aquellos que decidiesen prender un cigarrillo y sentir en cada pitada el placer de su humo.


La semana que pasó, el Pleno del Congreso del Perú aprobó la ley que prohíbe fumar en lugares públicos cerrados, como hoteles, restaurantes, discotecas y centros de trabajo. ¿Qué significa ello? Muy simple. Significa que los días de las denominadas “zonas para fumadores” han llegado a su fin. Es decir, también se ha prohibido la presencia de este tipo de áreas, reservadas para fumadores y sus voluntarios acompañantes, en locales como los anteriormente descritos.


En el Perú año a año mueren un promedio de 9000 personas a causa de enfermedades atribuidas al tabaquismo. Esta problemática ha sido, según lo que se expuso en la sesión del Congreso, la razón que motivó la promulgación de una ley mucho más estricta en torno al consumo de cigarrillos en espacios públicos, por más que se trate de centros de entretenimiento, o incluso de bares y otros espacios similares. Sin embargo, ¿Puede el Estado válidamente invadir la esfera privada de una persona adulta que con absoluta voluntad y libertad decide fumar un cigarrillo en un espacio reservado para ellos o, peor aún; puede el Estado impedirle a cualquier individuo ingresar a una zona de fumadores, convertirse en fumador pasivo, por el sólo placer de compartir una buena conversación con sus amigos fumadores, con su amiga fumadora, con su amante fumadora? Yo creo que no.


Como bien señalan algunos entendidos en la materia, esta norma expulsa, indirectamente, a todo fumador de cualquier espacio público, le impide ´tácitamente su presencia, bajo el absurdo argumento qué fumar, incluso en lugares reservados para ellos, pondrá en riesgo la salud de todos los demás concurrentes, incluso la de aquellos que libremente desean ser parte del humo en su condición de felices fumadores pasivos. Más aún, en el colmo de la exageración, y con la sola finalidad de justificar el carácter arbitrario e irrazonable de esta medida, se pretende decir que la prohibición absoluta del cigarrillo apunta a lograr un medio ambiente 100% libre de humo de tabaco, como si ello fuera posible.


Lo curioso es que las diversas falacias y argumentos disparatados que se han brindado para justificar tal medida ya fueron advertidos anteriormente no solo por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino también por el INDECOPI. Nadie, en su sano juicio, puede negar los enormes inconvenientes que el consumo de cigarrillo tare consigo. Pero, nadie, absolutamente nadie, puede avalar una norma que pretende de manera arbitraria convertirnos a la fuerza en no fumadores, nadie que sea o se precie de creer en la libertad y autonomía individual, puede estar de acuerdo con una iniciativa estatal que pretende imponer autoritariamente un estilo de vida, una vida sin cigarrillo, y ello, porque el individuo, mayor de edad, de manera libre y voluntaria tiene el derecho a decidir sobre su propia vida, tiene derecho a llenar sus pulmones de humo o asumir una dieta súper light y macrobiótica, y en esa decisión el Estado no puede interferir.


En el colmo de la ridiculez, alcaldes, congresistas o ministros, salen a decir que no sólo se trata de defender la salud de los no fumadores (en otras palabras, le dice al fumador pasivo, oye tú, como eres muy irresponsable y si eres absolutamente libre decidirás ir con tus amigos fumadores a consumir su humo, yo decido por tí y evito de manera solapada que cometas ese error prohibiendo la existencia de los lugares “solo para fumadores”), sino también la pureza del ambiente. Sí señores, esos mismos burócratas que con incapaces de solucionar el grave problema de contaminación ambiental existente en nuestro país, en Lima para ser puntual, o en la avenida Abancay para ser más específico, a causa de la presencia de automóviles vetustos, que cuadra a cuadra van eliminando tanto humo como el necesario para llenar miles de miles espacios para no fumadores, nos dicen ahora que la manera más inteligente de luchar contra la contaminación ambiental es prohibir las zonas para fumadores en los locales públicos.


Esta norma no sólo es absurda, es abiertamente autoritaria, es inconstitucional, pues atenta contra lo más sagrado que tiene el ser humano, su libertad; la libertad de concurrir a un espacio, alejado del de los demás, en el cual pueda practicar una actividad que además es legal como fumar un cigarrillo, o, como hemos dicho anteriormente, también vulnera el derecho de los individuos de convertirse en fumadores pasivos por decisión propia, es decir, en nuestro país se puede consumir cuantas vasos de cerveza uno quiera, pero no se puede aspirar el humo del cigarrillo de aquellos con los cuales decido estar, eso es francamente absurdo.


Lo lógico, lo razonable en este caso, es dese luego regular el consumo de tabaco, sobre todo tratando de evitar su consumo en los más jóvenes, exigiendo la publicidad de anuncios en los cuales se advierta de los daños colaterales que el consumo de tabaco traen para la salud de los seres humanos, pero de ningún modo, condenado al ostracismo, expulsando de los lugares públicos a los fumadores, que al igual que los bebedores, tienen todo el derecho de consumir el tabaco que deseen, siempre que ello no afecte el derecho de los no fumadores, por eso es que causalmente se ideó el diseño de las áreas solo para fumadores, entendidas como espacios en los cuales, luego de una adecuada ambientación, los amantes del cigarrillo podrían encontrarse libremente y disfrutar de su vicio.


Una vez más, el Estado demuestra que no tiene ningún problema en violentar las libertades y los derechos de los individuos si de lo que se trata es de conseguir el aplauso de alguno cuantos, bajo el pretexto: los no fumadores son los menos, y por tanto, restringiendo, arbitrariamente o no, el consumo de tabaco protegeré el tantas veces manipulado concepto de interés general.


En todo caso, el gran Julio Ramón desde el más allá seguirá encendiendo uno a uno cuantos cigarrillos le de la gana, y tantos otros, como lo hiciera yo seguramente, decidirán tragarse todo su humo por el solo placer de ser testigos de su conversación inteligente y agudeza intelectual. En el Perú de nuestros días, ningún local le abriría sus puertas, por el solo hecho que está prohibido fumar, aún cuando no se moleste a nadie, en esas cabinas maravillosas, que en letras rojas por lo general, calmaban nuestra ansiedad, con la frase “solo para fumadores”.






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