EL COSTO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

En el año 2012, Transparencia Internacional publicó un informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en el cual nuestro país -junto al Salvador y Panamá- ocupaba el puesto 83 entre 176 países. En otras palabras, el Perú presentaba uno de los IPC más altos a nivel mundial. Posición distinta es la que registraban Chile y Uruguay (ambos en el puesto 20) que sobresalían como los países de la región más transparentes junto a estados desarrollados como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. La otra cara de la moneda la presentaban Bolivia/México (105), Paraguay (150) y Venezuela (165).

Hoy, 3 años después de la publicación del referido informe, El Comercio publica una encuesta preparada por IPSOS que arroja los siguientes resultados: el 80% de la población considera que Alan García y Alejandro Toledo (ambos ex presidentes de la república) son “mayormente o totalmente corruptos”, mientras los que piensan lo mismo del actual presidente Ollanta Humala llegan al 75%. Frente a este panorama, creo oportuno formularnos la siguiente pregunta: ¿Cómo consolidar a la democracia como forma de gobierno en el Perú cuando más del 70% de los ciudadanos considera que sus 3 últimos presidentes son corruptos?

Considero que esta es una interrogante que los candidatos y partidos que buscan  alcanzar la Presidencia de la República en 2016 deberían estar en condiciones de responder. Es más, estimo que son los electores los que de manera general debemos convertir a este tema en uno de los ejes centrales de la próxima campaña electoral. ¿Cuáles son las propuestas que los candidatos y los partidos le ofrecen al electorado para luchar contra la corrupción y adecentar la política? Es, como ya lo señalé, una de las preguntas –sino la más importante- que los electores debemos hacernos antes de decidir por qué candidato presidencial votar el próximo año.

La historia de la corrupción en el Perú

Pero antes de formular soluciones a esta problemática, es menester conocer su naturaleza, comprender sus causas y efectos, para luego, una vez que se haya identificado la magnitud y el alcance del fenómeno, poder adoptar medidas eficaces destinadas a impedir que la corrupción siga carcomiendo los cimientos de nuestro Estado, debilitando nuestra institucionalidad y empobreciendo nuestra moral pública.

Al respecto, Alfonso Quiroz (1956-2013), publicó en 2013 su libro titulado “Historia de la Corrupción en el Perú”, una investigación que recopila y muestra diversos datos que grafican la verdadera magnitud del problema. Se trata, como señalan los especialistas, de la más importante investigación llevada a cabo en nuestro país sobre la corrupción, ya que es la primera vez que en un estudio se ha podido acceder a documentos reservados, archivos peruanos y extranjeros, informes desclasificados de los Estados Unidos, documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano y otras fuentes de difícil acceso que corroboran muchos de los datos e hipótesis que se tenían en torno a este asunto.

La corrupción peruana en cifras

En el libro se señala que entre el 30% y 40% del presupuesto nacional desde inicios de la República se ha perdido en actos de corrupción. Ahora, si analizamos esas cifras a la luz de nuestro PBI, podemos afirmar que la corrupción se engulle aproximadamente el 4% del mismo. Entonces, no exagera el autor cuando señala que ha sido el manejo corrupto de nuestra economía una de las principales causas del retraso de nuestro país.

Corrupción y crecimiento económico

Además, en el libro encontramos datos que confirman la siguiente hipótesis: los niveles de corrupción aumentan durante los períodos de mayor crecimiento económico. Este dato es fundamental si tomamos en cuenta que nuestro país durante los últimos años ha venido registrando una senda de crecimiento económico sostenido como nunca antes en su historia. ¿Cuántos millones de soles generados por el crecimiento se han perdido en actos de corrupción? ¿Hemos hecho el esfuerzo por generar los controles institucionales necesarios para frenar los actos de corrupción? ¿Algún candidato presidencial podrá y querrá liberar al Perú del fantasma de la corrupción? Son preguntas que el electorado debe comenzar a formularse con seriedad si realmente quiere que el 2016 la historia de nuestro país cambie.

Corrupción y autoritarismos

Asimismo, otro dato interesante que arroja este estudio está asociado a la relación simbiótica que existe entre la corrupción y la presencia de gobiernos autoritarios y/o dictatoriales. En otras palabras, mientras más autoritario es el Gobierno de turno, mayores son los incentivos para que los agentes públicos y privados incurran en actos de corrupción.

Eso se explica de modo muy sencillo: habiendo abolido los controles propios de la democracia y del Estado de Derecho, los gobernantes autoritarios y sus camarillas, tienen menos frenos a la hora de malversar y/o apropiarse del dinero público. Ergo, los corruptos saltan en un pie cada vez que nuestra democracia es petardeada y los regímenes autoritarios se apropian de la dirección política del país.

Los gobiernos más corruptos de la historia

Por ello, no resulta extraño afirmar que los periodos de mayor corrupción de nuestra historia republicana sean coincidentemente los periodos en los que nuestra democracia fue ferozmente destruida por líderes autoritarios que no tuvieron mayores reparos en ser actores directos o cómplices diligentes del saqueo económico a gran escala del erario nacional.

Así lo demuestra esta investigación, cuando señala que justamente los períodos de mayor corrupción en el siglo XIX fueron las décadas del 30 y del 50. Mientras que en el siglo XX, fueron los gobiernos de Leguía, Odría, Fujimori, Velasco y Alan García (primer periodo) los años en los que la corrupción ocasionó las mayores pérdidas del gasto público: 72%, 46%, 50%, 42% y 35%, respectivamente.

Para no olvidar en el 2016

A la luz de lo expuesto, creo que los peruanos no deberíamos olvidar -como la anota Transparencia Internacional-  que una extendida corrupción acentúa las desigualdades, debilita a las democracias, incita a la violencia y da pie para que el crimen crezca. Es más, podríamos afirmar que actualmente nuestra sociedad continúa pagando el alto costo político de la corrupción. Digo ello ya que miles de millones de soles se pierden diariamente en actos de corrupción, recursos que bien podrían ser invertidos en obras, programas o iniciativas destinadas a combatir la pobreza, reducir la desigualdad o mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas. Por lo pronto, esperemos que en 2016 los electores destierren de su imaginario y vocabulario la ignominiosa frase: “Roba, pero hace obra”.

LA IMAGEN DE CUBA EN LATINOAMERICA

La Corporación Latinobarómetro publicó un interesante informe titulado: “Cuba en la opinión pública de América Latina”. Este informe señala que sin importar la opinión que tienen los latinoamericanos sobre Cuba y el grado de democracia que le adjudican, la mayor parte de la población de la región quiere que termine el embargo de USA a Cuba. Así lo manifestó la opinión pública en 17 de los 18 países medidos por Latinobarómetro.

¿Cuán democrático es Cuba?

En una escala de 1 a 10, los latinoamericanos la ubican entre el 3.8 y 4.1. Nicaragua es el país donde sus ciudadanos evalúan mejor la democracia cubana (5.6), mientras en Costa Rica sus ciudadanos afirman que la democracia en Cuba está en el 2.7 (la peor evaluación).

Al respecto, los cuatro países que mejor evalúan la democracia cubana son Nicaragua (5.6), El Salvador (4.6), Ecuador (4.5) y Brasil (4.3). En las antípodas de estos países se encuentran Costa Rica (2.7), República Dominicana (2.9), Chile (3.1) y Panamá (3.2). Por su parte, los peruanos evalúan la democracia cubana con un modesto 3.3.

Lo que sorprende, señala Latinobarómetro, es que los ciudadanos de la región ubiquen a Cuba en cualquier grado de democracia, considerando que tienen un régimen autoritario. Eso quiere decir que los latinoamericanos no tienen claridad respecto del tipo de régimen que hay en Cuba.

Además, un dato a tomar en consideración es que los latinoamericanos que tienen más educación (Superior) consideran a Cuba como menos democrático (3.2), que los que tienen menos educación (Básica) que la califican con 4.

Asimismo, de acuerdo al promedio de edad, el estudio señala que los latinoamericanos que tienen menos de 25 años son los que consideran a Cuba como más democrática con 4.

¿Qué opinan los latinoamericanos sobre el embargo?

Como ya señalamos, en 17 de los 18 países medidos hay una mayoría de latinoamericanos que están en contra del embargo. De hecho, sólo en Panamá hay menos del 50% con un 48%. Cabe señalar que esta es una tendencia que se ha venido consolidando a lo largo de la primera década de este siglo de 54% en 1998 a 63% en 2010.

A su vez, es importante destacar que hay cuatro países (Ecuador, Venezuela, Argentina y México) donde más del 70% de la población está en contra del embargo. Por su parte, el 59% de los peruanos manifestó estar en contra de esta medida.

Algunos asuntos a considerar para analizar este estudio

Siempre son interesantes los estudios de opinión que recogen la percepción de los ciudadanos sobre temas polémicos como el embargo a Cuba o su democracia. Sin embargo, al momento de analizar estas cifras, resulta necesario formularnos, por ejemplo, la siguiente pregunta:

¿Cuál es el concepto de democracia que manejan los latinoamericanos?

La respuesta a esta interrogante es clave pues si los latinoamericanos asocian la idea democracia con la celebración periódica de elecciones competitivas entonces queda claro que en la región el único país que incumple con esta regla es justamente Cuba, ello explicaría el por qué los países de Latinoamérica evalúan de manera tan negativa la democracia cubana.

Ahora bien, este diagnóstico, como algunos sostienen, seguramente sería diferente si la idea de democracia de los latinoamericanos estuviese asociada con la concretización cabal y plena de los derechos fundamentales de las personas. De hecho, quienes suelen defender la “democracia cubana” afirman que Cuba es el país de la región que destina el mayor porcentaje de su PBI a la educación, además de contar con una salud de calidad puesta al servicio de las grandes mayorías.

Las cifras de Latinobarómetro pueden generar confusión

Pero lo llamativo de estos estudios realizados por Latinobarómetro es que los ciudadanos de aquellos países que suelen ser catalogados por los medios como poco democráticos o autoritarios (Venezuela, Ecuador, Argentina o Bolivia), son al mismo tiempo, los que registran los más altos porcentajes de respaldo al régimen democrático y mayor satisfacción expresan con relación a sus respectivos gobiernos.

La otra cara de la moneda la presentan países como el Perú, considerado por los medios como un régimen democrático desde el año 2001, luego de la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, pero que sin embargo, presenta los mayores índices de desconfianza y desencanto con su democracia.

Para los peruanos, el retorno al Estado de Derecho y la recuperación de la democracia en 2001 no ha significado la mejora de sus niveles de vida. La mayoría de peruanos estima que derechos como la salud, educación, vivienda, seguridad social o acceso a la justicia no son adecuadamente garantizados por el Estado, y por ende, no consideran imprescindible la vigencia de un régimen democrático si este no es capaz de brindarles una mejor calidad de vida.

Es más, un estudio realizado por Latinobarómetro (2010) arrojó que la mayoría de peruanos está dispuesto a tolerar la violación de derechos y libertades fundamentales a cambio de orden y seguridad. Eso no quiere decir que todos los peruanos sean permisivos con las prácticas autoritarias o dictatoriales de sus líderes políticos, más si se tiene en cuenta que este mismo informe advierte que en el Perú existe un importante 30% de su población que respalda y cree en el régimen democrático, independientemente de si este logra o no en el corto o mediano plazo acabar con la pobreza o la exclusión social, pues consideran que la democracia, por más precaria que sea, siempre será mejor que una dictadura.

A modo de conclusión

Como podemos apreciar, los estudios de opinión realizados en la región –los del Latinobarómetro no son la excepción, deben ser siempre analizados más allá de las cifras que estos presenten, ya que existen variables -como hemos visto- económicas, políticas, sociales, culturales (estructurales, diría yo) que explican por qué latinoamericanos que critican ferozmente la “democracia cubana”, son, al mismo tiempo, tolerantes con las tropelías cometidas por sus propios líderes, autócratas de derecha o izquierda -eso no importa- , que de manera recurrente suelen aparecer en el escenario político de la región enarbolando las banderas del cambio con un discurso abiertamente populista. 

LA CHOLIFICACION DE LA DEMOCRACIA EN EL PERU

El año pasado, Nicolás Lynch Gamero, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publicó su libro titulado “Cholificación, república y democracia. El destino negado del Perú” (Editorial Otra Mirada), cuyo objetivo principal es hacer una propuesta que nos permita desarrollar el Perú con independencia, democracia y justicia social. Para ello, refiere el autor, hay que construir una hegemonía en la sociedad peruana; es decir, una mayoría ciudadana organizada que apunte a la creación de una comunidad política para realizarnos como nación.

Para Lynch, la historia del Perú es una historia de decepciones que tiene como último capítulo de esta saga a la frustración democrática. Prueba de ello es que la vuelta del Estado de Derecho hace década y media no ha significado un cambio sustantivo en la vida de los peruanos.

Sobre este punto, el autor señala que el eje del conflicto peruano es la contradicción étnico/social, donde se funden etnia y clase, que tiene expresión contemporánea en el bloqueo del proceso de cholificación, entendido como el proceso de democratización social que ha vivido el país pero que no llega a convertirse en democracia política con instituciones sólidas de participación y representación.

A partir de este diagnóstico, Lynch aborda la problemática descrita en 24 breves ensayos (interesantes todos), para finalmente, presentar en el epílogo del libro: “El programa para la refundación democrática”. Sin embargo, lo que ahora nos interesa presentar son las tres formas más importantes de hacer y pensar la política, que el autor ha logrado identificar luego de analizar la historia del Perú republicano: 1) La forma reaccionaria; 2) La forma reformista/conservadora; y 3) La forma nacional/popular.

La forma reaccionaria

Es la que suele reaccionar contra toda pretensión de cambio, fue la forma característica del Estado oligárquico (excluyente, racista y dependiente) y de las clases sociales que lo respaldaron, la propia oligarquía costeña y el gamonalismo andino. También es la forma de sus herederos actuales: la gran burguesía social del capital imperialista y la tecnocracia a su servicio, que han entendido la política como exclusión.

Para estos grupos, afirma el autor, la política es un asunto de pocos y para pocos, que debe ser resuelta en una competencia y arreglo entre notables, más allá de si el origen de la misma son las elecciones populares o alguna dictadura cívica/militar. Su imagen de país no es la de un hogar nacional sino la de una plataforma de actividad principalmente económica y eventualmente social, de la que extraen sus recursos pero a la que no le deben nada o casi nada.

La forma reformista/conservadora

Es característica de los intentos demoliberales desde arriba, que buscan integrar limitada y segmentariamente a las mayorías a la economía y a la política en el Perú. Expresa a las clases medias, principalmente a las criollas, que procesan una primera reacción contra la exclusión oligárquica. Esta forma busca la integración del país, pero parcial y muy progresiva, porque la plantea desde la reforma de la dominación total de la oligarquía.

Estos grupos demoliberales, apunta Lynch, no niegan la explotación como dominación clasista, étnico/social y colonial/imperial sino que buscan reformarla por la vía de la legislación y eventualmente de la intervención estatal. La nación tiene como base la hispanidad y el catolicismo, que trae, citando a Víctor Andrés Belaunde, el conocimiento y la base ética, a los que se pueden integrar la morfología social y la estética indígenas. De hecho, para el reformismo/conservador la imagen nacional es un mestizaje en el que lo blanco occidental ordena y asume el legado de los pueblos originarios, apelando a la falsa proximidad como la manera de acercamiento de los peruanos de diferentes ancestros.

A diferencia de los reaccionarios, señala el autor, para esta forma sí es importante la diferencia entre dictadura y democracia solo que el acceso a esta última debe ser selectivamente representativo y no abiertamente participativo. Su perfil antiautoritario le ha permitido jugar un papel importante en las crisis de algunas dictaduras pero sus temores democráticos no la han llevado más allá del reformismo tibio y la democracia precaria.

La forma nacional/popular

Es la que postula que la política es un asunto de todos y para todos y por esa razón da origen a la política moderna en el Perú. Es expresión de las clases medias radicalizadas, así como de los trabajadores e informales urbanos y rurales, y de los pueblos originarios tanto andinos como amazónicos. Como forma inclusiva por excelencia es la que reclama nación y justicia a lo largo de nuestra historia republicana. Su año mítico de nacimiento es 1930 porque es cuando los herederos de la colonia ya no pudieron apelar a ningún consenso para seguir gobernando y tuvieron que recurrir reiteradamente a la fuerza.

Para Lynch, el objetivo de la forma nacional/popular es constituir una comunidad plural, a partir de nuestra más antigua tradición, para todos los peruanos. El desarrollo para esta propuesta debe basarse en el trabajo decente y la inversión nacionales, dejando de lado la servidumbre, el trabajo gratuito y la represión del salario, contando con la colaboración pero nunca subordinados a intereses foráneos.

La nación, refiere el autor, para lo nacional/popular se resuelve en la choledad, que no es ya la mezcla subordinada al legado colonial, sino la democratización producida por los pueblos originarios a partir de la captura y transformación de la sociedad criolla en una sociedad chola, en su proceso de migración del campo a la ciudad.

Apunte final

Como es de suponer, este libro se inscribe y apuesta por el desarrollo de la forma nacional/popular, contraria a la fórmula excluyente de las dos primeras, que busca ser de masas y en esa visión apuesta por la organización. Por eso, para Lynch, es imperiosa la tarea de construir partidos fuertes y la necesidad de un movimiento social organizado como sustento y vehículo de su acción política, capaz de avanzar en el proceso de democratización social hasta llegar a consolidar una auténtica democracia política para todos los peruanos.

Nota: Recomiendo la lectura de este libro, pues de forma sencilla y clara, nos presenta la manera cómo se ha hecho y pensado la política en el Perú republicano. 

EL CASO DEL OPERATIVO CHAVÍN DE HUÁNTAR ANTE LA CORTE IDH

Al cabo de casi 4 años de proceso, y 2 meses después de haber dictado sentencia, la Corte IDH notificó su decisión adoptada para el caso del Operativo Chavín de Huántar (Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú), disponiendo que el Estado peruano lleve adelante una investigación eficaz para determinar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial del terrorista del MRTA, Eduardo Cruz Sánchez, alias “Tito”, en una sentencia de 179 páginas (incluyendo los votos disidentes y concurrentes), cuyos puntos centrales a continuación presentamos.

En primer lugar, debemos destacar que la Corte reconoce que el Estado peruano llevó a cabo este operativo con el único objetivo de liberar a los 72 rehenes de la residencia del embajador japonés, en abril de 1997, y que por lo tanto, era legítimo el uso de la fuerza letal para el éxito de la misión.

En segundo lugar, la Corte indica que no existen elementos probatorios suficientes que permitan determinar si los terroristas Víctor Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva murieron durante o después del enfrentamiento con los comandos Chavín de Huántar, y que por lo tanto, no es posible responsabilizar al Estado peruano por estas muertes.

En tercer lugar, la Corte acogió la tesis de la Corte Suprema del Perú que en 2013 ordenó que se abra una investigación profunda que permita identificar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de “Tito”, pues a su juicio, existían episodios del operativo que debían esclarecerse, y que por lo tanto, era necesario llevar a cabo una investigación mucho más profunda.

Sobre este punto, la Corte afirma que la última vez que “Tito” fue visto vivo ya se encontraba fuera de combate (rendido), por lo que el Estado peruano estaba obligado a respetar y garantizar sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida e integridad personal. Al respecto, para la Corte, han sido decisivas las declaraciones del secretario general de la embajada japonesa, Hidetaka Ogura, y de los policías Marcial Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, ya que los tres afirmaron que “Tito” fue capturado y reducido (amarrado y desarmado), y que fue entregado vivo a un militar, quien luego volvió a ingresar con él a la residencia.

En cuarto lugar, la Corte refiere que las propias autoridades peruanas reconocieron haber cometido errores en la investigación, sobre todo en las primeras diligencias y en las acciones destinadas a asegurar el material probatorio, como por ejemplo lo ocurrido con el levantamiento de los cadáveres -llevado a cabo por personal militar del Servicio de Inteligencia Nacional- , el resguardo de la escena del crimen o el haber impedido que personal técnico-forense especializado tome fotografías, recoja huellas dactilares o recolecte toda la evidencia posible.

En quinto lugar, la Corte “reafirma” que en un Estado Democrático de Derecho los civiles y los delitos de violación de derechos humanos no pueden ser juzgados en el fuero militar, pues la jurisdicción militar sólo es competente para juzgar a miembros activos por la comisión de delitos o faltas que atentan contra bienes jurídicos inherentes al orden militar.

En otras palabras, para la Corte las ejecuciones extrajudiciales deben ser siempre investigadas por la justicia ordinaria (tribunales civiles). Eso explica por qué la Corte ordena continuar con el proceso penal en curso que actualmente se está llevando a cabo ante las autoridades del Poder Judicial del Perú.

Al respecto, la Corte ha ordenado investigar este caso con la mayor diligencia posible y en un plazo razonable, más aun tomando en consideración que han transcurrido 18 años sin que el Estado peruano, debido a su negligencia y demora, pueda esclarecer completamente estos hechos.

En sexto lugar, la Corte (4 votos a favor y dos en contra) ha determinado que su sentencia “en sí misma” constituye una forma de reparación, y que por lo tanto, no ordenará el pago de ninguna indemnización a favor de los familiares de los terroristas muertos en este operativo. No obstante ello, lo que sí ha dispuesto la Corte es que el Estado peruano le brinde al medio hermano de “Tito”, atención psiquiátrica y/o psicológica gratuita por haberse violado su derecho a la integridad personal.

En séptimo lugar, la Corte ordenó el pago de 30 mil dólares a favor de los organismos de derechos humanos que llevaron el proceso por concepto de costas y gastos. Los organismos favorecidos son Cejil y Aprodeh.

Dicho todo ello, creo que es posible extraer las siguientes conclusiones: 1) La Corte reconoció la legitimidad del Operativo Chavín de Huántar y el uso de la fuerza letal para cumplir con su objetivo: rescatar a los 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997; 2) La Corte no ha investigado a los comandos Chavín de Huántar sino el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado peruano; 3) La Corte afirma que sólo se presentó una ejecución extrajudicial, la de “Tito”, la misma que deberá ser investigada de manera eficaz y en un plazo razonable, a efectos de encontrar y sancionar a los responsables; 4) La Corte considera que un proceso por violación de derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales) no puede ser conocido por el Fuero Militar –como ocurrió en este caso- , ya que este sólo es competente para juzgar delitos o faltas que lesionen bienes jurídicos castrenses; y 5) La Corte no ha ordenado el pago de indemnizaciones a favor de los terroristas, como maliciosamente algunos sectores vaticinaban.

Entonces, ¿Qué debería hacer el Estado peruano frente a esta decisión? La respuesta es una sola: como país respetuoso del Estado de Derecho y del orden internacional, consciente de la importancia que tiene el cumplimiento de las obligaciones supranacionales en materia de derechos humanos, al Estado peruano sólo le queda cumplir cabalmente con lo dispuesto en el fallo, como muestra evidente de su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y los valores democráticos.