lunes, 8 de agosto de 2016

LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE LA MAYORÍA PARLAMENTARIA FUJIMORISTA



El 26JUL2016 la congresista fujimorista Luz Salgado Rubianes fue elegida presidenta del Parlamento para el periodo 2016-2017 con el respaldo de 87 votos. Eso quiere decir que el fujimorismo logró sumar a 14 parlamentarios de otras fuerzas políticas a su bancada de 73 congresistas. En otras palabras, el fujimorismo, cuenta hoy con los votos necesarios para alcanzar la denominada “mayoría calificada”, y por ende, con el control absoluto del Poder Legislativo.

Al respecto, es importante señalar que estos 87 votos obtenidos le permiten al fujimorismo, por ejemplo, elegir al Defensor del Pueblo (artículo 161°), elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201°), o modificar la Constitución, sin necesidad de un referéndum ciudadano (artículo 206°). En suma, el fujimorismo tiene los votos necesarios para tomar decisiones e impulsar reformas constitucionales de gran impacto jurídico y político.

Para mayor comprensión, cabe señalar que el fujimorismo puede, si se lo propone, aprobar la reforma constitucional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (artículo 41°), o, como lo propuso una de sus congresistas durante la campaña electoral, lograr que la Procuraduría Anticorrupción sea un organismo constitucionalmente autónomo (como la Contraloría General de la República o el Ministerio Público), para que su titular no sea nombrado por el Gobierno de turno y tenga mayor estabilidad en el cargo. Eso permitiría que el Procurador Anticorrupción sea un auténtico defensor de los intereses del Estado y no del Gobierno que lo nombra.

Asimismo, el fujimorismo podría convertirse en el abanderado de la reforma política en nuestro país, ya que de ellos depende, por ejemplo, fomentar el debate y la reforma constitucional sobre temas centrales para la institucionalidad democrática como el voto facultativo (artículo 31°), la estructura del Parlamento (artículo 90°), la inmunidad parlamentaria (artículo 93°), el Reglamento del Congreso (artículo 94°), la irrenunciabilidad del mandato legislativo (artículo 95°), la infracción constitucional (artículo 99°), el antejuicio político (artículo 100°), las atribuciones y conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (artículos 154° y 155°),  la redefinición de la estructura, organización y funciones de los organismos del sistema electoral (artículos 176° a 187°), o también, la reforma de leyes fundamentales como la Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica de Elecciones, así como también la reforma de los diferentes Códigos.

Del mismo modo, el fujimorismo tiene la fuerza para activar, cuando lo crea oportuno, mecanismos de control político como la interpelación (artículo 131°), censura, el rechazo de la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros (artículo 132°) o decidir si acepta o rechaza el pedido de delegación de facultades presentado por el Poder Ejecutivo (artículo 104°).


Al mismo tiempo, si el fujimorismo quiere, tomando en consideración el alto índice de conflictividad social presente en las regiones del país, relacionado, en mayor medida, con la explotación de actividades extractivas (minería, por ejemplo) y la protección del medio ambiente, puede reformar el marco normativo vigente referido al proceso de descentralización, y al mismo tiempo, ajustar la legislación con el objetivo de redefinir la relación existente entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades.

En el campo de los derechos fundamentales, el fujimorismo puede hacer uso de sus 87 votos para reconocer expresamente en el texto constitucional los derechos y libertades fundamentales que durante los últimos años el Tribunal Constitucional ha reconocido a través de su jurisprudencia: el derecho al agua, el derecho a la verdad, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho al plazo razonable en la administración de justicia, como una muestra evidente de su compromiso con la defensa y garantía de los derechos humanos en el Perú.

En esa misma línea, del fujimorismo depende que durante estos 5 años el Perú siga el camino transitado por la mayoría de países de la región y de las democracias avanzadas en el mundo, impulsando reformas legislativas destinadas a garantizar el derecho a la libertad e igualdad de todas y todos los peruanos. Nos estamos refiriendo básicamente a reformas legales sobre la tipificación del delito de feminicidio, la despenalización del aborto por violación, el reconocimiento del derecho a morir dignamente (eutanasia), la aprobación de la unión civil para la comunidad LGTB, la ampliación de la licencia de paternidad, entre otras.

Como podemos apreciar, la fuerza política que tiene el fujimorismo es enorme. Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, tiene en sus manos la gran oportunidad de dejar atrás el pasado oscuro de su agrupación, la misma que durante la década de los noventa destruyó la institucionalidad democrática en el país y minó los cimientos del Estado de Derecho en el Perú, para convertirse en la gran conductora de las reformas constitucionales y legales que el país necesita.

El fujimorismo tiene, repito, la posibilidad real de demostrarle al país, pero sobre todo, a ese gran sector antifujimorista que volvió a inclinar la balanza en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales votando por PPK para presidente, que este “nuevo fujimorismo”, si cabe el término, no es el fujimorismo de los noventa.

Keiko Fujimori debe demostrarle al Perú que durante estos 5 años sus parlamentarios no actuarán como aquellos que impidieron que Vladimiro Montesinos sea investigado, que aprobaron  Leyes de Amnistía para favorecer a los asesinos del Grupo Colina, que aprobaron la Ley de Interpretación auténtica para favorecer la reelección de su padre, que destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional, que negaban el chuponeo telefónico o la compra de medios de comunicación y congresistas tránsfugas, o que pedían a gritos que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.  


¿Podrán Keiko Fujimori y sus congresistas convertirse en la fuerza política que logre sacar adelante las reformas que el país necesita para fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el Perú? ¿Podrán los fujimoristas comprometerse con la defensa de la democracia y los derechos en nuestro país? Yo, particularmente, tengo muchísimas dudas. Yo, pago por ver.

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