El 26JUL2016 la
congresista fujimorista Luz Salgado Rubianes fue elegida presidenta del
Parlamento para el periodo 2016-2017 con el respaldo de 87 votos. Eso quiere
decir que el fujimorismo logró sumar a 14 parlamentarios de otras fuerzas
políticas a su bancada de 73 congresistas. En otras palabras, el fujimorismo,
cuenta hoy con los votos necesarios para alcanzar la denominada “mayoría
calificada”, y por ende, con el control absoluto del Poder Legislativo.
Al respecto, es
importante señalar que estos 87 votos obtenidos le permiten al fujimorismo, por
ejemplo, elegir al Defensor del Pueblo (artículo 161°), elegir a los miembros
del Tribunal Constitucional (artículo 201°), o modificar la Constitución, sin
necesidad de un referéndum ciudadano (artículo 206°). En suma, el fujimorismo
tiene los votos necesarios para tomar decisiones e impulsar reformas
constitucionales de gran impacto jurídico y político.
Para mayor
comprensión, cabe señalar que el fujimorismo puede, si se lo propone, aprobar
la reforma constitucional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción cometidos por funcionarios públicos (artículo 41°), o, como lo
propuso una de sus congresistas durante la campaña electoral, lograr que la
Procuraduría Anticorrupción sea un organismo constitucionalmente autónomo (como
la Contraloría General de la República o el Ministerio Público), para que su
titular no sea nombrado por el Gobierno de turno y tenga mayor estabilidad en
el cargo. Eso permitiría que el Procurador Anticorrupción sea un auténtico
defensor de los intereses del Estado y no del Gobierno que lo nombra.
Asimismo, el
fujimorismo podría convertirse en el abanderado de la reforma política en
nuestro país, ya que de ellos depende, por ejemplo, fomentar el debate y la
reforma constitucional sobre temas centrales para la institucionalidad
democrática como el voto facultativo (artículo 31°), la estructura del
Parlamento (artículo 90°), la inmunidad parlamentaria (artículo 93°), el
Reglamento del Congreso (artículo 94°), la irrenunciabilidad del mandato
legislativo (artículo 95°), la infracción constitucional (artículo 99°), el
antejuicio político (artículo 100°), las atribuciones y conformación del Consejo
Nacional de la Magistratura (artículos 154° y 155°), la redefinición de
la estructura, organización y funciones de los organismos del sistema electoral
(artículos 176° a 187°), o también, la reforma de leyes fundamentales como la
Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica de Elecciones, así como también la
reforma de los diferentes Códigos.
Del mismo modo, el
fujimorismo tiene la fuerza para activar, cuando lo crea oportuno, mecanismos
de control político como la interpelación (artículo 131°), censura, el rechazo
de la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros (artículo
132°) o decidir si acepta o rechaza el pedido de delegación de facultades
presentado por el Poder Ejecutivo (artículo 104°).
Al mismo tiempo, si
el fujimorismo quiere, tomando en consideración el alto índice de
conflictividad social presente en las regiones del país, relacionado, en mayor
medida, con la explotación de actividades extractivas (minería, por ejemplo) y
la protección del medio ambiente, puede reformar el marco normativo vigente
referido al proceso de descentralización, y al mismo tiempo, ajustar la
legislación con el objetivo de redefinir la relación existente entre el Estado,
las empresas extractivas y las comunidades.
En el campo de los
derechos fundamentales, el fujimorismo puede hacer uso de sus 87 votos para
reconocer expresamente en el texto constitucional los derechos y libertades
fundamentales que durante los últimos años el Tribunal Constitucional ha
reconocido a través de su jurisprudencia: el derecho al agua, el derecho a la
verdad, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho al plazo razonable
en la administración de justicia, como una muestra evidente de su compromiso
con la defensa y garantía de los derechos humanos en el Perú.
En esa misma línea,
del fujimorismo depende que durante estos 5 años el Perú siga el camino
transitado por la mayoría de países de la región y de las democracias avanzadas
en el mundo, impulsando reformas legislativas destinadas a garantizar el
derecho a la libertad e igualdad de todas y todos los peruanos. Nos estamos
refiriendo básicamente a reformas legales sobre la tipificación del delito de
feminicidio, la despenalización del aborto por violación, el reconocimiento del
derecho a morir dignamente (eutanasia), la aprobación de la unión civil para la
comunidad LGTB, la ampliación de la licencia de paternidad, entre otras.
Como podemos
apreciar, la fuerza política que tiene el fujimorismo es enorme. Keiko
Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, tiene en sus manos la gran oportunidad
de dejar atrás el pasado oscuro de su agrupación, la misma que durante la
década de los noventa destruyó la institucionalidad democrática en el país y
minó los cimientos del Estado de Derecho en el Perú, para convertirse en la
gran conductora de las reformas constitucionales y legales que el país
necesita.
El fujimorismo tiene,
repito, la posibilidad real de demostrarle al país, pero sobre todo, a ese gran
sector antifujimorista que volvió a inclinar la balanza en la segunda vuelta de
las últimas elecciones generales votando por PPK para presidente, que este
“nuevo fujimorismo”, si cabe el término, no es el fujimorismo de los noventa.
Keiko Fujimori debe
demostrarle al Perú que durante estos 5 años sus parlamentarios no actuarán
como aquellos que impidieron que Vladimiro Montesinos sea investigado, que
aprobaron Leyes de Amnistía para favorecer a los asesinos del Grupo
Colina, que aprobaron la Ley de Interpretación auténtica para favorecer la
reelección de su padre, que destituyeron a los magistrados del Tribunal
Constitucional, que negaban el chuponeo telefónico o la compra de medios de
comunicación y congresistas tránsfugas, o que pedían a gritos que el Perú se
retire de la competencia de la Corte Interamericana de derechos
Humanos.
¿Podrán Keiko
Fujimori y sus congresistas convertirse en la fuerza política que logre sacar
adelante las reformas que el país necesita para fortalecer la institucionalidad
democrática y el Estado de Derecho en el Perú? ¿Podrán los fujimoristas
comprometerse con la defensa de la democracia y los derechos en nuestro país?
Yo, particularmente, tengo muchísimas dudas. Yo, pago por ver.
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