jueves, 21 de octubre de 2010

Fervor católico o aprovechamiento político: libertad religiosa y Estado laico


Qué duda cabe, los dos fenómenos que mayores conflictos han ocasionado en la historia de la humanidad son: el nacionalismo y el fundamentalismo religioso. Durante muchos siglos la historia de la humanidad pareció convertirse en una guerra sin fin en la cual los defensores de algún credo o fe religiosa se enfrentaban ferozmente a los cultores de otra creencia sin mayor justificación que un crucifijo, una mitra o un libro sagrado.


Desde la época del imperio romano, en la cual los cristianos eran perseguidos hasta el momento en el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio durante el gobierno del Flavius Theodosius, pasando luego por los tiempos de la Guerra Santa, en los cuales cristianos y musulmanes se disputaban la hegemonía en Jerusalén o el poder en Constantinopla, a costa de miles de muertos, o las persecuciones religiosas del siglo XX, la religión, utilizada maquiavélicamente como justificación de guerras y enfrentamientos por quien ejerce el poder político, ha sido, el pretexto perfecto para dar inicio a una serie de enfrentamientos que buscan, además de una finalidad netamente política, marcada en su mayoría de veces por un afán expansionista, negarle al resto de individuos, sobre todo a aquellos que forman parte de un grupo minoritario, el derecho a creer libremente en la religión de su personal preferencia, por considerarla insana, maléfica o mística, tildando de hereje o pecador a todo aquel que se atreve a pensar diferente.


Es así, que durante los últimos cincuenta años, sobre todo en occidente, los diferentes Estados se han esforzado por marcar una línea divisoria entre el espacio que le corresponde al quehacer político y el que debe ocupar el quehacer religioso. Los Estados se han comprometido con la idea de un Estado laico en el cual la política se encuentra divorciada de la religión, no pudiendo ningún gobernante, grupo de poder o religioso, utilizar a las instituciones del Estado con la finalidad de promover una determinada fe religiosa en detrimento de las otras, no pudiendo favorecer, mediante beneficios o ventajas de carácter económico o de otro tipo a ninguna religión en especial, por muy mayoritaria que esta sea.


Este afán, este compromiso al cual hacemos breve mención se ha visto consagrado a nivel de los ordenamientos jurídicos de los diversas naciones del mundo mediante la incorporación de disposiciones a nivel constitucional que no solo reconocen el derecho a la libertad de conciencia o libertad religiosa, tal como lo hace nuestra Constitución en el artículo 2º, inciso 3, de la misma, sino también, y esto es quizá lo más importante, los Estados han reconocido la relación de independencia y autonomía existente entre estos y la religión, así lo ha hecho también el Estado peruano mediante el artículo 50º de nuestra Constitución.


Todo ello es importante pues tanto la libertad de conciencia como la libertad religiosa le confieren al individuo la facultad de elegir libremente la fe religiosa o convicción espiritual de su mayor preferencia, la libertad de abstenerse de creer en religión o fe alguna, la facultad de poder cambiar de fe y religión cuantas veces uno quiera, la facultad de guardar reserva sobre las convicciones religiosas personales o declararlas si es que uno así lo cree conveniente y, por último la facultad de vivir de acuerdo a las convicciones libremente elegidas siempre que ello no afecte el derecho a terceros.


Ambos derechos, ambas libertades, como ya hemos señalado, resultan fundamentales de cara a la construcción de una sociedad mucho más democrática e inclusiva, pues le permiten a cualquier individuo poder vivir su religiosidad con total libertad y sin ningún tipo de limitación. Nadie, absolutamente nadie podrá ser pasible de un trato degradante o discriminatorio en razón de sus convicciones religiosas o creencias personales. Ello es sumamente importante en el mundo actual, pero sobre todo es sumamente importante en sociedades como la nuestra en la cual se presenta lo que Rawls denomina “el hecho del pluralismo”, es decir la presencia fáctica de una diversidad, cada vez más creciente, de visiones y confesiones religiosas y de otra índole, las cuales, en su totalidad, merecen y exigen por parte del Estado el mismo trato y la misma atención. Por tanto, decir que una religión merece un mayor apoyo y mayor consideración por parte del Estado por el solo hecho de ser la mayoritaria en un determinado espacio y tiempo resulta una justificación por decirlo menos falaz. Resulta falaz pues en una democracia, en un Estado Constitucional en el cual se promueven principios como el de tolerancia y pluralismo, todos los seres humanos, todos los grupos merecen el mismo trato, poniendo especial énfasis en los derechos de los grupos minoritarios tradicionalmente excluidos.


Pero el ejercicio de estas libertades, la concreción efectiva de estos derechos solo es posible al interior de un Estado que reconozca y haga suya la separación institucional entre lo político y religioso. Dicho de otro modo, la única forma posible de garantizar el ejercicio pleno de estas libertades es dentro del marco de un Estado auténticamente laico. Ello es así ya que el Estado laico se caracteriza básicamente por tres principios: 1) el principio libertario, que establece que el Estado debe permitir la práctica de cualquier religión; 2) el principio igualitario, que prohíbe la posibilidad de que el Estado dé preferencia a una religión sobre otra y 3) el principio de neutralidad, que promueve el pluralismo, prohibiendo que el Estado promueva la religión como tal, como valor en sí misma, desalentando actitudes no religiosas.


Por ello resulta preocupante y absurdo que el presidente Alan García Pérez, en presencia de miles de fieles del Señor de los Milagros, haya decidido promulgar la ley 29602 mediante la cual se declaró al Cristo Moreno como “Patrono de la espiritualidad católica del Perú” y como símbolo de la religiosidad y sentimiento popular de nuestra patria. Resulta preocupante puesto que el Estado, en este caso a través del presidente García no puede utilizar a las instituciones públicas ni mucho menos al ordenamiento jurídico para pretender congraciarse con un sector de la población, con el sector católico para ser más específico, por muy mayoritario que este sea. El presidente García parece olvidar que representa a la nación, que personifica al Estado, a un Estado en el cual más del 20% de sus ciudadanos no es católico o cristiano, o quizá no profese ninguna fe religiosa. Es derecho de cada uno profesar la fe religiosa de su elección, el presidente está en su derecho de proclamarse católico, apostólico y romano, es libre de formar parte, como así lo hace, de la novena cuadrilla del Señor de los Milagros, pero el presidente no puede poner al servicio de una religión al ordenamiento jurídico de un país y de usar la política con un afán confesional.


Pero además de preocupante esta ley es absurda, es absurda pues siendo la religión católica la de mayor arrastre entre la población peruana, ni ella ni la imagen del Cristo Moreno necesita de una ley o decreto que confirme su trascendencia para la historia y cultura de nuestra nación. El Señor de los Milagros es una figura representativa del cristianismo católico no por haber sido elevada a esa categoría por obra y gracia del señor García Pérez, lo es pues está inserto en el imaginario y sentimiento popular de la mayoría de peruanos. Esta ley es pues una muestra más de cómo en nuestro país tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, pues recordemos que esta ley fue aprobada con 67 votos a favor en el parlamento, ocupan el tiempo en cuestiones baladíes, superfluas, intrascendentes puestas en comparación con los grandes problemas que afronta la nación.


Pero más allá de la inconstitucionalidad comprobada de este ley, una vez más los peruanos hemos sido testigos de la pobreza de espíritu y arribismo de nuestros políticos. Nuestros políticos no dudan, no escatiman esfuerzos en hacer todo lo que sea posible para mejorar su posición frente a la ciudadanía, frenando la caída de su nivel de aprobación o aparentando ser grandes hombres y mejores creyentes, valiéndose de la fe de un pueblo que año tras año le vuelve a rezar y rendir homenaje a su Cristo Moreno. Pero si esa es la imagen que me dejan algunos políticos, similar o quizá mas abyecta es la de Monseñor Cipriani, a quién ya sabemos todos le gusta ser amigo de los presidentes, sean demócratas o no, afirmando, no sé a título de qué, que el pueblo peruano es católico y que su vocación católica ha de guiarlo en la elección de sus mejores gobernantes, como si la decisión de elegir a un representante político pasara por la fe o religión que este tenga. Una frase como la de Cipriani es justamente la constatación más expresa y palpable del pronfundo nivel de intolerancia y carencia de vocación democrática aun presentes en nuestra sociedad. Para Cipriani uno debe elegir al próximo presidente no en razón a su mérito profesional o a la rigurosidad de su plan de gobierno, para Cipriani lo importante es saber a quién le reza o no el candidato, si va a misa los domingos o no, si ha bautizado a sus hijos, si se casó de blanco, o si su mujer o él llegó virgen al matrimonio.


Finalmente, quiero terminar haciéndole recordar a Cipriani y García Pérez la siguiente frase: “Al César lo que es del César, a Dios, lo que es de Dios”. Hagamos nuestra esa frase, y seguramente tendremos una sociedad más democrática, más justa y menos intolerante con respecto a las minorías, religiosas, políticas o sexuales.

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jueves, 14 de octubre de 2010

Para no olvidar en el 2011: sentencian a Grupo Colina y ex colaboradores del régimen fujimorista


Como era de esperarse la emoción que un proceso electoral suele traer consigo logra acaparar la atención de toda la ciudadanía. A más de diez días de celebrados los comicios electorales municipales, y a pesar de aun no contar con los resultados oficiales para Lima metropolitana, es necesario voltear la mirada a otros asuntos que a pesar de su importancia para la justicia y salud democrática de nuestro país fueron opacados por esta vorágine electoral. Si a ello le sumamos la noticia llegada desde Suecia haciendo mención a la distinción del genial Mario Vargas Llosa como premio nobel de literatura, no resulta difícil imaginar que otros asuntos también relevantes hayan pasado a un segundo plano. Pero como todo en la vida sigue su curso, es momento de hacer algunos apuntes en torno a dos sucesos que a mi juicio deben devolvernos a la realidad e invitarnos a una sana reflexión de cara a lo que ocurrirá en el 2011.


Hace dos semanas, la Primera Sala Penal Especial, presidida por la magistrada Inés Villa Bonilla, sentenció a 25 años de prisión efectiva al ex asesor fujimorista Vladimiro Montesinos Torres, al ex jefe del Comando de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori, Nicolás de Bari Hermoza. La misma sentencia recayó sobre el ex jefe operativo del Grupo Colina mayor Santiago Martin Rivas, el ex jefe del SIN general EP Julio Salazar Monroe, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército general Juan Rivero Lazo y el segundo en la cadena de mando de ese grupo mayor Carlos Pichilingue. Todos estos asesinos y ex colaboradores de la dictadura fujimorista fueron condenados por las matanzas de Barrios Altos, El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri, hechos atroces perpetrados por el destacamento Colina, bajo el mando y la venia del ex presidente Fujimori, durante los meses de noviembre de 1991 y junio de 1992.


Como se recuerda en el caso de la matanza en Barrios Altos fueron asesinadas 15 personas, entre las cuales se encontraba un niño de apneas 8 años. En el caso de la matanza en el Valle El Santa en Ancash fueron muertos 9 campesinos. En el caso de Pedro Yauri, periodista incómodo para el régimen como tantos otros a los que la dictadura persiguió, atropelló, o simplemente secuestro o desapareció como Gustavo Gorriti, delito por el cual el ex presidente Fujimori también ha sido condenado, la investigación que se llevó en su momento estuvo amañada y debido a un serie de tretas provenientes desde Palacio de Gobierno y el SIN el caso pasó al olvido. Estos son los delitos por los cuales los ex colaboradores del régimen fujimorista y los miembros del Grupo Colina después de casi 20 años son condenados. Hoy, luego de superar todo tipo de ofensas, agravios, argucias legales como las famosas leyes de amnistía pensadas por la mente siniestra de Montesinos y promulgadas por la corte de acólitos y adictos al gobierno en la cual se había convertido el Congreso de la década de los noventa, con una mayoría antidemocrática e intolerante que obstaculizaba todo esfuerzo por investigar estos delitos y otros vinculados a actos de corrupción, los familiares de las víctimas han alcanzado por fin justicia.


En la resolución condenatoria la Sala señaló que durante el juicio y a la luz de toda la documentación expuesta y analizada durante el proceso quedó acreditado que el Grupo Colina o “destacamento de la muerte”, como era conocido, nombre que al parecer enorgullecía a los criminales que formaban parte del mismo, fue constituido como parte de la estrategia del régimen de Fujimori para combatir y hacer frente a Sendero Luminoso y el MRTA, lo que los especialistas han denominado la “guerra de baja intensidad”, estrategia que a la par de los actos u operativos llevados a cabo dentro de la legalidad y el marco del Estado de Derecho, de manera clandestina, operaban escuadrones de aniquilamiento, los cuales, bajo la orden y anuencia de la autoridad política cometían una serie de delitos contra los derechos humanos como: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, asesinatos selectivos, entre otros.


Asimismo, en la misma resolución la Sala logró determinar que dicho grupo de aniquilamiento formó parte de la línea de mando al interior de la institución armada, disponiendo de un presupuesto propio el cual le permitía desarrollar sus operativos sin mayor oposición, control o fiscalización alguna. No es descabellado pensar entonces que en una institución tan jerárquicamente estructurada como las fuerzas armadas este nivel de independencia económica, esta protección legal y apoyo logístico no eran posibles sino debido al respaldo e intervención directa de la cúpula política de aquel entonces, representada, indudablemente, por el ex dictador Alberto Fujimori. En todo caso, y creo esa es la opinión de todo aquel que analice la realidad sin ningún afán de venganza, revancha o miopía política, resulta inverosímil sostener que conocidos los asesinatos de Cantuta, Barrios Altos, El Santa, y Pedro Yauri, a inicios de la década de los noventa, el dictador Fujimori no haya podido advertir la presencia del criminal que tenía como asesor y como fiel escudero.


Por eso la tesis bajo la cual Fujimori dice no haber conocido de ninguno de estos hechos y ,por ende, no haber advertido el grado de responsabilidad de Montesinos y los altos mandos militares en tan abominables crímenes resulta por decirlo menos hilarante y absurda. Él que se jactaba de ser un hombre meticuloso, riguroso, obsesivo, usando sus propias palabras: “en el Perú no se mueve un papel sin que yo lo sepa”, no puede insultar la inteligencia de todo un país mintiendo de una manera tan descabellada, al parecer tanto él como su hija, la futura candidata a la presidencia del 2011 en nuestro país, recuérdenlo bien, la futura candidata presidencial a nuestro país, prefieren hacer creer a la población que el ex dictador, lejos de ser un asesino o un corrupto, era simplemente un santulón, un tonto útil, un mequetrefe al cual Montesinos engañaba y titireteba los 365 días del año, en suma, un idiota.


Pero la acción de la justicia no quedó allí, días después, esta vez la Segunda Sala Penal Anticorrupción, condenó a Vladimiro Montesinos a 8 años y 6 meses de prisión efectiva, por los delitos de cohecho activo y asociación ilícita para delinquir. En este juicio, el ex asesor del dictador, acogiéndose a la figura de la conclusión anticipada, reconoció su responsabilidad en el complot que organizara junto a los ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer la segunda reelección de Alberto Fujimori en el año 2000, así como al movimiento Vamos Vecino en el año de 1998, desconociendo de ese modo, de manera flagrante, artera y criminal, el marco institucional y democrático que nuestra Constitución, tantas veces vulnerada por el régimen fujimorista, establecía.


Como es preciso recordar, el fraude electoral de aquel año se fraguó desde tiempo atrás. El congreso de aquél entonces, albergue de bribones, cacacenos y otras figuras del lampa, aprobó la denominada Ley de Interpretación Auténtica con la finalidad de dar luz verde a la intentona reeleccionista de Fujimori en el año 2000. A pesar de ello, la citada leguleyada congresal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese entonces. Acto seguido, la dictadura enfiló sus baterías contra los magistrados que con algo de dignidad y apego a los valores democráticos no se habían doblegado ante la figura mafiosa y siniestra de Fujimori y su asesor. A consecuencia de ello, el mismo congreso, ese que había aprobado las leyes de amnistía para encubrir a los Colina, ese mismo que aprobó una Ley de Interpretación Auténtica para perpetuar a Fujimori en el poder, ahora destituía a los magistrados democráticos por una supuesta infracción a la Constitución, ellos que habían convertido a la Constitución en un papel de baño, levantaban el dedo acusador y se erigían como los defensores de la legalidad y el orden democrático. Ese fue el congreso que gobernó junto con Fujimori y Montesinos durante los diez años de su cleptocracia. Años más tarde la justicia también llegaría para estos magistrados, y volviendo las cosas a su justo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaría su inmediata reposición y desagravio.


Como pueden apreciar, estos son los hechos que pasaron desapercibidos durante estas dos últimas semanas de elecciones y premio Nobel, estos son los dos hechos que para felicidad y regocijo de algunos, claro está de los fujimoristas, de Keiko, de Raffo, de Moyano, de Sousa, de todos los que a pesar de la montaña de evidencias siguen defendiendo la inocencia del dictador, no recibieron la atención mediática que su importancia exigía. El año 2011 el Perú deberá elegir a un nuevo presidente, la hija del ex dictador pretende ceñirse la banda presidencial, la señora Keiko cuya única propuesta de plan de gobierno es indultar a un asesino, a un corrupto a un petardero de las instituciones democráticas, deberá recorrer pueblo tras pueblo pidiendo olvido y perdón. Seguramente la señora Keiko y compañía tratarán de levantar la alfombra de casa y meter allí toda la basura que han creado durante todos estos años, esperemos que la ciudadanía, como tantas veces ha ocurrido en la historia de nuestro país, no se deje tomar el pelo, con caiga en la demagogia ni mucho menos venda el voto por algunas cuantas prebendas. En todo caso, si de levantar la alfombra se trata, si de recordar el porqué nuestro país no puede volver a ceder al chantaje de proyectos autoritarios e improvisados, estoy seguro que algunos medios de comunicación harán su trabajo, yo desde esta humilde tribuna, también me comprometo con la defensa del Estado de Derecho y los valores democráticos, que Keiko Fujimori y sus adulones pretenden volver a corroer.

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