viernes, 23 de julio de 2010

La legalización del matrimonio homosexual en Argentina


Hace exactamente una semana, Argentina se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego de una larga jornada de 13 horas y un durísimo debate en el cual los defensores del SI y el NO, respectivamente, se acusaron de todo, el Senado aprobó la Ley con 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, para pesar de la ultra conservadora Iglesia Católica, la cual en todo momento se mostró en contra a dicha iniciativa por considerar que esta es contraria al “plan de dios en la tierra”.

Con esta medida, las parejas homosexuales ven igualados sus derechos en relación a las heterosexuales en temas vinculados a la adopción, la herencia y los beneficios sociales. Dicho de otro modo, hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual, podrán contraer matrimonio con la persona que elijan y gozarán de todos y cada uno de los derechos que por largos años fueron patrimonio exclusivo de la unión heterosexual.

Según el mandato expreso de la totalidad, o casi la totalidad, de Constituciones del mundo y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, todos los hombres y mujeres de la tierra somos iguales, gozamos de los mismos derechos y libertades. Mujeres y hombres ejercemos, o deberíamos hacerlo, todos y cada uno de nuestros derechos a plenitud. Los únicos límites que válidamente pueden establecerse para el goce de los mismos son aquellos que buscan la protección del derecho de los demás. Clásica es la frase: mis derechos terminan donde terminan los tuyos. Asimismo, el orden jurídico, y básicamente la Constitución de la nación establece ciertas restricciones a la libertad personal si se trata de proteger otros bienes de interés colectivo como la seguridad ciudadana, el orden o la tranquilidad pública. Siendo ello así: ¿Qué razones podrían justificar la negativa de ciertos países, como es el caso del Perú, a permitir o legalizar la unión entre personas del mismo sexo? ¿O es que los homosexuales no deberían gozar de los mismos derechos que los heterosexuales frente al matrimonio?

La Constitución de nuestro país señala claramente que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Es decir que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, religión u otra razón. Reconocer la figura del matrimonio única y exclusivamente como atributo del hombre o mujer heterosexual, no es acaso una manera de discriminación por razón de opción o identidad sexual. Tú si puedes casarte porque eres heterosexual, pero tú no por ser homosexual. Tal diferencia, desde mi modo de ver las cosas, resulta una abierta discrimación, una actitud por demás injusta y anacrónica a la luz de los nuevos tiempos, cuya única finalidad es perennizar la enorme desigualdad que aún existe en el mundo, y sobre todo en países como el nuestro, en materia de ejercicio de derechos civiles.

He tratado de encontrar, créanme que lo he hecho, razones jurídicas de peso que legitimen tal diferencia, lastimosamente la búsqueda ha sido infructuosa. Ante tal imposibilidad, me he visto obligado a escuchar y leer las declaraciones de aquellos que están en contra de esta medida, en nuestro país y en la mismísima Argentina, tratando de encontrar alguna justificación razonable, tampoco la he conseguido. Lo curioso es que en todas ellas los declarantes recurren a la figura de dios al momento de fundamentar su negativa: 1) el matrimonio es entre un varón y una mujer, así lo dice dios; 2) la biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer pues la finalidad del mismo es la reproducción; 3) los homosexuales son hijos de dios pero no gozan de los mismos derechos que los demás; 4) el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural.

Todas estas afirmaciones resultarían válidas, o en todo caso menos discutibles, si todos en la sociedad compartiésemos las mismas creencias. En primer lugar, qué ocurre con aquellas personas que no creen o que cuestionan la existencia de dios, también a ellas debería obligárselas a adoptar esta creencia. En segundo lugar, quién ha dicho que la finalidad del matrimonio es la procreación. La procreación es una decisión única y exclusiva de la pareja. La finalidad del matrimonio, creo, es la búsqueda de la felicidad al lado de la persona a la cual uno ama, y para ello no importa, o no debería importar, si esta persona es mujer u hombre, así como no importa si es blanco, negro o chino, o católico, mormón o testigo de Jehová. En tercer lugar, y esta es una pregunta para los católicos, por qué si todos somos hijos de dios, al menos eso dicen ellos, unos tiene más derechos que otros, por qué los hombres, por ejemplo, gozan de mayores libertades que las mujeres en su religión. En cuarto lugar, porque la unión afectiva entre dos personas del mismo sexo es antinatural. Lo antinatural es que parejas que de amor no saben absolutamente nada sigan juntas, lo antinatural es que el varón que recibió la bendición sacerdotal el día de su matrimonio masacre a golpes a su esposa y la Iglesia y sociedad no hagan nada, lo antinatural es que la Iglesia que se autodenomina defensora de los derechos de los más vulnerables haya ocultado, de la manera más vil y cómplice posible, los miles de actos de pedofilia y abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo. Eso es lo realmente antinatural. Lo otro es pura constatación de la realidad, las personas, hombres o mujeres, se unen entre sí porque así deciden hacerlo, y nadie tiene el derecho de juzgar o satanizar a esa unión. O es que alguien cree estar capacitado para fungir de juez de la moral terrenal y decirnos qué está bien y qué mal. Acaso, Cipriani sería un buen juez, me pregunto yo.

Lo peligroso de esta forma de encarar el problema, es que hace del Estado y del orden jurídico un medio para imponer las ideas o dogmas de un sector de la sociedad, que por más mayoritario que sea, no puede, ni debe lesionar el derecho de las minorías. Usar al Derecho para legalizar o prohibir conductas, bajo el fundamento que las mismas son contrarias al plan de dios o a la doctrina de la Iglesia Católica, es algo francamente intolerable en una sociedad democrática y un Estado laico, en donde lo que se busca es justamente lo contrario, es decir, la apertura, la pluralidad, el respeto y la tolerancia por las diferentes formas de pensar y vivir.

La preocupación por la intolerancia vista en estos días en torno al tema no es una exageración, la preocupación por el impacto que un discurso dogmático como el católico pueda tener entre sus seguidores es algo que debe llamar poderosamente nuestra atención. Tres hechos corroboran esta preocupación: El primero da cuenta de la negativa de una jueza de paz argentina que ha declarado que no accederá a casar a una pareja homosexual pues dios lo prohíbe, es decir, para esta jueza la sola invocación del nombre de dios le da carta abierta para desconocer una ley de la república y con ello violar los derechos de las personas. El segundo, vincula a otro juez argentino que declaró que prefiere casar a Alfredo Astiz, más conocido como “el ángel de la muerte” (se le imputa el asesinato, secuestro y tortura de decenas de personas durante la dictadura 1976-1983) que cumplir la ley y casar a una pareja homosexual, es decir, como juez prefiere casar a un tipo que mató, vejó y martirizó a seres humanos que reconocer el derecho de otros por el solo hecho de no compartir sus gustos de alcoba. Y el tercero, y más preocupante, da cuenta de la paliza de la cual fue víctima un grupo de lesbianas y gays en Polonia, donde durante una marcha en la cual exigían el respeto por sus derechos civiles de los gays, fueron agredidos cobardemente por un grupo de fanáticos católicos, quienes los acusaban de ser enviados del demonio.

Sin lugar a dudas, tal y como lo ha señalado Cristina Fernández, presidenta de Argentina, esta ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo marca un hito en al hemisferio. Se convierte en una apuesta por el reconocimiento y continua ampliación en el goce de derechos y libertades para todos y cada uno de los ciudadanos argentinos. Resulta en ese sentido, poco responsable y hasta ridículo que la Iglesia Católica argentina señale que esta medida no es sino el resultado de la imposición ideológica de aquellos que pretenden destruir la fe y la imagen de dios de los argentinos. Tanto la Iglesia Católica, como el sector a favor de la medida, han tenido la posibilidad de exponer sus ideas públicamente, de tratar de convencer a la ciudadanía y a los representantes políticos de votar a favor o en contra de la ley. Esta vez la suerte no la favoreció, como tantas veces sí lo hizo, y no por ello se puede llamar delincuentes, inmorales o agentes del mal, a todos los que no comparten su línea de pensamiento. En una democracia las ideas se exponen, no se imponen por la fuerza o el amedrentamiento, ello es así porque en una democracia no existen discursos únicos, no existen verdades inamovibles, y es a partir del debate que se alcanzan acuerdos.

De este modo, la nación Argentina, se une al grupo de otros países en los cuales esta medida ya había asido adoptada, países tales como Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia. Espero, dadas mis convicciones libertarias y democráticas, que esta medida poco a poco vaya adquiriendo mayor fuerza en la región, espero que llegue el día en que todos en nuestro país puedan unirse en matrimonio con la persona a la cual elijan, eso nos convertirá en una sociedad más civilizada, en la que todos podamos gozar de los mismos derechos y libertades.

Etiquetas: , , , ,

jueves, 15 de julio de 2010

Persecución aprista: El delito es pensar diferente


Una de las cosas que más le reclamo a los fujimoristas y a todo régimen parecido al de Hugo Chávez o Fidel es haber destruido el sistema democrático. Castro, Chávez, y Fujimori, en su momento, decidieron liquidar a la democracia, decidieron herir de muerte a la democracia, y además, de institucionalizar el autoritarismo y la corrupción en el manejo de la cosa pública, desataron o desatan una campaña feroz destinada a conculcar las libertades de los ciudadanos, en especial, la libertad de aquellos que se atreven a mostrar una posición ideológica distinta a la del régimen.


Esa herencia nos legó el fujimorismo, y esa es la herencia que Castro y Chávez dejarán a las generaciones futuras en sus respetivos países. Decir que las prácticas autoritarias y persecutorias contra los ciudadanos disidentes acabaron en el Perú resulta una falacia. Decir que todos, absolutamente todos tenemos el derecho de decir, pensar y opinar como mejor nos parezca es una afirmación bastante discutible. Decir que la tolerancia y el pluralismo político son el estandarte que distingue al actual gobierno parece una exageración. Digo parece una exageración si tomamos como referencia lo ocurrido con el religioso ambientalista Paul Mc Auley a quien el Ministerio del Interior (otra vez el ministro Salazar) le ordenó abandonar el país, bajo la acusación de ser un azuzador de la población, de ser un organizador de protestas sociales y políticas en la Amazonía, de ser un conspirador contra el régimen y el desarrollo nacional.



El Premier (vaya premier que tenemos no?) señaló: el gobierno no permitirá que nadie, absolutamente nadie, sacerdote o no, desinforme a la población y genere una ola de protestas. Es decir, palabras más, palabras menos, para el gobierno todo aquel que se opone a la manera muchas veces arbitraria, irracional e ilegal como las empresas del sector extractivo se comportan se convierte automáticamente en un azuzador, en un subversivo, cuya voz debe ser callada por la razón o por la fuerza, como pretendió hacerse con el padre Paul. Para el gobierno es más importante dedicarle tiempo a pensar en la manera menos ilegal de expulsar a un ciudadano, porque ante todo el padre es un ciudadano, que poner coto a la contaminación provocada por la mina Caudalosa en Huancavelica; solucionar el problema del abastecimiento del gas licuado de petróleo que afectó a lo más pobres en los últimos días o renegociar de manera inteligente el contrato Camisea.


El padre Auley ha venido trabajando en nuestro país por más de diez años. Ha sido director del colegio Fe y Alegría Nº 43 del Zapallal, en el cono norte de Lima. Todos los que lo conocen saben de su reconocida trayectoria, de su preocupación por la niñez y su amor y entrega total en el campo de la educación. Gracias a él, y a otros padres lasalleanos, los colegios Fe y Alegría son un ejemplo de educación pública y enseñanza de valores democráticos. Por eso sorprende, que de un tiempo a esta parte, y por el sólo hecho de defender a la Amazonía y el derecho de los pobladores de Loreto y de las comunidades nativas a vivir en un medio ambiente equilibrado para ellos y sus hijos, el gobierno quiera hacerlo aparecer como un criminal o un revoltoso.


Lo curioso es que en el tema medio ambiental el gobierno mide las cosas con diferente vara. Cuando se trata de reprimir a los supuestos revoltosos, a los pobladores u organismos no gubernamentales que denuncian la contaminación a gran escala, el gobierno, ministros y otros querubines del aprismo muestran preocupación y activismo frente al tema. Pero cuando se trata de denunciar a aquellas empresas que contaminan impunemente el ecosistema callan en todos los idiomas y se convierten en cómplices de dicha conducta. El gobierno pretende ser implacable con todo aquél que no comparte su visión de desarrollo, ni su manera de negociar y tratar con la inversión privada, a ellos los tilda de delincuentes, de desinformadores, de personajes oscuros y peligrosos. Pero cuando se trata de poner coto a la manera inescrupulosa como empresas contaminan los ríos, como el cauce del río Opamayo, el gobierno prefiere darse la vuelta, ponerse en cuclillas y mirar de perfil el daño medio ambiental que los inversionistas ocasionan con el mayor desparpajo.


Lo preocupante, en todo caso, es que personas serias como el ministro de relaciones exteriores, José García Belaunde, se presten a este tipo de maniobras que buscan limitar el derecho que tiene toda persona a mostrar su inconformidad con la manera cómo el gobierno maneja el tema minero ambiental. El ministro, tratando de justificar tan arbitraria medida, señaló que la responsabilidad sobre lo ocurrido recaía en la persona del religioso por haberse apartado de su labor misionera y pastoral. Yo me pregunto ¿Acaso no forma parte de la misión pastoral ocuparse por el derecho de los pueblos a vivir dignamente y sin contaminación? ¿El hecho de ser cura, pastor o sacerdote convierte a una persona en ciudadano de segunda clase incapaz de ejercer libremente su derecho de opinión? Evidentemente no.


La idea en una democracia es que casualmente todos, sin distinción alguna, podamos formar parte del debate público, podamos exponer libremente nuestras ideas, los ciudadanos no tenemos la obligación a pensar igual que el gobierno, no tenemos la obligación de avalar todo lo que el gobierno haga, y el gobierno no tiene el derecho a perseguir a los que piensan diferente y se atreven a cuestionar el orden establecido, claro está siempre dentro de los cánones de la paz y la tranquilidad pública. Yo puedo protestar libremente pero no estoy facultado para atentar contra la propiedad pública o privada o cometer otro tipo de delito.


En el caso del padre Auley no existe prueba alguna que acredite que se trata de un delincuente, de un criminal, de un revoltoso. Todo lo contrario, existen pruebas que acrediten su labor a favor del pueblo loretano, su compromiso con el medio ambiente. Quizá al gobierno le molesta que el padre se atreva a denunciar lo que en Palacio de Gobierno callan, que no es otra cosa que la tremenda informalidad con la que se manejan las empresas del sector extractivo.


En todo caso, es reconfortante saber que La jueza del Primer Juzgado Penal de Maynas, María Chirinos Maruri, declaró fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor del padre dictó Paul Mc Auley, anulando la decisión del gobierno de expulsar al religioso de nuestro país. En un país en el cual el Poder Judicial, al igual que las demás instituciones, goza de tan poca credibilidad, es esperanzador encontrar a jueces valientes y democráticos que se juegan por la libertad y le dicen no al autoritarismo, al abuso y a la persecución por razón de ideas. Es importante destacar este tipo de fallos en los cuales, más allá de la presión política y mediática desatada en todos los niveles del gobierno, los jueces asumen su rol y compromiso con la defensa de los valores de la democracia que nuestra Constitución consagra, valores como la libertad de opinión en este caso.

Etiquetas: , , , , ,

jueves, 8 de julio de 2010

La legalización del aborto en España


En el año 1998, el Congreso de los Diputados Españoles rechazó por un voto un proyecto de ley que buscaba ampliar los supuestos permitidos para el aborto. España, en ese entonces, contemplaba dentro de su legislación tres razones que posibilitaban la interrupción del embarazo sin persecución o sanción penal alguna: violación, malformación del feto y peligro para la vida o salud de la madre. Este proyecto de ley buscaba incorporar a la legislación española la figura del denominado “Aborto Voluntario”, tal y como ocurría, ya en ese entonces, en países como Irlanda y Portugal, en los cuales el aborto voluntario era ya permitido dentro de los tres primeros meses de gestación.


Hoy, 12 años después de aquella votación en la cual la posición de la Iglesia Católica resultó victoriosa, España legaliza el aborto voluntario en su legislación, como una señal clara de su compromiso con los derechos de las mujeres y con los valores de la libertad, la tolerancia y el pluralismo democrático. Recuerdo un artículo publicado por Mario Vargas Llosa titulado “El nasciturus”, en el cual hacia mención a un documento de la Conferencia Episcopal llamado Licencia aun más amplia para matar a los hijos, el cual, a propósito del debate que se venía realizando en el parlamento español por aquella época, fue leído por 20 mil párrocos a lo largo y ancho de toda España; en el se invocaba y presionaba a los parlamentarios a cambiar su voto (la medida dio resultados, ya que cuatro de ellos, arrinconados por la presión mediática del clero, votaron por el NO).


Esta nueva ley que despenaliza el aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación sin tener que alegar ningún motivo. Y además, permite que las adolescentes entre los 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque con conocimiento de los mismos.


Como era de esperarse, la incorporación de esta nueva figura a la legislación española no ha sido para nada pacífica. De inmediato se hicieron sentir las críticas y los reclamos airados del sector más conservador de la sociedad española: la Iglesia Católica y el Partido Popular. A pesar que la ley cuenta con el apoyo mayoritario de los españoles, y aún cuando esta figura del aborto voluntario ya haya sido legalizada en otros países de la Unión Europea como Holanda (24 semanas), Suecia (18 semanas), Alemania, Francia, Bélgica y Rumanía (14 semanas), tanto la iglesia como el Partido Popular han decidido acudir al Tribunal Constitucional español en búsqueda de su derogación.


Siendo un tema de sumo interés para el desarrollo y libertad de las mujeres, por permitirles a éstas la posibilidad de decidir libremente sobre cómo y cuándo traer un niño a este mundo, es que en esta oportunidad considero necesario hacer algunos apuntes que espero contribuyan al debate en nuestro país en torno a tan necesaria medida. Creo, que más allá de consideraciones religiosas o morales, el problema del aborto en el Perú, como lo es en España y en todo el mundo, se ha convertido en uno de salud pública. En tal sentido, creo que el debate que se abra sobre el tema, tal y como ha sucedido en España, debe procurar desmitificar muchos grandes tabues que durante muchos años algunos grupos en todo el mundo, encabezados por la Iglesia Católica, han venido esparciendo con el único afán de seguir negándole a la mujer su legítimo derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ejercer así su libertad.

La más grande de las mentiras dicha por la Iglesia en este tema es aquella que señala que la legalización del aborto aumentará la tasa de dicha práctica en la sociedad que lo legalice. Esta afirmación es absurda, creer que los abortos no existen y que sólo se producen desde el momento en que el Estado decide legalizarlo es una burda mentira. La iglesia y los “mal llamados defensores de la vida” asumen que despenalizar el aborto es algo así como incitar, promover o hacer un llamado a la práctica abortista a gran escala. El aborto ha existido desde siempre, se estima que la tasa de abortos en España es de cien mil por año, dicho número no aumentará o disminuirá por el hecho que exista una ley que lo prohíba o lo legalice, así lo demuestran los estudios y trabajos de investigación hechos sobre la materia.

Otro dato a tomar en consideración esta relacionado a las condiciones en las cuales se practican los abortos. Sabido es que en España sólo el 3% de los abortos que se practican se hacen en espacios o centros que ofrecen las condiciones de seguridad, salubridad e higiene mínimas para una intervención de este tipo. Cuando el aborto es penalizado se obliga a la mujer a recurrir a la informalidad, al mercado negro, a matronas, comadronas, curanderos o médicos inescrupulosos que sin cuidado alguno acceden a practicarles la operación poniendo en grave riesgo la salud y la vida de la madre. Tanto en España, como en el Perú, los estudios demuestran que muchos de los abortos practicados de manera clandestina traen como consecuencia graves daños para la salud de la gestante, problemas muchos de ellos irreparables, como la esterilidad, infecciones al aparato reproductivo que pueden incluso ocasionarle la muerte. La despenalización del aborto en ese sentido, resulta ser un mal menor frente al grave peligro al cual se exponen las miles de mujeres que año a año tienen que vivir esta dura experiencia.

Ahora bien, despenalizar el aborto supone también garantizar el derecho de las mujeres a acceder a un centro o institución de salud pública en condiciones de igualdad, sin importar el nivel social o económico que estas tengan. Digo ello, ya que la penalización del aborto es una medida en sí misma discriminatoria, ello es así, ya que dicha prohibición sólo alcanza a las mujeres de bajos recursos económicos, que no pueden costear los gastos de una clínica privada, un médico particular o un viaje a un país donde esta prohibición no exista. Es decir, no sólo obliga a la mujer pobre a buscar soluciones en lugares donde pondrá en riesgo su salud y su vida, sino también la convierte en sujeto pasible de persecución penal, situación que no ocurre con la mujer de recursos que puede incurrir libremente en la misma conducta, ya que el dinero y su posición le garantizará impunidad.

Son estas razones, y otras más, las que impulsan a estados como España a despenalizar el aborto. Ello, sin embargo, no supone que el Estado deba ver en esta medida la única solución a la problemática social en juego. En atención a ello los estados, como en esta oportunidad hace España, establecen ciertos límites al ejercicio de esta libertad, de ahí la necesidad de fijar plazos para que dicha práctica no resulte abusiva o irracional. Los plazos tienen por finalidad otorgarle a la mujer un tiempo para que de manera absolutamente libre y voluntaria, luego de analizar los pros y los contras, decida finalmente interrumpir o continuar con el embarazo. Esta decisión, de por sí traumática y dolorosa para cualquier mujer, creo que nadie puede afirmar que la sola decisión de abortar no genera un profundo dolor en cualquier madre, debe ser asumida única y exclusivamente por ella. Nadie, absolutamente nadie, ni la Iglesia Católica, ni la sociedad, ni mucho menos el Estado, puede ni debe irrogarse esa facultad, pues de ser así la mujer vería recortado seriamente su derecho al libre desarrollo personal.

Debo concluir este texto, no sin antes señalar que ninguna política de salud destinada a prevenir los embarazos no deseados, en su mayoría embarazos adolescentes, resultará efectiva sino va acompañada de una creativa y desprejuiciada campaña de educación sexual a nivel nacional. Dicha campaña debe empezar por los hogares y por los colegios, debe tratar de poner a disposición de mujeres y hombres la mayor información sobre los métodos de planificación familiar y anticoncepción de emergencia. Es hora que el Estado asuma el compromiso de evitar que las mujeres resulten embarazados por falta de conocimiento o por no contar con programas de salud pública que las provean de métodos anticonceptivos confiables. Sin embargo, el gran obstáculo, también en esta materia, ha sido y es la Iglesia Católica. Sus conservadurismos, sus miedos casi patológicos, sus temores infundados sobre la posibilidad de convertir al mundo en una Sodoma o Gomorra, por el solo hecho de hablar de condones o píldoras del día siguiente entorpecen la labor del Estado en esta materia (recuerden la palabras del Papa Benedicto XVI afirmando que la mejor manera de combatir el VIH era la abstinencia). La entorpecen, sobre todo, en aquellos países en los cuales los gobernantes basan el diseño de sus políticas de salud en concepciones de carácter religioso, olvidando que la garantía para la construcción de una sociedad libre y democrática es el reconocimiento de la laicidad estatal y no su religiosidad, un Estado en el cual las decisiones se tomen de manera objetiva y científica y no con biblia o crucifijo en mano.

Etiquetas: , , , , ,

jueves, 1 de julio de 2010

Fútbol y política: el recurso mediático de los eternos vendedores de humo


Cada 4 años el mundo entero vive una fiesta. Cada 4 años niños, jóvenes, adultos y ancianos esperan con ansias el silbatazo del árbitro que anuncia el inicio del mundial de fútbol. Los programas deportivos se apoderan de la preferencia de la teleaudiencia. Millones de fanáticos del balón en todo el mundo se alistan para vivir un mes lleno de emociones. Dolor, angustia, alegría, felicidad, son sólo algunos de los sentimientos que este maravilloso deporte suele despertar entre sus seguidores.


El fútbol es una pasión inexplicable, creo que nadie sabe a ciencia cierta el porqué de su popularidad a nivel global, ese deporte que nació en Inglaterra, es hoy en día, practicado y seguido como propio por miles de personas en casi todos los rincones de la tierra. El fútbol es así, ilógico, inexplicable, quizá sea esto lo que convierte a este deporte en una especie de juego mágico que durante 90 minutos nos transporta a nuestra niñez, nos hace recuperar ese sueño infantil de convertirnos en el próximo goleador del Real Madrid o en el próximo arquero del Barcelona, para luego despertar y darnos cuenta que los únicos goles que marcaremos a estadio lleno son esos que convertimos en el Maracaná que noche a noche imaginamos mientras dormimos.


Quizá por eso, por la pasión que este deporte genera, por los millones de futbolmaniacos que somos algunos, esta sea muchas veces utilizada como caballito de batalla por los políticos, que aún cuando nunca hayan pisado un campo de fútbol o hayan reído o llorado viendo al equipo de sus amores ganar o perder un campeonato en una definición por penales, utilicen el impacto mediático de este maravilloso deporte para hacer suyas las preferencias de los ilusos hinchas que creen ver en ellos a los defensores del equipo nacional, los verdaderos promotores e iniciadores de una revolución futbolística que coloque al equipo de la selección nacional en el próximo campeonato mundial.


Hace algunos años en el Perú, luego del descalabro deportivo de la selección peruana en el periodo eliminatorio para el mundial de Alemania 2006, la Comisión de Juventud y Deportes del Congreso, presidida en ese entonces por el olvidado Víctor Noriega, citaba al técnico de la selección, el brasileño, campeón de la Copa Libertadores de América con Cruzeiro y San Pablo, respectivamente, Paulo César Autuori, para que sea interrogado sobre el contrato de trabajo que tenía con la Federación Peruana de Fútbol.


Para dicho grupo de trabajo, Autuori había incumplido una de las cláusulas de su contrato, aquella referida al seguimiento que éste, como técnico de la selección mayor, debía hacer al trabajo que se venía realizando en las divisiones inferiores del fútbol inca. No contentos con ello, y valiéndose de la tristeza, desilusión y amargura que el aficionado sentía para con la selección, la recordada comisión pretendía analizar la procedencia del dinero con el que se hacía efectivo el pago de los honorarios del técnico. El presidente de la comisión, lo recuerdo como si fuera ayer, decía que el parlamento del Perú tenía todo el derecho de citar a Autuori y pedirle las explicaciones del caso, ya que se trataba de un asunto de “interés nacional” , que el dinero que cobraba el DT provenían de fondos públicos, y que de ser cierto que el monto ascendía a más de 30 mil dólares se tendrían que tomar acciones legales, ya que en un país pobre como el Perú un entrenador no debería ganar semejante cantidad de verdes.


El final de la historia es conocido, Autuori jamás llegó a presentarse ante la citada comisión, para usar un término futbolístico, les metió un amague mismo Garrincha o Robinho y los dejó a todos tirando cintura, como quedaron los zagueros uruguayos el día en que el Perú le metió un baile a la celeste en pleno Centenario por las eliminatorias a España 82, con presidente de comisión incluido, cajamarquino y paisano mío, por si acaso. ¿Qué lograron los políticos? ¿Qué buscaban los políticos con esta maniobra mediática? Muy simple. La credibilidad del parlamento en ese entonces, situación que no ha variado en nuestros días, estaba por los suelos, se acercaban las elecciones del año 2006, y muchos de ellos querían tentar la reelección, felizmente para el Perú, todos fracasaron.


¿Es el fútbol un tema de interés nacional? ¿Puede una comisión del congreso hurgar en el desarrollo y organización internan de una entidad privada como la Federación Peruana de Fútbol? ¿El dinero que la Federación de fútbol maneja son fondos públicos? Evidentemente no. Tres veces no. El fútbol es, como dicen algunos, “el asunto más importantes de los menos importantes”. El hecho que sea el deporte de las masas no lo convierte en un asunto de interés nacional. Un asunto de interés nacional es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, contra la desnutrición infantil, la generación de nuevos puestos de trabajo, no los resultados deportivos que alcancen los Pizarro, los Farfán, los Guerrero, incluso en su momento, los Cubillas, los Cueto o los Chumpitaz.


Recuerdo esta anécdota ya que hace algunos días, al puro estilo de los congresistas peruanos, tanto el entrenador de Francia durante el Mundial de Sudáfrica, el esotérico, Raymond Domenech como el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (después de nuestro Manuelito Burga, seguramente el directivo más pifiado a nivel mundial) Jean-Pierre Escalettes, fueron citados para comparecer ante la comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional (parlamento francés). Según informan los medios, ellos deberán dar explicaciones sobre el porqué del descalabro de la selección del gallito en el último mundial, eliminados en la fase de grupos, además de informar a las altas autoridades del deporte galo sobre los pleitos y arrebatos suscitados entre jugadores y cuerpo técnico durante su estancia en Sudáfrica.


Vuelvo a preguntarme ¿No existe en Francia otro tema de mayor interés que ocupe el tiempo de sus legisladores? ¿Acaso la situación económica en la Unión Europea o la crisis en Grecia no son más importantes que los desafueros de “El Puma” Anelka? ¿Es que los políticos ya no son capaces de imaginar maneras más sofisticadas de aparecer en los medios que no sea colgándose de los calcetines sudorosos de los futbolistas de sus respectivos países? Al parecer no. Leo en algunos medios franceses la indignación que esta iniciativa parlamentaria ha generado en un gran sector de la opinión pública. Francia tiene problemas más importantes, dicen algunos. Esta noticia dará la vuelta al mundo, dicen otros. No existe país alguno en el cual se cometan estas barbaridades, dicen los más exacerbados. Lo siento francesitos, así se los he hecho saber, en el Perú les llevamos algunos años de ventaja en estas lides. Nosotros hasta comisión investigadora nombramos en el 2005 para tocar el mismo tema. Aunque bueno, nosotros discutíamos el descalabro en las eliminatorias, ya que al mundial jamás llegamos. Y jamás llegaremos si mantenemos este tipo de conductas risibles que no son sino muestra de la falta de seriedad en el trabajo a nivel nacional, independientemente del campo del cual estemos hablando, en lo político, lo institucional, lo deportivo, nos comportamos como un equipo chico, un equipo de liga, un equipo de barrio, con el respeto del glorioso “carasucias de Breña” equipo en el cual jugué de chico.


A los jóvenes les digo, no se dejen engañar por tanto vendedor de humo. No se dejen engañar por tanto fariseo que cree que el fútbol y la política se manejan al caballazo. No nos creamos el cuento que el Perú está para organizar juegos panamericanos u olimpiadas en el 2022. Nos falta mucho señores. Pero sobre todo, nos falta seriedad. Es cierto, ideas descabelladas como la comisión Autuori en el Perú ocurren en todos sitios, la prueba de ello es el caso de Francia. Como dicen algunos: “en todo sitio se cuecen habas, el problema es que en el Perú únicamente se cuecen habas”. Díganme con sinceridad, sino fuese Manuel Burga el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y en su lugar estuviese Alan García, ustedes creen que Marcelo Bielsa aceptaría ser entrenador de la blanquirroja. Se imaginan al loco, con lo loco y serio que es para el trabajo, acudiendo al llamado del plancha camisas, el come pollo o la lava pies, yo no lo creo. Lo siento, creo que si seguimos así, lo más razonable es ir ahorrando para comprar el PLASMA o el LCD que nos permita ver el próximo mundial en alta definición, aún cuando ello suponga tolerar las opiniones del “colorado” Fleischman y la narración del “chino” Kanashiro.

Etiquetas: , , , ,