martes, 21 de agosto de 2012

La gran novela latinoamericana



Así se titula la última obra del genial escritor mexicano Carlos Fuentes. Como se sabe este representante del movimiento literario conocido con el nombre de Boom latinoamericano falleció hace algunas semanas. Su partida enluta a las letras latinoamericanas y deja un profundo vacío en nuestro firmamento literario. Así, su nombre se une al de otros grandes escritores de nuestro continente que ya no están más entre nosotros, como es el caso de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Pablo Neruda.


Pero antes de partir, Carlos Fuentes nos ha regalado este ensayo literario de gran factura en donde propone un recorrido ambicioso por la historia de la novela latinoamericana reflexionando sobre sus principales tópicos y características. Como bien lo señala la casa editorial (Alfaguara) que ha hecho posible la publicación de este libro, los lectores que se acerquen a esta obra iniciarán el recorrido de un camino en donde se toparán con los grandes temas que han estado presentes en la construcción de nuestro universo literario: la naturaleza salvaje, los conflictos sociales, el dictador y la barbarie, la épica del desencanto, el mundo mágico de mito y lenguaje, pero sobre todo la vocación por canibalizar y carnavalizar la historia, convirtiendo el dolor en alegría, y la tristeza en motivo de júbilo, todos estos temas son analizados con maestría y sencillez por Fuentes.


Carlos Fuentes ya nos había brindado a lo largo de su carrera literaria obras de gran genialidad. Su novela, La región más transparente, es una pieza de tamaño monumental que ocupa un lugar de privilegio junto a otras grandes obras como La conversación en la catedral o Cien años de soledad. Nadie en nuestro continente podría desconocer el enorme talento de Fuentes como novelista y ensayista, así como su preocupación por la consolidación del orden democrático y la búsqueda de la paz y el desarrollo en nuestra América. Sin embargo, esta es una obra diferente, Fuentes deja de lado su papel como creador de historias, abandona el rol de novelista y asume el reto de analizar desde la crítica literaria aquello que durante los últimos 50 años y con la aparición del Boom comenzó a ser llamada la “novela latinoamericana”.


Fuentes logra en este ensayo lo que en su momento logró Vargas Llosa con la publicación de sus ensayos de crítica literaria: El viaje a la ficción (crítica sobre la obra de Juan Carlos Onetti) o La tentación de lo imposible (crítica sobre la obra de Víctor Hugo, Los miserables). Es decir, logra que el lector especializado y no especializado reciba una guía que le permita acercarse al conocimiento de las características más importantes de un determinado tópico literario: la novelística latinoamericana.


Así, a partir de un lenguaje ágil y sencillo el autor nos introduce al mundo de la ficción de nuestro continente, nos presenta a los personajes y arquetipos que con frecuencia se apoderan de las novelas de nuestros escritores, estableciendo comparaciones y analizando la manera cómo desde la ficción la historia de nuestros pueblos es creada y recreada. El libro ya se encuentra a la venta en las principales librerías de nuestra ciudad, y será sin lugar a dudas una de las obras más importantes de este año, pues con él Fuentes corona una trayectoria intelectual impecable puesta al servicio de la cultura, el arte y la belleza de esta “patria grande” llamada América Latina.


Este artículo fue publicado en “La Ley”, número 52, edición mayo, periódico mensual del Grupo Editorial Gaceta Jurídica. S.A.

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miércoles, 15 de agosto de 2012

Señor Ministro de Defensa: la política es así



“El que se pica pierde”, dice un dicho popular, que en cristiano quiere decir que quien se embarca en una polémica o discusión y pisa el palito de la provocación seguramente terminará magullado y con muchos hematomas por curar. Al parecer, ello le ha ocurrido al actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano, otrora militante del Movimiento Libertad, amigo de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa y nuevo colaborador de Ollanta Humala.


El citado ministro ha salido a los medios a denunciar un supuesto plan para desestabilizar y petardear su gestión. En palabras del ministro: “existe un inusual comportamiento de algunos políticos, militares y medios de prensa que desde el momento en que recibió la confianza del Presidente de la República han enfilado sus baterías contra su persona”. Dicho de otro modo, el ministro cree que es capaz de desatar la furia y la ira de los que siempre pierden pero que en realidad ganan.


Creo que el ministro equivoca el camino, no tiene ni siquiera un mes al frente de una cartera tan importante y compleja como la de Defensa y ya se ha ganado varios adversarios, tanto fuera como dentro de las instituciones castrenses (eso es lo más preocupante). Salir a decir en los medios de comunicación que no necesita del respaldo de los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o arremeter contra aquellos que habiendo ejercido el cargo que hoy en día él ostenta, lanzan críticas o cuestionan algunas de sus decisiones, es la actitud más torpe que un político puede asumir.


Sorprende el comportamiento del ministro, tipo experimentado y con trayectoria política, pues él mejor que nadie sabe que quien asume un cargo público en una democracia se coloca en el ojo de la tormenta, se somete al escrutinio público y debe aceptar las críticas, ataques o llamados de atención que otros líderes de opinión puedan hacerle. Así es la dinámica política en una democracia, es el juego lógico del poder. Unos asumen cargos o funciones públicas de ejecución, otros fiscalizan y supervisan esta labor, y los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, toman nota de la información vertida sobre estas personalidades para formarse su propia opinión.


El ministro debe ser consciente de la fragilidad política del Gobierno para el que ahora trabaja. Debe tener presente que el Presidente Ollanta Humala no tiene la fuerza, ni el peso político de algunos de sus antecesores. En ese sentido, y teniendo en consideración que en el partido de Gobierno existe una carencia de líderes y operadores con la suficiente capacidad para polemizar con sus detractores, el ministro no puede caer en las provocaciones de aquellos que ya se han dado cuenta que este Gobierno no tiene un rumbo definido.


Ser ministro de Estado exige, en mi opinión, tres requisitos mínimos: experiencia política, conocimiento del sector y capacidad para generar consensos y puentes de diálogo con todos los actores políticos, especialmente con la oposición. No basta con ser un tecnócrata calificado, ni un político entusiasta. Quien asume una cartera ministerial debe tener siempre presente que las críticas y los embates de la oposición serán el pan de cada día. Si ello es así, un ministro de Estado no puede perder el tiempo, agotar energías, invertir esfuerzo y recursos en atacar a todo aquel que no comparte su posición o su visión política.


Lo que los ciudadanos desean saber con respecto a este ministro, o al menos quien escribe, es cómo implementará la tan anunciada reforma de las Fuerzas Armadas, cuáles serán las principales medidas que impulsará su sector, cómo enfrentará el problema salarial y pensionario, o cuál será la estrategia que piensa poner en práctica para convencer al intransigente Luis Castilla de que es necesario elevar las remuneraciones del personal militar que les permita vivir con dignidad y cubrir con decoro todas y cada una de sus necesidades. No se olviden que luego son ellos, policías y militares, quienes salen a poner el pecho y a resguardar el orden público cuando la torpeza de los políticos impide resolver los conflictos sociales de manera pacífica e institucional.


La llegada de Pedro Cateriano al Ministerio de Defensa generó ilusión. Sin lugar a dudas, es una persona profesional y académicamente superior a su antecesor. En realidad, cualquier peruano lo sería. Sin embargo, parece que le está costando más de lo esperado adaptarse a esta nueva faceta de ministro de Estado. Pedro Cateriano es un hombre capaz y honesto, nadie podría discutir ello. Pero creo que se equivocó al creer que los medios de comunicación serían más condescendientes con él y lo tratarían con guantes blancos. Se equivocó de medio a medio si creía que los enemigos del pasado (en su mayoría fujimoristas a los cuales él combatió férreamente) no le cobrarían las cuentas pendientes.


La luna de miel ya pasó. De ahora en adelante al Gobierno le pedirán resultados y le pasarán la factura de todos los ofrecimientos que el Presidente de la República hizo durante la campaña. Los tiempos se acortan, y la impaciencia comienza a apoderarse de la población. Los medios de comunicación solo capitalizan ese descontento y buscan el menor error o traspié gubernamental para fabricar una portada o un titular. Las cosas son así en todas partes del mundo, en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, etc. ¿Por qué en el Perú la cosa tendría que ser diferente señor ministro?

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lunes, 6 de agosto de 2012

Entrevista al destacado constitucionalista peruano Domingo García Belaunde




Domingo García Belaunde, destacado constitucionalista e intelectual peruano, conversa con La Ley y reflexiona en torno a los temas más importantes vinculados al sistema político peruano. Con él compartimos y desarrollamos ideas acerca del sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema electoral. También se pronuncia sobre algunos temas de actualidad con relevancia política y constitucional.


Sobre el mensaje presidencial de 28 de julio

1. ¿Cuál es la finalidad constitucional del mensaje presidencial del 28 de julio?

En principio habría que decir que el mensaje presidencial no fue siempre el día 28 de julio de cada año. Esta práctica se ha hecho costumbre desde el año 1945. Antes de ello, tenemos mensajes presidenciales llevados a cabo en setiembre o diciembre, tal y como sucedió durante la presidencia de Sánchez Cerro en el año 1931. El mensaje presidencial es una figura tomada de la tradición de los Estados Unidos, en donde es llamado “mensaje de la unión”. La idea es que el presidente concurra al parlamento y se reúna con la cámara para exponer una serie de ideas básicamente relacionadas a los avances hechos durante el año de gestión en los diversos sectores de Gobierno.

2. Haciendo un poco de memoria, ¿recuerda Ud. algún mensaje presidencial que lo haya impresionado? 

Bueno, sobre este punto debemos diferenciar entre dos tipos de mensajes: los que conocemos por los libros y la historia y los que yo pude ver. En los primeros, sin lugar a dudas tenemos a los discursos de Manuel Pardo y Piérola en el siglo XIX, y también los de Leguía. Pero los que yo recuerdo desde niño fueron los del gran orador Fernando Belaunde Terry. Belaunde siempre impresionaba en sus mensajes porque sus exposiciones las hacía sin ningún tipo de papel o ayuda memoria. Es por ese motivo que en la Constitución de 1979 (como respuesta al estilo de Belaunde) se señaló que el presidente debería concurrir al parlamento para “leer” su mensaje a la nación. Más allá de esta anécdota, lo importante era la presencia del jefe de Estado dirigiéndose a las cámaras informando sobre la marcha del país.

3. En esa lógica, a su juicio, ¿qué temas cree que debería abordar el presidente el 28 de julio?

Bueno, la idea de los mensajes es hacer un resumen general de los avances hecho a lo largo del último año. Para ello se sabe que cada sector le envía al presidente un breve resumen con los datos más importantes. Luego, él consolida esta información y le da el enfoque que crea conveniente estableciendo el orden o la importancia para cada tema. Por razones de tiempo, el mensaje no puede ser tan duradero, por eso es importante sintetizar la información y exponer los datos más relevantes.


Sobre las reformas constitucionales

4. Al margen de las promesas electorales hechas en este terreno, ¿cuál considera usted que es la reforma constitucional más importante que se debería impulsar durante todo este Gobierno?

Sobre este punto habría que decir que luego de la caída del régimen fujimorista surgieron propuestas que apostaban por una reforma total de la Constitución. Esta primera intención ha perdido fuerza porque socialmente a nadie le interesa la promulgación de un nuevo texto que no trae necesariamente la felicidad. La gente lo que quiere es estabilidad, trabajo y mejoras tangibles. Debemos recordar siempre que las constituciones no son fines sino tan solo medios para alcanzar determinados objetivos. Pero al margen de todo ello, yo diría que son tres los grandes temas que deberían ser trabajados: 1) Precisar la parte referida a los derechos fundamentales para aclarar algunos conceptos un poco confusos, 2) Precisar la parte referida a los tratados y/o convenios internacionales que fue erróneamente eliminada por los redactores de la Carta de 1993; y 3) Afinar el capítulo referido al proceso de descentralización y regionalización para evitar los problemas que en la actualidad estamos viendo. Los problemas que hoy se presentan en Cajamarca, se deben en gran medida a la manera defectuosa como el gobierno de Alejandro Toledo impulsó este proceso, superponiendo sobre la demarcación territorial, la existencia de regiones que en realidad no existen.


Sobre el Tribunal Constitucional (TC) y sus miembros

5. En los próximos meses esperemos que se elija a los nuevos miembros del TC, ¿cuál es el perfil que debe tener un magistrado de un TC?

Bueno, lo que se busca básicamente es gente con experiencia (sería importante exigir mayor edad para este cargo), por la trascendencia que la labor del TC tiene. Lo que debemos desterrar es el famoso “cuoteo”, o sea en otras palabras la “repartija”, mediante la cual los grupos políticos exigen contar con una persona cercana a sus intereses. En otras partes también se presenta está práctica pero se hace con candidatos de mayor nivel, acá no ha ocurrido eso, en nuestro país se nombra como miembro del TC al amigote político, independientemente de su capacidad profesional y solvencia personal. Eso hace que el TC no pueda realizar una mejor labor.

6. Sobre este mismo punto entonces, ¿qué opinión le merece la aprobación de este mismo mecanismo para seleccionar por invitación a los miembros del TC?

Sin lugar a dudas, esta medida ha sido un avance. Hasta hace poco la elección se convertía en un manoseo terrible en el cual los candidatos se apuntaban como en una repartición de panetones, y luego de una entrevista poco rigurosa se terminaba eligiendo al más simpático o recomendado. Hubo un señor que fue elegido pero que luego de ser encontrado negociando con un político conocido su nombramiento fue dejado sin efecto. Lo que se busca es contar con personas que sean elegidas no por su parentesco político sino por su talento profesional y su valía personal.

7. ¿Usted estaría dispuesto a ser miembro del TC?

No lo he pensado y nadie me lo ha ofrecido, así de simple (risas).

8. ¿Y si se lo ofrecen?

No sé, cómo le voy a decir.


Sobre el sistema de gobierno en el Perú

9. ¿Ud. cree que deberíamos despresidencializar nuestro sistema de gobierno?

Esta es una pregunta muy interesante, pues pone en debate de cuestiones de fondo. Los sistemas políticos se forman históricamente. En esa línea, habría que recordar que nosotros nacimos como República en el siglo XIX y que en ese entonces adoptamos el único modelo existente en el panorama americano: el presidencialismo de los Estados Unidos. Lo que nosotros hemos hecho luego es incorporar paulatinamente figuras propias del parlamentarismo como la censura, interpelación, veto presidencial y la figura del Primer Ministro. Ahora bien, el problema en torno a la manera cómo se ejerce el poder presidencial en nuestro país no pasa por el tipo de figuras que se insertan en la Constitución, sino que gira en torno a nuestra cultura política y al marcado autoritarismo presente en ella. Acá el presidente es visto como una especie de Dios que debe remediar todos los problemas en un solo día.

10. ¿Deberíamos fortalecer a la figura del Primer Ministro en el Perú como algunos proponemos?

Sí, esa es la idea. El presidente prototipo que hizo eso fue Manuel Prado en su segundo periodo. Prado nombró como Premier a Pedro Beltrán encargándole la marcha diaria del Gobierno, reservándose para sí la conducción de los grandes temas nacionales (esa es la fórmula). Por ese motivo Prado fue llamado “el presidente ministeriable”.

11. ¿Debemos fortalecer al Parlamento e incorporar una segunda cámara como algunos sostenemos?

Yo creo que sí, dado el nivel bajísimo de nuestros congresistas es importante contar con un Senado de origen electoral diferente y competencias distintas a las que presenta la cámara de diputados para que no se convierta en su duplicado. Eso se pensó en la Constitución de 1979 con un Senado compuesto por gente madura que permitiese una mayor reflexión y análisis al interior del Parlamento. Ese esfuerzo se frustró debido al argumento ridículo que Fujimori expuso para eliminarla. Para Fujimori, un Senado resultaba muy caro, luego, la historia demostraría que el Congreso unicameral resultó ser más costoso. Pero al margen de ello, debemos precisar que más allá de las leyes electorales o instituciones constitucionales, los sistemas políticos funcionan gracias a la presencia de un sistema de partidos sólido y una cultura política auténticamente democrática la cual se construye a los largo de la historia de cada pueblo.

12. ¿Esta Ud. acuerdo con aquellos que proponen la renovación por tercios del Parlamento?

Tengo mis dudas, no la descarto pero tengo mis dudas. Además ese mecanismo ya operó en nuestro país hasta el año 1920. Lo que pasa es que en nuestro sistema el presidente necesita tener mayoría en el Congreso. Cuando ello no ocurre se ve forzado a buscar alianzas o coaliciones. El problema surge cuando estas alianzas son precarias y poco duraderas. En una democracia el diálogo es muy importante, pero para ello es necesaria la presencia de una cultura del consenso que le de sostenibilidad a los acuerdos. Yo creo que podríamos hacer un ensayo con una renovación parcial. Pero honestamente, no tengo una posición totalmente definida.

13. Usted nos decía que había sido un error la manera cómo se implementó el proceso de descentralización y regionalización. A propósito de ello, ¿cree Ud., como algunos hemos afirmado, que es un error pretender reformar la Constitución para censurar e interpelar a los presidentes regionales?

Claro que sí. Esa propuesta no tiene ningún sentido. Ambos mecanismos son figuras netamente parlamentarias. Estas fueron pensadas para equilibrar la relación de fuerza entre el poder Ejecutivo y Legislativo, a partir del diseño de un sistema de control interórganos. Los gobiernos regionales poseen otra estructura, no forman parte del poder ejecutivo. Es un error extrapolar la estructura macro de un país, la que responde a un desarrollo y evolución histórica, para solucionar problemas contingentes que presentan otra naturaleza.


Sobre el sistema electoral

14. ¿Comparte Ud. la opinión de aquellos que proponemos la eliminación del voto preferencial?

Por supuesto, para mí el voto preferencial es fuente de corrupción.

15. ¿Está Ud. a favor de la implementación del voto facultativo en el Perú?

Bueno, el voto obligatorio se implantó como respuesta a la renuencia de la gente a participar durante el siglo XIX. Se señaló que el ciudadano debía ayudar a construir el Estado haciéndose responsable por quien elige y por los actos de este. Pero hoy en día se ha demostrado que eso no es exacto. En los países en los cuales se ha implementado el voto facultativo solo el 30% o 40% no vota, versus una porción mayoritaria que refleja la tendencia electoral general de ese país. Quizás en un comienzo yo fui partidario del voto obligatorio. Ahora mi perspectiva es distinta, yo creo que debemos ir progresivamente hacia su eliminación, partiendo por la reducción de las multas y la derogación de todo tipo de sanción a quien no vota. Ahora bien, lo que sí deberíamos precisar es lo referente a los miembros de mesa. Necesitamos gente calificada y especializada en esta labor para evitar problemas futuros. Yo, por ejemplo, he presidido dos o tres veces una mesa de votación, y perfectamente hubiese podido falsificar el acta, pues los ciudadanos que me acompañaban no sabían absolutamente nada.

16. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la propuesta hecha por el presidente para eliminar el voto de militares y policías en actividad?                            

Esa propuesta es un retroceso. Los militares y policías no son otra cosa que ciudadanos vestidos de uniforme. No existe razón para limitarles este derecho. El ejercicio de este derecho los vincula de modo más directo con el orden y sistema democrático. El voto debe ser universal y esa es la tendencia histórica a nivel mundial. Que vote quien quiere votar sin ningún tipo de impedimentos.

17. ¿Podría explicarle a nuestros lectores, las razones que justifican la prohibición para que la primera dama sea candidata en el año 2016?

La única justificación es histórica. Siempre en nuestra historia se cometieron fraudes electorales desde el poder. Que ahora no lo haya, no quiere decir que no lo pueda haber. Es la misma lógica para eliminar la reelección inmediata en nuestro país. Se sabe que el presidente (y quien esté cerca de él) tiene un poder de control político muy grande que lo coloca en una posición de ventaja en la carrera electoral. Eso no ocurre en otros países como en Estados Unidos en donde el presidente no maneja el poder. Allí no importa si la pareja presidencial quiere ser candidata porque el poder no está centralizado en un solo actor (el presidente), sino distribuido territorialmente entre los cincuenta estados federales. Entonces las razones son de tipo histórico. Miremos el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner, yo estoy seguro que allá todo está comprado, debido a la centralización absoluta del poder (a pesar de ser un país federado). Acá el problema es justamente ese: la centralización y concentración de poder que asusta y nos da miedo. La historia del Perú ha sido eso, una sucesión de fraudes, mentiras, corrupciones e inmoralidades. Por eso la necesidad de este tipo de blindajes.


Sobre el sistema de partidos

18. ¿Comparte la propuesta que algunos sostenemos sobre la necesidad de contar con financiamiento público para los partidos políticos?

Estoy totalmente de acuerdo. Esta propuesta es importantísima porque si los partidos no tienen financiamiento público caen en manos de los grandes grupos de poder económico. Si ello es así, corremos el riesgo de que estos grupos manejen la política. La única manera de corregir eso es a través del financiamiento público. Todos los partidos deben contar con un fondo inicial, para luego recibir recursos en función de sus resultados electorales. Qué vergüenza existe en financiar a los partidos, eso se hace en todas partes, yo no sé por qué acá se han negado a impulsar esta propuesta.

19. ¿Está Ud. a favor de sancionar el transfuguismo parlamentario?

El transfuguismo es un hecho moralmente repudiable, eso está claro. Pero cuidado, acá la pregunta es: ¿Qué entender por transfuguismo? En un sistema con partidos sólidos la cosa es clara, quien va con un partido le debe absoluta lealtad, y por tanto no se presentan estos problemas. Pero acá, no hay partidos sólidos. Qué cosa es Gana Perú y Cambio 90. Esos son nombres de chiste, esos no son partidos. Acá el único partido hoy en día es el APRA, y en cierto sentido el PPC, y en menor grado AP. Los demás son movimientos que se unen por motivos electorales que no saben lo que quieren y no cuentan con programas. Y tan pronto alcanzan sus objetivos entran en una nueva fase, cuyas características ya conocemos.

20. En esa línea: ¿Está Ud. de acuerdo en elevar progresivamente la valla electoral dependiendo del número de partidos que conforman una alianza electoral?

Sí, claro que sí. Pero el problema es mayor, los partidos se forman por necesidad histórica y por la presencia de grandes líderes. El problema es que en nuestro país no contamos con estos. En ese sentido, no debería sorprender que no podamos consolidar un sistema de partidos.

21. ¿Diría Ud. que el problema de nuestro país es en realidad la ausencia de una élite política?

Claro que sí. El Perú tuvo una élite política en el siglo XIX con la formación del Partido Civil que manejó el país durante treinta años. Luego, durante 1930 y 1940 hubo algo de eso. Pero es en la década de 1960 donde aparecen nuevos partidos, muy articulados, si bien con distintos electorados. Pero hoy el cuadro es diferente, dudo mucho que podamos decir que el Perú cuenta con una clase política orgánica.


Esta entrevista ha siso publicada en el número 24 de LA LEY, publicación mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica S.A. Mi agradecimiento a la empresa por permitirme compartir con la ciudadanía los contenidos de este trabajo editorial.

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miércoles, 1 de agosto de 2012

Estados de emergencia y democracia



En esta oportunidad, dado el clima de convulsión social registrado en algunos lugares de nuestro país (Espinar y Cajamarca), los mismos que han motivado la declaratoria de estados de emergencia, analizaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta con respecto a esta medida.

Ideas preliminares

Tal como sucede en otros países, en el Perú, la Constitución ha reconocido la presencia de los denominados estados de excepción. Estos son declarados ante situaciones de especial apremio que ponen en peligro el cumplimiento del orden legal establecido o la existencia del propio Estado. Para ello, el Poder Ejecutivo  -sobre la zona en la cual se presenta la situación irregular- declara el estado de excepción con el posterior recorte o limitación de algunos derechos fundamentales.

Como su propio nombre lo señala, se trata de una decisión política que debe ser adoptada bajo circunstancias “excepcionales”. Es decir, un estado de excepción solo será declarado cuando la situación de anormalidad no puede ser resuelta a través de la implementación de los medios políticos y jurídicos ordinarios. En otras palabras, la declaración de un estado de excepción supone la valoración adecuada del principio de necesidad, el mismo que impone al Estado la obligación de haber agotado otros medios menos restrictivos de los derechos de las personas en el esfuerzo por restablecer el orden y la seguridad interna. Por tanto, los gobiernos democráticos no pueden convertir  a la declaración de estados de excepción en una práctica de uso común ante cualquier hecho de violencia que altere la tranquilidad de la población.

Al mismo tiempo, es necesario señalar que la vigencia de un estado de excepción no puede ser indefinida. Ello quiere decir que los estados de excepción deberán llegar a su fin en el momento mismo en el cual las razones que lo justificaban hayan desaparecido. En tal sentido, cuando el orden, la paz y seguridad interna han sido recuperadas, el Gobierno debe volver al estado normal de las cosas para el ejercicio pleno y libre de todos y cada uno de los derechos y libertades que la Constitución reconoce.

Tipos de estados de excepción

Nuestra Constitución ha establecido claramente dos tipos de estado de excepción:

a)   Estado de emergencia, el cual opera en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación.
b)   Estado de sitio, el cual opera en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente que se produzcan.

Autoridad competente para declarar un estado de emergencia

En nuestro país, es el Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, la autoridad encargada de decretar por un plazo determinado, y sobre todo el territorio nacional, o en parte de él, esta medida. Ello siempre con cargo de dar cuenta ante el Congreso o la Comisión Permanente.

Plazo de duración máxima de un estado de emergencia

Los estados de emergencia en nuestro país no pueden exceder el plazo de sesenta días. En caso de que se requiera de una ampliación del mismo, dicha prórroga exige la promulgación de un nuevo decreto.

Institución encargada de preservar el orden en un estado de emergencia

En principio, por mandato constitucional expreso, es la Policía Nacional del Perú la institución encargada de restablecer el orden interno. Sin embargo, y siempre que el Presidente de la República lo disponga expresamente, esta labor puede correr a cargo de las Fuerzas Armadas.

En un estado de emergencia los derechos se limitan no se suspenden

A pesar de que la Constitución señala que un estado de emergencia supone la suspensión de algunos derechos, se debe entender este término no como la pérdida temporal de ciertas libertades, sino únicamente como la limitación de ciertos derechos. Cabe apuntar, que estas limitaciones, a pesar de la declaratoria de emergencia, deben ser siempre valoradas a la luz del principio de proporcionalidad. Ello es así, pues de ningún modo puede un estado de emergencia ser utilizado como medio para la justificación de actos arbitrarios de violación de derechos humanos que socaven las bases mismas de un Estado democrático de Derecho.

Derechos que se ven limitados en un estado de emergencia

Los derechos que pueden restringirse son aquellos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional, respectivamente. En esa misma línea, es muy importante dejar en claro que el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se ven “suspendidos” durante la vigencia de los regímenes de excepción antes señalados (en ninguno de los dos casos). Incluso, la Constitución le impone al órgano jurisdiccional competente la obligación de examinar el acto restrictivo de derechos que motivó la interposición de estas acciones a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Tratados sobre derechos humanos y estados de emergencia

El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 27, inciso 2, señala que ninguna declaratoria de estado de excepción hecha por un Estado Parte, puede autorizar la suspensión de los siguientes derechos: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de toda forma de esclavitud o servidumbre, debido proceso (principio de legalidad e irretroactividad de la ley), libertad de conciencia y religión, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos y derecho a la protección de los mismos a través de las denominadas garantías judiciales (hábeas corpus y amparo).

Algunas preguntas comunes sobre el estado de emergencia

Con acierto, en un artículo publicado en un medio local, el profesor Samuel Abad se formula las siguientes preguntas: ¿Están prohibidas todas las reuniones, inclusive las pacíficas como una “lavada de bandera” o una procesión”? Nosotros añadiríamos algunas otras: ¿Puede un grupo de personas organizar una marcha por la paz o acompañar el cortejo fúnebre de algún amigo o familiar fallecido? 

Sobre este punto, el profesor Abad nos recuerda dos importantes apuntes que debemos tener siempre en cuenta. El primero es que la restricción a un derecho fundamental guarde relación directa con los motivos por los que se declaró dicho estado (principio de razonabilidad). Por ejemplo, dice Abad, si se decreta un estado de emergencia para enfrentar una escalada terrorista, solo podría aplicarse en tales casos y no para detener a las personas por cualquier motivo. Con lo cual, queda claro, como ya lo dijéramos nosotros en líneas anteriores, que un estado de emergencia no autoriza la arbitrariedad. El segundo es que la restricción de un derecho fundamental debe ser siempre proporcional, es decir, no exagerada ni innecesaria (principio de proporcionalidad). Únicamente el respeto por ambos principios permiten evitar los excesos que se cometía en el pasado, finaliza el autor.

Reflexión final

Todos los ciudadanos debemos tener presente que la declaratoria de estado de emergencia es una medida legítima y democrática que puede adoptar un Gobierno con el objetivo de restablecer el orden y la paz interna en un escenario de extrema convulsión e intranquilidad social, el cual puede desencadenar  una serie de actos ilícitos que atenten contra los derechos de las personas o contra el propio Estado. Pero al mismo tiempo, debemos observar que esta salida debe operar siempre ante la ausencia de otros medios menos limitativos de derechos pero igualmente eficaces. 

Por estas razones, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de velar por la aplicación estrictamente legal del estado de emergencia. Las fuerzas del orden (Policía o Fuerzas Armadas, si fuera el caso) deberán actuar de manera constitucional y democrática, reconociendo la vigencia de los derechos ciudadanos, solo pudiéndolos limitar de manera razonable y proporcional, ya que una democracia no puede permitir que una medida legítima como esta se convierta en un manto que cubra de impunidad los posibles excesos y atropellos que se pudiesen cometer en contra de la población civil.

En síntesis, recurrir a los estados de emergencia es algo plenamente legítimo. El problema es, según lo afirma el constitucionalista Domingo García Belaunde, cómo y con qué frecuencia un Gobierno recurre a este tipo de medidas. Ahora bien, es preciso señalar que la declaratoria de estado de emergencia debe ser vista siempre como la última medida que debe adoptar un Gobierno para restablecer el orden o la paz interna. Ello debe ser así pues un estado de emergencia se supone la limitación y restricción en el ejercicio de varios derechos y libertades fundamentales.

Este artículo será publicado en LA LEY, edición de julio (N° 54), periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

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