sábado, 2 de julio de 2016

KEIKO FUJIMORI, LA “ESTADISTA” DE TWITTER



El día llegó para PPK. Hoy, martes 28 de junio de 2016, en el Teatro Municipal de Lima, PPK recibió las credenciales que lo reconocen oficialmente como presidente electo de nuestro país para el periodo 2016 - 2021. También las recibieron sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, respectivamente.

Si bien es cierto PPK ya había recibido el reconocimiento de diversos líderes nacionales e internacionales (incluso Barack Obama, presidente de USA, lo saludó), la expectativa y el morbo giraban en torno a si Keiko Fujimori, la perdedora en la segunda vuelta presidencial, se animaría a visitarlo y cumpliría con el ritual republicano de saludar a quien la derrotó en las urnas.

Lastimosamente, Fujimori no hizo eso, demostrando, una vez más, que los Fujimori no entienden el significado de la palabra “República” y menos las reglas de aquello que los mortales llamamos “Elecciones Democráticas”. ¿Qué hizo Fujimori? A ella, no se le ocurrió mejor idea que saludar al presidente electo usando los 140 caracteres de su cuenta en twitter.

En otras palabras, para Fujimori la majestad de la presidencia de la República no merece otra cosa que un saludo por el ciberespacio. ¿Acaso Fujimori no sabe que en política los símbolos y las tradiciones republicanas también son importantes? ¿Quién está asesorando a Fujimori? ¿Con este tipo de piconerías Fujimori aspira a ser presidenta de todos los peruanos?

Por la estabilidad y gobernabilidad de nuestro país, espero que Fujimori rectifique su conducta. No nos olvidemos que ella, con toda su inmadurez y prepotencia es, nos guste o no, la lideresa de la fuerza política más importante del país, y su voz será fundamental en el desempeño de sus 73 congresistas. Pero no seamos injustos con ella, Fujimori tiene derecho a equivocarse, pero ante todo tiene el deber como política de reconocer sus errores y enmendarlos en el más breve plazo, porque en política, cada segundo cuenta.

En esa línea, estoy seguro que para Fujimori no ha debido ser nada fácil aceptar la derrota, sobre todo cuando apenas a una semana de la segunda vuelta todas las encuestadoras la daban como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales. Una vez más, en la puerta del horno se les quemó el pan a los fujimoristas. Se les quemó en las brasas de la pedantería y autosuficiencia.

Según los analistas, lo peor que le puede ocurrir a un candidato presidencial en plena campaña es justamente eso: creerse presidente de la República sin antes haber recibido las credenciales que lo reconocen como tal. A Fujimori le ganó la soberbia, eso la debe estar carcomiendo por dentro. Ese fue un error suyo, exclusivamente suyo. Ella lo sabe, por eso la tremenda frustración que experimenta.

Pero lo tragicómico vino después. Fujimori, como para demostrarnos que en el Perú hasta nuestros candidatos presidenciales son sui generis, decidió asumir el papel de víctima y al puro estilo de las sufridas adolescentes de las telenovelas mexicanas le exigió a PPK que le extendiera unas disculpas públicas por los calificativos recibidos en ese fuego cruzado de epítetos que caracteriza a toda segunda vuelta.

Uso el término sui generis ya que en ninguna democracia los candidatos presidenciales le exigen a sus contrincantes que pidan disculpas por los dimes y diretes emitidos en el fragor de la campaña política. Se imaginan el ridículo que habrían hecho Bachelet, Fernández o Rousseff, si al final de la elección presidencial les hubiesen exigido a sus rivales pedir disculpas como condición previa para el diálogo. Fujimori debe entender que el papel que ella debe asumir es el de una estadista, una demócrata que respeta el voto popular y felicita a quien la derrotó en las ánforas. Fujimori no puede comportarse como si fuera la “Chilindrina” cuando el “Chavo del Ocho” le quitaba su paleta de caramelo.

Estoy seguro que Fujimori, pero sobre todo sus asesores, sabrán hacer un adecuado control de daños. Ella es una mujer joven, y su liderazgo en el fujimorismo es indiscutible. Ella sabe que es la única carta de triunfo de su partido en el 2021. O alguien cree que el inefable (uso este adjetivo por respeto a los lectores) Kenyi Fujimori es presidenciable. No, claro que no. Ella es la candidata natural del fujimorismo en las próximas elecciones generales. El problema es que en 2021 ella se enfrentará a rivales que también están creciendo y madurando, y que por el momento, al menos en las semanas posteriores a la segunda vuelta, han demostrado un mayor olfato y madurez política como Verónika Mendoza y Julio Guzmán.

El camino hacia el 2021 es largo. Yo diría que larguísimo. Sin embargo, quienes quieran vencer en las elecciones presidenciales deben ir gestando su triunfo desde ahora mismo. Fujimori tiene un enorme poder político y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Ella no debe olvidar que su futuro y el de su partido dependen de dos factores: el desempeño que ella como lideresa de un partido político nacional debe exhibir  y la performance que los 73 parlamentarios fujimoristas tengan durante los próximos 5 años.

En ese sentido, lo peor que puede hacer Fujimori y sus 73 congresistas es mostrar soberbia y autocomplacencia. Es cierto que el electorado los respaldó mayoritariamente en las elecciones congresales. Pero es cierto también que más de la mitad de los peruanos (aunque sea por 40 mil votos) no los quieren ver en el Gobierno. Esa es una verdad incontestable para Fujimori.


Para revertir esa percepción negativa que los peruanos tienen del fujimorismo lo único que les queda es hacer lo siguiente: convertirse en el bloque de oposición democrática (fiscalizadora y constructiva) más sólido que la historia del parlamento haya visto. ¿Podrá convertirse el fujimorismo en un partido de derecha auténticamente democrático? Yo tengo serias dudas y sé que muchos peruanos también. Será tarea de Fujimori y compañía demostrarnos que estábamos equivocados. 

Etiquetas:

¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS DESAPARECIDOS?



El miércoles 22 de junio se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980 – 2000. La Ley tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en este periodo, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos.

Al respecto, es preciso recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final, reportó aproximadamente 69 mil personas víctimas fatales durante los años del conflicto armado interno. Además, señaló que durante los años 1988 a 1993, la desaparición forzada fue uno de los mecanismos empleados de manera sistemática por los agentes del Estado en la lucha contrasubversiva. Asimismo, advirtió que el 60% de las desapariciones forzadas cometidas estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas, información que puede ser contrastada con lo señalado por la Defensoría del Pueblo que en su Informe sobre Desapariciones Forzadas publicado en el año 2002 le atribuye el 80% de la responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

Sobre el particular, resulta necesario recordar que en el año 2004, nuestro Tribunal Constitucional, a propósito de una demanda de hábeas corpus presentada a favor de Genaro Villegas Namuche, persona cuya situación fue calificada por el Tribunal como una desaparición forzada, reconoció el denominado “derecho a la verdad” como un nuevo derecho fundamental, y lo hizo a partir de la interpretación sistemática de tres principios constitucionales: dignidad del hombre, Estado Democrático de Derecho y forma republicana de gobierno.

Hacemos referencia a este nuevo derecho a la verdad ya que la aprobación de esta Ley, justamente se encuentra vinculada a la concretización del mismo por parte del Estado. Como veremos a continuación, el derecho a la verdad tiene dos dimensiones que se implican y complementan mutuamente, las mismas que permiten  valorar la importancia que tiene para nuestro país la entrada en vigencia de esta Ley.

En su dimensión individual, este derecho supone el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, y su titularidad recae en las víctimas, sus familiares y allegados. En otras palabras, para el Tribunal todas las personas que han sido víctimas de un crimen contra sus derechos humanos, tienen derecho a conocer: 1) quién fue el autor de este acto, 2) en qué fecha y lugar se perpetró, 3) cómo se produjo, 4) por qué se le ejecutó; y 5) en dónde se hallan sus restos.

En su dimensión colectiva, el derecho a la verdad consiste en el derecho de la sociedad (todos los peruanos) a conocer los hechos o acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal.

Entonces, queda claro que la promulgación de esta Ley forma parte del conjunto de acciones concretas que el Estado debe adoptar para alcanzar el cabal conocimiento de los actos de violencia ocurridos en el Perú. En esa misma línea, también podríamos afirmar que la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido una de las más importantes decisiones que el Estado peruano adoptó relacionadas con el derecho que todos los peruanos tenemos a contar con un informe oficial acerca de lo ocurrido en nuestro país en el periodo 1980 – 2000, producto de la acción criminal de los grupos terroristas y de la respuesta del Estado.

En esa línea, esta Ley también se convierte en una forma cómo el Estado peruano cumple cabalmente con su obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos, la misma que ha sido expresamente consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aún, tomando en consideración que nuestro Tribunal ha señalado que dicha obligación implica prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención, así como procurar el establecimiento del derecho violado y reparar los daños producidos como consecuencia de su afectación.

Por lo antes expuesto, resulta fundamental resaltar la importancia que esta Ley tiene para nuestro país, no sólo por convertirse en una herramienta de lucha contra la impunidad en materia de violaciones contra los derechos humanos, sino también por poner en evidencia el compromiso que el Estado peruano asumió –luego de la caída de la dictadura de Alberto Fujimori- en el cumplimiento de su obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos.

Finalmente, pensando en esos 16 mil desaparecidos reportados por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, creemos oportuno subrayar que esta Ley contempla expresamente el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico a sus familiares. Por un lado, el acompañamiento psicosocial supone el conjunto de acciones a nivel individual, familiar, comunitario y/o social orientadas a prevenir, atender y afrontar el impacto psicosocial de la desaparición. Por el otro, se entiende que los diversos sectores del Estado desplegarán acciones para que los familiares participen en los procesos de búsqueda, recuperación, análisis, identificación, restitución y entierro digno de los restos de las personas desaparecidas. 


Sin lugar a dudas, esta Ley es una forma concreta de reivindicar la memoria de nuestros desaparecidos y aliviar el dolor de sus familiares, quienes luego de varios años de inacción estatal e impunidad en materia de derechos humanos, ven una luz al final del túnel.

LA MASACRE DE ORLANDO Y LA “INDIGNACIÓN” DE LOS PERUANOS


El domingo 12 de junio de 2016 será recordado como el día en que se perpetró el ataque más violento en contra de la comunidad LGTB en la historia de los Estados Unidos (USA). Es más, la masacre de Orlando, como la han denominado los medios, es el ataque con el mayor número de muertes (50) desde los atentados del 11 de setiembre de 2001. Con ello, el autor del atentado, Omar Mir Seddique Mateen, un terrorista del Estado Islámico, pasa a ser uno más en la larga lista de criminales homofóbicos que cometen este tipo de atrocidades.  
Al respecto, por la reacción que se ha desatado en las redes sociales, pareciera que en el Perú la “indignación” frente a los crímenes de odio depende del lugar geográfico en donde estos se cometen. En otras palabras, pareciera que los peruanos rechazamos con vehemencia estos crímenes cuando se cometen en USA, Europa o Latinoamérica, pero guardamos cómplice silencio cuando se trata de mirar hacia adentro y reconocer que en nuestro país diariamente se cometen crímenes contra la comunidad LGTB.
En el Perú, por ejemplo, sólo entre los años 2008 y 2009, se registraron aproximadamente 126 asesinatos en contra de personas homosexuales. Para el periodo 2011-2012, el MHOL señaló que por lo menos 21 miembros de la comunidad LGTB fueron asesinados, y decenas fueron brutalmente agredidos. Según estas organizaciones, las cifras reportadas no logran cubrir a la totalidad de crímenes cometidos contra este grupo, pues muchos de estos nunca se denuncian.
¿Por qué estos crímenes no se denuncian? Al parecer, así como en nuestro país muchas violaciones contra mujeres o menores de edad no son reportadas, los delitos cometidos contra la comunidad LGTB tampoco lo son por la vergüenza que para muchos supone el reconocer que un familiar es LGTB. Así ocurrió hace algunos años con la brutal agresión sufrida por un amigo mío, quien luego de abandonar una discoteca en Miraflores, fue interceptado por 4 sujetos que le propinaron una terrible golpiza. “Eso te pasa por rosquete”, le gritaban mientras lo masacraban en el piso. Su familia jamás reportó el crimen, por ello estos delincuentes andan sueltos por las calles.
Sin embargo, y a pesar de la gravedad del problema, resulta por demás preocupante que en nuestro país no se cuente con cifras oficiales o con entidades públicas encargadas de registrar, sistematizar y analizar estos casos. ¿Por qué ocurre ello? Muy sencillo, para la mayoría de los peruanos la violencia que sufre la comunidad LGTB es percibida como un tema de menor importancia. “Tenemos problemas más importantes que defender a los homosexuales”, dicen con total cinismo los peruanos, esos mismos que ahora se “indignan” en las redes sociales.
A quienes razonan de esta forma, les preguntaré lo siguiente: ¿Qué puede ser más importante para una sociedad que la defensa de los derechos de sus ciudadanos? ¿Qué puede ser más importante para un Estado que velar por el derecho a la vida, a la libertad, y a la igualdad de sus ciudadanos? ¿Es que acaso en el Perú el valor de la vida depende de la identidad sexual de su titular? ¿Qué debemos hacer en el Perú para acabar con esta violencia?
En primer lugar, lo primordial es reconocer que en nuestro país la comunidad LGTB se enfrenta diariamente a la intolerancia de una sociedad que mantiene prejuicios y sesgos bajo los cuales los derechos de sus ciudadanos pueden ser violentados por el solo hecho de ser LGTB. Es más, la comunidad LGTB debe lidiar con la indiferencia de las autoridades a la cuales recurre en busca de ayuda, pues en muchos casos, son los propios agentes del Estado los que de manera alevosa y cobarde agreden a estos ciudadanos.
Según un estudio publicado por el Instituto Runa, las víctimas de esta violencia identifican como responsables del 31% de sus agresiones a integrantes de la PNP. Según este mismo estudio, en el 46% de los casos son los miembros del serenazgo de Lima los que atropellan de manera reiterada sus derechos. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta barbarie? ¿Qué esperan las autoridades para frenar esta violencia? Son preguntas que ninguna autoridad se atreve a responder.
En segundo lugar, es necesario hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente. Se debe tipificar el crimen de odio en nuestro Código Penal, fijando una pena proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la esfera personal de la víctima. En otras palabras, se debe hacer lo que este Congreso no hizo. En todo caso, esperemos que el próximo Parlamento, dominado por los 73 congresistas de Fuerza Popular, logre aprobar esta reforma. ¿Se atreverán los congresistas fujimoristas a aprobar una ley que proteja a la comunidad LGTB después de haber firmado –durante la campaña electoral- un pacto con un pastor evangélico abiertamente homofóbico? Yo tengo mis dudas.
En tercer lugar, se debe implementar una política pública que comprometa a todos los sectores involucrados en la defensa de los derechos de la comunidad LGTB y en la persecución de los crímenes de odio. Nos estamos refiriendo específicamente a la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. Eso supone impulsar una campaña de sensibilización a nivel nacional cuyo objetivo central sea hacerles comprender a los agentes estatales que todos los peruanos merecen respeto, independientemente de su identidad sexual.
Finalmente, resulta fundamental diseñar una política educativa con enfoque de género destinada a acabar con la homofobia en los centros educativos (inicial, primaria y secundaria), pues solo en la medida que nuestros niños y niñas dejen atrás los prejuicios homofóbicos de sus mayores es que los peruanos estaremos en condiciones de construir una sociedad libre de toda discriminación y violencia en la cual todos tengamos el derecho a ser felices.



Etiquetas: