LA FUJIMORISTA MARTHA CHÁVEZ: GOLPISTA Y DEFENSORA DE VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

Es ya una vergüenza para nuestra democracia el que alguien como Martha Chávez, una de las más fanáticas defensoras de la dictadura, haya sido elegida como congresista en el año 2011. Su elección debió preocuparnos a todos, pues ello demostró que en nuestro país aún existe un importante sector de peruanos que cree que para gobernar es necesario acabar con el Estado de Derecho, manipular a las instituciones públicas, violar el principio de separación de poderes, atropellar los derechos de la gente, corromper a las Fuerzas Armadas y perseguir a los opositores del régimen, todo ello para favorecer a una cleptocracia infame e inmunda como aquella a la que esta señora sirvió con tanto esmero. 

De golpista a defensora de derechos humanos

Pero como las cosas en el Perú siempre pueden ponerse peor, hace unos días el Parlamento decidió nombrar a esta propagandista del autoritarismo como “Coordinadora del grupo de trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República”. Es decir, la persona que respaldó, entre otras infamias, el retiro del Perú de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la época más dura de la dictadura, será ahora la encargada de darle seguimiento y aprobación a las respuestas que el Estado brinde en los organismos internacionales, ante las denuncias que se presenten en estas instancias. ¿No les parece esto una verdadera afrenta a nuestra dignidad? ¿Qué penitencia estaremos pagando todos los peruanos para soportar este vejamen?

Estimados lectores, ¿qué otra misión creen ustedes que deberá cumplir esta representante del fujimorismo más reaccionario en este grupo de trabajo? En el colmo de la sinrazón, porque no existe otra manera para referirnos a este desatino, la persona que acusó de terroristas a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y que ha dicho en numerosas oportunidades que el Informe Final de la CVR (a pesar de no haberlo leído, de eso estoy seguro), debe ser tirado a la basura, también tendrá el encargo de monitorear la implementación de las recomendaciones de la CVR. ¿Garantiza objetividad esta señora? Claro que no.

En otras palabras, a la persona que sistemáticamente atacó e insultó con bajezas e injurias a los comisionados, y denostó del contenido del Informe, sin mayor argumento que sus propias fobias y complejos fascistas, se la premia confiándole la gran responsabilidad de evaluar las políticas que el Estado ha adoptado durante los últimos años en materia de derechos humanos.

La defensora del Grupo Colina no puede ser coordinadora de Derechos Humanos

Con justa razón los defensores de los derechos humanos han protestado enérgicamente en contra de este nombramiento. Con justa razón diversas voces de la sociedad civil han señalado que esta señora no tiene la autoridad moral para asumir este cargo. Con justa razón los que creen en la democracia y en la defensa de las libertades fundamentales han puesto el grito en el cielo luego de conocer que una de las representantes del fujimorismo más prepotente y autoritario será la encargada de velar por los derechos humanos en el Perú.

Por ello, este columnista se suma humildemente a la lista de ciudadanos que creen que alguien que se encargó de justificar los crímenes más terribles cometidos por la dictadura, a la que ella sirvió con complacencia (incluyendo los crímenes perpetrados por el Grupo Colina), no puede ser la representante en materia de derechos humanos del Parlamento peruano. Pretender ello, es casi como proponer a Vladimiro Montesinos para el cargo de “Zar Anticorrupción”, confiándole a este criminal la misión de evaluar la política pública de nuestro Estado. Si algo de dignidad nos queda a los peruanos, no podemos permitir tamaña lisura. No podemos quedarnos callados, no podemos permitir que los acólitos del dictador se sigan burlando de todos nosotros.

Martha Chávez y su desquiciado golpismo

Nadie que dice creer en los derechos humanos (ella lo dice) y en la defensa del Estado de Derecho, puede, al mismo tiempo, avalar la ruptura del orden constitucional en nuestro país. Bueno, esta señora es un caso extraño, raro, digno de un estudio clínico (doble personalidad política es el cuadro médico), pues esta fujimorista reivindica el golpe de estado del 5 de abril de 1992, bajo el falaz argumento de que “era una medida necesaria para iniciar los cambios estructurales del país”, cuando todos sabemos que el Parlamento en esos años, en más de una oportunidad, colaboró con el gobierno de Alberto Fujimori aprobando paquetes legislativos en materia económica y de seguridad, demostrando que la tesis del obstruccionismo sólo habitaba en la mente maléfica de los golpistas. ¿Cómo alguien puede defender los derechos humanos y, a su vez, avalar los atropellos de un régimen golpista y abusivo como al que ella sirvió?

Pero digamos que esta señora ha evolucionado, que su golpismo de otrora ya quedó en el pasado, y que ahora es una “fujimorista democrática” (algo así como ser homofóbico y tolerante a la vez). Si ello es así, entonces, ¿cómo explicamos el que esta misma señora, durante la última campaña, haya señalado que un nuevo autogolpe era posible si el fujimorismo no lograba la mayoría parlamentaria porque ello podía generar un desgobierno? No podemos explicarlo, y no podemos hacerlo porque esta señora sigue siendo la misma golpista de siempre, la misma solícita militante del pensamiento más antidemocrático de nuestra política nacional, la hija predilecta de la derecha más intransigente de nuestro país. De esa derecha rancia y caduca que siempre aplaudió a los dictadores que defendían sus intereses.

Martha Chávez y su desprecio por la Constitución

Esta señora suele sufrir de amnesia y olvido selectivo. En el año 1995 señaló que la Constitución de 1993 no permitía una segunda reelección de Alberto Fujimori, y que por tanto, de acuerdo al orden jurídico vigente en ese entonces, el autócrata no sería candidato en el año 2000. Pero esa convicción le duró muy poco, pues fue ella misma la que respaldó vehementemente la promulgación de la denominada “Ley de Interpretación Auténtica”, la misma que le permitió a Alberto Fujimori candidatear en el año 2000.

El escándalo fue tan grande, que cuando esta ley llegó a manos del Tribunal Constitucional, este colegiado falló en contra de esta norma. ¿Qué hizo entonces esta señora? Ella, junto a otros adictos al régimen autocrático, destituyó de sus cargos a los tres magistrados, que en defensa del orden constitucional, se opusieron a la tercera elección del tirano. Es decir, la señora terminó castigando a quienes “defendieron la Constitución que ella elaboró y que ella misma pisoteó cuantas veces el fujimontesinismo se lo ordenó”.

Martha Chávez y Vladimiro Montesinos

Esta señora, como todos lo deben recordar, se encargó siempre, ya sea como Presidenta del Congreso, o como Presidenta de la Comisión de Defensa, de frenar todas las investigaciones en contra de Vladimiro Montesinos. Así lo hizo en el año de 1997, cuando luego de que algunos medios denunciaran al asesor de liderar una red de espionaje telefónico, se encargó de blindarlo, e incluso, dijo que no podía citar “a la mano derecha del Presidente” en calidad de investigado porque eso pondría en peligro su seguridad personal y la de todo el país.

¿No sabía esta señora que Vladimiro Montesinos había sido dado de baja del ejército por vender información secreta? ¿No sabía que Vladimiro Montesinos repartía dinero público para comprar las conciencias de militares y policías corruptos? ¿No sabía que Vladimiro Montesinos usaba a las entidades del Estado para perseguir a los opositores? ¿En qué país vivía esta señora? Seguro en tontilandia.

Pero alguna "virtud" debemos reconocerle a esta señora: su enorme lealtad a Vladimiro Montesinos. En el año 2000, luego de que el video Kouri-Montesinos (compra de congresistas tránsfugas) fuera difundido, en el colmo del cinismo, la señora pidió un peritaje para este vídeo bajo el siguiente argumento: “en la película Forrest Gump se hizo montajes con presidentes muertos”. ¿Tanto desprecio sentía esta señora por la inteligencia de los peruanos? No, no era desprecio, era la muestra más palpable de los vínculos de esta señora con el lado más siniestro de la dictadura. Tanto fue así, que ella misma señaló que siempre defendería al asesor aunque luego la acusaran de montesinista. Para ella, un ladrón y asesino como Vladimiro Montesinos era un héroe nacional.

Martha Chávez y los derechos humanos

La señora fue siempre una de las más insignes defensoras de la impunidad para los violadores de derechos humanos en nuestra patria. Así, luego de que se conocieran los crímenes atroces de La Cantuta y Barrios Altos, ella se encargó de diseñar toda una estrategia legal para encubrir a los sanguinarios criminales del Grupo Colina. En 1994, votó a favor de la “Ley Cantuta” para evitar que los criminales fuesen juzgados en el fuero civil. Luego, votó a favor de las Leyes de Amnistía, beneficiando a estos asesinos condenados por violaciones contra los derechos humanos. Incluso, en el colmo de la infamia, se atrevió a decir que las personas asesinadas eran terroristas, y que los estudiantes se habían autosecuestrado, tratando de justificar los asesinatos del Grupo Colina. Sobre este punto, es necesario recordar que en ninguno de los dos casos, ni la DINCOTE (Dirección Nacional contra el Terrorismo) ni el Poder Judicial lograron encontrar siquiera indicios que hicieran pensar que las víctimas del Grupo Colina eran terroristas.

La memoria histórica que no debemos perder

La persona que durante tantos años se encargó de avalar y justificar las acciones de un régimen corrupto, las violaciones de derechos humanos, los despojos, los atentados contra la institucionalidad, el socavamiento del orden constitucional y el deterioro del Estado de Derecho, no puede ser nombrada “Coordinadora del grupo de trabajo de Derechos Humanos del Congreso de la República”.

Los pueblos deben tener memoria, los que fuimos testigos del sinnúmero de tropelías cometidas por la dictadura tenemos la responsabilidad de recordarles a los peruanos, sobre todo a los más jóvenes, el profundo daño que la autocracia fujimorista le hizo al país, esa será la única manera de exorcizar nuestros demonios, esa será la única forma de curarnos como sociedad y estar preparados para el futuro, porque el Perú con el que todos soñamos debe ser un país libre, justo y solidario, en donde todos podamos convivir en un clima de paz y tolerancia, de respeto y consideración mutua, algo que ninguna dictadura, ni de derecha ni de izquierda puede ofrecer, algo que la autocracia fujimorista que ella aplaudió nos negó durante una década. 

Uribe, Chávez y Fujimori: el ejercicio del poder político en Sudamérica

Siempre se ha dicho que Latinoamérica es una región en la cual los fenómenos sociopolíticos se repiten y recrean de manera cíclica. Las crisis que atraviesan los diferentes países parecen obedecer a una suerte de orden previamente impuesto para nuestros pueblos. Las dictaduras se mudan de país en país. Cada cierto tiempo aquellos países que parecen haber consolidado sus sistemas democráticos vuelven a atravesar fenómenos dictatoriales que pulverizan los esfuerzos hechos de cara a la construcción de una nación más libre y democrática. El Generalote Pinochet chileno y su estilo autoritario mudo su lugar de residencia y se convirtió en el Chinito Fujimori peruano de la década de los noventa. A su turno, el Chinito Fujimori del Perú le cedió la posta al Comandante Chávez de Venezuela, respectivamente. El Chávez venezolano ejerce influencia sobre algunos países de la región y pretende exportar su manera de hacer y entender la política, es decir copar a todas las instituciones del Estado, crear una Constitución a su justa medida que le permita la reelección inmediata, pulverizar a la oposición política y restringir la libertad de expresión a todos aquellos que se atreven a discrepar con él.

Afortunadamente para la región, existen algunos países que con el transcurrir del tiempo han logrado consolidar un sistema político en el cual el respeto a la independencia y autonomía de las instituciones públicas es visto como un pilar fundamental del Estado de Derecho. Nos referimos a Colombia, país en el cual a pesar de la enorme presión mediática vertida durante los últimos meses sobre su Corte Constitucional, dicho organismo ha tenido el valor y el coraje de defender el orden constitucional declarando inválida la iniciativa planteada por el partido oficialista de Uribe que buscaba enmendar la Constitución para que el actual presidente pudiera inscribirse como candidato y posiblemente prolongar su mandato hasta el 2014, sumando un periodo más a sus ya 8 años al frente del Estado colombiano. La Corte consideró que esta iniciativa era inconstitucional por haber incurrido en una serie de irregularidades de forma, entre las que destacan el haber violado el límite de financiación para impulsar consultas populares, el haber cambiado de manera antojadiza el texto de la pregunta a ser formulada en el referéndum y el haber aprobado dicha iniciativa en un sesión extraordinaria convocada cuando ya había finalizado la legislatura en diciembre de 2008, actos que de acuerdo al fallo de la Corte se encuentran reñidos con el orden jurídico constitucional colombiano.

Como era de esperarse, luego de conocida la sentencia, el presidente Uribe no tuvo sino que reconocer la legalidad del fallo, respetar y saludar la labor de los magistrados de la Corte Constitucional, y comprometerse a mantener una posición neutral en los próximos comicios electorales. Es decir, Uribe no hizo sino asumir el comportamiento que todo presidente auténticamente democrático debe de adoptar en estos casos. Respetar el orden constitucional, respetar el fallo de un órgano constitucional al cual la propia Constitución le ha encargado la misión de velar por la constitucionalidad de las normas legales y el respeto por el orden democrático.

Sin embargo, este tipo de conductas por parte de mandatarios a los cuales un órgano jurisdiccional les enmienda la plana son aún poco frecuentes en nuestra región. Basta con hacer memoria para encontrarnos con presidentes que como Fujimori pretendieron perpetuarse en el poder mal utilizando la figura de la denominada reforma constitucional con la anuencia de la clase política y de los medios de comunicación.

Ya dijimos que en el caso colombiano, el presidente Uribe dando muestras evidentes de su respeto por la legalidad ha reconocido la legitimidad del fallo de la corte, comprometiéndose a acatar todos los extremos del mismo, garantizando de ese modo la transparencia y neutralidad en las próximas elecciones y el respeto por el Estado de Derecho. Ahora, recordemos que ocurrió en el caso de Fujimori en el Perú.

El partido de gobierno, con mayoría absoluta en el Congreso, decidió de manera ilegal y arbitraria defenestrar a los magistrados del Tribunal Constitucional- Manuel Aguirre, Delia Revoredo y Guillermo Rey- por haber declarado inaplicable la ley de reelección presidencial que le otorgaba al dictador la posibilidad de extender su mandato hasta el año 2005, es decir, Fujimori y compañía pretendían prolongar su régimen corrupto y criminal a 15 años, a ello se opusieron estos magistrados, la consecuencia, su destitución.

Pero la historia no finalizó con esa destitución. Al puro estilo del dictador Hugo Chávez, quien en estos días acaba de anunciar que retirará a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que dicho organismo denunciara la intolerancia política, la hostilidad frente a la oposición y la violencia contra los sindicalistas, mujeres y campesinos en ese país. Al gobierno de Alberto Fujimori y al Congreso de la época, digitado y dirigido por el dictador y su asesor Vladimiro Montesinos, no se les ocurrió mejor forma de lograr la impunidad de sus actos que aprobar el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien se sabe, el retiro de la competencia de la Corte, fue una respuesta anticipada a los casos que en ese entonces el Perú tenía pendiente ante este tribunal, como la denuncia hecha por los tres magistrados del Tribunal Constitucional a los cuales hemos hecho mención y la denuncia del empresario Baruch Ivcher, a quién el gobierno de Fujimori le privó de su nacionalidad peruana y de la propiedad de su canal de televisión, por denunciar la corrupción del régimen y al represión del Servicio de Inteligencia Nacional. En ambos casos, tiempo después, la Corte condenaría al Estado peruano afirmando que el Gobierno de Fujimori atropelló de manera infame los derechos fundamentales de estos ciudadanos.

Como podemos apreciar, en este breve recuento de los actos más infames cometidos durante el gobierno de Fujimori, queda claro que en nuestra región los dictadores aparecen y reaparecen de cuando en cuando, el Fujimori que promovió el retiro de la Corte de San José para evitar ser juzgado por casos en los cuales su proceder ilegal y arbitrario se pusiese de manifiesto a nivel internacional se ha convertido hoy en día en el Hugo Chávez de Venezuela, un dictador que se suma a la larga lista de militarotes que ha parido nuestro continente, los cuales pretenden a través de una serie de argucias legales echar un manto de impunidad sobre la serie de delitos que cometen desde el Estado. En todo caso, una luz de esperanza en la región nos trae el hecho que a diferencia de Fujimori, quién luego de recibir un “no” rotundo a su reelección por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional decidiera defenestrarlos con la complicidad del Congreso de esa época, el presidente Uribe, a pesar de su más de 70% de aprobación ciudadana, decida dar un paso al costado en su carrera electoral, en clara observancia de lo decidido por su Corte Constitucional, dando muestras de un respeto profundo por la legalidad y por el orden democrático en Colombia.

Seguramente, algunos se esforzarán en decir que Fujimori no es Chávez, que Colombia no será la misma sin Uribe al frente del Estado, que la Corte Constitucional colombiana acaba de pulverizar el esfuerzo por mantener un proyecto político capaz de derrotar de manera definitiva a las FARC, que Chávez no puede permitir que un organismo internacional se inmiscuya en asuntos propios del orden interno venezolano. Lo que puedo decirle a todos ellos, es que Latinoamérica no necesita de presidentes que creyéndose caudillos, salvadores o mesías personalicen el poder de tal modo que pretendan mostrarse ante la ciudadanía como líderes irremplazables. Latinoamérica necesita consolidar instituciones políticas y democráticas, instituciones que permitan dar continuidad a políticas de Estado exitosas, como la desarrollada en Colombia contra la delincuencia y la guerrilla, independientemente de que sea Uribe u otro político el encargado de jefaurar el Estado. Pero sobre todo, Latinoamérica necesita la presencia de líderes respetuosos de la legalidad y el orden constitucional, ya que más allá de los índices de popularidad que un político pueda tener en un determinado espacio y tiempo, eso no justifica que valiéndose de esa popularidad pretenda estar por encima del bien y del mal, haciendo y deshaciendo constituciones, o reformándolas a su antojo con la única finalidad de perpetuarse en el poder, ya que ese modo de proceder, esa conducta política, como hemos visto, solo da lugar a la aparición de un Fujimori o un Chávez, personajes que encarnan a lo más vil y abyecto del quehacer político.

Rafael Rodríguez Campos