miércoles, 26 de febrero de 2014

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA


Venezuela no es una democracia. Hace mucho dejó de serlo. En una democracia (espero que mis amigos izquierdistas lo recuerden) se respetan las libertades civiles de asociación, reunión, expresión e información. En una democracia se garantiza la libertad de prensa, y los que critican al Gobierno no son perseguidos. En una democracia la oposición tiene el derecho a competir en elecciones limpias y justas. Estas condiciones que definen a una democracia desaparecieron en Venezuela hace varios años.

La doble moral de la izquierda

Por eso me sorprende que algunos amigos, con los cuales salí a las calles a criticar y enfrentar a la dictadura fujimorista, hoy en día defiendan y justifiquen la feroz represión desatada por el chavismo en Venezuela. Ok, algunos dirán que Chávez está muerto, y que el dictador es Maduro y no el Comandante. A ellos les digo que la democracia llanera se desplomó por acción directa de Chávez y no de Maduro. Este último ha demostrado en poco tiempo, que sin el liderazgo de Chávez, la caída y el fin de la Revolución Bolivariana está cada vez más cerca. Maduro no es otra cosa que un ignaro político que tuvo la suerte de recibir la bendición del líder muerto.

Me dicen esos mis amigos izquierdistas, que lo que ocurre en Venezuela es producto de la acción de una oposición golpista que se ha puesto al servicio de los intereses imperialistas. A ellos les digo que están absolutamente equivocados, y que sus afirmaciones son peligrosas, sobre todo para la propia izquierda. Pretender deslegitimar cínicamente la protesta de la oposición en Venezuela, tildándola de golpista y pro yanqui, no es otra cosa que buscar la legitimación de la represión y la violencia criminal del chavismo.


Al parecer, mis amigos izquierdistas han olvidado que la criminalización de la protesta ha sido siempre una táctica usada por la derecha, por las fuerzas conservadoras y militaristas de la sociedad. Recuerden queridos amigos izquierdistas, que cuando la protesta deja de ser un derecho de las mayorías, los primeros caídos son siempre los más pobres e indefensos de la patria. Por eso los progresistas y liberales debemos siempre defender el derecho a levantar la voz, a decir basta, independientemente del color político del dictador a quien se repudia públicamente por sus crímenes y atrocidades.

El final se está cerca

Lo que se vive en Venezuela hoy en día, no es otra cosa que la “Crónica de una muerte anunciada” (por citar el título de la gran novela de otro pro chavista como Gabriel García Márquez). Como se sabe, pocos regímenes autoritarios (personalistas) sobreviven después de la salida (enfermedad o muerte) de su líder. Recordemos que de los 51 regímenes personalistas que existieron entre 1945 y 1998, solo cuatro duraron después de la muerte del dictador, tal y como se lee en la notable investigación realizada por la politóloga Barbara Geddes sobre la estabilidad de los regímenes autoritarios. Venezuela no será la excepción. El Gobierno chavista caerá (ahora con Maduro). De eso no tengo dudas.

Como lo apuntó hace algún tiempo Levitsky, la sucesión en un Gobierno autoritario como el de Venezuela genera serios problemas al interior del partido o movimiento del autócrata. Ahora nos damos cuenta de que la opinión del politólogo de Hardvard era algo más que la voz profética de un académico informado. Levitsky señala que la sucesión es menos traumática en los regímenes con un partido institucionalizado. De hecho, países como México (con el PRI), Malasia, Vietnam y China,  con la presencia de un partido oficialista (hegemónico e institucionalizado), lograron implementar mecanismos para renovar liderazgos y solucionar pugnas internas. He allí su éxito. Les recomiendo leer sobre el “dedazo” en México.


Pero el problema en Venezuela es que el régimen autoritario del chavismo no contó nunca con instituciones sólidas. De hecho, la vida institucional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estuvo marcada siempre por el sello personalista de Chávez. Por eso muchos se animaron a vaticinar, hace ya algunos años, que la Revolución Bolivariana era insostenible. Uno de ellos fue justamente Levitsky, para quien el régimen político y el modelo del Socialismo del Siglo XXI, estaban condenados al fracaso, porque se construyeron sobre dos elementos muy precarios que hacían imposible la consolidación e institucionalización del régimen: el personalismo y el petróleo. Lo explico brevemente.

El personalismo chavista y el petróleo

Si el proyecto chavista está herido de muerte en estos días, es porque durante casi 14 años Hugo Chávez hizo todo menos adoptar políticas para la consolidación de un partido político sólido que le garantizase estabilidad al régimen una vez que este ya no estuviera entre los vivos. ¿Le interesó a Chávez despersonalizar su movimiento? No. Al contrario. Chávez buscó siempre ser la única voz política en Venezuela, él, y sólo él, era la carta de triunfo de la revolución. Caudillismo y mesianismo puros.

Por eso llama la atención cuando algunos izquierdistas peruanos llaman a Chávez “el último revolucionario de Latinoamérica”, ya que si uno revisa la historia política venezolana de los últimos años podrá darse cuenta (con mucha facilidad) que el chavismo fue sobre todo un movimiento populista, que logró tejer una red clientelar y una masa de “agradecidos” que le sirvieron para asegurar victorias electorales en contiendas injustas. Pero que jamás se tomó en serio la tarea histórica de llevar adelante un proyecto revolucionario como el cubano. Así, y espero que lo que voy a decir a continuación no ofenda la sensibilidad de mis amigos fujimoristas, para mí Chávez terminó pareciéndose más a Fujimori, que al octogenario Fidel Castro.

Como ya lo señalamos en líneas anteriores, cuando un régimen no se institucionaliza, está siempre expuesto a los vaivenes de la política y al sacudón de la economía mundial. Venezuela es el más claro ejemplo de cómo la extrema dependencia de los ingresos generados por la explotación de petróleo pueden terminar paralizando al Estado. El petróleo (su renta astronómica) trajo problemas de corrupción, ineficiencia y clientelismo a gran escala, que terminaron minando la estabilidad del régimen.

Un régimen sin instituciones

El problema es que Chávez, más allá del despilfarro fiscal que desató en cada proceso electoral, no hizo nada durante sus años como gobernante para romper esa dependencia. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen los años de las vacas flacas? ¿Qué pasará cuando tengan que limitarse los subsidios? ¿Qué sucederá cuando la inflación crezca y la escasez comience a pasar factura? Eran preguntas que muchos nos hacíamos cuando analizábamos el proceso venezolano.

Ahora todos estamos siendo testigos del descalabro político y económico por el cual está atravesando Venezuela gracias a la irresponsabilidad de un gobernante autoritario y de sus secuaces (entre ellos el actual presidente Maduro) que creyeron que una revolución se hacía repartiendo prebendas entre los que menos tienen, usufructuando la pobreza de la gente, avivando la confrontación y la polarización entre hermanos. Hoy, la violencia desatada en Venezuela, no es otra cosa que el resultado de un conjunto de acciones llevadas a cabo por un Gobierno que decidió arremeter ferozmente contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su política.


La historia de nuestro continente nos ha enseñado que ningún Gobierno autoritario quiere dejar el poder (sino preguntémosle al fujimorismo). Eso no quiere decir que llegado el momento estos Gobiernos no caerán. De hecho, todas las dictaduras, ya sea debido a factores externos, o por pugnas desatadas al interior de sus cúpulas, terminan desplomándose. El Gobierno de Maduro caerá también. Maduro está herido de muerte, es un líder muy débil, y con muy poco talento político para salir bien librado de situaciones de crisis.

¿Qué ocurrirá con el chavismo?

Ahora bien, ¿La caída de Maduro marcará el fin del chavismo? No. Yo creo que con el chavismo pasará lo mismo que ha ocurrido en Argentina con el peronismo, o lo que hemos vivido en el Perú con el fujimorismo. El chavismo sentó sus bases y echó raíces en la sociedad venezolana. Esa es una verdad innegable. La fuerza del chavismo está básicamente en los sectores populares venezolanos. El chavismo, cuenta con una identidad muy fuerte, una militancia comprometida presente en casi todos los rincones de Venezuela, y con una ideología que los convoca y cohesiona.

Recordemos que Venezuela ha sido por muchos años un Gobierno autoritario que contaba con apoyo mayoritario. ¿Por qué una dictadura recibe apoyo por parte de la población, sobre todo de los sectores populares? La razón es muy simple: Si bien es cierto los proyectos sociales de participación popular del chavismo fueron creados de manera vertical, y estuvieron marcados por el clientelismo y la politización de sus objetivos, no podemos negar que estos lograron importantes logros como la extensión del acceso a servicios básicos como la educación, vivienda, pensión y salud. Ello trajo consigo una reducción importante de la pobreza y la desigualdad. Y con ello, un mayoritario respaldo popular, el mismo que durante muchos años se tradujo en millones de votos.


Los retos de una democracia en transición

Por tanto, la caída inminente de un Gobierno autoritario como el chavista, y la apertura hacia una transición, deben ser vistos por los partidos y las fuerzas de oposición venezolanos como la oportunidad para sentar las bases de una democracia institucional que apueste por la acción social, la misma que sea capaz de garantizar no sólo el respeto por las reglas de la democracia constitucional, sino también la tutela de derechos económicos y sociales.


Así, el gran reto para la democracia en América Latina es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Mientras nuestras democracias no sean capaces de solucionar ambos problemas, siempre correremos el riesgo de caer en manos de líderes populistas y autoritarios, que busquen perpetuarse en el poder, violando sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como diría el viejo maestro Raúl Ferrero Rebagliati: “Nos toca a los demócratas, nos toca a los latinoamericanos extender, la democracia del campo político al económico y social, haciendo partícipes de la renta a las clases medias y populares”. 

Etiquetas: , , , , ,

jueves, 20 de febrero de 2014

EL PROBLEMA NO ES EL AUMENTAZO


Los políticos, incluso los que tienen un tremendo rabo de paja en este asunto, han criticado ferozmente el aumento de sueldo aprobado por este Gobierno que duplica los salarios de los ministros y de la alta burocracia. Por su parte, los defensores de la impopular medida (el rechazo ciudadano es casi unánime) defienden esta decisión argumentando que se trata de un paso fundamental para la reforma del Estado.

El problema con este intento de defensa es que en nuestro país siempre se ha creído que la reforma del Estado pasa básicamente por mejorar los sueldos a los trabajadores públicos (funcionarios y/o servidores), dejando de lado otros aspectos que son tan o más importantes que el remunerativo. Cierto es que un salario atractivo genera incentivos y le permite al Estado captar un número mayor de profesionales calificados, pero ese no es el único factor que debe tomarse en cuenta al momento de abordar esta problemática.

¿Cuánto voy a ganar mensualmente si trabajo para el Estado?

No es la única pregunta que se hace un profesional al momento de evaluar si decide o no laborar en el sector público. De hecho, en mi caso, esa pregunta fue la última que me hice cuando opté por volver al Estado, a pesar de que en el sector privado las cosas “remunerativamente hablando” me pudieran ir mucho mejor.


Pero, antes de exponer algunas ideas sobre los problemas de fondo por los que atraviesa la burocracia peruana, y ensayar algunas propuestas de solución, es preciso que tengamos claro de qué hablamos cuando nos referimos a la “burocracia”. Hoy en día escucho a periodistas, políticos y ciudadanos, señalar que no es posible que una burocracia tan precaria como la nuestra exija una mejora salarial cuando en realidad no se la merece. Por eso, creo importante aclarar algunos conceptos que ayudarán a comprender mejor el problema.

La burocracia, como bien se señala en el “Informe Progreso Económico y Social en América Latina” (2006) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, es más que una planta de recursos humanos (personas) que forman parte de un aparato organizativo o un sistema de empleo.

¿Qué es la burocracia?

La burocracia es ante todo un conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento que se insertan en el Poder Ejecutivo con la finalidad de dar continuidad, coherencia y relevancia a las políticas públicas, y al mismo tiempo asegurar el ejercicio, neutral, imparcial, objetivo y no arbitrario de los poderes públicos. Eso es la burocracia, ni más ni menos.



Entonces, el rol primordial que le corresponde llevar a cabo a la burocracia es el de materializar o concretizar los acuerdos políticos adoptados por los órganos deliberativos, con la finalidad de darles continuidad en el tiempo. En buena cuenta, el éxito y/o fracaso de las políticas de Estado depende directamente del desempeño de la burocracia. De allí la necesidad que tienen los países de contar con una burocracia neutra y profesional que impida la adopción de medidas oportunistas, limite el poder de los agentes que buscan “privatizar” la agenda pública, y vele por el interés general de los ciudadanos.

Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de nuestra región llega a la conclusión (ver el Informe antes citado) de que América Latina en general ha sido considerada tradicionalmente como una región con Estados grandes pero débiles, con muy poca capacidad de respuesta a las necesidades más urgentes de la gente.

La debilidad del Estado es la debilidad de su burocracia

¿A qué se debe esta debilidad? En parte, esta falencia se ha asociado a la falta de una burocracia profesional y estable. Si a ello le sumamos que en casi todos los países los gobernantes convirtieron a la burocracia en un sistema de empleo (para amigos, familiares y correligionarios), y que además, esos mismos gobernantes pusieron a la burocracia al servicio de los intereses corporativos, no resulta extraño afirmar que nuestra burocracia está a años luz del modelo weberiano ideal, caracterizado por “procedimientos regularizados e impersonales y decisiones de empleo basadas en calificaciones técnicas y mérito”.


¿Por qué la debilidad de la burocracia genera tantos problemas para una democracia? Lo que al parecer no advierten nuestros políticos, es que la debilidad de nuestra burocracia representa y pone en evidencia la fragilidad e ineficiencia del Poder Ejecutivo frente a otros poderes políticos y a los intereses de los grandes grupos de poder económico (corporaciones, empresas, gremios, etcétera).

Por tanto, si el Poder Ejecutivo, concebido como el actor principal en la implementación de las políticas de desarrollo, no es capaz de salvaguardar el carácter público de sus decisiones, entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que el Gobierno al que este elige cada 5 años, no se convertirá en el guardián de los intereses de quienes siempre han creído que el Estado es su feudo y que pueden hacer lo que se les venga en gana? En nuestro país, los ciudadanos, hace mucho hemos perdido esa garantía. Le duela a quien le duela.
 
El Poder Ejecutivo y la burocracia

¿Quién es el gran responsable del descalabro de nuestra burocracia? Para responder esta pregunta, debemos tener presente que de acuerdo al diseño constitucional de nuestro Estado (pasa lo mismo en toda América Latina), la burocracia no es un poder autónomo y/o independiente que puede actuar sin rendirle cuentas a nadie de sus actos. La burocracia siempre ha sido parte (subordinada) del Gobierno de turno.


Eso quiere decir que es el Gobierno el que debe hacer todos los esfuerzos posibles por profesionalizar a su burocracia, pues es ésta la que ayuda a “tecnificar y racionalizar” el proceso de toma de decisiones políticas. El problema está en que tanto en nuestro país,  como en el resto de la región (salvo honrosas excepciones: Brasil, Chile y Costa Rica), la subordinación de la burocracia al poder político del Gobierno ha generado en muchas oportunidades retrocesos clientelistas y patrimonialistas.

¿A qué se debe ello? La respuesta es muy simple, el gobernante de turno usa el empleo público como un recurso para premiar con puestos de trabajo a los colaboradores y amigos de campaña. Como bien lo apuntan autores como Iacoviello y Zuvanic (2005), los gobernantes en nuestros países sienten la necesidad de reducir los espacios de autonomía técnica que los funcionarios normalmente obtienen en ciertos sectores de la administración, y así evitar que sus decisiones políticas (absurdas muchas de ellas) se vean limitadas por la acción de profesionales calificados quienes técnicamente evidencian la irracionalidad de las mismas.

Aumento salarial y meritocracia

Pero volvamos al tema puntual que nos convoca, ¿El aumento de salarios en el sector público garantiza la mejora de la burocracia? No, mil veces no. Para analizar la problemática de la burocracia es necesario analizar primero el estado del “empleo público en general”. Como ya lo señalé en líneas previas, cuando una persona toma la decisión de trabajar para el Estado, además del salario, evalúa básicamente lo siguiente: 1) Si existen garantías efectivas de profesionalismo en el servicio civil; y 2) Si hay protección efectiva de los funcionarios frente a la arbitrariedad, la politización y la búsqueda de beneficios privados.


En tal sentido, si lo que se busca con el aumento de salarios a los ministros y a la alta burocracia es dar el primer paso para una reforma del Estado integral, esta medida debe ir acompañada de muchas otras destinadas a garantizar básicamente la observancia de principios meritocráticos en las decisiones de selección, ascenso y despido de los trabajadores del sector público. Además, urge una política de racionalización y categorización (cuantitativa y cualitativa) general del personal que trabaja para el Estado. No es posible que dos personas que realizan las mismas labores, asumen las mismas responsabilidades, reciben las mismas órdenes, y están sujetas a las mismas limitaciones, perciban salarios diferentes, dependiendo de la generosidad del “padrino” que les abrió una plaza a su justa medida.


El problema de la burocracia y el empleo público no pasa necesariamente por el nivel remunerativo de sus trabajadores, todos estamos de acuerdo en que un profesional calificado debe ganar un sueldo acorde con su hoja de vida y capacidad académica, lo que no podemos permitir es que los salarios se dupliquen mientras el ingreso, ascenso y salida del sector público sigue dependiendo de la voluntad de quienes creen que el Estado es una agencia de empleos, convirtiendo a la planilla estatal en un recurso para darle trabajo a familiares, compañeros de promoción, ahijados, etcétera. Si quieren solucionarle la vida a los suyos que lo hagan. Eso está muy bien, pero no con el dinero de todos los peruanos. 

Etiquetas: , , ,

viernes, 14 de febrero de 2014

EL POPULISMO EN AMÉRICA LATINA


LA DEMOCRATIZACIÓN AUTORITARIA


¿Qué debemos entender por Populismo? Ha sido una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez, y que por fin ahora, luego de revisar algunos textos, creo estar en condiciones de responder (ojo, toda definición puede ser afinada). Así, de todas las definiciones consultadas creo que la de Germani es la que con mayor precisión desarrolla este concepto: “el Populismo fue un movimiento social e ideológico que se produjo en la transición de la sociedad tradicional a la moderna e industrial”.

Breve concepto

Para este autor, el Populismo fue un fenómeno causado por los profundos cambios estructurales que experimentaron diversos países latinoamericanos, los cuales generaron discontinuidades políticas, sociales y económicas, que se presentaron de manera clara en nuestra región, dependiendo claro está,  del nivel de desarrollo de cada sociedad. Decimos esto último pues como ya se señaló anteriormente, el Populismo en América Latina surgió en un momento histórico en el cual las sociedades tradicionales iniciaban el camino hacia la modernización industrial.

Ahora bien, el Populismo latinoamericano dio lugar a la formación de los denominados “Estados Populistas”, los mismos que a consideración de autores como Guillermo O’Donnell, fueron Estados claramente incorporadores (incluyentes de las grandes mayorías) basados en una coalición multiclasista de intereses urbano-industriales, que buscaron incluir a la élite industrial y a los sectores populares de las urbes.  


El rasgo distintivo del Estado Populista

Uno de los rasgos más importantes del Populismo en la región (sino el más importante) fue su nacionalismo económico, el mismo que se tradujo en la configuración de un Estado promotor de la fase inicial de industrialización de bienes de consumo, que buscó el surgimiento y fortalecimiento de las industrias y la expansión del mercado nacional. En otras palabras, el Populismo en Latinoamérica fue la respuesta política y económica al modelo “hacia afuera” que hasta ese momento había impulsado y tutelado nuestra oligarquía. El peronismo argentino y el velasquismo peruano, a su turno, fueron ejemplos claros de lo que acá acabamos de señalar.

En ambos casos (argentino y peruano), el Estado Populista asumió el compromiso directo de aumentar los ingresos de los sectores populares, y atender otras demandas sociales (seguridad, salud, vivienda, educación, entre otras)  trayendo consigo importantes cambios en la manera de concebir la democracia. Es decir, el Populismo latinoamericano empezó por cuestionar el concepto formal o procedimental de democracia política (Dahl), para luego, confrontarlo a la luz de los principios de la democracia social, los mismos que el Populismo se encargó de transformar en discurso de masas.

Características del Populismo Latinoamericano

Pero, ¿qué características comunes presentó el Populismo en Latinoamérica? Siguiendo a Stepan y Garretón, podemos afirmar que el Populismo latinoamericano presentó (con ciertos matices) las siguientes características:

-       Fue un movimiento social multiclasista que contó con liderazgos de clase media y/o alta y con base popular obrera o campesina (esto último en menor medida).

-       Surgió en una fase histórica de transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna e industrializada.

-       Buscó el paso de un sistema político con participación restringida a otro con amplia participación de los sectores históricamente excluidos.



-       Convirtió al Estado en el protagonista de los cambios sociales, pues es el Estado (a través de sus operadores) el que impulsa el proceso de movilización, integración, inclusión y democratización de la sociedad. Lo que Stepan bautizó con el nombre de Corporativismo Incluyente (el velasquismo fue un claro ejemplo de esto último).

-       Promovió la celebración de acuerdos y/o pactos de compromiso entre el Estado y diferentes sectores de la sociedad (se buscó imitar la experiencia europea del laborismo y la social democracia).

-       Apostó por un modelo de desarrollo estatal – nacional – popular, que privilegió lo nacional por sobre lo extranjero, en contraposición al modelo oligárquico. Siguiendo a Garretón, podríamos decir que en Latinoamérica, como quizá en ningún otro lugar del mundo, el Populismo fue la respuesta social y política impulsada por los sectores que  buscaban acabar con los privilegios creados por el modelo oligárquico (excluyente).

-       Promovió un modelo de desarrollo basado en la industrialización nacional con vocación progresista y un marcado papel estatal. Una de las medidas populistas distintivas de este proceso fue la denominada industrialización por sustitución de importaciones.

-       Basó su fortaleza en la relación entre el líder y la masa. La figura del líder populista es fundamental en este proceso (Perón y Velasco, por ejemplo), pues será él quien se encargue de movilizar al pueblo para salir en búsqueda de sus reivindicaciones.


-       Creyó en el predominio de la política y el Estado por encima de los intereses económicos. Por eso buscó que el pueblo participe directamente en el proceso de toma de decisiones, mediante organizaciones, y a través del voto directo. De allí la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar el sufragio universal y derechos sociales tales como la libertad sindical, la huelga o la negociación colectiva (obrera).

La importancia del Populismo en América Latina

Pero quizá la pregunta más importante que ahora debemos responder en torno al Populismo es si este fenómeno tuvo o no alguna importancia para Latinoamérica, y si el resultado del mismo arrojó un saldo positivo o negativo para nuestra región. Veamos algo de eso a continuación.

Para nosotros, como para Lynch, el Populismo ha sido un proceso vital para la formación de la ciudadanía en América Latina. Decimos ello, pues lejos de los apasionamientos que genera la polémica en torno al Populismo, este fenómeno ha sido el principal factor democratizador en nuestra región, impulsando el reconocimiento y generalización de derechos (políticos y sociales, básicamente), o la adopación de otras medidas inclusivas  en favor de los de abajo.

El Populismo, y no creo exagerar al decirlo, abrió una nueva etapa en la historia política de América Latina, no sólo por haber puesto fin al poder hegemónico de la oligarquía, sino porque a partir del discurso que este promovió, se implementaron importantes políticas distributivas que integraron a las economías nacionales, sentando las bases del proceso de industrialización, lo que a la larga se convertiría en el principal medio para generar empleo a favor de población más necesitada.


Además, como ya lo anotado, debemos reconocer al Populismo como el movimiento que logró incorporar a los más amplios sectores sociales al proceso político formal a través de políticas democratizadoras como la universalización y generalización de derechos civiles, políticos y sociales.

Otra mirada sobre el Populismo

Ahora bien, no deja de ser interesante la mirada que Laclau tiene sobre el Populismo latinoamericano cuando señala que la nota que lo identificó fue el énfasis que este puso en la revalorización de la categoría “pueblo”, entendido como una categoría política con demandas específicas, permitiendo la construcción de una fuerte identidad colectiva.

Sin embargo, y como también lo refiere este autor, en Latinoamérica, los movimientos populistas fueron básicamente populismos de Estado, que intentaron, por todos los medios, reforzar el rol y la presencia estatal en diversos espacios como parte de una estrategia de lucha antioligárquica, la misma que en la mayoría de los casos supuso la violación de las libertades individuales y políticas (sobre toda las de la oposición).


No obstante lo antes señalado, es justo decir que cuando los movimientos populistas accedieron al poder, impulsando programas y políticas de redistribución económicas y reformas democráticas, lo hicieron bajo regímenes marcadamente antiliberales, e incluso, abiertamente autoritarios y dictatoriales (peronismo y velasquismo, son claros ejemplos de lo que acabamos de afirmar).

Populismo y democracia

En todo caso, la pregunta que politólogos e investigadores sociales aún no logran resolver es si es posible armonizar la prédica populista con los principios y valores de la democracia liberal En otras palabras, ¿es posible alcanzar mayores niveles de justicia social, distribución del ingreso, e inclusión de sectores mayoritarios, en un clima de respeto pleno por las libertades fundamentales y las instituciones constitucionales?

Dicho de otro modo, ¿es posible ser populista (en lo sustantivo), y al mismo tiempo, respetar el orden constitucional democrático? Esta interrogante ha abierto en América Latina un debate que hoy en día está más presente que nunca, más si consideramos que en los últimos tiempos la región ha visto la llegada de líderes populistas - autoritarios, tal y como lo afirma Levitsky al señalar que “en América Latina, los líderes populistas tienden siempre a consolidar regímenes que podemos calificar como Autoritarismos Competitivos, debido, entre otras cosas, a la carencia de una cultura democrática cívica y a la debilidad de las instituciones político-constitucionales” (dicho sea de paso, el Populismo latinoamericano nunca se caracterizó precisamente por su compromiso con éstas). Veremos qué pasa en la región en los próximos años. El debate recién comienza.


Nota: Este artículo toma como base un ensayo elaborado por mi persona para el curso “Procesos Políticos en el Perú y América Latina siglo XX”, a cargo del profesor Piero Corvetto Salinas, en la maestría en Ciencia Política en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Para Piero mi personal agradecimiento, pues sin sus notas, apuntes, lecturas y comentarios, este artículo no hubiera sido escrito.

Etiquetas: , , , , , ,

viernes, 7 de febrero de 2014

EL CASO PERÚ-CHILE ANTE LA HAYA


 APUNTES JURÍDICOS Y POLÍTICOS PARA ENTENDER ESTE PROCESO



1.    La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) es el máximo tribunal a nivel mundial, y se encuentra compuesta por 15 jueces (todos destacados juristas) elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un periodo de 9 años (renovables), procurando siempre que los principales sistemas jurídicos del mundo estén representados. Cabe señalar que para este proceso, Gilbert Guillaume (francés) fue el juez ad hoc que representó al Perú, mientras que Francisco Orrego (chileno) hizo lo propio por su país.
2.    La sentencia de la CIJ ha establecido una nueva frontera marítima entre Perú y Chile, fijando una línea paralela en las primeras 80 millas desde el Hito N° 1 (tesis chilena), para luego, a partir de la milla 80 proyectar una línea equidistante hasta las 200 millas (tesis peruana). En otras palabras, lo que la CIJ ha hecho en este fallo es acoger (en la medida de lo posible) las posiciones jurídicas presentadas por ambos países. De ese modo, ha logrado que ninguno de ellos se sienta completamente vencedor ni vencido. Algo, que sin lugar a dudas, ayudará en el proceso de implementación del fallo, más si se toma en cuenta el antecedente del caso Nicaragua versus Colombia.
3.    Lo que ambas cancillerías deben buscar ahora es la pronta implementación del fallo de la CIJ para evitar cualquier problema político futuro relacionado con su ejecución. Decimos esto pues a pesar del compromiso asumido por ambos gobiernos de cumplir con lo dispuesto por la CIJ, siempre existirá el riesgo de que determinados sectores busquen entorpecer este proceso intentando obtener réditos políticos a partir de acciones y discursos nacionalistas.


4.    De acuerdo al cálculo hecho por los especialistas peruanos el Perú ha obtenido aproximadamente 50 mil km2 de soberanía marítima. Es decir, 21 mil km2 de los 38554 km2 del triángulo interno en controversia, además de los 28 mil km2 del triángulo externo, que si bien nunca fueron reclamos por Chile como parte de su soberanía marina, eran considerados como altamar y no como territorio peruano tal y como ha quedado establecido después del fallo. No obstante ello, es preciso señalar que la CIJ ha señalado que Chile preserva libertades de navegación marítima y aérea sobre estos 21 mil km2.
5.    A su turno, la sentencia le da la razón a Chile cuando señala que el punto de partida para la delimitación de la frontera marítima es la prolongación del paralelo geográfico que atraviesa el Hito N° 1. Por tanto, el fallo le concede a Chile una soberanía marítima que se extiende hasta la altura de las 80 millas, otorgándole a Arica el control del mar adyacente a sus costas.
6.    Sobre este punto, los pronósticos previos a la emisión del fallo señalaban que la tesis del paralelo (chilena) sería recogida como máximo hasta la milla 12. Sin embargo, la CIJ terminó adoptando el planteamiento chileno hasta la milla 80 básicamente por dos razones: 1) Porque durante años esta tesis fue aceptada como norma por el Perú; y 2) Porque durante todo ese tiempo se registraron capturas y multas a embarcaciones peruanas justamente hasta la milla 80. En otras palabras, durante todo este periodo, Chile ejerció “soberanía material” sobre toda esta porción de mar, y el Perú lo aceptó tácitamente.


7.    Ahora bien, lo que es importante destacar es que en el fallo de la CIJ solo se hace referencia a la frontera marítima (tomándose como punto el Hito N° 1), pero que en ningún momento se hace alusión a la frontera terrestre. Esta aclaración es fundamental hacerla, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones del presidente chileno Sebastián Piñera, quien luego de conocido el fallo, afirmó que la sentencia le otorgaba a Chile el dominio sobre el llamado “triángulo terrestre”. En tal sentido, no está de más precisarle a la cancillería chilena que la frontera terrestre entre su país y el nuestro comienza en el Punto de la Concordia, tal y como se estableció en el Tratado de Ancón de 1929.
8.    ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este fallo de la CIJ? Es la pregunta que muchos se hacen tomando en consideración la especial situación de los pescadores artesanales de Tacna y Arica. Sobre el particular, cabría decir que luego de conocida la sentencia de la CIJ, Tacna permanecerá con costa seca, y por tanto, los pescadores artesanales tacneños no podrán acceder a faenar en las primeras 80 millas. Vale decir que en ese espacio marítimo se concentran 320 mil toneladas de anchoveta y jurel (aproximadamente), que a su vez representan, más de 2500 millones de dólares anuales.
9.    Por tanto, eso quiere decir que el presidente chileno Sebastián Piñera no falta a la verdad cuando afirma que en términos pesqueros Chile no ha perdido nada porque su pesca se lleva a cabo dentro de las primeras 60 millas, las mismas que de acuerdo al fallo de la CIJ, han quedado bajo su soberanía, específicamente dentro de la llamada “zona económica exclusiva chilena”.


10. Esto explica de alguna manera las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien luego de escuchar el fallo, y sabiendo del impacto que este tendría sobre la pesca artesanal de los tacneños, se dirigió al Ministro de Economía diciéndole que “había llegado la hora de apoyar más a Tacna”. Esperemos que esta decisión política adoptada por el Gobierno con respecto a Tacna se extienda a otros lugares de frontera, pues para nadie es un secreto que estas zonas presentan aún elevados índices de pobreza y atraso. Además, es claro que Tacna debe convertirse en un polo de desarrollo para el sur del país, pues de ese modo, podremos avanzar de mejor manera y en mejores términos, en el proceso de integración comercial y económica con Chile.
11. Visto así el caso, sostenemos, como lo han hecho otros, que el fallo arroja un saldo a favor del Perú. Decimos ello pues de los 65 mil km2 que demandaba nuestro país, la CIJ le ha otorgado 50 mil km2 (más del 75% del territorio de mar solicitado). En ese sentido, no compartimos la opinión de aquellos que sostienen que la CIJ arribó a una solución salomónica pues adoptó también parte de la tesis chilena. Lo que los ciudadanos deben comprender es que en este tipo de procesos es casi imposible que la CIJ le conceda a un país todo lo que este solicita. Además, debemos tener presente que la CIJ nos ha concedido una porción de mar que antes estaba en manos de Chile, y ese es un triunfo peruano que no podemos desconocer sin caer en la mezquindad. En todo caso, es responsabilidad nuestra aprovechar al máximo estos 50 mil km2 que hemos obtenido, explotando de manera adecuada los recursos que esta porción de mar nos ofrece.
12. A pesar de las reacciones que cierto sector de la clase política peruana y chilena hayan presentado luego conocida la sentencia, resulta importante para la paz de la región, que el presidente peruano y chileno, e incluso, la presidenta elegida Michelle Bachelet, se hayan comprometido a cumplir lo dispuesto por la CIJ en los términos expuestos en el fallo. Este es un mensaje y una muestra de madurez política, de respeto por el marco normativo internacional y de respaldo a la labor desarrollada por organismos jurisdiccionales internacionales como la CIJ, que tiene la gran responsabilidad de solucionar pacíficamente las controversias suscitadas entre los Estados. Esto constituye un gran avance para el mundo entero, sobre todo si se toma en cuenta la experiencia vivida en el siglo XIX y XX; y la actitud que otros estados como Colombia, por ejemplo, asumieron en casos similares a este.


13.  Ahora bien, y tomando en consideración el resultado positivo obtenido por el Perú en este caso, es justo reconocer el mérito de todos aquellos que participaron en este proceso fortaleciendo la posición jurídica que nuestro país defendió ante la CIJ. En tal sentido, nosotros creemos que si tuviésemos que nominar a una institución como el gran artífice de esta victoria jurídica, esa tendría que ser, sin lugar a dudas, la Cancillería peruana, representada por el agente peruano en La Haya, el embajador Allan Wagner. Nuestra cancillería ha demostrado a lo largo de todo este proceso un nivel mayúsculo de prudencia, profesionalismo y visión de Estado.
14. Prueba de lo antes señalado, han sido las declaraciones de Allan Wagner, quien luego de emitido el fallo, agradeció el apoyo recibido por los tres presidentes democráticos que respaldaron nuestra posición jurídica. Eso quiere decir, que lejos de la chatura política a la que nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes, en este caso puntual, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, estuvieron a la altura de las circunstancias, pues a pesar de los vaivenes de la política doméstica, condujeron este proceso como una política de Estado a largo plazo, colocando los intereses del país por encima de los apetitos e intereses políticos de grupo.


15. Sin embargo (en esto debemos reconocer la madurez de la clase política chilena), una vez pronunciado el fallo, y a pesar de que los líderes políticos peruanos se comprometieron a “no declarar” sino hasta después de que lo hiciera el presidente Ollanta Humala, en nuestro país, el ex presidente Alan García, víctima, una vez más, de su ego y afán de protagonismo, se apresuró, y en un ataque de incontinencia verbal, pasó a declarar a la prensa como si él fuera el presidente en ejercicio. Distinto fue lo que ocurrió en Chile, país en donde la presidenta electa Michelle Bachelet, esperó prudentemente las declaraciones del presidente Sebastián Piñera para luego pronunciarse comprometiéndose a ejecutar con prontitud el fallo.
16. La actitud de Michelle Bachelet fue la correcta, pues es eso lo que se espera de un estadista, más aun teniendo en cuenta que es el presidente en funciones, y no los candidatos presidenciales, los que manejan la política exterior de los Estados. Son este tipo de conductas políticas, las que marcan la diferencia que existe entre un país que respeta la institucionalidad como Chile, y otro como el Perú, en donde los egos personales suelen superponerse a la majestad de las investiduras. Mal por Alan García, que siendo ex presidente de la República, se comportó de manera irresponsable e imprudente, como lo ha hecho en más de una oportunidad.

17. Finalmente, esperemos, como creo lo deseamos la mayoría de peruanos y chilenos, que el fallo de la CIJ ponga fin a un periodo de odio, revancha y desconfianza entre ambos países. Ha llegado la hora, como bien lo apunta el historiador Nelson Manrique, de superar ese nacionalismo negativo que nos ha perseguido desde el siglo XIX, pues si bien puede ser útil para forjar la unidad entre los peruanos, este supone la descalificación del otro, del distinto, del extranjero, del chileno, específicamente. Ha llegado el momento de construir un nacionalismo positivo, afirma el historiador, que nos permita construir un país donde haya iguales oportunidades para todos, donde todos puedan realizar sus sueños. Un nacionalismo que nos ayude a consolidar los lazos de fraternidad entre los peruanos, pero que al mismo tiempo, no nos impida establecer puentes de entendimiento e integración con los países hermanos, pues de esa integración depende nuestro futuro en este mundo globalizado.

Etiquetas: , , , , , , ,