jueves, 27 de marzo de 2014

PENA DE MUERTE (POLÍTICA) PARA ALAN GARCÍA


La demagogia de Alan García (AG), sus palabras vacías, sus conceptos trillados, y sus frases intrascendentes, así como sus libros mal escritos y peor editados, ya no son novedad. Al menos, para ese grupo de ciudadanos que nos hemos dado cuenta, hace mucho tiempo, que lo único que sabe hacer AG es lanzar fuegos artificiales para el entretenimiento de algunos (la mayoría) de los medios de “desinformación” que día a día tratan de consolidar su figura política, respaldando, cada vez con más descaro, su candidatura presidencial para el 2016, a pesar de las enormes críticas y cuestionamientos que pesan sobre su Gobierno, las mismas que ni él ni sus adulones han sabido responder. Si no me creen, busquen las entrevistas (franela pura), que periodistas como Beto Ortiz le suelen hacer.

Lo realmente preocupante en todo este asunto, es que en nuestro país, las ideas delirantes de un ex presidente, tienen un impacto mediático y generan una polémica, que en una sociedad con mejores niveles de educación que la nuestra, no serían otra cosa que “las opiniones de un payaso” (para citar el título de la gran novela de Heinrich Boll).

En otras palabras, lo que me ofusca y desquicia, es que algunos peruanos, sobre todo los más jóvenes, le otorguen cierto nivel de validez y seriedad a una medida totalmente populista (gana votos) como la que ahora propone: pena de muerte para combatir la criminalidad. Si señores, así como lo escuchan, la misma persona que les abrió las puertas de las cárceles a miles de peligrosos delincuentes (narcotraficantes por montón), concediendo indultos a diestra y siniestra, ahora nos viene a decir que ya encontró la fórmula para frenar la criminalidad: ejecutar a los delincuentes peligrosos. El colmo del cinismo, no les parece.


Son las opiniones de un payaso

En todo caso, y con el único afán de demostrar, a quienes tengan interés en este tema, que la propuesta de AG es totalmente inútil, trataré de exponer los argumentos que a nivel de la academia se han expuesto con la finalidad de evidenciar por qué la implementación de la pena de muerte no sólo no resulta eficaz al momento de combatir reducir la criminalidad, sino también por qué se afirma que esta medida (de ser adoptada) significaría un serio retroceso en el proceso de reconocimiento de derechos y consolidación democrática.

Empecemos señalando que la justificación moral y ética de la pena de muerte depende, en parte, de los principios que permiten justificar las sanciones penales en general. Por ello, conviene encarar el tema de la justificabilidad de la pena de muerte, a partir de las dos grandes corrientes filosóficas que han servido para justificar la validez ética de las penas en general: el retribucionismo y el utilitarismo. Para luego, demostrar que ninguna de ellas puede por sí misma justificar la imposición de una pena capital al interior de una sociedad democrática. Algo que la ignorancia de AG (y seguidores) no logra comprender.

Señor Alan García: lea usted sobre retribucionismo

La concepción retribucionista sostiene que es intrínsecamente justo que el que ha hecho un mal sufra otro mal de entidad equivalente, cualesquiera que sean las consecuencias para los individuos involucrados en el hecho o para la sociedad en su conjunto. Visto de ese modo, esta teoría no sólo parece validar sino exigir la pena de muerte para un único caso: el homicidio, ya que en pocas situaciones como en ésta se vislumbra con alguna claridad la equivalencia requerida entre el delito o daño causado por el criminal y la pena o castigo que recibirá por ello.


Señor Alan García: no se puede instrumentalizar la vida de los hombres

Sin embargo, el problema radica en que muchas veces, los Estados, como el Perú por ejemplo, han pretendido ampliar este supuesto a la sanción de otro tipo de delitos como la violación sexual, iniciativa que desde un punto retribucioncita es a todas luces inválida (esto también lo propuso AG). No obstante ello, esta concepción olvida que existen principios éticos como el principio kantiano que prescribe tratar a los hombres como fines en sí mismo y no como meros medios para ciertos fines, en virtud de los cuales ningún sistema que se precie de ser auténticamente democrático puede utilizar a las penas o sanciones con la única finalidad de mostrarlas ante los demás como ejemplo tangible de la ferocidad del poder punitivo del Estado al momento de combatir el delito.

Señor Alan García: el Estado no es una máquina de matar

Es decir, estatalizar a la frase “ojo por ojo y diente por diente”, no es sino un retroceso en la evolución de las sociedades, ya que convierte a la sanción (pena de muerte) en un sistema de venganza a gran escala organizado en forma monopólica por el Estado. Asimismo, estudios demuestran que la pena de muerte genera una banalización del valor vida, motivando al ciudadano a hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué si el Estado puede matar bajo determinadas circunstancias, yo no puedo hacer lo mismo bajo esas mismas circunstancias? Ello genera, sin lugar a dudas, el aumento de los índices de violencia ya existentes en la sociedad contemporánea. Por tanto, es lógico pensar que existen razones más que suficientes para sustentar una posición contraria a la pena capital vista desde el retribucionismo.

Señor Alan García: lea usted sobre utilitarismo

Por su parte, la concepción utilitarista sostiene que el castigo estatal es justificable solo si el balance de sus consecuencias es más beneficioso que perjudicial para el conjunto de la sociedad. Esto se da sólo cuando la pena logra prevenir males mayores que los que ella involucra, sin que sea posible evitar aquellos males por medios menos nocivos. Esta teoría exige que para que una pena (la de muerte) sea un medio racional de protección social: a) ella debe implicar un mal menor que el que intenta prevenir; b) debe ser eficaz para prevenir ese mal; y c) debe ser necesaria para evitar el mal en el sentido de no ser sustituible por un medio menos costoso e igualmente eficaz.


Esto implica que, bajo la justificación utilitarista de la pena, las principales dificultades para legitimar la prescripción de la pena de muerte para el homicidio, como sucede en el caso de Estados como Texas, en los Estados Unidos, son de índole empírica: ¿Es la pena de muerte eficaz para prevenir un número de homicidios mayor que el de gente ejecutada?¿No podrían ser prevenidos esos homicidios por medios menos cruentos?¿ La posible ventaja en eficacia preventiva de la pena de muerte compensa posibles efectos colaterales nocivos que ella puede tener? Esas son las preguntas que se deben absolver, y que el señor AG, estamos seguros, está lejos de responder racionalmente.

Señor Alan García: la pena de muerte no reduce la criminalidad

Del mismo modo, estudios a nivel mundial demuestran que no existe relación directa entre la implementación de la pena de muerte y la reducción del índice de crímenes que esta pretende prevenir. En estos estudios se concluye que no hay pruebas claras, en ninguna de las estadísticas examinadas, de que la abolición de la pena de muerte haya conducido a un incremento en el índice de homicidios, o que su reintroducción haya conducido a una caída de tal índice. Asimismo, también se afirma que no se ha demostrado en forma convincente que la pena de muerte tenga una eficacia preventiva significativamente mayor que otras penas menos nocivas.

Siendo ello así, la experiencia práctica no nos brinda razones suficientes que nos permitan justificar la validez de la pena capital, pues las dudas que existen sobre su eficiencia frente a otro tipo de penas, como la cadena perpetua, por ejemplo, y frente a la reducción del delito (homicidios), hacen que esta medida resulte ser totalmente contraria a valores como la vida, libertad y dignidad, todos ellos principios fundamentales de una sociedad democrática.


Señor Alan García: el error judicial en este caso es irreparable

Además de ello, es necesario tomar en cuenta que el riesgo personal que esta medida trae consigo, es que inocentes sean alcanzados por el error judicial, por la falla del sistema de enjuiciamiento y sanción del Estado, riesgo que en el caso de la pena de muerte es mayor, pues se trata de un error irreversible. Este temor, no es producto de la fantasía, o de una campaña de desinformación y mentira desatada por los movimientos contrarios a la pena capital, como algunos suelen decir. Por ejemplo, el ministro de Justicia de Alemania Federal declaró ante el Consejo de Europa de 1953  que en el último siglo hubo en su país 27 condenas a muerte producto de errores judiciales.

Señor Alan García: la pena de muerte estigmatiza al entorno del ejecutado

Asimismo, debe tomarse en cuenta el grave impacto que una ejecución tiene en el círculo de familiares y amigos más cercano de la persona ejecutada, estigmatizándolos de por vida, ello debido a la extensa publicidad que las ejecuciones desencadenan (en la mayoría de los casos, tanto el proceso, las pruebas, los testimonios, y la vida misma del condenado, son expuestos a la luz pública sin mayor pudor). Este estigma acompaña a estas personas a lo largo de sus vidas, entorpeciendo su propio desarrollo y la posibilidad de construir nuevos lazos sociales. ¿Habrá reflexionado sobre esto AG? Estoy seguro que no.

Señor Alan García: usted no ha leído la Constitución

Además, es importante señalar que el Estado peruano ha asumido obligaciones jurídicas en esta materia que le impiden implementar la pena de muerte o ampliar los supuestos de aplicación de la misma, tanto a nivel nacional como internacional. Basta recordar, por ejemplo, que nuestra Constitución señala expresamente que “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” (artículo 139°). Entonces, si ello es así, me gustaría preguntarle al ex presidente: ¿Cómo se reeducada a un ejecutado? Quizás AG nos diga que eso se puede hacer mediante sesiones de espiritismo.


Señor Alan García: usted no ha leído el Pacto de San José

Sumando a ello, tenemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone que los países firmantes de la misma no pueden extender su aplicación a supuestos que no estuvieron previstos al momento de su suscripción (artículo 4°). Eso quiere decir (anote bien esto señor ex presidente) que la implementación de su propuesta no sólo resulta ser inconstitucional, sino también supone una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú en materia de Derechos Humanos. ¿Puede el Perú denunciar este tratado y salirse del sistema interamericano de protección de derechos Humanos? Sí (eso es lo que quiso hacer Alberto Fujimori), pero el costo político es altísimo, pues nuestro país se convertiría en un verdadero paria internacional.

Señor Alan García: prometa no indultar (sin razón objetiva) a tantos narcotraficantes

En suma, lo que debe quedarnos claro a todos los peruanos, es que la propuesta de AG de implementar la pena de muerte en nuestro país, no solo carece de sustento ético y político, sino también resulta absolutamente inviable desde un punto de vista práctico y jurídico. En todo caso, si realmente desean combatir la criminalidad, los Jefes de Estado debieran evitar conceder indultos a criminales, asesinos, sicarios y narcotraficantes, como en su oportunidad lo hizo, y por miles, el ex presidente AG. Hoy promotor de la pena de muerte en nuestro país.


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martes, 18 de marzo de 2014

¿SE BUSCA UN OUTSIDER PARA EL 2016 EN EL PERÚ?


Muchos peruanos (eso es lo que algunos medios han señalado) ven con buenos ojos la posible candidatura de un outsider como Gastón Acurio (reconocido cocinero peruano) a la Presidencia de la República de nuestro país. La aparición de nuevos rostros y la participación de nuevas figuras en la política nacional serán siempre bienvenidas, afirman algunos “periodistas”.

Pero más allá de lo que puedan desear algunos “líderes de opinión” o medios interesados en impulsar determinadas candidaturas, veamos a continuación si existen razones objetivas como para pensar que en las próximas elecciones presidenciales del año 2016, es posible el surgimiento de un outsider capaz de remecer al establishment político y dar el batacazo electoral, consolidando una candidatura que termine imponiéndose a los candidatos presidenciales de siempre.

No importa si este outsider se apellida Acurio, si es cocinero, futbolista, actor o cantante. Lo que realmente importa es saber si el Perú de hoy presenta las condiciones para el triunfo presidencial de un outsider. Pero primero, aclaremos algunas dudas sobre este término, que tantos usan, pero que casi siempre lo hacen sin el rigor que el análisis político exige.


¿Quién es un outsider político?

Un outsider, como bien lo señala Carlos Meléndez, es básicamente un nuevo en política (un recién llegado). Pero no todos los nuevos en política son outsiders. Para serlo, su capital electoral debe provenir desde fuera del sistema político. Bajo esa definición, el único que en la actualidad podría ser considerado un outsider en el Perú sería, efectivamente, el cocinero peruano Gastón Acurio cuyo prestigio proviene básicamente de su éxito alcanzado en el campo de la gastronomía y la empresa.

¿Gastón Acurio sería un outsider como lo fue Alberto Fujimori en el año 1990?

No lo creo, pues lo que diferencia a los outsiders, por lo menos en dos grupos, es el tipo de discurso político que éstos manejan. Así, de lo poco que hemos escuchado hablar a Gastón sobre política, tengo la impresión que el cocinero sería un outsider más parecido a Vargas Llosa (salvando las distancias) que a Fujimori. ¿Por qué sostengo eso? Si bien en el año 1990, Vargas Losa podía ser calificado como un outsider, él exponía y defendía un discurso político pro sistema, respetuoso de las reglas propias de la democracia representativa. De hecho, sostenía la necesidad de reconstruir el sistema de partidos, fortalecer a las instituciones públicas y respetar el Estado de Derecho. En cambio, Fujimori, capitalizó un discurso en contra del sistema político, que básicamente se basó en un ataque constante y sistemático contra los partidos políticos, los poderes del Estado y los principios constitucionales de la república.

En suma, lo que nos dice Carlos Meléndez es que existen dos tipos de outsiders (por lo menos) los que son leales con el sistema político (Gastón lo sería) y los que no lo son (Fujimori en el año 1990). En todo caso, lo que realmente caracteriza a un outsider es que este llega de fuera del sistema político, podría tratarse de un animador de televisión, deportista, vedette, cómico, o simplemente de un hombre o mujer, que un buen día decidió probar suerte en política y tuvo la fortuna de contar con el respaldo de algunos cuantos miles de votantes (y recursos o financistas para su campaña).


¿Y esto es algo positivo o negativo para la democracia?

Vista la experiencia histórica de nuestro país, yo diría que la llegada de los outsiders a la política en el Perú ha resultado ser profundamente negativa. Ya que si la democracia representativa se asienta sobre la base de un sistema de partidos (verdaderos semilleros de nuevos políticos), y la llegada de los outsiders coincide con el quiebre del sistema de partidos políticos en el Perú, entonces no nos debería sorprender que en los últimos años varios neófitos en política hayan logrado colocarse la banda presidencial (Humala, Toledo y Fujimori) u obtenido una curul en el Congreso (comentaristas de fútbol, pastores evangélicos, bailarinas y voleibolistas), además de cargos de representación sub nacional.

Eso quiere decir, que en la medida de que el sistema de partidos de un país (es nuestro caso) sea menos institucionalizado, entonces la posibilidad de que aparezca un outsider crece, con el riesgo que ello representa para la democracia y gobernabilidad, más cuando estos outsiders son abiertamente anti sistema o anti partido. La prueba más clara de lo que acabamos de señalar la encontramos en el Gobierno de Fujimori de los años noventa.

Pero volvamos, ¿Podrá un outsider vencer en las elecciones presidenciales del año 2016?

Desde hace algún tiempo se viene especulando en torno a quién puede ser el outsider para el 2016. Primero fue Antauro Humala, luego Marco Arana, antes Gregorio Santos, incluso se habló de la popularidad del padre de Ciro Castillo, hasta llegar a lanzar el nombre de Gastón Acurio. Pero, ¿Acaso tienen estas especulaciones algún viso de realidad? No, veamos porqué.


Si uno repasa lo acontecido en los últimos procesos electorales, podrá darse cuenta que desde el año 2001 las elecciones presidenciales dejaron de ser juegos de outsiders. Al contrario, dice Levitsky (citando a Mauricio Zavaleta): En 2001, compitió un ex presidente (García) con Alejandro Toledo y Lourdes Flores. En 2006, compitieron dos ex presidentes (García y Paniagua), Flores de nuevo, y un outsider (Humala). En 2011, no hubo outsider entre los candidatos mayores: solo un ex presidente (Toledo), la hija de un ex presidente (Keiko), dos ex candidatos presidenciales (Castañeda y Humala) y un ex premier (PPK).

Eso quiere decir, según refiere el politólogo de Harvard, que si los precandidatos no se matan entre ellos antes de tiempo, el 2016 será muy parecido: al menos un ex presidente (García), dos ex candidatos presidenciales (Keiko y PPK), y quizás (aunque esto me parece muy difícil) la esposa del actual presidente compitiendo por la banda presidencial. Entonces, eso confirmaría que las elecciones presidenciales en el Perú han dejado  de ser (hace mucho) un juego de outsiders para convertirse en una carrera entre los “insider”. Habrá que ver.

Pero, si los partidos políticos son débiles, ¿Por qué no puede surgir un outsider?

Si la carrera política en el Perú no existe, pues la crisis y el colapso del sistema de partidos terminaron con la era del político de carrera. Si los líderes provinciales no han logrado consolidar  una presencia de alcance nacional, pues de hecho ningún presidente regional o alcalde ha logrado convertirse en presidenciable: César Acuña, Yehude Simon, Vladimir Huaroc o César Villanueva, son algunos ejemplos. Si pareciera que la alcaldía de Lima es la única que garantiza un salto a la política nacional: Alberto Andrade y Luis Castañeda, lo lograron. Y si además, a eso le sumamos que menos del 20% de los congresistas logra ser reelegido (el 80% de los parlamentarios son novatos casi siempre). Entonces, ¿Por qué negamos la posibilidad de que algún outsider aparezca si en el Perú no existen caminos institucionales que garanticen la aparición de figuras con la formación política necesaria para convertirse en verdaderos estadistas?


Levitsky, ensaya una respuesta que me parece seductora: El Perú de hoy no es el de 1990, en ese año la elección fue un salto al vacío, alentado por la profunda crisis económica, social y política por la que atravesaba el país. Hoy ya no hay crisis. Y después de varios años de crecimiento económico, el elector se ha vuelto más conservador, no (solo) en términos ideológicos sino también en su comportamiento político. Hoy, muchos peruanos consideran que sí tienen algo que perder, y como consecuencia, pocos quieren la incertidumbre de un desconocido total.

Entonces, como el Perú no cuenta con un sistema de partidos que produzca a nuevos liderazgos y que suministre información sobre los méritos y la trayectoria de los mismos, el electorado (que no es tonto), termina eligiendo, como escribe Mauricio Zavaleta, entre los viejos conocidos, convirtiendo en verdad ese dicho que dice: más vale malo conocido, que bueno por conocer.


Como hemos podido apreciar, en el Perú son cada vez menos frecuentes los outsiders que compiten (con cierta posibilidad) en las elecciones presidenciales. Eso no quiere decir que no puedan surgir. Simplemente que mientras el país no atraviese por una severa y aguda crisis como la de fines de los ochenta, el electorado (cada vez más conservador) tendrá menos incentivos para elegir como presidente a un “perfecto desconocido”. Pero, ¿Acaso la estabilidad económica y/o política nos libra de los outsiders? No, por eso lo que se debemos hacer es reconstruir nuestro sistema de partidos, pues son estas instituciones las que dotan a la política de nuevos rostros y liderazgos, mientras eso no ocurra, seguiremos eligiendo a los candidatos presidenciales de siempre.

martes, 4 de marzo de 2014

EL DOBLE RASERO DE LA DERECHA Y LA IZQUIERDA EN EL PERÚ


¿Tiene futuro la democracia en el Perú? Yo diría que su futuro es incierto. Mientras nuestra derecha e izquierda, respectivamente, sigan defendiendo cínicamente sus intereses, dejando de lado la tutela de principios y valores auténticamente democráticos, nuestro Estado Constitucional de Derecho siempre se verá amenazado, ya sea por diestros o zurdos. Total, ambos sectores han demostrado, que cuando se trata de defender a su autócrata ideológico no hay quien les gane.

El doble rasero de la derecha

Hace algunos días, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) expresó (el comunicado me produjo arcadas) su más enérgica condena por la situación que viene ocurriendo en Venezuela, con un Gobierno que atenta contra la vida de sus habitantes, la propiedad pública y privada, y las libertades de empresa, expresión e información.

En ese mismo pronunciamiento, la CONFIEP (mis arcadas eran cada vez mayores) le solicitan a nuestro Gobierno, al amparo de la Carta Democrática de la OEA, convocar de urgencia a los Jefes de Estado de los países democráticos de la región (habría que preguntarle a la CONFIEP a quiénes considera democráticos), para celebrar una reunión con el objetivo de restablecer en Venezuela el respeto por la vida e integridad de las personas, por las libertades civiles, por la libertad de expresión, por la libertad de empresa y de la propiedad privada.

Memorex para la derecha

Seguro algunos desmemoriados (o muy jóvenes), han celebrado con entusiasmo la forma cómo nuestros grandes empresarios han salido a defender la democracia en Venezuela. ¡Qué valiente es la CONFIEP! ¡Qué coraje el de nuestro empresariado! ¡La CONFIEP se la está jugando por la democracia latinoamericana! Habrán pensado los más ilusos.


A todos los que se han creído ese cuento, me permito hacerles algunas preguntas: ¿Cuál fue la posición de la CONFIEP frente al golpe del 5 de abril de 1992? ¿Qué dijo la CONFIEP luego de conocerse los atroces crímenes de Barrios Altos y La Cantuta? ¿Qué pronunciamiento emitió la CONFIEP cuando el Gobierno autoritario de Fujimori atentaba contra la institucionalidad de nuestro país? ¿Dijo algo la CONFIEP cuando los magistrados del Tribunal Constitucional fueron destituidos por el fujimorismo por oponerse a la tercera elección del autócrata?

Más preguntas para los demócratas de la CONFIEP

¿Se escandalizó la CONFIEP cuando el fujimorismo tomaba por asalto el Poder Judicial y el Ministerio Público? ¿Fueron tan enérgicos los de la CONFIEP cuando se supo que las Fuerzas Armadas y Policiales desviaban dinero para financiar la campaña reeleccionista de Fujimori en el año 2000? ¿La CONFIEP protestó cuando los opositores eran difamados vilmente por los “diarios chicha” cuyos titulares los dictaban Fujimori y Montesinos? ¿Se enfureció la CONFIEP cuando el Gobierno fujimorista compraba la línea editorial de los canales de televisión? ¿Se indignó la CONFIEP cuando el dinero de todos los peruanos era usado por el fujimorismo para comprar la conciencia de los congresistas tránsfugas? ¿Pidió la CONFIEP la intervención de la OEA en esos años?

Por supuesto que no señores. La CONFIEP, durante los años del Gobierno autoritario de Fujimori jamás dijo nada, calló en todos los idiomas, apoyó de manera directa, o a través de su silencio cómplice, todas y cada una de las arbitrariedades y crímenes que Fujimori cometía. En otras palabras, mientras la democracia en el Perú se caía a pedazos, los derechos fundamentales eran pisoteados impunemente, las instituciones eran capturadas por una sarta de mafiosos y el régimen se volvía cada vez más represivo, los chicos de la CONFIEP preferían silbar y  mirar a otro lado.

¿Por qué calló la CONFIEP frente al Gobierno autoritario de Fujimori? ¿Por qué no reclamó la CONFIEP y rechazó enérgicamente, como ahora lo hace con Maduro, el proceder gansteril de la pandilla que nos gobernó durante la década de los noventa? ¿Cuánto dinero le costó al Gobierno de Fujimori el silencio de la CONFIEP? Más allá de los verdes (que debieron contarse por montones) a mí no me sorprende la conducta cínica y achorada de nuestro empresariado, sobre todo la de los grandotes, esos que históricamente han ganado millones poniéndose de lado de los autócratas de nuestro país.


Entonces, ahora que no nos vengan a dar lecciones de ética y moral democrática, que no nos vengan a decir que sienten genuina indignación por lo que está ocurriendo en Venezuela, que no vengan a llamar y calificar de dictadura al Gobierno venezolano (cosa que es) cuando acá, hace tan sólo algunos años atrás, le vendieron su alma al líder de una mafia que se trajo abajo nuestro Estado de Derecho. En suma, que la CONFIEP no venga a pontificar sobre democracia y derechos humanos, cuando durante diez años fue la fiel y solícita amante de un autócrata tan o más infame que Chávez o Maduro.

El doble rasero de la izquierda

En la columna de la semana pasada, me permití criticar duramente a cierto sector de la izquierda nacional (quiero creer que ellos no representan a la mayoría). Pero ahora, luego de conocerse el pronunciamiento del Frente Amplio (confluencia de partidos, movimientos y agrupaciones de izquierda) creo que mis críticas se quedaron cortas. Me explico a continuación.

Memorex para la izquierda

Seguro algunos desmemoriados (ahora los zurdos) creen que la posición de esta izquierda (pro chavista y castrista) es coherente, y que lo que ocurre en Venezuela no es otra cosa que un desbarajuste ocasionado por los sectores de la ultra derecha financiados por los Estados Unidos. A estos hombres y mujeres, que se dicen llamar progresistas, les quiero hacer las siguientes preguntas: ¿Todo el que se opone al chavismo es un golpista de derecha? ¿La inflación y escasez por la que atraviesa Venezuela es responsabilidad de las fuerzas oscuras de la oligarquía llanera apoyadas por la CIA? ¿Todos los medios de comunicación (los que quedan) que denuncian los crímenes del chavismo trabajan a las órdenes del imperialismo? ¿Son golpistas los que se levantan contra un Gobierno autoritario y represivo? ¿Son golpistas los que se enfrentan a un Gobierno que persigue a los opositores y atenta contra la libertad de expresión?


Más preguntas para los progresistas del Frente Amplio

¿Son golpistas los que se rebelan contra un Gobierno que modificó la Constitución y la legislación electoral a su antojo para perpetuarse en el poder? ¿Son golpistas los que se oponen a la manera cómo el chavismo manipula a las instituciones públicas poniéndolas al servicio de sus oscuros intereses? ¿Son golpistas los que exigen que se respete su derecho a la protesta? ¿Son golpistas los que reclaman por la vida de quienes durante años vienen siendo hostigados y perseguidos por el chavismo? ¿Son golpistas los que están hartos de que las fuerzas militares y policiales venezolanas actúen como escuadrones de represión de los estudiantes que legítimamente se movilizan en defensa de sus derechos? ¿Son golpistas los que ya no quieren que su país gaste millones de dólares apoyando dictaduras como la cubana y otros gobiernos de dudosa reputación democrática?

Claro que no señores. Quienes sostienen esto están absolutamente equivocados, y no se dan cuenta que sus afirmaciones son peligrosas, sobre todo para la propia izquierda. Quienes pretenden (el Frente Amplio hace esto) deslegitimar cínicamente la protesta de la oposición en Venezuela, tildándola de golpista y pro yanqui, no hacen sino buscar la legitimación de la represión y la violencia criminal del chavismo.

En el Frente Amplio se olvidan que la criminalización de la protesta ha sido siempre una táctica usada por la derecha, por las fuerzas conservadoras y anti populares de la sociedad. Ellos olvidan que cuando la protesta deja de ser un derecho de las mayorías, los primeros caídos son siempre los más pobres e indefensos de la patria. Por eso los progresistas (verdaderos) y liberales debemos siempre defender el derecho a levantar la voz, a decir basta, independientemente de la ideología del dictador a quien se repudia públicamente por sus crímenes y atrocidades. Nuestros izquierdistas deben ser los primeros en defender el derecho que tiene el pueblo a tomar la calle. Así como lo hacen en Conga, Espinar, Tambo Grande, y en otros lugares de nuestro país. Decir lo contrario ahora, es cinismo puro. O para ser más preciso: ceguera ideológica absoluta.



Defensores de gobiernos autoritarios

Eso son nuestros derechistas e izquierdistas. En eso se han convertido. A eso se dedican. Mientras el autócrata que los gobierna no sea uno de los suyos, entonces el pueblo tiene el derecho a movilizarse y defender sus derechos. Cuando el líder autoritario goza de su simpatía, entonces la protesta debe ser criminalizada y todos los opositores deben ser acusados de golpistas.


¿Qué futuro le espera a la democracia en nuestro país? Fue la pregunta con la que inicié esta columna. El futuro no es otro que la repetición de nuestro presente, mientras los demócratas (diestros y zurdos) no seamos mayoría en el Perú, nuestra democracia se seguirá jugando la cabeza en cada proceso electoral. Porque ya sabemos, derechistas e izquierdistas, brutos y achorados, tenemos por montones. Ellos saldrán y defenderán a su dictadorzuelo siempre que este les ofrezca defender sus intereses de grupo. Estamos todos avisados.

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