viernes, 25 de junio de 2010

Obscenidad y pornografía: cuando la cucufatería amenaza la libertad de expresión


Una vez más nuestro congreso hace gala de su reconocida e indiscutible capacidad para tomar decisiones desacertadas y carentes de todo tipo de sustento lógico y jurídico. Con un afán de protagonismo y figuretismo pocas veces visto entre los padres de la patria (así les gusta ser llamados), un grupo de parlamentarios, encabezados por el tristemente célebre Ricardo Belmont, han decidido autoproclamarse como los defensores de la niñez y adolescencia, aprobando, por unanimidad (es decir en esa sesión las neuronas estuvieron de asueto), un proyecto de ley mediante el cual se pretende penalizar con prisión efectiva de entre 2 y 6 años a gerentes, directores y editores de medios de comunicación que publiquen imágenes, mensajes o audios considerados obscenos y/o pornográficos que lesionen el pudor público, especialmente el de los menores de 18 años de edad.

Para Belmont y compañía, la finalidad de esta iniciativa legislativa no es otra que la defensa de la moral y las buenas costumbres, librando a los niños y adolescentes de contenidos e imágenes perniciosas que afecten su desarrollo y su pureza. Para ellos, la prensa, o un sector muy importante de la misma, viene desarrollando una actividad contraria a los principios éticos, morales y las buenas costumbres, menoscabando los sagrados valores de la familia, atentando contra la decencia y moral de todos los peruanos y peruanas.

Creo que nadie puede estar en contra de una finalidad tan altruista como la defensa de la niñez y la adolescencia. Nadie podría oponerse a una campaña que nacida desde la propia ciudadanía pretenda elevar el nivel de nuestra televisión y de los medios de comunicación masivo en nuestro país. Es sabido por todos que nuestro país presenta los peores estándares de calidad televisiva en la región. Lo que debe de preocuparnos a todos los que defendemos ciertos valores como la libertad de expresión, piedra fundamental del sistema democrático, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la manera como se pretende llevar a cabo este cometido. Debemos de verificar si una iniciativa como la que se pretende aprobar en el pleno del Congreso es o no contraria a los preceptos que nuestra Constitución consagra, evitando así que la posible solución del problema que pretendemos resolver menoscabe los valores de una sociedad democrática como la que pretendemos construir.

La sociedad moderna cuenta dentro de sí con una serie de mecanismos de control social. Mecanismos que permiten la convivencia pacífica y armónica entre todos los individuos. Estos mecanismos establecen una serie de reglas de conducta destinadas a incentivar o desincentivar, según sea el caso, la realización de determinadas conductas. Dentro de este conjunto de reglas encontramos a las leyes o normas penales. Estas resultan particularmente interesantes ya que son las únicas que cuentan con el aval del Estado al momento de exigir su cumplimiento, de allí la necesidad de analizar de manera objetiva la penalización o no de ciertos comportamientos.

Teniendo en cuenta lo antes dicho, cabe preguntarnos lo siguiente ¿Resulta conveniente penalizar cualquier tipo de conducta? No. Sólo se penalizan aquellas que sean realmente graves, es decir aquellas que puedan generar un perjuicio para el derecho de un tercero o lesionen algún bien público, por ello el Derecho Penal es visto como un mecanismo de control excepcional, ya que el Estado no puede ir restringiendo la libertad de los individuos a través de la penalización indiscriminada de conductas. Pero más allá de ello, ¿Si el Estado decide penalizar alguna conducta y perseguir algún delito debe observar alguna regla para evitar que ese proceder pueda convertirse en injusto o arbitrario? Sí. Nuestra Constitución, señala que nadie pude ser penado por un delito que no esté calificado como tal previamente, siempre que dicha calificación se ha hecha de manera clara y precisa. Esta exigencia es una garantía para todo ciudadano. Es una garantía frente a las posibles arbitrariedades que la administración de justicia pueda cometer al momento de interpretar si alguien ha cometido o no un delito.

Dicho todo ello, resulta absolutamente peligroso que se pretenda sancionar a editores, gerentes y editores de miedos de comunicación por publicaciones obscenas y pornográficas que lesionen el pudor público. No es necesario ser muy avispado para darse cuenta que si lo que se requiere para sancionar penalmente a una persona es la descripción precisa y clara de la conducta punible, una regulación tan imprecisa como la descrita, es absolutamente inconstitucional.

¿Qué debemos entender los ciudadanos por actos o imágenes obscenas? ¿Cómo diferenciar lo pornográfico de lo erótico o lo sexual? ¿Cualquier imagen de una mujer desnuda resulta obscena o pornográfica? ¿Lo obsceno sólo se vincula al ámbito de lo sexual o es que tiene otras connotaciones? Como bien apuntan los especialistas, el término obsceno (que no se sabe si es usado como sinónimo o no de pornográfico por los legisladores) es un concepto indeterminado, y por ende, es muy pocas veces usado en el terreno penal, ya que puede traer consigo la actuación arbitraria y absolutamente discrecional de la autoridad llamada a determinar su contenido, sin otro parámetro de validez que su propio saber y entender.

Este es un término tan difuso que incluso los impulsores de esta insensatez jurídica no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a su contenido. Para uno la difusión de lisuras o palabras subidas de tono (carajo, mierda o joder quizá) califica como acto obsceno. Para otro, el baile del tubo era un acto obsceno (cuidado Gisela Valcárcel será mejor que cambies este baile por un vals en tu programa). Para un tercero, cualquier escena de sexo era algo obsceno y reprobable (prepárense sólo podremos ver canal 7). ¿Ello demuestra que nuestros legisladores son poco conocedores de nuestra lengua? No. Ello demuestra que en una sociedad como la nuestra y en cualquier otra, cada ciudadano posee el derecho de decidir que cosa es obscena y qué cosa no. Y por ello, cada ciudadano es libre de cambiar de canal cuando estime que las imágenes que se propalan son contrarias a su moral, es libre de comprar tal o cual periódico de acuerdo a sus preferencias personales y es libre también de sintonizar la radio que desee y mejor se ajuste a sus gustos.

¿Qué podría ocurrir si esta iniciativa prospera? Lo más probable es que sea declarada inconstitucional como antes he señalado. Pero hasta que ello suceda todos los ciudadanos, y en especial los medios de comunicación, se encontrarán a merced de lo que un juez de la república decida entender por obsceno o pornográfico. Puede que una denuncia llegue al despacho de un juez católico, de 65 años, conservador y homofóbico como Belmont (los que han visto alguna vez su programa saben de qué hablo), resultado: pena privativa de la libertad entre 2 y 6 años. Pero también puede que esa misma denuncia llegue a manos de un juez laico, liberal, de 35 años, de esos pocos que tenemos en nuestro Poder Judicial, resultado: archivamiento del proceso. Cómo es posible prever, el nivel de inseguridad jurídica y amenaza al derecho a la igualdad de los justiciables es enorme con iniciativas de este tipo. Por eso, es que la comunidad jurídica en su conjunto, las principales organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión en este país y algunos interesados en el tema, dentro de los cuales me incluyo, mostramos nuestro total rechazo a una medida de este tipo, que lejos de defender, como populistamente lo trata de hacer ver el señor Ricardo “el homofóbico” Belmont, no hace sino dejar la puerta abierta para la restricción de la libertad de expresión en nuestro país, justo ahora, cuando nos encontramos en vísperas del inicio de un año electoral, tiempo en el cual es necesario dotar a la prensa de todas las garantías necesarias para que pueda ejercer, con total independencia y autonomía, su labor de crítica y fiscalización frente al poder político.

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jueves, 17 de junio de 2010

¿Sendero Luminoso vuelve a la universidad?


Hace algunos días, los principales medios de comunicación informan sobre una movilización hecha por un grupo de aproximadamente 50 personas al interior del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al parecer, y el video de dicha reunión parece así demostrarlo, se trataría de un grupo de jóvenes vinculados a grupos radicales que provistos de afiches, banderas y pancartas marchaban y lanzaban arengas solicitando la amnistía del ex cabecilla terrorista Abimael Guzmán y de otros senderistas condenados, de terroristas a los cuales ellos denominan “presos políticos”.


Según testimonios de algunos profesores y alumnos de dicha casa de estudios, la marcha se llevó a cabo minutos después de culminada la presentación de la exposición de Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán, quien señaló que fue invitado por un grupo de estudiantes a participar en una conferencia sobre el pensamiento de José Carlos Mariátegui, y en la cual aprovechó para conversar y plantear la tesis que ya todos conocemos: la necesidad de iniciar un proceso de reconciliación nacional a partir de la promulgación de una ley de amnistía general para los terroristas condenados, incluyendo desde luego, a su cliente Abimael Guzmán.


Como era previsible suponer, las imágenes propaladas han despertado la indignación entre miles de peruanos y peruanas que recordando la época de terror vivida entre las década de los ochenta e inicios de los noventa a causa de la violencia fratricida de Sendero Luminoso, han mostrado su total rechazo y preocupación por la manera cómo grupos vinculados a este movimiento subversivo, desarrollan con absoluta libertad una serie de actividades propagandísticas al interior de la Universidad de San Marcos. Pareciera que las imágenes del pasado, que se creían enterradas, surgen con nuevos bríos entre los estudiantes, pareciera que la labor proselitista de los movimientos de izquierda radical, de movimientos violentistas y fanáticos, que aún pululan en la universidad, cobran nueva fuerza entre algunos estudiantes, me señalaban dos profesores san marquinos amigos míos.


Se conoce que el trabajo político que estos grupos realizan en la actualidad se concentra en la captación de aquellos alumnos de escasos recursos que vistos en la necesidad de recurrir al comedor universitario y a la residencia estudiantil en procura de alimento y vivienda, mantienen, voluntariamente o no, cierto contacto con estos personajes. Ellos aprovechan estos espacios para dar a conocer entre los estudiantes su prédica, una prédica que ya no enarbola las banderas de la lucha armada, o la búsqueda del poder a través del fusil, esta vez se trata de un discurso básicamente político e ideológico, ellos hablan de la necesidad de buscar una salida política al conflicto interno, lo cual no es otra cosa que el pedido de amnistía para los líderes terroristas que fueran en su oportunidad, capturados, juzgados y sentenciados por sus crímenes cometidos contra la sociedad y el Estado.


En ese sentido, creo importante abordar esta problemática desde una doble visión. Una visión básicamente jurídica, la cual nos permita saber si este tipo de prácticas desarrolladas en la universidad constituyen algún tipo de delito. Y a su turno, una visión que aborde la dimensión política del tema, en la cual podamos apreciar cuál es y cuál debe ser la respuesta que la sociedad y el Estado deben brindar a este tipo de fenómenos.


De manera apresurada creo yo, algunos medios de comunicación y algunos representantes de nuestra fauna política (disculpen el término pero a estas alturas me cuesta trabajo creer que en el Perú tenemos “clase política”) se han empeñado en señalar que en dicha concentración estudiantil se han configurado una serie de delitos. Unos hablan del delito de terrorismo, otros del delito de apología del terrorismo, y otros más, sostienen que los participantes no hacen sino incitar a la violencia y el desorden público. Como no todos en el Perú son personas que conozcan de leyes, y como no todo periodista al parecer se esfuerza por investigar más en torno al tema, resulta interesante analizar estas hipótesis, sobre todo, la vinculada a la denominada apología del terrorismo, ya que no se necesita ser un jurisconsulto de fuste para saber que delito de terrorismo o instigación a la violencia y el desorden público en este caso no existen.


Es sabido que el delito de apología se tipifica en el Código Penal como la exaltación de un hecho ilícito o de la persona condenada como autor o partícipe. En ese sentido, se requiere que alguien, de manera expresa, reivindique la realización de un ilícito, terrorista en este caso, o que vanagloria o exalte la figura de un condenado por terrorismo como autor o partícipe. Hecha esta precisión conceptual la pregunta cae por su propio peso: ¿Las arengas hechas por estas personas solicitando la amnistía para los condenados por terrorismo como parte de un proceso de reconciliación nacional supone la reivindicación del delito de terrorismo o la exaltación de la figura de un terrorista? La respuesta es sencilla: no. En principio, si tomamos como referencia lo dado a conocer por los medios, este tipo de práctica no puede ser considerada de ninguna manera como una apología del terrorismo. Entonces, si no estamos frente a un acto de apología del terrorismo ¿Cómo calificar este tipo de conductas? Muy simple: nos guste o no, equivocados o no, fronterizos o no, las personas que han llevado a cabo esta concentración y han emitido este tipo de arengas no han hecho sino ejercer libremente su derecho a la libertad de opinión y expresión consagrados en nuestra Constitución. Por ese lado entonces, no caigamos en el juego de los falsos defensores del orden y la seguridad de siempre, de esos que haciendo gala de su total ignorancia jurídica nos quieren vender el cuento a todos los peruanos que ellos iniciaran acciones legales para perseguir penalmente a estos revoltosos y pedir les caiga “todo el peso de le ley” (a estas alturas me cuesta creer que la ley en el Perú tenga algún peso).


Pero bien, aún cuando los actos descritos no configuren ilícitos penales, es preciso preguntarnos por la relevancia social y política que estos puedan tener. Pero, sobre todo, por la necesidad de fortalecer el trabajo político de los partidos y los movimientos sociales defensores de la Constitución al interior de nuestra sociedad y por la situación de la universidad pública en nuestro país.


Como señaláramos anteriormente, la estrategia de estos grupos es dar a conocer y difundir entre los estudiantes un discurso político e ideológico a partir del cual se reconozca a los senderistas, como auténticos luchadores sociales, que por sus ideales altruistas y revolucionarios purgan condenan injustamente. Frente a ese discurso, frente a esa prédica maniquea, que se esfuerza en distorsionar la realidad, llamando lucha social al asesinato, la extorsión, el secuestro, la violación, los coche bombas, es necesario contraponer en el terreno político una corriente de pensamiento capaz de desnudar la pobreza y carencia intelectual de quienes la promueven. Es necesario, mostrarle al joven estudiante, a ese joven que por fortuna no vivió los años del terror, lo absurdo del pensamiento senderista, demostrando que el fundamentalismo violentista y la búsqueda del poder a través del empleo de las armas únicamente trae como consecuencia la muerte de miles y miles de hombres y mujeres peruanas, la pérdida de millones de dólares en daños materiales, tal y como sucediera en nuestro país durante aquellos años, condenando al país a la miseria, la pobreza y el atraso. En esa tarea, son los partidos políticos los llamados a dar batalla en el campo ideológico, en los medios de comunicación, en las universidades, en los centros de estudios, es necesario difundir un discurso político democrático entre los jóvenes, basado en el respeto, la tolerancia y el pluralismo de ideas.


De otra parte, resulta penoso ver cómo nuestras autoridades, dando muestras de una frivolidad que nos apena más y más cada día, se inculpan las unas a las otras, responsabilizándose por la excarcelación de terroristas, por el fracaso del sistema de inteligencia nacional, por la falta de efectivos policiales y de recursos que hagan posible el seguimiento de aquellos líderes terroristas que siendo liberados puedan caer en la tentación de retomar la lucha. No es posible que estos señores, en lugar de asumir una posición clara y firme frente a la lucha contra el terrorismo, la cual no es únicamente policial o militar, sino también política e ideológica, antepongan sus intereses electorales a la salud democrática de todo nuestro país. Cómo es posible que los comedores y residencia universitarias de la universidad nacional más importante del país como es San Marcos, se hayan convertido, de un tiempo a esta parte, en verdadera tierra de nadie, en la cual un grupo de revoltosos pueda tomar estos espacios, obligando muchas veces, como narran algunos estudiantes, a decenas de alumnos a escucharlos, por temor a sufrir algún tipo de represalia.


Cabe decir sin embargo, que la presencia de estos grupos es bastante reducida, no son sino un puñado de sujetos que mediante arengas y banderas rojas tratan de buscar cierta notoriedad y protagonismo. Ello no obstante, no puede llevarnos a creer que no es necesario asumir una política de lucha frontal contra este tipo de prédica en el debate político. El Perú de la actualidad, el joven de nuestros tiempos, es un individuo menos ideologizado, es un hombre apolítico si se quiere, es básicamente pragmático, en ese sentido, es poco probable, por no decir imposible, que Sendero vuelva a adquirir la fuerza que tuvo en los ochenta. No es cierto que estemos ante un inminente rebrote de Sendero en la universidad peruana, no es cierto que todos o la mayoría de terroristas liberados hayan vuelto a las andadas, y fusil y panfletos en mano sigan exaltando el Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Pensamiento Gonzalo. Hoy en día, las huestes de Sendero están identificadas, el Huallaga y el VRAE son las zonas en las que desarrollan sus acciones. Hagámosle conocer a los jóvenes, a los estudiantes de nuestro país, que esos luchadores sociales, a los cuales algunos denominan presos políticos, que esos seudo revolucionarios que aun en nuestro días pintan de rojo e izan algunos trapos en nuestra selva, no son otra cosa que los socios predilectos y sicarios del narcotráfico.

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viernes, 11 de junio de 2010

El caso de Stephany Flores: reflexiones sobre la criminalidad y la violencia entre los jóvenes


El crimen de la joven Stephany Tatiana Flores Ramírez ha conmocionado a toda la sociedad limeña. La manera como su cuerpo fue encontrado muerto denotan una brutalidad y un ensañamiento espantosos. El dolor que para los padres, familiares y amigos ha significado la pérdida de esta joven de 21 años es indescriptible. Todos, absolutamente todos, de alguna u otra manera hemos visto en la joven la figura de una hermana, prima o amiga que en compañía de otras tantas decide disfrutar de una noche de diversión sabatina sin presagiar que la muerte tocaba a su puerta.


El asesinato de esta joven a manos del presunto homicida, el holandés Joran Andreas Petrus Van Der Sloot, pone en cuestión un tema que a mi parecer es de suma importancia para el análisis de este tipo de penosos sucesos. Un tema vinculado al nivel de violencia al cual se ha llegado en nuestra sociedad, sobre todo en lo referido al comportamiento criminal registrado entre los jóvenes y adolescentes de nuestro país.


Cuando uno revisa las cifras de informes científicos y estadísticos realizados por instituciones dedicadas al estudio e investigación de este tipo de temas, como el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno llega a la conclusión que América Latina y el Caribe es la región con los mayores índices de criminalidad entre la población joven.


Lo más alarmante, más allá de esta constatación de por sí estremecedora, es que la criminalidad juvenil, lejos de ir disminuyendo, parece haber entrado en una etapa de franco crecimiento a nivel de toda la región. Tal y como se señala en el mencionado trabajo, este es un proceso que se inició hace ya algunas décadas, un fenómeno que no habiendo recibido por parte de los gobiernos un adecuado tratamiento a través de una política social, educativa y de seguridad efectiva, ha convertido al tema de la criminalidad y la violencia en el principal problema de la región, superando, incluso, a otros como el desempleo, la marginalidad o la corrupción. Las cifras demuestran que hoy por hoy nuestro continente atraviesa un problema generalizado de inseguridad, un problema en el cual sus principales actores no superan los 25 años de edad en promedio.


Así, tenemos que mientras en Europa la tasa de homicidios es de 8,9 por cada 100 mil habitantes, o en las regiones del Pacífico Occidental y Oriental ésta asciende a 3,4 y 5,8, respectivamente, América Latina presenta un promedio de 25,6. A estas cifras, de por sí escalofriantes, habría que añadir un apunte adicional. Cuando se desglosan estas cifras, y se toma como referencia los índices de homicidios registrados entre jóvenes entre 19 y 29 años, la tasa de 25, 6 antes señalada experimenta un crecimiento exponencial elevando dicha cifra a 69,8 por cada 100 mil habitantes. Ahora bien, si se toma en cuenta los niveles de ingresos de la población joven tenemos que mientras en el grupo de los jóvenes de mayores ingresos la tasa es de 21,4, en los sectores medios y bajos se eleva hasta 89,7.


Todos estos datos y cifras llevan a la Comisión Interamericana a plantear dos conclusiones generales. La primera de ellas señala que la región registra la tasa de violencia más alta del mundo, como parte de una tendencia que también se verifica a nivel mundial. Y la segunda es que los sectores de la sociedad que estuvieron históricamente excluidos vuelven a ser los más afectados en este tema. Resulta lógico pensar que el comportamiento criminal y violento entre los jóvenes se ve potenciado en aquellas zonas en las cuales la pobreza, la exclusión, la marginalidad condenan a familias enteras a vivir en la miseria generación tras generación. Los jóvenes, señalan otros estudios, a los cuales muchas veces no se les brinda la posibilidad de alcanzar niveles de desarrollo educacional y social que les permitan tener una mayor posibilidad de acceso al mercado laboral, encuentran en la pandilla, la banda o el grupo criminal un vehículo fácil para alcanzar prestigio, dinero y reconocimiento, un reconocimiento que muchas veces les es negado un Estado y una sociedad que los invisibiliza.


¿Qué se ha hecho frente a ello? ¿Qué políticas o medidas se han ensayado durante los últimos años para dar solución a este flagelo social? ¿Qué criterios deberían ser tomados en cuenta al momento de diseñar las nuevas políticas gubernamentales de los próximos años?


Contrario a lo que muchos piensan, contrario a lo que muchos seudo especialistas en materia penal y policial han señalado año tras año, el informe demuestra, mediante la recopilación de datos y opiniones de especialistas de la región, que la denominada política de mano dura, aquella que basa su accionar en el endurecimiento de las penas, en la restricción de beneficios carcelarios, en el tratamiento única y exclusivamente punitivo del derecho penal y penitenciario, o peor aún, en la disminución del número de años (de 18 a 16, por ejemplo) como condición para que una persona sea pasible de recibir una sanción penal efectiva, ha fracasado rotundamente en nuestro continente.


El informe señala que más allá de consideraciones criminalísticas o jurídicas debemos partir por reconocer que el tema de la violencia y la criminalidad encuentran su raíz en la manera como la sociedad se ha configurado y en la respuesta que a esa dinámica ha venido dándose por parte de los diferentes grupos de individuos. Siendo un problema social, denota ciertamente la fractura estructural que muchos de los países de la región experimentamos, una fractura que nos impide consolidarnos como sociedades auténticamente democráticas, en las cuales los índices de marginalidad y pobreza se vayan disminuyendo paulatinamente, cerrando la enorme brecha existente entre ricos y pobres que se registra en nuestras tierras, cifras que hacen de América Latina el continente con la mayor desigualdad entre aquellos a los cuales la vida les sonríe económicamente y aquellos otros que llevan los bolsillos únicamente cargados de miseria.


Para ello es necesario ensayar una propuesta integradora, que abarque el campo sociológico, psicológico, jurídico, antropológico y educativo. Es necesario que esa propuesta que se elabore goce del apoyo político necesario para que pueda permanecer vigente en el tiempo. Se requiere de un consenso de largo plazo entre las fuerzas políticas de todos los países en el cual todos los actores se comprometan a mantener los lineamientos de la misma independientemente de la persona o partido que asuma el gobierno de los diferentes Estados de nuestra América Latina.


Así mismo, se torna imprescindible la participación de la sociedad civil y de instituciones de alcance regional para la verificación y supervisión del avance en la implementación de estas políticas gubernamentales. Si algo nos ha demostrado la historia más reciente de nuestros pueblos, es que ninguna política a corto, mediano o largo plazo alcanza sus objetivos sino cuenta con una legitimidad social que le permita instalarse en el imaginario de la sociedad generando un cambio de actitud y una reformulación de paradigmas a nivel cultural que permitan afrontar con éxito los desafíos de los nuevos tiempos.


En ese sentido, y tomando, tristemente como referencia, el penoso caso de Stephany Tatiana Flores Ramírez, es necesario replantearnos como sociedad, el rol que a los padres de familia les toca asumir en la conducción y educación de los hijos y los patrones de conducta y estilos de vida que los jóvenes de Lima y de todo el Perú han ido adoptando en los últimos años.


Sería por demás injusto e inhumando culpar, como lo han hecho algunos medios de comunicación conservadores y machistas, a la propia víctima de tan triste final. Decir que una mujercita de bien, que una joven honesta y decente no debería andar sola por las calles de Lima, y muchos menos, sentarse a las mesas del póker en horas no adecuadas, es francamente una afirmación cavernaria a estas alturas del desarrollo de la humanidad. Decir que ella se buscó su final, que mi hija o la hija de mi hermano no irían jamás al cuarto de hotel de un hombre al que recién conocen es mirar la realidad con una venda en los ojos, que seguramente el padre no la supo educar, o que en casa no encontró los modelos adecuados a seguir, son todas ellas afirmaciones delirantes e indignantes si tomamos por un momento en cuenta el dolor que solo una madre y un padre puede experimentar por la pérdida del hijo que en adelante estará eternamente ausente. Nadie, por más cuidadoso que este sea, está libre de toparse en la calle con algún loco, algún criminal que por 10000, 1000, 100 o 10 dólares esté dispuesto a arrebatarnos la vida. Ello, no quiere decir sin embargo, que en la medida de lo posible los jóvenes, sin importar el sexo, hombres o mujeres, veamos en este caso una oportunidad para reflexionar, para repensar la manera como vivimos o creemos vivir. Porque la vida solo tiene sentido en la medida que los momentos de placer y alegría superen a los de pesar y tristeza, porque la ilusión de todos es prolongar esa alegría por largos años.


Esperemos, finalmente, que la justicia se encargue de encontrar y sancionar al culpable. Esperemos que la justicia le devuelva, en la medida de lo posible, la tranquilidad y reconforte a la familia Flores. Esperemos que los medios de comunicación sean respetuosos del dolor ajeno y no se esfuercen en detallar y mostrar las imágenes de familiares llorando o resquebrajándose con el único afán de vender más titulares. Esperemos, que la cobertura mediática que este caso está recibiendo, exagerada muchas veces creo yo, no sea utilizada por los mismos politicastros de siempre capaces de usar el dolor ajeno como cortina de humo para tapar sus pillajes, sus bribonadas y corruptelas.

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domingo, 6 de junio de 2010

Las elecciones en Colombia: victoria de Santos y desplome de Mockus



Juan Manuel Santos Calderón, candidato por el Partido Social de Unidad Nacional (Partido del actual presidente colombiano Álvaro Uribe) alcanzó el 46.5% de los votos frente al 21.4% de Antanas Mockus, candidato por el Partido Verde, en las elecciones del último domingo en el país cafetero.


Estas cifras electorales no tendrían nada de extraño si no fuera por el hecho que en días anteriores, y de manera casi general, todas las empresas encuestadoras hablaban de un empate técnico entre estos dos candidatos. En todos estos estudios, ambos candidatos alcanzaban porcentajes que fluctuaban entre el 30% y 35 % respectivamente. Finalmente, y luego de una jornada electoral que se desarrolló en un clima de paz y tranquilad que reconfortan y hablan bien del nivel de institucionalidad democrática alcanzado en el hermano país andino, la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar las elecciones colombianas, le alcanzaba al país las cifras oficiales: 6.7 millones de votos para Santos, frente a 3.1 millones de sufragios para Mockus. No obstante la abrumadora diferencia existente entre ambos candidatos, ésta no fue suficiente para alcanzar el 50% de los votos válidos, cifra necesaria para evitar ir a una segunda vuelta entre ambos líderes, la cual se realizará el próximo 20 de junio.


¿Quiénes son estos candidatos que en las últimas semanas hacían presagiar un final de fotografía en su camino hacia la presidencia colombiana? ¿Qué factores han inclinado la balanza a favor de Santos? ¿En qué fallaron las empresas encuestadoras al momento de lanzar sus pronósticos? Son algunas de las preguntas que trataremos de absolver a continuación.


Juan Manuel Santos, político, periodista y economista de 58 años de edad, se ha desempeñado como ministro de Estado durante la gestión de tres presidentes distintos. Fue nombrado ministro de Comercio Exterior por el ex presidente César Gaviria, años más tarde formó parte de la administración conservadora de Andrés Pastrana Arango, desempeñando el cargo de Ministro de Hacienda. Finalmente, y luego de abandonar las filas del partido liberal, decidió formar junto al presidente Uribe el denominado Partido de la U, ejerciendo el cargo de ministro de Defensa desde julio de 2006 hasta mayo de 2009, cargo del cual tuvo que alejarse para poder ser candidato a la presidencia por el partido de gobierno.


Antanas Mockus, político, filósofo y matemático de 58 años, ha sido alcalde de Bogotá durante dos periodos (1995-1998 y 2001-2004). En el año de 1997 decide renunciar al cargo de alcalde para tentar la candidatura presidencial de su país pero luego acepta formar parte de la fórmula presidencial de la candidata Noemí Sanín como su vicepresidente. Luego de 10 años desde esa aventura presidencial al lado de la tradicional Sanín, se adhiere en setiembre de 2009 al Partido Verde colombiano, junto con otro grupo importante de líderes, entre los cuales destacan los ex alcaldes de Bogotá Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. Finalmente, en marzo de 2010 es elegido mediante consulta popular como el candidato presidencial del Partido Verde para las elecciones presidenciales colombianas de 2010.


Se trata pues de dos candidatos con una reconocida trayectoria académica y política. Los méritos de ambos líderes, su personal carisma, y la expectativa que la figura de ambos generó entre los colombianos, en especial entre los jóvenes de ese país, hacían de esta elección una contienda particularmente especial. Luego de anunciada la no candidatura del presidente Uribe a una tercera elección consecutiva, la figura de Santos se colocó en el centro del escenario político colombiano. Frente a ello, la oposición colombiana, las fuerzas políticas discrepantes del Uribismo vieron en Mockus a una persona capaz de concertar con diversos sectores progresistas, una persona con una capacidad de convocatoria tal que le permitiese competir en igualdad de condiciones con el candidato oficialista, más si se tiene en cuenta el aproximado 60% de respaldo que el gobierno del presidente Uribe recibe del pueblo colombiano en cada consulta de opinión.


En ese escenario, la figura de Mockus fue creciendo paulatinamente, los medios comunicación daban cuenta de la enorme acogida que su propuesta iba adquiriendo día a día, en especial entre el grupo de votantes más joven, el cual se sentía entusiasmado con el discurso del hombre al cual llamaban cariñosamente “mi profesor, mi candidato”, el cual se centraba básicamente en el combate contra la corrupción, la necesidad de promover fórmulas de desarrollo sostenibles capaces de armonizar las necesidades de la globalización con el respeto por la diversidad y los recursos naturales, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático, en palabras del propio Mockus, su discurso apuntaba a una verdadera revolución cultural, una revolución que le permitiera al pueblo colombiano entender que existen principios éticos que no pueden ser ajenos al quehacer político, que los fines no justifican necesariamente todos los medios, crítica que durante largo tiempo se le hiciera al gobierno de Uribe, al cual se le acusa de no haber asumido una posición de lucha frontal contra la corrupción y los grupos paramilitares.


Por su parte, Santos, con el apoyo del Partido de la U y el respaldo personal del presidente Uribe, el cual en más de una oportunidad lo catalogó como el mejor ministro colombiano de los último tiempos, se presentó ante el electorado como un candidato con experiencia política, ducho en el manejo de los recursos y la gestión pública, capaz de dar continuidad y profundizar el conjunto de políticas iniciadas por el uribismo, las mismas que a juicio de la mayoría de electores ha sido capaz de devolver la paz y la tranquilidad a las principales ciudades de Colombia, todo ello a partir de una política de seguridad dura y eficaz en el combate contra las FARC y el narcotráfico. A esa política de seguridad, Santos ofreció sumarle un nuevo conjunto de programas destinados a derrotar la pobreza, la exclusión y marginalidad. Santos se dio cuenta que el éxito de su campaña no podía centrarse únicamente en los logros obtenidos por el gobierno, y desde su ministerio, en la pacificación del país. El pueblo colombiano les exigía a los candidatos capacidad y compromiso a la hora de diseñar un programa de gobierno que se centrara en elevar los niveles de vida de la población. Durante largos años el esfuerzo de los gobiernos se concentró en la solución del problema colombiano mayor: la guerrilla. Hoy en día, el reto del nuevo gobierno pasa por dar respuesta al problema de la educación, de la salud y de la generación de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta ello, Santos, a través de un discurso sencillo, comprensible, hasta a veces simple, contario al de Mockus, al cual los especialistas han catalogado como un mensaje post liberal y de vanguardia, logró consolidar su respaldo, sobre todo en las provincias colombianos, en las zonas urbano marginales de ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla o Medellín, fueron estas zonas las que aseguraron y dieron un nuevo envión a la candidatura de Santos.


Un comentario especial merece la participación de las empresas encuestadoras en estas últimas elecciones colombianas. Teniendo en cuenta el grado de certeza y la técnica en el manejo de las encuestas de opinión que las encuestadoras han adquirido durante los últimos tiempos resulta inexplicable la diferencia existente entre los resultados oficiales y las proyecciones que se hacían antes del domingo de las elecciones. Son tres datos los que han sido destacados por los analistas como factores ha tomar en cuenta al momento de analizar este fenómeno. El primero de ellos está vinculado a la presencia del denominado voto voluntario en Colombia. Ninguna empresa en el mundo puede, en un país en el cual el voto es voluntario, proyectar a ciencia cierta el grado de participación electoral ha registrarse. Más aún si las muestras que se hacen se centran básicamente en las grandes ciudades o núcleos de desarrollo de los países, dejando de lado la percepción que la gente de las provincias y zonas marginales van formándose a medida que el día de las elecciones se va acercando. Un segundo punto que no se tomó en consideración por los analistas fue la presencia y el respaldo partidario que Santos recibiría de parte de su partido, como de los líderes y caciques regionales y provinciales, muchos de ellos vinculados o exmilitantes de los dos partidos tradicionales de Colombia: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Incluso se habla ya de numerosos casos de votantes que fueron convencidos de ir a las urnas ese domingo y manifestar su apoyo al candidato oficialista a cambio de favores y beneficios de diversa índole, lo que los especialistas han bautizado como clientelismo institucional. Finalmente, es innegable que durante cualquier campaña electoral los candidatos cometen errores que luego les pasan factura. Los comentarios de Mockus en los cuales se mostraba a favor de un aumento importante en los impuestos, así como de un posible acercamiento a la figura del presidente venezolano Hugo Chávez, con el cual durante ésta última época se han registrado innumerables confrontaciones gubernamentales, produjeron en la gente cierto rechazo a su candidatura, además no es algo novedoso el hecho que los votantes prefieran dar su respaldo a una persona a la cual ven como dotada de una mayor experiencia, mesura, y sobre en este caso, como el continuador de la gestión de un político tan exitoso como Uribe.


Creo, finalmente, que más allá de los yerros y equivocaciones que pueda haber cometido Mockus con declaraciones como las que hemos reseñado, con un discurso que no fue capaz de llegar con sencillez a la inmensa mayoría de los colombianos, en esta oportunidad Colombia optó por el continuismo, por un uribismo sin Uribe, sin desconocer por supuesto, la importante trayectoria y capacidad de un político como Santos, la cual se puso en evidencia en el discurso que ofreciera una vez conocidos los resultados, en el cual lejos de una triunfalismo exacerbado en el que hubiesen incurrido muchos políticos a la luz de la contundente victoria alcanzada en las urnas, supo articular con sencillez y prudencia, un mensaje en el cual además de agradecer la generosidad del pueblo colombiano, los convocó a formar junto a él un gobierno de unión en el cual se garantice la estabilidad y el desarrollo para todo Colombia. Desde mi punto de vista, salvo ocurre una auténtica catástrofe, la suerte de ambos candidatos está echada, y Santos es el virtual presidente de Colombia.

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