lunes, 23 de agosto de 2010

El matrimonio de Abimael Guzmán: el fracaso político de Sendero Luminoso


Abimael y Elena se unieron en matrimonio. No lo hicieron en ningún gran hotel de Lima, no lo hicieron en un salón de recepciones propio para la ocasión. Los ex cabecillas del movimiento terrorista más sanguinario de Latinoamérica, Sendero Luminoso, se dieron el sí en la Base Naval del Callao, centro de reclusión que alberga a la crema y nata de la delincuencia de nuestro país: Abimael Guzmán Reynoso, Víctor Polay Campos, Vladimiro Montesinos Torres, y hasta hace algún tiempo la feliz esposa, Elena Iparraguire Revoredo, entre otros, comparten el recinto.

No hubo brindis, ni música, ni baile, con que festejar. La sola decisión del gobierno aprista de permitir la boda entre los criminales era razón suficiente para la alegría de los novios. Algo que era impensable hasta hace algunos meses, teniendo en cuenta la postura del gobierno de separar a ambos terroristas, disponiendo el traslado de Elena al penal de Santa Mónica, se convirtió en realidad.

Abimael y Elena tienen una relación de larga data. Se dice que su relación se inició hace aproximadamente 20 años. Se dice incluso que el romance entre ellos es anterior a la muerte de la primera esposa de Abimael, Augusta La Torre, la camarada “Nora”, quien, a causa de razones aún poco claras, falleció en el año de 1989 a consecuencia de un paro cardiaco. Al menos, esa fue la versión que se manejo desde adentro de Sendero. Pero las dudas en torno a la verosimilitud de la misma aparecieron el mismo día que esta fue difundida. En su momento, incluso, se llegó a vincular a Elena con la muerte de su rival de afectos. Sin lugar a dudas, un triángulo amoroso que tuvo como personajes a los tres líderes de la cúpula senderista de los ochenta, personajes ocursos que decían no tener tiempo para el amor y las bajas pasiones burguesas, pues su mente, espíritu y convicción estaban de lado del pueblo y de la lucha de clases. Pero ya ven hasta los más desalmados delincuentes y asesinos tienen su corazoncito.

Hoy, casi 20 años luego de la muerte de la otrora esposa de Guzmán, y luego que las autoridades del Poder Judicial declararán oficialmente muerta a la camarada “Nora”, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre reciben la autorización de un gobierno democrático, al cual alguna vez pretendieron destruir, para celebrar su matrimonio. Resulta por demás curioso el pedido obtenido si tomamos en cuenta que durante mucho tiempo y como parte de su prédica seudo revolucionaria, tanto él como ella lanzaban sus críticas y amenazas contra todas aquellas instituciones pequeño burguesas, que como el matrimonio, eran utilizadas por la clase dominante para seguir embruteciendo y abusando del pueblo.

Un sector mayoritario de la prensa ha mostrado su absoluta disconformidad con la decisión del gobierno de dar luz verde a esta unión. Se preguntan si luego de ello la pareja, con la anuencia del gobierno, también pretenderá recibir la bendición de un sacerdote y darse el sí frente al altar a los pies de Jesucristo. La imagen no deja de ser seductora, por el efecto simbólico de la misma, aunque poco probable. Se imaginan a estos dos asesinos postrados frente a la divinidad, solicitándole su bendición, luego de haberse declarado marxistas y materialistas. Se imaginan el retroceso ideológico sufrido en las mentes de Abimael y Elena para si quiera imaginar un evento de tal naturaleza. No, yo no me lo imagino, por ser poco probable y porque a pesar de todo, de los años de encierro, y la soledad de los personajes, la de Abimael, es sin duda mayor que la de Elena, algún recodo de coherencia ideológica mantienen. Aunque como se dice, en el Perú todo es posible. Cotler dice que en nuestro país sólo falta que llueva para arriba, yo diría que en nuestro país solo falta que Cipriani bendiga a Guzmán. Aunque si de algo estoy seguro, es que el Perú es el lugar donde todo, absolutamente todo es posible.

No obstante lo antes dicho, algunas preguntas han quedado abiertas en el escenario político nacional y en la discusión mediática desatada en torno al tema. ¿Tiene el derecho un recluso de solicitar se le permita contraer nupcias? ¿Una vez casado, el recluso tiene el derecho de solicitar el beneficio de la visita conyugal? Estas son algunas preguntas que creo yo merecen algún tipo de respuesta y que en esta oportunidad trataré de absolver.

Cuando una persona, cualquier que esta sea, por el delito que fuera, es sentenciada a purgar condena, pierde únicamente el derecho a la libertad, a la libertad de tránsito para ser específicos. Se priva a la persona de este derecho recluyéndola en un establecimiento penitenciario, y además se la priva de otros derechos políticos fijados en la misma sentencia. Lejos de estar de acuerdo o no, esta es la razón por la cual los presos no pueden ejercer su derecho de sufragio, tal y como se desprende la lectura del artículo 33º de nuestra Constitución. En ese sentido, no existe prohibición legal, ni razones de fondo creo yo para sostener de manera enfática que una persona que purga condena por 5, 10, 15 o x años, no pueda solicitar se le otorgue este permiso. Es cierto que las limitaciones serán mayores teniendo en cuenta la peligrosidad de la persona quien solicita el permiso y el tipo de delito por el cual fue sancionado. Pero una respuesta absoluta en torno a la improcedencia de tal solicitud creo yo no goza de un aval legal.

Siendo ello así, la respuesta a la segunda interrogante parece resultar más que obvia. Si el Estado ya concedió el permiso para contraer matrimonio, no puede luego negarle el beneficio de la denominada “visita conyugal o visita íntima”. Ello no es posible pues de hacerlo se podía incurrir en una medida que en algún modo podría resultar discriminatoria. Ello no quiere decir que la visita se llevará a cabo todos los días, por largas horas, y en el mejor recinto del penal. Una vez más, son las autoridades las que deberán tomar todas las medidas correspondientes a fin de hacer viable el beneficio, salvaguardando, al mismo tiempo, la seguridad, el orden y la tranquilidad, de todos los peruanos.

Esto que para algunos nos queda claro y nos parece razonable, al parecer no lo era para el gobierno y sus voceros hace apenas algunos meses. Esa indecisión, esta falta de coherencia en los principales funcionarios y autoridades allegadas a Palacio de Gobierno, hace que las dudas y especulaciones en torno al porqué de la decisión cobren mayor fuerza día a día, generando inestabilidad y confusión en la ciudadanía. Resulta, por lo menos extraño, que el Vicepresidente de la República, Luis Giampietri, para quien las ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el Perú son algo así como la encarnación de la quinta espada del marxismo, leninismo, maoísmo, Pensamiento Gonzalo, salga ahora a decirle al país que no encuentra mayor problema en otorgarle el permiso a Abimael y Elena para contraer matrimonio. Lo mismo ocurre con el premier, Javier Velásquez Quesquén, quien en agosto del año pasado señalaba que era una necesidad impostergable la separación de los líderes senderistas de la Base Naval del Callao, por razones de seguridad, para evitar que compartiesen información y sigan adoctrinando a sus huestes desde la cárcel, justificando de ese modo, el traslado de Elena del mencionado establecimiento al penal de Santa Mónica, muestre hoy en día una actitud más tolerante con el ruego de Guzmán y compañía, sabiendo, como sin duda lo sabe, que una vez concedido el pedido, el siguiente paso es el de las visitas conyugales. ¿Qué ocurrió en el camino, qué pasó entre agosto del 2009 y este mes para que el gobierno cambiase abruptamente de opinión en este tema? ¿Cortina de humo acaso? ¿Ayudita electoral al partido color naranja?

Pero volviendo al tema de la boda, ya que creo que todos, o la mayoría de peruanos, somos inteligentes y sabemos cuáles han sido las motivaciones de este vuelco de timón en el aprismo, debemos decir que la boda, según informan los periódicos duró aproximadamente 15 minutos, tiempo suficiente para recibir la felicitación, o en todo caso, la anuencia tácita de las personas que oficiaron de testigos en la boda. Sobre este punto me quiero detener un momento. Según declaraciones de Alfredo Crespo, abogado de ambos cabecillas terroristas, se sabe que el mismísimo Alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, fue quien ofició la boda. Ahora, en cuanto a los testigos, Elena tuvo de su lado a su hermana Cecilia; y por parte de Guzmán, los testigos fueron el presidente del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal y el jefe de prisión de la Base Naval del Callao. En otras palabras, y eso es lo que resulta por demás paradójico, Guzmán no sólo tuvo que ponerse en cuclillas ante el gobierno, rogándoles a los representantes del Estado, de ese Estado al cual tildaban de burgués, de opresor, de genocida y caduco, al cual petardearon desde sus más profundas entrañas, para obtener el permiso para la boda, sino que peor aún, tuvo como testigos de matrimonio a sus perpetuos captores, al Jefe del INPE y al encargado de la seguridad del establecimiento donde seguirá purgando condena.

Díganme entonces ahora si eso no es la muestra más evidente del fracaso, de la derrota política de Sendero Luminoso, de su ocaso y final en todos los terrenos. Si se sabía, si sus propios militantes, porque algunos orates todavía deben quedar regados por algún rincón de nuestra patria, ya habían tomado nota de su derrota militar, este matrimonio, no hace sino tornar más evidente el fracaso político e ideológico del discurso que en su momento enarboló Guzmán y que trajo como consecuencia, la desgarradora cifra de más de 30000 peruanos muertos ha causa de su violencia fratricida. En nuestros días, Sendero se aparta de sus principios ideológicos, sus líderes, en cárcel o no, vuelven sobre sus pasos, se someten a los principios del Estado de Derecho y de la Democracia, utilizan las instituciones burguesas que tanto aborrecían. Por eso no resulta extraño que el Sendero que hoy enfrenta el Estado, en las zonas del VRAE o el Huallaga, no sea sino una pandilla de asesinos y sicarios pagados por el dinero del narcotráfico. Atrás quedó la idea de hacer del Perú la cuna de la revolución campesina y proletaria mundial, atrás quedaron las consignas afiebradas que calificaban a Guzmán como el genio creador de un mundo nuevo, la materialización de la evolución de la materia cósmica, y todas esas huachafadas que jamás lograron fundamentar racionalmente. Hoy Sendero, y lo digo con el cuidado de no caer en triunfalismos que nos hagan bajar la guardia frente a los rezagos todavía presentes en la selva de nuestro país, no es sino un terrible recuerdo en la historia de nuestro país, Sendero es eso y nada más, el pasaje más triste de la historia peruana del siglo XX, una historia que todos nos debemos esforzar en no volver a repetir.

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lunes, 16 de agosto de 2010

Legalización de la marihuana y lucha contra el narcotráfico


Con motivo del inicio de los Diálogos por la Seguridad llevado a cabo en México, una vez más el tema de la legalización de la marihuana y otras drogas ha vuelto a captar el interés de la opinión pública mexicana y latinoamericana. En esta oportunidad, el representante del movimiento “México unido contra la delincuencia” interpeló al presidente mexicano, Felipe Calderón, en los siguientes términos: ¿Legalizar las drogas no debiera ser un PLAN B para combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Contra todo pronóstico, dada las características políticas e ideológicas de Calderón (es un hombre reconocido no necesariamente por su vena libertaria), el actual presidente, lejos de centrar su respuesta en el miedo que le produce el eventual incremento del consumo de drogas a partir de una hipotética legalización de las mismas, señaló estar dispuesto a escuchar críticas con toda libertad y apertura, con el propósito de reperfilar y perfeccionar la estrategia de seguridad aplicada a la lucha contra el narcotráfico.

Si uno revisa la información llegada desde México sobre la política desarrollada por el actual gobierno en materia de seguridad y lucha antinarcóticos podrá apreciar que nunca, como en el actualidad, el gobierno mexicano ha destinado tantos recursos económicos y número de agentes del orden en tender un cerco sobre las cúpulas y los principales cabecillas de las mafias dedicadas al comercio de estupefacientes. Esta política ha desatado una ola de violencia jamás vista en ese país. El número de muertos y de homicidios que día a día se registran en ciudades como Juárez o Tijuana, ha convertido a este país en una de las regiones más peligrosas del mundo. Decenas de policías y agentes del orden han perdido la vida producto del enfrentamiento contra los sicarios de los cárteles de Juárez, Tijuana o Sinaloa (se dice que desde el año 2006 a la fecha son 28000 las personas que han muerto a raíz de estos enfrentamientos). A pesar de ello, de la enorme pérdida de vidas humanas y de recursos del Estado, los resultados de esta lucha no son los que el gobierno esperaba, basta con leer las cifras en torno a la cantidad de toneladas de cocaína que se exporta desde México a los Estados Unidos, para darse cuenta que esta, lejos de disminuir, ha logrado consolidarse durante los últimos años, a pesar de la muerte de varios de los líderes o cabecillas de estas organizaciones criminales.

Es en medio de este escenario que una iniciativa como la de legalizar la marihuana y otras drogas viene adquiriendo mayor fuerza en la opinión pública mexicana. Prueba de ello es que hace algunos días, el ex presidente de México, Vicente Fox (2000-2006) declaró estar a favor de la legalización de la producción, venta y distribución de las drogas como parte de una estrategia innovadora para golpear y romper la estructura económica de los cárteles en la región.

En opinión de Fox y de otros analistas, es justamente la naturaleza ilegal de este negocio la que hace que este resulte enormemente rentable y le permita generar niveles astronómicos de ingreso. La ilegalidad de las drogas, el mercado negro, la enorme corrupción que este negocio genera, es justamente lo que pone en jaque a la seguridad de la región, señalan los expertos. Lo mismo ocurrió durante los años de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos señalan. En aquel tiempo el poder para corromper y comprar conciencias de agentes del Estado por parte de las mafias dedicadas al comercio ilegal de alcohol llegó a ser de tal proporción que en muchos casos estuvo a punto de hacer implosionar al sistema. Ciudades como Chicago se convirtieron en verdaderos campos de batalla para los contrabandistas y los servicios de seguridad. La tasa de homicidios, la de delitos vinculados a este negocio y de soborno al interior de las entidades del Estado sólo descendió luego de que el comercio de alcohol se tornara legal, así lo recuerdan aquellos que están a favor de la citada medida.

Este mismo escenario se repite, con algunas diferencias claro está, en nuestro país. El Perú en el último año se ha convertido, según un informe publicado por Naciones Unidas, en el principal productor de cocaína, y en uno de los países con el menor índice de incautación de drogas (eso si tomamos como referencia lo que ocurre en otros países de la región como Colombia o Bolivia), convirtiendo al problema del narcotráfico en la principal amenaza para la seguridad del Estado. Para nadie es un secreto que el tema de la seguridad ciudadana y el combate contra el narcoterrorismo ha sido, sin lugar a dudas, el campo en el cual el actual gobierno ha demostrado la mayor incapacidad a lo largo de sus 4 últimos años de gestión. Quizás ha llegado la hora de redefinir la política de lucha antinarcóticos, quebrar ciertos paradigmas en torno a aquello que el Estado considera bueno o malo para los ciudadanos y definir una política integral contra el narcotráfico.

El problema en todo caso, creo pasa por dejar de lado ciertos tabúes y romper ciertos mitos y medias verdades que más tienen de concepciones medievales que certezas objetivamente comprobadas. Creo que los que se oponen ferozmente a la legalización de la marihuana (creo que en todo caso el proceso debe ser paulatino y debe saber discriminar entre las drogas duras y blandas) parten de un presupuesto equivocado. Ellos creen que, como en el caso del aborto por ejemplo, la legalización o liberalización de la marihuana trae consigo el aumento o disminución del consumo al interior de la sociedad. Ello no es cierto, no existe ningún estudio ni investigación que refuerce tal hipótesis. Todo lo contrario, en lugares como Holanda en donde el consumo y la venta controlada de la marihuana son legales, la tasa de consumo no ha visto mayor aumento. En todo caso, lo que sí ha ocurrido es un descenso en el número crímenes cometidos en torno a este negocio, que mal que bien, nos guste o no forma parte del día a día de ciudades latinoamericanas y europeas.

Debe quedar claro también que abogar por la legalización de la marihuana no es lo mismo que fomentar o promover su consumo masivo. En el Perú, en Lima, en distritos como Breña, Surquillo, Cercado de Lima, San Miguel entre otros, conseguir puntos de venta de marihuana es tan fácil como encontrar cabinas de internet. Todos los vecinos saben dónde, cómo, quién y a qué precio se comercializa. La pregunta es ¿Si todos saben quiénes son los que la comercializan por qué la policía no actúa? La respuesta es muy simple. Por el enorme poder que este negocio tiene para comprar conciencias y quebrar instituciones. En ese sentido, no creo que resulte descabellado pensar en cambiar un sistema de prohibición absoluta, que a todos luces ha fracasado, y que sin caer en el pesimismo, no creo que mejore, por una de venta o comercialización controlada y supervisada. Ahora bien, es cierto que la legalización no basta, a ello se debe sumar una política integral de educación e información ciudadana mediante la cual se den a conocer los riesgos y el daño que el consumo de las drogas en general producen a la salud del ser humano.


Creo que el tema de la educación e información es vital en estos casos ya que si luego de recibir toda la información necesaria una persona, adulta, mayor de 18 años, decide libre y voluntariamente consumir un porro de marihuana, será ella y no la sociedad o el Estado, la que deba asumir la responsabilidad de la decisión. ¿Por qué entonces el Estado debería suplantar la decisión autónoma de aquel individuo en aras a una serie de concepciones de moral mal entendidas? ¿Por qué el Estado debería seguir utilizando el argumento de la moral, de la vida digna, de la necesidad de promover la virtud de los ciudadanos para prohibir el acceso a una droga que como la marihuana que siendo legal o ilegal es fácil de obtener? Creo sobre este punto que cualquier ciudadano debería poder acceder a la venta libre de un producto como la marihuana, pues entiendo que esta es una decisión absolutamente libre y autorreferente que no lesiona el derecho de ninguna otra persona. Lo otro es, como ocurre hasta hoy, poner obstáculos que son fácilmente sorteados por aquellos que para conseguir lo que buscan se internan al mundo del mercado negro de la microcomercialziación de marihuana, arriesgando su vida, su salud y su integridad, pues para nadie es una novedad que todo mercado negro, ilegal, informal o paralelo es caldo de cultivo para la criminalidad y otros vicios.


No consumo drogas, ni promuevo el consumo de las mismas, pero no puedo pretender que esa decisión personal que yo hago en absoluta libertad les venga impuesta a otros que a diferencia mía si consumen, y seguirán consumiendo ese porrito de marihuana que tanto placer les produce, ese mismo placer que algunos encontramos en un buen vaso de licor o en una pitada de cigarrillo. Solo como dato final, resulta interesante destacar que el número de víctimas mortales que año a año registra nuestro país por el consumo directo de marihuana es mucho menor al que produce el alcohol o el cigarrillo, dos productos que a pesar de ello son legales.

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lunes, 9 de agosto de 2010

La prohibición de la corrida de toros en Cataluña, España

En julio de 2009 se presentó ante al Parlamento de Cataluña una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 18000 firmas de ciudadanos, 130000 más de las que exige la ley, solicitando la prohibición de las corridas de toros. A este pedido se sumaron muchas voces alrededor del mundo. Asociaciones ligadas a la protección de la vida y los derechos de los animales de Europa y Latinoamérica dieron muestras de solidaridad con este pedido, desatando una verdadera guerra mediática en torno a este tema. Finalmente, y luego de un duro debate y con una votación bastante cerrada, el Parlamento catalán decidió prohibir las corridas de toros en esta región ubicada en el noreste de España a partir de enero de 2012.

Como suele suceder en este tipo de temas el debate se polarizó entre los movimientos antitaurinos y los aficionados a esta actividad. Los primeros consideran que esta medida es un avance en la dura lucha por hacer respetar el derecho de los animales, reduciendo el maltrato y el sacrificio sin sentido al cual se los somete. En cambio, los segundos creen que esta medida no es sino una grave violación al derecho a la libertad que tienen los hombres para decidir si concurren o no a la fiesta brava. Además, se dice que esta decisión parlamentaria desconoce la innegable importancia que la fiesta brava tiene para la cultura del pueblo español, por ser esta una actividad que ha venido consolidándose a lo largo de los siglos, la misma que ha sido exportada a otras regiones del mundo como México, Perú, Colombia o Ecuador.

Los argumentos expuestos por ambos grupos merecen toda nuestra atención y respeto. Razones que inclinen la balanza a favor de uno u otro sector sobran. Esa misma polarización y paridad en el discurso se puso de manifiesto durante el debate y la votación de dicha iniciativa la cual finalizó con 68 votos a favor de la prohibición, 55 en contra y 9 abstenciones. Con lo cual, Cataluña se convierte en la segunda región española en impulsar y promulgar una ley de este tipo luego que en 1991 lo hicieran las Islas Canarias.

Los movimientos antitaurinos presentaron una serie de informes, estudios y opiniones de expertos que muestran el innegable sufrimiento al cual se condena a los toros de lidia. En un artículo publicado en el diario “El País”, Ruth Toledano resume la opinión del científico Jorge Wagensber de la siguiente manera: el toro recibe puyas que son lanzas que le destrozan músculos en la espalda y el cuello. Todo ello antes de ser atravesado por una espada de 80 centímetros que quiere llegarle al corazón. Luego el toro languidece, muere con lentitud y con extremado sufrimiento. Por eso aún intenta mantenerse en pie y encaminarse a la puerta por la que lo hicieron entrar, momento en el cual recibe una puñalada en la nunca con el descabello, una especie de daga de 10 centímetros.

El relato al cual se hace referencia creo es capaz de conmover al más fanático de la fiesta brava. El relato describe una práctica por demás cruel y sanguinaria. Es cierto que los animales son sacrificados por millares a nivel mundial con la finalidad de asegurar el alimento de la población mundial. Es cierto también que el número de toros sacrificados con motivo de las corridas es insignificante al número de ganado vacuno sacrificado por otros motivos (los sacrificios religiosos también calzan dentro de esta lista). La pregunta en todo caso que debe hacerse es: ¿Resulta válido legitimar el sacrificio de un animal por ser este sacrifico parte de la identidad cultural de un pueblo la cual se traduce en una actividad como la tauromaquia? ¿Hasta qué punto es válido prohibir una actividad que goza de un origen centenario y de la afición de miles de españoles y hombres a nivel mundial? ¿Prohibir las corridas de toros no es acaso una manera de limitar el derecho de una minoría en Cataluña?

Creo que más allá de las consideraciones de orden moral que llevan, con honestidad y transparencia, a los muchos grupos antitaurinos a protestar y hacer esfuerzos por prohibir dicha actividad en España y otros lugares del mundo. En el caso de lo ocurrido en Cataluña estas ceden posición frente al innegable contenido político de la decisión. Es decir, el Parlamento Catalán, ha usado el sentimiento antitaurino, lo ha mediatizado con la finalidad de lanzar un mensaje una declaratoria y toma de posición política frente a España. Digo ello muy a parte del debate a favor o en contra de los toros que se viene llevando en todo el mundo, y que tiene como centro del debate la protección de los animales y la eliminación de toda forma de maltrato y tortura contra ellos. El tema ha sido utilizado por el sector autonómico, secesionista e identitario Catalán para desmarcarse y hacer más visibles las diferencias entre la región de Cataluña y la cultura española.

Ello resulta más visible si se tiene en cuenta que en otras regiones de España, como ocurre en El País Vasco y Navarra, o Pamplona (basta con echar un vistazo a los relatos de Hemingway en su obra Fiesta) la fiesta brava forma parte de la cultura y la identidad popular. El Parlamento catalán, manejado durante algún tiempo por los grupos secesionistas que no pierden oportunidad en acrecentar el antagonismo entre esta región y el resto de España, prohíbe las corridas de toros no basados en el repudio y rechazo que todo tipo de maltrato animal genera en la sensibilidad del español promedio. El Parlamento catalán prohíbe las corridas pues esta es una práctica “Española” y en esta guerra por las identidades y autonomías, permitir una actividad que simboliza la tradición española resulta una herejía en Cataluña.

Esta idea cobra mayor fuerza si tomamos como referencia que si la preocupación del Parlamento Catalán es asegurar el respeto a la vida y el bienestar de los toros, la prohibición no ha debido limitarse únicamente a las corridas de toros sino también debió extenderse a los “correbous”, práctica en la cual a los toros se los encierra colocándoles sogas alrededor del cuello y bolas de fuego en las astas, provocando gran malestar y sufrimiento al animal. Como consecuencia de ello, en muchos casos, sino en la mayoría de los mismos, los toros terminan quemados, ciegos, ahogado o apaleados. ¿Por qué entonces sólo se prohíben las corridas y no los correbous? Simple. Porque esta práctica es o forma parte de la tradición catalana a la cual se pretende consolidar en este tira y afloje que lleva años entre las autonomías y el Estado español.

Finalmente, creo que esta prohibición tiene más de confrontación ideológica entre España y una región de dicho país que de sincera preocupación por la vida de los animales. Sino fuera así la incoherencia que se advierte en cuanto a qué prácticas son o no prohibidas a pesar de que en estas se martirice igualmente a los toros no se presentaría. Personalmente ninguna actividad en la cual se sacrifique la vida de un animal por razones lúdicas o aficiones como la tauromaquia despierta mi entusiasmo. Creo que todos nos sentimos conmovidos con imágenes que develan la crueldad con que los seres humanos tratamos a los animales, toros, perros o gallos. Sin embargo, no puedo pretender imponer al resto de la sociedad mis convicciones y puntos de vista, prohibiendo una actividad, que aún cuando nos resulte incomprensible y ajena a nuestra identidad personal es, sin lugar a dudas, parte de la tradición no solo española sino de otras tantas regiones del mundo. O en el peor de los casos resulta una actividad seguida y vista por una minoría igualmente respetable. Al parecer esa es la percepción de la mayoría de ciudadanos españoles. Una encuesta publicada por el diario El País muestra que si bien es cierto al 60% de entrevistados no le gustan las corridas de toros, un igual porcentaje considera que dicha actividad no debe prohibirse, pues entienden que es una actividad que forma parte de la historia y tradición española, una afición que cuenta con miles de miles de seguidores. Creo que es importante promover el respeto por los animales, pero debemos tener cuidado en no convertir una preocupación legítima en una manera encubierta de limitar la libertad de los hombres o, más aún, acrecentar las diferencias y antagonismos entre unos y otros, ya la historia nos ha dado muestras de los nefastos resultados que se suscitan cuando ello ocurre.




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lunes, 2 de agosto de 2010

El discurso de Fiestas Patrias: los silencios del Presidente


Fue ante todo un discurso de salida. El Presidente de la República aprovechó el mensaje de 28 de julio para hacer un recuento y darle a conocer a la población el conjunto de obras y logros alcanzados durante estos 4 años de gobierno aprista. Sin lugar a dudas, el escenario, el clima y la coyuntura social, política y económica de la actualidad distan de lo que acontecía allá por julio de 1989, fecha en la cual el joven Alan García, se dirigía a una nación sin esperanza que día a día convivía con la hiperinflación y la violencia terrorista. Quizá por eso el presidente se haya esforzado en enumerar de manera detallada la totalidad o casi totalidad de obras y objetivos alcanzados durante todo este tiempo. De ese modo, el Presidente vuelve a expiar sus culpas, esperando que la mayoría de peruanos borren de su memoria el desastre de su primer gobierno.


Todos los analistas coinciden en señalar que este fue un discurso sin mayores sobresaltos, el mensaje de 28 de julio no trajo ninguna novedad, ningún anuncio o promesa digna de resaltar, señalan la mayoría de medios. Sin embargo, entre las cosas más importantes que el presidente García señaló me gustaría destacar las siguientes: el aumento salarial para el personal de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, la asignación de un bono de apoyo económico mensual a las personas mayores de 75 años que no tengan pensión y vivan en la extrema pobreza, la renegociación del contrato Camisea, la cancelación de la licencia a la minera Doe Run y el compromiso suyo y del sector público de mantener una absoluta neutralidad de cara a las elecciones generales del próximo 10 de abril de 2011.

A pesar de lo soso que resultó este mensaje de Fiestas Patrias y de lo poco que este deja para el comentario, creo importante centrar nuestra atención en las omisiones en las que incurrió el Presidente, en aquellos temas que deliberadamente prefirió no tocar, en los asuntos que a lo largo del último año se convirtieron en su permanente dolor de cabeza. A continuación un breve recuento de lo que en mi modesta opinión se debió decir y se prefirió callar en todos los idiomas posibles.

Un primer tema que debió ser abordado por el Presidente, con la claridad y energía de la cual hace gala en otras ocasiones, fue el de la lucha contra la corrupción. Más allá de una referencia bastante somera al escándalo de los famosos Petroaudios y de culpar por el retraso en el esclarecimiento de estos hechos al Poder Judicial, el Presidente fue incapaz de hacer un mea culpa por este bochornoso suceso que alcanzó a las esferas más altas de su gobierno, escándalo que ocasionó la caída del gabinete liderado por su gran amigo y compañero Jorge Del Castillo. Tampoco reconoció mayor responsabilidad por la manera escandalosa como algunos altos dirigentes de su partido, incluido Omar Quesada, actual Secretario General del APRA, se han visto involucrados en una serie de negociados y corruptelas en el manejo de una institución tan importante como COFOPRI. Al parecer, para el Presidente estos no son sino hechos aislados que ya se encuentran en manos del Poder Judicial y es allí donde deberán resueltos. Es decir, la iniciativa como la Oficina Nacional Anticorrupción anunciada con bombos y platillos en otro tiempo, y el interés que este generó en sus primeros meses de funcionamiento, no fueron sino disparos al aire, luces bengala, fuegos artificiales a los cuales nos tiene acostumbrados este gobierno cuando se trata de voltear la página con el menor daño político posible y enterrar un problema que les resulta incómoda.

Un segundo tema, convenientemente omitido, es el vinculado al creciente y al parecer irresoluble, al menos por este gobierno, problema de la seguridad ciudadana. La percepción de inseguridad que es experimenta la gente en Lima y en las diferentes ciudades del país es cada vez más preocupante. Asaltos, secuestros, robos, homicidios y otros delitos más, están a la orden del día en nuestro país. Lima se ha convertido en una de las capitales más peligrosas de América Latina. Frente a este flagelo ¿Qué ha hecho el gobierno durante estos 4 años de gestión? Nada, absolutamente nada. Y si lo hizo, pues los ciudadanos no lo hemos percibido. Más allá de nombrar a Ministros del Interior mediocres como Luis Alva Castro (recordemos el escándalo de la compra de patrulleros chinos sobrevaluados), Mercedes Cabinillas (la responsable política directa del Baguazo), o el actual Octavio Salazar (cuyo única virtud en el campo político es lamerle con beneplácito los zapatos al Presidente y a los dirigentes de la cúpula aprista), este gobierno ha fracasado en el diseño de una política de seguridad ciudadana seria, elaborada por personas formadas técnicamente en este campo. El gobierno cree que el problema de la Policía Nacional del Perú y su desempeño se circunscribe a la compra de nuevos vehículos y el aumento de sueldos. El gobierno olvidó que el principal objetivo en el sector interior era implementar una política de reforma institucional profunda que haga del servicio policial un ejemplo de eficicienca, honestidad y modernidad, en donde la carta para el ascenso de un oficial sea la meritocracia y no sus lazos con el poder de turno. Pero para ello es necesario compromiso y voluntad política, valores de los cuales este gobierno siempre careció.

Un tercer tema que el Presidente ha preferido omitir convenientemente ha sido el de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en las zonas del VRAE y el Huallaga. La lucha contra el terrorismo, tema que volviera a ponerse en el centro del debate público con la liberación de la sentenciada por terrorismo Lori Berenson y la marcha llevada a cabo por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solicitando la amnistía para el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, ha sido uno de los campos en los cual este gobierno ha evidenciado una incompetencia absoluta. La falta de un liderazgo claro en materia de lucha antisubversiva, debido como ya hemos dicho anteriormente, a la impericia de quienes asumieron la dirección del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú (basta recordar que el actual Director General de la PNP nos quiso vender el cuento de haber capturado a una banda de PISHTACOS de siglo XXI), sumado a una falta de claridad en la comprensión del fenómeno terrorista, son razones que explican el fracaso de este gobierno en este ámbito. A ello se le suma la falta de capacidad del Estado al momento de diseñar, aplicar y ejecutar una política de lucha contra el narcotráfico verdaderamente eficaz. Para muestra de ello sólo debemos recordar los informes y cifras dadas a conocer por organismos internacionales en los cuales se dan cuenta del aumento de exportación de Clorohidrato de Cocaína en nuestro país, cifras que nos colocan en un penoso segundo lugar en el ranking internacional, sólo después de Colombia.

Un cuarto tema sobre el cual el Presidente prefirió guardar silencio, a pesar del impacto mediático que este recibió a nivel nacional e internacional, ha sido el de Bagua. A más de un año de la tragedia ocurrida en esa región de nuestro país; tragedia que ocasionó la muerte de 24 policías y un centenar de heridos, entre mujeres, niños y personas mayores, el gobierno no hizo, no hace, ni hará nada por investigar y sancionar políticamente a los responsables. El Primer Ministro de ese entonces, Yehude Simon, fue el único sancionado políticamente, luego de los sucesos se vio obligado a dar el paso al costado. La Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, acusada de ser una de las causantes del enfrentamiento por su necedad al momento de reconocer la ilegalidad de los decretos legislativos 1090 y 1064, aprobados sin la previa consulta ordenada por ley a las comunidades nativas, es hoy en día ministra de Economía, y por si fuera poco, es una de las voceadas para asumir la candidatura del partido de gobierno en las elecciones presidenciales. Por último, la otrora Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, a pesar de las enormes críticas que le llovieran desde todos los sectores de la sociedad, no tuvo mejor idea que culpar al Director de la Policía Nacional por todo lo ocurrido, así salió bien librada de tremendo escándalo, y hoy en día vuelve a gozar de la comodidad de su curul en el Parlamento, mientras se alista y recarga energías para los próximos comicios electorales, en los cuales seguramente la volveremos a ver como candidata, y esta vez exhibirá entre sus honores la medalla que recibiera de la propia Dirección General de la Policía Nacional por su magnífica gestión realizada en el Ministerio del Interior. ¿Qué irónica es la vida no? Su gestión fue un desastre, culpó a la institución por todo lo ocurrido, no asumió ninguna responsabilidad, tachó de ineptos a varios generales. Y a pesar de ello, el comando policial la condecora. ¿Por qué esto ocurre en nuestro país?

Estos han sido tan sólo alguno de los temas que los ciudadanos esperábamos que fueran abordados en el discurso presidencial de 28 de julio. El mensaje a la nación de Fiestas Patrias es una ocasión que debe ser aprovechada por el jefe de Estado para hacer una lectura desapasionada de la problemática social, económica, política y de lo ocurrido en el país en el último año. La ciudadanía espera que el jefe de Estado asuma su responsabilidad por los errores cometidos. Más, si se tiene en cuenta, tal y como he tratado de hacerles recordar, la magnitud de los desaciertos en los cuales incurrió el actual gobierno. Dedicar casi dos horas a enumerar las casi 130000 obras que el gobierno dice haber ejecutado o estar ejecutando, saltándose olímpicamente la responsabilidad de poner el pecho y marcar el norte del Estado en temas como la reforma de la Policía Nacional, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, el manejo de los conflictos sociales o el malestar ocasionado en las comunidades nativas y campesinas por la manera como se vienen desarrollando las actividades extractivas en nuestro país, como la explotación del gas o la actividad minera, muestran a un Presidente que vencido por la soberbia y la falta de humildad, prefiere el autobombo y la campaña política encubierta, a la labor de Estado. Me temo que tal y cómo dicen algunos, García nunca dejará de ser el político que en vez de pensar en la historia y el futuro del país, está más pendiente de sus posibilidades en la elección próxima. Estoy seguro que lo veremos el 2016.

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