martes, 27 de octubre de 2015

ELECCIONES GENERALES EN ARGENTINA 2015



El próximo 22 de noviembre será la primera vez que Argentina viva una segunda vuelta electoral en sus comicios presidenciales, teniendo en cuenta que el único antecedente de ballotage se registró en el año 2003, pero que no llegó a concretarse porque el ex Presidente Carlos Menem renunció a competir con Néstor Kirchner, quien logró proclamarse Presidente con tan sólo el 22% de los votos.

Ahora bien, contra todos los pronósticos emitidos por las encuestadoras, ninguno de los candidatos logró alcanzar el 45% o el 40% de los votos (con diez puntos de ventaja sobre el segundo) para alcanzar la Presidencia, tal y como lo dispone la Constitución Argentina. Digo ello ya que como se recuerda, hasta antes del domingo pasado, la pregunta que se hacían los medios era si Daniel Scioli lograría evitar la segunda vuelta ya que en todos los estudios de opinión la distancia entre él y Mauricio Macri era de 8 a 10 puntos a favor del primero.

Así, al término de la jornada electoral, y luego de conocidos los resultados oficiales (al 97%), las posiciones fueron las siguientes: El Frente para la Victoria de Daniel Scioli (36,86%), Alianza Cambiemos de Mauricio Macri (34,33%), Alianza Unidos por una Nueva Alternativa de Sergio Massa (21, 34%), Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Nicolás del Caño (3,27%), Alianza Progresistas de Margarita Stolbizer (2,53%) y Alianza Compromiso Federal de Adolfo Saá (1,67%), respectivamente.

A la luz de estos resultados, es posible afirmar que la jornada electoral del pasado domingo constituye un duro golpe para el Kirchnerismo, ya que la distancia entre Daniel Scioli, candidato oficialista de centro-izquierda y gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri, candidato opositor de centro-derecha y alcalde de la capital desde 2007 fue de apenas 2%.



Pero además de ello, el revés electoral del oficialismo es mayor si tomamos en cuenta que también perdió en la estratégica provincia de Buenos Aires, ya que María Eugenia Vidal, una de las principales figuras de Cambiemos, logró vencer al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien todas las encuestadoras daban como favorito, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia y en la primera no peronista en ganar el principal distrito electoral de Argentina en casi 30 años (16 millones de electores).

Así, como bien lo apuntan los analistas políticos argentinos, mucho de lo que ocurra el próximo 22 de noviembre dependerá en gran medida de los electores de Sergio Massa (tercero en las encuestas). Sobre este punto, es preciso recordar que Sergio Massa fue el ex jefe de Gabinete de la actual mandataria, Cristina Fernández, además de ser diputado por el sector de centro-derecha del peronismo, quien luego de su paso por el Gabinete se convirtió en uno de los más feroces opositores.

En otras palabras, como suele ocurrir en todos los países en los que existe ballotage, el resultado final de estas elecciones generales dependerá exclusivamente de la capacidad que exhiban los dos candidatos a la hora de forjar y establecer alianzas con los diversos sectores políticos y sociales. Es más, ambos candidatos ya tomaron nota de ello, y por eso están articulando un discurso mucho más abierto y convocante que les permita presentarse como la mejor opción frente a ese sector de centro-independiente, menos ideologizado, al que más allá de las etiquetas políticas le interesa escuchar propuestas que garanticen bienestar y desarrollo para todos los argentinos.

En palabras de Daniel Scioli, el ballotage le dará la oportunidad al pueblo argentino de elegir entre una propuesta (la suya) que apuesta por la continuidad del desarrollo e inclusión social con una fuerte presencia del Estado en beneficio de las grandes mayorías, y la de Mauricio Macri, que se inclina por el libre mercado y políticas de endeudamiento similares a las implementadas en el pasado.



Para Mauricio Macri, en cambio, el ballotage le permitirá explicar mejor sus propuestas destinadas a reducir la inflación (que oscila entre el 25% y 30%, aproximadamente), como por ejemplo, la suscripción de acuerdos con los acreedores norteamericanos, la eliminación de las restricciones para la compra de dólares y aquellas que buscan corregir el tipo de cambio, las mismas que contrastan con las prácticas populistas que el kirchnerismo ha implementado durante sus doce años de Gobierno.

Pero más allá de la confrontación y de los ataques políticos que todo ballotage trae consigo, lo cierto es que ambos candidatos, al menos por ahora, han señalado que los resultados electorales les exigen una convivencia democrática, además de la obligación de buscar acuerdos y puntos de entendimiento para la adopción de políticas de Estado cuyo objetivo no sea otro que resolver los grandes problemas que padecen los argentinos.

Claro, es cierto que Daniel Scioli señaló que en la segunda vuelta se enfrentarán dos visiones de país, y que él es quien verdaderamente garantiza la continuidad de los logros alcanzados por el Gobierno en el campo de las políticas sociales; y que Mauricio Macri, respectivamente, afirmó que muchos de los que votaron por él lo hicieron no porque lo apoyan sino porque están hartos del Kirchnerismo y porque creen que él es el único que hará cambios. Frases y declaraciones que calientan la campaña electoral, pero eso no quiere decir que se trate de dos rivales cuya conducta personal vaticine la llegada de tiempos de permanente confrontación e inestabilidad política.

Es más, me animaría a decir, sobre todo luego de escuchar los discursos públicos de ambos candidatos, que cualquiera que sea el resultado del 22 de noviembre, quien llegue a la Presidencia en Argentina, tratará de imponer un nuevo estilo de Gobierno.


Ese ha sido, por ejemplo, el estilo impuesto por Mauricio Macri durante toda la campaña electoral, quien desde un inicio trató de acercar posiciones con sectores con los cuales parecía no tener ninguna coincidencia. Y también lo ha sido el de Daniel Scioli, que no sólo ofreció continuar con las políticas sociales del oficialismo sino también reconoció con humildad los errores cometidos en la gestión de Cristina Fernández, dejando de lado la soberbia y el ataque directo a los opositores, actitudes que fueron la marca registrada de la administración Kirchner. 

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viernes, 16 de octubre de 2015

KEIKO FUJIMORI SE CAVIARIZA EN HARVARD


Una gran polémica desató la presentación de Keiko Fujimori en Harvard. Para un sector de la opinión pública, Fujimori mostró una imagen más moderada y menos conservadora del fujimorismo en temas sensibles como el aborto terapéutico, la unión civil y la labor de la CVR. Para el otro en cambio, este discurso no es más que una estrategia electoral para correrse al centro del espectro político y llegar con mayores opciones de triunfo a las Elecciones Generales del 2016, sobre todo pensando en una eventual segunda vuelta en la que deberá capitalizar el voto de ese bloque que en 2011 decidió apoyar a Ollanta Humala.

Otro dato curioso que trajo consigo esta presentación, fue el ataque mediático (sobre todo en redes sociales) que recibió Steve Levitsky, su anfitrión en Harvard, por parte de algunas personalidades identificadas con la izquierda y el progresismo en nuestro país. Para ellos, Levitsky, al abrirle las puertas de una de las universidades más importantes del mundo, no ha hecho otra cosa que ponerse al servicio de Fujimori, pues le ha dado la oportunidad de lavarse la cara, políticamente hablando, y construir una imagen mucho más democrática y menos conservadora de su movimiento.

En lo personal, esta crítica me parece tonta y trivial. Conozco a Levitsky, he tenido la suerte de tenerlo como profesor, y lo último de lo que se lo puede acusar es de ser un fujimorista encubierto (el gringo es progresista). Al respecto, resulta lógico que a cualquier universidad que cuenta con equipos de investigación sobre política latinoamericana le interesa recibir la visita de quien nos guste o no, tiene las mayores posibilidades, según las últimas encuestas (34% GFK), de ganar la presidencia del Perú en 2016.

Además, como bien lo apunta el propio Levitsky, teniendo en cuenta el pasado autoritario y corrupto del fujimorismo, resultaba interesante conocer las ideas que Fujimori tiene sobre la democracia, los derechos humanos, la corrupción y el futuro de su padre. En todo caso, habría que recordar que el año pasado PPK, hoy segundo en las encuestas, también se presentó en Harvard. Y que Humala también fue convocado pero decidió no aceptar dicha invitación (yo creo que se chupó).

Más allá de ello, me parece que el sector que ha criticado la presentación de Fujimori en Harvard, ha olvidado, como también lo refiere Levitsky, que en una democracia, la función básica de una universidad es promover el debate. Y para ello, los centros de formación académica deben tener la suficiente apertura para dialogar con quienes no necesariamente comparten sus mismos principios e ideales. Reitero, nos guste o no, Fujimori es la candidata con mayores posibilidades de victoria en 2016, por eso la importancia de saber qué piensa acerca de determinados temas de Gobierno.


Ahora bien, sobre su presentación debo decir lo siguiente: 1) Me preocupa que Fujimori siga sosteniendo que los delitos sistemáticamente cometidos por su padre durante la década de los noventa son “errores”, y que el único y gran responsable de los mismos fue Vladimiro Montesinos, el ex asesor que logró montar una siniestra red de poder que su padre desconocía; 2) Me sorprende su renovada opinión a favor de la unión civil y el aborto terapéutico, sobre todo teniendo en cuenta la posición absolutamente conservadora e intransigente que varios de sus parlamentarios mostraron frente a estos temas durante los últimos años; y 3) Me asombra que sobre la CVR haya dicho que desarrolló una labor positiva para el país, más cuando el fujimorismo, junto a la derecha más dura de nuestro país, de manera permanente, se encargó, no sólo de desprestigiar la tarea de la CVR, sino también de atacar personalmente a los comisionados, tildándolos de pro terroristas.

Si le creo a Fujimori, sinceramente debo decir que no. O en todo caso, que una presentación pública en Harvard no cambiará la imagen y el concepto que tengo acerca del Gobierno de su padre y del profundo daño que el fujimorismo le hizo a las instituciones democráticas de nuestro país, a las que petardeó durante una década, además de las violaciones de los derechos humanos cometidas, y de la corrupción boyante que desató en el Perú.

Sin embargo, si ella dijo la verdad, o si yo le creo, no es lo más importante para el análisis. Lo realmente importante es saber si los votantes le creen, si su partido le cree, y si quienes la apoyan están conformes con esta nueva imagen que Fujimori busca proyectar a partir de un discurso mucho más centrista, menos confrontacional y duro.

Fujimori sabe que un importante sector del electorado tiene serias dudas sobre su cambio. Ella sabe que para convencer a ese sector deberá tomar acciones más audaces, pero al mismo tiempo más riesgosas. Por ejemplo, si Fujimori aspira a capitalizar el voto de quienes tienen una posición favorable frente a temas vinculados al respeto y garantía de los derechos humanos como la unión civil, el aborto terapéutico y la CVR, deberá sacar de su círculo más inmediato, y también de una posible lista parlamentaria, a todas aquellas personalidades que durante años se han encargado de marcar esa posición dura y recalcitrante en contra de estos temas.


Pero si Fujimori hace eso, corre el riesgo, y esto ella también lo sabe, de perder apoyo tanto dentro como fuera del propio fujimorismo. En otras palabras, Fujimori debe evaluar si cuenta con la fuerza necesaria para imponer estos cambios, aunque sean solo una estrategia electoral, inclusive en contra de lo que sus propios aliados puedan opinar.

Se sabe que en el Perú, Fujimori es la candidata que mejor representa los intereses de la derecha conservadora. Sin embargo, esta identificación es la que le impide justamente capturar el voto de aquellos que además de apostar por el libre mercado, por ejemplo, exigen y demandan democracia política y respeto por los derechos humanos.

Entonces, ¿Ha sido sincera Fujimori? No lo sé, y francamente eso no es importante. Lo que realmente nos debe interesar como votantes es que el giro que Fujimori está dando en campaña, en caso llegue a la presidencia, se mantenga durante su eventual Gobierno. Y para ello, es fundamental contar con una sociedad civil atenta y vigilante.

Hago referencia a la sociedad civil, pues me cuesta imaginar un escenario en el cual la derecha económica y mediática, ejerza efectivo control sobre las posibles conductas antidemocráticas en las que podría incurrir ella o sus representantes políticos. En otras palabras, no creo que a Fujimori, la derecha de nuestro país le exija cumplir la “Hoja de Ruta Democrática de Campaña” como sí lo ha hecho con la “Hoja de Ruta Económica de Campaña” de Ollanta Humala. 

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viernes, 2 de octubre de 2015

EL ACUERDO DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y LAS FARC


El pasado miércoles 23 de setiembre será recordado como un día histórico para la paz en nuestro continente. Luego de 60 años de guerra, la más larga de nuestro continente, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo que marca el inicio del fin de este conflicto.

En palabras del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se trata de un acuerdo que tiene como ejes centrales “la reparación de las víctimas del conflicto y la no repetición de lo ocurrido”, todo ello sobre la base de un trabajo que será realizado por una Comisión de la Verdad.

Fue así como en la Habana, el Presidente colombiano -luego de un apretón de manos con “Timochenko”, líder de las FARC, y ante la mirada vigilante de Raúl Castro, uno de los grandes facilitadores de esta negociación-, anunció que el acuerdo final de paz se suscribirá a más tardar el 23 de marzo de 2016 poniendo punto final a un conflicto que desangró a Colombia por más de medio siglo con un saldo aproximado de más de 250,000 muertos.

Como es lógico suponer, el texto final del acuerdo aún está en proceso de elaboración; sin embargo, ambas partes han dado a conocer los principales puntos de consenso. En líneas generales, podríamos afirmar que las FARC aceptaron la responsabilidad que les corresponde por los crímenes cometidos, y al mismo tiempo, se comprometieron a reparar los daños provocados a las víctimas de su violencia.

No obstante ello, y dada la importancia que este proceso de justicia transicional tiene para nuestro continente, consideramos necesario dar a conocer las partes más importantes (algunas polémicas) de este acuerdo.


En primer lugar, el Gobierno colombiano y las FARC (las partes) reiteraron su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha sobre “Un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación Política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

En segundo lugar, las partes reafirmaron su compromiso con una salida que tutele los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera.

Para ello, apuestan por la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Por ello, crearán una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la misma que tendrá como objetivo central la política de reparaciones a favor de las víctimas.

En tercer lugar, las partes acordaron crear una Jurisdicción Especial para la Paz, con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz integrados principalmente por magistrados colombianos, y que contarán también con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.

Para ambas partes, la función primordial de las Salas y del Tribunal es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.


En cuarto lugar, las partes se comprometieron a otorgar la amnistía más amplia pero únicamente para los delitos políticos y conexos. En ese sentido, será la Ley de Amnistía la que precise el alcance de esa conexidad.

Sobre este punto, las partes precisaron que no serán objeto de amnistía o indultos las conductas tipificadas en la legislación colombiana que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes, los secuestros, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos, según el acuerdo, serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En quinto lugar, las partes afirmaron que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia para juzgar a todos aquellos que directa o indirectamente hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a los militantes de las FARC y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el marco del conflicto, pero sobre todo respecto de los casos más graves y representativos.
En sexto lugar, las partes aclararon que la Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

Con respecto a los primeros, se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Con respecto a los segundos, enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.


En séptimo lugar, las partes determinaron que las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como objetivo principal satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado.

Sobre este punto, el acuerdo contempla diversas modalidades para la imposición de las penas: 1) Para aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas; 2)  Para aquellos que reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales (serán condiciones ordinarias si el reconocimiento es tardío); y 3) Para aquellos que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

En octavo lugar, las partes establecieron que para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

En noveno lugar, las partes fijaron que la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo de paz final.

En décimo lugar, lar partes acordaron que la transformación de este grupo en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno colombiano en los términos que se acuerden.

Conclusión

Como hemos podido apreciar, se trata de un acuerdo (avanzado) que cubre los puntos más saltantes que suelen negociarse en todo proceso de justicia transicional. No obstante ello, es justo señalar que algunos de los mismos han generado intensa polémica en la sociedad colombiana. De hecho, los sectores políticos vinculados al ex Presidente Álvaro Uribe han criticado duramente al actual Gobierno por haberse sentado a negociar con las FARC.


Pero más allá de ello, lo que se viene es el diseño e implementación de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de los acuerdos por ambas partes (sobre todo por las FARC), como muestra evidente del compromiso de los actores con este proceso de paz, que a pesar de las críticas a las que hemos hecho referencia, cuenta con el respaldo mayoritario de los colombianos que parecen haber entendido que esta es la única manera de acabar con un conflicto armado de muy larga duración que tiene un saldo de más de 30, 000 secuestrados y más de 25,000 desaparecidos.

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