martes, 28 de enero de 2014

LAS FUERZAS DEL ORDEN NO TIENEN LICENCIA PARA MATAR



Hace algunos días (13/01/2014), se publicó la Ley N° 30151. En pocas palabras, lo que señala esta Ley es que “el miembro de las Fuerzas del Orden (FF.AA y PNP) que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte, está exento de responsabilidad penal.

Los peligros que encarna esta Ley

Como era de esperarse, está Ley ha generado bastante preocupación entre las organizaciones que forman parte del movimiento de derechos humanos en nuestro país. Para ellas (y también para mí), esta Ley deja abierta la posibilidad para que el personal de las Fuerzas del Orden cometa excesos que acaben con la vida o generen graves daños a la integridad de los ciudadanos (protestantes, huelguistas, estudiantes, y un largo etcétera) y que dichos actos criminales resulten impunes gracias a la aplicación de esta Ley.

En mi opinión (eso quiero creer), esta Ley ha sido producto de la ignorancia jurídica y política de nuestros legisladores, pues pareciera que en el Parlamento, tanto asesores como congresistas desconocen los criterios básicos, que de manera uniforme y reiterada ha señalado tanto el Tribunal Constitucional como la Corte de San José (y otros organismos internacionales) sobre el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas del Orden en el marco de una democracia constitucional como la que buscamos consolidar.


Así, podríamos iniciar nuestra reflexión diciendo que el Derecho Internacional reconoce que la privación de la vida de un ser humano representa uno de los aspectos más complejos en la regulación del Estado. Ya que si bien no existen derechos absolutos (la vida tampoco lo es) y en algunas “especiales” circunstancias la privación de este derecho resulta justificada, esta lo será siempre y cuando dicha restricción no haya sido realizada de manera arbitraria (para mí esta Ley abre el camino para esta arbitrariedad, por eso mi preocupación).

El uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas del Orden en el Derecho Internacional

Esta es la línea de razonamiento que debe servir de guía al momento de legislar una materia como la que ahora se propone, la misma que ha quedado expresamente reconocida en diversos tratados internacionales. Así lo dispone, por ejemplo, el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entre otros.

Es importante señalar que esta normativa fue elaborada básicamente para prevenir la actuación arbitraria por parte de las Fuerzas del Orden, no obstante ello, la jurisprudencia progresivamente ha determinado las situaciones y condiciones bajo las cuales el uso de la fuerza letal sí resulta acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.


En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el Estado puede recurrir al uso de la fuerza letal sólo contra individuos o grupos que amenacen la seguridad de todos y, por tanto, el Estado no puede utilizar la fuerza letal contra civiles que no presentan esa amenaza. Por eso para la Comisión, el uso de la fuerza letal, cuando se ejerce de manera indiscriminada y/o desproporcional, puede constituir una privación arbitraria de la vida o una ejecución sumaria. Por tal motivo, el Estado está en la obligación de distinguir entre los civiles inocentes y las personas que constituyen la amenaza, pues en una democracia el uso de la fuerza letal estará justificado únicamente por el derecho del  Estado a proteger la seguridad de todos.

Lo que se prohíbe son los excesos y arbitrariedades por parte de las Fuerzas del Orden en el uso de la fuerza letal

Ahora bien, es evidente que el Estado, a través de las Fuerzas del Orden, tiene el deber de garantizar la paz y la tranquilidad pública, y que esta es una obligación que no puede eludir. Sin embargo, lo que debe quedar claro es que en aras del cumplimiento de esa función, el Estado no puede invocar el uso de medios indiscriminados e ilimitados, en especial, cuando se trata del uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas del Orden.

Por esta razón, el uso de la fuerza letal (queremos ser reiterativos en este punto) debe estar circunscrito a las personas que efectivamente sean una amenaza y que se encuentren en situaciones preestablecidas por la ley; y que e inclusive, encontrándose las Fuerzas del Orden frente a estas situaciones, en las cuales el uso de la fuerza letal estaría  justificado por ley, dicho uso debe orientarse bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.


Sobre este punto, la Corte de San José ha señalado que la fuerza excesiva o desproporcionada por parte de las Fuerzas del Orden queda absolutamente prohibida pues puede generar la pérdida de la vida (también lesiones graves) que no es otra cosa que una ejecución sumaria, acción que constituye una grave violación contra los derechos humanos. De allí la importancia que cobra la observancia de los principios de necesidad y humanidad por parte de los agentes del Estado en el uso de la fuerza letal.

Principios que rigen el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas del Orden

Así, el principio de necesidad justifica sólo las medidas de violencia estatal no prohibidas por el derecho internacional, que son relevantes y proporcionales para garantizar el restablecimiento del orden con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos. Por su parte, el principio de humanidad prohíbe las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionales). En ese mismo sentido, resulta fundamental recordar los principios básicos que sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, también ha adoptado la Organización de las Naciones Unidas. Veamos.

Para la ONU, las Fuerzas del Orden no deben emplear armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.


Además, señala este organismo internacional, las Fuerzas del Orden se deben identificar como tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.


Entonces, a modo de conclusión, podríamos afirmar que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden debe ser considerada como la medida de último recurso y que el criterio para emplear la fuerza letal es que esté en peligro la vida de otra persona. Segundo, que en la legislación se deben fijar pautas lo suficientemente claras para el uso de la fuerza letal, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma. Tercero, que la Ley materia de comentario, debe interpretarse siguiendo los criterios antes señalados, pues de no ser así se convertirá en un instrumento para garantizarle impunidad a las Fuerzas del Orden. Y finalmente, que cualquier ley sobre esta materia resulta inútil si el Estado no forma y capacita a las Fuerzas del Orden sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido en toda circunstancia el uso de las armas letales, algo que en nuestro país no se ha hecho jamás, al menos no con la seriedad y profesionalismo que su importancia lo exige. 

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martes, 21 de enero de 2014

ABIMAEL GUZMÁN REINOSO

¿APRENDIZ DE BRUJO O MONSTRUO MORAL?*


El año pasado, el Fondo Editorial de la Pucp, publicó el libro titulado Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso, escrito por el sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero. En esta obra, el autor acentúa la importancia de la cultura en el análisis de la insurrección senderista y su brutal represión por las fuerzas del orden.

Como bien lo señala el autor, el accionar de Sendero Luminoso ha sido usualmente entendido como resultado de los dramáticos cambios que vivió el Perú en las décadas de 1950, 1960 y 1970, vinculados a la decadencia de la hacienda tradicional, al quiebre de la servidumbre indígena, a las migraciones hacia la costa, a la extensión de la educación y de las ideas políticas radicales, entre otros factores.

Un enfoque diferente

Sin embargo, lo que han olvidado mencionar algunos estudios es que esos cambios han estado acompañados de una lista de continuidades históricas y sociales igualmente decisivas. El autor en este punto hace alusión a la pervivencia de una visión encantada del mundo, a la potente vigencia del dogmatismo, a la exaltación del sufrimiento y el sacrificio, a la idea de una autoridad omnisciente e infalible, a la posibilidad de una redención, ya no divina, sino mundana, que se concreta sobre la tierra y no en los cielos.


En otras palabras, lo que se destaca en estos ensayos es que la gran promesa de Sendero Luminoso era que, gracias a la insurrección, el fatalismo de los oprimidos se transformaría en la rabia que impulsaría ese cambio radical que traería el cielo a la tierra.

El odio como ideología

En el libro se concluye que Guzmán, “el Presidente Gonzalo” y su cúpula,  lograron elaborar una ideología que aspiraba a articular todos los odios abiertos por las brechas sociales y las injusticias en el país. Eso explica por qué la apuesta senderista fue la de articular una propuesta que glorificara la violencia como el medio que haría posible una transformación social que eliminaría la injusticia para siempre; dando lugar, entonces, a una sociedad reconciliada y pacífica, tal y como lo expone (reiteradamente) el autor.

Fue justamente este odio, usado como sustrato esencial en la propaganda senderista, el que logró que los militantes, en su mayoría jóvenes (estudiantes y campesinos), que fueron la columna vertebral en la insurrección terrorista, fueran ganados por un discurso que les ofrecía un sentido grandioso para sus vidas, una buena conciencia  que los habría de redimir de sus sentimientos de culpa y de absurdo. Para el autor, en ese escenario guerrerista, la única opción era matar o morir, pues el cumplimiento del deber revolucionario hasta la muerte, en la lógica senderista,  era el verdadero camino hacia la realización humana.


Lo mismo ocurrió con las bases del movimiento, a ellas se las entusiasmó, afirma el autor, con la posibilidad de salir de la resignación y el autodesprecio, para convertir su frustración y rabia en odio y orgullo, en violencia y progreso. Entonces, para los militantes senderistas, por órdenes expresas de Guzmán, creer y hablar no era suficiente, era necesario que todos ellos derrochen entusiasmo y sacrificio, que actúen con decisión y paguen esa cuota de sangre que la revolución exigía. Hombres, mujeres, jóvenes y niños estaban obligados a empuñar el fusil, porque para Guzmán, el poder nace del fusil, y porque salvo el poder todo es ilusión, en la mente de los senderistas.

El profeta de la violencia

A la par de este discurso que enaltece el odio y la violencia, Guzmán logró construir una imagen casi profética de su persona, era visto por sus militantes como un ser superior, que encarnaba los valores más sublimes de la creación, pero como el autor señala, mientras que los profetas llaman al arrepentimiento antes de que sea tarde y que la ira del creador se manifieste en terribles castigos y catástrofes, Guzmán convoca al odio que tienen que sentir quienes despiertan de una falsa esperanza, de un cruel engaño.

Para la prédica senderista Dios no existe, explica el autor, pero sus fabricantes han mantenido al pueblo oprimido en una resignación esperanzada. Entonces, muerto ese Dios, fabricado por los explotadores, ya no hay ningún dique contra la cólera justiciera de los oprimidos. ¿Qué lograría Guzmán instalando esa imagen en la mente y el corazón de los militantes senderistas? El objetivo era uno solo: el odio debía desbordarse, pues era la única vivencia capaz de redimir de la minusvalía o de la impotencia en las que el pueblo había sido educado.


Para el autor, en opinión que compartimos, quizá Guzmán y su cúpula no siempre lo fueron, pero en eso devinieron: en profetas del odio. En un principio (1979-1980), la violencia senderista fue sobre todo un medio accesorio, una manera perentoria de castigar injusticias y reforzar la autoridad del partido (no por eso menos repudiable, claro está).

La violencia como reactivo de la insurrección

Sin embargo, muy pronto ese terror se transformó en el centro de su accionar, e incluso en el camino que debían recorrer todos los miembros de su movimiento. Guzmán y su cúpula optaron por ese camino, lo hicieron de manera consciente, arrastrando a toda su militancia, pues creyeron que la violencia era el único medio para avivar y acelerar la insurrección. Por eso no dudaron, afirma el autor, en autorizar o justificar atroces genocidios como el de Lucanamarca (69 campesinos asesinados).

Como ya se señaló, esta obra busca aproximarse (y lo logra, creo yo) al fenómeno de Sendero Luminoso desde una perspectiva cultural, usando herramientas propias de las ciencia sociales y el psicoanálisis. Si bien los ensayos tienen como trasfondo, y así lo dice expresamente el autor, el sustrato mítico de la sociedad peruano-ayacuchana, éstos se concentran en la figura de Guzmán y la cúpula senderista.


Finalmente, resulta interesante mencionar lo que el autor señala en la dedicatoria de este texto. Dedico este libro, dice el autor, a la gente que se equivocó de camino pero que no cayó en el mal. Es decir, a la gente que no gozó con la violencia (como sí lo hizo Guzmán y su cúpula), que obró en función de ideales y que nunca dejó de ver en el otro, a un prójimo. Y también, por supuesto, a todos los que combatieron la insurrección y defendieron la democracia sin abusar, ni maltratar a gente indefensa.

Con respecto a los agentes del Estado, el autor concluye: No tengo modo de saber, cuántos miembros de las fuerzas del orden lograron preservar su humanidad en circunstancias en las que se les garantizaba la impunidad y se les exigía “efectividad” a cualquier costo. En todo caso, ha llegado la hora de hablar y de asumir la responsabilidad histórica que a cada uno le corresponde.


*¿Aprendiz de brujo o monstruo moral? Es el título de uno de los ensayos que forman parte de este libro.

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jueves, 16 de enero de 2014

LA IZQUIERDA URUGUAYA Y LA LIBERTAD


El año pasado, la revista “The Economist”, una de las más importantes a nivel mundial, declaró a Uruguay como el país del año, la razón de esta denominación ha sido básicamente la siguiente: el gobierno izquierdista del Presidente José Mujica, otrora guerrillero tupamaru, aprobó dos importantes reformas en materia de derechos y libertades civiles como son la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio gay) y la regulación de la venta, producción y consumo de la marihuana. Para “The Economist”, ambas reformas son muy profundas por lo que se espera que puedan beneficiar al mundo entero.
Una tradición democrática
Todos los que conocen la historia política uruguaya saben que este país sudamericano se ha caracterizado por sus profundas raíces democráticas y su apego por el respeto al Estado de Derecho. Uruguay cuenta con la tradición democrática y constitucional más sólida de Sudamérica, la misma que le ha permitido consolidar un sistema institucional capaz de garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos de las personas, hecho que sin lugar a dudas, le otorga a la democracia uruguaya mayores niveles de estabilidad y gobernabilidad.
Sin embargo, y a pesar de su fecunda vocación democrática, Uruguay, como tantos otros países de Sudamérica, también atravesó por un periodo oscuro de dictadura y represión (1973-1985), el mismo que acabó con la vida de decenas de personas, entre asesinados, torturados, perseguidos y desaparecidos. A pesar de ello, y contra lo que muchos pudieran haber presagiado, el trauma autoritario, el horror de lo vivido y la violencia desatada por los operadores de la dictadura, sirvieron para generar en todos los sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, una fuerte convicción democrática y una apuesta sincera por la defensa de los valores de la democracia política.
Lo que vino después de la dictadura
Decimos todo ello, pues como bien lo ha señalado Mario Vargas Llosa, “resulta extraordinario que ambas medidas, inspiradas en la cultura de la libertad, hayan sido adoptadas por el Gobierno de un movimiento que en su origen no creía en la democracia sino en la revolución marxista leninista y el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único”. Recordemos que fue justamente este carácter revolucionario y socializante, lo que sirvió de justificación a los militares uruguayos, para asaltar la democracia en 1973, dando paso a una dictadura conservadora de derecha que terminó por instalar el miedo y el terror en el país.

Luego de la caída de la dictadura y del retorno a la constitucionalidad en 1985, en Uruguay, se abrió un proceso de transición política en el cual todas las fuerzas y movimientos decidieron unir esfuerzos para construir un país estable, libre y seguro, pero para ello, fue necesario que tanto la derecha como la izquierda, se comprometieran a defender y respetar las reglas y principios básicos de la democracia política, incluso por encima de las presiones de las facciones extremistas y radicales que ambos sectores todavía presentaban.
El Gobierno izquierdista del Frente Amplio
Por eso no sorprende el que una vez en el Gobierno (2005), con la presidencia de Tabaré Vásquez, y luego, con el ascenso del Presidente José Mujica, el Frente Amplio (la coalición de centro izquierda que agrupa a diversos partidos y movimientos progresistas uruguayos) haya respetado rigurosamente las reglas de la democracia política como son la independencia de los poderes públicos, la libertad de prensa, el pluralismo político, la libre competencia electoral, así como también la propiedad privada, la libertad de empresa y las libertades individuales.
La izquierda uruguaya, representada por el Frente Amplio, comprendió que la fórmula para el desarrollo era la combinación de democracia y mercado, sumada a la implementación eficiente de una serie de políticas redistributivas que le permitiesen reducir la desigualdad social y económica que tanto daño le hace a la gobernabilidad en los países de nuestro continente. De hecho, Uruguay es el país de la región que presenta la menor brecha de desigualdad.

Contra viento y marea
En todo caso, lo que sí es sorprendente, y por eso digno de resaltar, es que a pesar de la oposición de la mayoría de la población (católica, desde luego), la izquierda uruguaya, de la mano de su Presidente José Mujica, haya tenido la valentía de aprobar dos reformas liberales, que en otros países de la Sudamérica, incluyendo al Perú, son todavía hoy impensadas. Este hecho, esta vocación inclusiva, denota el perfil democrático y liberal de una izquierda que ha logrado dar el salto a la modernidad, y que seguramente hará que Uruguay, más temprano que tarde, vuelva a ser visto como “la Suiza de América del Sur”.
Con respecto al matrimonio gay, la izquierda uruguaya ha logrado entender que todas las personas, independientemente de su identidad sexual (no es una opción, como algunos dicen) tienen el derecho a ser libres, y a buscar su felicidad en condiciones de igualdad, y por tanto, merecen por parte del Estado, el mismo respeto y reconocimiento. En ese sentido, el hecho que ahora en Uruguay, todas las parejas, sean homosexuales o heterosexuales, puedan contraer matrimonio, nos habla del enorme avance que en materia de reconocimiento de derechos se ha llevado a cabo en este país. Algo que en el Perú, por cierto, muchos miramos con sana envidia.
A su turno, con relación a la regulación de la venta, producción y consumo de la marihuana, la izquierda uruguaya por fin comprendió que las políticas represivas y de criminalización que tantos miles de millones de dólares han costado, simplemente no han funcionado, y que muy por el contrario, lo único que han conseguido es encarecer el producto tornándolo mucho más rentable, generando enormes incentivos para la formación de bandas criminales y redes de corrupción asociadas al narcotráfico, problemática que día a día pone en jaque y amenaza la estabilidad de los gobiernos de Latinoamérica.

¿Aumentará el número de personas homosexuales o de consumidores de marihuana a partir de la aprobación de estas reformas?
Con respecto a lo primero, debo decir que resulta absurdo que en pleno siglo XXI tengamos a gente que cree que la homosexualidad se transmite por imitación, y que los niños/niñas que caminan por las calles a diario decidirán ser heterosexuales u homosexuales dependiendo del número de parejas que ven pasar frente a sus ojos. Sostener ello resulta absurdo, por el simple hecho que la homosexualidad no es una enfermedad que se contagia por la exposición al ambiente, o por la presencia de modelos de pareja que se salen de la regla sagrada de la heterosexualidad.

Con respecto a lo segundo, puede que el consumo de marihuana aumente en un primer momento, por la novedad que esta medida supone, sin embargo, queda claro que si el Gobierno uruguayo implementa campañas de información y educación a gran escala, dando cuenta del enorme riesgo que representa para la salud el consumo indiscriminado de este producto, entonces los niveles de consumo descenderán y la actividad empezará a tornarse mucho más controlable. Lo que sí es seguro, es que la regulación irá acabando poco a poco con el mercado negro de la marihuana, golpeando y desarticulando a las redes criminales que hasta estos días vivían gracias a este negocio clandestino (lo mismo ocurrió cuando se levantó la prohibición a las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos).
Una izquierda moderna, democrática y liberal
Para terminar, es preciso señalar que la defensa de las libertades individuales, en el campo político, social, económico y cultural, tiene siempre algunos costos y riesgos que sus defensores deben asumir. Hoy en día el Gobierno izquierdista de José Mujica, decide correr esos riesgos, y enfrentarse a la mayoría de su país con el único objetivo de garantizar el pleno ejercicio de la libertad individual de las personas. Estas son reformas que seguramente cambiarán la vida en Uruguay, y que esperemos sean debatidas seriamente en la región.

Es muy meritorio, reitero, que movimientos de izquierda con un pasado antiliberal, hoy representados por el Frente Amplio, hayan decidido enarbolar las banderas de la libertad impulsando éstas reformas. Me pregunto: ¿Cuántos de nuestros izquierdistas locales que hoy se esfuerzan por formar el Frente Amplio estarán dispuestos a salir a los medios y apoyar medidas liberalizadoras como éstas? Pregunto ello pues eso marcará la diferencia entre esa izquierda trasnochada, que se quedó anclada en el pasado, y la izquierda moderna, democrática y liberal, que tanto necesitamos en nuestro país para la consolidación de nuestra democracia. 

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lunes, 6 de enero de 2014

LA HOMOFOBIA ASESINA


De acuerdo a la legislación internacional, un crimen de odio es cualquier forma de violencia motivada por el prejuicio hacia una determinada religión, discapacidad física, origen étnico, grupo racial u orientación sexual. El ensañamiento, la atroz brutalidad, la maldad convertida en violencia física o psicológica son sus principales características. Este tipo de delitos suelen desencadenar en la comisión de atroces asesinatos, sin embargo, sus perpetradores, en muchos casos con la complicidad e indiferencia de las autoridades, se ríen del sistema y pasean impunemente por las calles, ante el dolor e impotencia de sus víctimas y familiares.

En el Perú, sólo entre los años 2008 y 2009, se registraron aproximadamente 126 asesinatos contra personas homosexuales. Para el periodo 2011-2012, el MHOL señaló que por lo menos 21 miembros de la comunidad LGTB fueron asesinados, y decenas fueron brutalmente agredidos. Según estas organizaciones, las cifras reportadas no logran cubrir a la totalidad de crímenes cometidos contra este grupo, pues muchos de estos delitos nunca se denuncian.

 Temor y vergüenza para denunciar

¿Por qué estos crímenes no se denuncian? Al parecer, así como en nuestro país muchas violaciones contra mujeres o menores de edad no son reportadas, los delitos cometidos contra la comunidad LGTB tampoco lo son por temor a las represalias o por la vergüenza que para muchos todavía genera el reconocer que un miembro familiar es homosexual o lesbiana. Así ocurrió hace un par de años con la brutal agresión sufrida por un amigo mío, quien luego de abandonar una discoteca en Miraflores, fue interceptado por 4 sujetos que le propinaron una terrible golpiza. ¡Eso te pasa por rosquete! Le gritaban mientras lo masacraban.


 A pesar de la gravedad del problema, nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo como España o los Estados Unidos, no cuenta con cifras oficiales o con entidades públicas encargadas de registrar, sistematizar y analizar los casos y las razones que explican toda esta barbarie. La violencia homofóbica es percibida como un tema de menor importancia por la mayoría de los peruanos. Es un problema que afecta a algunos cuantos “desviados”, dicen los cínicos. Tenemos problemas más importantes que resolver, señalan los más obtusos.

Una sociedad indiferente e intolerante

A todos aquellos que razonan de esta manera, les preguntaría lo siguiente: ¿Qué cosa puede ser más importante para una sociedad que la defensa de los derechos de todos sus ciudadanos? ¿Qué es más importante para un país que velar por el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, de todos sus hombres y mujeres? ¿Es que en el Perú el valor de la vida depende de la orientación sexual de su titular? ¿Por qué en nuestro país las autoridades prefieren ocultar cobardemente la gravedad de este problema?

La comunidad homosexual se enfrenta diariamente a la intolerancia de una sociedad que sigue manteniendo patrones de conducta y esquemas mentales bajo los cuales los derechos de algunos hombres y mujeres pueden ser violentados por el solo hecho de ser diferentes. La comunidad homosexual debe lidiar con la indiferencia de la autoridad a la cual recurre en busca de ayuda, pues en muchos casos, son los propios agentes del Estado los que de manera alevosa y cobarde violentan a estas personas.


Según un estudio publicado por el Instituto Runa, las víctimas de esta violencia identifican como responsables del 31% de sus agresiones a integrantes de la policía. Según este mismo estudio, en el 46% de los casos son los miembros del serenazgo de Lima los que atropellan de manera reiterada sus derechos. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta barbarie? Es una pregunta que ninguna autoridad se atreve a responder.

Una larga tradición homofóbica en nuestro continente

¿Cómo podemos entonces hablar de desarrollo, democracia y ciudadanía en el Perú si nuestra sociedad no es capaz de frenar esta violencia? ¿Cómo pretendemos convertirnos en un país de primer mundo cuando nuestra sociedad tolera y hasta justifica este tipo de crímenes? Lo que debe quedarnos claro es que la violencia homofóbica en contra de las minorías seguirá siendo un problema mientras no seamos capaces de enfrentarla decididamente como sociedad.

La historia reciente de nuestro continente demuestra que en América Latina los periodos de dictadura fueron tiempos terribles para la comunidad homosexual. En Latinoamérica, durante las décadas de los 70 y 80, los homosexuales fueron víctimas de una violencia sistemática que acabó con la vida de muchas personas. En Argentina, Chile, o Paraguay, por ejemplo, se perpetraron continuos actos de violencia y represión en contra de los homosexuales. Así, podemos decir que las dictaduras desataron toda su furia contra este grupo, bajo la creencia absurda y ultraconsevadora de que estos seres “anormales” no podían ser parte de ningún proyecto social, político o cultural, y que por tanto, debían de ser exterminados o borrados del mapa.


En Norteamérica, el más famoso de los crímenes de odio cometidos contra un miembro de la comunidad homosexual fue el asesinato de Harvey Bernard Milk, quien luego de renunciar a un importante cargo ejecutivo en Wall Street, decidió iniciar su carrera como activista homosexual. Harvey, y así se lo recuerda en la película que lleva su nombre (personaje interpretado por Sean Pen), es asesinado en 1978 por Dan White, supervisor de la ciudad de San Francisco por el sólo hecho de ser homosexual, luego de que en 1977 fuera elegido para ocupar el cargo de miembro de la Junta de Supervisores de dicha ciudad.

La violencia homofóbica en el Perú

En nuestro país lo casos de crímenes de odio cometidos contra homosexuales no han sido pocos. Se recuerdan los asesinatos cometidos por los grupos terroristas contra estas personas conocidos como operativos de “limpieza social”. Basta mencionar, que en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se documenta el asesinato de 10 homosexuales en Aucayacu (1986), 8 en Pucallpa (1988) y otras 8 personas en Tarapoto (1989).

Hace algún tiempo los grupos de derechos humanos denunciaron el caso de Edgar Peña, joven de 32 años, al cual un grupo de salvajes le cortaron la cara y el cuerpo con una navaja y una botella rota. Edgar tuvo que ser operado de emergencia, 180 puntos se necesitaron para cerrar sus heridas. Lo mismo parece haber ocurrido con Luis Alberto Rojas, joven de 26 años, que en febrero de 2008 habría sido violado con una vara de goma por tres policías del distrito de Casa Grande.


En el año 2012, apareció un cadáver que llevaba un cartel que decía “Por Maricón”. Ese mismo año, a otra víctima le dejaron un pico de botella introducido en el ano. Este año, a María Medina le arruinaron la vida, a ella la golpearon y le arrancaron el cabello de raíz en la puerta de su colegio ubicado en San Martín de Porres. Sus agresoras la maltrataron mientras le gritaban: ¡Ella es una machona! ¡Le gusta la concha! Esta es la violencia homofóbica peruana en su versión más psicópata.

Tenemos el deber de combatir esta violencia

A este tipo de delitos se los conoce como delitos o crímenes de odio. Tal y como señalan los especialistas, son los miembros de la comunidad LGTB los que sufren este tipo de agresiones con mayor frecuencia. Esta es una problemática que parecer no tener solución. Las cifras registradas, conservadoras todas ellas, ponen en evidencia la violencia e impunidad con la que actúan estos delincuentes. Te agredo, insulto, ofendo y asesino por el solo hecho de ser LGTB. ¿Qué debe de hacer el Estado para enfrentar este problema? ¿Qué debemos de hacer los peruanos como sociedad para hacer frente a este flagelo?

En primer lugar, es necesario hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente. Se debe tipificar con claridad el delito o crimen de odio en nuestro Código Penal, fijando una pena proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la persona de la víctima. En segundo lugar,  se debe implementar una política institucional, que abarcando a todas las instituciones involucradas (PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras) busque dar una solución integral al problema. En tercer lugar, debemos lanzar una campaña de sensibilización a nivel de todo el aparato público, para hacerles comprender a los agentes estatales, que todos los peruanos merecen respeto, independientemente de la orientación sexual que cada uno presente.


Finalmente, resulta primordial diseñar una política educativa a nivel inicial, primario y secundario, destinada a acabar con la homofobia e intolerancia en nuestro país. Esto último resulta fundamental, pues solo en la medida que todos nuestros niños y  jóvenes dejen atrás los odios y prejuicios absurdos de sus mayores, es que los peruanos estaremos en capacidad de construir una sociedad auténticamente plural, igualitaria y democrática, en la cual todos podamos ser libres. Sólo así acabaremos con esta violencia  homofóbica y primitiva.