martes, 7 de abril de 2015

LA SECRETA VIDA LITERARIA DE AUGUSTO PINOCHET


En mayo de 2013, Juan Cristóbal Peña (JCP), autor del premiado reportaje “Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet”, publicó el libro “La secreta vida literaria de Augusto Pinochet”, logrando, lo que para muchos constituye, uno de los mejores retratos íntimos del dictador chileno.

Lo que JCP buscó con esta minuciosa y paciente investigación fue dar forma al perfil intelectual del dictador que gobernó Chile durante diecisiete largos años. Para el autor, lo que arroja esta investigación es la figura de un personaje receloso y obsesivo, con un gran complejo de inferioridad que lo atormentaba.

El libro se divide en cuatro partes, cada una de ellas nos acerca a la privacidad del dictador, al que JCP describe como un hombre cuyas acciones estuvieron siempre motivadas por el resentimiento de un militar enceguecido por el poder.

CRIMEN DE AUTOR

En esta primera parte, JCP narra el fatídico final del General chileno Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthbert, cuyos cuerpos fueron destrozados por una poderosa carga explosiva en Argentina, un año después de que Pinochet asaltara el poder el 11 de setiembre de 1973.

Recordemos que Carlos Prats, el mejor militar de su generación (muy por encima de Pinochet), fue el general constitucionalista que hasta el final de sus días defendió al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, razón por la cual, luego del golpe de Estado, se vio obligado a dejar su país en un auto particular, después de aclarar, como lo recuerda JCP, ante la televisión chilena, que no comandaba ninguna facción constitucionalista del Ejército proveniente de Concepción, como se lo habían hecho creer a Pinochet sus acólitos.


A pesar de esta pública confesión, durante su exilio en Buenos Aires, el General Carlos Prats que recomendó ante el presidente Allende a Pinochet para sucederlo en la Comandancia en Jefe del Ejército, se vio obligado a trabajar a jornada completa en una distribuidora de neumáticos porque no recibía la pensión que le correspondía como oficial en retiro, pero sobre todo, apunta JCP, porque al poco tiempo de establecerse en Buenos Aires, fue objeto de una feroz campaña de desprestigio, seguimientos, reglajes y amenazas de muerte, ordenados directamente por el gobierno de Pinochet.

De allí que JCP afirme que el asesinato de Carlos Prats, haya estado motivado por el temor que en Pinochet generaba la figura de su antecesor, cuyo carisma y prestigio podían amenazar el liderazgo del dictador al interior del Ejército. Como lo señala JCP, Pinochet sabía que la voz de Carlos Prats seguía siendo escuchada por los oficiales chilenos, pues era la palabra del más destacado oficial de su generación, un brillante general del Ejército a quien sus pares admiraban por sus capacidades intelectuales pero a quien también, aunque en menor proporción, envidiaban. Fue este sentimiento y los fantasmas pinochetistas los que terminaron por firmar la sentencia de muerte de Carlos Prats el día 30 de septiembre de 1974.

EL APRENDIZ

En esta segunda parte, JCP presenta al joven aprendiz de dictador, que en sus años mozos, luego de dos intentos fallidos, logró ingresar a la Escuela Militar, para luego, ofrecer pruebas irrefutables que acreditan la mediocridad académica e intelectual de Pinochet.

Pero además de presentar el desempeño académico de Pinochet (luego veremos el reporte de notas), JCP contextualiza con maestría los años del joven Pinochet, recordando que cuando el dictador logró matricularse en la Escuela Militar en el año 1933, el presidente Alessandri regresaba al poder en Chile, luego de la caída de la dictadura de Ibañez. En palabras de JCP, Chile tenía una democracia frágil, bajo permanente amenaza, que era necesario resguardar con milicias republicanas formadas por cuadros civiles que desconfiaban de sus Fuerzas Armadas.

El problema en Chile de 1933 no eran los políticos, afirma JCP, en esos años no había peor cosa que un militar. No solo se recelaba de ellos. Si había una profesión donde se estudiara poco y se pensara menos, esa era justamente la que había elegido Pinochet. Esa desconfianza, ese desdén con el que eran mirados los uniformados terminaría marcando la relación de Pinochet con la civilidad, sector en el que jamás depositó su confianza, mucho más si se trataba de políticos o intelectuales ganados por el “comunismo internacional”.


JCP muestra que las mejores notas de Pinochet fueron en los cursos de condiciones de mando, y conducta y espíritu militar. En ambos obtuvo un 7,0. Las peores fueron en matemáticas (3,0), topografía (4,0), conocimiento de armas (4,5), y redacción militar (4,6).

En palabras del Comandante Ramón Salinas, encargado de redactar la hoja de calificación del último año de Pinochet en la Escuela Militar, se trataba de un alférez de conducta excelente, muy puntual, entusiasta, trabajador, disciplinado y exigente con sus subalternos. Sin embargo, en lo que se refiere a sus “condiciones de inteligencia”, estas no pasaron de ser “satisfactorias”.

En este mismo reporte, el Comandante Salinas le aconsejó a Pinochet mejorar su dicción y redacción, por ello no deja de sorprender, como veremos luego, que años más tarde, el dictador se haya convertido en un “destacado escritor de libros”.

LA CORTE EDITORIAL

En esta tercera parte, JCP muestra cómo los fracasos académicos y la mediocridad intelectual exhibida por Pinochet durante los años en la Escuela Militar, primero, y luego en la Academia de Guerra, lo motivaron a convertirse en autor de libros de historia y geografía, los cuales a pesar de presentar serias omisiones y deficiencias en cuanto al manejo de las fuentes (nunca citó una de ellas) fueron considerados obras de necesaria consulta para las nuevas generaciones de militares en Chile.

Justamente fue ese afán desmedido por sobresalir en el campo académico, explica JCP, el que lo llevó a escribir un libro como “Geopolítica”, en el que reprodujo párrafos copiados al pie de la letra de una obra de Gregorio Rodríguez, su profesor en la Academia de Guerra. En otras palabras, Pinochet era un “escritor original” al que le costó siempre reconocer los derechos de autor de las personalidades a las cuales copiaba y plagiaba sin mayor vergüenza.


Es así como luego de usurpar el poder en 1973, Pinochet, valiéndose del poder que ostentaba, y al amparo de una corte de escritores, editores, bibliotecarios y libreros empeñados en crearle una imagen de militar académico y eximio intelectual, mal utilizó los recursos públicos chilenos destinados para la promoción de la cultura nacional en la publicación, edición y reedición de sus obras, todas ellas carentes de rigor científico y calidad literaria, como se encarga de demostrar JCP con abundante material documental.

Entonces, fue esta práctica de “autopublicación dictatorial” la que hizo posible que libros como “Geopolítica”, “Geografía Militar”, “El día decisivo”, “Guerra del Pacífico”, “Pinochet: Patria y Democracia” o “Política, Politiquería y demagogia”, llegaran a los estantes de las librerías chilenas, muchos de los cuales, hoy en día, se rematan a precio de feria debido a su escasa demanda. En otras palabras, la historia reciente y el ojo agudo de investigadores independientes, han demostrado que las obras del “General” no eran otra cosa que “los ordenados apuntes de clase de un militar de inteligencia satisfactoria”. Nada más.

EL BIBLIÓFILO

En esta cuarta parte, JCP describe cómo el joven aprendiz que logró entrar a la Escuela Militar solo después de dos intentos fracasados, se convirtió en el coleccionista que creó bibliotecas avaluadas en millones de dólares.


JCP cuenta que fue Gonzalo Catalán el encargado de liderar el equipo de expertos que debía determinar el valor y origen de los libros que Pinochet tenía dispersos entre sus tres casas, la Academia de Guerra y la Escuela Militar, todo ello a pedido del juez que instruía el caso de las millonarias cuentas del Banco Riggs, expediente judicial que además de confirmar los abusos cometidos por Pinochet en el poder, terminaría demostrando que las denuncias de corrupción que los opositores habían presentado en años anteriores, no eran, como algunos pinochetistas decían “intrigas de los comunistas a los cuales el General había vencido”, sino casos puntuales de latrocinio y aprovechamiento indebido de dinero público.

Cierto es que desde joven Pinochet fue aficionado a los libros, afirma JCP, en particular a los de historia, geografía y guerras. En su declaración jurada de bienes del 21 de setiembre de 1973, a diez días del golpe de Estado, Pinochet dijo poseer una biblioteca particular por un valor de 750 mil escudos. Esto es, cerca de doce mil dólares, precisa JCP.

Pero nada se compara, pues las cifras son demoledoras, con las bibliotecas que logró construir luego de asumir el gobierno chileno, las mismas que experimentaron un sostenido incremento, producto no solo de los regalos propios del cargo de Presidente de la República que se asignó, sino del uso de fondos públicos. Se trata, como explica JCP, de bibliotecas que fueron descubiertas de manera fortuita, a propósito de la investigación judicial seguida en contra del dictador por los depósitos que él tenía bajo nombres secretos en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe pericial elaborado por Gonzalo Catalán y Berta Concha, los libros que Pinochet tuvo distribuidos entre sus casas de Los Boldos, Los Flamencos y El Melocotón, además de la Academia de Guerra y la Escuela Militar, sumaban unos 55 mil volúmenes. Se trata de libros de un altísimo valor patrimonial y comercial: primeras ediciones, antigüedades, y rarezas, algunas de las cuales ni siquiera se encuentran en la Biblioteca Nacional de Chile, se lee en el informe. Pero: ¿En cuánto fue cotizada la biblioteca de Pinochet? Contando mobiliario, adornos, encuadernaciones y otros accesorios, los libros fueron tasados en cerca de tres millones de dólares, cifra que resulta inalcanzable para cualquier ex Presidente que se jacte de haber gobernado su país con las manos limpias.


CONCLUSIÓN

Al término de esta columna, tomo un párrafo de JCP para decir que lo que demuestra esta investigación es que Augusto Pinochet Ugarte era un hombre de reservas y misterios, y al menos en público, en el ejercicio del poder, no se caracterizaba por demostrar una gran cultura, más bien lo contrario: proyectaba ser básico y ramplón, de conceptos elementales. Alguna vez Pinochet dijo que en cama, antes de dormirse, leía “un cuarto de hora, por lo menos”. También dijo que admiraba a “los señores Ortega y Gasset”, aunque no se sabe si esa monumental brutalidad la dijo en broma o en serio, precisa JCP.

Lo que me queda claro al terminar de leer este libro es que todo hombre, incluso los dictadores más inescrupulosos, son también seres humanos profundamente complejos, que arrastran y cargan a cuestas los miedos, frustraciones y tristezas del pasado, y que una vez en el poder, lo usan consciente o inconscientemente, para redimirse o saldar las cuentas pendientes contraídas lo largo de la vida con propios y extraños.

Por otro lado, con respecto al autor de este libro, debo decir que no exagera la Editorial Debate al afirmar, como se lee en la contratapa, que con la rigurosidad y el talento narrativo a los que nos tiene acostumbrados, JCP, logra, a partir de una prosa exquisita y un rigor documental dignos de mención, retratar de manera notable la vida íntima del dictador chileno.


Nota: dedico esta columna a mi amada hermana María Teresa Rodríguez Campos, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por haberme comprado este libro durante su último viaje a Chile. A ella, como a todos aquellos que ponen un libro más en los estantes de mi biblioteca personal, mi más sincero agradecimiento. 

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jueves, 9 de abril de 2009

Un proceso histórico: Fujimori sentenciado


Fueron 17 años de dura espera, fueron 17 años de lucha y esfuerzo constante por alcanzar justicia, fueron 17 años de agravios, fueron años en los cuales el oprobio y la persecución fueron el sino que marcó la vida de los deudos de las víctimas de los Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y La Cantuta (18 de julio de 1992), fueron 17 años que han llegado a su fin.

Luego de todo este tiempo, en un fallo que marca un hito histórico en la justicia peruana y latinoamericana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado y lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad. Sin lugar a dudas, este 7 de abril será recordado como la fecha en la cual el Poder Judicial le devolvió la bandera de la justicia a nuestra débil democracia, ello porque luego de casi 16 meses de audicenias, tiempo durante el cual ninguna de las partes puso en tela de juicio la imparcialidad y el respeto por el derecho de defensa y debido proceso del acusado, el tribunal emitió una sentencia cuya calidad argumentativa y fundamentación fáctica y jurídica han recibido el reconocimiento y admiración de la mayoría de sectores de nuestra sociedad y de la comunidad internacional en general.

Debemos de recordar que en la historia republicana de nuestro país, Fujimori es el segundo mandatario que resulta ser condenado por delitos cometidos durante su gobierno, antes fue Augusto B. Leguía, quién tras luego de ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, murió en su celda durante los años en los cuales purgaba condena. Sin embargo, Fujimori será recordado por los libros de historia como el primer ex mandatario civil, elegido democráticamente en toda Latinoamérica que fue llevado a juicio y fue condenado por los tribunales de su propio país por delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. A diferencia de lo ocurrido con los ex dictadores de Chile, Augusto Pinochet (1973-1990), y de Paraguay, Alfredo Stroessner (1954- 1998), quienes fallecieron sin llegar a ser condenados por los tribunales de sus respectivos países por delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o el secuestro.

El fallo, como hemos dicho anteriormente, constituye un hecho histórico y trascendental para la escena nacional e internacional, es un fallo que traspasa las fronteras de nuestro país, es una llamada de atención para todos los gobernantes del mundo, es un mensaje que pone de manifiesto el compromiso de los tribunales nacionales e internacionales con la defensa y protección de los derechos humanos y, además, reinvindica el compromiso democrático del Estado peruano por investigar y sancionar a los responsables de crímenes de esta naturaleza por más que éstos tengan la calidad de ex presidentes, como ha sido en el caso de Fujimori.

Es importante destacar que el juicio que se ha llevado a cabo contra el ex presidente Fujimori ha sido sobre los delitos de homicio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista, Gustavo Gorriti y el empresario, Samuel Dyer. Esto debe de quedar claro ya que el ni en el juicio ni en la sentencia se ha pretendido evaluar la política desarrollada por Fujimori durante su gobierno. Por tanto, no resulta relevante para el resultado final del proceso, como así lo ha pretendido exponer la defensa del ex mandatario, evaluar los logros que Fujimori durante su gestión pudo cosechar, no resulta relevante probar o comprobar si sus medidas hicieron viable a nuestro país, o si fue el artífice de la lucha contra la subversión, o si gracias a su política económica el Perú pudo salir de la crisis y reinsertarse en el escenario mundial o si fue el gran gestor de la paz con el Ecuador.

Teniendo en cuenta dicho apunte, debemos reconocer que el fallo emitido por el tribunal ha sido escrupuloso en dar respuesta estricta a los términos en los cuales el Ministerio Público planteó la acusación contra Fujimori. A Fujimori se lo acusaba de ser el autor mediato de los homicidios de los Barios Altos y La Cantuta por dominio de la voluntad de un aparato organizado de poder y, a partir de ello, el tribunal expuso y sustentó la responsabilidad del ex presidente en 247 fundamentos de hecho que acreditan fehacientemente que Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, estuvo detrás de la organización, ejecución y encubrimiento de los crímenes antes mencionados, en otras palabras, que Fujimori, conoció, aprobó, premió y encubrió las acciones del Grupo Colina.

Mucho se ha dicho en torno a la utilización de la teoría de la autoría mediata como figura penal utilizada en el juzgamiento de Fujimori, algunos dicen que en la sentencia en la cual se determina la responsabilidad del ex presidente no se hace mención a ninguna prueba directa que acredite su responsabilidad penal, que no existe algún documento o video en el cual se pruebe que Fujimori ordenó de manera directa los asesinatos de los Barrios Altos y La Canuta. Ahora bien, sin ánimo de ingresar a un debate técnico en torno a este tema, habría que decir en principio que en este tipo de casos en los cuales se trata de probar la responsabilidad del agente (en este caso Fujimori) como autor mediato de asesinatos a través del dominio de un aparato de poder organizado, resulta imposible encontrar una única prueba, como una carta, comunicado u orden escrita, firmada por el propio acusado en la cual él de manera explícita le transmita las órdenes a sus subordinados para la comisión de tal o cual delito. Por tanto, lo que corresponde en estos casos, es trabajar con lo que la doctrina ha denominado prueba indiciaria, es decir, determinar a partir del análisis de un conjunto de indicios, todos ellos coherentes entre sí, la responsabilidad del imputado, hecho que ha quedado plenamente probado con los ya mencionados 247 fundamentos de hecho que sirven de sustento fáctico de la sanción a 25 años de prisión para el ex mandatario.

Cabe mencionar, que la teoría de la autoría mediata fue obra de Claus Roxin, jurista alemán, quien en 1963 la definió para juzgar a Adolf Eichmann, uno de los jerarcas del régimen nazi que fue responsable de la muerte de miles de judíos. Este autor, dice que se considera autor mediato a quien hace ejecutar un crimen mediante otro sujeto, cuya voluntad carece de libertad, y que se puede efectuar valiéndose de una estructura organizada de poder. Señala también que el autor mediato dispone de una maquinaria para cometer una multiplicidad de delitos.

Resulta importante mencionar, que dicha figura jurídica ya ha sido empleada en nuestro país en la sentencia condenatoria contra Abimael Guzmán que dictó la Sala Penal Nacional en el 2006 y también fue aplicada por la Primera Sala Anticorrupción para condenar al general Julio Salazar Monroe.

Por tanto, resulta poco serio e irresponsable, señalar que la aplicación de esta teoría para el caso del ex presidente no hace sino confirmar la persecución de la cual él ha sido víctima ya que se trató de crear una figura penal con el único ánimo de encarcelar a Fujimori, tal y como se empeñan en señalar su hija los miembros de su agrupación política, más cuando fue la justicia de otro país, en este caso la justicia chilena, la que determinó que existían razones e indicios razonables que acreditaban la responsabilidad de Fujimori en estos crímenes, y fue esa convicción la que permitió que la Corte Suprema de ese país le concediera al Estado peruano el pedido de extradición de Alberto Fujimori, así lo señaló la fiscal chilena Mónica Maldonado, en el informe en el que sustentaba que Chile estaba obligado a conceder la extradición: “Fujimori ha intervenido como autor mediato al encontrarse en una jerarquía superior como instigador intelectual de los crímenes contra la humanidad que se le atribuyen, señaló en su oportunidad., tesis que luego sería confirmada por el tribunal chileno que resolvió en última instancia el pedido de extradición.

Pero más allá de la condena de 25 años a Fujimori, el fallo de este tribunal presenta elementos, que desde el punto de vista jurídico y ético son de vital importancia, en él se señala que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves que se le atribuyen a Fujimori constituyen crímenes contra la humanidad, en tal sentido, se cierra la posibilidad de un posible indulto o amnistía, todo ello de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de nuestro país, en la cual se establece con claridad que: no procede la concesión del derecho de gracia, llámese indultos o amnistías, para aquellas personas que hayan sido encontradas responsables de violaciones a los derechos humanos. A su vez, este fallo dignifica la memoria de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta, al dejar en claro frente al país, que ninguno de ellos tenia vínculos directos o indirectos con Sendero Luminoso o el MRTA, ninguno de ellos era terrorista. Sin lugar a dudas, este extremo del fallo, mas allá de las discusiones técnicas que se puedan desatar en torno a su conveniencia o no, no hace sino reafirmar el espíritu de este tribunal por defender y enarbolar las banderas de la justicia y la verdad, una verdad que trató de ser ocultada durante más de 17 años por Fujimori y sus cómplices. Pero además, en el fallo se señala algo que durante muchos años se supo pero de lo cual no se tenía total certeza, y ello es que la acción del Grupo Colina fue mucho más sangrienta y cruel de lo que algunos pensaban o no querían reconocer. Así, este tribunal estableció que durante el gobierno de Fujimori se cometieron al menos 50 ejecuciones extrajudiciales en Lima entre 1991 y 1992, entre los que podemos destacar, el asesinato de 10 personas, el 2 de mayo de 1992 en El Santa, el asesinato de Pedro Sauri y la muerte de la familia Ventocilla (6 miembros), el 24 de junio de ese mismo año, el asesinato de 6 personas, el 29 de enero en Pativilca, y un sin número más de crímenes que llevó a cabo el denominado escuadrón de la muerte.

Este fallo, que duda cabe, marca un antes y un después en la historia republicana y democrática de nuestra patria, cierra un capítulo de tristeza, desasosiego, violencia e indiferencia del Estado para con los más humildes, para con las víctimas del terror de aquellos años, pero abre un camino de esperanza para la consagración y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Este fallo, pero sobre todo, este juicio nos da la oportunidad de extraer importantes lecciones para la vida jurídica, política y ética de nuestra nación.

Desde un punto de vista jurídico y político, este juicio, no hace sino confirmar que la Democracia, con todos los defectos y yerros que pueda entrañar, es capaz de juzgar con respeto y con sujeción a la ley y a la Constitución a toda aquella persona que cometa un delito, por más atroz que este sea, nos enseña que no es necesario combatir el terror con más terror, nos enseña también que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que quién comete un delito debe de ser investigado, procesado y sancionado con el pleno respeto por sus derechos fundamentales, como el de defensa y el debido proceso, tal y como ha sucedido en el caso de Alberto Fujimori.

Pero lo más importante, desde un punto de vista ético, es que este juicio confirma la convicción humanista, que nunca más, la violencia, venga de donde venga, ya sea del Estado o de movimiento radicales o terroristas, que trae consigo la vulneración de derechos como la vida, la libertad, la integridad o la dignidad de las personas quedará impune, por más poderosa que sea la persona que los haya cometido y a la cual le toca comparecer ante los tribunales. En otras palabras, este fallo niega aquella frase según la cual el fin justifica los medios, este fallo proscribe la idea, tan arraigada en nuestras latitudes, de que el engaño, la mentira o el asesinato están permitidos en política, este fallo es, como ya hemos señalado, un símbolo de la defensa de la justicia y la verdad como valores auténticamente democráticos, pero sobre todo, este fallo actualiza aquella frase de que el fin del Estado y la razón de su existencia no es otra sino la defensa, garantía y promoción de la vida y las libertades de todos sus ciudadanos.

Rafael Rodríguez Campos

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