viernes, 26 de junio de 2009

Censura moral para los ministros


Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los espectáculos más penosos de la vida política de nuestro país. Una vez más el acomodo, la sin razón, la irresponsabilidad y la indolencia, sobre todo la indolencia, se apoderaron de nuestra clase política. En un discurso lleno de ambigüedades y medias verdades, el primer ministro, Yehude Simon y la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, “trataron” de responder el pliego interpelatorio que el congreso de la república les formulase con la finalidad de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades políticas correspondientes por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Ferry, en la denominada Curva del Diablo, que dejó el saldo trágico de 24 policías y 10 nativos muertos.

Tanto Simon, en primer término, como Cabanillas, se esforzaron por escudarse detrás de los altos mandos policiales, asignándoles a ellos toda la responsabilidad por el desastroso operativo policial llevado a cabo en la Amazonía de nuestro país. Simon, sin ideas, y desprovisto de la vergüenza política que todo ministro medianamente digno debe de conservar en este tipo de situaciones, se dirigió al país y a la representación nacional, haciendo lectura a un documento que más tenía de estudio sociológico sobre la fractura social y la exclusión histórica de algunos sectores y regiones de nuestro país que de pliego de respuestas a una problemática que en la hora actual requiere la mayor ecuanimidad y solidez moral posibles. “No solo se me interpela a mí o a la ministra del interior, sino también a este gobierno, pero también a los gobiernos anteriores, a este honorable Congreso y a los precedentes. Se nos interpela a todos los ciudadanos del país”, señaló, el todavía “primer ministro”. Acto seguido, dijo: “A los nativos siempre se les ignoró porque estaban lejos o eran pocos, por el abismo cultural existente con esas poblaciones. El grave error del Gobierno fue no saber comunicar, porque ni las tierras ni el agua se les iba a quitar”, sentenció.

Es cierto, nadie desconoce el diagnóstico sociológico y político que nos ofreció el premier Simon el día de ayer, pero él fue al parlamento nacional a rendir cuentas a la nación por la muerte de 34 peruanos en Amazonas, y no por la fractura social milenaria que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país. Lejos de asumir su responsabilidad política en este penoso y lamentable incidente y de honrar su palabra y presentar su renuncia, Simon le ofreció al país la misma careta del político criollo al cual le cuesta decir me equivoqué, y al cual le cuesta mucho más dar un paso al costado, o en buen castizo, decir señores renuncio. Simon asume equívocamente que aún le es útil a este gobierno. Simon cree seguir siendo un interlocutor válido entre el gobierno y el pueblo. Simon cree que su imagen después de lo de Bagua ha quedado sin mácula alguna gracias a las últimas gestiones que se ha esforzado por hacer desactivando los conflictos sociales en Andahuaylas, Sicuani, o la Oroya. Simon presume que la fórmula de conducir un gabinete es firmando actas y formando mesas de trabajo con todo grupo que cargado de un pliego de reclamos válido o no decide tomar una carretera, un puente o paralizar una ciudad, Simon no se da cuenta que hace mucho tiempo dejó de entender lo que algunos denominamos principio de autoridad y orden democrático.

Nadie, con dos dedos de frente, cree que el principio de autoridad se impone al caballazo y mediante el uso indiscriminado de la fuerza, nadie pide una masacre contra aquellos que democráticamente protestan, nadie está a favor de criminalizar o penalizar el derecho constitucional de los peruanos a patalear contra aquello que les parece injusto o perjudicial para sus intereses. Pero, por favor, nadie quiere un gobierno que pierda la brújula constantemente, que sea incapaz de dar respuesta a los conflictos sociales, un gobierno que desde sus inicios siempre actuó de manera tardía, cuando los puentes ya habían sido tomados, cuando las carreteras ya habían sido clausuradas, cuando el pánico ya se había instalado en la población, en fin, cuando la bomba ya les había estallado en las narices.

Al final de su alocución el premier le dice a la nación: “En el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales para evitar una masacre, que los intereses desestabilizadores querían provocar”. Es cierto señor Simon, los policías se inmolaron, se inmolaron por la falta de pericia de una ministra a la cual la cartera del interior le quedó más grande que la de educación y por un comando policial que sólo sabe decir Chi Cheñor, frente a cualquier propuesta rocambolesca y rayana que doña Mercedes Cabanillas les planeta. Y ya saben, todos están avisados, aquél alto mando que no se cuadre frente a la ministra, porque desea mirar con la frente en alto a sus oficiales y no agacha la cabeza por más cómodo que le parezca el sillón que ocupa, es inmediatamente incentivado a dejar la institución, sino porque la policía ha tenido más de 4 inspectores generales, en menos de medio año. Lo curioso, sin embargo, es que meses antes, un general, decente y probo como el general Jordán, fue invitado al retiro y llamado cobarde por el mismísimo presidente de la república, cuando decidió rendirse y capitular frente a los agitadores que habían tomado el puente Montalvo, con la finalidad de salvaguardar la vida de sus oficiales que se veían ampliamente superados en número por la turba. Entonces, en que quedamos, con que gobierno nos quedamos, con el que llamó cobarde a un general por capitular y salvar la vida de sus oficiales, o con aquél que dice que los 24 policías muertos se inmolaron para evitar un mayor derramamiento de sangre.

Un párrafo aparte merece la ministra Cabanillas. Fiel admiradora de Poncio Pilatos, ella no se lavó las manos en un pequeño recipiente y con un chorrito de agua, ella se lavó las manos con todo el líquido que administra Sedapal. “El general Sánchez Farfán informó que el operativo de desalojo se llevaría a cabo el viernes 5 de junio. Dicha orden fue acordada por todo el Consejo de Ministros, no por un ministerio en particular. Tengo la conciencia tranquila. El ministro no es un mariscal de campo”, fueron las palabras con que la ministra defendió su cómodo sillón en el Consejo de Ministros y las gollerías que un cargo de este tipo ofrece a quien lo ejerce.

Háganos el favor señora ministra, todo el Perú sabe que una operación de esa envergadura no se realiza sin el consentimiento y apoyo de la autoridad política a cargo del sector. Querer hoy en día, escudarse en que la decisión fue tomada por todos los ministros, es decir por ninguno, y que la decisión del operativo recayó en la persona del general Sánchez Farfán, el cual tenía a penas una semana en el cargo de Director General de la Policía, es un acto de felonía política. O bien conoció de lo ocurrido, dio la orden, por encargo del presidente de la república, y en virtud de ello debe asumir su responsabilidad política por lo fatídico del operativo, o usted no es más que una recepcionista en el ministerio del interior en el cual los generales hacen y deshacen a su antojo, ordenan desbloquear puentes o carreteras y no le comunican en lo más mínimo el contenido de lo decidido. En ambos supuestos usted debe renunciar, por haber ordenado un operativo mal diseñado como a continuación lo señalaremos o por permitir que en su sector reine la anarquía y el desgobierno. Conociendo el carácter de la ministra ¿Alguien puede creer que Mercedes Cabanillas Bustamante no conocía de la fecha y la hora del operativo?

Ahora bien, y luego de conocer las conclusiones a las cuales arribó la Junta Especial de Investigación de Bagua , documento secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, queda claro que la responsabilidad política del primer ministro y de la ministra del interior es a todas luces una verdad incontrastable y que sus esfuerzos y discursos que ellos llevaron al parlamento no son más que los esfuerzos desesperados de dos políticos criollos que no quieren dejar de saborear la miel que el poder ofrece. De acuerdo con ese informe se llega a las siguientes conclusiones:

1.- Que no se llevó a cabo un planeamiento conjunto desde el momento en el cual se autoriza el apoyo de las FF.AA., hecho que produjo vacíos operacionales y descoordinación, como el presentado al desconocerse del día y la hora del inicio del operativo policial.

2.- Que el comando policial responsable de la conducción del desalojo inició el operativo sin tener en cuenta el término del despliegue del personal de las FF.AA solicitado el apoyo.

3.- Que los 800 efectivos dispuestos como refuerzos aún no habían llegado a Bagua cuando se dio inicio al operativo policial.

Queda claro entonces, que la interpelación del día de ayer tenía que haber servido para esclarecer estos hechos, pues era la única manera de establecer las verdaderas y correspondientes responsabilidades políticas y funcionales, además de ser un deber que la clase política de este país tiene frente a los deudos de los 24 policías caídos en esta acción y de los 10 civiles muertos debido al fuego cruzado en la zona.

En cualquier otro país del mundo, un hecho de similar naturaleza habría traído consigo la renuncia inmediata de los ministros responsables de los sectores vinculados a la problemática en la Amazonía, y la salida casi automática del primer ministro. En nuestro país, sin embargo, hemos sido testigos de los esfuerzos de ambos interpelados por mantenerse inamovibles en sus cargos, sacándole la lengua al país y burlándose con su indolencia de todos los peruanos. En ese sentido, es muy posible que la oposición no consiga los votos necesarios para proceder con la censura a ambos ministros; por ello, sólo resta confiar en que la sordera y la ceguera política de la cual por ahora son víctimas, tanto el premier Simon como la ministra Cabanillas, les de una tregua y les permita percibir la censura moral con la que hoy en día todo el Perú los sanciona.

Rafael Rodríguez Campos

Etiquetas: , , , , , ,

jueves, 11 de junio de 2009

Crisis en la Amazonía


Fueron más de 50 días los que duró la toma generalizada de carreteras en la selva (Bagua). Tiempo durante el cual el gobierno esperó que la solución llegue por un toque de varita mágica de la ministra del interior, Mercedes Cabanillas o del primer ministro, Yehude Simon o, mejor aún, por obra y gracia de un ser superior que para el partido de gobierno, no es otro que el presidente de la república, Alan García. El saldo de semejante desatino político, todos lo conocemos, 24 policías y 9 civiles muertos, debido a los enfrentamientos llevados a cabo durante el operativo de desalojo de la carretera Fernando Belaunde Ferry bloqueada por los nativos durante 56 días.

En medio del dolor de los deudos por la pérdida de sus seres queridos, la indolencia y la frivolidad de nuestra clase dirigente se volvieron a poner de manifiesto con declaraciones tan desatinadas como las proferidas por nuestras autoridades políticas y policiales. “Nuestra misión era desalojar a los que estaban obstruyendo el tránsito y eso se logró, obviamente con las bajas lamentables para nuestro personal”, señaló el director general de la Policía Nacional, teniente general PNP José Sánchez Farfán. A su turno, el jefe del Estado Mayor, general Miguel Hidalgo, aseguró que hubo un trabajo previo de la policía antes de realizar el operativo; sin embargo no supo ni pudo explicar la razón de las bajas policiales en dicha acción policial. Finalmente, y como ya es costumbre en ella, la ministra del interior dijo: “Solo estaban para restablecer el orden interno. Solo lanzaron bombas lacrimógenas”, fueron las explicaciones que le ofreció al país.

Como puede apreciarse de las propias declaraciones de los actores del sector interior, las mismas carecen de un absoluto mea culpa que asuma la responsabilidad funcional que les corresponde, pareciera que tanto la ministra como los altos mandos policiales han perdido el absoluto sentido de la realidad, no se dan cuenta que con dicha actitud sólo se acrecienta el sentimiento de tristeza y dolor que hoy por hoy experimentan los familiares de los fallecidos. Y es que a estas horas, todos sabemos que el operativo fue un desastre, que los efectivos policiales enviados a la zona desconocían la situación real del conflicto, y que dicha responsabilidad obedece a la necedad de la ministra de no observar los canales de información a su disposición, el manejo profesional de la institución y a su continua falta de reacción frente a problemas de este tipo, los cuales no han dejado de estallarle en las narices desde que asumió el cargo de ministra; que entendemos, obedece más a un afán de protagonismo personal de cara a las elecciones generales del 2011, que al deseo sincero de conducir con eficacia y perfil de estado a una institución a la cual está llevando por el camino de la más absoluta ineficiencia.

Se sabe que hace más o menos dos semanas, agentes del Departamento de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) advirtieron a sus superiores que los nativos conseguían armamento y planeaban un enfrentamiento si el gobierno ordenaba el desbloqueo de las vías tomadas. En sus respectivas notas de inteligencia, los mismos agentes, sugirieron s sus superiores que se debía actuar de inmediato, con la finalidad de desactivar cualquier intento de violencia que pudiera escapárseles de las manos. Esa misma información, fue enviada a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, órgano que depende del director general de la institución, a cargo en esos días del tristemente célebre ex director general, Mauro Remicio, quién también habría recomendado la intervención y la captura de los dirigentes nativos que estaban promoviendo la violencia. Ante ello ¿Qué hizo la ministra? Nada, ¿Por qué no solicitó esa información? Y si lo solicitó ¿Por qué no tomó las medidas correctivas del caso y esperó 56 días para actuar? La respuesta es una: por incompetencia e indolencia política.

Pero la cuestión de fondo es otra, las preguntas que todos debemos de hacernos y tratar de responder son las siguientes: ¿Qué tipo de conflicto es este? ¿Quiénes son los actores sociales del conflicto? ¿Cuáles son las demandas que los pueblos nativos tienen frente al gobierno? ¿Cuál es la lectura que la clase política ha hecho de este conflicto? ¿Cuáles son las posibles salidas a este problema? A continuación trataremos de responder a estas interrogantes.

El problema amazónico tiene un trasfondo social y no político o delincuencial como algunos se esfuerzan en señalar. No se trata de una conspiración digitada y financiada por gobiernos extranjeros como el de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, o por ONG’S izquierdistas u opositoras al actual gobierno, como errónea e interesadamente ha tratado de hacernos creer el partido de gobierno y el propio presidente Alan García. Estamos frente a una movilización social que tiene tintes de protesta reivindicativa, es una protesta frente a la eterna indiferencia y autoritarismo con que los diversos gobiernos de nuestro país han tratado a los pueblos amazónicos, se trata de una justa denuncia de los niveles de exclusión y marginalidad en los que éstos pueblos viven, sintiéndose víctimas de un Estado que los invisibiliza, que no los toma en cuenta, que con arrogancia y visión paternalista los define o concibe como ignorantes, salvajes, atrasados y violentos; se trata de de un reclamo frente a un Estado que en esta oportunidad les pretende imponer una visión de desarrollo ajena a la cosmovisión que ellos manejan, de un Estado que les ofrece la salvación, ya no a través del evangelio como en tiempos anteriores, sino a través de la inversión y el capital.


Pareciera que el gobierno, el Estado y la sociedad se esfuerzan por minimizar el problema, se olvidan que los aguarunas o awajun (grupo mayoritario en la parte nororiental del país) son un pueblo ancestral, que es dueño de sus tierras, antes que el mismo Perú naciera como nación independiente, olvidan que resistieron la violencia de los incas, los españoles y los explotadores del caucho en el siglo pasado. Pero lo más penoso es que el Estado olvida que ellos mismos ofrecieron su vida durante el conflicto del Cenepa con el Ecuador por la defensa de ese mismo Estado que hoy los tilda de delincuentes, asesinos o ignorantes.

Muestra de la exclusión e indiferencia con la que a lo largo de la historia estos pueblos han sido tratados, fue la falta de voluntad por parte del gobierno de dialogar con ellos y tomar en cuenta su opinión en torno a temas que afectan, ya sea de manera directa o indirecta, la integridad de sus tierras. Fueron 45 días los que tuvieron que transcurrir para que el gobierno decidiera instalar la mesa multisectorial de solución de conflictos; es decir, el gobierno tuvo que esperar que las regiones de Amazonas y San Martín se quedaran sin abastecimiento para que recién de muestras reales de querer solucionar el diferendo mediante el diálogo y con la participación de los nativos.

Queda claro entonces, que el conflicto en la selva de nuestro país es un conflicto netamente social, debe quedar claro que la actitud de algunos políticos de pretender convertir a este diferendo en un pretexto para desestabilizar al régimen, como es el caso del Partido Nacionalista, resulta ser una reacción advenediza y oportunista, pretenden generar en la movilizaciones y mediante el caos y la violencia, aquello que no pueden conseguir en las urnas, debido a que el pueblo mayoritariamente le da la espalda al programa político que ellos ofrecen. Lo mismo ocurre con la posición de otros líderes políticos, como el ex presidente Alejandro Toledo, quien luego de tildar de incompetente, autoritario y torpe al gobierno de turno, se ofrece como mediador en este conflicto, en un acto de total incoherencia ¿Cómo ser mediador de un gobierno incompetente, autoritario y torpe? No cabe duda, que la mezquindad y la miopía de nuestra clase política les impide ver y analizar con objetividad la naturaleza real del problema, un problema que pinta de cuerpo entero la figura de un país, que se divide entre los excluidos y los inmersos en el mercado y la globalización, y no entre los hortelanos y los amigos de la inversión, como maniqueamente ha pretendido hacernos creer el gobierno, un gobierno que considera revoltoso, terrorista y desestabilizador a todo aquél que no piensa y no comparte el discurso de García.

El reclamo de los pueblos nativos además de ser socialmente justo, es también jurídica y constitucionalmente atendible. Las comunidades solicitan la derogación de los decretos legislativos 1090 (Ley Forestal) y 1064 (promueve el cambio de uso en tierras de aptitud forestal) por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el Perú en enero de 1993), el mismo que a la letra señala: “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

Queda claro, que en este caso el gobierno no cumplió con lo dispuesto en ese convenio internacional, tal y como ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo, institución que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1064, por la Comisión de Constitución del Congreso, y por la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, quien en su momento ha instado al gobierno peruano a consultar a los pueblos nativos en todo lo relacionado al uso de las tierras donde viven.

Esperemos en todo caso que la decisión del día de ayer del Congreso de la República de suspender la vigencia de ambos decretos legislativos abra un espacio de diálogo entre el gobierno y las comunidades nativas a fin de buscar una solución a este problema que lleva ya más de 50 días de vigencia. Creo que la decisión del parlamento es acertada, pues es una muestra de la voluntad del Estado de dialogar y llamar a la participación a los pueblos nativos, es una muestra del interés del Estado y la sociedad por reconocer el derecho y la legitimidad de los reclamos provenientes de la amazonía. Están equivocados los que creen que una medida de este tipo evidencia la pérdida de autoridad del gobierno por ceder ante la violencia y el caos y no imponer el orden por la fuerza. Creo que lo importante es llevar a cabo las negociaciones con humildad y respeto por las opiniones diversas; el Perú, la sociedad peruana, debe reconocer que los nativos viven ancestralmente en esas tierras, y que el progreso y el desarrollo no les puede ser impuesto, por eso es importante el trabajo político y comunicacional del gobierno para convencer a los pueblos originarios de las bondades de la inversión privada y la explotación regulada de los recursos naturales, ya que la intransigencia y la sordera política sólo traen consigo pánico, caos y muerte.

Rafael Rodríguez Campos

Etiquetas: , , , , , ,

miércoles, 3 de junio de 2009

Silencio y complicidad antidemocrática


Una de las virtudes de la democracia es la de buscar el entendimiento entre las personas a través del diálogo y la discusión. En ese camino, la polémica social y política se da entre aquellos hombres que defienden posiciones y otros que, a diferencia de los primeros, defienden algo más que perspectivas ideológicas, es decir, principios como la libertad, la democracia, la forma republicana de gobierno o el Estado de Derecho.

Hace algún tiempo, en Venezuela, Ecuador y Bolivia, los presidentes de dichos países ensayaron nuevas fórmulas autoritarias con la finalidad de perpetuarse en el poder. Una de estas fórmulas fue el cambio del orden constitucional, específicamente del artículo o cláusula constitucional que permite y hace posible la reelección presidencial.

Ante ello y de manera inmediata, los principales medios de comunicación de nuestro país lanzaron furibundas críticas contra este tipo de medidas antidemocráticas y contra los presidentes que las impulsaban. Se dijo que Chávez era un dictador y que quería convertir a Venezuela en una especie de Cuba sudamericana, se dijo que Evo Morales estaba llevando a Bolivia por el camino del autoritarismo, copando los poderes del Estado y persiguiendo a los opositores políticos y también se dijo que Correa, mediante el dispendio de recursos, instalaba en el norte una especie de populismo plebiscitario que le permitía hacer y deshacer a su antojo la Constitución ecuatoriana con la finalidad de hacerla a su medida.

Sin embargo, hace algunos días, el Senado de Colombia, mayoritariamente compuesto por partidarios del presidente Uribe, aprobó el referéndum para la rereeleccion de su líder (la iniciativa busca facilitar un tercer período de gobierno para Uribe). Cabe señalar, que el presidente Uribe no ha dejado sentada su posición sobre el tema con la contundencia retórica que exhibe en otras ocasiones, y más bien ha declarado con cómplice y calculadora ambigüedad que él considera inconveniente la perpetuación en el poder, dejando un clima de duda e incertidumbre en torno a cuál será la decisión final del mandatario sobre su posible postulación a los comicios presidenciales del 2010, tal y como lo ha señalado la oposición colombiana encabezada por el Partido Liberal, para la cual no caben dudas de que Uribe desea ejercer un nuevo periodo de gobierno, pero que no lo dice públicamente porque es consciente de que de ser así, expondría su figura a una campaña larga de desprestigio que quiérase o no terminaría por mellar su imagen de cara a los comicios de mayo próximo.

En todo caso, independientemente de las declaraciones de Uribe, el debate sobre la reelección ya se inició en Colombia, debate que ha traído consigo un clima de inestabilidad social y política que estremece a los inversionistas a quienes siempre les gusta tener las reglas de juego claras antes de apostarle al candidato de su preferencia.

Pero lo curioso de todo esto, no es que el Senado colombiano haya sacado adelante dicha iniciativa, ni que dicha iniciativa cuente con el aval o beneplácito de Uribe, lo curioso es que acá en el Perú los medios de comunicación y los analistas políticos que se jactan de ser defensores de la libertad y la democracia frente a Chávez, Evo, o Correa, callan en todo los idiomas, ni siquiera musitan, a la hora de señalar con claridad los peligros de una rereelección en Colombia, tal y como ha sido expuesto por un numeroso conjunto de intelectuales del continente como Mario Vargas Llosa, el mismo que aprovechó su breve paso por Caracas para hablar de temas vinculados a la defensa de la libertad y la democracia en el continente.

Asimismo, los medios de comunicación que para el caso venezolano, ecuatoriano y boliviano se encuentran prestos a la acción a la hora de denunciar las atrocidades que comenten sus gobernantes y la manera como conspiran contra los principios del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático, hacen pasar por agua tibia al gobierno de Uribe. Ningún medio de comunicación, al menos que yo sepa, le ha recordado a Uribe que en más de una oportunidad varios de sus colaboradores políticos han sido vinculados a la parapolítica, que existen varias denuncias por la comisión de graves crímenes como la persecución de sus adversarios o el encubrimiento de los paramilitares (grandes socios y mercaderes del narcotráfico) que están siendo ventiladas en la Corte Suprema de Colombia. Tal y como lo dijera Santiago Pedraglio, de acuerdo a la revista Semana, “a la fecha, más de 70 congresistas y ex congresistas, casi todos vinculados al gobierno de Uribe, han sido investigados por la Corte Suprema y la Fiscalía por sus supuestos nexos con los paramilitares”. La pregunta en ese sentido cae de madura ¿Por qué esta actitud de los medios de comunicación en nuestro país respecto a la política de Uribe y a su afán rereeleccionista? Es una pregunta que responderemos más adelante.

La historia de Latinoamérica contemporánea, que se inicia con la independencia de nuestros pueblos en el siglo XIX, nos muestra que la reelección ha sido funesta para nuestras democracias, porque quien quiere reelección, lo que realmente busca es permanecer en el cargo de manera indefinida, estableciendo a la larga un gobierno dictatorial y autocrático. Por eso, la experiencia constitucional del siglo XIX, nos habla de parlamentos y legisladores que trataron de ir recortando la fuerza del Presidente de la República, ya que consideraban que un presidente con poderes ilimitados terminaría viéndose tentado a convertirse en una especia de nuevo rey de las ex colonias americanas, así lo señalaría en su momento, Middendorf, que fuera médico de varios presidentes en el Perú, en su libro escrito de Alemania en 1893 “pocos monarcas en Europa tienen tanto poder como el Presidente en el Perú y en Latinoamérica”.

Como podemos apreciar, el tema de la reelección y los peligros que esta trae consigo, no es un tema novedoso en nuestras tierras. En ese sentido, la historia y la palabra de destacados constitucionalistas latinoamericanos corrobora esta hipótesis. Ellos dicen que si ya la reelección es clamorosamente inconveniente para la democracia, la denominada rereeleccion es una herida de muerte clavada en el corazón del Estado de Derecho. Basta recordar la presencia de presidentes que creyéndoe indispensables para llevar a cabo un buen gobierno, decidieron agotar todos los mecanismo para afincarse en el poder, tal es el caso de Porfirio Díaz en México, 35 años, los hermanos Castro en Cuba, 50 años, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, 40 años y la familia Somoza en Nicaragua, 40 años. Esta es una muestra más que evidente de los peligros que atraviesa la democracia latinoamericana frente a gobiernos como el colombiano que promueven este tipo de medidas antidemocráticas.

La democracia y, sobre todo, el Estado de Derecho reposan sobre el respeto y la consolidación de otros principios tales como la vigencia de los derechos humanos, la separación de poderes, la forma republicana de gobierno. En ese sentido, la alternancia en el ejercicio del poder político es una garantía de que el poder ha de ser ejercido de manera democrática, respetuosa de los derechos de las personas, pues impide que un individuo o grupo de individuos, vaya acumulando a través de los años un poder tal que lo convierta en una especie de ser supremo, de nuevo dios que puede hacer y deshacer todo a su antojo.

América Latina, la democracia latinoamericana, no necesita de personajes que crean ser indispensables en las labores de gobierno, Latinoamérica necesita de una clase política responsable e institucional que le permita llevar a cabo políticas de Estado de largo plazo, tal y como sucede ahora en Chile, en donde no resulta importante saber quién será el nuevo presidente ya que se entiende que, cualquiera que fuese el resultado, las grandes políticas de Estado seguirán siendo implementadas por el nuevo gobierno. En consecuencia, las estructuras mentales, nuestra escasa cultura política y democrática, el marcado caudillismo y clientelismo alentado por los poderes de turno, el desapego por la Constitución y el escaso nivel de institucionalidad, hacen que la rereeleccion sea una receta funesta para la salud democrática de Colombia y de toda Latinoamérica.

Pero al parecer, estos peligros o esta reflexión no ha podido ser merituada por nuestros medios de comunicación, los mismos que han confirmado, una vez más, ser grandes defensores de posiciones políticas o ideológicas, más no de principios. Se critica a Chávez, Evo y Correa, por ser nacionalistas, por creer en una economía dirigida, por tomar y capturar los medios de comunicación, por ser antiimperialistas recalcitrantes, pero no se critica a Uribe, porque es un ferviente defensor de la economía de mercado que tanto les preocupa salvaguardar a los empresarios, a los de la prensa escrita, radial o televisa. Dicho de otro modo, los líderes de opinión de nuestro país, la prensa escrita y televisiva, el sector empresarial peruano, lejos de defender a la democracia como principio rector de nuestro Estado, defienden un modelo económico, una manera de entender el juego económico, tal y como ha sucedido en nuestro país durante siglos, el intelectual o el empresario, salvo honrosas excepciones, está dispuesto a optar por el libre mercado, antes que por la democracia, a defender a una gobierno autoritario de derecha, siempre que éste le asegure su dinero o su renta anual. Por eso decimos que los hay de dos modos, aquellos intelectuales que defienden posiciones o aquellos que defienden principios, cada ciudadano elige una categoría, particularmente, y a riesgo de ser llamado soñador o estúpido, elijo la segunda.

Rafael Rodríguez Campos

Etiquetas: , , , , , , , , ,