Prácticas antidemocráticas en la Policía Nacional del Perú

Hace algunos días, el 12 de mayo del presente año para ser exactos, se publicó la Ley Nº 29356, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía nacional del Perú (PNP), como parte de un conjunto de medidas institucionales adoptadas por ese sector con la finalidad de acabar con los problemas de corrupción por los que atraviesa la PNP.

Muchas personalidades han respaldado esta medida, en especial personajes vinculados al partido de gobierno, pero, sin lugar a dudas, ha sido la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, quien ha defendido vehementemente las bondades de tal propuesta frente a la gran cantidad de críticas que ha recibido desde diversos sectores de la sociedad civil por su evidente talante antidemocrático.

Es cierto que la mencionada ley trae consigo aportes a la situación actual que se vive al interior de la institución, por ejemplo, la nueva ley incluirá a los generales (el máximo rango de carrera al que llegan los oficiales de la PNP) en los procesos administrativos disciplinarios en procesos sumarios que durarán un plazo máximo de 5 días, con lo cual la mencionada norma pretende luchar contra la corrupción al más alto nivel de la institución. “Se ha dado un punto de quiebre para castigar a quienes comenten faltas que deshonren a la institución”…”Hasta el director de la Policía podrá ser investigado”, comentó la ministra a diversos medios de prensa.

Otro de los alcances de la mencionada ley es la eliminación de la prescripción de las faltas cometidas por el personal de la institución. “Una de las argucias utilizadas por los acusados es no firmar la notificación para que rinda su manifestación sobre el hecho investigado”, señaló la ministra, “por eso ahora con el nuevo régimen no será necesario notificar al efectivo investigado, bastando el levantamiento de un acta y la presencia de un testigo para dar inicio al proceso”, puntualizó.

En ese mismo sentido, la titular del interior señaló que con la finalidad de que ningún caso quede sin resolución, la norma establece que los procesos anteriores, que hasta la fecha son cerca de 8 mil, se someterán al nuevo régimen, los cuales, salvo los procesos sumarios, serían resueltos en un período máximo de 30 a 45 días con el debido respeto a las garantías del debido proceso.

Sin embargo, son otros puntos de la mencionada ley los que preocupan a la mayoría de personas que tenemos como preocupación la democratización de la sociedad y la democratización de las instituciones del Estado. Existen artículos de la mencionada norma, así como infracciones tipificadas en ella, que ponen en riesgo la tutela y el respeto por un conjunto de derechos y libertades ciudadanas que se consideran pilares fundamentales del Estado democrático y Constitucional de Derecho.

El primero de ellos, es el tenor del artículo 15º de la norma, sobre la relación con los medios de comunicación, que dice lo siguiente: El personal de la Policía Nacional del Perú no puede emitir opinión, declarar o informar, a través de los medios de comunicación social, sin autorización de su director general o de su comando, previa coordinación con la Alta Dirección del Ministerio del Interior. La sanción ha imponerse por tal falta será la de apercibimiento hasta 6 días de arresto simple.

Sin lugar a dudas, este artículo antes citado constituye un penoso precedente de cara al esfuerzo por la consolidación y el respeto de derechos tan importantes para la salud democrática de un país como el de la libertad de información, acceso a la información y demás libertades informativas, ya que restringe o limita el derecho del policía a informar, opinar, expresar y difundir su pensamiento, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento de ningún tipo. Este artículo lo que hace es desconocer el contenido del artículo 2º (4) de la Constitución, el cual proscribe todo tipo de censura previa, entendida esta como cualquier forma de control o interferencia que impide, condiciona o supedita la difusión de informaciones o ideas, sea sometiendo su contenido a una revisión o aprobación previa antes de su divulgación, o imponiéndole restricciones, exclusiones parciales y hasta prohibiciones totales a su difusión, tal y como lo ha señalado en jurisprudencia reiterada y uniforme nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero, además de vulnerar el conjunto de libertades informativas que nuestra Constitución reconoce, este artículo constituye un obstáculo en la lucha contra la corrupción, ya que en diversas oportunidades han sido los propios efectivos de la policía los que se han puesto en contacto con los medios de prensa con la finalidad de denunciar y poner en conocimiento de la opinión pública una serie de irregularidades que acontecen al interior de su institución, como la comercialización ilegal de los vales de gasolina por altos mandos de la policía. En ese sentido, consideramos que este artículo es, sin lugar a dudas, una suerte de mordaza para todo aquel efectivo de la policía, oficial o subalterno, que decida denunciar hechos tan escandalosos como el tristemente recordado “gasolinazo”.

Debemos de recordarle a la ministra y a todos los policías del Perú, que las libertades informativas son elementos inherentes al proceso democrático, el cual se caracteriza por la defensa de la tolerancia y la promoción de la participación de los ciudadanos, en la toma de decisiones políticas a partir del acceso y manejo de información de naturaleza pública o de interés general. Por tanto, la democracia presupone y garantiza, que a nadie, policía o no, se le niegue el derecho a participar en las discusiones y deliberaciones de la colectividad, porque sus ideas puedan ser consideradas ofensivas, peligrosas o incómodas para la imagen de una institución, y ello porque el gobierno representativo y democrático se rige por el criterio de la transparencia en el manejo de los asuntos públicos y no por una mala entendida cultura del secreto que lo único que hace es sentar las bases de la tiranía.

Una segunda preocupación se encuentra en las denominadas infracciones contra la imagen institucional.

La Primera de ellas es aquella referida a la sanción con el pase a la situación de disponibilidad de 1 a 2 años al personal policial que mantenga relaciones extramatrimoniales que generen escándalo y menoscaben la imagen institucional. Y la segunda es la referida a la sanción de pase al retiro para el personal policial que mantenga relaciones sexuales del mismo género, “que causen escándalo o menoscaben la imagen de la institución”.Cabe mencionar que ambas infracciones son catalogadas como muy graves en el nuevo régimen disciplinario de la policía.

Sobre estos artículos debo decir que ambos son una abierta intromisión en la esfera íntima y privada de los efectivos de la policía. Además, creo resulta ser evidente el tufillo homofóbico que la norma trae consigo. Me pregunto ¿Porqué si ambas sanciones son muy graves, la primera de ellas sólo contempla el pase a la situación de disponibilidad y no la de pase al retiro directo como en el caso de las relaciones sostenidas con personas del mismo sexo? ¿O es que acaso ser homosexual y causar escándalo es una conducta más grave que ser heterosexual, infiel y ocasionar bochornosos espectáculos que trascienden a la colectividad?

Sobre el primero de los supuestos, reitero es una medida que lesiona severamente el ámbito íntimo y privado de la vida de un matrimonio, lo que ocurra en ese espacio es responsabilidad y competencia de los cónyuges y no del poder sancionatorio o punitivo del Estado Quizá la ministra se encuentre preocupada por la defensa de la sagrada familia, que al parecer para ella sólo debe estar compuesta por hombre y mujer, tal y como lo dice su religión, pero no debe utilizarse al derecho administrativo sancionador para dar solución a un problema que se genera entre cuatro paredes y debajo de las sábanas de las parejas.

Con respecto al segundo supuesto, somos de la opinión que el hecho de tener relaciones con una persona del mismo género no constituye ningún tipo de vejamen a la imagen de la institución policial, pues esa decisión les corresponde única y exclusivamente a los individuos, que son decisiones que son partes de los secretos de alcoba que todos los mortales tenemos, o es que acaso la ministra olvida que tanto los homosexuales como heterosexuales tenemos el derecho a vivir nuestra sexualidad a plenitud, sin interferencia estatal ni sotanas que pretendan decirnos por dónde está bien o por dónde está mal, me refiero claro está, al camino que decidamos optar. Debemos volver a recordarle a la ministra, que la nuestra no es una posición antojadiza ni libertina, es una posición que ha sido adoptada por el propio Tribunal Constitucional el cual en el caso del efectivo de la policía José Álvarez, quien fue separado de la policía en abril del 2001 por haberse casado con el transexual Heli Rojas, declaró que una práctica homosexual no es causal de despido ni maltrato, pues de lo contrario se estaría violentado el derecho a la igualdad y no discriminación del cual gozamos todos los peruanos, ordenando su reposición al declarar fundada la demanda presentada por el mencionado efectivo.

Finalmente, creo que en lugar de invertir esfuerzos en este tipo de medidas, la ministra debiera preocuparse por dar una solución efectiva a la enorme problemática por la que atraviesa su sector, ella debería decirle a la ciudadanía como pretende afrontar la lucha contra la inseguridad ciudadana con comisarías que no tienen a su disposición la lista de requisitoriados que la propia policía elabora, con comisarías que no cuentan con servicios de Internet y con computadoras actualizadas que les permitan un mejor manejo de datos e información, o con comisarías que ni siquiera pueden acceder a los datos del Reniec, tal y como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo. O mejor aún, la señora ministra debería explicarle a la ciudadanía porqué se tuvo que cambiar insólitamente al inspector general, Carlos Esaine Armas, luego de que este asumiera el cargo hace sólo un mes y días, o porqué el actual director general de la policía, se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en su edecán preferido en cuanta aparición pública esta participa. Estas son señora ministra, las explicaciones que la ciudadanía espera y no el afán populachero de pretender cambiar la situación de la institución persiguiendo a los infieles, homosexuales o restringiendo la libertad de expresión.

Rafael Rodríguez Campos

Generosidad política: El asilo de Manuel Rosales

Es la frase que mejor grafica la manera como el gobierno del Perú encaró en estas últimas semanas el tema referido a la solicitud de asilo político presentado por un ciudadano venezolano y boliviano, respectivamente. El gobierno del Perú ha dado una muestra clara de su compromiso con la defensa de las libertades civiles y democráticas en el hemisferio y ha decidido conceder el asilo político a Manuel Rosales, ex candidato a la presidencia de Venezuela, líder de la oposición en esa nación y actual alcalde de Maracaibo, y a Jorge Torres Obleas, ex ministro de Desarrollo Económico de Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Losada.

Ambos casos son de suma importancia en el ámbito de las relaciones internacionales que nuestro país mantiene con los países vecinos y, asimismo, constituyen la constatación del clima y la ola dictatorial que se alienta desde países y ciudades como Caracas y La Paz, durante los últimos tiempos, sobre todo desde que Chávez, Evo o Correa, asumieran la presidencia de sus respectivos países.

Tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Evo Morales han convertido el aparato estatal en una suerte de máquina persigue opositores que no descansa sino hasta borrar del escenario político a cuanto ciudadano se atreva a cuestionar el manejo político y gubernamental que vienen desarrollando ambos jefes de Estado. Para suerte de Rosales y de Torres, el gobierno del Perú, en un acto que lo enaltece y lo distingue de otros países de la región que han preferido callar en todos los idiomas y no pronunciarse sobre el tema, decidió conceder el mencionado asilo con arreglo y estricta observancia a los dictados de las normas del derecho internacional, normas que señalan que cuando algún ciudadano es perseguido por la justicia de su país por delitos comunes entonces no procede el asilo pero que cuando bajo la apariencia o con la excusa de perseguir delitos comunes se desata una persecución política que pretende callar las voces de los disidentes y críticos del régimen entonces el país al cual se le solicitó el asilo queda habilitado para otorgarlo, no sin antes dejar en claro las razones y las condiciones en las cuales se concede este beneficio, situación que como sabemos el gobierno del Perú ha cumplido a cabalidad, tal y como explicaremos a continuación.

En el caso del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, su condición de líder de la oposición al régimen chavista, lo ha convertido en el blanco preferido del jefe de Estado de ese país. Manuel Rosales fue acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, la acusación fue archivada hace algún tiempo pero ha sido retomada por orden expresa de Chávez. Nadie en Venezuela puede negar ello, Manuel Rosales ha sido víctima de una persecución infame por parte del gobierno de Chávez desde hace aproximadamente ocho años. Así, en innumebrbles oportunidades, Rosales fue víctima de una andanada de ataques verbales de grueso calibre proferidos por el presidente llanero. Basta recordar que en el año 2001, Chávez en declaraciones públicas hechas en la guarnición militar del estado de Zulia, amenazó con apresarlo con sus propias manos, en el 2008 desde la Plaza de Toros de Maracaibo, dijo: “voy a meter preso a Manuel Rosales…Lo voy a desaparecer del mapa político venezolano…” o “ no merece el noble pueblo zuliano tener a unos capos” de gobernantes. Y tiempo más tarde, en el 2009, lo llamó ladrón, delincuente y corrupto.

Ante el abundante material probatoria que acredita la persecución política que Rosales, y muchos otros, sufren en Venezuela, el gobierno peruano no tuvo otra salida sino la de conceder el asilo a este ciudadano venezolano, más cuando de las declaraciones del propio presidente venezolano, queda claro que Venezuela no le ofrece a Rosales las garantías propias del debido proceso y el proceso justo, más aún si se tiene en cuenta que Chávez ha copado al Poder Judicial de ese país con un sin número de jueces adictos a su régimen que viven y actúan por él y para él, con lo cual el principio de separación de poderes, el de juez imparcial y tribunal independiente, propios de un régimen constitucional y democrático han sido seriamente vulnerados en el hermano país llanero.

Es bueno precisar en todo caso, que Manuel Rosales no es el primer ciudadano venezolano al cual se le ha concedido el asilo político. Corrieron esa misma suerte Carlos Ortega, ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (opositor al régimen de Chávez) y Eduaro Lapi, ex gobernador del estado de Yaracuy (también opositor a Chávez). En ambos casos, al igual que en el de Rosales, el gobierno del presidente García, decidió otorgarles el asilo ante las muestras evidentes que acreditaban su condición de víctimas del odio y la persecución del dictador Chávez, no sin antes dejar en claro que el otorgamiento del asilo supone un beneficio extraordinario que en modo alguno puede ser mal utilizado por los asilados, mediante acciones que pongan en peligro las relaciones entre los países, no pudiendo utilizar el suelo peruano como plataforma política o trinchera de ataque contra el gobierno del país del cual salieron en calidad de perseguidos políticos.

Similar es el caso del ex ministro de Desarrollo Económico boliviano, Jorge Torres Obleas, él conjuntamente con otros dos ministros del gobierno de Sánchez de Losada, son acusados de complicidad en los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, ocurridos durante la represión de octubre de 2003, cuando la población de La Paz tomó las calles para oponerse a la exportación del gas, hecho que tuvo como resultado la fatídica cifra de 60 muertos.

En este caso, al igual que en el de Rosales, el gobierno de Evo, pretende disfrazar una clara vendetta de tipo político, con una supuesta preocupación por la persecución de delincuentes responsables de delitos de lesa humanidad, tal y como lo ha expresado el presidente de ese país, supuestos que carecen de todo tipo de sustento legal o jurídico, ya que los delitos por los cuales se los acusa no pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad, ya que éstos se presentan cuando existe una orden o un aparato organizado de poder que desde el Estado tuvo la misión de aniquilar personas, supuesto que no se verifica en el caso del ex ministro Torres Obleas, más si se tiene en consideración que él era el encargado del ministerio de Desarrollo Económico y, por ello, no tuvo nada que ver con temas vinculados a la seguridad o el orden interno durante el llamado “octubre negro” al cual ya hemos hecho referencia.

Preocupante, en todo caso, resulta ser el hecho de que tanto en Venezuela como en Bolivia, los presidentes de turno pretendan convertir al Poder Judicial en un aparato similar al de la Santa Inquisición en el cual se disponga condenar a la hoguera a todo aquel infiel que no reconoce como suyo el dogma totalitario del denominado “socialismo de siglo XXI”, que profesan tanto Chávez como Morales. Es triste reconocer que a inicios de un nuevo siglo el sistema democrático en nuestro continente aún sea de una fragilidad que pone los pelos de punta y tiembla ante la figura de nuevos aprendices de dictadores que pretenden acallar las voces de todos aquellos que se atreven a decirles “no”. La dictadura, como la intolerancia y persecución por razón de ideas, son males estructurales que todos los latinoamericanos tenemos el deber de combatir, por ello, extraña la actitud de algunos gobiernos como el de Cristina Fernández en Argentina, el cual parece ver en Chávez y su gobierno, a un ejemplo al cual hay que seguir en el hemisferio, negando o desconociendo complacientemente el sin número de violaciones a los derechos humanos que se vienen perpetrando por este gobierno chavista y el de Evo, respectivamente.

Sorprende también, la reacción destemplada e irrespetuosa que ha tenido Evo Morales con relación a nuestro presidente al cual además de calificarlo de chabacano lo ha acusado de convertir a nuestro país en un refugio para delincuentes internacionales. Así, en declaraciones públicas hechas ante la prensa extranjera Morales dijo: “Antes los delincuentes se escapaban a los Estados Unidos cuando George Bush estaba de presidente. Ahora los delincuentes se escapan al Perú porque el presidente peruano protege a estos delincuentes”. De ese modo, queda claro que Morales, no solo se refería al asilo político otorgado por el Perú a Torres Obleas, sino al asilo de Manuel Rosales, en una clara y abierta injerencia en los asuntos internos de nuestro país lo cual es considerado por el derecho internacional como una acción que atenta contra la soberanía de cada nación.

Para finalizar habría dejar en claro que el señor Morales carece de autoridad política y moral como para criticar el proceder del gobierno del Perú a la hora de conceder el beneficio del asilo político ya sea a ciudadanos bolivianos o venezolanos, ya que como todos recordaran fue el gobierno de Evo el que le concedió el asilo político, al ciudadano peruano, Walter Chávez, sindicado como miembro del grupo terrorista MRTA, en esa oportunidad el gobierno del Perú, a diferencia del de Evo, fue respetuoso del proceder del gobierno boliviano y así evitó la utilización de adjetivos que además de resquebrajar las relaciones entre dos pueblos hermanos ponen en entredicho las bondades personales del señor Morales para el ejercicio del cargo de presidente en el hermano país del altiplano.

Rafael Rodríguez Campos

Ecuador: un autoritarismo popular

Las últimas semanas en nuestro país han estado cargadas de una serie de acontecimientos sociales y políticos que han despertado el interés mayoritario de la opinión pública. Una vez más, los escándalos en el manejo del dinero del Estado en el Congreso de la República, puestos al descubierto con el destape periodístico de los vales de combustible y el pago de pasajes de viaje a los congresistas, la aparición del denominado taxista del desarmador, que atacaba a sus víctimas al interior de su vehículo robándoles todas sus pertenencias o, los ya conocidos problemas en la Policía Nacional del Perú, con las pugnas internas y renuncias sucedáneas en la jefatura de dicha institución, calentaron el escenario nacional impidiendo que otros sucesos, como el que en esta oportunidad comentaremos, sean analizados en la dimensión y con la importancia que su relevancia continental así lo exigen.

Hace apenas dos semanas, el hermano país del Ecuador fue testigo de un hecho que, sin lugar a dudas, constituye un precedente en la historia política y constitucional de esa nación. Después de casi 30 años, 1979 para ser exactos, fecha en la cual el país norteño recuperó su democracia, el pueblo de ese país decidió reelegir al presidente, Rafael Correa, para gobernar hasta el 2013, otorgándole una aplastante cantidad de votos que marcaron el triunfo del oficialismo, luego de una década de profunda crisis e inestabilidad social y política, la cual trajo consigo la destitución de sus tres antecesores, todos ellos en medio de un clima de desasosiego y enfrentamiento civil que hacían pensar en la inviabilidad del diseño político ecuatoriano.

El presidente Correa logra la victoria en primera vuelta debido a que obtuvo un aproximado de 55% de los votos válidos y una ventaja de 28 puntos sobre su más cercano perseguidor, el candidato nacionalista y ex presidente, Lucio Gutiérrez y más de 40 puntos sobre el otro candidato, el millonario Álvaro Noboa. Como se sabe, la legislación ecuatoriana, señala que para evitar el balotaje o mecanismo de segunda vuelta, un candidato requiere de al menos el 40 % de los votos y una diferencia de 10 puntos sobre su inmediato contendor, cifra obtenida con comodidad por el partido de Correa.

Pese a lo positivo de las cifras, el partido del Correa, sufrió un duro revés en la Alcaldía de Guayaquil, considerada la ciudad más próspera del Ecuador, la cual quedó en manos de Jaime Nebot, la cual se ha convertido de un tiempo a esta parte en el bastión de la oposición en Ecuador. Lo mismo ha ocurrido en la conformación de la Asamblea Nacional (congreso) ecuatoriana, en la cual el partido de Correa no ha logrado la mayoría que esperaba y se verá obligado a establecer una serie de alianzas políticas estratégicas con partidos de izquierda, centro izquierda y quizá con el ala más progresista de la derecha ecuatoriana, todo ello con la finalidad de dar impulso a un conjunto de medidas que son prioritarias por el gobierno de cara a la construcción de su denominada transformación y revolución socialista de siglo XXI.

Pero más allá de las cifras, es importante tratar de encontrar respuesta a este nuevo fenómeno de corte populista autoritario llamado Rafael Correa.

Rafael Correa, economista de 46 años, asumió la presidencia del Ecuador en enero del 2007. Su campaña tuvo como propuesta central de gobierno la promulgación de una nueva Constitución que tuviera por objetivo encaminar al país hacia un socialismo que permitiese una mayor presencia estatal en sectores estratégicos de la economía como el sector petro-energético (recordemos que el Ecuador tiene una economía dolarizada desde el año 2000 y que el 50% del PBI ecuatoriano proviene de la venta del petróleo en el mercado internacional).

Una vez instalado en el gobierno, en presencia de un congreso que le resultaba incómodo, decidió cerrar el Poder Legislativo, al mismo estilo de Fujimori en la década del 90, y en su reemplazo, decidió elegir una Asamblea Constituyente encargada de elaborar la nueva Constitución ecuatoriana. Al cabo de unos meses, y con la anuencia de la mayoría de los miembros de esa Asamblea, Correa logra aprobar dicha Constitución de marcado tendencia de izquierda socialista, olvidando por completo el respeto por el pluralismo político y avasallando mediáticamente a cuanto opositor trataba de enfrentar su tono autoritario y antidemocrático, al mismo estilo de su modelo a seguir Hugo Chávez o su hermano mellizo Evo Morales.

En el ámbito de las relaciones internacionales, Correa no perdió oportunidad para alinearse y hacer suyo el discurso antiglobalización y antilibre mercado que viene sobrevolando desde Caracas, pasa por la Paz y, desde luego, aterriza en la Habana. Así, decidió rechazar las negociaciones encaminadas a profundizar el libre comercio con los Estados Unidos, luego, expulsó al representante del Banco Mundial y a dos funcionarios de la diplomacia americana y, finalmente, decidió destinar parte del fondo previsto para el pago de la deuda externa a una serie de programas sociales, todo ello con una clara y abierta intención electoral.

Es preciso recordar que, si bien es cierto el ascenso de Correa a la presidencia de la república fue legítimo y democrático, una vez en ejercicio, el presidente ecuatoriano ha dado muestras de un profundo desinterés por el respeto a las reglas mínimas de la democracia y el Estado de Derecho. Correa no solo decidió disolver un Congreso en el cual no tenía mayoría, y al cual nunca pudo manejar a su real antojo, sino también ha logrado copar el resto de poderes públicos, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, tal y como lo afirmaran diversos sectores de la sociedad civil ecuatoriana, opinión que hemos podido verificar mediante diversos canales de información, por lo que suscribimos y hacemos nuestra.

Podemos decir entonces, que el triunfo de Correa, tal y como lo anunciaban importantes firmas y empresas encuestadoras como la Santiago Pérez, Cedatos-Gallup o CMS, a las cuales continuamente hemos acudido en búsqueda de datos durante este último proceso electoral, no es más que el resultado de una campaña que comenzó el mismo día en que Correa asumiera la presidencia en 2007, una campaña basada en el uso irresponsable y desmedido de los recursos públicos en programas que tienen más de esfuerzos populistas y neoclientelistas que de políticas sociales serias, en el control y exposición continua del cual goza en los medios de comunicación social y en un carismático estilo de líder joven que cree que el autoritarismo matizado con dosis de seudo socialismo son el camino para sacar a Ecuador y a la región del subdesarrollo.

Pero el triunfo de Correa, debe ser visto también como un llamado de atención a la partidocracia tradicional del Ecuador, una partidocracia que no ha sido capaz de presentar una opción alternativa seria detrás de un candidato de consenso de centro o centro derecha que le haga frente a este nuevo caudillo de la región, ya que en este proceso electoral, por ejemplo, la derecha no fue capaz de presentar candidato alguno.

Con todo ello, Ecuador y su clase política deberán de andar con cuidado pues deben enfrentar un escenario para nada auspicioso en los próximos meses, la crisis económica, la caída de los precios internacionales de comodities como el petróleo, golpean duramente la economía interna del hermano país del norte, situación, que para muchos, será el termómetro para evaluar el manejo y la eficacia del modelo que Correa y sus amigos de la región pretenden implantar en el hemisferio.

En fin, sólo el tiempo nos mostrará las bondades o maldades de este nuevo modelo socialista de siglo XXI que tanto defienden y proclaman, los Chávez, los Evo, los Castro, los Ortega y los Correa de la región. Los meses que viene serán muy difíciles para nuestro continente, para algunos países más que para otros, sin lugar a dudas; por ello es necesario que tanto en Ecuador como en las demás naciones, la clase política sea capaz de enviar a la ciudadanía un mensaje de unidad y consenso ante la crisis, que pase por consolidar el respeto por los principios constitucionales que hagan posible la convivencia pacífica y democrática entre los poderes del Estado. En todo caso, esperemos que el partido de gobierno ecuatoriano, con Correa a la cabeza, haga todo lo necesario por conseguir este tipo de consensos y no materialice su tantas veces anunciada amenaza de cerrar o disolver el congreso y anticipar la convocatoria de elecciones, en caso el Poder Legislativo obstruyese su plan de gobierno, lo decimos con sinceridad y con la autoridad que nos da el haber sido testigos del accionar de un presidente que mediante el uso abusivo de la fuerza instaló un régimen en el cual los derechos civiles y las libertades públicas eran diariamente vulnerados y en donde la corrupción fue de un hedor que enrarecía y estaba presente en todos los pasillos de los organismos públicos.

Rafael Rodríguez Campos