ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA DEL PERÚ

Juan Jiménez Mayor, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos comenta las principales medidas que implementará durante su gestión. Enfatiza el rol que desempeñarán las procuradurías y reafirma la intención del régimen de promover reformas constitucionales, especialmente en el sistema de justicia. Igualmente comenta su posición sobre la propuesta de retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre las decisiones judiciales que permitieron la salida temporal del país de Lori Berenson y Laura Mellado, sentenciados por delitos de terrorismo.

RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS

1. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que deberá enfrentar como ministro de Justicia?

Bueno, tres son los temas más urgentes a trabajar. El primero, es el de la lucha contra la corrupción. El segundo, el de la eficiencia en el servicio de administración de justicia. Y el tercero, es el de facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos del Perú. Estos tres tópicos son fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático y para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Para ello es fundamental delinear claramente cuáles son las líneas de trabajo a seguir, así como los objetivos y las metas a lograr en el corto, mediano y largo plazo.

2. ¿Qué medidas han adoptado desde su sector para enfrentar esta problemática?

Estamos trabajando un Plan Nacional de acceso a la justicia que será presentado en las próximas semanas. Ahora bien, con relación al tema de la lucha contra la corrupción estamos diseñando una estructura y estrategia de persecución del delito a nivel nacional. 

En la actualidad contamos con un sistema de 30 procuradores por cada una de las regiones del país, situación que imposibilita la articulación del trabajo entre todas estas. En ese sentido, nosotros hemos agrupado a estas procuradurías en once macroregiones y vamos a delegar funciones a abogados en las diversas regiones y departamentos del país, a efectos de tener un mejor control y mejores estrategias zonales en función de tendencias delictivas. 

Otro asunto importante en torno a este tema es el de la falta de coordinación entre las procuradurías públicas más importantes. Le explico, hoy en día las procuradurías de drogas, lavado de activos y anticorrupción, que se enfrentan al crimen organizado, trabajan de manera aislada. Esta situación debe de cambiar radicalmente. Nosotros estamos implementando una serie de medidas para trabajar en conjunto, compartiendo información, porque seguramente donde hay un tema de drogas hay un tema de corrupción, donde hay un tema de lavado de activos hay también un tema de corrupción. Esta labor coordinada todavía no se ha hecho en el Perú. Nosotros estamos decididos a poner en práctica esta estrategia pues consideramos que es la salida más inteligente para luchar contra el crimen organizado.

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de reforma constitucional para que sean imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos?

Este tema, como bien Ud. señala, pasa por promover una reforma del artículo 41 de la Constitución. Este es un tema de opción y normativa constitucional que viene siendo contemplado por algunos países en la persecución de algunos delitos como por ejemplo los delitos de lesa humanidad. 

Lo que pasa es que los delitos de corrupción son delitos muy sensibles para la comunidad, sobre todo después de lo vivido durante los años noventa. En ese sentido, una propuesta de este tipo busca encuadrar de mejor manera la política de lucha contra la corrupción. En mi opinión, esta propuesta tiene dos puntos importantes. Primero, es una medida que será muy bien vista por la población y que contará con el respaldo mayoritario de la misma. Esto es importante pues muchas veces las iniciativas carecen de ese apoyo. Y segundo, esta medida puede generar un efecto disuasivo y evitar así la reproducción de actos de corrupción a nivel nacional.

4. ¿Qué nos puede decir Ud. sobre el estado de la Procuraduría Anticorrupción?

Estamos en un escenario muy complicado. En la actualidad tenemos más de 15 mil procesos de corrupción en todo el país. Casualmente son las regiones del país que cuentan con canon minero las que presentan numerosos casos de corrupción. Ahora bien, me gustaría comentarle que hace dos semanas recibimos la cooperación del Instituto alemán Max Planck para el Derecho Penal Internacional, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo modelo de procuradurías públicas, y en especial, de la Procuraduría Anticorrupción. 

Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que la Procuraduría Anticorrupción era solamente una especie de unidad de litigio, es decir solamente estaba para presentar denuncias, asistir a las diligencias, interponer apelaciones, presentar informes orales, o ir a los juzgados a ver el estado de los expedientes en trámite. Esta procuraduría no tenía una labor proactiva que le permitiera enfocar mejor el tema, diseñando, por ejemplo, una mejor estrategia de recuperación de activos. 

Le doy un dato, en los últimos dos años, el Estado solamente recuperó, en todo el sistema de procuradurías públicas, 29 millones de soles de los cuales el 50% correspondía a la procuraduría anticorrupción y la procuraduría de drogas. Esto denota que el sistema jurídico del Estado está muy debilitado.

Como verá, este es un sistema que no funciona, un sistema que hay que fortalecer, para lo cual vamos a unificar el sistema de defensa jurídica del Estado en un solo organismo lo cual convertiría al sistema de defensa jurídica del Estado en el estudio de abogados más importante del país, con cerca de 400 o 500 abogados prestos a desarrollar estrategias conjuntas para luchar de manera decidida y frontal contra la corrupción.

5. ¿Qué medidas concretas se han tomado?

Me gustaría mencionar tres medidas que fortalecerán el trabajo anticorrupción del Estado. La primera, el rediseño y fortalecimiento de la unidad de análisis financiero en donde estamos evaluando, identificando el patrimonio de las personas que están vinculadas a delitos de corrupción y el de sus familiares directos o personas relacionadas a estas. Segundo, la implementación del observatorio de los delitos de corrupción, a través del cual estamos fijando las tendencias que hay en esta materia en todo el país, situación que nos permitirá atacar a los grandes casos de crimen organizado. 

Finalmente, hemos fusionado la Procuraduría Ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, que encontramos desmantelada, con la procuraduría anticorrupción, ello nos permitirá recoger todo el bagaje documental de la primera y, por supuesto, aprovechar la experiencia de algunos abogados que todavía encontramos en sus labores al asumir la gestión.

6. El ministerio que Ud. dirige ha pasado a denominarse de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué cambios sustantivos en el enfoque de las políticas públicas impulsadas desde su sector traerá este nuevo término?

Lo que tiene que cambiar es esa posición dura y dogmática que hay, impulsada por algunos sectores, de que los derechos humanos son solo de los terroristas. Lo que debemos buscar es que la ciudadanía entienda que la temática de los derechos humanos no es una materia ideológica, sino que forman parte de la esencia misma del ser humano. Si logramos cambiar ese chip tan difundido, y hacemos entender que la nutrición, el derecho a la vida, el derecho a la educación, al trabajo, y a la salud son también derechos humanos que el Estado debe proteger y que las personas debemos hacer valer, habremos dado un salto cualitativo importante.

7. ¿Qué medidas se deberán adoptar para lograr ese objetivo?

Esto va a requerir de una adecuada política de comunicación por parte del Ministerio hacia fuera. También exige mejoras en nuestro servicio de acceso a la justicia interno, fortalecer las líneas de acción planteadas por el ex Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, tales como la defensa de víctimas, de personas que están en condiciones de vulnerabilidad, discapacitados, mujeres, niños, ancianos para que tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos de manera oportuna, no es posible que un juicio en el Perú dure 10 años.

Recordemos que somos el país más quejado a nivel del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, tenemos más de 360 quejas ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, lo que demuestra dos cosas, o que el acceso al sistema internacional es muy sencillo, o que, y eso es lo más preocupante, que nuestro sistema interno de tutela de los derechos humanos no funciona adecuadamente y que debido a ello las personas se ven obligadas a recurrir a las instancias internacionales.

8. Volviendo al tema de las reformas constitucionales, una de las principales propuestas de campaña de Ollanta Humala fue promover reformas a la Constitución vigente. Sin embargo, han pasado algunos meses y pareciera que esto ha perdido vigor...

No, en absoluto, las reformas ya vienen. Yo soy un ministro que va a empujar una serie de propuestas de proyectos de reforma de la Constitución, sobre todo en aquellas materias vinculadas a la reforma de la justicia, que anunciaremos oportunamente, pues es un tema que personalmente me preocupa, por ser de altísimo interés para nosotros. Creemos que la justicia necesita el esfuerzo no solamente del Poder Judicial sino también del gobierno para poder involucrarse. Es un tema que no corresponde estrictamente a los jueces, la reforma de la justicia nos corresponde a todos.

9. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la propuesta del retorno a la bicameralidad o la implantación del voto facultativo? 

Yo no creo que el problema de la representación del país pase por la bicameralidad, yo no apostaría los recursos del país o centraría el debate político del país en una reingeniería constitucional sobre el tema de la bicameralidad, lo dicen todos los constitucionalistas pero yo creo que no es un tema central. El problema que tenemos es uno de representación en general, un Congreso muy pequeño para la población actual y además no contamos con un sistema de partidos fuerte e institucionalizado. En lo personal, no creo que el retorno a la fórmula bicameral sea el tema central a discutir en este campo. 

Con respecto a la implantación del voto facultativo estoy totalmente de acuerdo. El voto es ante todo un derecho, una facultad que nos debe permitir participar libremente, no podemos obligar a la gente a votar. Es un auténtico derecho. Y los abogados deberíamos dar el primer paso con respecto a los comicios para la elección del Decano del Colegio de Abogados.

10. Hace algunas semanas personalidades vinculadas al fujimorismo y a las Fuerzas Armadas han propuesto el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Mire Ud., ni siquiera durante el Gobierno de Fujimori, esos mismos sectores pudieron retirar al Perú de la competencia de la Corte. Entonces, si no lo hicieron ellos, menos lo vamos a hacer nosotros. Digámoslo claramente, no existen antecedentes en este campo, la propuesta es jurídicamente inviable, los países que han intentado hacer esto han fracasado y creemos que el Perú, como un país que es respetuoso del ordenamiento internacional, no se va a retirar de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y, por el contrario, lo que sí hará es defender firmemente sus derechos, sobre todo en los casos en donde consideramos que tenemos la razón.

11. En todo caso, ¿las sentencias de la Corte IDH se acatarán sean favorables o no al Estado peruano?

Sí, sin duda, lo que pasa es que allí viene el tema de la ponderación de la asignación de las reparaciones. Tenemos reparaciones más urgentes que otras. Ahora bien, debo dejar muy en claro que nosotros como Gobierno no vamos a cumplir reparaciones vinculadas a terroristas que le deban dinero al Estado por concepto de reparación civil. Eso lo tenemos clarísimo, la ley civil lo permite. Además, ya hemos hecho las coordinaciones con la Corte sobre esta materia y el asunto está zanjado.

12. Recientemente el Poder Judicial ha permitido la salida temporal del país de los condenados por terrorismo Lori Berenson y Lautaro Mellado. ¿Qué opinión tiene Ud. al respecto?

Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar, en nombre del Gobierno, nuestro más absoluto rechazo a esta medida. Para nosotros, se trata de una orden judicial que desnaturaliza la figura de la liberación condicional pues se equipara la libertad de un condenado sujeta a restricciones a la de cualquier ciudadano. Pero esta medida además de ser equivocada es ilegal porque el Decreto Legislativo N° 927 establece claramente que no proceda este tipo de beneficios para estos casos. 

Nosotros estamos sumamente preocupados, hemos hablado con el Presidente del Poder Judicial sobre la materia, le hemos dicho que no es prudente, que no es lo propio, que la decisión es ilegal; pero el Poder Judicial es independiente, y ellos deberán asumir su responsabilidad. 

Nosotros tenemos todo el derecho de criticar las resoluciones judiciales como cualquier ciudadano, que es lo que estamos haciendo, no ofendemos a nadie al señalar que estas resoluciones son muy mal fundamentadas, además de haber sido emitidas sin tomar en consideración el principio de previsión de consecuencias tantas veces utilizado por el Tribunal Constitucional, pues una decisión judicial por más legal que esta sea, o ilegal como en este caso, debe evaluar el impacto de esta en la opinión pública, que en este caso, a partir de esta orden judicial, advierte que existe una especie de ablandamiento en la lucha contra el terrorismo.

13. Días atrás, el presidente Humala deslizó la posibilidad de eliminar el voto a policías y militares o restaurar el servicio militar obligatorio. ¿Usted comparte esas propuestas?

Bueno, son iniciativas que ha propuesto el presidente para la discusión nacional. No lo hemos discutido en el gabinete y no se todavía cuál va a hacer la posición finalmente del Gobierno. Es un planteamiento del presidente que como cualquier otro planteamiento que realiza el jefe de Estado será evaluado. Entiendo que hay un gran debate en el país sobre esto, en su momento si es que esto se da, si se confirma la propuesta lo veremos, pero por el momento me parece que es una iniciativa que hay que evaluar simplemente.

14. Finalmente, ¿Qué opina Ud. de la propuesta de despenalizar los delitos de prensa?

Yo estoy en desacuerdo con esa propuesta. Lo he dicho públicamente, creo que la solución de los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión no pasa por la despenalización de los delitos de prensa, porque si los despenalizamos tendríamos que ir a la vía civil para resolver la controversia. La medida en la vía civil sería la indemnización por daño moral, lo que puede ocasionar que en el Perú se generen altísimos costos a las empresas editoriales y periodísticas, las que tendrían que pagar altísimas indemnizaciones, lo que puede hacer quebrar a cualquier medio periodístico en el Perú, pues muchos de ellos son muy pequeños y de muy poco capital. Lo que debemos tener presente es que los bienes jurídicos como la libertad de expresión o información, así como la intimidad, el honor o la buena reputación, merecen el mismo grado de protección.

Esta entrevista fue publicada en el Nº 49 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA (DICIEMBRE 2011)

Redes de corrupción al interior del Poder Judicial

Existen redes de corrupción enquistadas al interior del Poder Judicial. Así de lapidaria fue la frase con la que el titular del Poder Judicial, César San Martín, justificó la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley de Facultades Extraordinarias Nº 424/2011-P presentado por su despacho con el respaldo de casi la totalidad de magistrados de la Corte Suprema para luchar contra la corrupción al interior de este poder del Estado.

Los esfuerzos del pasado

Durante la última década, a partir del año 2001 para ser más precisos, se han ido elaborando una serie de estudios e informes destinados a diagnosticar y evaluar la marcha de la justicia en nuestro país. Luego de casi diez años de gobierno autoritario, y con la llegada de la democracia, diversos sectores del país tomaron la decisión de encarar de manera frontal la lucha contra la corrupción al interior de los órganos de justicia. Es en ese escenario, donde surgieron diversas iniciativas, alentadas muchas de ellas por la sociedad civil, cuyo objetivo era brindar a las autoridades competentes la información necesaria para el diseño de políticas públicas que lleven adelante la tantas veces promocionada reforma de la administración de justicia.

Lastimosamente, con el transcurrir del tiempo, este impulso fue perdiendo fuerza. Los órganos encargados de llevar adelante estas iniciativas perdieron interés en las mismas, y poco a poco la situación judicial volvió a ser la misma. Escándalos, denuncias y actos irregulares llegaron a conocimiento de la ciudadanía, generando malestar y frustración en todos aquellos que habían cifrado sus expectativas en esta nueva etapa de nuestra república.

La lucha contra la corrupción es una tarea impostergable

Ante esta situación, ha sido el propio Presidente del Poder Judicial (eso es lo más destacable) quien de manera pública ha señalado que el problema de la corrupción en la judicatura es un mal institucionalizado, que las nefastas consecuencias que este genera no podrán ser superadas si no se toman acciones inmediatas, que la corrupción se expande y no se detiene, que los actos irregulares son moneda común en los pasillos de las cortes, y que todo ello ocurre gracias a la anuencia y el silencio cómplice de quienes en teoría deberían ser los contralores de la honestidad y la transparencia en esta institución

En ese sentido, resulta saludable que el tema de la lucha contra la corrupción en la administración de justicia vuelva a cobrar interés, que las soluciones e iniciativas para hacerle frente cobren mayor protagonismo en los medios, que se vuelva a debatir sobre este asunto, y que ello ocurra gracias a la actitud de César San Martín y de la mayoría de sus colegas, quienes al parecer están decididos a llevar adelante esta dura batalla. Sin embargo, esta iniciativa, este proyecto de ley, bautizado con el título de “Proyecto San Martín”, no ha estado exento de críticas al interior del propio Poder Judicial.

La corrupción no es un mal institucionalizado

Algunos de sus colegas han salido a los medios a señalar que las declaraciones del Presidente del Poder Judicial no se ajustan a la verdad, que incurre en una exageración, que en los juzgados no existen redes de corrupción, ya que si bien existen denuncias y escándalos, estos se tratarían de casos aislados y no de una práctica sistemática al interior de la judicatura. Este ánimo por restarle importancia a las declaraciones del vocal San Martín, este interés por negar lo innegable, esta costumbre tan nuestra de culpar a los antecesores para justificar la inacción presente frente a los problemas, resulta por demás incomprensible y preocupante, sobre todo cuando son varios los estudios e informes elaborados por el propio Poder Judicial que avalan lo dicho por el presidente de esta entidad.

Más allá de la confrontación y las pugnas que al interior del Poder Judicial existan, las cuales estamos seguros trascienden el ámbito de lo estrictamente jurisdiccional, en esta oportunidad queremos dar a conocer algunas de las propuestas que se han hecho con el objetivo de luchar contra la corrupción judicial. Siendo ello así, debemos saludar la iniciativa del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien hace algunos días ha hecho público un informe especial, en el cual aborda esta temática, recogiendo los aportes más importantes realizados durante los últimos años, muchos de los cuales fueron consolidados y presentados oficialmente en el informe de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en el 2004.

Medidas para combatir la corrupción (propuesta recogida por el Instituto de Defensa Legal en su Informe Nº 61)

Tomando como referencia los lineamientos expuestos por IDL damos a conocer las siguientes medidas para luchar contra la corrupción al interior del Poder Judicial.

1. Crear la Unidad Especializada y Multidisciplinaria de análisis de la corrupción: pues es necesario actualizar los diagnósticos sobre el estado de la corrupción dentro de la judicatura, identificando los problemas más graves.
2. Crear una Comisión Especial de lucha contra la corrupción: compuesta por diversos órganos (Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Colegios de Abogados), para fijar políticas coordinadas a todo nivel, pues las redes de corrupción llegan a otras instituciones.
3. Concentrar las responsabilidades de control disciplinario: pues en la actualidad dicho control recae sobre diversos órganos, situación que conspira contra este esfuerzo. La tarea en este campo es concentrar esta labor en menos órganos evitando la demora y los procedimientos engorrosos.
4. Adoptar medidas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas: las cuales suponen el cumplimiento cabal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizando la información del portal web del Poder Judicial y de otras entidades del sistema de justicia.
5. Promover la denuncia de actos de corrupción: para evitar la impunidad y revertir la percepción negativa que la ciudadanía tiene respecto a los funcionarios judiciales: de lo que se trata es de minimizar los costos de las denuncias, ofreciendo recompensas por denuncias consistentes y brindando protección a los testigos que brindan información sobre estos hechos.
6. Crear medios para contrarrestar la intimidación: pues una de las armas que la corrupción emplea es el amedrentamiento de magistrados que están a cargo de juzgar casos relevantes. Se deben crear mecanismos de protección para los magistrados y sus familiares contra las bandas vinculadas a la corrupción política y económica.
7. Crear “zonas liberadas de corrupción dentro del Poder Judicial”: mediante la incorporación de nuevo personal o de trayectoria impecable en la judicatura para que integren oficinas encargadas de emitir informes continuos sobre el ambiente en que se encuentran (monitoreo permanente).
8. Promover la fiscalización desde los colegios de abogados: a través de la suspensión o retiro de la colegiatura a los agremiados en actos públicos que contravengan las reglas de la ética del colegio de abogados u otras normas relacionadas a la conducta de todo profesional del Derecho.
9. Eliminar la competencia de la Sala Plena para imponer sanciones menores a los vocales supremos: pues cuando el CNM encuentra que un vocal supremo no ha incurrido en una infracción que amerite la sanción de destitución, y deriva el caso a la Sala Plena, en muy pocas oportunidades esta impone una sanción por la comisión de faltas menores, aun cuando el caso así lo amerite, generando un clima de impunidad al más alto nivel.
10. Crear en todas las sedes judiciales módulos anticorrupción: estos órganos estarían integrados por jueces, fiscales y policías cuya labor sería orientar a la ciudadanía en la interposición de denuncias vinculadas a actos de corrupción, como cobros indebidos, dádivas o ventajas solicitados por algún funcionario judicial a cambio de algún favor o ayuda.

Esperemos que este conjunto de propuestas sea tomado en cuenta por las autoridades del Poder Judicial al momento de diseñar la política anticorrupción al interior de su institución. Como señaláramos en su momento, se trata de una serie de iniciativas que gozan de gran consenso y legitimidad, pues son el producto del esfuerzo de investigadores y académicos que a lo largo de los años se han encargado de estudiar esta problemática.

No podemos terminar esta nota sin antes destacar que todas y cada una de estas ideas no requieren sino del compromiso y la voluntad institucional de las propias autoridades jurisdiccionales para su implementación, pues como se puede apreciar, se trata de medidas cuya puesta en ejecución no requiere del concurso del Parlamento o del Poder Ejecutivo. En otras palabras, y como tantas veces se reclamó, la reforma de la administración de justicia corre a cargo, principalmente, de nuestro Poder Judicial y de su titular, quien al parecer está dispuesto a asumir este reto aun cuando para ello deba vencer las presiones que desde fuera y dentro de la institución ya se comienzan a sentir.

Este artículo será publicado en el Nº 52 de LA LEY, publicación mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA.

La “gran transformación” se convirtió en desilusión

Nos vamos, renunciamos, damos un paso al costado para evitar una mayor crisis de gobierno. Esas fueron las palabras dichas por los ministros de Interior y Defensa, los “renunciados” Alberto Otárola y Daniel Lozada, horas después de haber presentado ambos sus renuncias. Falso, otra mentira más en boca de estos señores, es que acaso no se dan cuenta de que todo el Perú sabe que los despidieron. Ustedes señores ministros fueron renunciados, expulsados, mandados a su casa por incompetentes y mentirosos. Hasta el último momento se aferraron a sus cargos, las mieles del poder los habían terminado por seducir, hasta el punto de hacerlos perder el más mínimo sentido de la responsabilidad y la vergüenza. La oposición tuvo que presionar, la opinión pública enojarse, y los medios lanzar su artillería, para lograr que al fin entren en razón y se fueran.

Ante ello, igual de torpe, o quizá un poco más, se mostró el presidente de la República al momento de resolver esta crisis. No había necesidad de esperar tanto tiempo para reemplazar a dos ministros que ya habían pasado a la categoría de “muertos políticos”. O es que acaso Ollanta y esposa creen ser poseedores de fuerzas y poderes sobrenaturales capaces de devolverles la vida a los vencidos por la estupidez y la arrogancia. O es que acaso el presidente pensó que para solucionar esta segunda crisis de gobierno bastaba con que su joven esposa escribiera desde Corea o Japón una frase esperanzadora a través de twitter que terminaría por salvarles la cabeza pero no el honor a este par de fantasmas.

Una vez más el Gobierno se ve obligado a realizar cambios y ajustes al interior del denominado “gabinete de la cohesión”. Qué cohesión, qué coherencia, de qué nos están hablando los operadores y ayayeros del presidente.  No era que el premier Valdés era un tipo con un talento excepcional para enrumbar el camino de un Gobierno que hasta el día de hoy sigue buscando un norte. Pocos meses transcurrieron para darnos cuenta que este nuevo gabinete no es ni mejor ni peor que el anterior.

En todo caso, podemos decir que a diferencia del “gabinete Lerner”, en este equipo ministerial la falacia y la mentira se han convertido rápidamente en prácticas políticas que no sonrojan ni entristecen. Basta recordar, como lo han hecho todos los medios (me refiero a los que no se han alineado con el gobierno de turno), que la “Operación Libertad” fue un rotundo fracaso, que los 36 rehenes en el VRAE fueron liberados por los mismos senderistas que los secuestraron (previo pago claro está), que las fuerzas del orden no tienen ni la menor idea de la posición del “camarada Gabriel”, que los periodistas se toman fotos y entrevistan a este sanguinario terrorista mientras nuestros soldados esperan que el Estado les de mayor apoyo, que el suboficial Luis Astuquilca apareció vivo luego de 17 días gracias únicamente a su heroísmo, y que el cadáver del suboficial César Vilca fue encontrado por su propio padre, pues a ellos la institución los abandonó de la manera más cobarde.

Si después de esta cadena de continuos errores estos ministros no eran expectorados del Gobierno, no sé cuál habría sido la reacción de la población que durante estos últimos días y semanas no deja de preguntarse si este Gobierno sigue siendo el de la “gran transformación” o se ha convertido en el Gobierno de la farsa, la patraña y el embuste. La gravedad de la crisis exigía un rápido giro de timón, el gobierno debió bajar el tono del debate anunciando el nombramiento de nuevos ministros. No lo hizo. O mejor dicho, no lo quiso hacer. Y cuando por fin se decidió a hacerlo, no tuvo mejor idea que recurrir a la misma gente inexperta, incompetente y acomodaticia de siempre.

¿Quién es el nuevo ministro de Defensa? Gracias a la generosidad del señor presidente, y con el apoyo de su cuestionado primer ministro, el encargo recae en manos de José Urquizo, quien hasta hace unos días se desempeñaba como ministro de la Producción. Como lo oyen, el Gobierno ha premiado la incompetencia de este señor, responsable político de los dos muertos en Paita, al no haber podido resolver la crisis de la merluza, con su nombramiento en este importante ministerio. Es decir, quien no tuvo el coraje y la capacidad para dar cumplimiento a los acuerdos del 9 de abril firmados en la Presidencia del Consejo de Ministros, referidos al incremento de la cuota pesquera para la pesca de merluza, por razones que hasta el día de hoy no ha explicado, es hoy en día el encargado de “luchar contra el narcoterrorismo en el VRAE”.

Al presidente no le importó que este ministro haya estado a punto de ser censurado junto a Otárola y Lozada. Porque vamos, si a Lozada se lo criticó por salir de viaje a Colombia en plena crisis, ¿qué me dicen de este señor que en pleno conflicto en Paita decidió tomar un periplo por la lejana Qatar? La interpelación contra este señor ya estaba lista, y la censura se venía. Por ahora, José Urquizo se libró del despido con este reciente nombramiento y seguirá vistiendo su fajín de ministro por unos meses más, al menos hasta que su incapacidad comprobada lo lleve a cometer otra torpeza.

¿Quién es el nuevo ministro del Interior? Otro espectro, otro muñeco de cera, igual de opaco, pero con un pasado mucho más cuestionable que su otro compañero. Wilber Calle Girón se venía desempeñando como viceministro de Políticas para la Defensa de ese sector. Llegó a este ministerio de la mano del “irrenunciable Otárola”. Es decir, a quien formó parte de un equipo cuya falta de manejo político y sectorial ha sido más que evidente se lo premia nombrándolo como el titular en el ministerio más complicado de todos.

Como se sabe, la conducción política de una institución tan importante como la Policía Nacional del Perú exige la participación de una persona empapada y conocedora de la problemática del orden interno y la seguridad ciudadana. En mi opinión este militar no cuenta los pergaminos y  méritos suficientes para dirigir este sector. Además, es sabido que “únicamente los gobiernos militarizados” optan por colocar al frente de esta cartera a ex soldados, pues la tradición democrática en nuestro país es que quien llega a este ministerio sea un civil o un ex efectivo policial. Su nombramiento no ha caído bien en esta institución. El Gobierno está militarizando a la Policía, esta es la percepción que yo tengo, y sobre la cual no creo estar equivocado.

Pero los cuestionamientos no acaban con lo antes dicho, si de pasado oscuro hablamos, este ministro alcanza nota sobresaliente. En 1990 el mencionado señor se desempeñó como Jefe del Comando Político Militar de la sub-zona de seguridad número tres de Apurímac. Tiempo después, y acá viene lo más preocupante sobre la trayectoria de este personaje, se convirtió en una de los militares genuflexos que con entusiasmo firmaron el “acta de sujeción” respaldando el autogolpe de Estado perpetrado por el dictador Fujimori. Es decir, el presidente Humala, quien en su momento criticó duramente a este grupo de uniformados que no tuvieron el menor escrúpulo en cuadrarse y someterse a las órdenes de un golpista como Fujimori y de un truhán como el “capitán acusado de traición a la patria”, Vladimiro Montesinos, decide colocar al frente de una institución democrática como la Policía Nacional del Perú a un encubierto golpista pro-fujimorista como Wilber Calle. ¿Cómo se explica uno este tremendo desatino? ¿Cómo entender la ineptitud del gobierno en este asunto? Me animo a presentar dos ideas.

La primera, queda claro que la falta de cuadros políticos y técnicos en el “partido de Gobierno” se hace evidente con el correr de los meses. Esta debilidad del Gobierno se pone de manifiesto sobre todo en este tipo de situaciones en las cuales el presidente mira hacia dentro de su organización en busca de soluciones y no encuentra otra cosa que mediocridad y ramplonería. La segunda, al Gobierno le cuesta muchísimo convocar a personalidades de prestigio, independientes calificados y técnicos, para formar parte del Consejo de Ministros. Nadie quiere ser parte de un Gobierno que no tiene un capitán a la vista. Nadie quiere quemarse políticamente para ser pasado luego por una aplanadora mediática que lo sepulte de por vida. Nadie quiere asumir el cargo de ministro por unos cuantos meses a cambio de nada. Porque seamos claros, José Urquizo y Wilber Calle saben que el Premier Valdés tiene los días contados, que es un condenado a muerte, y que a más tardar en el mes de la patria recobrarán su eterno anonimato

Hasta siempre defensor: homenaje a Jorge Santistevan de Noriega

La mañana del 18 de abril nos dejó Don Jorge Santistevan de Noriega, destacado jurista y primer Defensor del Pueblo de nuestro país. Su partida ha enlutado a toda la comunidad jurídica nacional, amigos, colegas, alumnos y autoridades sienten su partida. El país entero le ha rendido homenaje, la democracia lamenta su ausencia, nosotros le decimos gracias por su obra a través de esta nota.

Don Jorge nació el 22 de enero de 1945 en la ciudad de Arequipa, en el año de 1960, años más tarde migró a Lima junto a sus padres para terminar sus estudios secundarios. Cursó los estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica. En esos años, como alguna vez lo señalara, no imaginaba el duro camino que le tocaría transitar en defensa de la democracia y los Derechos Humanos en nuestro país.

Don Jorge supo a lo largo de su vida destacarse en cuanta actividad laboral o académica decidió emprender. Desde los primeros años de su ejercicio profesional su talento y rigurosidad lo fueron convirtiendo en uno de los juristas más destacados de su generación.

Como catedrático, se ganó el cariño y el afecto de todos quienes tuvimos la suerte de tenerlo como profesor. Las clases con Don Jorge eran especiales, la lucidez y sencillez con las cuales las desarrollaba lo convertían en un maestro diferente. Recuerdo los debates que en ellas se generaban, convirtiendo el salón de clases en una especie de ágora griega en la cual la historia, la filosofía y la literatura acompañaban la reflexión jurídica. Don Jorge fue ante todo un intelectual humanista, que puso siempre su profesión y talento al servicio de las causas más nobles.

Hace algún tiempo, en el último año de carrera, recuerdo haberlo visitado en busca de ayuda. Me encontraba haciendo una investigación: Juicio y Antejuicio Político en la Constitución de 1993, una materia sobre la cual él acababa de publicar un notable artículo. En esa oportunidad, Don Jorge volvió a mostrar esa sencillez y afecto por los jóvenes, a quienes siempre estuvo dispuesto a ofrecer su mano amiga y su sabio consejo. Quién hubiera imaginado, que, años más tarde, sería yo el encargado de coordinar con él la nueva edición de ese mismo texto para esta casa editorial.

La obra de Don Jorge fue muy diversa. Alguna vez lo escuché decir que la labor de un abogado es luchar por la justicia, ya sea en el Sector Público como Privado y así lo hizo. Fue el socio fundador de un estudio de abogados, su estudio, que a través de los años ha ido consolidándose en el escenario jurídico de nuestro medio. Pero sin lugar a dudas, su misión más importante fue la que desarrollara luego de haber sido nombrado como el primer Defensor del Pueblo de nuestro país.

Eran tiempos muy difíciles los de esos años, señalan algunos amigos de don Jorge. En el Perú la democracia atravesaba uno de sus peores momentos. El Estado de Derecho era sistemáticamente atacado por la dictadura fujimorista. Eran muy pocas las personas dispuestas a asumir la responsabilidad de conducir dicha institución. Don Jorge lo hizo, decidió batallar ante la adversidad, y con la honestidad y espíritu concertador que lo caracterizaron siempre, convirtió la Defensoría del Pueblo en una entidad a la cual los ciudadanos observábamos con respeto y en la cual confiábamos, una especie de isla democrática en un océano de arbitrariedades.

La obra de Don Jorge, su prestigio y espíritu democrático, han trascendido las fronteras de nuestro país, organismos como el Centro Carter e intelectuales extranjeros como Thomas Legler, lo consideran como una de las personalidades más comprometidas e identificadas con los valores democráticos y la unión americana de nuestro continente.

Así, hace algún tiempo, junto a otros nombres de destacados profesionales, fue invitado para contribuir con el perfeccionamiento y vigilancia del cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA. Su aporte no sería menor, estaba convencido de la necesidad de la creación del Ombudsman o Reportero de la democracia en el sistema interamericano, y así lo expuso. Esta será una propuesta que él no verá concretizada, pero que esperemos sea acogida en la región para el fortalecimiento de lo que él siempre deseó, un sistema capaz de garantizar la justicia y la libertad para los hombres de nuestra América.

A Don Jorge solo nos resta decirle gracias, mil veces gracias, su ejemplo de vida y su esfuerzo son reconocidos por todos los peruanos. La muerte, dicen algunos, acaba con la vida de los hombres, pero no con la obra generosa de aquellos que dispuestos a sacrificar su propia vida, la ponen al servicio de los demás con el afán de construir una sociedad mejor. Por eso Don Jorge, descanse en paz, descanse tranquilo, en el Perú su nombre no será olvidado, porque en las alturas usted seguirá siendo siempre nuestro defensor.

NOTA: este artículo ha sido publicado en el Nº 51 de “LA LEY”, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica. Del 1 al 30 de abril del presente.

El caso César San Martín

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó por unanimidad abrir una investigación preliminar contra el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, luego de las denuncias hechas por diversos medios de comunicación sobre su vínculo laboral no finalizado con el Banco de Crédito del Perú.

Hace algunas semanas, el semanario del conocido periodista César Hildebrandt reveló que San Martín figuraba como apoderado legal de la mencionada entidad financiera desde febrero de 2003 hasta el mes de enero del presente año, tal y como quedó acreditado con la publicación del asiento de Registros Públicos correspondiente.

Como se sabe, esta situación es irregular e incompatible con las labores que los magistrados desempeñan. Basta señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que todo magistrado, antes de asumir funciones, debe dar por finalizado todo tipo de nexo laboral existente entre él y cualquier entidad privada. La razón de esta disposición es muy sencilla, los magistrados, autoridades encargadas de administrar justicia, no pueden, al mismo tiempo, aparecer como apoderados, representantes, asesores o consejeros de entidades que como el Banco de Crédito del Perú tienen litigios en el Poder Judicial, ya que de ser así se podría configurar un supuesto de conflicto de intereses.

Conocida la denuncia, el vocal San Martín señaló que todo esto se había generado debido a la falta de diligencia del propio banco, quien debió comunicarse oportunamente con los Registros Públicos a fin de modificar el asiento registral en el cual él aparecía como su representante legal, ya que como era conocido por todos, César San Martín había vuelto a la magistratura en el año de 2003.

Días después de haber hecho estas primeras declaraciones, el Presidente del Poder Judicial declaró que, si bien había podido haberse incurrido en una falta de diligencia, de ningún modo podía hablarse de incompatibilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional o conflictos de intereses. Más aún, el propio San Martín repitió una y otra vez, que desde su retorno a la magistratura no había participado directamente en ningún caso en el cual el Banco de Crédito haya tenido la condición de parte en un proceso.

Sin embargo, en un informe reciente publicado por el citado semanario se han hecho públicas dos resoluciones, correspondientes a los años 2004 y 2005, respectivamente, de la Sala Penal Permanente que favorecen al Banco de Crédito del Perú, las mismas que llevan la firma, de puño y letra de César San Martín.

Ante estos hechos, el Doctor Vladimir Paz de la Barra, actual miembro del CNM, presentó ante esta institución un pedido formal para que se abra investigación contra San Martín para que que se aclare la relación existente entre San Martín y el BCP, y la posible repercusión judicial que esta haya tenido al momento de impartir justicia.

Sobre este hecho, el excongresista fujimorista Rolando Sousa consideró que el alto funcionario habría cometido una falta grave que podría finalizar con la vacancia en el cargo del Presidente de la Corte Suprema. Para Sousa, como para muchos otros, llama la atención el silencio y la falta de claridad con la que San Martín ha actuado en este caso, conducta que en nada favorece a la entidad a la cual representa y que pone severamente en cuestión su imagen y liderazgo.

A su turno, mediante comunicado propalado por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema, el juez San Martín se puso a disposición del CNM, asegurando que nada tiene que temer pues su comportamiento ha sido “jurídica y éticamente irreprochable”.

Por su parte, el CNM informó que la Comisión Permanente de Procesos disciplinarios encargada de analizar este caso estará conformada por Luz Marina Guzmán Díaz, Pablo Talavera Elguera y Máximo Herrera Bonilla, quienes cuentan con un plazo de 30 días para emitir su informe final.

Independientemente de los resultados de dicha investigación, resulta positivo que el CNM haya asumido la responsabilidad de investigar este caso, pues este logrará determinar si la conducta de San Martín debe ser considerada como una falta grave o simplemente una omisión o falta de diligencia que no merece mayor reproche.

Los magistrados deben recordar que nadie está por encima de la ley, que la ciudadanía exige honestidad y veracidad en quienes tienen la delicada misión de administrar justicia. No obstante ello, y dada la importancia del caso, es necesario que quienes están a cargo de la investigación lo hagan de la manera más objetiva y transparente posible, no debemos olvidar que el prestigio personal y profesional de un hombre y su familia pueden verse seriamente dañados si no se procede con rigor y responsabilidad.

Al mismo tiempo, hace algunos días, el vocal supremo y expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein ha hecho públicas sus diferencias con San Martín sobre el pedido de delegación de facultades que este último ha solicitado al Congreso de la República, para remover a jueces cuestionados por corrupción. Para Villa Stein, este pedido resulta ilegal y arbitrario, y además constituye una afrenta directa a todos los magistrados del Perú a quienes en su opinión ha tildado de incapaces y corruptos.

Para Villa Stein, este afán de San Martín de pasar por encima de las instituciones competentes constituye una abierta vulneración al orden constitucional y legal. Si el problema es la corrupción, afirma Villa Stein, entonces que se hagan las denuncias correspondientes ante la OCMA y el CNM, lo otro, pretender que el Presidente del Poder Judicial y un consejo de asesores dispongan el cese de un magistrado constituye una injerencia inaceptable y un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial.

Tiempos difíciles se avecinan para el Presidente del Poder Judicial, a su proceso de investigación abierto ante el CNM se suman los problemas al interior de la institución a la cual representa. Esta historia recién comienza, seguramente muchas otras cosas más se sabrán en las próximas semanas. La polémica ya se ha instalado y parece que continuará durante los próximos meses, coincidentemente a poco tiempo de darse inicio al proceso de elección del nuevo presidente del Poder Judicial.

Nota: este artículo ha sido publicado en el Nº 51 de “LA LEY”, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica. Del 1 al 30 de abril pasado.

¿Qué le pasa a la izquierda en el Perú?

Nada. Ese es justamente el problema de la izquierda peruana. Con ella no ha pasado nada, salvo muy escasas y extrañas excepciones. La izquierda en el Perú sufre de parálisis, quedó anclada en el tiempo, en la prédica revolucionaria y en su marcado autoritarismo. La izquierda peruana sigue sin poder construir y articular un discurso moderno, capaz de generar entusiasmo en los más jóvenes y tranquilidad en aquellos que creen que un gobierno de izquierda asegura únicamente fracaso y miseria económica.

No soy de derecha, no tendría motivo para ocultarlo, pero dejo sentada esta advertencia en caso mis amigos del Sutep, Patria Roja, u otros cavernícolas corran apuraditos y busquen etiquetarme con ese San Benito de “bruto y achorado”. Incluso, llevado a elegir entre la zurda o la diestra, diría que mi opción política está junto a mi corazón, ustedes me entienden. Pero me animo a escribir estas líneas porque me rehúso a pensar que a la izquierda en el Perú la represente Gregorio Santos o Marco Arana. Como también me rehúso a creer que el actual presidente del Perú, Ollanta Humala haya sido alguna vez de izquierda.

Pero veamos, qué críticas además de los insultos que un sector de la prensa de derecha suele hacerle a la izquierda podemos identificar como válidas. Básicamente, yo encuentro cuatro temas sobre los cuales la izquierda tiene una tarea pendiente: economía, política, sociedad y relaciones internacionales.

Sobre el primero debo decir brevemente lo siguiente, en ningún país en los cuales la izquierda tiene en la actualidad un protagonismo político y electoral importante, sus líderes y principales voceros persisten en la absurda idea de que el Estado es quien debe planificar la economía. El Estado ha demostrado ser un pésimo administrador, un actor económico fallido, una pieza de museo a la hora de generar mayores ingresos y recursos. En América del Sur, los dos movimientos de izquierda democrática más fuertes (Chile y Uruguay) se han consolidado a partir de un discurso que conjuga libre mercado con actividad regulatoria estatal eficiente inspirado por principios y valores de justicia social.

Pues bien, ese salto cualitativo en la modernización del pensamiento de izquierda no se ha dado en el caso peruano. En nuestro país la izquierda “bruta y achorada”, sigue creyendo que los problemas económicos se solucionan mediante la creación de empresas públicas, líneas de bandera, o prácticas estatistas que distorsionan las reglas de juego del mercado, encareciendo los productos y reduciendo el abanico de posibilidades al consumidor. La izquierda además sigue creyendo que vivimos en un mundo pequeño, en donde es necesario establecer barreras al comercio y proteger la industria y empresa nacional, por más que estas sean marcadamente ineficientes y mercantilistas.

Sobre el segundo punto debo señalar que la izquierda, o al menos yo no he escuchado a algún líder afirmar lo contrario, no ha sido capaz de plantearle al país una idea de reforma del Estado coherente, que aborde la necesidad de redefinir nuestro sistema político, con propuestas de ingeniería institucional y constitucional destinadas a ampliar los ámbitos de libertad y participación de la ciudadanía a partir de un fortalecimiento de los partidos políticos, una nueva lectura sobre nuestro sistema electoral, cambios en el sistema de gobierno o una reforma de la administración de justicia profunda que modernice a nuestro Poder Judicial convirtiéndolo en un auténtico garante de la democracia y la institucionalidad.

Hacer política y redefinir el modelo de Estado que tenemos supone plantear una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. Un discurso auténticamente de izquierda, de una izquierda liberal y democrática, debiera tener como objetivo el fortalecimiento de la posición de los individuos en la sociedad a partir de un reconocimiento pleno y expreso de todas y cada una de sus libertades y derechos fundamentales. La izquierda peruana no sostiene esta prédica, sigue reduciendo al individuo a su condición de mero receptor de dádivas y beneficios que desde el poder se le ofrecen, abriendo el paso para el populismo y el clientelismo a gran escala. Sin lugar a dudas, ello encubre una vena profundamente autoritaria, la cual parece estar inserta en el ADN de la izquierda nacional.

Sobre el tercer punto, la izquierda debe entender que la defensa de los derechos humanos de los hombres no puede tener un sesgo político, a partir del cual se defienden únicamente a los que piensan como uno y se desampara a quien sostiene un discurso contrario al nuestro. Las violaciones de derechos humanos son igualmente abominables cuando son cometidas por el Estado como cuando son producto de la violencia cainita de algunos grupúsculos que dicen levantar las banderas de la lucha popular o las guerrillas liberalizadoras.

Si la izquierda pretende vencer en este campo, debe desmostrarle al país que cuando habla de derechos no solo lo hace para defender posiciones ideológicas afines, sino también para evidenciar la enorme fractura social que nuestro país tiene. Y denunciar públicamente a los responsables de esta fractura. En el Perú no existen vencedores ni vencidos, pues todos somos responsables en alguna u otra medida de la sociedad que hemos construido, o peor aún que hemos permitido que destruyan. La violencia terrorista de los años ochentas petardeó nuestra democracia de una manera terrible, acabó con la vida de miles de peruanos, asesinó a cientos de dirigentes a nivel nacional. La izquierda fue víctima de esta violencia, vio segada la vida de muchos de sus cuadros, sin embargo, en la actualidad vuelve a cometer los mismos errores del pasado, y no termina por deslindar y condenar la prédica violentista de algunos sectores, que con otro vestuario, pero con las mismas prácticas pretenden poner en jaque al país.

En los últimos tiempos, la izquierda se ha convertido en la difusora del pensamiento ambientalista. La izquierda, eso debemos reconocer, asumió el rol de defensora de la naturaleza y la tierra. Sin embargo, esta misma izquierda es tímida, cobarde, y hasta cínica cuando se trata de hacer frente a la minería informal, al narcotráfico, a las actividades económicas ilegales, que sin ningún pudor depredan porciones cada vez más importantes de nuestra Amazonía. Y si de cinismos se trata, no puedo dejar de mencionar este doble discurso que la izquierda tienen con relación al reconocimiento paulatino de nuevos derechos, salvo algunas pocas voces verdaderamente comprometidas con las tesis liberales y modernas propias de las democracias avanzadas, pocos son los que se atreven a poner en debate asuntos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el derecho a morir dignamente, la legalización de la marihuana, la abolición absoluta de la pena de muerte, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, entre otros.

Finalmente, en el campo internacional, la izquierda sufre de esquizofrenia perpetua. La izquierda peruana se indigna ante los gobiernos autoritarios de derechas, exige que los crímenes cometidos por estos gobiernos no queden impunes, se ofusca cuando escucha hablar de los paramilitares en Colombia, de la criminalización de la protesta en Chile, reivindica a los indignados en España y en los Estados Unidos. Hasta ahí todo muy bien. El problema de la izquierda surge cuando desde la sociedad civil se le exige condenar con igual dureza a regímenes igual de autoritarios y dictatoriales como el de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etc. Es decir, para nuestra izquierda, Pinochet fue un dictador, lo mismo Videla y Fujimori, pero si se trata de Cuba, ellos dicen que en este país los médicos son de primera y la educación también, y que Fidel no es un asesino sino un octogenario luchador social. Vamos, se puede ser tan mentiroso y cínico, tan condescendiente con los que violan sistemáticamente los derechos humanos y al mismo tiempo hablar de democratización de la sociedad. Yo creo que no.

El problema, del cual no están exentos los académicos e intelectuales, es que la izquierda peruana, y nuestra derecha, se han convertido en maquinarias puestas al servicio de intereses de grupo, ajenas a todo tipo de defensa principista de valores como la libertad y la justicia social. El problema del Perú, es que no cuenta con una izquierda auténticamente liberal y democrática. Nuestra izquierda huele a naftalina, se conserva en formol, está muerta, y cree que puede revivir de la mano de un Humala, o de cualquier otro aventurero que cada 5 años decide postular a la presidencia del Perú. Yo puedo ser de izquierda, pero nunca de esta.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.agoraabierta.blogspot.com espacio de análisis político y constitucional

Escribe en www.muladarnews.com portal de actualidad.