miércoles, 9 de enero de 2013

Los delitos de lesa humanidad en el Perú



Una nueva sala de la Corte Suprema de nuestro país tendrá la misión de dictar sentencia este jueves en los casos de la matanza de Barrios Altos, los campesinos del Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. Como se recuerda, en todos estos casos el Ministerio Público acusó como directos responsables de estos crímenes a los miembros del “Grupo Colina”.

En julio del año pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, eliminó la calificación de “delitos de lesa humanidad” para estos crímenes; para luego, disminuir la condena impuesta a estos criminales. Estos hechos motivaron un rechazo general a nivel nacional e internacional, razón por la cual dicha resolución fue declarada nula por la propia Corte Suprema, motivo por el cual esta semana el Poder Judicial de nuestro país volverá a revisar estos casos.

No es finalidad de este breve texto hacer un análisis pormenorizado de los fundamentos de hecho y de derecho que deben merituar los miembros de esta sala al momento de dictar sentencia. Razones de tiempo y espacio nos impiden abordar esta tarea. Sin embargo, y dada la enorme confusión que existe en algunos sectores de la ciudadanía en torno al concepto de “delitos de lesa humanidad” creemos pertinente brindar algunos criterios de interpretación que todo ciudadano debería de conocer (introductoriamente) para así poder formarse una opinión mucho más informada e instruida con respecto a este tipo de casos.

Como primer punto de nuestro comentario debemos dejar en claro que los crímenes de lesa humanidad tienen su origen en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues su finalidad no es otra que sancionar drásticamente las violaciones al derecho a la libertad, seguridad, vida e integridad, entre otros, que hayan sido cometidos de manera sistemática y generalizada contra población civil.

Como señalamos en el párrafo anterior, los crímenes de lesa humanidad se configuran por aquellos actos cometidos en el marco de un ataque generalizado y/o sistemático contra civiles con el pleno conocimiento de dicho ataque por parte de quienes lo llevan a cabo. Por lo general, los crímenes de lesa humanidad se encuentran relacionados con la comisión de los siguientes delitos: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, violación sexual, esclavitud, traslado forzoso de población, apartheid, u otros actos inhumanos de similar naturaleza.

Por tanto, a modo de resumen podríamos decir que si bien los delitos de lesa humanidad pueden presentarse a partir de la realización de una multiplicidad de actos, estos presentan las siguientes características comunes: 1) son atentados que afectan a toda la comunidad internacional (pues son delitos contra la humanidad); 2) son delitos que pueden ser cometidos en tiempos de paz o de guerra; y finalmente 3) los sujetos pasivos de los delitos de lesa humanidad pueden ser tanto civiles como militares, siempre que estos se hayan rendido (depuesto las armas) o estén fuera de combate.

Dicho todo ello, cabe afirmar que para la doctrina penal internacional existe un elemento cuya comprobación resulta fundamental al momento de determinar si un delito puede ser calificado o no como un crimen de lesa humanidad. Nos referimos a la siguiente idea: “el elemento central de los crímenes de lesa humanidad es el ataque generalizado o sistemático contra la población civil”.

Sobre este último apunte deben quedar claros tres conceptos básicos. Llamamos población civil a aquella que no toma parte en las hostilidades en un conflicto armado, ya sea nacional o internacional, así lo ha señalado el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, en vigor para nuestro país desde el 14 de enero de 1990. Por generalizado debemos entender ataques llevados a cabo de forma colectiva contra una multiplicidad de víctimas. Finalmente, el término sistemático depende de dos condiciones: 1) los ataques tienen como objetivo destruir, perseguir o debilitar una comunidad o colectividad específica; y 2) la comisión de estos actos criminales a gran escala en contra de población civil siguen siempre un parámetro común, es decir un modus operandi criminal que se repite de manera sucesiva.

Una vez expuestas estas ideas (generales e introductorias) pasaré brevemente a recordar los tres casos por los cuales serán juzgados los miembros del Grupo Colina a fin de que sea el propio lector quien desde su sano juicio y sentido común responda a la pregunta siguiente: ¿Los crímenes cometidos por el Grupo Colina son delitos de lesa humanidad?

En el caso Barrios Altos, el Grupo Colina fue responsable de la muerte de 15 personas, entre ellas un niño de apenas 8 años de edad. El 3 de noviembre de 1991, agentes adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) acribillaron a 15 personas, incluyendo al menor Javier Ríos Rojas. Cuatro personas sobrevivieron, los testimonios de estas personas y las pericias balísticas y forenses posteriores confirmaron que los autores remataron a los moribundos propinándoles el fatal “tiro de gracia”.

En el caso El Santa, estos criminales asesinaron a 9 personas. El 2 de mayo de 1992 los miembros de este “escuadrón de la muerte” intervinieron diferentes viviendas de los Pueblos Jóvenes del distrito del Santa en Chimbote, las secuestraron para luego ejecutarlas extrajudicialmente. Según el testimonio de un testigo acogido al beneficio de la colaboración eficaz, el destacamento Colina actuó siempre con intención homicida pues llegaron al lugar con picos, palas y cal para enterrar y no dejar rastro de las víctimas.

En el caso Pedro Yauri, el Grupo Colina asesinó a este periodista en el año 1992 siguiendo el mismo patrón criminal que en los dos casos antes descritos. Según declaraciones de uno de los colaboradores eficaces y del propio Julio Chuqui Aguirre, ex miembro de este grupo criminal, Pedro Yauri fue obligado a cavar su propia tumba, y luego de ser torturado y sometido a innumerables maltratos físicos, fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

Estos tres casos descritos (que no son los únicos crímenes del Grupo Colina) deberán ser evaluados por el tribunal que juzgará a los Colina. La sala de la Corte Suprema deberá evaluar si el patrón seguido en estos tres crímenes los convierten en parte de un plan de aniquilamiento sistemático y/o generalizado contra población civil en los términos exigidos por la doctrina penal internacional para que un crimen sea calificado como delito de lesa humanidad. Sumado a todo lo antes dicho, es necesario afirmar que en ninguno de los tres casos la DINCOTE (Dirección nacional contra el terrorismo) ni el Poder Judicial lograron determinar siquiera indicios que hicieran pensar que las víctimas del Grupo Colina eran terroristas (es decir, eran población civil en los términos del Derecho Internacional).

Al margen de consideraciones subjetivas en torno a si el Grupo Colina cometió delitos de lesa humanidad o no, debemos decir que para el Tribunal Constitucional de nuestro país los delitos cometidos por este comando de aniquilamiento sí constituyen delitos de lesa humanidad, así lo ha señalado de manera expresa en tres sentencias constitucionales (2798-2004-HC/TC, 4587-2004-AA/TC y 689-2005-PA/TC). Esta línea jurisprudencial seguida por el Alto Tribunal no hace sino ratificar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y Cantuta, línea de razonamiento que también siguió nuestro Poder Judicial en la sentencia condenatoria al ex presidente de la República, Alberto Fujimori.

Nota: Este artículo ha sido publicado en http://elcristalroto.pe/  portal institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

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miércoles, 25 de julio de 2012

Javier Villa Stein, entienda que el Grupo Colina sí cometió delitos de lesa humanidad


No es propósito de esta reflexión agraviar al señor Javier Villa Stein. Eso es algo que me gustaría dejar muy en claro. La obligación de quienes hemos recibido cierta formación jurídica es ejercer nuestro derecho a la crítica de resoluciones judiciales con el respeto y la rigurosidad técnica que un caso como este exige. En ese sentido, aprovecharé estas líneas para aclarar algunos puntos que me parecen por lo menos discutibles en torno a la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a través de la cual Javier Villa Stein y compañía decidieron disminuir la pena a los asesinos del Grupo Colina sentenciados por los crímenes de Barrios Altos, el Santa y Pedro Yauri.


Los argumentos de la Sala Suprema de Villa Stein

Para Villa Stein, como él mismo lo señaló el 20 de julio el propio señor, se había decidido rebajar la pena a los asesinos del Grupo Colina al considerar que estos agentes de inteligencia no habían cometido delitos de lesa humanidad. Días después, el lunes 22, Villa Stein fue cambiando su versión y, señaló que decidieron dejar de lado dicha calificación porque el Ministerio Público no la incluyó en su acusación.


Las dudas de Villa Stein: marchas y contramarchas

El día de ayer, el mismo juez supremo, luego de conocerse, a partir de las declaraciones de los señores fiscales Pablo Sánchez Velarde y Jorge Cortez, funcionarios encargados de llevar adelante la acusación en estos casos, y de haberse publicado en un medio local el extracto de la acusación fiscal (11-05-2005), declaró que la Fiscalía sí calificó expresamente a los delitos del Grupo Colina como delitos de lesa humanidad. Al parecer, no tuvo otra salida que dar marcha atrás y volver a cambiar de versión.


La nueva versión de Villa Stein

El día de ayer, martes 24, el mismo juez terminó por reconocer que tres de los cinco magistrados (la mayoría entonces) que integraban la sala, consideraron que los delitos cometidos por los criminales del Grupo Colina sí eran delitos de lesa humanidad. También señaló que la calificación por parte de la Fiscalía de estos delitos como delitos de lesa humanidad sí había sido señalada en la acusación fiscal pero que no había sido lo suficientemente desarrollada. Total, ¿en qué quedamos? Y como para coronar su alocución, expresó que siendo únicamente dos magistrados (entre ellos él) los que consideraban que los abominables crímenes del Grupo Colina no eran delitos de lesa humanidad, este fallo no podía utilizarse para impugnar la sentencia firme dictada contra el dictador Alberto Fujimori.


Reflexiones y apuntes sobre la sentencia

Estas han sido las declaraciones del propio señor Villa Stein, las cuales no han sido alteradas. Todas estas pueden ser cotejadas en los medios de prensa que han cubierto esta noticia. Siendo ello así, paso a hacer algunas preguntas y reflexiones en torno al contenido de la sentencia.


Primer apunte: si solo dos de los magistrados consideraron que los delitos del Grupo Colina no eran delitos de lesa humanidad, entonces cómo se pudo “formar sentencia” cuando la mayoría estaba en contra de esta postura. Los especialistas en materia procesal señalan que cuando esto ocurre lo idóneo es convocar a otros jueces hasta que una de las posiciones alcance los cuatro votos necesarios para emitir sentencia. Primer error.


Segundo apunte: resulta por demás curioso que sean los votos en mayoría (los que sí consideran a los criminales del Grupo Colina como autores de delitos de lesa humanidad), los que hayan sido finalmente anexados al cuerpo de la sentencia cuando lo usual en la práctica jurisdiccional es que los votos que se añaden al final del texto sean los que corresponden a los votos singulares, discordantes o en minoría. Este detalle, que en otro caso no pasaría de ser una “inusual práctica procesal”, adquiere total relevancia en este caso, pues hace pensar a la población que la mayoría de los miembros de esta Sala consideran que los miembros del Grupo Colina son responsables únicamente de delitos comunes.


Tercer apunte: la sentencia no aclara las razones por las cuales decide apartarse de la línea jurisprudencial establecida por tribunales nacionales e internacionales que en tiempo anterior calificaron a los delitos cometidos por el Grupo Colina como actos de lesa humanidad. Recordemos que en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego en 2005, nuestro Tribunal Constitucional, señalaron expresamente que los crímenes de Cantuta y Barrios Altos, y tantos otros cometidos por estos asesinos (Pedro Yauri y El Santa, entre ellos), eran considerados a la luz de la normativa internacional vigente como delitos de lesa humanidad. La sentencia no explica por qué a su juicio tanto la Corte como el Tribunal están equivocados en este punto.


Cuarto apunte: según lo afirmado por Villa Stein, este magistrado considera que el Grupo Colina incurrió en la comisión sistemática y generalizada de delitos contra los derechos humanos. Esta expresión es una de las más descabelladas pues en la misma sentencia se reconoció expresamente que el Grupo Colina fue un grupo militar organizado por el Estado con el objetivo de eliminar a presuntos terroristas. Es decir, Villa Stein condena a los miembros del Grupo Colina por “tres casos” en los cuales se acabó con la vida de 25 personas (incluyendo a un niño de 8 años), pero al mismo tiempo nos dice que estos casos no constituyen violación sistemática y generalizada de derechos humanos.


Quinto apunte: para el caso particular de la matanza de Barrios Altos (perdón por el uso de un término tan fuerte), Villa Stein afirmó que este delito no puede ser considerado como un atentado de lesa humanidad pues “la población victimada no era una población civil”. Es decir, para Villa Stein (como para Martha Chávez y tantos otros), las víctimas de Barrios Altos eran terroristas o presuntos terroristas y por ello el objetivo del Grupo Colina que era eliminarlos no puede ser considerado un ataque contra civiles. La pregunta entonces es la siguiente: ¿acaso en el Perú las personas son consideradas terroristas a priori sin un juicio previo en el cual se determine su responsabilidad penal? ¿Cómo sabe Villa Stein que los asesinados de Barrios Altos eran terroristas? ¿Cuáles son esas presunciones objetivas que acreditan que estas personas estaban vinculadas con el terrorismo?


Sexto apunte: la afirmación hecha por Villa Stein en cuanto a que en Barrios Altos no se asesinó a población civil sino a presuntos terroristas no resiste el mayor análisis jurídico. No se puede salir a la prensa o afirmar alegremente en un fallo (con el daño moral que ello supone) que quienes son asesinados lo han sido por ser “presuntamente terroristas”. El señor Villa Stein olvida que de acuerdo a la Convención de Ginebra, cualquier tribunal debe considerar como civil a toda persona o grupo de personas sobre las cuales no se haya acreditado fehacientemente lo contrario. Es decir, sino existe sentencia condenatoria que acredite que las víctimas de Barrios Altos eran terroristas entonces son “civiles”, aunque eso no le agrade a Villa Stein.


Sétimo apunte: el juez Villa Stein y quien lo secunda, olvidan las características y la manera atroz y salvaje como fueron cometidos estos crímenes. Lo hace, según mi opinión, pues su justa valoración convierte a estos crímenes en delitos de lesa humanidad por donde se les mire. Recordemos en Barrios Altos, las personas asesinadas estaban reunidas en una celebración y no portaban armas. Es decir, se encontraban en un estado de completa indefensión (¿acaso un niño de 8 años no es considerado “población civil”?, pregunto yo). Lo mismo ocurrió en los casos de las víctimas de El Santa y Pedro Yauri, las cuales de acuerdo a las investigaciones se encontraban descansando cuando fueran arrestadas por el Grupo Colina. En estos casos, los homicidas actuaron con ventaja y alevosía, desatando todo el odio que sistemática y organizadamente venían inflingiendo sobre la población civil, con el conocimiento y anuencia del Presidente de la República de ese entonces.


Octavo apunte: Villa Stein señaló en un primer momento que los miembros del Grupo Colina no habían sido denunciados por el delito de lesa humanidad y que por tanto no se los podía sancionar por el mismo sin antes haberles dado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Este argumento no solo es falso por las razones que líneas arriba expusiéramos (como consta en la acusación, página 332), sino que en realidad es un sofisma que no resiste ningún tipo de análisis. Se sabe, y así lo señala la doctrina y la jurisprudencia internacional para esta materia, que los delitos de lesa humanidad no son “tipos penales específicos” independientes y autónomos frente a otros como el homicidio, tortura o secuestro. Los delitos de lesa humanidad son una calificación jurídica que es utilizada cuando se evalúa la comisión de delitos realizados por un grupo de poder que de manera sistemática y generalizada atenta contra los derechos humanos de la población civil, tal y como ocurrió en nuestro país con el accionar del Grupo Colina. Todo eso lo sabe Villa Stein, sin embargo, decidió convenientemente olvidar y ocultar.


Noveno apunte: con relación al punto inmediatamente anterior, se sabe que dado que los delitos de lesa humanidad son una calificación jurídica y no un tipo penal específico, esta rige desde el año 1945, fecha en la cual se aprobó la convención de Ginebra, y no desde que el Estado peruano la ratificó. Esta lectura se desprende de lo expresamente afirmado por la jurisprudencia internacional para el caso del tribunal del Líbano, por esta misma razón entonces, no se podría decir que la aplicación de esta calificación jurídica quiebra el principio de legalidad penal en el caso del Grupo Colina.


Reflexión final

Más allá de la crítica jurídica que se le pueda hacer a esta nefasta sentencia, es importante señalar los efectos negativos que esta trae para la consolidación del orden democrático y el respeto por los derechos humanos. Este fallo es un retroceso en la lucha contra la impunidad iniciada por nuestro país luego de la caída de la dictadura fujimontesinista. Señalar que los crímenes cometidos por el Grupo Colina no son delitos de lesa humanidad podría abrirle las puertas de la prisión a estos criminales. Ello es así pues si se los considera delitos comunes, quienes han sido sentenciados por estos pueden acogerse a ciertos beneficios penitenciarios e incluso ser pasibles de indultos o amnistías. Pero al margen de ello, de lo que ocurra con estos criminales y de las argucias legales que seguramente utilizarán para sacar ventaja de esta situación generada por entera responsabilidad de esta Sala Suprema, es comprensible el malestar, la cólera y la indignación que esta decisión ha generado entre las víctimas y familiares, las cuales sienten que viven en un país en donde la justicia les da la espalda y la impunidad les escupe en la cara. Un país en donde las víctimas son sancionadas y los criminales beneficiados. Eso es lo que todos debemos combatir desde donde estemos.

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jueves, 14 de octubre de 2010

Para no olvidar en el 2011: sentencian a Grupo Colina y ex colaboradores del régimen fujimorista


Como era de esperarse la emoción que un proceso electoral suele traer consigo logra acaparar la atención de toda la ciudadanía. A más de diez días de celebrados los comicios electorales municipales, y a pesar de aun no contar con los resultados oficiales para Lima metropolitana, es necesario voltear la mirada a otros asuntos que a pesar de su importancia para la justicia y salud democrática de nuestro país fueron opacados por esta vorágine electoral. Si a ello le sumamos la noticia llegada desde Suecia haciendo mención a la distinción del genial Mario Vargas Llosa como premio nobel de literatura, no resulta difícil imaginar que otros asuntos también relevantes hayan pasado a un segundo plano. Pero como todo en la vida sigue su curso, es momento de hacer algunos apuntes en torno a dos sucesos que a mi juicio deben devolvernos a la realidad e invitarnos a una sana reflexión de cara a lo que ocurrirá en el 2011.


Hace dos semanas, la Primera Sala Penal Especial, presidida por la magistrada Inés Villa Bonilla, sentenció a 25 años de prisión efectiva al ex asesor fujimorista Vladimiro Montesinos Torres, al ex jefe del Comando de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori, Nicolás de Bari Hermoza. La misma sentencia recayó sobre el ex jefe operativo del Grupo Colina mayor Santiago Martin Rivas, el ex jefe del SIN general EP Julio Salazar Monroe, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército general Juan Rivero Lazo y el segundo en la cadena de mando de ese grupo mayor Carlos Pichilingue. Todos estos asesinos y ex colaboradores de la dictadura fujimorista fueron condenados por las matanzas de Barrios Altos, El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri, hechos atroces perpetrados por el destacamento Colina, bajo el mando y la venia del ex presidente Fujimori, durante los meses de noviembre de 1991 y junio de 1992.


Como se recuerda en el caso de la matanza en Barrios Altos fueron asesinadas 15 personas, entre las cuales se encontraba un niño de apneas 8 años. En el caso de la matanza en el Valle El Santa en Ancash fueron muertos 9 campesinos. En el caso de Pedro Yauri, periodista incómodo para el régimen como tantos otros a los que la dictadura persiguió, atropelló, o simplemente secuestro o desapareció como Gustavo Gorriti, delito por el cual el ex presidente Fujimori también ha sido condenado, la investigación que se llevó en su momento estuvo amañada y debido a un serie de tretas provenientes desde Palacio de Gobierno y el SIN el caso pasó al olvido. Estos son los delitos por los cuales los ex colaboradores del régimen fujimorista y los miembros del Grupo Colina después de casi 20 años son condenados. Hoy, luego de superar todo tipo de ofensas, agravios, argucias legales como las famosas leyes de amnistía pensadas por la mente siniestra de Montesinos y promulgadas por la corte de acólitos y adictos al gobierno en la cual se había convertido el Congreso de la década de los noventa, con una mayoría antidemocrática e intolerante que obstaculizaba todo esfuerzo por investigar estos delitos y otros vinculados a actos de corrupción, los familiares de las víctimas han alcanzado por fin justicia.


En la resolución condenatoria la Sala señaló que durante el juicio y a la luz de toda la documentación expuesta y analizada durante el proceso quedó acreditado que el Grupo Colina o “destacamento de la muerte”, como era conocido, nombre que al parecer enorgullecía a los criminales que formaban parte del mismo, fue constituido como parte de la estrategia del régimen de Fujimori para combatir y hacer frente a Sendero Luminoso y el MRTA, lo que los especialistas han denominado la “guerra de baja intensidad”, estrategia que a la par de los actos u operativos llevados a cabo dentro de la legalidad y el marco del Estado de Derecho, de manera clandestina, operaban escuadrones de aniquilamiento, los cuales, bajo la orden y anuencia de la autoridad política cometían una serie de delitos contra los derechos humanos como: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, asesinatos selectivos, entre otros.


Asimismo, en la misma resolución la Sala logró determinar que dicho grupo de aniquilamiento formó parte de la línea de mando al interior de la institución armada, disponiendo de un presupuesto propio el cual le permitía desarrollar sus operativos sin mayor oposición, control o fiscalización alguna. No es descabellado pensar entonces que en una institución tan jerárquicamente estructurada como las fuerzas armadas este nivel de independencia económica, esta protección legal y apoyo logístico no eran posibles sino debido al respaldo e intervención directa de la cúpula política de aquel entonces, representada, indudablemente, por el ex dictador Alberto Fujimori. En todo caso, y creo esa es la opinión de todo aquel que analice la realidad sin ningún afán de venganza, revancha o miopía política, resulta inverosímil sostener que conocidos los asesinatos de Cantuta, Barrios Altos, El Santa, y Pedro Yauri, a inicios de la década de los noventa, el dictador Fujimori no haya podido advertir la presencia del criminal que tenía como asesor y como fiel escudero.


Por eso la tesis bajo la cual Fujimori dice no haber conocido de ninguno de estos hechos y ,por ende, no haber advertido el grado de responsabilidad de Montesinos y los altos mandos militares en tan abominables crímenes resulta por decirlo menos hilarante y absurda. Él que se jactaba de ser un hombre meticuloso, riguroso, obsesivo, usando sus propias palabras: “en el Perú no se mueve un papel sin que yo lo sepa”, no puede insultar la inteligencia de todo un país mintiendo de una manera tan descabellada, al parecer tanto él como su hija, la futura candidata a la presidencia del 2011 en nuestro país, recuérdenlo bien, la futura candidata presidencial a nuestro país, prefieren hacer creer a la población que el ex dictador, lejos de ser un asesino o un corrupto, era simplemente un santulón, un tonto útil, un mequetrefe al cual Montesinos engañaba y titireteba los 365 días del año, en suma, un idiota.


Pero la acción de la justicia no quedó allí, días después, esta vez la Segunda Sala Penal Anticorrupción, condenó a Vladimiro Montesinos a 8 años y 6 meses de prisión efectiva, por los delitos de cohecho activo y asociación ilícita para delinquir. En este juicio, el ex asesor del dictador, acogiéndose a la figura de la conclusión anticipada, reconoció su responsabilidad en el complot que organizara junto a los ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer la segunda reelección de Alberto Fujimori en el año 2000, así como al movimiento Vamos Vecino en el año de 1998, desconociendo de ese modo, de manera flagrante, artera y criminal, el marco institucional y democrático que nuestra Constitución, tantas veces vulnerada por el régimen fujimorista, establecía.


Como es preciso recordar, el fraude electoral de aquel año se fraguó desde tiempo atrás. El congreso de aquél entonces, albergue de bribones, cacacenos y otras figuras del lampa, aprobó la denominada Ley de Interpretación Auténtica con la finalidad de dar luz verde a la intentona reeleccionista de Fujimori en el año 2000. A pesar de ello, la citada leguleyada congresal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese entonces. Acto seguido, la dictadura enfiló sus baterías contra los magistrados que con algo de dignidad y apego a los valores democráticos no se habían doblegado ante la figura mafiosa y siniestra de Fujimori y su asesor. A consecuencia de ello, el mismo congreso, ese que había aprobado las leyes de amnistía para encubrir a los Colina, ese mismo que aprobó una Ley de Interpretación Auténtica para perpetuar a Fujimori en el poder, ahora destituía a los magistrados democráticos por una supuesta infracción a la Constitución, ellos que habían convertido a la Constitución en un papel de baño, levantaban el dedo acusador y se erigían como los defensores de la legalidad y el orden democrático. Ese fue el congreso que gobernó junto con Fujimori y Montesinos durante los diez años de su cleptocracia. Años más tarde la justicia también llegaría para estos magistrados, y volviendo las cosas a su justo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaría su inmediata reposición y desagravio.


Como pueden apreciar, estos son los hechos que pasaron desapercibidos durante estas dos últimas semanas de elecciones y premio Nobel, estos son los dos hechos que para felicidad y regocijo de algunos, claro está de los fujimoristas, de Keiko, de Raffo, de Moyano, de Sousa, de todos los que a pesar de la montaña de evidencias siguen defendiendo la inocencia del dictador, no recibieron la atención mediática que su importancia exigía. El año 2011 el Perú deberá elegir a un nuevo presidente, la hija del ex dictador pretende ceñirse la banda presidencial, la señora Keiko cuya única propuesta de plan de gobierno es indultar a un asesino, a un corrupto a un petardero de las instituciones democráticas, deberá recorrer pueblo tras pueblo pidiendo olvido y perdón. Seguramente la señora Keiko y compañía tratarán de levantar la alfombra de casa y meter allí toda la basura que han creado durante todos estos años, esperemos que la ciudadanía, como tantas veces ha ocurrido en la historia de nuestro país, no se deje tomar el pelo, con caiga en la demagogia ni mucho menos venda el voto por algunas cuantas prebendas. En todo caso, si de levantar la alfombra se trata, si de recordar el porqué nuestro país no puede volver a ceder al chantaje de proyectos autoritarios e improvisados, estoy seguro que algunos medios de comunicación harán su trabajo, yo desde esta humilde tribuna, también me comprometo con la defensa del Estado de Derecho y los valores democráticos, que Keiko Fujimori y sus adulones pretenden volver a corroer.

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