viernes, 30 de mayo de 2014

ALAN GARCÍA EN EL PODER (PERÚ 1985-1990)



Después de casi 30 años de su primera elección como Presidente de la República (el único aprista), Alan García Pérez (AGP) sigue siendo una de las figuras estelares de la política en el Perú. Como bien lo apuntó Jhon Crabtree (JC), autor del libro cuyo título tomamos para esta columna, tanto su pasado como su presente provocan sentimientos encontrados y separan en campos opuestos a los que lo apoyan de los que se le oponen.

Esa oposición, ese resentimiento antiaprista capaz de movilizar a sectores de la izquierda y de la derecha políticas en contra suya, se ve incrementado con la llegada de un nuevo proceso electoral (2016) en el cual se cree que AGP volverá a competir.

¿Por qué los rivales de AGP le tienen tanto miedo? Quizás la respuesta la tenga JC al señalar que en todos estos años, él ha demostrado no haber perdido nada de su talento para la táctica política ni de su capacidad retórica, pues como líder del más antiguo y quizás el único partido de masas del Perú, se eleva muy por encima de la mayoría de los políticos de la actualidad.


Fantasmas del pasado

Sin embargo, es claro que, a pesar de su performance durante su segundo gobierno (2006-2011), la herencia de su primera gestión (1985-1990), sigue constituyendo una mancha indeleble, un pasivo político, una página negra en su biografía que sus rivales de turno siempre le enrostran en el fragor de la contienda electoral.

Entonces, parece oportuno, a casi dos años de las próximas elecciones generales, examinar, con la mayor dosis de objetividad posible, el desempeño de AGP durante su primer Gobierno, al que muchos han catalogado como el peor de nuestra historia republicana. Para ello, tomaremos como referencia el análisis hecho por JC, en el libro ya citado, obra en la cual este inglés, analista e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, reconstruye de manera cuidadosa la escena nacional vivida en ese quinquenio, al haber sido un testigo privilegiado de esa etapa de nuestra patria por su trabajo como corresponsal de The Guardian y The Economist.

El libro de JC fue escrito a inicios de 1990, durante las elecciones que llevaron al poder a Alberto Fujimori, según el autor, uno de los que más se esforzó por subrayar los errores del líder aprista. El libro, como es de suponerse, se publicó primero en inglés en el año 1992, poco después del autogolpe de Fujimori y del inicio de la persecución general en contra de la clase política, y de AGP en especial. La edición en castellano que ahora comentaremos es del año 2005.


Una mirada desapasionada

El libro se divide en dos partes. En la primera el autor examina la situación que heredó AGP y repasa los primeros dos años (los felices) de su Gobierno, durante los cuales la implementación de una política económica heterodoxa arrojó como resultado niveles importantes de crecimiento, situación que le permitió gozar de apoyo popular y legitimidad para sus decisiones. En la segunda, la atención se centra en analizar la “bajada”, la crisis económica boyante desatada en 1988, y el impacto político, económico y social que esta trajo consigo.

En ambas partes, y esta es justamente una de las fortalezas de la reflexión expuesta por JC, se analizan tres elementos claves: el clima político, las decisiones sobre política económica y las consecuencias que de ellas se derivaron, y el problema de la violencia política más allá de los límites del sistema político establecido. Este es un apunte metodológico que el autor hace y que todos los que se acerquen a la lectura de este libro deben tomar en cuenta, pues son tres elementos que no deben separarse sino tratar de relacionarse entre sí.

El objetivo del libro

El autor afirma que el objetivo de su libro ha sido intentar una evaluación de lo hecho por la administración de AGP a la luz de los problemas enfrentados por el Perú. Por ello destaca que los extremos entre riqueza y pobreza, la falta de integración política y económica entre las regiones, la articulación relativamente fuerte de las demandas sociales, y la debilidad del Estado como mediador en los conflictos e impulsor de reformas, hacían del Perú un país particularmente difícil para gobernar, no solo para AGP, sino para cualquier otro político que hubiese estado en su lugar. De hecho, el país se tornó más convulsionado durante el desfavorable clima económico externo de los años 1980. Por tanto, es probable que cualquier presidente, bajo las mismas circunstancias hubiera sufrido similar  desgaste como resultado de ejercer cinco años el poder en el Perú de aquellos años.



No todo estaba en su contra

Sin embargo, señala el autor, las circunstancias políticas que enfrentaba AGP al llegar a la presidencia no eran enteramente desfavorables. Él  había llegado al poder demoliendo a sus adversarios como una reacción al conservadurismo de su predecesor. Esto le permitió contar con un fuerte respaldo popular para su primer paquete de reformas heterodoxas (hacia la izquierda). Asimismo, su partido ganó la mayoría de curules en las dos cámaras del Congreso de la República, contando además, con el apoyo de un partido con una fuerte tradición de disciplina y lealtad. Si a eso le sumamos que las principales fuerzas de oposición en el Parlamento estaban desarticuladas, y que gracias al diseño constitucional peruano, el Poder Ejecutivo contaba (y cuenta) con un amplio espacio para gobernar mediante Decretos Supremos, queda claro que AGP no era precisamente un presidente carente de poder, sino todo lo contrario.

La ilusión efímera

Para el autor, en 1985, existía entre la gente la gran esperanza de que AGP fuera quien podía conducir el país hacia un mejor futuro, con mayor prosperidad, menor desigualdad social y política, y un desarrollo sub nacional más equilibrado. Este clima de optimismo se fue consolidando con los éxitos de los dos primeros años de Gobierno durante los cuales se logró bajar la inflación, incentivar el crecimiento, establecer autoridad constitucional sobre el fuero militar, y recuperar algo de orgullo nacional, especialmente en relación con la banca extranjera.

Pero el sueño duró muy poco, AGP que había recogido la investidura de quien quizás ha sido el líder político peruano más importante del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre, y al mismo tiempo reivindicó la importancia de la reforma social iniciada por Juan Velasco Alvarado, desperdició esta oportunidad histórica, hundiendo al Perú en una de las más grandes crisis de su historia.


Según el autor, es posible que la equivocación de creer que el giro económico iniciado en 1985 –y junto con ello la supremacía política del propio AGP- podía extenderse por un periodo más largo que el que finalmente tuvo (Argentina y Brasil ya habían fracasado en este mismo intento heterodoxo) haya sido el factor determinante en el descalabro de su Gobierno.

Cinco puntos sobre el desempeño de AGP

Visto en retrospectiva, afirma el autor, hubo una serie de errores y olvidos cruciales que aceleraron el desplome del Gobierno de AGP. Cabe señalar, que muchos de estos desaciertos fueron en su momento reconocidos por funcionarios del propio Gobierno, incluso por él mismo. La lista de yerros en los que incurrió la su administración es numerosa, pero para el autor estos pueden condensarse en 5 puntos generales que explican el fracaso de este Gobierno.

En primer lugar, dada la situación política heredada, era indispensable contar con una estrategia económica de mediano y largo plazo, así como un plan de estabilización de corto plazo. Sin embargo, el Gobierno de AGP inició (y finalizó) su mandato desprovisto de una estrategia cuidadosamente preparada que le otorgue coherencia a sus políticas. Esta necesidad era aún mayor debido a la naturaleza innovadora y poco ortodoxa de las políticas económicas empleadas. El resultado de esta carencia fue la inconsistencia entre muchas de las medidas adoptadas.


En segundo lugar, el Partido Aprista no tuvo la voluntad (sino hasta 1988) de establecer alianzas políticas con otros sectores (la izquierda y el empresariado, sobre todo). La alta votación alcanzada en 1985 se convirtió en su debilidad, en tanto hizo creer a AGP que él y su partido podían conducir el país por sí solos. Pero la soberbia, que siempre es mala consejera en política, le terminó pasando la factura en el momento más importante de su Gobierno: la pretendida nacionalización de la banca. Ni la izquierda, ni mucho menos el empresariado, estuvieron dispuestos a respaldar la medida. La ambivalencia ideológica del aprismo en su historia - al moverse de la izquierda hacia la derecha en el pasado -  generó muchas dudas entre sus posibles aliados, quienes no estuvieron dispuestos a extenderle la mano.

En tercer lugar, la principal tarea del nuevo Gobierno era la pacificación del país. Para ello, AGP acertó (al inicio) haciendo hincapié en la necesidad de combatir a Sendero no sólo por medios militares, sino políticamente, a través de una estrategia de desarrollo para los departamentos más pobres del Perú, que beneficie a los productores campesinos. Pero al poco tiempo, el Gobierno mostró su incapacidad para implementar medidas y programas que dinamicen la economía campesina de manera efectiva, especialmente dadas las condiciones generadas por la presencia de Sendero. Fue justamente la frustración y el descontento generado por esta situación, lo que explica el crecimiento y expansión de Sendero en zonas como el Alto Huallaga, lugar en el cual reinaba la desconfianza entre productores e instituciones oficiales, sobre todo en cuanto a la erradicación y sustitución de cultivos de coca.

En cuarto lugar, el Gobierno de AGP no supo aprovechar la tranquilidad de sus dos primeros años de administración (era un presidente muy popular) para impulsar las reformas fiscales y tributarias que el país necesitaba. Sin un rediseño del sistema tributario era imposible creer que el Gobierno sería capaz de elevar el nivel de intervención estatal con el ánimo de promover el desarrollo económico y la equidad social. Además, AGP jamás entendió que el tipo de políticas heterodoxas que buscaba implementar exigían la presencia de una burocracia eficiente. Sin embargo, durante su Gobierno, él no hizo nada por profesionalizar y mejorar las condiciones de trabajo de la administración pública. Sin ello, sus políticas estaban condenadas al fracaso. Y así fue.


Finalmente, el Gobierno de AGP no tuvo la capacidad para mirar con atención el conjunto de demandas provenientes desde las regiones. De hecho, durante sus 3 primeros años de gestión, poco se hizo por llevar adelante programas destinados a promover una descentralización política, administrativa y económica más profunda. Fue recién en los dos últimos años de su administración que él asumió el tema de la regionalización con mayor energía. Pero ya era demasiado tarde, el Gobierno se topó con desafíos y demandas sub nacionales mucho más violentas y radicales. Estas, sumadas al escaso nivel de institucionalización del sistema político y a la casi nula capacidad del mismo para procesar y dar respuesta a estas demandas, generaron un escenario de inestabilidad, crisis y confrontación constantes.

El autor reconoce algunas omisiones

El libro (en la edición 2005) finaliza con un post scriptum que vale la pena comentar. Los juicios de la historia, señala JC, se modifican inevitablemente con el transcurso de los años, pues el tiempo permite enfocar nítidamente algunos temas que antes eran menos claros. Eso quiere decir que si el libro hubiese sido escrito hoy, con todas las ventajas de la mirada retrospectiva, habría enfatizado en varios aspectos que no se percibieron adecuadamente en el momento.

Según lo señala el propio autor, seguramente habría puesto mayor énfasis en la corrupción gubernamental del Gobierno aprista. Pues más allá del supuesto enriquecimiento ilícito de AGP, sobrevive en el imaginario colectivo una fuerte percepción popular de que los apristas de todos niveles se aprovecharon de sus puestos y utilizaron los recursos del Estado para llenar sus bolsillos.


De igual manera, especial atención habría merecido el tema de la violación de los derechos humanos, pues fue recién luego de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, que se pudo apreciar claramente la enormidad de las matanzas llevadas a cabo durante esos años, sobre todo en la región de Ayacucho. La cifra, para el autor, resulta estremecedora (70000 muertos) y exige una evaluación mucho más profunda.

Estabilidad económica e inclusión social

En la actualidad, los gobiernos de América Latina de centro izquierda enfrentan el reto de buscar un equilibrio político entre la estabilidad económica y la búsqueda de equidad e inclusión social. Esta es una tarea que la clase política en nuestro país también deberá afrontar, pues la experiencia comparada nos demuestra que son justamente los países menos desiguales, que cuentan con fuertes clases medias, los que logran consolidar y fortalecer a sus democracias. Siendo ello así, compartimos la opinión del autor al señalar que una asimilación objetiva de lo acontecido durante el período 1985-1990 podría servir como útil punto de partida para la construcción de un mejor futuro.


Nota: en mi opinión, este es un libro de necesaria consulta para todos aquellos que estén interesados en el estudio y análisis de este periodo de nuestra historia. Pero sobre todo, este es un libro que debe ser leído por los más jóvenes, aquellos que no tuvieron la “fortuna” de conocer al AGP de 1985, y que en el año 2016 serán seducidos por la retórica del líder aprista.  

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viernes, 16 de mayo de 2014

LA MASACRE DEL "CARNICERO DE LOS ANDES"


Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985, se produjo en Ayacucho uno de los crímenes más abominables cometidos durante el periodo de violencia política que atravesó nuestra patria. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el espacio donde la sangre de humildes campesinos tiño de rojo su tierra luego de que sus cuerpos recibieran los impactos de bala y las granadas lanzadas por efectivos del Ejército Peruano.

El saldo de este operativo militar arrojó la cifra de 69 campesinos muertos, entre ellos 23 menores ejecutados, y una herida abierta, que a pesar del tiempo, no ha logrado aún cicatrizar debido a la indiferencia que los familiares han recibido de parte del Estado durante todos estos años. Se suma a ello, el velo de impunidad con el cual (desde el Estado) fueron cubiertos los responsables de esta masacre. Como se sabe, fue el mayor en retiro del EP, Telmo Hurtado, apodado con el apelativo de “El carnicero de los andes”, el responsable directo del homicidio de estos peruanos, perpetrado dos semanas después de que Alan García, se colocara por vez primera el fajín presidencial en julio de 1985.

En el año 2011, y tras innumerables trámites a nivel jurisdiccional, Telmo Hurtado fue extraditado, luego de que una corte de los Estados Unidos admitiera el pedido al señalar que existían pruebas más que suficientes que acreditaban la responsabilidad penal de este militar en los crímenes perpetrados en Accomarca.  La llegada del “Carnicero de los andes”, a nuestro país, trajo a la memoria el horror vivido en aquellos años de violencia delirante, iniciándose el proceso de judicialización de este caso.


Justicia que tarda no es justicia

Hoy, 29 años después del espanto vivido en Accomarca, los tribunales peruanos todavía no emiten sentencia condenando a los responsables de esta barbarie. Tan es así, que recién el 30 de abril pasado, el ex presidente de la República, Alan García, rindió su declaración testimonial ante la Sala Penal Nacional encargada de este caso.

En la misma, el ex mandatario señaló lo siguiente: “me enteré de la matanza de Accomarca por notas periodísticas que se publicaron en medios locales, y una vez conocida la denuncia pedí ambas cámaras del Congreso de la República que inicien investigaciones al respecto. Además, solicité a las Fuerzas Armadas información sobre el patrullero encargado del resguardo de la zona. Finalmente, ordené la destitución del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como responsable político de esa acción contra los derechos humanos”.

Pero más allá de las diligencias judiciales que se están llevando acabo, y que esperemos lleguen a buen término, es importante recordar este tipo de episodios luctuosos de nuestra historia, darlos a conocer, sobre todo a los más jóvenes, pues los pueblos que no son capaces de reconstruir su memoria histórica, corren el riesgo de repetir su triste pasado. Por eso en esta oportunidad, rendiremos homenaje a los miles de peruanos caídos durante el conflicto armado interno recordando lo que fue el caso Accomarca, para que hechos de esta naturaleza nunca más se repitan.


Para que no se repita

Tal como se detalla en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe Final CVR)  y en otros documentos, esta masacre se inició cuando cuatro patrullas ingresaron a Accomarca siguiendo el Plan de Operaciones Huancayocc, aprobado por el tristemente célebre Wilfredo Mori Orzo, jefe en aquel entonces del Comando Político Militar de Ayacucho, con el objetivo de capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en esa zona. Tal parece que el verbo destruir fue entendido por estos criminales (disfrazados de militares) como una autorización para desatar toda su vesania y de manera fratricida acabar con la vida de la población civil, asesinando a 27 mujeres, a las cuales ultrajaron antes de matarlas a tiros.

En declaraciones dadas a conocer meses después de la tragedia, Sinesio Jarama, General del Ejército peruano, afirmó ante el Senado: 

“La población sirve a Sendero para sustentarla, para curar sus heridas, para darle protección y encubrirla, para renovar sus cuadros, la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población y como lo señala el Operativo Huancayoc, eliminar zonas rojas”.

De acuerdo a las declaraciones vertidas por algunos de los sobrevivientes de este crimen se sabe que esta acción militar no constituía en modo alguno un acto aislado, fortuito, un exceso en el uso de la fuerza, como algunos torpemente han querido afirmar todos estos años. El 14 de agosto de 1985, las patrullas del subteniente Telmo Hurtado y la del teniente Juan Rivera Rondón, bajaron a la localidad de Llocllapampa, a tres kilómetros de Accomarca. En ese lugar reunieron a la población civil, la agruparon en tres viviendas, a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa, y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Acto seguido, los militares trasladaron a las mujeres a una acequia, lugar en donde las violaron, así lo afirmaron los testigos, quienes alcanzaron a escuchar el grito de sus mujeres, mientras permanecían escondidos en los matorrales, presas del miedo que los paralizaba.


Luego de asesinar a los hombres y violar a sus mujeres, semanas después los efectivos militares regresaron al lugar de los hechos para tratar de borrar toda pista o huella que los incrimine, asesinando a los sobrevivientes. Así, el 8 de setiembre, estos criminales asesinaron a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza de Accomarca. Al día siguiente, efectivos del ejército del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para visitarlo y llevarle algunos víveres. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo el paradero de ambos. Todo ello gracias a la complicidad y el aval tácito de los altos mandos militares, los cuales en todo momento se mostraron renuentes a colaborar con el esclarecimiento de los hechos, entorpeciendo las investigaciones y justificando el accionar militar, accionar al cual catalogaron como actos aislados o excesos que se cometen en toda guerra.

¿Por qué se decidió intervenir el poblado de Accomarca?

Al parecer, los militares acusaron a los pobladores de terroristas (nunca se encontró prueba alguna que acredite esta imputación), ya que habían recibido referencias de que en LLocllapampa operaban dos escuelas populares o centros de adoctrinamiento (nunca se encontró material que comprobara esta hipótesis) y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas (no se hizo ninguna incautación).

Eso quiere decir que en la mente de estos militares (y muchos más) el solo hecho de que a una población civil desarmada se la vinculara con Sendero Luminoso, independientemente de si esta era obligada por las huestes terroristas a colaborar con ellos, bastaba para que una patrulla militar irrumpa en estas localidades de la sierra de nuestro país, mate a sus hombres, asesine a sus niños, viole a sus mujeres, queme sus viviendas, como si se tratase de ciudadanos de segundo orden, como si los derechos de estos peruanos no tuvieran el mismo valor que el de todos los demás, como si para ellos la justicia no existiera, como si el ser campesino pobre te privase del derecho a ser sometido a un juicio justo, en el cual ejerciendo el derecho de defensa la persona pudiese rechazar los cargos en su contra y dejar a salvo su honor e inocencia.


Lo más triste de todo ello es que estos hechos ocurrieron ante la mirada indiferente y la actitud inerte de un Estado que durante muchos años permitió que la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas de las armadas se convirtiera en práctica común de la guerra antisubversiva en muchas zonas de nuestro país.

La investigación de ese tiempo

El impacto que el caso Accomarca fue tan grande que el Congreso de la República se vio obligado a formar una Comisión investigadora de estos crímenes la cual fue presidida por Javier Valle Riestra. Como parte de esas investigaciones, dos días después de iniciadas las mismas, el entonces parlamentario Fernando Olivera, encontró 5 cuerpos de personas asesinadas a balazos en el cementerio de dicha localidad, los cuales, de acuerdo a las indagaciones llevadas a cabo, correspondían a los testigos de la masacre que fueron silenciados por los propios militares. En las conclusiones de la investigación se señaló que en el caso de Accomarca se habían perpetrado delitos comunes y no castrenses y que era necesario determinar si los autores materiales actuaron por voluntad propia o en virtud de órdenes verbales recibidas por la superioridad como parte de una estrategia de guerra antisubversiva practicada y diseñada por el propio Estado.

A pesar de la contundencia de la denuncia, de los numerosos testimonios, incluso de la propia asunción de responsabilidad de Telmo Hurtado, quien jamás mostró un ápice de arrepentimiento y de compasión por las víctimas o respeto por el dolor de los familiares, el Estado decidió condenarlo de manera benigna, y dejar a salvo la responsabilidad de los Comandos Militares, luego que Hurtado dijera que había actuado por cuenta propia, hecho que sin lugar a dudas resulta inverosímil en una institución tan rígida y jerarquizada como las Fuerzas Armadas.


Este fue el testimonio que Telmo Hurtado le brindó a la comisión investigador del Senado:

“Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir. A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplirlas para darle un mejor gobierno. Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas, poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”, sentenció.

Con estas declaraciones el criminal Telmo Hurtado trató de justificar el asesinato de estos campesinos, entre niños inocentes, mujeres y ancianos. Este era el pensamiento que acompañaba y nublaba las mentes de quienes por mandato constitucional tenían el deber de proteger a la población civil, este era el pensamiento homicida y enfermo de quienes había perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de quienes se creían dueños del destino y de la vida de los campesinos, de quienes terminaron convirtiéndose en los carniceros de aquellos a los cuales debían brindar apoyo y seguridad.

¿Se sentenció a Telmo Hurtado? ¿Cumplió su condena?

Sorprendentemente este criminal solo fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de “abuso de autoridad”. Sin embargo, tres años después, y gracias a las inconstitucionales “leyes de amnistía”, promovidas por el autócrata Alberto Fujimori, las mismas que fueron redactadas en las salitas del SIN y aprobadas por un congreso con una mayoría fujimorista liderada por Martha Chávez, Telmo Hurtado salió en libertad e increíblemente recibió como premio a su hoja de vida el “ascenso” a Mayor del EP. Tiempo después, el propio General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, hoy sentenciado por ladrón y asesino, lo condecoró por su “notable desempeño” en las Fuerzas Armadas. Es decir, el Estado capturado por la mafia fujimorista, rendía honores a un vil asesino de la manera más infame.



Las confesiones del “Carnicero de los Andes”

En agosto de 2012, y luego de su extradición, Telmo Hurtado volvió a declarar ante la justicia, pero en esta oportunidad el criminal refirió  lo siguiente:

“Que se le ordenó que ’se hiciera el loco’ ante la Comisión del Congreso que investigó el caso, con el fin de que oficiales de alto rango no se vieran involucrados en procesos penales y también para fortalecer la lucha contra la subversión en el país. Además, reconoció responsabilidad penal en la muerte de 31 campesinos de Accomarca, pero dijo no saber quiénes son los responsables del resto de comuneros asesinados en dicha localidad ayacuchana. Afirmó también que se le ordenó recoger picos y palas para preparar trincheras a donde se llevaron a personas encapuchadas, para ser ejecutadas con armas que tenían silenciadores, y que él creía que las personas ejecutadas eran terroristas capturados en acciones militares”.

Como se puede apreciar, las pruebas que incriminan a Telmo Hurtado y a los altos mandos militares son contundentes. Esperemos que en mérito a éstas, el tribunal encargado de juzgarlos haga caer sobre estos asesinos la sanción que corresponda, castigando de manera ejemplar a quienes cometen este tipo de delitos abominables, como una muestra efectiva del compromiso sincero que un Estado democrático y respetuoso de la legalidad como el nuestro tiene en relación a la defensa de los derechos humanos, investigando, sancionando y reparando a las víctimas de estos actos abyectos y crueles cometidos por los propios agentes del Estado.



Finalmente, hoy los peruanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos esperamos que esta vez la impunidad, la indiferencia o el miedo no logren imponerse, que la clase política no le arrebate a los familiares la esperanza de alcanzar justicia, que los criminales del ayer no queden impunes so pretexto de iniciar un proceso de reconciliación nacional mal entendido, porque no existe reconciliación sin justicia, ni tampoco justicia sin verdad. Pero sobre todo, los peruanos esperamos que quienes nos gobiernan no entorpezcan las investigaciones en casos de violaciones contra los derechos humanos como sí lo hicieron en el pasado.

Esto último cobra ahora una gran importancia, ya que en las últimas semanas, se ha vuelto a prestar atención a la serie de procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos acaecidos durante el periodo de violencia política: la condena a uno de los involucrados en la muerte de 6 evangélicos en Callqui, la publicación del reciente libro sobre el Cuartel Los Cabitos, el juicio contra la cúpula senderista por el crimen de Tarata, y la declaración, antes señalada, del ex presidente Alan García en el caso Accomarca.

Nota: Es justo señalar que a pesar de los obstáculos y artimañas legales colocadas por políticos, militares y autoridades (judiciales y fiscales), fue gracias a la labor desarrollada por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, y en cumplimiento estricto del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, y del Tribunal Constitucional, luego, que estos casos lograron ser nuevamente judicializados, abriendo el camino para la justicia y la verdadera reconciliación. 

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JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS NO HA MUERTO


El año pasado Javier Diez Canseco nos dejó (04/05/2013). A un año de su partida, me gustaría recordar a JDC como lo que fue: uno de los políticos con más raza y coraje de nuestro país. Por eso, en esta oportunidad, y a modo de homenaje, aprovecharé este espacio para hacer un repaso a su vida y pensamiento, y también recordaré las luchas (sobre todo esas) que JDC sostuvo a lo largo de su vida. En algunas de ellas él venció, en otras tantas fue derrotado, pero en todas demostró aplomo, coherencia y decisión, características poco frecuentes entre nuestros políticos de ahora.

Yo tuve la fortuna de conocerlo, así que el recuerdo que tengo de él está impregnado de cierta dosis de subjetividad. Mi recuerdo es el recuerdo personal de ese muchacho que fui y que a los 17 años se empezó a interesar por el destino del Perú. De ese país al que JDC amó toda su vida. Porque hay que decirlo con claridad: a JDC le dolía el Perú, y ese dolor lo acompañó hasta su muerte.

Seguro algunos dirán que mi juicio sobre JDC tiene un evidente sesgo, yo podría decir lo mismo de sus detractores políticos y críticos. Pero qué más da, los recuerdos son imágenes íntimas y personales, que forman parte de nuestra propia individualidad, y que nos ayudan también a enfrentar el mundo. Así que sin mayores preámbulos, iniciemos este breve recorrido por la vida de este infatigable luchador. Porque JDC fue muchas cosas, pero sobre todo fue un luchador.



Como ya lo señalé, JDC ha sido (y es) uno de las personalidades más importantes de la política contemporánea en el Perú. Además, por mucho tiempo, logró consolidarse como la figura de izquierda más representativa de nuestro medio. Su trayectoria personal estuvo siempre marcada con el sello de quienes han sido predestinados para la lucha y el combate diario, siempre en defensa de los principios  que él siempre abrazó: igualdad, justicia social y solidaridad con los más desposeídos.

Desde muy joven JDC aprendió que la vida es una constante lucha, pues tuvo que enfrentarse a una enfermedad terrible desde su cuna. Sin embargo, a punta de esfuerzo y coraje, supo siempre salir adelante. JDC nos dejó hace un año, pero se fue de este mundo regalándonos una última lección, pues quienes estuvimos al tanto de su mal, sabemos que hasta el último minuto de su existencia, él luchó con coraje y valor frente a ese enemigo terrible que es el cáncer. A pesar de ese dolor, JDC siguió preocupándose por los más pobres del Perú, prueba de ello son las últimas columnas que alcanzó a publicar en la prensa nacional, en momentos en los cuales ya su enfermedad le iba ganado la batalla final.

JDC fue un hombre de raza. Él forma parte de ese selecto grupo de políticos notables que nuestro país parió, políticos que ante todo, entendieron a la política como una acción de servicio continúo en beneficio del bien común. Para JDC, como para otros, la política es un instrumento para alcanzar el bienestar general, no un fin en sí mismo que puesto al servicio de intereses particulares termina convirtiéndose en una práctica pérfida y cínica. JDC nunca creyó que la política pudiese estar divorciada de la ética y la virtud. No existe acción política legítima, lo escuché decir a JDC alguna vez, cuando esta no se compromete con valores como la justicia y la verdad.



Uno puede discrepar con JDC en el terreno ideológico. De hecho, quien ahora les escribe se ubica en las antípodas del pensamiento suyo. Pero lo que nadie podrá  hacer es negar las enormes virtudes de este “solitario revolucionario”. Personalmente creo que JDC cometió muchos errores políticos (¿y quién no?). Quizás uno de sus mayores yerros haya sido su defensa ciega de Fidel Castro y la Revolución Cubana, incluso cuando este régimen ya se había convertido en una dictadura totalitaria en la cual diariamente los ciudadanos (disidentes) veían violados sus derechos humanos y eran víctimas de una infame persecución.

No obstante ello, creo que nadie jamás podrá cuestionar la firmeza y el valor con los que JDC defendió sus convicciones durante los años más duros de la década de los 90, por ejemplo. A JDC lo persiguieron,  encarcelaron, insultaron, amenazaron y difamaron, pero al final de todo eso, JDC siguió luchando. Por eso JDC debe ser visto como un ejemplo para las jóvenes generaciones de la política peruana. JDC jamás traicionó la confianza de quienes lo eligieron. JDC jamás le ofreció al elector aquello que no estaba en condiciones de cumplir. Seguro que dejó de hacer muchas cosas, e hizo mal tantas otras. Lo que no podemos decir sobre JDC es que se haya burlado de la confianza que sus electores depositaron en él. Algo poco frecuente en estos días en los cuales el voto depositado en el ánfora no parece ser otra cosa que un papel tirado a la basura.

El nombre de JDC lo empecé a escuchar allá por la década del 90. En esa época, le preguntaba a mi padre por ese señor que levantando la voz y gesticulando con fiereza defendía los derechos de los obreros, maestros y campesinos. Mi padre, que fue durante mucho tiempo un libro de respuestas para todas estas inquietudes, me decía: el barbón que viste casaca de cuero es JDC y es un hombre de izquierda. Yo en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que significaba ser un “hombre de izquierda”. Lo que sí sabía era que a este tipo flaco, de barba tupida y caminata renga, siempre lo veía en los noticieros marchando al lado de los que más sufren. En otras palabras, JDC estuvo siempre de la mano de los que exigen todo, porque nada tienen.


El recuerdo y la imagen que de JDC tuve cuando era niño se fueron transformando con el pasar de los años. En el año 2000 yo ingresé a la Facultad de Letras de la Pucp. Esa fue la época en la que los estudiantes universitarios volvieron a las calles para defender la democracia. La autocracia fujimorista ideó un plan para perpetuarse en el poder y prolongar su infamia. Sin embargo, muchas organizaciones sociales, partidos políticos, y hombres de principios como JDC decidieron decir basta y empezaron a movilizar a la gente en su afán por derrocar al régimen mafioso que gobernaba nuestro país.

Fue así como conocí a JDC en un conversatorio organizado por el Centro Federado de la Facultad de Letras de la Pucp. No se trataba de un evento de reflexión intelectual sobre la crisis política que atravesaba el país. Era más bien un espacio en el que los oradores, entre ellos JDC, arengaban a los jóvenes a asumir la responsabilidad histórica de salvar al país volcándose a las calles, caminado plazas y avenidas, portando banderas que expresaran a nivel nacional e internacional que la dictadura no pasaría y que los peruanos, sobre todo los más jóvenes, no descansaríamos hasta recuperar nuestra democracia.

De inmediato, JDC dejó de ser el tipo de casaca de cuero que veía en la pantalla del televisor, y pasó a convertirse en el político experimentado al que uno escuchaba con atención y respeto. Recuerdo que en dos oportunidades (lo habré escuchado unas 5) tomé nota de las reflexiones, apuntes y datos que él nos exponía. Lo hice pues quería corroborar la veracidad de tanta información. El resultado fue este: JDC además de ser un político comprometido con su causa era un tipo muy inteligente y de una cultura política digna de resaltar.


En mi caso, siempre sentí respeto por su prédica, pero poco a poco, como ya lo señalé,  me fui alejando cada vez más de su pensamiento, y terminé abrazando los valores del liberalismo democrático. Una corriente ideológica, que según JDC (yo lo escuché decir esto más de una vez) únicamente servía para justificar la desigualdad existente en el mundo.

Pero volviendo a su trayectoria, debemos decir que la suya no puede reducirse a su postura crítica frente a la autocracia fujimorista. La vida de JDC es la biografía de un hombre que jamás dejó de defender a los más pobres. JDC es sinónimo de lucha y defensa de los derechos de los que más sufren. Además, JDC fue uno de los primeros políticos (sino el primero) en comprometerse públicamente en defender los derechos de las personas con discapacidad. Lo mismo hizo con los derechos de las minorías sexuales, en tiempos en los cuales nadie se atrevía a poner el pecho por esta causa.  Finalmente, JDC se caracterizó siempre por combatir de manera frontal y con vehemencia a la corrupción. ¿Cuántos enemigos ganó JDC al atreverse a ser decente y honesto en un país tan envilecido como el nuestro?


Con la partida de JDC el Perú pierde a uno de sus últimos políticos con brillo y clase. Polemista y orador diestro. JDC demostró toda su vida que a la política se la debe vivir con el corazón pero se la debe pensar con la cabeza. Para JDC la política es acción, pero también es organización social e ideología que le da sustento a un programa político. Por todo esto JDC no ha muerto (leí esto en las pancartas y banderas que dieron color a su funeral), porque las personas como él jamás mueren mientras su imagen y obra permanezcan en el corazón y en la memoria del pueblo. A JDC siempre lo recordaremos, porque los políticos como él son los que siempre harán la notable diferencia.

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LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ


En los últimos días, a propósito del debate abierto sobre la Unión Civil en nuestro país, hemos escuchado decir a una serie de personalidades provenientes del sector más conservador (católico) de nuestra sociedad, que el modelo de Familia que el Estado reconoce es únicamente el que está relacionado con el matrimonio.

Quienes se oponen a la aprobación de la Unión Civil, usan este falaz argumento para hacernos creer que si una Familia no tiene como base el matrimonio, concebido como la unión entre un varón y una mujer (con fines básicamente reproductivos) entonces no puede ser considerada como tal. Por ello, afirman estas personas, la Unión Civil debe ser rechazada pues pone en peligro el modelo de Familia que el Estado y la sociedad reconoce.

Bueno, ya que las mentiras proferidas por este sector vienen siendo cada vez más numerosas, y con el único afán de brindarle a la ciudadanía la información necesaria para que sea ella misma la que se forme su propio juicio de valor sobre este tema, es que en esta oportunidad trataremos de responder la siguiente pregunta: ¿La Constitución Política del Perú reconoce un único tipo de Familia (matrimonial)?


La Familia en la historia constitucional de nuestro país

La Familia fue consagrada a nivel constitucional (en occidente) recién en la primera mitad del siglo XX, siendo la Constitución de Weimar de 1919 (Alemania) la primera en reconocer expresamente el rol protector del Estado para con la Familia. Ahora bien, y como todos lo pueden suponer, en aquellos años (han transcurrido 95 años desde ese entonces) se identificaba al matrimonio como la única fuente creadora de Familia. Se trataba, como bien lo apunta la doctrina, de un modelo de Familia matrimonial, tradicional  nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia” dedicado a cubrir los gastos familiares y la mujer realizada necesariamente las labores del hogar. Esta manera de concebir a la Familia se fue extendiendo a nivel mundial luego de la segunda guerra mundial. Esto también ocurrió en nuestra región en países como Colombia, Chile, Costa Rica, Paraguay y Venezuela.

La familia en los tratados sobre derechos humanos

A su turno, a nivel internacional, la Familia también ha sido objeto de reconocimiento y protección. Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la Familia como “elemento natural y fundamental de la sociedad”, sujeta a la protección del Estado y la sociedad. Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la Familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

La Familia en la Constitución histórica del Perú

Pero ya hablando específicamente de nuestro país, nuestra historia republicana nos dice que fue la Constitución de 1933 la que por vez primera reconoció de manera expresa la tutela de la Familia. Esta Carta Política señaló en su momento que “el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley”. Luego, la Constitución de 1979, conceptualizó a la Familia como una “sociedad natural y una institución fundamental de la Nación”. Así llegamos a la Constitución de 1993, norma fundamental vigente que reconoce a la Familia como un instituto “natural y fundamental de la sociedad”.


¿Existe un único modelo de Familia definido en la Constitución de 1993?

Como podemos apreciar, y más allá de la vocación tutelar puesta de manifiesto en nuestras Constituciones desde el año 1933, queda claro que el texto constitucional no establece o define un concepto único de Familia. ¿Puede ser este un olvido del constituyente? No, lo que ocurre es que la Constitución no pretendió jamás reconocer un modelo específico de Familia por lo complejo que resulta definir a una institución “natural” como esta, siempre sujeta al devenir histórico de los nuevos tiempos. Es por eso que, como bien lo señaló nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia 06572-2006-PA/TC), el instituto de la Familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio, como ocurría con el Código Civil de 1936, que establecía una inconstitucional diferencia entre los hijos “legítimos” y “no legítimos”, por ejemplo.

La Familia como institución natural

Sostener que la Familia es una institución natural (no impertérrita) supone reconocer su carácter ético y social, es decir, la Familia se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos tiempos, así lo ha expuesto correctamente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un informe del año 1990, al reconocer la amplitud del concepto de Familia, además de sus diversos tipos. En este mismo documento, la Comisión subrayó la naturaleza dinámica de la Familia al afirmar que hechos como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio profundo (quiebre) en la estructura de la Familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del “pater familias”.

La Familia y los nuevos tiempos

Por eso, en atención a lo señalado, creemos que nuestro Tribunal Constitucional acierta cuando señala que todos estos cambios han generado familias con estructuras distintas a la tradicional como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las denominadas reconstituidas. De hecho, son estas últimas las que en los últimos tiempos han venido ganado terreno. Como bien lo señaló el Colegiado, se trata de familias ensambladas cuya estructura familiar se origina en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa.


Los nuevos modelos de Familia exigen una precisión legislativa

Ahora bien, resulta claro que estos nuevos modelos de Familia deben ser desarrollados a nivel legislativo, así lo señaló en su oportunidad María Gonzáles Luna, al afirmar que el Tribunal Constitucional con sus fallos estaba “visibilizando los problemas surgidos a partir de la formación de nuevas familias, ya que si bien sabemos que en el Perú hay muchos hogares distintos a la familia tradicional, las cifras no lo reflejan. Por ejemplo, dice la autora, en los censos hechos por el INEI, no sabemos qué relación de parentesco corresponde a los hijastros, ¿son considerados otros parientes o no parientes? En cualquiera de las dos categorías se mezclan con sujetos que no tienen los mismos derechos y necesidades que ellos”.

Por tanto, refiere esta autora, “el Congreso de la República debe incluir de manera expresa a las nuevas familias y los derechos de éstas y de sus miembros en la legislación, tanto en materia civil como penal. En cuanto a la primera, por ejemplo, el artículo 233º del Código Civil señala que la regulación jurídica de la Familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política. Por lo que la legislación que se dicte sobre esta materia debe adecuarse a lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución”.

El fin de la Familia no es la procreación

En esa misma línea, tomando en consideración el avance histórico y social de la humanidad, el Tribunal Constitucional también ha señalado, otra vez con acierto, que la Familia no puede concebirse únicamente como una institución en cuyo seno se materialice la dimensión generativa de la especie. La Familia es también la unidad encargada de transmitir valores éticos, cívicos y culturales. Es justamente esa unidad la que la convierte en un espacio primordial para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros, la transmisión de valores, conocimientos, tradiciones culturales y lugar de encuentro intra e intergeneracional, es pues un agente primordial del desarrollo social, así lo expone el Colegiado, y así creemos que debe entenderse el concepto de Familia en pleno siglo XXI.


¿Pueden las personas del mismo sexo formar una Familia?

Nosotros creemos que sí, no solo porque como hemos visto no existe un único modelo de Familia (matrimonial) sino porque los nuevos tiempos nos obligan a ampliar el concepto y reconocer nuevas formas de unión (concubinatos, familias ensambladas, reconstituidas, familias de segundas nupcias, etcétera), quedando claro que la Familia no tiene como única o más importante finalidad la procreación.

En tal sentido, no existe razón alguna para creer que las personas del mismo sexo no puedan formar un hogar familiar, sobre todo cuando se trata de personas que llevan su vida como si fuesen cónyuges, compartiendo intimidad en un contexto de amor, unidos por un fuerte lazo afectivo. De hecho, las parejas homosexuales o lésbicas también basan su unión en principios de fidelidad, cariño y respeto mutuo. En otras palabras, llevan una vida igual a la que presentan las parejas heterosexuales. Por tanto, si estas parejas están sujetas a las mismas obligaciones que las parejas heterosexuales, ¿por qué razón no podrían formar una Familia al amparo de una ley como la Unión Civil? Ustedes tienen la respuesta, no existe razón alguna para negarles este derecho.

Los fantasmas no existen
Como habrán podido apreciar, el concepto de Familia ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eso es algo lógico teniendo en consideración que se trata de un instituto natural sujeto al devenir del espacio y tiempo histórico. Hoy en día el modelo Familiar tradicional ya no es el mayoritario, eso no quiere decir que haya entrado en crisis, simplemente que el concepto de Familia se ha ampliado y nuevos modelos o tipos familiares surgen producto de factores sociales, económicos y culturales, que ninguna fe o religión está en condiciones de frenar.


Por eso, con el mayor de los respetos, a quienes se oponen a la Unión Civil, debo decirles que su oposición es antojadiza y carente de sustento, ellos dicen que la Unión Civil acabará con la Familia tradicional, elevando el número de parejas homosexuales y lésbicas, como si una ley tuviese el poder para determinar la identidad sexual de los ciudadanos. Para ellos, la Unión Civil marcará el inicio del final de nuestra especie. ¿Puede uno creer en semejante estupidez y no sentir vergüenza de sí mismo? Yo no lo creo.

 A estos señores habría que decirles que “el modelo de Familia tradicional” ya no es el hegemónico, eso no quiere decir que no estén en su derecho de promoverlo y buscarlo como parte de su opción personal de vida, lo que no pueden hacer es imponer su particular visión de las cosas sobre la de todos los demás, como si todos estuviésemos de acuerdo con ellos, como si todos creyésemos en que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, como si el modelo de Familia bíblico instaurado hace más de 2000 mil años no hubiese sido rebasado por la fuerza de la historia.


Alguien dijo alguna vez que sólo Dios y los idiotas no cambian. Yo no le tengo miedo al cambio, sobre todo cuando este busca reconocer derechos y libertades a más personas. Pero ustedes señores, ustedes que se oponen a la Unión Civil, ¿a qué le tienen miedo?

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martes, 6 de mayo de 2014

LAS UNIONES CIVILES PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO

En la actualidad, más de 60 países han reconocido oficialmente la unión (matrimonio y/o unión civil) para personas del mismo sexo. Varios de estos países se encuentran en nuestra región (Argentina, Uruguay, Brasil, México, Ecuador y Colombia) y en ninguno de ellos se han desatado los males que el sector “conservador ultra católico” había vaticinado cuando se debatía sobre la formalización de éstas instituciones para las parejas gais y/o lesbianas: aumento del incesto, poligamia, perversión moral, desintegración familiar y otros. 
En el Perú, el debate sobre la unión civil recién se ha abierto a partir del proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce, quien a pesar de todas las críticas recibidas (agravios homofóbicos también), ha tenido el coraje de sostener y defender su iniciativa en todos los medios y espacios en los que ha estado presente. Lo sorprendente en este caso es la virulencia con la que sus detractores lo han atacado. Muchos de ellos se han ocupado más de la identidad sexual del autor del proyecto que del contenido del mismo. Como se sabe, la ignorancia es siempre atrevida, y ante la falta de argumentos, el insulto es un recurso que los pequeños bárbaros siempre tendrán a la mano.
La unión civil llegará a nuestro país (el matrimonio gay también) más temprano que tarde, de eso estoy seguro, no sé si este proyecto llegue a convertirse en una ley, pero lo importante es que por primera vez en el Perú, se empieza a reflexionar seriamente sobre este tema, tanto a nivel académico como político. Prueba de ello es que hace algunas semanas atrás, los líderes políticos más importantes de nuestro país como Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, e inclusive Lourdes Flores, han declarado a favor de esta iniciativa, algo impensado hace algunos años.

Por lo pronto, el 31% de los peruanos apoya este proyecto (encuesta de Apoyo) y al paso que vamos, creo que este porcentaje aumentará en pocos años, basta recordar, por ejemplo, que en el año 1996, solo el 27% de los estadounidenses apoyaba el matrimonio gay. Hoy ese porcentaje es de 54%. Como bien lo apunta Levitsky: “la opinión pública cambia rápidamente en estos temas, algo que también pone en evidencia la creciente marginalidad política de la iglesia Católica”.
El respaldo a esta figura civil crece debido a que en el Perú, como en los demás países de occidente, la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y homosexuales ya es vista como parte del canon constitucional y democrático que toda sociedad moderna hace suyo. Por tanto, así como a nivel legislativo, empiezan a parecer leyes destinadas a proteger los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, y otros sectores históricamente excluidos e invisibilizados, no es extraño que en un país marcadamente católico y conservador como el nuestro, recién se empiece a discutir este tema en la segunda década del siglo XXI. Pero ese es ya un avance importante, y es motivo suficiente para felicitar al autor de este proyecto.
Lo que debe entenderse es que el proyecto no pretende únicamente tutelar los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales, sostener ello es una mentira, y una caricaturización de la labor de Carlos Bruce. Como se desprende del texto de la iniciativa, más allá de la seguridad que este proyecto busca dar para el patrimonio de estas parejas, resulta importante el reconocimiento de determinados derechos que harían que el Estado peruano (y esa es una obligación internacional vigente) formalice e institucionalice la protección de los derechos de este importante sector de la población (más del 10%, según cálculos conservadores).

Para quien escribe, reconocer que los compañeros civiles (esa es la denominación) tendrán los mismos derechos que un pariente de primer grado, es una propuesta igualitaria que democratiza las relaciones entre las personas adultas. Me refiero específicamente a lo siguiente: visitas a hospitales, vistas íntimas en centros penitenciarios, seguridad social, atención médica, prestación alimentaria, entre otros.
Entonces, lo que debe quedar claro es que el debate en este tema pasa por analizar si la Constitución y/o la Ley establecen algún impedimento para la aprobación de este proyecto. Nosotros creemos que no existen razones jurídicas legítimas para no aprobar este proyecto, salvo se considere que la cita de versículos bíblicos u opiniones arzobispales bastan para negarle a una minoría el reconocimiento de sus derechos fundamentales. De hecho estamos seguros que el proyecto es perfectamente válido desde el punto de vista constitucional.
Como ya lo señalamos, la oposición a la unión civil no puede tener como sustento la fe o la religión de la población, aun cuando esta se la mayoritaria. Y no lo puede tener porque en un Estado Democrático y Republicano como el nuestro (laico y no confesional) la legislación no es un apéndice de la biblia. De hecho, en toda democracia la aprobación de las leyes debe ser el resultado de un debate racional (jurídico y político) llevado a cabo en el Parlamento, y no la imposición del pensamiento religioso de aquellos que invocan el nombre de Dios con el afán de seguir discriminando.

En todo caso, debemos tener presente que en el Perú, históricamente, a los políticos les ha costado muchísimo enfrentarse a la jerarquía eclesial. Sin embargo, para nadie es novedad que la Iglesia ha ido perdiendo paulatinamente su poder fáctico, lo cual es una ventaja y debe ser aprovechado por quienes apostamos por la construcción de una sociedad más libre e igualitaria, en la que todas las personas tengan el derecho a amar y a recibir de parte de su Estado la mayor protección y garantía para sus derechos, sin importar la identidad sexual de la mismas. Sostener lo contrario, en pleno siglo XXI, no es otra cosa que barbarie homofóbica pura.

Finalmente, creo que la mayor apertura y el futuro reconocimiento de este tipo de instituciones como la unión civil, dependerá mucho del poder de presión de los sectores conservadores (la Iglesia Católica encabeza la lista) y de la capacidad de respuesta de la clase política al momento de debatir la propuesta. Solo el tiempo nos dirá si los parlamentarios peruanos en el año 2014 adoptaron una posición auténticamente democrática y republicana, que reconoce valores de libertad e igualdad, al aprobar la unión civil, o si se sometieron (por temor o conveniencia) a lo que el vocero de Dios en la tierra proclama todos los domingos desde su púlpito en la catedral de Lima.

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