LA MASACRE DE ORLANDO Y LA “INDIGNACIÓN” DE LOS PERUANOS

El domingo 12 de junio de 2016 será recordado como el día en que se perpetró el ataque más violento en contra de la comunidad LGTB en la historia de los Estados Unidos (USA). Es más, la masacre de Orlando, como la han denominado los medios, es el ataque con el mayor número de muertes (50) desde los atentados del 11 de setiembre de 2001. Con ello, el autor del atentado, Omar Mir Seddique Mateen, un terrorista del Estado Islámico, pasa a ser uno más en la larga lista de criminales homofóbicos que cometen este tipo de atrocidades.  

Al respecto, por la reacción que se ha desatado en las redes sociales, pareciera que en el Perú la “indignación” frente a los crímenes de odio depende del lugar geográfico en donde estos se cometen. En otras palabras, pareciera que los peruanos rechazamos con vehemencia estos crímenes cuando se cometen en USA, Europa o Latinoamérica, pero guardamos cómplice silencio cuando se trata de mirar hacia adentro y reconocer que en nuestro país diariamente se cometen crímenes contra la comunidad LGTB.

En el Perú, por ejemplo, sólo entre los años 2008 y 2009, se registraron aproximadamente 126 asesinatos en contra de personas homosexuales. Para el periodo 2011-2012, el MHOL señaló que por lo menos 21 miembros de la comunidad LGTB fueron asesinados, y decenas fueron brutalmente agredidos. Según estas organizaciones, las cifras reportadas no logran cubrir a la totalidad de crímenes cometidos contra este grupo, pues muchos de estos nunca se denuncian.

¿Por qué estos crímenes no se denuncian? Al parecer, así como en nuestro país muchas violaciones contra mujeres o menores de edad no son reportadas, los delitos cometidos contra la comunidad LGTB tampoco lo son por la vergüenza que para muchos supone el reconocer que un familiar es LGTB. Así ocurrió hace algunos años con la brutal agresión sufrida por un amigo mío, quien luego de abandonar una discoteca en Miraflores, fue interceptado por 4 sujetos que le propinaron una terrible golpiza. “Eso te pasa por rosquete”, le gritaban mientras lo masacraban en el piso. Su familia jamás reportó el crimen, por ello estos delincuentes andan sueltos por las calles.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad del problema, resulta por demás preocupante que en nuestro país no se cuente con cifras oficiales o con entidades públicas encargadas de registrar, sistematizar y analizar estos casos. ¿Por qué ocurre ello? Muy sencillo, para la mayoría de los peruanos la violencia que sufre la comunidad LGTB es percibida como un tema de menor importancia. “Tenemos problemas más importantes que defender a los homosexuales”, dicen con total cinismo los peruanos, esos mismos que ahora se “indignan” en las redes sociales.

A quienes razonan de esta forma, les preguntaré lo siguiente: ¿Qué puede ser más importante para una sociedad que la defensa de los derechos de sus ciudadanos? ¿Qué puede ser más importante para un Estado que velar por el derecho a la vida, a la libertad, y a la igualdad de sus ciudadanos? ¿Es que acaso en el Perú el valor de la vida depende de la identidad sexual de su titular? ¿Qué debemos hacer en el Perú para acabar con esta violencia?

En primer lugar, lo primordial es reconocer que en nuestro país la comunidad LGTB se enfrenta diariamente a la intolerancia de una sociedad que mantiene prejuicios y sesgos bajo los cuales los derechos de sus ciudadanos pueden ser violentados por el solo hecho de ser LGTB. Es más, la comunidad LGTB debe lidiar con la indiferencia de las autoridades a la cuales recurre en busca de ayuda, pues en muchos casos, son los propios agentes del Estado los que de manera alevosa y cobarde agreden a estos ciudadanos.

Según un estudio publicado por el Instituto Runa, las víctimas de esta violencia identifican como responsables del 31% de sus agresiones a integrantes de la PNP. Según este mismo estudio, en el 46% de los casos son los miembros del serenazgo de Lima los que atropellan de manera reiterada sus derechos. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta barbarie? ¿Qué esperan las autoridades para frenar esta violencia? Son preguntas que ninguna autoridad se atreve a responder.

En segundo lugar, es necesario hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente. Se debe tipificar el crimen de odio en nuestro Código Penal, fijando una pena proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la esfera personal de la víctima. En otras palabras, se debe hacer lo que este Congreso no hizo. En todo caso, esperemos que el próximo Parlamento, dominado por los 73 congresistas de Fuerza Popular, logre aprobar esta reforma. ¿Se atreverán los congresistas fujimoristas a aprobar una ley que proteja a la comunidad LGTB después de haber firmado –durante la campaña electoral- un pacto con un pastor evangélico abiertamente homofóbico? Yo tengo mis dudas.

En tercer lugar, se debe implementar una política pública que comprometa a todos los sectores involucrados en la defensa de los derechos de la comunidad LGTB y en la persecución de los crímenes de odio. Nos estamos refiriendo específicamente a la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. Eso supone impulsar una campaña de sensibilización a nivel nacional cuyo objetivo central sea hacerles comprender a los agentes estatales que todos los peruanos merecen respeto, independientemente de su identidad sexual.

Finalmente, resulta fundamental diseñar una política educativa con enfoque de género destinada a acabar con la homofobia en los centros educativos (inicial, primaria y secundaria), pues solo en la medida que nuestros niños y niñas dejen atrás los prejuicios homofóbicos de sus mayores es que los peruanos estaremos en condiciones de construir una sociedad libre de toda discriminación y violencia en la cual todos tengamos el derecho a ser felices.