lunes, 2 de mayo de 2011

Keiko Fujimori y su discurso “caviar”: un giro hacia la izquierda






Caviar, ese ha sido el término que durante los últimos años ha utilizado el fujimorismo y otros sectores de la derecha conservadora y militar para descalificar la posición y el discurso político de la izquierda peruana referida a la defensa de los derechos humanos, la sanción a los violadores de los mismos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Así por ejemplo, una vez conocido el resultado del proceso al que fuera sometido Alberto Fujimori, por los casos La Cantuta, Barrios Altos y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, proceso en el cual se lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad, el menor de los Fujimori, Kenyi, congresista electo en esta oportunidad, señaló con total claridad que la gran batalla política por la liberación de su padre se daría en las calles entre su agrupación y los sectores a los que calificó de CAVIARES.




Asimismo, en su debida oportunidad, su hermana, Keiko Fujimori, candidata presidencial también responsabilizó a los caviares, es decir a todos los movimientos y agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, del proceso llevado en contra de su padre, proceso al cual tildó de injusto e inhumano, llevado a cabo por jueces que lo único que tenían en mente era desatar una tremenda persecución legal contra el dictador y contra todo aquel que se atreviese a defenderlo.




Muy pocas veces en estos últimos años habíamos sido testigos de un discurso político tan confrontacional y violento como el que los Fujimori empleaban al referirse a estos sectores y a personas individuales, como por ejemplo los abogados Ronald Gamarra, Carlos Rivera o Gloria Cano, que participaron en el proceso como defensores de la parte civil, es decir, abogados de las víctimas de Barrios Altos y Cantuta. También, ese misma rabia y virulencia fue puesta de manifiesto años anteriores con motivo de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al cual tildaron de injuria y panfleto difamatorio contra el régimen de Fujimori, el mismo que tenia como única finalidad echar por tierra los logros que el dictador había alcanzado en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, llegando incluso a tildar a personas honorables, como lo son los comisionados, de defensores de los subversivos, en pocas palabras llamarlos “pro terrucos”.




Tiempo después, en el tristemente recordado episodio en el cual las hordas del fujimorismo, con el beneplácito o silencio cómplice de sus líderes, atentaron contra el recuerdo y la memoria de los familiares de las víctimas de la guerra interna, cubriendo de pintura naranja el monumento del OJO QUE LLORA, la entonces congresista Keiko Fujimori, pretendió hacer público su rechazo a semejante acto de vandalismo con el uso de un lenguaje bastante condescendiente a los responsables de dichos actos. En esa oportunidad, tanto Keiko como la plana mayor de Fuerza 2011, trataron de explicar el sentimiento de indignación que en el fujimorismo generó la condena de su padre y la construcción de monumentos como este en el cual se rinde homenaje a personas fallecidas, mejor dicho asesinadas, como fue el caso del joven estudiante de la Cantuta, Enrique Ortiz Perea, y tantos otros como él que fueron ejecutados extrajudicialmente por el gobierno de Alberto Fujimori, a los cuales el fujimorismo, en la persona de Martha Chávez, insiste en calificar de terroristas. Es decir, para el fujimorismo, para la señora Chávez, Alberto Fujimori, a pesar de haber sido condenado en el marco de un proceso en el cual le fueron respetados todas las garantías judiciales es inocente, pero el señor Ortiz Perea, a quien se lo asesinó, después de haber sido secuestrado, es culpable del delito de terrorismo, sin mayor prueba que la decisión de los miembros del grupo Colina que en ese año operaba bajo la batuta y dirección de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.




Después de ello llegó el momento de polemizar y sentar posición ante la iniciativa del Estado peruano, gracias a la contribución y cooperación alemana, de construir un Museo de la Memoria, el cual le permitiese a la sociedad tener presente lo ocurrido durante los años de la violencia política vivida en nuestro país durante dos décadas, con el afán de no repetir en el futuro aquellos errores que permitieron el surgimiento y consolidación de un movimiento subversivo tan sanguinario como Sendero Luminoso, pero al mismo tiempo acabar con la indiferencia estatal en ese entonces exhibida con la población más vulnerable y evitar que desde el Estado se vuelvan a cometer sistemáticamente crímenes contra la humanidad. Como era de esperarse, el fujimorismo, con keiko Fujimori a la cabeza, mostraron una vez más su descuerdo con esta iniciativa aduciendo que la guerra aun no culminaba, que el Museo reivindica por igual a víctimas y victimarios, algo que sin lugar a dudas es falso, y que afirmar, como hace la Comisión de la Verdad, que el estado peruano, en diversos lugares del país, desató una política de violación sistemática de Derechos Humanos, no era sino una patraña de la izquierda usada para desacreditar a instituciones, como las fuerzas armadas y policiales, que durante ese tiempo tuvieron a cargo el control operacional de la lucha contra el terror.




Finalmente, el año pasado, el fujimorsimo, junto a representantes de otros sectores políticos, como el entonces Ministro de Defensa, y actual candidato a la vicepresidencia de la mano de Keiko Fujimori, Rafael Rey, hicieron público su respaldo a la promulgación del cuestionado Decreto Legislativo 1097. Para los que no recuerdan la razón de esta polémica debemos saber que esta norma pretendía el archivamiento (sobreseimiento en lenguaje jurídico) de los procesos en los cuales se hubiera excedido el plazo de la etapa de instrucción o investigación del delito (14 meses). Es decir, la mencionada disposición le otorgaba al juez la facultad de archivar el proceso seguido en contra de militares y policías acusados de cometer delitos contra los derechos humanos como el asesinato, secuestro, desaparición forzada, violación o tortura por el sólo hecho de haberse vencido el plazo de la etapa de investigación. En otras palabras, la disposición bajo comentario pretendía impedir, o al menos, entorpecer u obstaculizar el juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de delitos tan execrables como los anteriormente descritos. Como todos sabemos, y luego de la renuncia de Mario Vargas Llosa al cargo de presidente del Museo de la Memoria, debido a la promulgación de este decreto, al cual tildó de amnistía apenas disfrazada de legalidad, el gobierno tuvo que dar una paso atrás y optar por la derogación de dicho dispositivo legal, hecho que motivó la renuncia de Rafael Rey al Ministerio de Defensa, la renuncia del titular de Justicia, Víctor García Toma y la reacción negativa del fujimorismo, quien a través de parlamentarios como Rolando Sousa, habían sido de las pocas voces que no rechazaron, como si hizo la sociedad civil y lo más selecto de la comunidad jurídica nacional, la entrada en vigencia de la mencionada norma.




Siendo estos los antecedentes del fujimorismo y de Keiko Fujimori, resulta por lo menos contradictorio, por no decir electoralmente recomendable, el que en estos últimos días la candidata haya hecho suyo el discurso que tantas veces tildó de caviar, izquierdoso o pro terruco. En esta semana que pasó la hemos escuchado pedir perdón por los delitos cometido por su padre o su gobierno, que para mi son lo mismo, sin embargo insiste en considerar a su padre y a su gobierno, como el mejor de los últimos tiempos, ella señala que fue el mejor de toda la vida republicana nacional, resulta contradictorio, y sabe a falsedad electorera el que ahora la señora Keiko avale el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y se comprometa incluso a llevar adelante todas y cada una de las recomendaciones allí expuestas por los comisionados, luego de haber criticado y calificado de documento pro subversivo a este trabajo. También resulta contradictorio, y poco creíble, su nuevo afán por la construcción del Museo de la Memoria o su respaldo al monumento del Ojo que Llora, como también generan dudas sus declaraciones en la cuales se compromete a no indultar a su padre condenado por violador de derechos humanos y no liberar o favorecer a militares o policías procesados por delitos de lesa humanidad.




Estas son las contradicciones que parecen no haber advertido los medios, o mejor aun parecen no querer advertir. El programa del candidato Ollanta Humala está plagado de incoherencias y contradicciones, de propuestas incompletas y poco viables, pero reitero, como ya lo hiciera en una anterior oportunidad, presenta una propuesta programática, en cambio, en materia de Derechos Humanos y democracia, el programa de Keiko Fujimori, no dice absolutamente nada, el capítulo de derechos humanos, no existe, no es importante para el fujimorismo. Por eso es que sorprende que de manera súbita Keiko Fujimori pretenda dar un giro de discurso hacia la izquierda, pues de izquierdista, comunista y rojo tildaban a todo aquel que se atrevía a interpelar al gobierno de su padre por la comisión de estos crímenes, y pretenda mostrarse como un especie de encarnación de lo más noble de la doctrina y del movimiento en defensa de los derechos humanos.




Me pregunto, si ese fue su intención inicial, si siempre ha creido en estos valores y principios, porqué su actitud y sus palabras y declaraciones de los últimos años van en contra de este camino, porqué si condena el autogolpe del 5 de abril de 1992, los crímenes de Cantuta o Barrios altos, la reelección para un tercer periodo de su padre en 2000, lleva consigo a Yoshiyama, defensor del 5 de abril y de todo la persecución política desatada contra los opositores al régimen, porqué llevar a Martha Chávez, defensora del Grupo Colina, quien fuera una de las principales propulsoras de las leyes de amnistía promulgadas en favor de estos criminales, porqué llevar e insistir en personajes como Rafael Rey, de reconocidas posiciones políticos autoritarias y conservadoras, creador del decreto 1097 a través del cual se pretendió beneficiar a militares violadores de derechos humanos, enemigo declarado de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, quien tildara de mentira caviar al Informe de la Comisión de la Verdad. Por estas razones es que en lo personal me cuesta creer en la palabra de Keiko Fujimori al hablar de derechos humanos y democracia. Porque tendríamos que creerle cuando dice que no indultara a su padre, acaso el fujimorismo se ha caracterizado por su respeto a la legalidad, porque creer que no beneficiara a militares y policías implicados en matanzas y masacres, acaso el fujimorismo ha hecho suyas las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cuales se prohíbe el indulto y derechos de gracia a favor de estos criminales, cómo creerle a una persona que sigue llamando gobierno democrático a uno en el cual el robo, la corrupción y la violación de derechos humanos fueron parte del día a día, cómo creerle a una persona que participó con entusiasmo de la campaña para la tercera reelección de su padre, sabiendo que esta era inconstitucional, y que tres magistrados habían sido defenestrados por oponerse a tamaño atropello contra la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Permítanme dudar, o en todo caso, decir con claridad: Keiko Fujimori no te creo.

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