sábado, 27 de febrero de 2010

Uribe, Chávez y Fujimori: el ejercicio del poder político en Sudamérica


Siempre se ha dicho que Latinoamérica es una región en la cual los fenómenos sociopolíticos se repiten y recrean de manera cíclica. Las crisis que atraviesan los diferentes países parecen obedecer a una suerte de orden previamente impuesto para nuestros pueblos. Las dictaduras se mudan de país en país. Cada cierto tiempo aquellos países que parecen haber consolidado sus sistemas democráticos vuelven a atravesar fenómenos dictatoriales que pulverizan los esfuerzos hechos de cara a la construcción de una nación más libre y democrática. El Generalote Pinochet chileno y su estilo autoritario mudo su lugar de residencia y se convirtió en el Chinito Fujimori peruano de la década de los noventa. A su turno, el Chinito Fujimori del Perú le cedió la posta al Comandante Chávez de Venezuela, respectivamente. El Chávez venezolano ejerce influencia sobre algunos países de la región y pretende exportar su manera de hacer y entender la política, es decir copar a todas las instituciones del Estado, crear una Constitución a su justa medida que le permita la reelección inmediata, pulverizar a la oposición política y restringir la libertad de expresión a todos aquellos que se atreven a discrepar con él.


Afortunadamente para la región, existen algunos países que con el transcurrir del tiempo han logrado consolidar un sistema político en el cual el respeto a la independencia y autonomía de las instituciones públicas es visto como un pilar fundamental del Estado de Derecho. Nos referimos a Colombia, país en el cual a pesar de la enorme presión mediática vertida durante los últimos meses sobre su Corte Constitucional, dicho organismo ha tenido el valor y el coraje de defender el orden constitucional declarando inválida la iniciativa planteada por el partido oficialista de Uribe que buscaba enmendar la Constitución para que el actual presidente pudiera inscribirse como candidato y posiblemente prolongar su mandato hasta el 2014, sumando un periodo más a sus ya 8 años al frente del Estado colombiano. La Corte consideró que esta iniciativa era inconstitucional por haber incurrido en una serie de irregularidades de forma, entre las que destacan el haber violado el límite de financiación para impulsar consultas populares, el haber cambiado de manera antojadiza el texto de la pregunta a ser formulada en el referéndum y el haber aprobado dicha iniciativa en un sesión extraordinaria convocada cuando ya había finalizado la legislatura en diciembre de 2008, actos que de acuerdo al fallo de la Corte se encuentran reñidos con el orden jurídico constitucional colombiano.


Como era de esperarse, luego de conocida la sentencia, el presidente Uribe no tuvo sino que reconocer la legalidad del fallo, respetar y saludar la labor de los magistrados de la Corte Constitucional, y comprometerse a mantener una posición neutral en los próximos comicios electorales. Es decir, Uribe no hizo sino asumir el comportamiento que todo presidente auténticamente democrático debe de adoptar en estos casos. Respetar el orden constitucional, respetar el fallo de un órgano constitucional al cual la propia Constitución le ha encargado la misión de velar por la constitucionalidad de las normas legales y el respeto por el orden democrático.


Sin embargo, este tipo de conductas por parte de mandatarios a los cuales un órgano jurisdiccional les enmienda la plana son aún poco frecuentes en nuestra región. Basta con hacer memoria para encontrarnos con presidentes que como Fujimori pretendieron perpetuarse en el poder mal utilizando la figura de la denominada reforma constitucional con la anuencia de la clase política y de los medios de comunicación.


Ya dijimos que en el caso colombiano, el presidente Uribe dando muestras evidentes de su respeto por la legalidad ha reconocido la legitimidad del fallo de la corte, comprometiéndose a acatar todos los extremos del mismo, garantizando de ese modo la transparencia y neutralidad en las próximas elecciones y el respeto por el Estado de Derecho. Ahora, recordemos que ocurrió en el caso de Fujimori en el Perú.


El partido de gobierno, con mayoría absoluta en el Congreso, decidió de manera ilegal y arbitraria defenestrar a los magistrados del Tribunal Constitucional- Manuel Aguirre, Delia Revoredo y Guillermo Rey- por haber declarado inaplicable la ley de reelección presidencial que le otorgaba al dictador la posibilidad de extender su mandato hasta el año 2005, es decir, Fujimori y compañía pretendían prolongar su régimen corrupto y criminal a 15 años, a ello se opusieron estos magistrados, la consecuencia, su destitución.


Pero la historia no finalizó con esa destitución. Al puro estilo del dictador Hugo Chávez, quien en estos días acaba de anunciar que retirará a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que dicho organismo denunciara la intolerancia política, la hostilidad frente a la oposición y la violencia contra los sindicalistas, mujeres y campesinos en ese país. Al gobierno de Alberto Fujimori y al Congreso de la época, digitado y dirigido por el dictador y su asesor Vladimiro Montesinos, no se les ocurrió mejor forma de lograr la impunidad de sus actos que aprobar el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien se sabe, el retiro de la competencia de la Corte, fue una respuesta anticipada a los casos que en ese entonces el Perú tenía pendiente ante este tribunal, como la denuncia hecha por los tres magistrados del Tribunal Constitucional a los cuales hemos hecho mención y la denuncia del empresario Baruch Ivcher, a quién el gobierno de Fujimori le privó de su nacionalidad peruana y de la propiedad de su canal de televisión, por denunciar la corrupción del régimen y al represión del Servicio de Inteligencia Nacional. En ambos casos, tiempo después, la Corte condenaría al Estado peruano afirmando que el Gobierno de Fujimori atropelló de manera infame los derechos fundamentales de estos ciudadanos.


Como podemos apreciar, en este breve recuento de los actos más infames cometidos durante el gobierno de Fujimori, queda claro que en nuestra región los dictadores aparecen y reaparecen de cuando en cuando, el Fujimori que promovió el retiro de la Corte de San José para evitar ser juzgado por casos en los cuales su proceder ilegal y arbitrario se pusiese de manifiesto a nivel internacional se ha convertido hoy en día en el Hugo Chávez de Venezuela, un dictador que se suma a la larga lista de militarotes que ha parido nuestro continente, los cuales pretenden a través de una serie de argucias legales echar un manto de impunidad sobre la serie de delitos que cometen desde el Estado. En todo caso, una luz de esperanza en la región nos trae el hecho que a diferencia de Fujimori, quién luego de recibir un “no” rotundo a su reelección por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional decidiera defenestrarlos con la complicidad del Congreso de esa época, el presidente Uribe, a pesar de su más de 70% de aprobación ciudadana, decida dar un paso al costado en su carrera electoral, en clara observancia de lo decidido por su Corte Constitucional, dando muestras de un respeto profundo por la legalidad y por el orden democrático en Colombia.


Seguramente, algunos se esforzarán en decir que Fujimori no es Chávez, que Colombia no será la misma sin Uribe al frente del Estado, que la Corte Constitucional colombiana acaba de pulverizar el esfuerzo por mantener un proyecto político capaz de derrotar de manera definitiva a las FARC, que Chávez no puede permitir que un organismo internacional se inmiscuya en asuntos propios del orden interno venezolano. Lo que puedo decirle a todos ellos, es que Latinoamérica no necesita de presidentes que creyéndose caudillos, salvadores o mesías personalicen el poder de tal modo que pretendan mostrarse ante la ciudadanía como líderes irremplazables. Latinoamérica necesita consolidar instituciones políticas y democráticas, instituciones que permitan dar continuidad a políticas de Estado exitosas, como la desarrollada en Colombia contra la delincuencia y la guerrilla, independientemente de que sea Uribe u otro político el encargado de jefaurar el Estado. Pero sobre todo, Latinoamérica necesita la presencia de líderes respetuosos de la legalidad y el orden constitucional, ya que más allá de los índices de popularidad que un político pueda tener en un determinado espacio y tiempo, eso no justifica que valiéndose de esa popularidad pretenda estar por encima del bien y del mal, haciendo y deshaciendo constituciones, o reformándolas a su antojo con la única finalidad de perpetuarse en el poder, ya que ese modo de proceder, esa conducta política, como hemos visto, solo da lugar a la aparición de un Fujimori o un Chávez, personajes que encarnan a lo más vil y abyecto del quehacer político.


Rafael Rodríguez Campos

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viernes, 19 de febrero de 2010

El caso del Fiscal Avelino Guillén y el Consejo Nacional de la Magistratura



De acuerdo a lo que señala nuestra Constitución Política, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de selección y el nombramiento de los jueces y fiscales de la república. En estos últimos días numerosos han sido los cuestionamientos que se han venido haciendo a la manera como el CNM llevó a cabo el último proceso en el cual debía de elegir a tres fiscales y dos vocales supremos. Finalmente, el día de ayer, luego de que el diario el Comercio hiciera pública una denuncia periodística que involucra a uno de sus miembros, el consejero Efraín Anaya en un presunto pedido de dinero a uno de los postulantes en el concurso para magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió dejar en suspenso este proceso.


Pero, si bien es cierto la mencionada denuncia periodística fue el detonante en este caso, no deja de sorprender la manera como el reconocido Fiscal Avelino Guillén, el mismo que junto con el Fiscal Supremo José Antonio Peláez consiguiera sentenciar a Fujimori por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, era dejado fuera de carrera al desaprobar una evaluación de la que nadie sabe absolutamente nada, ni quién la elaboró, ni quién la calificó, ni mucho menos los criterios que se tomaron en cuenta para calificar a los postulantes.


Es posible que un postulante, independientemente de si es Avelino Guillén o Perico Pérez desapruebe un examen de conocimiento. Sí, si es posible. Lo curioso es que la evaluación que se le planteó a Guillén fue la realización de una sustentación jurídica para el caso Kouri- Montesinos, caso en el cual el propio Guillén fungió como fiscal logrando la condena de los ambos implicados y una reparación civil en beneficio del Estado. En ese sentido, no deja de generar dudas el hecho de que el CNM decida desaprobar a Guillén en la sustentación de un caso que él condujo con éxito.


Pero es importante preguntarnos por cuál ha sido la trayectoria de Guillén ya que es posible que el CNM haya considerado que por más éxito que haya tenido en el caso Kouri-Montesinos el fiscal Guillén no de la talla para convertirse en Fiscal Supremo. Si ese es el cuestionamiento, los números hablan por sí mismos. En el 98% de los casos en los cuales participó Guillén representando al Ministerio Público este obtuvo una sentencia condenatoria para los implicados y reparaciones civiles a favor del Estado. Cabe entonces hacernos algunas preguntas: ¿Resulta lógico que un fiscal con los números de Guillén sea desaprobado de la manera como este fue desaprobado? ¿Puede alguien desaprobar en la sustentación de un caso en el cual con anterioridad demostró destreza y conocimiento logrando la sentencia para los denunciados como Kouri y Montesinos? Por los menos estas preguntas nos deben llevar a reflexionar en torno al diseño institucional y la manera como el CNM lleva a cabo el proceso de selección y nombramiento de jueces y fiscales.


A pesar de todos estos cuestionamientos, representantes del propio consejo como César Mansilla, presidente, y Edwin Vegas, vicepresidente, se aferraron a la tesis de que se trata de un examen de conocimiento jurídico, el cual Guillén simplemente desaprobó. Sin embargo, no supieron dar respuesta a la pregunta ¿Quién se encargó de elaborar las pruebas y de calificar las mismas? Una vez más fue una denuncia periodística difundida en un programa televisivo y en un medio escrito la que nos traía la respuesta a esta interrogante, oscureciendo y desacreditando aún más la manera como el CNM llevó a cabo el proceso.


Según los medios periodísticos, mediante información que no ha sido desmentida por los propios implicados, e incluso ha sido confirmada por alguno de ellos. En esta oportunidad, el CNM decidió tercerizar la labor de evaluación de jueces y fiscales, y no tuvo mejor idea que encargar dicha misión a un grupo de abogados y profesores universitarios, muchos de los cuales patrocinan casos en los cuales deberán enfrentarse a aquéllos fiscales a los cuales ellos mismos evalúan. No es necesario ser muy astuto para pensar que se trata de un evidente caso de conflicto de intereses, en el cual quien tiene la misión de evaluar a un fiscal es la persona que en un futuro tendrá que sustentar una defensa frente a esta misma persona.


Se trata entonces, desde nuestro modesto punto de vista, de un sistema de evaluación perverso que no garantiza la transparencia ni la independencia en la manera cómo se lleva a cabo el proceso de calificación, más cuando nadie, absolutamente nadie sabe la identidad de las personas encargadas de evaluar a los fiscales y jueces, los criterios de evaluación o el contenido de los exámenes ya que estos son incinerados a los poco días de haberse realizado la prueba. Es decir, se trata de un sistema que impide que la ciudadanía ejerza un control efectivo sobre el proceder del CNM dejando campo abierto para la arbitrariedad y la corrupción.


Juzguen ustedes mismos. En la misma evaluación en la que el récord de 98% de casos ganados por Guillén no le valieron de nada a éste para aprobar la prueba de conocimiento, el CNM le otorgó nada menos que 100 puntos al actual presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza Pariachi. Es decir, Pariachi, obtuvo una calificación mayor a la obtenida por el mismísimo doctor César San Martín, para muchos, entre los que me incluyo, el más importante procesalista penal de nuestro país, de una trayectoria académica y jurisdiccional inmaculada y por demás exitosa. Ante dicha situación, qué explicaciones dio Mansilla, presidente del CNM, ninguna. Este resultado puede tener alguna explicación, yo creo que no. Creo que no ya que el sistema empleado y la manera cómo se ha procedido en esta oportunidad han sido un monumento a la incapacidad institucional de un órgano que resulta fundamental al momento de garantizar la capacidad e independencia de los magistrados de nuestro país.


Con respecto a Guillén quisiera dejar en claro dos ideas. La primera es que se trata de un profesional capaz y honesto, un profesional que ha probado y ha demostrado con hechos tangibles un alto grado de compromiso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. En segundo lugar, su honestidad y sus logros en los casos que libró contra personajes vinculados a los delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori lo convirtieron en un personaje incómodo, y hoy en día, curiosamente, esos mismos ampones que se levantaron en peso nuestro país, le pasan la factura. El problema es que el verdadero perdedor en este caso no es Guillén, sino el Ministerio Público, y con él, todos los peruanos, quienes vemos como un profesional honesto es maltratado sin razón alguna y con la complacencia del mismísimo partido de gobierno, que sin hacer mayor deslinde le otorga con su silencio cómplice cierto respaldo a las atrocidades verbales a las cuales el fujimorismo, a través de su vocero Carlos Raffo, ya nos tiene acostumbrados, el mismo que en esta oportunidad se atrevió a decir que gracias a Fujimori es que Guillén se hizo de un nombre en el país. Me pregunto quién era Raffo antes de convertirse en el titiritero de las campañas electorales de la peor dictadura que ha tenido nuestro país. Nadie, Raffo no era nadie, pero eso ya todos los sabemos.


Solo para finalizar, debo decir que este penoso incidente sucedido en el CNM con motivo del proceso de selección de 5 magistrados supremos debe invitarnos a repensar la manera como este órgano fue diseñado en la Constitución de 1993, la labor que éste realiza, los requisitos exigidos para ser consejero, y la manera cómo estos son elegidos, a fin de hacer de este un órgano capaz de hacerle frente a las presiones económicas y políticas propias de sociedades como la nuestra en las cuales el respeto al principio de separación de poderes y la institucionalidad democrática aún no logran consolidarse como verdaderos pilares del Estado de Derecho. Y con respecto al presente proceso, compartimos la opinión de uno de lo consejeros, el doctor Aníbal Torres, quién ha propuesto la nulidad del mismo, debido a las serias irregularidades a las que ya hemos hecho mención.



Rafael Rodríguez Campos

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martes, 2 de febrero de 2010

La situación de los reclusos en el Perú


Numerosos son los episodios de violencia y corrupción que se registran año a año al interior de los penales. Un sin número de robos, asaltos, asesinatos y secuestros se planifican desde el interior de los centros penitenciarios. Bandas de criminales se organizan y consolidan durante los meses en los cuales supuestamente purgan condena. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado y de los gobiernos para afrontar dicha problemática? La más simple, cambio de Director del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), y en último de los casos, si la presión mediática así lo exigía, cambio de Ministro de Justicia.

Ante dicha situación, no debe sorprendernos el hecho de constatar que día a día son más los reclusos que encuentran en el penal una suerte de escuela del crimen en la cual se especializan en la comisión de nuevos delitos, volviéndose ampones mucho más avezados y ladinos. Se supone que el uso de celulares en el penal esta prohibido, la venta de bebidas alcohólicas también, lo mismo ocurre con la comercialización de drogas o el uso de armas de fuego. Pero ¿Qué ocurre en las cárceles del Perú? Algo muy simple y por todos conocido, el nivel de corrupción de los funcionarios encargados de la seguridad interna de los penales es tan escandalosa que desde el recluso más inofensivo hasta el más ranqueado puede adquirir un celular, un buen licor, portar un arma de fuego para su seguridad personal o algunos gramos de cocaína, siempre y cuando cuente con los recursos necesarios para sobornar a los funcionarios encargados de mantener el orden en las instalaciones penitenciarias, ya que para el caso de los funcionarios del INPE, la frase “todo hombre tiene un precio”, “unos más que otros”, resume la podredumbre moral de estos tipejos, los cuales una vez encontrados con las manos en la masa, puestos al descubierto por alguna investigación encubierta de esas que se hacen una vez cada 500 años en nuestro país, no encuentran más abyecta forma de justificar su accionar que escudándose en los sueldos de miseria que el Estado les propina por sus servicios.

A tan precaria situación penitenciaria se suma la profunda ineficiencia del sistema de administración de justicia para llevar a cabo el juicio de los inculpados en un tiempo razonable, con un respeto profundo por sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso. Debemos recordar que en un sistema democrático el proceso penal es el medio más civilizado para hacer justicia, identificando a los responsables de los delitos y sancionándolos con todo el peso de la ley. Sin embargo, qué puede esperar el ciudadano promedio que visto en una situación similar a la de miles de procesados debe esperar en una cárcel de infierno durante 5, 6 o x años para recibir sentencia. Según datos oficiales, en la actualidad el Perú cuenta con 45 mil internos, el 67% de ellos aún se encuentra esperando condena, técnicamente se trata de miles de hombres y mujeres que siendo inocentes purgan condena entre el caos, la tugurización, y la violencia presentes en penales que siendo diseñados para una capacidad de 20 mil reclusos, hoy en día albergan a más del doble de ese número.

Siendo ello así, qué podemos esperar de nuestro sistema penitenciario ¿Es posible que tal y como señala la Constitución Política de nuestro país el sistema penitenciario cumpla con su objetivo de reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad? Evidentemente no. O es que acaso el gobierno pretende que un recluso en el Perú se rehabilite cuando convive con el SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas que azotan a la población carcelaria. Además de ello, los presos conviven unos entre otros sin importar la diferencia de edad o el tipo de delitos cometidos por cada uno de ellos. En cualquier país del mundo, de un mundo civilizado, los presos entre 18 y 25 años no pueden compartir ambientes con reclusos de mayor edad, por una simple razón, la población entre 18 y 25 años es más susceptible de ser influenciada por los criminales ranqueados, los cuales muchas veces los seducen de una u otra forma y los vuelven parte de sus organizaciones criminales. Además de ello, qué tipo de reeducación se les ofrece a los internos, si los programas de educación que se plantean desde la iniciativa privada son encarpetados y duermen el sueño de los justos, la respuesta del Estado es una “ese proyecto de reeducación es muy caro”, “además si el Estado no tiene dinero para la educación de los jóvenes honestos porqué invertir en unos criminales”. Lastimosamente esa es una respuesta que no pocas veces es ofrecida por los funcionarios a cargo de los penales en nuestro país.

Y ¿Qué hace la sociedad civil al respecto? ¿Acaso la ciudadanía en el Perú siente preocupación o interés en la búsqueda de soluciones para el problema penitenciario? La sociedad civil no hace mucho. Como dije anteriormente, varias ONG´s presentan proyectos destinados a mejorar la situación al interior de los penales, programas educativos, de salud, de desarrollo integral de capacidades que tiendan a dotar al recluso de las herramientas necesarias para afrontar con éxito el retorno a la libertad. Sin embargo, la indiferencia y la falta de voluntad política para llevar a cabo estas iniciativas truncan cualquier esfuerzo. Con respecto al interés de la ciudadanía por el tema, la situación creo es más desesperanzadora, se trata de criminales, se trata de ciudadanos de segunda categoría, para qué deberíamos mejorar su situación, que se pudran en la cárcel. Todas estas son ideas que forman parte del imaginario de la mayoría de peruanos. Es preferible olvidarse de ellos, es preferible olvidar que en el Perú tenemos más de 40 mil reclusos, y no importa si muchos de ellos son inocentes, porque inocente o no, algo debe haber hecho para estar en un penal.

La mayoría de peruano olvida que el hecho de estar purgando condena o estar recluido en un penal esperando sentencia no nos arrebata nuestra condición de seres humanos, de seres con dignidad, que merecen un trato digno, que merecen que su salud, su integridad física y psicológica sea tuteladas, ese es un acto de humanidad básico, no de grandeza o de divina misericordia como piensan muchos.

Numerosas son las propuestas que se han hecho para mejorar y elevar el nivel de vida de las cárceles en el Perú. El problema penitenciario es un problema muy complejo, y como tal, merece una respuesta integral, que vaya más allá lo circunstancial o coyuntural. La problemática penitenciaria no se reduce al cambio del Director del INPE o con al cambio de Ministro de Justicia, y mucho menos a la idea de privatizar algunas cárceles. Es cierto que el concurso del sector privado en la solución de los problemas carcelarios en países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia ha sido decisivo, y seguramente lo será acá en el Perú, más si se tiene en cuenta que el Estado no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente al déficit de más de 135 millones de soles que se requieren para la construcción de nuevos penales. Sin embargo, la realidad de nuestro país exige cambios más profundos, es necesario reducir los índices de corrupción den los penales, es necesario capacitar al personal del INPE, es necesario aumentar el número de funcionarios a cargo de la seguridad interna de los penales, y sobre todo, es necesario humanizar el sistema, brindándole al recluso un trato mucho más humano, que lo haga saber que la sociedad no se ha olvidado de él, que cuando llegue el momento del esperado retorno a la libertad deberá ser respetuoso de las normas que rigen la vida en sociedad.

Solo si llevamos a cabo algunas de estas iniciativas podremos elevar el nivel de vida de los reclusos, lograr su rehabilitación, y por ende, evitar que muchos de ellos vuelvan a delinquir generando un costo social que al final del día deberemos asumir todos los peruanos. Invertir en los penales, mejorar sus niveles de habitabilidad, combatir las enfermedades que en ellos se instalan son a la larga una manera de invertir en nuestra propia seguridad, además de ser un deber ético de todo Estado para con un sector de su población que habiendo cometido un error tiene todo el derecho de reivindicarse y ser tratado con dignidad. Cómo bien diría alguna vez Tolstoi “observa cómo tratas a tus presos y sabrás los niveles de civilización presentes en tu sociedad”, o algo así, no recuerdo bien.


Rafael Rodríguez Campos

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