Obama y América Latina

La última Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago; sin lugar a dudas, confirma el nuevo estilo de gobierno que ha asumido Washington desde que Barack Obama asumiera la presidencia de los Estados Unidos. A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años en la Cumbre de Mar de Plata, en la cual el ex mandatario americano, George W. Bush, recibió una andanada de pifias y abucheos, luego de tratar de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas como única solución a los problemas sociales y económicos de la región, en esta oportunidad el mensaje de Obama de apertura y equidad en el diálogo, de cooperación y de no imposición de políticas a los demás países de la región, recibió el aplauso y el reconocimiento de diversos jefes de Estado. “La cumbre sin ser perfecta se acercó a la perfección. Reinó la cordialidad y ha terminado con éxito y con un clima nuevo”, señaló Hugo Chávez, al cierre de la reunión. “Obama se ganó la voluntad de Latinoamérica”, fueron las palabras del presidente hondureño, Manuel Zelaya. “Creo que están puestas las bases para relanzar una nueva etapa en las relaciones del continente”, mencionó, Felipe Calderón, presidente de México. El mismo Obama, dejó en claro su satisfacción con los acuerdos y con la voluntad de unión continental expresados en esta cumbre: Mostramos que aunque tengamos nuestras diferencias, podemos y debemos trabajar juntos en cuestiones en las que tengamos intereses comunes. Mostramos que en América no hay grandes ni pequeños socios, solo somos compañeros, comprometidos en avanzar en una agenda común de retos comunes”, declaró el presidente estadounidense.

Pero el nuevo estilo en la administración estadounidense no se expresó recién en la cumbre. Días anteriores, el gobierno americano en un hecho histórico, que seguramente marcará un antes y un después en cuanto a la relación entre los Estados Unidos y la región, decidió levantar las restricciones a los viajes y envíos de remesas a Cuba, como un gesto amistoso y una rectificación sincera de una política que por largos años no ha logrado los objetivos para los que fue pensada, democratizar la sociedad cubana devolviéndole a sus ciudadanos el ejercicio cabal de sus derechos civiles y políticos, más aun teniendo en cuenta la dura crisis económica que atraviesa el mundo y los huracanes que el año pasado azotaron la isla.

Cuba fue el tema que concitó mayor atención en la primera jornada de la cumbre. La presidenta argentina, Cristina Fernández, anfitriona de la última cumbre, aprovechó el discurso de inauguración de la reunión, para pedirle al gobierno estadounidense el levantamiento del embargo que desde hace 47 años le impuso a Cuba. En esa misma línea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que plantearía la derogación de la resolución que suspendió a Cuba como miembro de este organismo en 1962, iniciativa que será sometida a consideración en la próxima Asamblea General de la OEA, que se llevará a cabo en San Pedro Sula, Honduras, en junio de este año; propuesta que de inmediato fuera secundada por líderes de Estado, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que: “No puede haber una nueva Cumbre de las Américas sin Cuba en el futuro”.

Cuba, sin lugar a dudas, es un tema en el cual Obama demuestra su visión pragmática, más que ideológica, al momento de tomar decisiones en el ámbito de la política internacional. Obama se ha dado cuenta, y así lo reconoce en un artículo publicado para el Grupo de diarios América (GDA), que para hacerle frente a la crisis económica actual, no es necesario debatir si el modelo de una economía de corte estadista es mejor o peor que un modelo de economía basado en el libre mercado, en clara alusión a gobiernos como el de Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Daniel Ortega o Raúl Castro, que lo importante es tomar medidas responsables que miren el horizonte con realismo y que sean capaces de promover la prosperidad de todos los americanos.

Pero la cumbre, como era lógico presumir, no se agotó con el tema Cuba, Obama aprovechó esta reunión para establecer relaciones, mucho más cercanas, con dos de los más importantes países de la región como son México y Brasil.

Así, días antes de la cumbre, Obama viajó a México, y se comprometió a implementar y fortalecer mecanismos de ayuda y cooperación en temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico y la promoción del comercio. Obama ya había señalado con relación al problema del narcotráfico, que este era un tema que debía convocar los esfuerzos de todos los países de la región que estuviesen vinculados, directa o indirectamente con este flagelo, entre ellos, Colombia, Bolivia y, por supuesto, el Perú. Obama, como el resto de líderes de la región, es consciente de que el problema del narcotráfico genera otros más como el aumento de las tasas de criminalidad y de violencia en casi todas las capitales sudamericanas, por ello dejó en claro que la discusión en este tema debe de centrarse en fomentar políticas de corto, mediano y largo plazo, que cuenten con el consenso de la mayoría de países, y que a la larga logren articular una estrategia global que aborde la problemática desde diversos ángulos, brindando un apoyo decidido a todos aquéllos Estados e instituciones que luchan contra las pandillas, los cárteles de la droga, y las redes criminales y terroristas, aún presentes en algunas regiones del continente, dejando de lado el eterno debate de si los culpables de la violencia y la inestabilidad social son los paramilitares de derecha o los insurgentes de izquierda, que de cuando en cuando hacen noticia en nuestra región.

Este pragmatismo de Obama parece también haber cautivado y convencido a Lula da Silva, quien luego de reunirse con él en la Casa Blanca, reconoció la visión estratégica y de futuro que tiene el presidente estadounidense. Tengamos en cuenta que para la administración de Obama resulta vital tener a Brasil como socio importante en la región, no solo por su importancia geopolítica en el hemisferio, sino también por el tema del Etanol. Recordemos la importancia que el actual presidente de los Estados Unidos, le ha dado al sector energético desde la última campaña presidencial. Obama ha señalado en innumerables oportunidades la necesidad de explotar de manera eficiente nuestros recursos naturales con la finalidad de producir energía renovable que se mantenga en el tiempo, con el objetivo de, además de generar puestos de trabajo, hacer frente al cambio climático y al calentamiento global.

Por eso la importancia de establecer alianzas estratégicas con el gigante de Sudamérica, para luego, poder generar una red de cooperación en el campo de la tecnología, el fomento de la inversión, las remesas, el turismo, que le permitan al continente explotar al máximo sus ventajas comparativas y buscar mayores niveles de desarrollo y bienestar para todos en el hemisferio.

Con respecto a nuestro país, muchos analistas y un gran sector del periodismo destacaron el hecho que el jefe de Estado estadounidense llamara por teléfono a su par en el Perú, Alan García Pérez, días antes de esta Quinta Cumbre de las Américas. Algunos dijeron que este hecho no era motivo de sorpresa, ya que Obama buscaba el apoyo de los presidentes de la región para sacar adelante varias de sus iniciativas y propuestas que expondría en la cumbre, más teniendo en cuenta los logros económicos y comerciales que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos, hecho que, sin lugar a dudas, lo convenció de la importancia de la firma del Tratado de Libre Comercio con nuestro país. Sin embargo, y sin el ánimo de caer en el pesimismo, no creo que este gesto signifique el inicio de una relación mucho más cercana entre los Estados Unidos y nuestro país. Creo que la agenda internacional de los Estados Unidos tiene otras prioridades de mayor peso y, en el caso de América Latina, son países como Brasil, México, Cuba, Canadá, o Colombia, los que le generan mayor preocupación. En ese sentido, la llamada telefónica desde Washington al presidente García no es más que un gesto cordial y amistoso propio de este tipo de reuniones de alto nivel.

Sin embargo, el propio Obama ha señalado que son dos los temas los que aún se tienen que resolver en América Latina: El embargo sobre Cuba y la inmigración. Creo que el compromiso y las medidas adoptadas por Obama para solucionar ambos temas van por buen camino, pero no debemos de olvidar que ese objetivo no supone el esfuerzo único y exclusivo de los Estados Unidos. El propio Obama ha dejado en claro ello al señalar que así como se cuenta con el respaldo, casi unánime, para levantar el embargo en Cuba, también debemos de Mostrar esa misma convicción al momento de apoyar medidas que favorezcan la libertad, la igualdad y los derechos humanos de todos los cubanos. Este es un mensaje, más que claro y evidente, para el clan de los Castro, “Estados Unidos está dispuesto a dialogar, la Casa Blanca tiene la ilusión de que en algún tiempo todos los países de la región puedan reunirse conforme a la Carta Democrática Interamericana, pero ustedes deben también dar signos visibles que demuestren su compromiso con la libertad y la democracia”.

A pesar de ello, es preciso reconocer, como ya lo hemos venido diciendo, el cambio de actitud en la Casa Blanca con relación a nuestro continente. Washington dejó de lado la actitud de padre autoritario que trata de imponerles a los hijos menores un conjunto de políticas que muchas veces ni el mismo cumple. Dejó de lado la imagen de un gobierno al cual le gusta dictar e imponer medidas pero al que le cuesta y, muchas veces, hasta disgusta escuchar a los disidentes. Obama, es algo que debemos saludar y reconocer, ha traído consigo un conjunto de reformas en las maneras de hacer y entender la política en los Estados Unidos. Estados Unidos, ha pasado a ser el hermano mayor de una familia siempre problemática, capaz de marcar caminos para el desarrollo, pero consciente de que esos caminos deben ser elegidos libremente por todos y cada uno de sus hermanos más pequeños. El presidente de los Estados Unidos apuesta por la cooperación, por la solidaridad entre los pueblos, por el diálogo y la construcción de consensos en torno a temas de trascendencia mundial y continental, no divide al mundo ni a la región, en amigos o enemigos de la Casa Blanca. Obama ofrece brindarnos su apoyo no solo en temas de política económica o comercial sino también, durante su intervención en la cumbre, renueva su compromiso con la defensa de ciertos valores como la libertad de expresión, los derechos civiles, la defensa de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

Esperemos en todo caso, que estas muestras de simpatía para con el hemisferio, sean algo más que simples guiños que de cuando en cuando y de cumbre en cumbre Washington lanza a Latinoamérica, y se convierta en el preludio de una nueva era en la región.

Rafael Rodríguez Campos

Un nuevo Sendero en el VRAE

El pasado 9 de abril, en la localidad de Sanabamba, departamento de Ayacucho, dos patrullas del Ejército fueron cobardemente emboscadas por una columna senderista, dejando como saldo la fatídica cifra de 14 efectivos muertos y un número considerable de heridos de gravedad. Una vez más nuestro país fue testigo de la violencia terrorista, una vez más los responsables políticos y militares del orden interno y la seguridad nacional, ensayan respuestas y justificaciones de toda índole a la avalancha de críticas que llueven sobre el gobierno, desde diversos sectores de la sociedad, mediante las cuales se pretende poner en evidencia el fracaso de la estrategia implementada por el Ejecutivo en la lucha contra la subversión en las regiones del Valle de los ríos Apurímac y Ene.

Lo primero que cabe hacer en éstas circunstancias es, sin lugar a dudas, ofrecer nuestras condolencias, reconocimiento y solidaridad para con las víctimas y sus familiares, las cuales ante la pérdida del ser querido no esperan sino la sanción ejemplar a los responsables de tal delito y la gratitud y el respaldo institucional de un Estado que durante muchos años se ha mostrado indiferente para con aquéllos que en distintos lugares de nuestro país, ofrecieron su vida y expusieron su integridad, con la única finalidad de defendernos a todos los peruanos frente a un terror y una violencia, que hoy recibe el nombre de narcoterrorismo (a la fecha tenemos 3280 efectivos que han sufrido daños en alguna de sus facultades físicas o mentales, cuyos derechos, reconocidos por ley, no han sido tomados en cuenta por los últimos gobiernos).

Muchas fueron las respuestas que se ensayaron desde el gobierno para justificar el conjunto de desaciertos que tuvieron como colofón la muerte de los oficiales, finalmente, el peso de las evidencias y el diagnóstico de una pléyade de especialistas en lucha antisubversiva y lucha contra el narcotráfico, terminó por eclipsar todo intento por evadir responsabilidades en el Ejecutivo.

El primero en reconocer los errores en la lucha contra el narcoterrorismo fue, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon: es necesario replantear la política del gobierno en esta materia, señaló, anunciando además la presentación de un plan integral en un plazo no menor de 20 días, el cual será sometido a consideración del Parlamento para el estudio de las normas cuya promulgación resulten ser necesarias. A su turno, el titular del sector de Defensa, Ántero Flores Araoz, durante la exposición sobre la descripción y la estrategia general en el VRAE, señaló que era necesario hacer rectificaciones porque se han cometido muchos errores, como el reclutamiento de menores de edad al servicio militar, como el caso de Robinson Macedo, de 17 años una de las 14 víctimas de la emboscada terrorista, disponiendo una investigación y sanción ejemplar a los responsables de tamaña imprudencia (a la fecha la Defensoría del Pueblo ha recibido más de 120 denuncias sobre menores de edad reclutados por el Ejército en diversos puntos del país, en especial en Ucayali, y enviados luego, de manera arbitraria e inconsulta, a Ayacucho). A estos dos ministros se sumó la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, la misma que aprovechó la oportunidad para pedir la mejora de la capacidad operativa de la Policía incrementando los recursos humanos y los gastos comprometidos en el presupuesto, y planteando, además, la construcción de una Base Policial del Frente VRAE.

Estas tres declaraciones públicas no hacen sino confirmar aquello que muchos intuíamos y veníamos escuchando desde hace ya algún tiempo de boca de personas conocedoras de la problemática en esta región: el gobierno tiene serios problemas al momento de identificar e implementar una política integral de lucha contra el narcoterrorismo, la misma que abarque el aspecto social, político, económico del conflicto, y no sólo pretenda dirigir la mirada al ámbito militar, que sin dejar de ser importante, parece no ser suficiente a la hora de enfrentar con éxito esta batalla, que por su importancia y trascendencia debería encontrarnos unidos a todos los peruanos, mas allá de las preferencias o colores políticos que unos u otros tengamos.

El problema del narcoterrorismo en el Perú es preocupante, no sólo por el número de víctimas fatales que este cobra, sino por el daño que ocasiona al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Así tenemos que la ola de violencia terrorista, vinculada sin lugar a dudas al negocio de la droga, parece haber ido en ascenso durante el último año, sobre todo en lo que se refiere a ataques sufridos por las Fuerzas Armadas. Tenemos que en el año 2008 fueron 6 atentados los producidos, con al menos 25 muertos. Hoy en día las cifras reflejan que en el 2009 la acción de Sendero Luminoso se ha incrementado en casi un 100% en el número de víctimas fatales, situación que debe de preocupar no sólo a las altas esferas del gobierno sino a la ciudadanía en general.

Sin lugar a dudas, un primer paso en la solución de este problema, es justamente ese, reconocer que existe un problema, un problema que no hemos sido capaces de identificar con claridad y al cual no le hemos dado eficaz solución, por ello resultaron algo menos que bromas de mal gusto las declaraciones que en su momento ofreciera el Premier en las cuales señalaba que el VRAE, que había sido perdido totalmente en los últimos ocho años, había sido recuperado, cuando hoy en día sabemos todos que la situación descrita por el Premier no es otra cosa que una realidad deseada que sólo existe en su imaginación, más cuando en días anteriores a la emboscada, los propios senderistas habían realizado una serie de actividades de proselitismo, como pintas, en toda esa zona. Por su parte, el Presidente García, manifestó que el Perú se encuentra en una guerra y que, lamentablemente, “toda guerra tiene sus costos”. Sin lugar a dudas, toda guerra tiene sus costos, pero esos costos son más dolorosos de pagar cuando son producto de la irresponsabilidad y la incapacidad de un gobierno para enfrentar este problema con realismo y objetividad, el cual parece pretender eludir responsabilidades recurriendo a frases tan vacías como indignantes: se trató de un error humano, un error de planificación, señalaron algunos corifeos del partido de gobierno. Como si las operaciones en esa región pudiesen ser confiadas a personal que no cuenta con la mínima preparación militar para combatir en una zona que por su geografía y por las características del enemigo parece reclamar al mejor y más selecto grupo de militares con los que cuente nuestras Fuerzas Armadas (se sabe, por informes de inteligencia, que el movimiento senderista en esa zona cuenta en la actualidad con fusiles Fal, Galil, AKM, ametralladoras HK, PKT y lo que es peor, lanzagranadas y lanzacohetes RPG que pueden derribar helicópteros).

Pero como en todo conflicto, lo primero que debemos de hacer es identificar con claridad al enemigo. En ese sentido, queda claro que el día de hoy nos enfrentamos a un nuevo Sendero Luminoso, un Sendero Luminoso que dejó de lado la prédica mesiánica y milenarista de reinvindicación de los postulados ideológicos de Marx, Lenin o Mao, a través de la interpretación que sobre ellos realizara la llamada cuarta espada del marxismo, su líder Abimael Guzmán Reynoso, para convertirse en una firma más del narcotráfico, que reclama para sí, y sin el menor rubor, la propiedad y la autoridad sobre las zonas del VRAE, ya no con la finalidad de utilizarlas como campos de adoctrinamiento político o instrucción militar para la lucha contra las fuerzas de la reacción del Estado Burgués al cual querían desaparecer para instalar la dictadura del proletariado, sino con la mafiosa intención de mantener intacto su real y lucrativo negocio de la droga.

Es este cambio, esta mutación en el interior de Sendero Luminoso el que torna mucho más complejo el fenómeno narcoterrorista y el que hace mucho más difícil la tarea de diseñar un plan antisubversivo coherente que logre vencer al enemigo en todos los frentes.

Hoy en día Sendero convive amigablemente con la población de esa zona. Hoy en día Sendero se mimetiza de una manera cordial entre los lugareños. Hoy en día hace lo que en décadas pasadas hacían las Fuerzas Armadas o policiales en su afán de ganar el apoyo de la población. Hoy Sendero ofrece recursos para poner agua potable, construir canchas deportivas o pintar colegios. Hoy Sendero, incluso paga para que la gente se una a ellos, no la fuerza, no les roba su comida o sus animales, no se muestra beligerante frente a ellos, utiliza el discurso político o ideológico como una fuente de legitimidad ante el pueblo. Pero sobre todo, hoy Sendero trata a los pobladores no como a sus enemigos a los cuales condenaba a muerte en los juicios populares por soplones o por brindar información a los agentes del Estado, hoy Sendero entiende que debe ser cómplice de esa población, a la cual le compra la producción ilegal de la coca que ellos cultivan.

Sin embargo, la estructura de Sendero Luminoso también presenta fisuras. Sendero, hoy en día, es una organización que convive con dos grupos antagónicos en su interior: El Comité Regional Principal, encabezado por el camarada José (Compañía Norte), Alipio (Compañía Centro) y Raúl (Compañía Sur) y el Comité Regional del Huallaga, encabezado por Artemio. Este último comité avala las propuestas del llamado acuerdo de paz o solución política de los problemas derivados de la guerra, que son la base de la propaganda que propala Sendero tanto en el Perú como en el extranjero. A diferencia de Artemio, los cabecillas del denominado Comité Regional Principal, no reconocen la autoridad real de Guzmán, utilizan su nombre para el discurso político, pero han decidido seguir su propio camino, un camino al cual han bautizado con el nombre de Guerra Popular, la misma que focaliza su accionar militar en la región del VRAE, un camino que está marcado por el polvo blanco de la droga.

Es justamente esta facción, instalada en el VRAE, la cual mantiene lazos estrechos con el narcotráfico. El Comité Regional Principal se ha convertido en el guardián, en la seguridad privada de los narcotraficantes en esa región, no sólo porque apoyan el traslado de la droga hacia Lima, protegiendo el paso de los denominados mochileros, sino porque además, ellos mismos, son dueños de campos de cultivo de coca, pozas de maceración e insumos químicos para la elaboración de la droga (hoy nuestro país es visto no sólo como productor de hoja de coca a gran escala sino como exportador de pasta básica de cocaína y drogas plásticas, procesadas y elaboradas en nuestro territorio).

Por todo ello, el gobierno debe de tomar un nuevo rumbo en la lucha antisubversiva, debe redefinir su accionar, debe tener en cuenta la problemática social, económica y política que se encuentra inmersa en el tema del narcoterrorismo, debe ser capaz de reconocer el nuevo rostro del enemigo, de un enemigo que cuenta con el dinero suficiente para comprar armas y voluntades, capaz de silenciar con los dólares del narcotráfico, la voluntad de aquellos que no tienen y no conocen otra manera de sobrevivir sino mediante el cultivo ilegal de la hoja de coca. Por ello, creo que la estrategia debe tener como eje central de lucha, el desarrollo social y económico de la zona, el cual debe buscarse mediante la presencia real y efectiva de las instituciones del Estado. Es el Estado el que debe de llevar educación, salud, vivienda y bienestar a esa población, no Sendero, es el Estado y sus instituciones el que tiene el enorme reto de volver a ganarse el afecto de la población, porque la lucha contra Sendero sólo se gana cuando el Estado cuenta con dos factores a su favor: apoyo de la población y un servicio de inteligencia operativo (sólo como dato final, debemos tener presente que el Servicio de Inteligencia del Ejército fue desactivado en el año 2001).


Rafael Rodríguez Campos

Un proceso histórico: Fujimori sentenciado

Fueron 17 años de dura espera, fueron 17 años de lucha y esfuerzo constante por alcanzar justicia, fueron 17 años de agravios, fueron años en los cuales el oprobio y la persecución fueron el sino que marcó la vida de los deudos de las víctimas de los Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y La Cantuta (18 de julio de 1992), fueron 17 años que han llegado a su fin.

Luego de todo este tiempo, en un fallo que marca un hito histórico en la justicia peruana y latinoamericana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado y lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad. Sin lugar a dudas, este 7 de abril será recordado como la fecha en la cual el Poder Judicial le devolvió la bandera de la justicia a nuestra débil democracia, ello porque luego de casi 16 meses de audicenias, tiempo durante el cual ninguna de las partes puso en tela de juicio la imparcialidad y el respeto por el derecho de defensa y debido proceso del acusado, el tribunal emitió una sentencia cuya calidad argumentativa y fundamentación fáctica y jurídica han recibido el reconocimiento y admiración de la mayoría de sectores de nuestra sociedad y de la comunidad internacional en general.

Debemos de recordar que en la historia republicana de nuestro país, Fujimori es el segundo mandatario que resulta ser condenado por delitos cometidos durante su gobierno, antes fue Augusto B. Leguía, quién tras luego de ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, murió en su celda durante los años en los cuales purgaba condena. Sin embargo, Fujimori será recordado por los libros de historia como el primer ex mandatario civil, elegido democráticamente en toda Latinoamérica que fue llevado a juicio y fue condenado por los tribunales de su propio país por delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. A diferencia de lo ocurrido con los ex dictadores de Chile, Augusto Pinochet (1973-1990), y de Paraguay, Alfredo Stroessner (1954- 1998), quienes fallecieron sin llegar a ser condenados por los tribunales de sus respectivos países por delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o el secuestro.

El fallo, como hemos dicho anteriormente, constituye un hecho histórico y trascendental para la escena nacional e internacional, es un fallo que traspasa las fronteras de nuestro país, es una llamada de atención para todos los gobernantes del mundo, es un mensaje que pone de manifiesto el compromiso de los tribunales nacionales e internacionales con la defensa y protección de los derechos humanos y, además, reinvindica el compromiso democrático del Estado peruano por investigar y sancionar a los responsables de crímenes de esta naturaleza por más que éstos tengan la calidad de ex presidentes, como ha sido en el caso de Fujimori.

Es importante destacar que el juicio que se ha llevado a cabo contra el ex presidente Fujimori ha sido sobre los delitos de homicio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista, Gustavo Gorriti y el empresario, Samuel Dyer. Esto debe de quedar claro ya que el ni en el juicio ni en la sentencia se ha pretendido evaluar la política desarrollada por Fujimori durante su gobierno. Por tanto, no resulta relevante para el resultado final del proceso, como así lo ha pretendido exponer la defensa del ex mandatario, evaluar los logros que Fujimori durante su gestión pudo cosechar, no resulta relevante probar o comprobar si sus medidas hicieron viable a nuestro país, o si fue el artífice de la lucha contra la subversión, o si gracias a su política económica el Perú pudo salir de la crisis y reinsertarse en el escenario mundial o si fue el gran gestor de la paz con el Ecuador.

Teniendo en cuenta dicho apunte, debemos reconocer que el fallo emitido por el tribunal ha sido escrupuloso en dar respuesta estricta a los términos en los cuales el Ministerio Público planteó la acusación contra Fujimori. A Fujimori se lo acusaba de ser el autor mediato de los homicidios de los Barios Altos y La Cantuta por dominio de la voluntad de un aparato organizado de poder y, a partir de ello, el tribunal expuso y sustentó la responsabilidad del ex presidente en 247 fundamentos de hecho que acreditan fehacientemente que Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, estuvo detrás de la organización, ejecución y encubrimiento de los crímenes antes mencionados, en otras palabras, que Fujimori, conoció, aprobó, premió y encubrió las acciones del Grupo Colina.

Mucho se ha dicho en torno a la utilización de la teoría de la autoría mediata como figura penal utilizada en el juzgamiento de Fujimori, algunos dicen que en la sentencia en la cual se determina la responsabilidad del ex presidente no se hace mención a ninguna prueba directa que acredite su responsabilidad penal, que no existe algún documento o video en el cual se pruebe que Fujimori ordenó de manera directa los asesinatos de los Barrios Altos y La Canuta. Ahora bien, sin ánimo de ingresar a un debate técnico en torno a este tema, habría que decir en principio que en este tipo de casos en los cuales se trata de probar la responsabilidad del agente (en este caso Fujimori) como autor mediato de asesinatos a través del dominio de un aparato de poder organizado, resulta imposible encontrar una única prueba, como una carta, comunicado u orden escrita, firmada por el propio acusado en la cual él de manera explícita le transmita las órdenes a sus subordinados para la comisión de tal o cual delito. Por tanto, lo que corresponde en estos casos, es trabajar con lo que la doctrina ha denominado prueba indiciaria, es decir, determinar a partir del análisis de un conjunto de indicios, todos ellos coherentes entre sí, la responsabilidad del imputado, hecho que ha quedado plenamente probado con los ya mencionados 247 fundamentos de hecho que sirven de sustento fáctico de la sanción a 25 años de prisión para el ex mandatario.

Cabe mencionar, que la teoría de la autoría mediata fue obra de Claus Roxin, jurista alemán, quien en 1963 la definió para juzgar a Adolf Eichmann, uno de los jerarcas del régimen nazi que fue responsable de la muerte de miles de judíos. Este autor, dice que se considera autor mediato a quien hace ejecutar un crimen mediante otro sujeto, cuya voluntad carece de libertad, y que se puede efectuar valiéndose de una estructura organizada de poder. Señala también que el autor mediato dispone de una maquinaria para cometer una multiplicidad de delitos.

Resulta importante mencionar, que dicha figura jurídica ya ha sido empleada en nuestro país en la sentencia condenatoria contra Abimael Guzmán que dictó la Sala Penal Nacional en el 2006 y también fue aplicada por la Primera Sala Anticorrupción para condenar al general Julio Salazar Monroe.

Por tanto, resulta poco serio e irresponsable, señalar que la aplicación de esta teoría para el caso del ex presidente no hace sino confirmar la persecución de la cual él ha sido víctima ya que se trató de crear una figura penal con el único ánimo de encarcelar a Fujimori, tal y como se empeñan en señalar su hija los miembros de su agrupación política, más cuando fue la justicia de otro país, en este caso la justicia chilena, la que determinó que existían razones e indicios razonables que acreditaban la responsabilidad de Fujimori en estos crímenes, y fue esa convicción la que permitió que la Corte Suprema de ese país le concediera al Estado peruano el pedido de extradición de Alberto Fujimori, así lo señaló la fiscal chilena Mónica Maldonado, en el informe en el que sustentaba que Chile estaba obligado a conceder la extradición: “Fujimori ha intervenido como autor mediato al encontrarse en una jerarquía superior como instigador intelectual de los crímenes contra la humanidad que se le atribuyen, señaló en su oportunidad., tesis que luego sería confirmada por el tribunal chileno que resolvió en última instancia el pedido de extradición.

Pero más allá de la condena de 25 años a Fujimori, el fallo de este tribunal presenta elementos, que desde el punto de vista jurídico y ético son de vital importancia, en él se señala que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves que se le atribuyen a Fujimori constituyen crímenes contra la humanidad, en tal sentido, se cierra la posibilidad de un posible indulto o amnistía, todo ello de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de nuestro país, en la cual se establece con claridad que: no procede la concesión del derecho de gracia, llámese indultos o amnistías, para aquellas personas que hayan sido encontradas responsables de violaciones a los derechos humanos. A su vez, este fallo dignifica la memoria de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta, al dejar en claro frente al país, que ninguno de ellos tenia vínculos directos o indirectos con Sendero Luminoso o el MRTA, ninguno de ellos era terrorista. Sin lugar a dudas, este extremo del fallo, mas allá de las discusiones técnicas que se puedan desatar en torno a su conveniencia o no, no hace sino reafirmar el espíritu de este tribunal por defender y enarbolar las banderas de la justicia y la verdad, una verdad que trató de ser ocultada durante más de 17 años por Fujimori y sus cómplices. Pero además, en el fallo se señala algo que durante muchos años se supo pero de lo cual no se tenía total certeza, y ello es que la acción del Grupo Colina fue mucho más sangrienta y cruel de lo que algunos pensaban o no querían reconocer. Así, este tribunal estableció que durante el gobierno de Fujimori se cometieron al menos 50 ejecuciones extrajudiciales en Lima entre 1991 y 1992, entre los que podemos destacar, el asesinato de 10 personas, el 2 de mayo de 1992 en El Santa, el asesinato de Pedro Sauri y la muerte de la familia Ventocilla (6 miembros), el 24 de junio de ese mismo año, el asesinato de 6 personas, el 29 de enero en Pativilca, y un sin número más de crímenes que llevó a cabo el denominado escuadrón de la muerte.

Este fallo, que duda cabe, marca un antes y un después en la historia republicana y democrática de nuestra patria, cierra un capítulo de tristeza, desasosiego, violencia e indiferencia del Estado para con los más humildes, para con las víctimas del terror de aquellos años, pero abre un camino de esperanza para la consagración y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Este fallo, pero sobre todo, este juicio nos da la oportunidad de extraer importantes lecciones para la vida jurídica, política y ética de nuestra nación.

Desde un punto de vista jurídico y político, este juicio, no hace sino confirmar que la Democracia, con todos los defectos y yerros que pueda entrañar, es capaz de juzgar con respeto y con sujeción a la ley y a la Constitución a toda aquella persona que cometa un delito, por más atroz que este sea, nos enseña que no es necesario combatir el terror con más terror, nos enseña también que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que quién comete un delito debe de ser investigado, procesado y sancionado con el pleno respeto por sus derechos fundamentales, como el de defensa y el debido proceso, tal y como ha sucedido en el caso de Alberto Fujimori.

Pero lo más importante, desde un punto de vista ético, es que este juicio confirma la convicción humanista, que nunca más, la violencia, venga de donde venga, ya sea del Estado o de movimiento radicales o terroristas, que trae consigo la vulneración de derechos como la vida, la libertad, la integridad o la dignidad de las personas quedará impune, por más poderosa que sea la persona que los haya cometido y a la cual le toca comparecer ante los tribunales. En otras palabras, este fallo niega aquella frase según la cual el fin justifica los medios, este fallo proscribe la idea, tan arraigada en nuestras latitudes, de que el engaño, la mentira o el asesinato están permitidos en política, este fallo es, como ya hemos señalado, un símbolo de la defensa de la justicia y la verdad como valores auténticamente democráticos, pero sobre todo, este fallo actualiza aquella frase de que el fin del Estado y la razón de su existencia no es otra sino la defensa, garantía y promoción de la vida y las libertades de todos sus ciudadanos.

Rafael Rodríguez Campos

El poder y la democracia: el error de Alan García

La semana que pasó estuvo cargada de sucesos que desataron la polémica política y social en nuestro país. Por un lado, la demora incomprensible y sospechosa en el nombramiento del nuevo Contralor General de la República, por el otro, la serie de declaraciones que sobre el conflicto limítrofe profirieron altos funcionarios peruanos, chilenos y bolivianos, crisparon los ánimos de la clase política de estos países. Pero, sin lugar a dudas, fueron las declaraciones del Presidente de la República las que generaron mayor preocupación y debate en la escena nacional: “En el Perú, el presidente tiene un poder, no puede hacer presidente al que él quiera, pero si puede evitar que sea presidente quien él no quiere. Yo lo he demostrado”, enfatizó.

Esta fue la manera como el presidente decidió saludar a los banqueros latinoamericanos que se dieron cita en la Reunión Anual de Ejecutivos del Instituto de Finanzas Internacionales, comprometiéndose a brindarles y a mantener un clima de tranquilidad y paz social propicio para sus inversiones. “Aquí no se va a mover nada. De ninguna manera vamos a retroceder eso se los garantizo porque es mi oficio”, puntualizó, arrancando más de un aplauso espontáneo y una sonrisa cómplice entre los presentes.

Las palabras del Presidente corrieron como regadero de pólvora, y ya por la noche eran repetidas una y otra vez en todos los noticieros y programas políticos del medio local. Qué pensaba García cuando profería estas declaraciones, a quién se refería, que candidatura decidirá impedir en los comicios del 2011, se habrá referido a Mario Vargas Llosa, durante la campaña electoral del 90, cuando señaló que el ya había demostrado ese poder de impedir una candidatura que no es de su agrado.

Fue una metida de pata, esa fue la conclusión a la cual hemos llegado todos los que seguimos la noticia y algo sabemos del temperamento de García. Al parecer, la presencia de los banqueros aún lo pone nervioso y es por ello que no pierde oportunidad para fortalecer los lazos de confianza que durante este gobierno ha tratado de establecer con un sector para el cual durante largos años fue una especie de anticristo económico y financiero, sobre todo desde aquél fatídico año de 1987 en el cual pretendió estatizar la banca.

Casi 20 años han transcurrido desde aquella campaña electoral de 1990, tiempo suficiente para hacer ahora una suerte de recuerdo reflexivo y desapasionado en torno a la manera cómo el actual Presidente, y Presidente en ese entonces, ayudado por su partido y por su numerosa clientela política que infestaba cuanto ministerio y organismo público tenía en frente decidió arremeter contra Mario Vargas Llosa cerrando filas en favor de un desconocido y advenedizo Alberto Fujimori que tentaba el Sillón de Pizarro sin otro mérito que el de haber ejercido tímidamente la Presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores, pero que desconocía y carecía de las más elementales condiciones de un estadista, o en todo caso, de un estadista auténticamente democrático.

Aquella campaña fue ignominiosa para Vargas Llosa, nunca pensó el escritor que el terreno de la política fuera tan escabroso y tan carente de los más elementales parámetros de la ética democrática. Así lo reconoce don Mario en su libro El pez en el agua, en el cual relata la campaña que desató García en su contra durante esas elecciones y en especial durante la segunda vuelta: “Las piedras eran un asunto secundario en la guerra sucia preparada por García y sus secuaces contra mí, para esta última etapa”, escribe. “Lo de los impuestos era una entre varias operaciones de descrédito con las que el gobierno trataba de impedir lo que todavía a estas alturas parecía un triunfo arrollador del Frente Democrático”, enfatiza. “Se me pretendió presentar como un pervertido y pornógrafo, la prueba de tan aberrante afirmación era mi novela Elogio de la madrastra, que fue leída a razón de un capítulo diario, en Canal 7, del Estado (que tenía entre sus más connotados trabajadores al periodista Mauricio Mulder, hoy congresista y Secretario General del Partido Aprista) a horas de máxima audiencia.

Para los desmemoriados habría que recodar que ésta campaña infame, llena de oprobios, denuestos y libelos de todo calibre fue dirigida por el publicista aprista Alfonso Salcedo, el mismo que luego de más de 10 años publicó un artículo titulado Perdóname, Mario, el torpe fui yo, quizá recordando que su máximo líder tuvo que huir del país durante los años de la dictadura fujimontesinista, una dictadura monstruosa a la cual él ayudó a nacer. Como pueden apreciar, el Presidente no miente cuando asegura que en el Perú el mandatario tiene el poder para evitar que el candidato que no sea de su agrado gane las elecciones presidenciales. El ya lo demostró, y vaya cómo lo demostró.

Como era de esperarse, tamaño exabrupto recibió la desaprobación de toda la clase política, salvo la del partido de gobierno como resulta lógico ( es justo señalar que fue el talentoso político y jurista aprista, Javier Valle Riestra, el único en calificar de grave, tamaño desatino verbal del Presidente, disculpándose por no poder brindar mayores declaraciones sobre el tema por la reconocida disciplina partidaria aprista), la cual encabezada por Lourdes Flores y Ollanta Humala, no dudaron en recordarle al Presidente de la República que en democracia él cumple una función política y constitucional, la cual le obliga a mantener una sobria posición en torno al desarrollo de los procesos electorales, más cuando como hemos podido apreciar, existe una historia y un pasado que no necesariamente hablan de un García respetuoso de aquél principio constitucional y democrático que le exige al jefe de Estado una posición neutral frente a los candidatos que serán elegidos por el voto popular.

Al parecer esta vez, como tantas otras, el Presidente fue presa de la soberbia, la cual en más de una oportunidad le ha jugado una mala pasada, nublándole el juicio, restándole, de ese modo, ese carácter institucional que debe de exhibir la Presidencia de la República.

Pero las críticas fueron cayendo una tras otra, esta vez no provenían únicamente de la clase política o de la oposición, a la cual este gobierno está acostumbrado a ningunear y maltratar. Personalidades del prestigio de Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), no dudaron en manifestar su extrañeza y preocupación por las declaraciones del Jefe de Estado, advirtiendo que las mismas pueden generar una serie de especulaciones sobre la claridad del proceso electoral del 2011, debido a que podrían ser interpretadas como una vedada injerencia en el proceso electoral. La mismísima ONPE Y JNE (Jurado Nacional de Elecciones) se vieron obligados a emitir un comunicado conjunto descartando cualquier posibilidad de ser utilizados por el Gobierno en los comicios presidenciales próximos.

García se percató del tremendo bolondrón y del ruido político que sus frasecitas habían ocasionado y no dudó en tratar de matizarlas: “El Perú es una democracia y no puede imponer otro presidente. Yo me refería a modelos de gobierno y no a personas en particular”, señaló antes de ingresar a la ceremonia de renovación de la directiva de la Confiep. A esa hora, todo el Perú sabía que era Ollanta Humala el candidato al cual García hacía referencia cuando hablaba de salvar al Perú del retroceso y de bloquear al “candidato antimercado o antisistema”.

Pero más allá del escándalo y del debate mediático y pre electoral que este incidente desafortunado ha ocasionado no debemos perder de vista el problema de fondo que trae consigo este tipo de actitudes y declaraciones de voluntad del jefe de Estado, la cuestión es indagar en torno a cuál es el concepto de democracia constitucional que maneja García y la clase política en general, para a partir de ello poder determinar si este tipo de conductas y declaraciones públicas se condicen con el conjunto de deberes que le corresponde asumir a un presidente en un Estado de Derecho

En ese sentido, habría que recordar que la democracia se funda en el predominio de la mayoría, pero respetando el derecho de la minoría y de la oposición política en su conjunto. La democracia, a diferencia de la dictadura, defiende y consagra la libertad y la igualdad entre los hombres. En tal sentido, la tiranía de un partido, de un hombre, de una casta, de una categoría social o grupo, niegan estos dos valores fundamentales sobre los cuales se asienta nuestro sistema de libertades.

Lo cierto también es que la democracia presupone cierto relativismo político y axiológico, debido a que no existen verdades absolutas en estos campos, ya que la opinión que en un momento determinado de la historia es tenida como válida puede y debe perder vigencia con la llegada de las nuevas generaciones. Es por ello, que la democracia puede ser vista también como aquella forma de gobierno en la cual el juego de roles entre la mayoría y minoría es constante, es casualmente este juego el que asegura la libertad y la igualdad de los hombres, permitiendo que la alternancia en el poder sea constante impidiendo que se consagren poderes absolutos que valiéndose de tal condición impongan esquemas autoritarios para la sociedad, tal y como sucede en aquellos países en los cuales mediante mecanismo ilegales se avasalla y muchas veces desaparece, incluso físicamente, a aquellos que no comparten la posición mayoritaria u oficial.

Es por ello, que el relativismo y, por ende el pluralismo político y la tolerancia constituyen los supuestos ideológicos de la democracia, estos preceptos con su doctrina de que ninguna ideología o posición política es totalmente cierta o totalmente falsa, son necesarios para contrarrestar en la arena política aquella perversa tendencia a creernos dueños de la verdad y ver en el disidente a una persona carente de sentido común o bondad, imponiendo por la fuerza nuestro propio esquema mental.

Ante ello, debemos entonces ser cuidadosos y estar bastante atentos a todo tipo de injerencia que pueda distorsionar el proceso mediante el cual los ciudadanos elegimos nuestro propio destino, como individuos y como grupo social. Debemos de recordarle a los políticos que la democracia es más que una forma de gobierno, es más que el gobierno de las mayorías, la democracia es un estilo de vida integrado por las mayorías y minorías sociales.

Estoy seguro que el Presidente de la República conoce el verdadero sentido de la palabra democracia, aunque a veces se esfuerce por hacernos pensar lo contrario como en la década de los 90 o con sus recientes declaraciones. El presidente, acierta en dar marcha atrás en sus palabras, acierta en el sentido de las mismas cuando dice que si el gobierno hace bien las cosas, logra inversión, genera puestos de trabajo, amplia los servicios sociales, resulta casi imposible que un candidato antisistema, antimercado, o antidemocrático pueda recibir el apoyo de la inmensa mayoría. Los auténticos demócratas combatimos el pensamiento antisistema y autoritario venga de donde venga, pero mediante los mecanismos de la propia democracia, no es necesario convertirnos en un antisistema para defender los valores constitucionales, eso es lo que quisieran justificar algunos, como Alberto Fujimori Fujimori, por ejemplo, los verdaderos demócratas defendemos la libertad y el derecho de todos los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes, los verdaderos demócratas pueda que no compartamos el sentir y los puntos de vista de otros sectores, pero siempre estaremos prestos para defender el derecho de otros estos a participar en elecciones libres y expresar sin temor su pensamiento, y ello porque la democracia, como estilo de vida, como forma de gobierno, florece en aquella comunidad en la cual la cultura política, social o económica no se halla dominada por un valor único.

No lo olvide señor presidente, no pretenda imponernos su verdad como si fuera divina y por favor no le haga el juego a los antisistema, que están prestos para utilizar cualquier metida de pata suya para victimizarse y poner en tela de juicio nuestro ya frágil orden democrático.

Rafael Rodríguez Campos