martes, 24 de noviembre de 2009

La corrupción y el desarrollo en América Latina


Nadie en América Latina puede poner en duda el hecho de que en los últimos años el continente ha venido atravesando, hasta antes de la crisis inmobiliaria americana que afectó a todos, un período de crecimiento económico sostenido que le ha permitido disminuir en mayor o menor medida, dependiendo de las políticas institucionales adoptadas por los diversos gobiernos, los índices de pobreza y exclusión a los cuales se llegó durante la década de los ochenta a la cual los especialistas e instituciones como la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) bautizaron con el desesperanzador nombre de la “Década Perdida”.


Con esas estadísticas tenemos hoy en día un continente en el cual el ingreso per cápita ha venido en continuo aumento generando un clima de mayor confianza, otorgándole a los gobiernos que han seguido una política económica y fiscal responsable una mayor estabilidad y un mayor margen a la hora de implementar políticas de largo aliento vinculadas al fortalecimiento y promoción de mecanismos de comercio exterior como la firma de TLC’s o la elaboración de proyectos de inversión a gran escala vinculados con la modernización de infraestructura.


Por todo ello, parece ser que los analistas de nuestra región, o en todo caso una gran parte de ellos, centran exclusivamente su análisis en la evaluación de índices macro económicos que como ya hemos dicho nos pinta de cuerpo entero a un continente con un futuro más que promisorio. Sin embargo, son otras las cifras las que también se deben de evaluar al momento de determinar si un país o un continente, como sucede en el caso de América Latina, han iniciado o no el verdadero camino hacia el desarrollo. Entre estos indicadores o temas a tener en cuenta están aquellos vinculados a la seguridad jurídica, el orden y la paz social, la violencia, la discriminación social de todo tipo o la corrupción pública o privada, entre otros.


Hace algunas semanas, en el informe elaborado por Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción en América Latina, se señala que la corrupción como fenómeno social se ha extendido gravemente en la mayoría de países de la región como producto de la crisis y debilidad institucional y democrática, la práctica deficiente de políticas de gobierno y la presión excesiva que los grupos de interés ejercen sobre los gobiernos a los cuales muchas veces capturan poniendo al servicio de sus intereses particulares a toda la maquinaria estatal situación que genera en la ciudadanía sentimientos de desconfianza que tornan cada vez más difícil el fortalecimiento de lazos de diálogo y concertación entre la sociedad civil y el Estado, ya que éste último es visto como un aparato ajeno e indiferente a las necesidades reales de la ciudadanía el cual actúa en función del dinero que sus burócratas y funcionarios de todos los niveles y rangos reciben por favorecer a tal o cual empresa o grupo económico en sus negociados con el Estado, situación que entorpece el emprendimiento de políticas de Estado destinadas a generar un desarrollo mucho más igualitario y sostenible que promueva la inclusión de los sectores menos favorecidos de la sociedad.


En el citado informe se señala que de los 31 países de América Latina incluidos en la lista mundial de 180 países, diez, es decir sólo un tercio de ellos, obtuvieron una puntuación superior a 5, mientras que en 21 de los casos fue inferior, lo que demuestra la seriedad del problema si se tiene en consideración que el índice de medición tiene una escala de 0 a 10, donde las puntuaciones menores significan niveles elevados de corrupción, y las mayores, niveles más bajos.


En el caso de nuestra región son 7 los países que presentan mayores índices de percepción de corrupción ellos son: Argentina (2.9), Bolivia (2.7), Nicaragua (2.5), Honduras (2.5), Paraguay (2.1), Venezuela (1.9) y Haití (1.8). La otra cara de la moneda la ofrecen países como Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3) que fueron los únicos que alcanzaron el grupo de países que superan el índice promedio.


Ahora bien lo preocupante y curioso al mismo tiempo es que países como Colombia (3.7), Brasil (3.7), Perú (3.7) y México (3.3) que cuentan con las economía más sólidas de la región con una tasa de crecimiento sostenida durante la última década e ingresos per cápita en ascenso no son capaces de superar el índice medio al momento de analizar la percepción de corrupción que se tiene en sus sociedades, lo cual demuestra una vez más que no basta con presentar cifras macroeconómicas en azul para solucionar problemas de orden social como la corrupción, la cual parece haberse institucionalizado en esos países y en el nuestro, por la presencia de continuos escándalos de corrupción los cuales no una sino muchas veces quedan impunes o no reciben una respuesta contundente por parte de los sistemas de justicia, lo cual a su vez genera inestabilidad, no sólo social y económica sino también política pues ponen en duda la capacidad de la democracia y el Estado de Derecho para sancionar a aquellos que cometen ilícitos, dando espacio a los partidarios de los gobiernos fuertes y autoritarios que prometen orden, paz y tranquilidad mediante la conculcación de las libertades y la lesión de los derechos civiles.


La pregunta en todo caso es ¿Qué políticas, qué cambios o reformas han llevado a cabo países como Canadá, el cual con un índice de 8.7 ocupa en primer lugar en el ranking de países como menores percepción de corrupción para hacer frente a esta problemática? El mismo estudio señala que uno de los elementos necesarios e imprescindibles al momento de encarar el problema de la corrupción, además de los clásicos tópicos vinculados a la educación en valores éticos de la población, la inclusión de todos los sectores, o las reformas en cuanto a los sistemas de control, es el vinculado a la labor de fiscalización y participación que tanto la sociedad civil y la prensa hacen en la evaluación de la gestión gubernamental, siendo fundamental la transparencia en el manejo de recursos y la incorporación de medidas legislativas que pongan a disposición de la ciudadanía los medios necesarios para controlar a las distintas instituciones y niveles de gobierno, por ello la necesidad de difundir y dar a conocer a la ciudadanía al existencia de leyes como la de acceso a la información pública y transparencia o la ley que regula los mecanismos de participación política directa como la remoción o revocatoria de autoridades, puesto que sólo conociendo sus derechos la ciudadanía puede de manera directa o por medio de la prensa y medios de comunicación masiva poner al descubierto actos de corrupción pública y privada generando una conciencia social que impida que los mismos sean tratados con impunidad.


Teniendo en cuenta todo ello, no resulta extraño que países como Bolivia, Venezuela o Argentina presenten los menos favorables índices de percepción de corrupción si se tiene en cuenta que en todos ellos se viene desatando una campaña tendiente a recortar las libertades civiles y derechos ciudadanos como la libertad de información, expresión y opinión lo cual no hace otra cosa sino favorecer a aquellos que instalados en el gobierno incurren en actos de corrupción millonarios que quedan sin castigo debido a la presencia de una prensa amordazada o complaciente con el gobernante de turno, basta con recordar las expropiaciones que han sufrido los medios opositores de Chávez, Morales o Fernández, y la permanente campaña de persecución y hostilización que sufren los medios y periodistas independientes en estos países, para confirmar esta hipótesis.


En conclusión, siendo la receta conocida al momento de combatir la corrupción, los peruanos debemos de ser muy cuidadosos al momento de respaldar a tal o cual candidato en las próximas elecciones presidenciales, es fundamental asegurar la presencia de un gobierno respetuoso de la libertad de prensa y de las libertades democráticas, pues únicamente a través de la participación de la sociedad civil en la tarea de fiscalización y control del ejercicio del poder público es que se podrá hacer frente a la corrupción, denunciando todo acto o negociado que pongan en tela de juicio la transparencia en el manejo de recursos públicos los cuales muchas veces van a parar a los bolsillos de grupos de poder que en nada favorecen y contribuyen al desarrollo libre e igualitario de una país que como el nuestro necesita ser mucho más inclusivo si es que desea consolidar su sistema democrático y de Derecho.




Rafael Rodríguez Campos

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miércoles, 11 de noviembre de 2009

El fallo de los crucifijos



Hace exactamente 8 años, Soile Lautsi, ciudadana musulmana residente en una localidad cercana a Venecia y madre de dos niños, interpuso una demanda luego de que el colegio al cual asistían sus hijos se negara a retirar los crucifijos colocados en el salón de clase. La madre sostuvo en esa oportunidad que dicha práctica vulneraba su derecho a brindar a sus hijos una educación secular, más aún teniendo en cuenta que se trataba de crucifijos colocados en escuelas públicas.


Hoy en día, el martes de la semana pasada para ser exactos, la Corte Europea de Derechos Humanos decidió que las escuelas públicas debían de retirar los crucifijos y otros símbolos religiosos de los salones de clase debido a que su presencia podría perturbar la tranquilidad de los niños, en especial la de los niños que profesan una religión distinta a la cristiana. El tribunal señaló expresamente en su fallo que “La presencia del crucifijo (...) puede ser alentadora para alumnos religiosos, pero también puede ser perturbadora para los alumnos que practican otras religiones o son ateos, sobre todo si pertenecen a minorías religiosas”. Además, el tribunal consideró que el objetivo de la educación pública es “fomentar el pensamiento crítico” y que el Estado no debe imponer creencias en establecimientos donde los individuos dependen de su autoridad. En tal sentido, decidió que el estado italiano debería de pagar una suma de 5000 euros a Soile Lautsi por concepto de daños y perjuicios.


Sin lugar a dudas este fallo ha desatado una enorme polémica al interior de la sociedad italiana. Como era de esperarse los sectores más conservadores de Italia, encabezados por los representantes del Vaticano, han puesto el grito al cielo luego de tomar conocimiento del contenido de la mencionada sentencia, por ejemplo el cardenal Tarcisio Bertone, lamentó la medida, señalando que la misma deja a Europa “solo con las calabazas de Halloween”. Por su parte, el gobierno italiano, en la persona de Berlusconi, señaló que esta sentencia es una decisión que afecta los intereses de la nación italiana y que pone en tela de juicio el sentido común de Europa, tildando a este fallo de arremetida ideológica de los sectores anticatólicos que quieren despojar al pueblo italiano de una identidad formada por más de 2000 años.


Pero mas allá de las consideraciones de tipo religioso que este fallo puede traer consigo es preciso reflexionar en torno al fundamento que el tribunal expone al momento de ordenar el retiro de los crucifijos de las escuelas públicas italianas, con la finalidad de poder establecer si este fallo goza o no de un aval jurídico y político en un mundo occidental en el cual los valores del Estado democrático y liberal se han venido imponiendo día a día.


En primer término debemos tener claro el concepto de libertad religiosa para así poder determinar si la presencia de los crucifijos vulnera o no el derecho a la libertad religiosa de los estudiantes. En segundo término, debemos preguntarnos por el rol que debe asumir el Estado en relación a la religión en el marco de una sociedad libre y democrática. Y por último, debemos reflexionar sobre las características o principios que deben guiar la educación en el marco del Estado Constitucional y Democrático.


En ese sentido, debemos iniciar diciendo que la libertad religiosa o de culto es el derecho que tiene toda persona a profesar una religión, a abstenerse de profesar religión alguna, a cambiar de religión o abandonar de manera definitiva toda tipo de creencia religiosa. En tal sentido, es lógico afirmar que este derecho se deriva del principio de autonomía personal a partir del cual los seres humanos tenemos el derecho de elegir y materializar el plan o proyecto de vida que mejor nos parezca sin ningún tipo de intervención externa que nos prohíba, nos limite, nos restrinja o condicione dicha elección. Dicho ello, creo efectivamente que la presencia de los crucifijos en las “escuelas públicas” de cualquier estado, incluido el peruano, pueden perturbar o poner en peligro el derecho a la libertad religiosa de los estudiantes, más si se tiene en cuenta la relación que debe tener el Estado con las religiones en general, tema que trataremos a continuación.


El proceso de secularización que ha atravesado el mundo trajo como consecuencia la afirmación de la idea de que el Estado no debe interferir en cuestiones religiosas y que las iglesias u otras instituciones religiosas no deben interferir en las cuestiones políticas. Esta división entre el mundo espiritual o religioso y el mundo secular o político es lo que ha caracterizado al mundo occidental, a diferencia de lo que ocurre en algunos Estados orientales en los cuales la política se entrecruza con la religión con consecuencias nefastas para la protección de los derechos fundamentales de las personas, debido a la captura que el aparato estatal ha sufrido por parte de religiones que utilizan el imperio del Estado para imponer arbitrariamente sus dogmas y posiciones ideológicas a los ciudadanos.


En esa línea, el Estado democrático, propio de las sociedades libres, debe de presentar tres características básicas en su relación con lo religioso: 1) El Estado debe permitir la práctica de cualquier religión; 2) El Estado no puede dar preferencia a alguna religión en desmedro de las demás, y 3) El Estado en aras al respeto por la tolerancia, la diversidad y el pluralismo, debe de abstenerse de promover religión alguna o de promover conductas religiosas por sobre las no religiosas. Dicho de otro modo, el Estado en una sociedad libre y democrática se caracteriza por su posición neutral frente a lo religioso, pues entiende que se trata de un derecho personalísimo del cual gozan todos los ciudadanos, y son ellos, y solamente ellos, los que deben decidir si profesan, no profesan, cambian o niegan religión alguna. Por este segundo fundamento, considero que la presencia de crucifijos en las escuelas públicas no solo vulnera el derecho de los estudiantes sino que supone un desconocimiento de los principios que deben de regir la conducta de los Estados democráticos ya que los crucifijos favorecen la promoción de una determinada creencia frente a la creencia de grupos minoritarios o frente a la posición de aquellos que simplemente han decidido no creer.


Finalmente, y con relación al vínculo existente entre religión y educación, debo decir que la presencia de los crucifijos atenta también contra el derecho a la educación de los estudiantes, más si se trata de estudiantes de escuelas públicas, y ello porque en una sociedad democrática ni el Estado ni grupo alguno puede usar a la educación, en este caso a las escuelas públicas, para imponer de manera directa o indirecta algún tipo de dogma o creencia de fe, ya que la finalidad de la educación libre es fomentar la deliberación racional y el pensamiento crítico, incluso sobre los presupuestos de la religión, aun cuando esta sea la fe del mayor número de ciudadanos.


Rafael Rodríguez Campos.

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