sábado, 28 de julio de 2012

Justicia y derechos humanos: las promesas incumplidas de Ollanta Humala



Este artículo tiene como eje central de sus reflexiones aspectos vinculados a la justicia y los derechos humanos. Repasemos brevemente los avances, retrocesos y promesas incumplidas por este Gobierno durante su primer año de gestión tomando como punto de partida la oferta electoral que Ollanta Humala le planteara al país durante las últimas elecciones.

Sobre la reforma constitucional

Tenemos una Constitución que hace imposible el desarrollo del país. Tenemos una Carta Política que consagra los ideales de un pensamiento único. Tenemos una Constitución espuria que nació producto de un golpe de Estado y que tuvo por objetivo la legitimación de un régimen dictatorial y corrupto. Esas eran las expresiones que utilizó Ollanta Humala durante la última campaña electoral, las mismas que eran coronadas con un único ofrecimiento: “impulsaremos la promulgación de una nueva Constitución” (luego solo hablaría de reformas sustantivas y/o puntuales).
 
Ha transcurrido un año desde que Ollanta Humala asumió la Presidencia de la República, trescientos sesenta y cinco días, dos legislaturas parlamentarias, y ninguna de las reformas propuestas por el “candidato” ha llegado a buen puerto. Ni siquiera podemos decir que estas hayan sido impulsadas por decisión del Poder Ejecutivo o por la bancada de Gobierno en el Congreso. ¿Qué pasó? ¿Por qué el entusiasmo duró tampoco? Yo tengo algunas respuestas político-jurídicas al respecto, pero no es la intención de esta reflexión entrar en ese terreno. Confiamos en la capacidad del lector al momento de explicar la razón de esta esquizofrenia electo-gubernamental. Solo diré al respecto que en este primer año de Gobierno, Ollanta Humala me hace recordar constantemente al personaje de la obra de Robert Louis Stevenson: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide.


Sobre la reforma judicial

-  Se estableció en el citado plan (todas las propuestas las hemos extraído literalmente de este documento), que una vez alcanzada la victoria electoral el Gobierno adoptaría las principales recomendaciones de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). ¿Cuáles son esas recomendaciones? Nunca lo supimos. ¿Cuáles de estas recomendaciones han sido concretizadas? Al parecer ninguna.

-  Se dijo también que mediante una norma expresa, se incorporaría a la Justicia Militar en el fuero del Poder Judicial. Han transcurrido doce meses y el debate sobre esta propuesta jamás se inició. Incluso, podríamos decir que al día de hoy muchos de los voceros y sectores afines al Gobierno (afines desde el 28 de julio pasado), defienden la necesidad de mantener a los Tribunales Militares fuera de la estructura del Poder Judicial, ajenos a todo tipo de control jurisdiccional. En el colmo de la incoherencia hasta han llegado a reconocer la competencia de estos tribunales para el juzgamiento de delitos tales como “ejecuciones extrajudiciales”. ¿Quién lo diría? Un año en el Gobierno puede acabar con las convicciones aparentemente más arraigadas.

-  En su afán por fiscalizar la labor del Poder Judicial, se expuso la necesidad de crear un órgano de control independiente del Poder Judicial. ¿Qué órgano es este? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus competencias y atribuciones? Nadie lo sabe, ni lo sabrá. La razón es muy sencilla, esta propuesta pasa a decorar el salón de las promesas olvidadas.

-  Para mejorar el nivel de las personas encargadas de administrar justicia, se propuso la convocatoria a un concurso nacional para los niveles iniciales de la Carrera Judicial (secretarios y jueces de paz letrados), entre los graduandos que ocupen los primeros lugares en las facultades de Derecho de las universidades del país. ¿Cuándo se llevará a cabo este concurso? ¿Se ha establecido el marco normativo que servirá de base para la adopción de esta medida? La respuesta ya la conocen, al parecer el Gobierno está esperando el segundo año de gestión para impulsar la propuesta. A la fecha no conocemos de medida alguna que haya ido en esta dirección. En todo caso, le alcanzamos una pregunta al Poder Ejecutivo: ¿No sería conveniente investigar sobre la educación jurídica de nuestro país antes de dar este salto?

-  Pero no todo tiene que tener un color gris durante este primer año, se señaló en el plan que el Gobierno fomentaría la justicia comunal. Para ello, era importante fortalecer a los juzgados de paz, mediante la asignación de mayores recursos y de una legislación que los institucionalice y contribuya a su mejor desempeño. El Gobierno en este punto, con el apoyo de otras bancadas, logró aprobar la Ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz, la cual entró en vigencia el 4 de abril del presente año.


Sobre la lucha contra la corrupción

-  La lucha contra la corrupción y las mafias será sin cuartel. Cuánta contundencia en esta frase, qué convicción para comprometer a un Gobierno en esta dura tarea de adecentar la política. Asumimos, así se lee en el plan, “el compromiso sostenido y patriótico de combatir la corrupción que deteriora a la sociedad peruana, sobre todo desde el régimen autoritario fujimontesinista”. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué demonio tomó por asalto la conciencia de Ollanta Humala? Quizá uno de nombre acomodo y otro de apellido pragmatismo lo llevaron a tomar la decisión de nombrar como Premier a Óscar Valdés, hombre que ha declarado públicamente ser admirador de Alberto Fujimori (de algunas de sus políticas solamente dirán sus abogados) o como Ministro del Interior, a Wilber Calle, exmilitar que en años pasados fue uno de los firmantes del acta de sujeción escrita por Vladimiro Montesinos. La amnesia es una enfermedad que llega con los años, por ello sorprende que un hombre joven como el presidente, se esfuerce por ser la excepción a esta regla.

-  Se dijo también que la ciudadanía participaría de manera activa en esta cruzada contra la corrupción. Se anunció con entusiasmo la creación de redes de vigilancia ciudadana, comités cívicos distritales, provinciales y regionales de transparencia que luchen unidos contra la corrupción. Volvamos a las preguntas: ¿Tenemos algunas de estas redes funcionando? ¿Ha adoptado el sector justicia alguna medida para el diseño de esta red ciudadana anticorrupción a nivel nacional? Hemos buscado información sobre este punto y no hemos conseguido respuesta alguna. Las únicas redes que se conocen son las de corrupción que operan en todas las instituciones del Estado formando parte del modus vivendi de nuestra burocracia.

-  Volver imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos en agravio del Estado. La reforma del artículo 41 de la Constitución, fue la gran oferta electoral asumida en esta materia. ¿Se ha logrado el objetivo? No. ¿La bancada oficialista mantiene el interés en esta medida? Algunos sí, otros prefieren mirar de costado y hablar de los temas “realmente importantes”. Nosotros lo anticipamos, esta medida no solo es innecesaria, sino también inviable dada la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso. ¿Acaso no resulta más sencillo y honesto señalar que de acuerdo a este mismo artículo constitucional es posible duplicar la pena para este tipo de delitos y con ello duplicar el plazo prescriptorio? ¿Por qué la necesidad de incurrir en prácticas punitivo-populistas a partir de la manipulación de las normas constitucionales? ¿Acaso no se sabe que los únicos delitos imprescriptibles son los que atentan contra los derechos humanos?

-  Se dijo también que la pena condicional solo debía proceder para condenas no superiores a dos años en vez de cuatro como permite el actual Código Penal. Más allá de nuestra abierta discrepancia con esta medida, que a nuestro juicio no solo supone un soberbio desconocimiento de estas instituciones penales sino también la generación de una mayor tugurización y hacinamiento en los penales, cabría preguntarle al lector: ¿Conoce usted de algún proyecto de ley presentado por el Gobierno para lograr esta modificación legislativa? Nosotros tampoco.

-  Pero el populismo punitivo de campaña no acabó allí, se ofreció también la eliminación de beneficios penitenciarios a los que cometan ilícitos de corrupción de funcionarios, para evitar que las corruptelas conviertan en teóricas las penas. ¿Acaso los asesores del presidente no saben que los beneficios penitenciarios no se dan de manera automática, que no obedecen al tipo de delito cometido sino al nivel de rehabilitación alcanzado por el interno? En todo caso, dado que en este campo el Gobierno tampoco ha hecho nada, esperamos que ello se deba a que con mayor tranquilidad y sin la necesidad de los votos en disputa, se han dado cuenta de lo profundamente equivocados que estaban al hacer este tipo de planteamientos.


Sobre el sistema penitenciario

-  Hemos leído y releído el plan de Gobierno de Ollanta Humala en este punto. Lo sentimos, no hemos podido ubicar el capítulo dedicado a este tema. Con honestidad nos comentó Rosa Mavila, que el problema penitenciario pasó desapercibido. Que esa omisión estuvo presente en todos los programas de Gobierno. Mal de muchos, consuelo de “…”, reza el dicho popular. Sin embargo, algunas cosas podemos decir sobre el desempeño del Gobierno en este campo.

-  Se logró aprobar la norma mediante la cual se eliminaron los beneficios penitenciarios para las personas que hayan cometido delitos de terrorismo y violación contra menores de edad. Nosotros ya hemos dado nuestro punto de vista sobre la irracionalidad de una medida de este tipo. Sobre todo si se tiene en cuenta la realidad carcelaria de nuestro país. Así que sobre este punto no ahondaremos.

-  Se han construido dos penales nuevos: Piedras Gordas 2 y el penal de Huaral. Es una medida positiva, pero insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta lo señalado por el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario que ha referido que en nuestro país, cada mes ingresan aproximadamente mil nuevos internos. El Gobierno se equivoca si cree que el problema penitenciario se soluciona con la construcción de modernos y acogedores penales. Ninguna política penitenciaria funciona si los internos no cuentan con condiciones de habitabilidad y políticas de rehabilitación social y educativa al interior de los centros penitenciarios que les permitan resocializarse y reincorporarse a la sociedad. Esto al parecer no logra ser comprendido por el Gobierno, su bancada y sus aliados políticos de turno.

-  Se necesitan otro tipo de iniciativas para solucionar tremendo problema, eso está fuera de discusión. ¿Qué medidas adoptar? ¿Cómo enfrentar esta problemática? Son interrogantes que hasta el momento no han querido ser asumidas por el actual Gobierno. Solo nos gustaría recordarle que según la Defensoría del Pueblo (2011) en el Perú contamos con 66 cárceles, cuya capacidad conjunta es de 28689 reclusos. Sin embargo, a julio del año pasado, nuestra población carcelaria asciende a 48858 presos. Esta cifra pinta de cuerpo entero el brutal hacinamiento y tugurización de la cárcel en el Perú, con todos los problemas y riesgos que dicha situación trae consigo. Es decir, en nuestro país, existe una sobrepoblación penitenciaria del 70% sobre la capacidad de albergue real que la actual infraestructura ofrece.


Sobre los derechos humanos

-  Fue el partido de Gobierno, la única agrupación que durante la campaña electoral expresó su respaldo pleno al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comprometiéndose a poner en práctica las reformas institucionales recomendadas en el informe. ¿Cómo se puede asumir un compromiso de este tipo para luego nombrar como premier a un señor que afirmó con la mayor indiferencia que las víctimas entrevistadas por la Comisión de la Verdad habían teatralizado sus testimonios? ¿Cómo puede el presidente confiarle esta misión a alguien que cree que las cifras del informe no son exactas, que su contenido es sesgado, que descalifica a los miembros de este grupo de trabajo? Yo no lo entiendo.

-  Se señaló también que las heridas abiertas por la violencia política vivida en nuestro país aún no habían cicatrizado, que era necesario designar a un alto comisionado de paz para la pacificación de las zonas afectadas. ¿Alguien conoce la identidad de este alto comisionado?

-  Se dijo también que el Gobierno se comprometería a reparar integralmente a las víctimas de la violencia política, que se cumplirían sin ninguna objeción o solicitud de aclaración de sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliguen al Estado peruano a indemnizar a las víctimas y familiares de ellas, sin distinción de raza, sexo, o tinte político del reparado. Hemos tomado contacto con personas que trabajan en instituciones vinculadas a la protección de los derechos humanos y nos informan que los avances en este terreno son muy escasos. También preocupa la posición del Estado peruano (ecléctica) en torno a la propuesta presentada por algunos Estados (no precisamente los mejores alumnos en esta materia) por reformar (limitar, diría yo) las competencias de la Comisión Americana de Derechos Humanos.

-  Sobre el derecho a la libertad de expresión y el orden democrático, se dijo en el plan de gobierno que durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se llegó a comprar la línea editorial de muchos medios escritos y audiovisuales. Se criticó a los anteriores gobiernos por no revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de radio y televisión que convirtieron un servicio público en un servicio particular. Luego de un año de gestión: ¿El Gobierno ha revisado alguna concesión radio-televisiva? No, que yo recuerde. ¿Eso quiere decir que el problema denunciado por ellos mismos ya fue superado o que simplemente ha dejado de ser una prioridad? Saquen ustedes sus propias conclusiones.

-  Un oligopolio empresarial maneja los medios de comunicación se dijo en el plan. La propuesta será promulgar una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios de comunicación. ¿Alguien conoce el contenido de esta ley? No. ¿El Gobierno y su partido han impulsado esta propuesta? Tampoco. ¿Acaso ya se olvidaron que el modelo que decían pretender implementar era el de Argentina? Al parecer, y felizmente en este punto, el Gobierno ha cambiado de perspectiva, y ha tirado al tacho de basura esta propuesta, que en mi opinión constituía un serio riesgo para la libertad de expresión en nuestro país. Respecto a este punto, debemos recordar que en su momento se señaló que los medios de comunicación debían estar al servicio de la democracia. El problema es que nunca el Gobierno, ni el candidato, ni el partido, nos dijeron “cómo”.

-  También se dijo en el plan que el Gobierno se comprometía a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, incluyendo el acceso a métodos de planificación familiar como el Anticonceptivo Oral de Emergencia y la “despenalización del aborto”. Resulta curioso que la actual ministra de la mujer se haya pronunciado absolutamente en contra de estas propuestas y que se niegue a dar luz verde a la aprobación del protocolo médico para el aborto terapéutico.

-  En todo caso, y a pesar de su joven vida, esperemos que el “nuevo nombre de ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, venga acompañado de políticas con enfoque de derechos humanos que consoliden estos valores en nuestro país. Saludamos esta medida, aunque creemos que lo nominal no basta para resolver los problemas de fondo.

Hemos tomado como punto de partida para este breve balance el “plan de gobierno de Ollanta Humala”, porque a pesar de que muchos sectores y personalidades asumen como una verdad inexorable que los planes de gobierno se hacen para no ser cumplidos, quien escribe se resiste a caer en esta manera cínica de entender la política. Los planes de gobierno son programas de acción que enmarcan la gestión de un Gobierno, delinean las políticas públicas a ser  implementadas y recogen los ideales que el partido político reconoce como trascendentes. Así que en lo personal, no me cansaré de recordarle al lector que la palabra empeñada debe ser cumplida, sobre todo cuando la obligación fue asumida sin presión y de manera absolutamente libre. Lo otro, es fariseísmo puro.

¡Feliz 28 de julio a todos los peruanos que apostaron por la gran transformación!

Etiquetas: , , ,

miércoles, 25 de julio de 2012

Javier Villa Stein, entienda que el Grupo Colina sí cometió delitos de lesa humanidad


No es propósito de esta reflexión agraviar al señor Javier Villa Stein. Eso es algo que me gustaría dejar muy en claro. La obligación de quienes hemos recibido cierta formación jurídica es ejercer nuestro derecho a la crítica de resoluciones judiciales con el respeto y la rigurosidad técnica que un caso como este exige. En ese sentido, aprovecharé estas líneas para aclarar algunos puntos que me parecen por lo menos discutibles en torno a la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a través de la cual Javier Villa Stein y compañía decidieron disminuir la pena a los asesinos del Grupo Colina sentenciados por los crímenes de Barrios Altos, el Santa y Pedro Yauri.


Los argumentos de la Sala Suprema de Villa Stein

Para Villa Stein, como él mismo lo señaló el 20 de julio el propio señor, se había decidido rebajar la pena a los asesinos del Grupo Colina al considerar que estos agentes de inteligencia no habían cometido delitos de lesa humanidad. Días después, el lunes 22, Villa Stein fue cambiando su versión y, señaló que decidieron dejar de lado dicha calificación porque el Ministerio Público no la incluyó en su acusación.


Las dudas de Villa Stein: marchas y contramarchas

El día de ayer, el mismo juez supremo, luego de conocerse, a partir de las declaraciones de los señores fiscales Pablo Sánchez Velarde y Jorge Cortez, funcionarios encargados de llevar adelante la acusación en estos casos, y de haberse publicado en un medio local el extracto de la acusación fiscal (11-05-2005), declaró que la Fiscalía sí calificó expresamente a los delitos del Grupo Colina como delitos de lesa humanidad. Al parecer, no tuvo otra salida que dar marcha atrás y volver a cambiar de versión.


La nueva versión de Villa Stein

El día de ayer, martes 24, el mismo juez terminó por reconocer que tres de los cinco magistrados (la mayoría entonces) que integraban la sala, consideraron que los delitos cometidos por los criminales del Grupo Colina sí eran delitos de lesa humanidad. También señaló que la calificación por parte de la Fiscalía de estos delitos como delitos de lesa humanidad sí había sido señalada en la acusación fiscal pero que no había sido lo suficientemente desarrollada. Total, ¿en qué quedamos? Y como para coronar su alocución, expresó que siendo únicamente dos magistrados (entre ellos él) los que consideraban que los abominables crímenes del Grupo Colina no eran delitos de lesa humanidad, este fallo no podía utilizarse para impugnar la sentencia firme dictada contra el dictador Alberto Fujimori.


Reflexiones y apuntes sobre la sentencia

Estas han sido las declaraciones del propio señor Villa Stein, las cuales no han sido alteradas. Todas estas pueden ser cotejadas en los medios de prensa que han cubierto esta noticia. Siendo ello así, paso a hacer algunas preguntas y reflexiones en torno al contenido de la sentencia.


Primer apunte: si solo dos de los magistrados consideraron que los delitos del Grupo Colina no eran delitos de lesa humanidad, entonces cómo se pudo “formar sentencia” cuando la mayoría estaba en contra de esta postura. Los especialistas en materia procesal señalan que cuando esto ocurre lo idóneo es convocar a otros jueces hasta que una de las posiciones alcance los cuatro votos necesarios para emitir sentencia. Primer error.


Segundo apunte: resulta por demás curioso que sean los votos en mayoría (los que sí consideran a los criminales del Grupo Colina como autores de delitos de lesa humanidad), los que hayan sido finalmente anexados al cuerpo de la sentencia cuando lo usual en la práctica jurisdiccional es que los votos que se añaden al final del texto sean los que corresponden a los votos singulares, discordantes o en minoría. Este detalle, que en otro caso no pasaría de ser una “inusual práctica procesal”, adquiere total relevancia en este caso, pues hace pensar a la población que la mayoría de los miembros de esta Sala consideran que los miembros del Grupo Colina son responsables únicamente de delitos comunes.


Tercer apunte: la sentencia no aclara las razones por las cuales decide apartarse de la línea jurisprudencial establecida por tribunales nacionales e internacionales que en tiempo anterior calificaron a los delitos cometidos por el Grupo Colina como actos de lesa humanidad. Recordemos que en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego en 2005, nuestro Tribunal Constitucional, señalaron expresamente que los crímenes de Cantuta y Barrios Altos, y tantos otros cometidos por estos asesinos (Pedro Yauri y El Santa, entre ellos), eran considerados a la luz de la normativa internacional vigente como delitos de lesa humanidad. La sentencia no explica por qué a su juicio tanto la Corte como el Tribunal están equivocados en este punto.


Cuarto apunte: según lo afirmado por Villa Stein, este magistrado considera que el Grupo Colina incurrió en la comisión sistemática y generalizada de delitos contra los derechos humanos. Esta expresión es una de las más descabelladas pues en la misma sentencia se reconoció expresamente que el Grupo Colina fue un grupo militar organizado por el Estado con el objetivo de eliminar a presuntos terroristas. Es decir, Villa Stein condena a los miembros del Grupo Colina por “tres casos” en los cuales se acabó con la vida de 25 personas (incluyendo a un niño de 8 años), pero al mismo tiempo nos dice que estos casos no constituyen violación sistemática y generalizada de derechos humanos.


Quinto apunte: para el caso particular de la matanza de Barrios Altos (perdón por el uso de un término tan fuerte), Villa Stein afirmó que este delito no puede ser considerado como un atentado de lesa humanidad pues “la población victimada no era una población civil”. Es decir, para Villa Stein (como para Martha Chávez y tantos otros), las víctimas de Barrios Altos eran terroristas o presuntos terroristas y por ello el objetivo del Grupo Colina que era eliminarlos no puede ser considerado un ataque contra civiles. La pregunta entonces es la siguiente: ¿acaso en el Perú las personas son consideradas terroristas a priori sin un juicio previo en el cual se determine su responsabilidad penal? ¿Cómo sabe Villa Stein que los asesinados de Barrios Altos eran terroristas? ¿Cuáles son esas presunciones objetivas que acreditan que estas personas estaban vinculadas con el terrorismo?


Sexto apunte: la afirmación hecha por Villa Stein en cuanto a que en Barrios Altos no se asesinó a población civil sino a presuntos terroristas no resiste el mayor análisis jurídico. No se puede salir a la prensa o afirmar alegremente en un fallo (con el daño moral que ello supone) que quienes son asesinados lo han sido por ser “presuntamente terroristas”. El señor Villa Stein olvida que de acuerdo a la Convención de Ginebra, cualquier tribunal debe considerar como civil a toda persona o grupo de personas sobre las cuales no se haya acreditado fehacientemente lo contrario. Es decir, sino existe sentencia condenatoria que acredite que las víctimas de Barrios Altos eran terroristas entonces son “civiles”, aunque eso no le agrade a Villa Stein.


Sétimo apunte: el juez Villa Stein y quien lo secunda, olvidan las características y la manera atroz y salvaje como fueron cometidos estos crímenes. Lo hace, según mi opinión, pues su justa valoración convierte a estos crímenes en delitos de lesa humanidad por donde se les mire. Recordemos en Barrios Altos, las personas asesinadas estaban reunidas en una celebración y no portaban armas. Es decir, se encontraban en un estado de completa indefensión (¿acaso un niño de 8 años no es considerado “población civil”?, pregunto yo). Lo mismo ocurrió en los casos de las víctimas de El Santa y Pedro Yauri, las cuales de acuerdo a las investigaciones se encontraban descansando cuando fueran arrestadas por el Grupo Colina. En estos casos, los homicidas actuaron con ventaja y alevosía, desatando todo el odio que sistemática y organizadamente venían inflingiendo sobre la población civil, con el conocimiento y anuencia del Presidente de la República de ese entonces.


Octavo apunte: Villa Stein señaló en un primer momento que los miembros del Grupo Colina no habían sido denunciados por el delito de lesa humanidad y que por tanto no se los podía sancionar por el mismo sin antes haberles dado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Este argumento no solo es falso por las razones que líneas arriba expusiéramos (como consta en la acusación, página 332), sino que en realidad es un sofisma que no resiste ningún tipo de análisis. Se sabe, y así lo señala la doctrina y la jurisprudencia internacional para esta materia, que los delitos de lesa humanidad no son “tipos penales específicos” independientes y autónomos frente a otros como el homicidio, tortura o secuestro. Los delitos de lesa humanidad son una calificación jurídica que es utilizada cuando se evalúa la comisión de delitos realizados por un grupo de poder que de manera sistemática y generalizada atenta contra los derechos humanos de la población civil, tal y como ocurrió en nuestro país con el accionar del Grupo Colina. Todo eso lo sabe Villa Stein, sin embargo, decidió convenientemente olvidar y ocultar.


Noveno apunte: con relación al punto inmediatamente anterior, se sabe que dado que los delitos de lesa humanidad son una calificación jurídica y no un tipo penal específico, esta rige desde el año 1945, fecha en la cual se aprobó la convención de Ginebra, y no desde que el Estado peruano la ratificó. Esta lectura se desprende de lo expresamente afirmado por la jurisprudencia internacional para el caso del tribunal del Líbano, por esta misma razón entonces, no se podría decir que la aplicación de esta calificación jurídica quiebra el principio de legalidad penal en el caso del Grupo Colina.


Reflexión final

Más allá de la crítica jurídica que se le pueda hacer a esta nefasta sentencia, es importante señalar los efectos negativos que esta trae para la consolidación del orden democrático y el respeto por los derechos humanos. Este fallo es un retroceso en la lucha contra la impunidad iniciada por nuestro país luego de la caída de la dictadura fujimontesinista. Señalar que los crímenes cometidos por el Grupo Colina no son delitos de lesa humanidad podría abrirle las puertas de la prisión a estos criminales. Ello es así pues si se los considera delitos comunes, quienes han sido sentenciados por estos pueden acogerse a ciertos beneficios penitenciarios e incluso ser pasibles de indultos o amnistías. Pero al margen de ello, de lo que ocurra con estos criminales y de las argucias legales que seguramente utilizarán para sacar ventaja de esta situación generada por entera responsabilidad de esta Sala Suprema, es comprensible el malestar, la cólera y la indignación que esta decisión ha generado entre las víctimas y familiares, las cuales sienten que viven en un país en donde la justicia les da la espalda y la impunidad les escupe en la cara. Un país en donde las víctimas son sancionadas y los criminales beneficiados. Eso es lo que todos debemos combatir desde donde estemos.

Etiquetas: , , , , , , ,

jueves, 19 de julio de 2012

ENTREVISTA A LA CONGRESISTA ROSA MAVILA


Rosa Mavila, abogada y Congresista de la República, conversa con “LA LEY” y expone sus puntos de vista en torno a temas vinculados a la reforma constitucional, lucha contra la corrupción, sistema penitenciario y conflictos sociales. Al mismo tiempo, nos brinda algunas reflexiones sobre la coyuntura política actual y explica las razones de su alejamiento de la bancada de Gobierno en el Parlamento.

POR: RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS

Sobre la reforma constitucional como oferta electoral 


  1. Ollanta Humala, señaló durante la campaña que la Constitución de 1993 no viabilizaba el proyecto de transformación del país. ¿Usted cree que para el “actual presidente” la Constitución de 1993 sí posibilita la transformación del país?

Durante la campaña diversos sectores sociales y políticos sostuvimos la necesidad de redefinir el orden constitucional vigente. Sin embargo, existen sectores que siendo arrebatadoramente defensores de la Carta de 1993 tratan de defender la idea impuesta bajo la cual al Estado solo le corresponde un  rol subsidiario en temas económicos y sociales. Nosotros, por el contrario, creemos que el Estado debe asumir un rol protagónico y tuitivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros creemos que es necesario abrir un debate nacional sobre algunas reformas constitucionales. Sin embargo, y siendo pragmáticos, debo decir que para reformar la Constitución necesitamos cuando menos 87 votos, una mayoría que en la actualidad no tenemos.


  1. A propósito de las reformas constitucionales: ¿Recuerda usted algunas de las propuestas de reforma constitucional planteadas por el presidente el 28 de julio?

No, no las recuerdo. Le agradecería que me refresque la memoria (paso a refrescarle la memoria).


  1. ¿Comparte la propuesta del presidente de modificar la Constitución para que los delitos de corrupción de funcionarios sean imprescriptibles?

Son varios países en los cuales se plantea esta opción. En nuestro país, si la memoria no me falla, entre el año 90 y 2000 se presentaron 15 proyectos de ley con ese objetivo. En la actualidad tenemos dos propuestas sobre este tema: la reforma del artículo 41 de la  Constitución y la duplicación de las penas para este tipo de delitos. Asimismo, también se contempla la posibilidad de inhabilitar de modo perpetuo al funcionario público corrupto. Por otro lado, debemos precisar si la imprescriptibilidad correría únicamente para el funcionario corrupto o si también opera para el privado corruptor. Pero más allá de ello, lo que debe quedar claro es que no se puede permitir que en nuestro país opere el robo sistemático de los recursos públicos como ocurrió durante el Gobierno de Fujimori. Por eso debemos ser firmes en esta lucha, no podemos dejar que la impunidad se generalice.
Yo creo que lo ideal sería reformar la Constitución, pero dado el escenario parlamentario actual, creo que la propuesta más viable es optar por la duplicación o triplicación de las penas para los delitos de corrupción.


Sobre la lucha contra la corrupción

  1. Ya que hablamos de corrupción: ¿Imaginó Ud. que el presidente nombraría como ministros de Estado a dos personalidades muy cercanas al fujimorismo como Óscar Valdés y Wilver Calle?

No, ni en mis peores noches de sueños detestables imaginé lo que Ud. señala. Este tipo de actos, tal como lo expuse en mi carta de renuncia a la bancada oficialista, demuestran que no existe coherencia entre lo que se dijo y lo que se está haciendo. Para mí, como para otros, estos nombramientos demuestran que quienes están gobernando son los que perdieron las elecciones. Ha llegado el momento de cuestionar esa práctica esquizofrénica de ofrecer una cosa para luego hacer todo lo contrario a lo ofrecido. 


  1. ¿No fue un error del presidente y de su bancada blindar a Omar Chehade en el caso de las Brujas de Cachiche? A muchos nos sorprendió su repentina inasistencia a esa sesión.

Bueno yo quiero decirle que mi inasistencia fue un acto de resistencia, porque había una presión para que se asistiera a blindar a Omar Chehade. Yo no podía blindar a Chehade, mi moral y ética me lo impedían. Pero tiene Ud. razón, quizá lo mejor hubiera sido asistir votando en contra del blindaje. Sin embargo, evaluando el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que el informe de Marisol Pérez Tello carecía de sustento. Ahora bien, es cierto también que Chehade recibió una sanción ética por su conducta, perdió el cargo de vicepresidente y fue separado del Parlamento. Pero, es cierto también que este tema fue sobredimensionado por el PPC y el fujimorismo, detrás de quienes se ubicó la derecha mediática y los grupos de poder que habían perdido las elecciones. Lo triste es que con Chehade y otra persona más, conformábamos el trío que supuestamente iba a luchar contra la corrupción.


  1. ¿No siente usted vergüenza de haber pertenecido a una bancada que encabeza la lista de sancionados por la comisión de ética del Congreso?

No solo eso. Esa es una responsabilidad que debemos asumir. Pero detrás tenemos un tema de fondo mucho más complejo. En nuestro país carecemos de un sistema sólido de partidos. Esto hace que en cada campaña se trate de incorporar a gente que atraiga caudal electoral y apoye económicamente. Eso hace que al Parlamento lleguen personas como las que Ud. me ha nombrado (le recordé la lista de parlamentarios de Gana Perú sancionados). Por eso es preciso impulsar una reforma electoral que ayude a mejorar nuestro sistema político sancionando por ejemplo a congresistas que han dado información falsa al momento de presentar su hoja de vida. Pero también es hora de acabar con el cinismo y la doble moral, desterrar frases tan nacionales como “nosotros matamos menos y reactivamos el país” o “robó pero hizo obra”. Eso se tiene que acabar.


Sobre el sistema penitenciario


  1. ¿Qué propuestas de reforma al sistema penitenciario planteó el presidente cuando era candidato?

Para ser sincera, no se planteó ninguna propuesta de reforma penitenciaria. La realidad y vorágine electoral nos atrapó. El programa de la “gran transformación” es el más amplio de todos los presentados. Pero para ser sinceros, debo decir que ninguna fuerza política planteó propuestas en este terreno, salvo cinco líneas en el plan de Alejandro Toledo. Fue en el contexto de la campaña en donde debatimos el tema y confrontamos posiciones. La nuestra fue una posición sistémica y racionalista frente al populismo punitivo de nuestro oponente.


  1. El Estado reduce el tema del combate de la delincuencia al aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios. Eso me parece un absurdo. ¿Ud. que opinión tiene al respecto?

Yo comparto esa opinión. Fíjese Ud., en la actualidad tenemos un movimiento que abraza las tesis del populismo punitivo y plantea tres cosas básicas: aumento desproporcionado de las penas, eliminación o recorte de beneficios penitenciarios y ampliación de la imputabilidad para menores con 16 años de edad. Eso trae problemas de tugurización, hacinamiento y criminalización al interior de los propios penales. Esta es una lógica perversa y antisistémica. Esta es una idea errada, ya se ha probado que elevar las penas no trae como consecuencia la reducción de la criminalidad.


  1. ¿Está a favor de la eliminación de beneficios penitenciarios a sentenciados por delito de terrorismo o violación sexual?

Ahora bien, con respecto al terrorismo, debemos tener en cuenta que el perfil de este tipo de criminales es muy particular, por eso es necesario un sistema de monitoreo para quienes recuperan la libertad. Yo creo que frente a los líderes y cabecillas terroristas, debemos actuar con total severidad. Lo mismo para quienes cometen delitos de violación sexual contra los niños. Incluso, para ambos casos yo elevaría las penas a 25 años. Pero ojo, ninguna política penitenciaria funciona si los internos no cuentan con condiciones de habitabilidad y políticas de rehabilitación social y educativa al interior de los centros penitenciarios que les permitan resocializarse y reincorporarse a la sociedad.


  1. ¿Ud. cree que el Gobierno cumplirá su objetivo de construir dos penales por año?

Bueno, en parte la meta ya se ha logrado con la construcción del penal de Piedras Gordas 2 y con el penal de Huaral. Pero el tema es más complejo, el Director del INPE, ha señalado que por mes ingresan 1000 internos a nuestras cárceles. Eso quiere decir que para cubrir esa brecha necesitamos por lo menos la construcción de 10 penales por año. Esa meta es imposible. No solo se requieren penales sino un mejor presupuesto para el sector, necesitamos aumentar los sueldos a los trabajadores penitenciarios. Debemos entender que el problema penitenciario se relaciona con el de seguridad ciudadana. Para ser sincera, y luego de conversar con el Ministro de Economía Luis Castilla, yo creo que su visión ortodoxa le impide comprender la naturaleza e importancia de este problema.


  1. ¿Sigue mostrando escepticismo frente a la propuesta de concesionar la administración de las cárceles al sector privado?

Mire, como dicen otros colegas, ahora que el hacinamiento es de tal magnitud no nos oponemos a nada. Pero debemos ir con cuidado. Había una propuesta en la cual el Estado ponía todo el capital y los privados se encargaban de la gestión únicamente. Es decir, los privados no asumían ningún riesgo en la inversión. Entonces, si eso es así, mejor destinemos esos recursos al INPE y fortalezcámoslo como institución, para mejor y modernizar su capacidad de gestión.


Sobre los conflictos sociales


  1. ¿Tiene el actual Gobierno una política definida en materia de solución de conflictos sociales?

Yo creo que la tuvo. Creo que el ex premier Lerner tenía una política basada en el diálogo, la concertación y la búsqueda de consensos. Pero mientras Lerner la desarrollaba, el actual Premier Óscar Valdés lo saboteaba, eso fue lo que en la práctica ocurrió. Ahora, tienen una política antidemocrática, basada en la represión, en la declaratoria de estados de emergencia y en la detención de los dirigentes locales.


  1. ¿Cometió Gregorio Santos el delito de rebelión al recordarle al presidente lo que ocurrió en otros países con mandatarios que incumplen sus promesas?

No, claro que no. El tipo penal de rebelión dice claramente: “el que se alza en armas”. Hablar en un discurso no es pues alzarse en armas. Eso es parte del derecho a la libertad de opinión que todo ciudadano tiene en una democracia. ¿Acaso lo mismo no ocurrió durante el Gobierno de Toledo, cuando García pedía su vacancia? Yo no creo en la vacancia y discrepo totalmente de Santos en este punto, pero respeto su derecho a expresarse con libertad.


  1. ¿No fue acaso inconstitucional la detención y el traslado a Ica del alcalde de Espinar para ser juzgado en esa localidad?

Claro que sí. Yo creo que se violó flagrantemente el principio del juez natural. Además, las reglas de la competencia son muy claras. El Código establece supuestos que no eran de aplicación en este caso puntual. Incluso, al alcalde se lo pudo llevar a Cuzco, pero nunca a Ica. Yo en particular no creo que en Espinar peligrara la integridad de los jueces o que no se pudiese llevar a cabo el proceso. Recuerde que el estado de emergencia ya había sido declarado. Lo curioso es que era el propio alcalde el que buscaba condiciones para dialogar, es decir, a la persona que busca concertar se la toma prisionera, esa es una muestra de absoluta irracionalidad.


  1.  ¿Está de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional para que el Parlamento pueda censurar e interpelar a los presidentes regionales?

Yo estoy en absoluto desacuerdo. Lo que en realidad tenemos detrás de todo esto es la visión centralista y capitalina que desde Lima pretende solucionar la problemática regional. Eso se evidencia cuando se señala que todos los que se oponen  a Conga, por ejemplo, son irracionales o ignorantes. Somos incapaces de mirar el problema desde la óptica de un campesino cajamarquino que se preocupa por sus recursos y por el desarrollo de actividades como la ganadería y agricultura.


Sobre la coyuntura política y el camino elegido por el Presidente


  1.  Hace algunos días el premier Oscar Valdés le dijo al Perú entero que Ollanta Humala debía olvidar sus promesas electorales. Al día siguiente, el mismo personaje retiró lo dicho y señaló que sí cumplirá sus promesas electorales. ¿Se puede ser Premier así?

No, ese señor debe irse. Como dice Sinesio López, a ese señor ya se le cayó la hoja de parra, está desnudo políticamente y exhibe su visión dictatorial, fujimorista y antidemocrática.


  1. ¿Ud. cree que corremos el riesgo de entrar en un proceso de mayor autoritarismo?

Yo tengo la esperanza de que cuando se vaya Óscar Valdés se abra un escenario de diálogo y paz.


  1.  ¿No fue acaso el propio presidente Ollanta Humala quien les enseñó a los pobladores de Cajamarca y a todo el país, que el agua era más importante que el oro?

El presidente es bastante incongruente en este punto, para usar un término respetuoso. Hay un giro político evidente. Como dice Domingo García Belaunde, al cual no pueden tildar de rojo, caviar, comunista o extremista, por qué estamos tan desesperados en que “Conga vaya”. Nosotros como país debemos dar el salto cualitativo, dejar de lado el modelo primario exportador, invertir en ciencia y tecnología y apostar por un desarrollo sustentable. Además, con el nuevo incremento de los tributos que le hemos autorizado al Gobierno se obtendrán más recursos que los que podría tributar el capital minero.


  1.  ¿Tiene Ollanta Humala el deber moral y político de explicarle a un tercio del país que el proyecto político por el cual votaron ya no es su prioridad?

Yo creo que tiene el deber moral de hablar la verdad. No puede ser que después de nuestra renuncia, en un contexto en el que le recordamos que no está haciendo lo que prometió, Ollanta salga a decir que a pesar de los radicales o los extremistas, la “gran transformación” se llevará a cabo. Primero, Ollanta no debe olvidar que el autor de la “gran transformación y hoja de ruta”, fue Félix Jiménez, quien no forma parte del Gobierno pero que permanece en “Ciudadanos por el Cambio”. Segundo, que los congresistas fuimos elegidos con el programa de la “gran transformación”. Tercero,  que él ganó la primera vuelta con ese mismo programa. Y cuarto, que muchos de los que lo apoyaron en la segunda vuelta lo hicieron oponiéndose al fujimorismo. Luego, no es posible que ahora se pretenda una modificación total de la oferta electoral.


  1.  Algunos peruanos estamos preocupados por la salud del presidente. Creemos que sufre de amnesia u olvido prematuro. ¿Ud. comparte esa preocupación?

Hay un verso indigenista que dice: “por qué sin motivo alguno empiezas a olvidarme, yerbas del olvido habrías comido, por qué sin motivo piensas olvidarme”, (risas). Yo creo que él ha optado por una forma pragmática de hacer política. Yo, en cambio, pienso que lo que el país necesita es ética en la política. Eso supone coherencia y honestidad para hacer y actuar de acuerdo a lo que se ofrece y promete.


  1. ¿Ud. ya no cree que Ollanta Humala lleve adelante la gran transformación, verdad? Más aún: ¿Ud. ya no confía en la palabra de Ollanta Humala, no?

Yo creo que salvo que el pueblo se lo imponga, Ollanta Humala no será capaz de llevar adelante ese proyecto. El presidente ha optado por el pragmatismo, hará algunas cosas para mantener una clientela, pero no más, porque un proyecto político requiere de un convencimiento y compromiso profundo que él no tiene.


Esta entrevista fue publicada en el N° 53 de LA LEY, mes de junio, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.













Etiquetas: , , , , , , ,

martes, 10 de julio de 2012

Señor presidente: los peruanos no elegimos sacerdotes



Quién lo diría. En épocas en las cuales las sociedades exigen la laicidad del Estado, y con ello, el divorcio definitivo entre política y religión, en el Perú marchamos hacia atrás, y retomamos la vieja tradición de depositar nuestro futuro en lo que puedan decir y hacer un par de curas. El nombramiento de los religiosos católicos Gastón Garatea y Miguel Cabrejos como mediadores en el caso Conga así lo demuestra.


Nadie puede desconocer las virtudes personales de ambos sacerdotes. Ambos han demostrado a lo largo de su vida un compromiso honesto y sincero con su causa. Más allá de las posiciones ideológicas de uno y otro, la mayoría de peruanos tiene una percepción positiva con relación a la figura de ambos. Sin embargo, lo preocupante en este caso es que el Gobierno haya tenido que recurrir a la “pureza espiritual” de dos miembros de la Iglesia Católica para poner fin a un problema que es eminentemente político.


Para mí el Gobierno y los partidos políticos han sido absolutamente incapaces de procesar las demandas de un importante sector del país que se opone, con razón o no, a la implementación de proyectos extractivos de gran magnitud. No solo eso, el llamado de estas dos personalidades vuelve a evidenciar algo que en el Perú sabemos hace mucho tiempo: los peruanos no creen en la autoridad. Todos desconfían del sistema político. La mayoría rechaza a las autoridades, incluso, a las democráticamente elegidas.


¿Por qué no se nombró como mediador al Defensor del Pueblo? ¿Por qué no se nombró como mediador a un político o a un exparlamentario? La respuesta es muy sencilla. En nuestro país todo aquel que represente a la autoridad formal carece de legitimidad frente a la población, sobre todo frente a aquellos sectores históricamente excluidos. Ocurre ahora en Cajamarca, la misma situación se presentó en Espinar, y estoy seguro se volverá a repetir en próximos escenarios de conflicto.


Me pregunta un grupo de exalumnos la razón por la cual en el Perú la gente no cree en las instituciones y tampoco en la aplicación justa de la ley. No sé si tenga todas las respuestas para tamaña interrogante, pero estoy seguro que en países como el nuestro en donde el Estado no tiene presencia en más del 30% del territorio nacional es muy difícil que la población desarrolle un sentimiento de identificación con el sistema político establecido.


Con respecto a la segunda interrogante, queda claro que en el Perú la ley y su aplicación no es igual para todos: las leyes son aprobadas sin el concurso y participación de los sectores involucrados, los padres de la patria rechazan el debate y prefieren las votaciones a puertas cerradas, el Gobierno promulga normas entre gallos y medianoche a sabiendas de que el Parlamento no cumplirá su labor de control legislativo y no se interpondrá en su camino. 


El resultado de todo ello es una legislación que no toma en cuenta los intereses de la población y que los invisibiliza y proscribe sin lugar a reclamos. Dicho de otro modo, en el Perú no interesa si la ciudadanía se siente identificada con la legislación que se aprueba; pues al fin del día, esta deberá ser acatada por la fuerza, con el enorme costo social que ello significa. Y si nada de eso funciona, estado de emergencia, por un lado; o toma de carreteras y huelgas por el otro.


A ello debemos sumarle el hecho de que muchas veces el Estado utiliza al marco normativo como instrumento de presión contra aquellos sectores que con justicia deciden protestar contra decisiones que a su juicio resultan injustas. Muy por el contrario, ese mismo Estado, que al parecer desea tener la sartén por el mango para someter a todos los ciudadanos al “imperio de la ley”, es timorato, cínico y hasta cobarde, para sancionar a los que históricamente se han considerado “los dueños del Perú”. ¿En cuántos “vladivideos” apareció Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito del Perú? En varios no es cierto. ¿Y qué pasó con él, se lo investigó? No. ¿Saben por qué? Muy simple. El señor es “Dionisio Romero”, no es Juan Quispe, Julia Mamani o Gregorio Arpasi.


Son este tipo de taras históricas no resueltas las que van generando en la población sentimientos de rechazo, miedo y desconfianza hacia la clase política. Los parlamentarios, jueces o jefes de Estado, que deberían ser los primeros en tratar de solucionar los problemas de la población sobre la base de criterios de justicia e imparcialidad, deciden hacer todo lo contrario. Colocan sus cargos al servicio de intereses particulares, se subastan o alquilan al mejor pagador. Coquetean y se prostituyen ante el poder económico y político. Y después de todo ello, se atreven a llamar extremistas a quienes todavía no han perdido la capacidad de indignarse. Díganme si no estamos en el reino de la sinrazón y el absurdo. El ladrón de bancos levantando el dedo acusador contra “los ladrones de manzanas”.


Pero retomando el tema, ¿qué ocurrirá si los conflictos sociales se agudizan? ¿Qué pasará si Conga se repite en Huánuco o Huancayo, si el ejemplo de Espinar se exporta a otras regiones, si Bagua se convierte en ejemplo histórico y la Amazonía decide levantar la voz? ¿Volveremos a nombrar como negociadores a los mismos sacerdotes? ¿Convocaremos a pastores cristianos, adventistas o mormones y les pediremos que instalen mesas de diálogo? Si ello es así, entonces mejor desaparezcamos al Estado, abroguemos la política, cerremos el Parlamento, y debatamos vía Twitter o Facebook esperando que la sabiduría divina haga entrar en razón a los radicales (de derecha e izquierda) para luego celebrar una misa y decir amén.


Esta salida no es otra cosa que cortoplacismo puro. El Gobierno se ha quedado sin oxígeno y ha perdido perspectiva. El nombramiento de ambos sacerdotes, hasta me pregunto por qué no convocaron al “santísimo” Juan Luis Ciprirani, debiera servir para bajarle el tono al debate, hacer que el nivel de violencia descienda, mientras el Gobierno nombra a nuevos ministros, redefine la estrategia e inicia una nueva etapa en la cual demuestre que está dispuesto a escuchar a todos los actores del conflicto. Dicho de manera más sencilla, el Gobierno debe asumir la tarea de representar y tratar de componer de manera armónica los intereses diversos, muchas veces contrapuestos, que presenta el capital, la población y el Estado. Para ello, el Presidente Ollanta Humala debe asumir su rol, dirigir la política nacional, y no caer en el mutismo de los últimos tiempos. Cuando ello ocurre, es decir, cuando un Presidente decide “no hacer política”, y espera que otros la hagan por él, se abre un espacio para que el discurso de los radicales y extremistas gane mayores adeptos. 


Recuerde, señor Ollanta Humala, que los peruanos elegimos a un Presidente de la República, que nuestra fe la llevamos por dentro, y que así como usted no debe meter sus narices en los asuntos del más allá, el Estado no puede pedirle a los sacerdotes que asuman las tareas que en principio son obligación de los políticos. Si usted no puede o no se siente capaz de hacerlo, y está imposibilitado de ejercer el cargo para el cual libremente postuló, avísenos para encomendarnos ante el de arriba (los que no creemos estamos jodidos) y pedirle que nos salve del desastre.

Etiquetas: , , , , , , , ,