SEGUNDA PARTE: ¿EL PERÚ DE LOS AÑOS 90 FUE UNA DEMOCRACIA DELEGATIVA? ¿FUE FUJIMORI UN PRESIDENTE DELEGATIVO?

En la columna pasada, recordamos el concepto de democracia delegativa desarrollado por Guillermo O’ Donnell (GO), el gran politólogo argentino, que luego de haber estudiado diversos gobiernos (Menen, Collor, Fujimori, Chávez, entre otros), señaló que en Latinoamérica estaba surgiendo un nuevo tipo de democracia, a la que llamó “delegativa” para diferenciarla de la que todos conocemos: la democracia representativa.

Por ello, expusimos siete características que para GO identifican a una democracia delegativa, o si se quiere, a un Presidente delegativo, para luego, preguntarnos si el Perú de los años 90 fue una democracia delegativa, y/o si Fujimori fue un Presidente delegativo. Ahora corresponde exponer las 7 características restantes.

No existen verdaderos aliados

En primer lugar, GO señala que los colaboradores directos de los Presidentes delegativos no son verdaderos aliados. Lo que sí son obedientes seguidores que no pueden adquirir peso político propio, anatema para el poder supremo del líder. Los Presidentes delegativos tampoco tienen verdaderos ministros, ya que ello supone un grado de autonomía e interrelación entre ellos, algo que para los Presidentes delegativos es inaceptable. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Los otros partidos políticos

En segundo lugar, GO refiere que si bien los Presidentes delegativos suelen necesitar el apoyo electoral de otros partidos políticos, los cuales se pueden sentir tentados con la posibilidad de beneficiarse de la popularidad de aquellos, tampoco pueden ser verdaderos aliados, ya sea porque su ostensible oportunismo los hace poco confiables o porque no siendo parte del círculo de poder no se tiene certeza sobre si los acompañarán (siempre y sin preguntas) en su gran tarea de salvación nacional. Además, si fuesen realmente aliados, los Presidentes delegativos tendrían que negociar con ellos importantes decisiones, algo que estos líderes no están dispuestos a hacer. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Los otros actores sociales

En tercer lugar, GO afirma que el éxito inicial de los Presidentes delegativos genera la aparición de nuevas demandas y expectativas, cuya concretización exige la toma de decisiones complejas; pero ellas sólo son posibles con la participación de diversos sectores sociales (sindicatos, partidos, gremios, entre otros) y políticos que sólo pueden hacerlo ejerciendo una autonomía que los Presidentes delegativos no están dispuestos a reconocerles. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

El círculo más cercano

En cuarto lugar, GO advierte que poco a poco los Presidentes delegativos se van encerrando en un estrecho grupo de colaboradores, que se encuentran cada vez más atados al supremo valor de la “lealtad” al líder. Pero al mismo tiempo, quienes los apoyaban desinteresadamente comienzan a sentir desconcierto, preocupación y molestia, pues piensan que únicamente se los convoca para aclamar las decisiones del Gobierno. Por ello, es clásico en estos casos que a períodos iniciales de alta popularidad sucedan abruptas caídas, lo cual genera una ola de “deserciones” por parte de quienes hasta hace poco se declaraban y eran considerados como los incondicionales de los Presidentes delegativos. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Crisis y aislamiento

En quinto lugar, GO expone que cuando la crisis aparece en estos Gobiernos, el país se encuentra con debilidades institucionales propiciadas justamente por los propios Presidentes delegativos. Son estos momentos en los cuales los líderes subnacionales (antes aliados), los partidos (que otrora respaldaban al Gobierno) o los actores sociales que habían sido cercanos al régimen, inician el camino de salida y migran hacia otras latitudes políticas.

Esto hace que se desate un escenario de crisis y tensión en el cual los Presidentes delegativos reprochan la “ingratitud” de quienes, luego de haberlos aplaudido, ahora los responsabilizan por los problemas existentes, y también les reprochan las maneras abruptas e inconsultas con que intentan encararlos. Por eso, a medida que avanza la crisis, los Presidentes delegativos buscan el apoyo de los verdaderos “leales” (incondicionales, diría yo), tildando de antipatriotas a todos aquellos que se oponen a su rol de “salvadores de la nación”, que ellos creen representar. Para ello, no dudan en hacerle recordar al país la crisis de la cual emergió su Gobierno, y el peligro que corre la nación de volver al pasado sin su conducción. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Un solo camino

En sexto lugar, GO refiere que como los Presidentes delegativos no han estado acostumbrados a ensayar caminos alternativos para la solución de problemas, o escuchar el consejo de personas que no sean parte de su círculo más inmediato, a pesar de la crisis, insisten en seguir haciendo lo mismo y de la misma manera que hasta hace poco les había funcionado. No obstante ello, es justamente esa actitud la que termina aislándolos hasta dejarlos políticamente solos, sin ningún respaldo social o político. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

El autoritarismo sin control

En sétimo lugar, GO advierte que en los momentos de crisis aparece el mayor de los riesgos de la democracia delegativa: los Presidentes delegativos en respuesta a la aparición de voces opositoras, proceden a amputar o limitar seriamente las libertades cuya vigencia la mantenían en la categoría democrática.

Al mismo tiempo, los Presidentes delegativos tienden a acentuar su discurso polarizante y amedrentador, a pesar de que cada vez son menos los que se atreven a respaldarlos públicamente. Eso hace, que los poderes e instituciones políticas que fueron duramente atacadas y arrinconadas adopten una posición mucho más activa y confrontacional, justamente porque el respaldo social de los Presidentes delegativos va en franco retroceso. Por ello, no resulta extraño que GO afirme que en los periodos de crisis sean justamente los propios Presidentes delegativos los que con su actitud contribuyan a acelerar la misma. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

A modo de conclusión

Por lo antes expuesto, queda claro que Latinoamérica debe apostar por la consolidación de una democracia auténticamente representativa, capaz de promover desde su propio seno la participación cívica de la ciudadanía en el proceso de deliberación pública. En todo caso, es preciso que como región, pero sobre todo como país, incorporemos a la democracia delegativa, como parte de las experiencias históricas nefastas que debemos tener siempre presentes si queremos construir un mejor futuro.

Finalmente, es preciso señalar que más allá de que lo que GO haya podido decir acerca de las presidencias de Menen, Collor, Fujimori y Chávez (Presidentes delegativos, según su juicio), lo importante es reconocer el enorme peligro que representa para la vida democrática de un país la llegada de líderes delegativos cuyo signo distintivo no es otro que su profundo desprecio por las instituciones democráticas. En todo caso, el debate sigue abierto, pero ahora contamos con mayores herramientas para responder si el Perú de los años 90 fue una democracia delegativa, y por ende, si Fujimori fue un Presidente delegativo.

PRIMERA PARTE: ¿EL PERU DE LOS AÑOS 90 FUE UNA DEMOCRACIA DELEGATIVA? ¿FUE FUJIMORI UN PRESIDENTE DELEGATIVO?

En 2011, a la edad de 75 años, falleció Guillermo O´Donnell (GO), el gran politólogo argentino, que a la larga no sólo se convirtió en uno de los mayores referentes intelectuales de su país sino también en un extraordinario observador del acontecer social, político y económico de Latinoamérica.

Casualmente, fue luego de estudiar el desempeño de diversos gobiernos (Menen, Collor, Fujimori, Chávez, entre otros), que GO señaló que en Latinoamérica estaba surgiendo un nuevo tipo de democracia, a la que llamó “delegativa” para diferenciarla de la que todos conocemos: la democracia representativa.

Hago referencia a este concepto de democracia delegativa pues considero oportuno, y a la vez, interesante, no sólo desde un punto de vista teórico sino también práctico, sobre todo con miras a las elecciones generales 2016, evaluar si el Perú de los años 90, gobernado por Alberto Fujimori, puede ser catalogado o no como una democracia delegativa.

Se parece a una democracia

En primer lugar, para GO la democracia delegativa se trata de una práctica del poder político que es democrática porque surge de elecciones razonablemente libres y competitivas; también lo es porque preserva, aunque a veces a regañadientes, ciertas libertades como la de expresión, asociación reunión y acceso a medios de información no censurados por el Estado o monopolizados. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Populares e impopulares

En segundo lugar, para GO los presidentes delegativos suelen pasar, rápidamente, de una alta popularidad a una generalizada impopularidad. Ellos surgen de una profunda crisis, aunque para ello hacen falta dos cosas: 1) Líderes portadores de esa concepción (mesiánica, diría yo); y 2) Sectores de la opinión pública que la compartan. La esencia de esa concepción, dice GO, es que quienes son elegidos creen tener el derecho de decidir como mejor les parezca qué es bueno para el país, sujetos únicamente al juicio de los electores en las urnas. Es decir, los líderes delegativos creen que los votantes les extienden un “cheque en blanco” para hacer lo que deseen, y por ello, creen que cualquier control institucional es una traba, por eso, afirma GO, intentan subordinar, suprimir o coptar esas instituciones. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

El fracaso y la gloria

En tercer lugar, para GO los presidentes delegativos a veces fracasan de entrada, pero otros logran superar la crisis. Es así como en la medida que superan las crisis logran amplios apoyos. Estos momentos son los de gloria, refiere GO, porque ese apoyo les demuestra, y debería demostrar a todos, que ellos son quienes realmente saben qué hacer con el país. No obstante ello, es justamente ese respaldo el que les permite avanzar en su propósito de suprimir, doblegar o neutralizar las instituciones que pueden controlarlos. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

El Congreso delegativo

En cuarto lugar, para GO cuando los presidentes delegativos tienen la gran ventaja de lograr mayoría en el Congreso, eso hace que el propio Parlamento se comporte bajo esa misma lógica: como el presidente ha sido elegido libremente, ellos tienen el deber de respaldar de manera acrítica los proyectos que les envía el Gobierno. Cuando esto ocurre, advierte GO, el Congreso viola la Constitución pues olvida que el Congreso no es menos gobierno que el Ejecutivo; produciéndose la mayor sumisión de una Legislatura como es el conferir de manera reiterada facultades legislativas extraordinarias al Gobierno. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

El Poder Judicial delegativo

En quinto lugar, para GO mientras avanza el Gobierno de un presidente delegativo se van ajustando controles sobre el Poder Judicial tales como el presupuesto de esa institución y, crucialmente, las designaciones y promociones de jueces. Al mismo tiempo, con relación a las instituciones estatales de control como las fiscalías, controlarías, defensorías del pueblo y semejantes, se busca capturarlas colocando en la dirección de ellas a leales seguidores del presidente delegativo, al tiempo que se restringen sus atribuciones y presupuestos. Esta estrategia, apunta GO, ocurre bajo la siguiente lógica: para la concepción supermayoritaria e hiperpresidencialista del poder político, no es aceptable que existan interferencias (mucho menos las institucionales) a la libre voluntad del líder. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Los líderes subnacionales

En sexto lugar, para GO los presidentes delegativos no pueden tener verdaderos aliados subnacionales (provinciales). Por un lado, los presidentes delegativos deben lidiar con líderes provinciales que ejercen sus propias cuotas de poder. Estos señores subnacionales deben asegurarles los votos para respaldar y reforzar su posición hegemónica y asegurar el control de su propio territorio. Además, afirma GO, a los líderes delegativos no les importa cómo los líderes provinciales alcancen estos objetivos, ya que lo importante es que sirvan a sus propios intereses. El problema es que la colaboración de los líderes provinciales tiene un precio cuyo monto depende del cambiante poder del presidente delegativo; por ello, la distribución de recursos entre el Ejecutivo y las provincias nunca queda resuelta. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

Los poderes económicos

En sétimo lugar, para GO como los presidentes delegativos han renunciado a tratar con los poderes económicos mediante mecanismos institucionalizados, entonces las relaciones se manejan de manera informal. Cuando ello ocurre, subraya GO, se produce una aguda falta de transparencia, y se abre el camino para la discrecionalidad (entendida como arbitrariedad) y corrupción en el manejo del poder público y su relación con el sector privado. ¿Ocurrió esto en el Perú de los años 90?

A modo de conclusión

Como lo veremos en la columna de la próxima semana, GO plantea características adicionales a las que hemos comentado para identificar cuando estamos frente a una democracia delegativa, o, si se quiere, frente a un presidente delegativo. En todo caso, sirva esta primera aproximación al concepto de democracia delegativa, para que nosotros mismos, luego de reflexionar sobre sus características, podamos responder a la pregunta que titula este artículo: ¿El Perú de los años 90 fue una democracia delegativa? ¿Fue Fujimori un presidente delegativo? ¿Si no lo fue, entonces qué tipo de régimen tuvo el Perú durante esta década? Continuaremos el análisis la próxima semana.

EL COSTO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

En el año 2012, Transparencia Internacional publicó un informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en el cual nuestro país -junto al Salvador y Panamá- ocupaba el puesto 83 entre 176 países. En otras palabras, el Perú presentaba uno de los IPC más altos a nivel mundial. Posición distinta es la que registraban Chile y Uruguay (ambos en el puesto 20) que sobresalían como los países de la región más transparentes junto a estados desarrollados como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. La otra cara de la moneda la presentaban Bolivia/México (105), Paraguay (150) y Venezuela (165).

Hoy, 3 años después de la publicación del referido informe, El Comercio publica una encuesta preparada por IPSOS que arroja los siguientes resultados: el 80% de la población considera que Alan García y Alejandro Toledo (ambos ex presidentes de la república) son “mayormente o totalmente corruptos”, mientras los que piensan lo mismo del actual presidente Ollanta Humala llegan al 75%. Frente a este panorama, creo oportuno formularnos la siguiente pregunta: ¿Cómo consolidar a la democracia como forma de gobierno en el Perú cuando más del 70% de los ciudadanos considera que sus 3 últimos presidentes son corruptos?

Considero que esta es una interrogante que los candidatos y partidos que buscan  alcanzar la Presidencia de la República en 2016 deberían estar en condiciones de responder. Es más, estimo que son los electores los que de manera general debemos convertir a este tema en uno de los ejes centrales de la próxima campaña electoral. ¿Cuáles son las propuestas que los candidatos y los partidos le ofrecen al electorado para luchar contra la corrupción y adecentar la política? Es, como ya lo señalé, una de las preguntas –sino la más importante- que los electores debemos hacernos antes de decidir por qué candidato presidencial votar el próximo año.

La historia de la corrupción en el Perú

Pero antes de formular soluciones a esta problemática, es menester conocer su naturaleza, comprender sus causas y efectos, para luego, una vez que se haya identificado la magnitud y el alcance del fenómeno, poder adoptar medidas eficaces destinadas a impedir que la corrupción siga carcomiendo los cimientos de nuestro Estado, debilitando nuestra institucionalidad y empobreciendo nuestra moral pública.

Al respecto, Alfonso Quiroz (1956-2013), publicó en 2013 su libro titulado “Historia de la Corrupción en el Perú”, una investigación que recopila y muestra diversos datos que grafican la verdadera magnitud del problema. Se trata, como señalan los especialistas, de la más importante investigación llevada a cabo en nuestro país sobre la corrupción, ya que es la primera vez que en un estudio se ha podido acceder a documentos reservados, archivos peruanos y extranjeros, informes desclasificados de los Estados Unidos, documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano y otras fuentes de difícil acceso que corroboran muchos de los datos e hipótesis que se tenían en torno a este asunto.

La corrupción peruana en cifras

En el libro se señala que entre el 30% y 40% del presupuesto nacional desde inicios de la República se ha perdido en actos de corrupción. Ahora, si analizamos esas cifras a la luz de nuestro PBI, podemos afirmar que la corrupción se engulle aproximadamente el 4% del mismo. Entonces, no exagera el autor cuando señala que ha sido el manejo corrupto de nuestra economía una de las principales causas del retraso de nuestro país.

Corrupción y crecimiento económico

Además, en el libro encontramos datos que confirman la siguiente hipótesis: los niveles de corrupción aumentan durante los períodos de mayor crecimiento económico. Este dato es fundamental si tomamos en cuenta que nuestro país durante los últimos años ha venido registrando una senda de crecimiento económico sostenido como nunca antes en su historia. ¿Cuántos millones de soles generados por el crecimiento se han perdido en actos de corrupción? ¿Hemos hecho el esfuerzo por generar los controles institucionales necesarios para frenar los actos de corrupción? ¿Algún candidato presidencial podrá y querrá liberar al Perú del fantasma de la corrupción? Son preguntas que el electorado debe comenzar a formularse con seriedad si realmente quiere que el 2016 la historia de nuestro país cambie.

Corrupción y autoritarismos

Asimismo, otro dato interesante que arroja este estudio está asociado a la relación simbiótica que existe entre la corrupción y la presencia de gobiernos autoritarios y/o dictatoriales. En otras palabras, mientras más autoritario es el Gobierno de turno, mayores son los incentivos para que los agentes públicos y privados incurran en actos de corrupción.

Eso se explica de modo muy sencillo: habiendo abolido los controles propios de la democracia y del Estado de Derecho, los gobernantes autoritarios y sus camarillas, tienen menos frenos a la hora de malversar y/o apropiarse del dinero público. Ergo, los corruptos saltan en un pie cada vez que nuestra democracia es petardeada y los regímenes autoritarios se apropian de la dirección política del país.

Los gobiernos más corruptos de la historia

Por ello, no resulta extraño afirmar que los periodos de mayor corrupción de nuestra historia republicana sean coincidentemente los periodos en los que nuestra democracia fue ferozmente destruida por líderes autoritarios que no tuvieron mayores reparos en ser actores directos o cómplices diligentes del saqueo económico a gran escala del erario nacional.

Así lo demuestra esta investigación, cuando señala que justamente los períodos de mayor corrupción en el siglo XIX fueron las décadas del 30 y del 50. Mientras que en el siglo XX, fueron los gobiernos de Leguía, Odría, Fujimori, Velasco y Alan García (primer periodo) los años en los que la corrupción ocasionó las mayores pérdidas del gasto público: 72%, 46%, 50%, 42% y 35%, respectivamente.

Para no olvidar en el 2016

A la luz de lo expuesto, creo que los peruanos no deberíamos olvidar -como la anota Transparencia Internacional-  que una extendida corrupción acentúa las desigualdades, debilita a las democracias, incita a la violencia y da pie para que el crimen crezca. Es más, podríamos afirmar que actualmente nuestra sociedad continúa pagando el alto costo político de la corrupción. Digo ello ya que miles de millones de soles se pierden diariamente en actos de corrupción, recursos que bien podrían ser invertidos en obras, programas o iniciativas destinadas a combatir la pobreza, reducir la desigualdad o mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas. Por lo pronto, esperemos que en 2016 los electores destierren de su imaginario y vocabulario la ignominiosa frase: “Roba, pero hace obra”.

ALBERTO FUJIMORI: EL FINANCISTA DE LOS “DIARIOS CHICHA”

Esta historia se inició en noviembre del año 2012, fecha en la cual la Corte Suprema de Chile decidió aprobar la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori (AF), por el caso de los “diarios chicha”. En aquella oportunidad, la justicia chilena encontró razones suficientes para determinar que las pruebas aportadas por el Estado peruano, arrojaban indicios que acreditaban fehacientemente la responsabilidad penal de AF por la comisión del delito de peculado.

El día de hoy (08ENE2015), la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia en contra de AF por el delito de peculado a 8 años de pena privativa de la libertad, 3 años de inhabilitación y también al pago de 3 millones de soles como reparación civil a favor del Estado. Con lo cual, queda claro, que la lectura penal que la justicia chilena hizo del caso de los diarios chicha en 2012 era el correcto.

Como se recuerda, el Ministerio Público en su acusación señaló que para el caso de los “diarios chicha”, fue la condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió a AF intervenir directamente en diversos órganos y ordenar a una pluralidad de autoridades y funcionarios la comisión de diversos actos ilegales relacionados todos ellos con el financiamiento de los “diarios chicha”, llevados a cabo con la finalidad de alcanzar su inconstitucional re-reelección.

Entonces, lo que ha hecho la Corte Superior con este fallo no es otra cosa que ratificar la tesis de la fiscalía respecto a la implementación de un operativo ilegal con miras a la elección presidencial de AF en el año 2000, y que para lograr dicho cometido, AF dispuso el desvió de S/. 122 millones de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional.

Eso quiere decir que fueron S/. 122 millones de soles los que AF puso en manos de Vladimiro Montesinos para posicionar su candidatura presidencial y destruir la imagen de los candidatos opositores. En otras palabras, el dinero de todos los peruanos fue usado para engendrar a un diverso grupo de “diarios chicha” encargados de respaldar su régimen autoritario y acabar con la imagen pública de los políticos no alineados recurriendo a actos criminales como la difamación, calumnia e injuria, respectivamente.

Basta recordar las portadas nauseabundas que estos diarios chicha (“El Chino”, “El Chato”, El Tío”, “El Men”, “La Yuca”, “El Mañanero”, “La Razón”, entre otros) publicaban en contra de Alberto Andrade Carmona, Luis Castañeda Lossio, Alejandro Toledo, y tantos otros líderes incómodos para AF y su entorno criminal. Como también, el nombre de los cómplices de AF: el ex Ministro de Defensa, José Villanueva Ruesta, el ex Comandante General de la Fuerza Aérea Elesván Bello y su asesor, Vladimiro Montesinos, todos ellos sentenciados en el año 2005 en este mismo caso por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado.

Tampoco debemos olvidar a los empresarios corruptos que pusieron al servicio de la dictadura fujimorista la línea editorial de sus “diarios chicha”, hablamos de los hermanos Moisés y Álex Wolfenson (“El Chino”, “El Men” y “La Razón”), Pablo Documet (“El Chato”, “La Yuca” y “Conclusión”) y Alejandro Estrenos (“El Mañanero”).

Ahora bien, lo importante de este fallo judicial por el caso de los “diarios chicha” es que se trata del último proceso que se llevará en contra de AF, al menos mientras el Estado peruano no solicite una ampliación de los procesos por los cuales el ex dictador fue extraditado de Chile. Con lo cual, esta sentencia se convierte en la quinta condena impuesta a AF desde que fue extraditado de Chile en 2007, país desde el cual postuló al senado japonés, después de haber renunciado por fax a la Presidencia del Perú en el año 2000.

Entonces, resulta válido señalar que AF se ha convertido en un ex Presidente de la República, que desde el año 2007 viene construyendo un verdadero prontuario judicial en su contra, el mismo que pretende ser ocultado por algunos medios de comunicación, interesados en favorecer la candidatura de Keiko Fujimori en el año 2016. Por eso es importante que los ciudadanos tengan presente -sobre todo los más jóvenes- lo que fue la década de 1990, años durante los cuales desde el poder palaciego se tejió una red de corrupción y crimen que logró enquistarse en todo el aparato público, cometiendo, como veremos luego, una gran cantidad de actos criminales, que al ser judicializados, dieron lugar, como ya dijimos, a cuatro sentencias condenatorios en contra de AF.

CASO ALLANAMIENTO ILEGAL

El 11 de diciembre de 2007, AF recibió su primera condena a seis años de cárcel efectiva por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. Como quedó comprobado en este caso,  AF ordenó a un militar suplantar a un fiscal para llevar a cabo el mencionado allanamiento. Se presume que lo hizo para apoderarse de material (vídeos) que podía incriminarlo en una serie de otros delitos.

CASO BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA/ SÓTANOS DEL SIE

El 07 de abril de 2009, AF recibió su segunda condena a 25 años de cárcel efectiva por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta (universidad pública). Además, se lo encontró responsable del delito de secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército durante los días siguientes al autogolpe de Estado del año 1992.

Para este caso, la Sala Suprema, presidida por el destacado procesalista penal y profesor universitario, César San Martín Castro, aplicó la teoría de la “autoría mediata”, señalando que los autores materiales de las matanzas habían sido los miembros del Grupo Colina y que los dos secuestros formaron parte de una política de Estado dirigida por el propio AF.

CASO 20 MILLONES DE DÓLARES A FAVOR DE VLADIMIRO MONTESINOS

El 20 de julio de 2009, AF recibió su tercera condena a 7 años y medio de cárcel efectiva al haber sido encontrado culpable por la comisión de los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. En este caso, el propio AF reconoció haberse apropiado de US$ 15 millones de dólares para entregárselos a su ex asesor Vladimiro Montesinos como parte de su compensación por tiempo de servicios (CTS). Cabe señalar, que por más de una década, el Gobierno de AF nos dijo a todos los peruanos que Vladimiro Montesinos no era funcionario público y que trabaja Ad Honoren.

CASO TRÁNSFUGAS, CHUPONEO TELEFÓNICO Y CABLE CANAL DE NOTICIAS

El 30 de setiembre de 2009, AF recibió su cuarta condena a seis años de cárcel efectiva por la comisión de delitos de corrupción en tres casos emblemáticos: el pago a congresistas tránsfugas para que le aseguren una mayoría no electoral en el parlamento, el chuponeo telefónico a periodistas y líderes de la oposición y, finalmente, la compra de Cable Canal de Noticias con dinero asignado a las Fuerzas Armadas.

Finalmente, y más allá de la estrategia judicial que la defensa de AF ensaye en este caso, es preciso que los peruanos –sobre todo los electores- no perdamos la memoria, que recordemos lo que representó para el país los diez años durante los cuales la agrupación de AF envileció la política nacional, con el único propósito de no volver a cometer en el futuro los mismos errores del pasado. Acá no se trata de desatar una persecución contra de una persona o de proscribir de manera perpetua a una agrupación política.

De lo que se trata es de tener muy en claro cuáles son los valores que deben inspirar la conducta de los gobernantes, pues sólo así, desterraremos del imaginario colectivo, frases tan profundamente indignantes como “es ladrón pero hizo obra”, o peor aún, “es asesino pero acabó con el terrorismo”. Debemos darnos cuenta, de una vez por todas, que la política es algo más que pérfidas ambiciones, y que nuestro país, jamás merecerá ser gobernado por ladrones o asesinos. Yo jamás me resignaré a agachar la cabeza y caer en ese terrible conformismo.

EL GIRO HACIA LA DERECHA EN EL PERÚ

En un artículo titulado “Perú 2012, continuidad y cambio en una democracia sin partidos”, el politólogo Eduardo Dargent afirma lo siguiente: “La elección del candidato reformista Ollanta Humala en 2011 hizo pensar que podían haber cambios sustanciales en la política peruana. Sin embargo, el nivel de institucionalización del sistema político aún se mantiene muy bajo, con instituciones desprestigiadas y partidos débiles que dificultan las reformas”. Han pasado 3 años desde que el Presidente de la República fue elegido, y todo indica que mantendrá un rumbo similar al de sus tres últimos antecesores.

En este mismo artículo el autor recuerda que Alberto Fujimori (1990) se corrió a la derecha al día siguiente de su elección. Alejandro Toledo (2001) gobernó un poco más a la derecha del centro ofrecido. Alan García (2006) lo hizo más a la derecha de lo prometido en su campaña del “cambio responsable”, y el actual Presidente, de acuerdo a lo señalado por varios analistas, terminará por hacerlo más a la derecha de su posición centrista de la segunda vuelta expuesta en la “hoja de ruta”. ¿Qué explica este giro hacia la derecha una vez que los presidentes empiezan a gobernar en el Perú?

Electorado conservador versus agenda reformista

El análisis del electorado en el Perú (casi el 70% suele apoyar cambios moderados y es renuente a los radicalismos) nos permite afirmar que se trata de una ciudadanía mayoritariamente conservadora, y que por tanto ofrece una base social que limita agendas de izquierda radicales. Esto último, si bien grafica el comportamiento electoral de los peruanos en las últimas décadas, no basta para explicar, por qué los presidentes elegidos terminan gobernando bastante más a la derecha que su posición ofrecida durante la campaña, la misma que con ciertos matices puede definirse como de centro-izquierda.

¿Cómo explicar el giro hacia la derecha de los presidentes electos? Es una pregunta que varios politólogos han tratado de responder para el caso de muchos otros países de América Latina en donde el comportamiento de los presidentes electos ha sido bastante similar al que han presentado los mandatarios en nuestro país (por no decir el mismo).

Como ya se señaló en el párrafo anterior, muchos presidentes electos de América Latina han violado sus mandatos electorales, es decir, han hecho promesas durante las campañas y luego las han incumplido al asumir el gobierno. En algunos casos estos políticos (o sus partidos) fueron castigados en la elección siguiente, pero en otros, contrariamente a lo que uno pueda presumir, fueron recompensados, y en ciertos casos se apeló a reformas constitucionales para hacer viable su reelección.

Dos primeras explicaciones

Sería largo enumerar las diversas hipótesis que desde la academia se han formulado con respecto a este fenómeno. No obstante ello, dos son las que en esta oportunidad me interesan destacar:

-       El premio a los políticos que faltaron a sus promesas fue el resultado de que éstos, a pesar de haber faltado a su palabra, hicieron lo que creían mejor para los ciudadanos, y optaron por un control o evaluación política post mandato, en el cual los electores pudieran juzgar su desempeño y comprobar que habían actuado en su beneficio. Estos políticos prefirieron correr el riesgo de ir contra la opinión pública antes que mantener unas promesas de campaña que consideraban equivocadas, afirma el politólogo Stokes.

-       Los políticos de la región pueden incumplir sus promesas electorales porque lo que existe en América Latina no es una democracia representativa sino una democracia delegativa, en la que los políticos eligen que pueden hacer lo que quieran una vez que llegan al poder, afirma el politólogo Guillermo O´donnel.

El vínculo programático entre electores y partidos

Es el título de un interesante artículo publicado por la politóloga Patricia Marenghi (Universidad de Salamanca) en el cual la autora ensaya una novedosa hipótesis explicativa que responde a la pregunta ¿Por qué los presidentes electos giran hacia la derecha en América Latina?

Muchos presidentes electos, sostiene Marengui, han violado sus mandatos electorales, unos fueron duramente castigados por los electores, otros, por el contrario, fueron recompensados (ellos o sus partidos). La hipótesis que esta autora plantea es la siguiente: el electorado castiga o premia a los presidentes que han violado sus mandatos electorales dependiendo del vínculo que los electores establecen con los partidos políticos.

Entonces, propone Marengui: 1) Los partidos que han desarrollado vínculos programáticos tienen menos posibilidades de violar sus mandatos electorales sin ser castigados y que, contrariamente 2) Los partidos que han desarrollado vínculos clientelares o vínculos carismáticos tiene más posibilidades de violar sus mandatos sin ser castigados.

Tres tipos de vínculos entre electores y partidos políticos

En síntesis, lo que propone Marengui puede resumirse en tres grandes postulados:

-          Los partidos políticos que tienen vinculaciones programáticas con el electorado tienen más dificultades para cambiar de políticas (violar el mandato) sin poner en peligro su apoyo electoral; es decir, tienen más posibilidades de no ser reelegidos: ¿Por qué? Esto se debe a que las organizaciones partidistas con un fuerte componente ideológico, cuyo apoyo electoral se basa principalmente en el componente programático de la organización, cuentan con mandatos fuertes que deben respetar sino quieren ser sancionados electoralmente en los siguientes comicios. Los votantes castigarán o premiarán a estos políticos evaluando que tanto han respetado éstos los compromisos asumidos.

-          Los partidos políticos que tienen vinculaciones clientelistas con el electorado tienen menos dificultades para cambiar de políticas (violar el mandato) sin ser castigados en las siguientes elecciones; es decir, tienen más posibilidades de ser reelegidos. ¿Por qué? Esto se debe a que en el caso de las organizaciones que establecen vinculaciones clientelares con sus electores, los votantes examinarán menos el cumplimiento de las promesas. El intercambio de votos por favores mantiene el apoyo político a la hora de rendir cuentas por políticas impopulares.

-          Los partidos políticos que tienen vinculaciones carismáticas, al igual que los que construyen vínculos clientelares, tienen más posibilidades de incumplir las promesas de campaña sin ser castigados por ello en los siguientes comicios. ¿Por qué? Esto se debe a que una relación basada solamente en el carisma, donde “el líder es el creador e intérprete indiscutido de un conjunto de símbolos políticos que llegan a ser inseparables de su persona”, facilita la persuasión de los electores a cerca de las causas del incumplimiento de las promesas.

El giro hacia la derecha en el Perú

A la luz de lo expuesto por Marengui, podemos señalar que en el Perú, los presidentes (partidos) electos violan sus mandatos electorales pues el vínculo que estos establecen con el electorado ha sido (casi siempre) de tipo clientelar y/o carismático, y por tanto, no tienen mayores incentivos para “cumplir sus promesas de campaña”.

Este último apunte, nos lleva a reflexionar sobre un asunto que de manera recurrente suele abordarse en cada proceso electoral en nuestro país, sobre todo cuando el político que resulta vencedor en la elección, no goza de las preferencias de los medios de comunicación o del statu quo político del país.

Cuando un político que no es parte del establishment (limeño) alcanza el triunfo electoral (nacional o regional), de manera inmediata, periodistas y opinólogos suelen decir lo siguiente: “El elector en el Perú es irracional (electarado, según Aldo Mariátegui), pues no analiza las propuestas y planes de gobierno, dejándose llevar por sus emociones y frustraciones”. 

En otras palabras, lo que este sector le reclama a la ciudadanía es lo siguiente: ¿Por qué los peruanos no ejercen un voto programático y, en cambio, apuestan por discursos populistas y/o radicales? Bueno, y con cargo a volver sobre este mismo tema en una próxima columna, ensayaremos una posible respuesta que toma como base, además de lo ya señalado, la opinión del politólogo de Harvard Steven Levitsky.

¿Por qué los peruanos no ejercen un voto programático?

Una característica de las elecciones en el Perú, afirma Levitsky, es la “irracionalidad del voto”. Para muchos, el voto programático –votar por el candidato que propone implementar las políticas públicas que uno quiere– es lo más racional e inteligente.  Pero en el Perú eso es casi imposible.  El voto programático exige que el electorado: 1) Tenga información creíble sobre las diferencias programáticas entre los candidatos; y 2) Confía que el ganador cumplirá con su programa.

Ambas condiciones no existen en el Perú, pero otro factor –quizá el más importante- que mina al voto programático es la desconfianza.  Los peruanos no creen que los candidatos vayan a cumplir con sus programas.  No porque sean desconfiados por naturaleza, sino por una razón muy sencilla: los candidatos no cumplen con sus programas, tal y como lo anotó Dargent al referirse a los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, respectivamente.

Discurso de centro-izquierda versus gobierno de derecha

Entonces, afirma Levitsky, si queremos elevar el nivel de la política en nuestro país, en vez de denigrar a los ciudadanos cuyo comportamiento electoral no entendemos, sería mejor tratar de entenderlos. Por ejemplo, en vez de contentarse con la floja explicación mariateguista (el “electarado”), la derecha debería estudiar por qué un sector del electorado en el interior sigue votando por candidatos radicales antisistema.

El votante peruano no es ni irracional ni estúpido, la gente, como afirma Carlos Meléndez, vota por muchas razones, basado en diversas identidades, intereses, y expectativas.  Lo que sí queda claro (y debería preocuparnos) es constatar que para muchos peruanos, el voto programático ha sido totalmente devaluado pues la experiencia les ha enseñado que el voto no sirve para cambiar las políticas del gobierno. Más, cuando el presidente a quien los peruanos eligieron ofreció una agenda de centro-izquierda para luego, una vez instalado en Palacio de Gobierno, girar hacia la derecha sin mayor explicación.

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

Venezuela no es una democracia. Hace mucho dejó de serlo. En una democracia (espero que mis amigos izquierdistas lo recuerden) se respetan las libertades civiles de asociación, reunión, expresión e información. En una democracia se garantiza la libertad de prensa, y los que critican al Gobierno no son perseguidos. En una democracia la oposición tiene el derecho a competir en elecciones limpias y justas. Estas condiciones que definen a una democracia desaparecieron en Venezuela hace varios años.

La doble moral de la izquierda

Por eso me sorprende que algunos amigos, con los cuales salí a las calles a criticar y enfrentar a la dictadura fujimorista, hoy en día defiendan y justifiquen la feroz represión desatada por el chavismo en Venezuela. Ok, algunos dirán que Chávez está muerto, y que el dictador es Maduro y no el Comandante. A ellos les digo que la democracia llanera se desplomó por acción directa de Chávez y no de Maduro. Este último ha demostrado en poco tiempo, que sin el liderazgo de Chávez, la caída y el fin de la Revolución Bolivariana está cada vez más cerca. Maduro no es otra cosa que un ignaro político que tuvo la suerte de recibir la bendición del líder muerto.

Me dicen esos mis amigos izquierdistas, que lo que ocurre en Venezuela es producto de la acción de una oposición golpista que se ha puesto al servicio de los intereses imperialistas. A ellos les digo que están absolutamente equivocados, y que sus afirmaciones son peligrosas, sobre todo para la propia izquierda. Pretender deslegitimar cínicamente la protesta de la oposición en Venezuela, tildándola de golpista y pro yanqui, no es otra cosa que buscar la legitimación de la represión y la violencia criminal del chavismo.

Al parecer, mis amigos izquierdistas han olvidado que la criminalización de la protesta ha sido siempre una táctica usada por la derecha, por las fuerzas conservadoras y militaristas de la sociedad. Recuerden queridos amigos izquierdistas, que cuando la protesta deja de ser un derecho de las mayorías, los primeros caídos son siempre los más pobres e indefensos de la patria. Por eso los progresistas y liberales debemos siempre defender el derecho a levantar la voz, a decir basta, independientemente del color político del dictador a quien se repudia públicamente por sus crímenes y atrocidades.

El final se está cerca

Lo que se vive en Venezuela hoy en día, no es otra cosa que la “Crónica de una muerte anunciada” (por citar el título de la gran novela de otro pro chavista como Gabriel García Márquez). Como se sabe, pocos regímenes autoritarios (personalistas) sobreviven después de la salida (enfermedad o muerte) de su líder. Recordemos que de los 51 regímenes personalistas que existieron entre 1945 y 1998, solo cuatro duraron después de la muerte del dictador, tal y como se lee en la notable investigación realizada por la politóloga Barbara Geddes sobre la estabilidad de los regímenes autoritarios. Venezuela no será la excepción. El Gobierno chavista caerá (ahora con Maduro). De eso no tengo dudas.

Como lo apuntó hace algún tiempo Levitsky, la sucesión en un Gobierno autoritario como el de Venezuela genera serios problemas al interior del partido o movimiento del autócrata. Ahora nos damos cuenta de que la opinión del politólogo de Hardvard era algo más que la voz profética de un académico informado. Levitsky señala que la sucesión es menos traumática en los regímenes con un partido institucionalizado. De hecho, países como México (con el PRI), Malasia, Vietnam y China,  con la presencia de un partido oficialista (hegemónico e institucionalizado), lograron implementar mecanismos para renovar liderazgos y solucionar pugnas internas. He allí su éxito. Les recomiendo leer sobre el “dedazo” en México.

Pero el problema en Venezuela es que el régimen autoritario del chavismo no contó nunca con instituciones sólidas. De hecho, la vida institucional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estuvo marcada siempre por el sello personalista de Chávez. Por eso muchos se animaron a vaticinar, hace ya algunos años, que la Revolución Bolivariana era insostenible. Uno de ellos fue justamente Levitsky, para quien el régimen político y el modelo del Socialismo del Siglo XXI, estaban condenados al fracaso, porque se construyeron sobre dos elementos muy precarios que hacían imposible la consolidación e institucionalización del régimen: el personalismo y el petróleo. Lo explico brevemente.

El personalismo chavista y el petróleo

Si el proyecto chavista está herido de muerte en estos días, es porque durante casi 14 años Hugo Chávez hizo todo menos adoptar políticas para la consolidación de un partido político sólido que le garantizase estabilidad al régimen una vez que este ya no estuviera entre los vivos. ¿Le interesó a Chávez despersonalizar su movimiento? No. Al contrario. Chávez buscó siempre ser la única voz política en Venezuela, él, y sólo él, era la carta de triunfo de la revolución. Caudillismo y mesianismo puros.

Por eso llama la atención cuando algunos izquierdistas peruanos llaman a Chávez “el último revolucionario de Latinoamérica”, ya que si uno revisa la historia política venezolana de los últimos años podrá darse cuenta (con mucha facilidad) que el chavismo fue sobre todo un movimiento populista, que logró tejer una red clientelar y una masa de “agradecidos” que le sirvieron para asegurar victorias electorales en contiendas injustas. Pero que jamás se tomó en serio la tarea histórica de llevar adelante un proyecto revolucionario como el cubano. Así, y espero que lo que voy a decir a continuación no ofenda la sensibilidad de mis amigos fujimoristas, para mí Chávez terminó pareciéndose más a Fujimori, que al octogenario Fidel Castro.

Como ya lo señalamos en líneas anteriores, cuando un régimen no se institucionaliza, está siempre expuesto a los vaivenes de la política y al sacudón de la economía mundial. Venezuela es el más claro ejemplo de cómo la extrema dependencia de los ingresos generados por la explotación de petróleo pueden terminar paralizando al Estado. El petróleo (su renta astronómica) trajo problemas de corrupción, ineficiencia y clientelismo a gran escala, que terminaron minando la estabilidad del régimen.

Un régimen sin instituciones

El problema es que Chávez, más allá del despilfarro fiscal que desató en cada proceso electoral, no hizo nada durante sus años como gobernante para romper esa dependencia. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen los años de las vacas flacas? ¿Qué pasará cuando tengan que limitarse los subsidios? ¿Qué sucederá cuando la inflación crezca y la escasez comience a pasar factura? Eran preguntas que muchos nos hacíamos cuando analizábamos el proceso venezolano.

Ahora todos estamos siendo testigos del descalabro político y económico por el cual está atravesando Venezuela gracias a la irresponsabilidad de un gobernante autoritario y de sus secuaces (entre ellos el actual presidente Maduro) que creyeron que una revolución se hacía repartiendo prebendas entre los que menos tienen, usufructuando la pobreza de la gente, avivando la confrontación y la polarización entre hermanos. Hoy, la violencia desatada en Venezuela, no es otra cosa que el resultado de un conjunto de acciones llevadas a cabo por un Gobierno que decidió arremeter ferozmente contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su política.

La historia de nuestro continente nos ha enseñado que ningún Gobierno autoritario quiere dejar el poder (sino preguntémosle al fujimorismo). Eso no quiere decir que llegado el momento estos Gobiernos no caerán. De hecho, todas las dictaduras, ya sea debido a factores externos, o por pugnas desatadas al interior de sus cúpulas, terminan desplomándose. El Gobierno de Maduro caerá también. Maduro está herido de muerte, es un líder muy débil, y con muy poco talento político para salir bien librado de situaciones de crisis.

¿Qué ocurrirá con el chavismo?

Ahora bien, ¿La caída de Maduro marcará el fin del chavismo? No. Yo creo que con el chavismo pasará lo mismo que ha ocurrido en Argentina con el peronismo, o lo que hemos vivido en el Perú con el fujimorismo. El chavismo sentó sus bases y echó raíces en la sociedad venezolana. Esa es una verdad innegable. La fuerza del chavismo está básicamente en los sectores populares venezolanos. El chavismo, cuenta con una identidad muy fuerte, una militancia comprometida presente en casi todos los rincones de Venezuela, y con una ideología que los convoca y cohesiona.

Recordemos que Venezuela ha sido por muchos años un Gobierno autoritario que contaba con apoyo mayoritario. ¿Por qué una dictadura recibe apoyo por parte de la población, sobre todo de los sectores populares? La razón es muy simple: Si bien es cierto los proyectos sociales de participación popular del chavismo fueron creados de manera vertical, y estuvieron marcados por el clientelismo y la politización de sus objetivos, no podemos negar que estos lograron importantes logros como la extensión del acceso a servicios básicos como la educación, vivienda, pensión y salud. Ello trajo consigo una reducción importante de la pobreza y la desigualdad. Y con ello, un mayoritario respaldo popular, el mismo que durante muchos años se tradujo en millones de votos.

Los retos de una democracia en transición

Por tanto, la caída inminente de un Gobierno autoritario como el chavista, y la apertura hacia una transición, deben ser vistos por los partidos y las fuerzas de oposición venezolanos como la oportunidad para sentar las bases de una democracia institucional que apueste por la acción social, la misma que sea capaz de garantizar no sólo el respeto por las reglas de la democracia constitucional, sino también la tutela de derechos económicos y sociales.

Así, el gran reto para la democracia en América Latina es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Mientras nuestras democracias no sean capaces de solucionar ambos problemas, siempre correremos el riesgo de caer en manos de líderes populistas y autoritarios, que busquen perpetuarse en el poder, violando sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como diría el viejo maestro Raúl Ferrero Rebagliati: “Nos toca a los demócratas, nos toca a los latinoamericanos extender, la democracia del campo político al económico y social, haciendo partícipes de la renta a las clases medias y populares”.