viernes, 23 de marzo de 2012

Las mujeres y su derecho a elegir





Se trata de una menor de edad. De una joven, una adolescente que como muchas en el Perú estaba condenada a vivir en el infierno. Su padrastro, un oficial de la policía en la provincia de Chubut en Argentina, abusaba sexualmente de ella desde que tenía 11 años. En 2010, cuando tenía 15 años, quedó embarazada. A los pocos meses de conocida la noticia decidió abortar. Acudió a un centro de salud público en busca de ayuda, ella quería interrumpir su embarazo y acabar con su dolor. Pensó que el Estado, esa organización cuya finalidad última es la defensa de los derechos de los seres humanos, le brindaría ayuda inmediata. Se equivocó, en el hospital público de Rivadavia se negaron a operarla, señalando que para ello era necesario contar con un permiso judicial. A pesar de esta negativa siguió adelante, y en marzo de ese año, en una primera instancia, consiguió la autorización requerida (nunca antes un papel se volvió tan importante para la vida de una joven de esa edad).



Hace una semana, dos años después de lo sucedido, la justicia argentina, específicamente la Corte Suprema de ese país, en un fallo que marca un hito histórico en el proceso de consolidación de los derechos y libertades de las mujeres, le ha vuelto a dar la razón. Para el Alto Tribunal, los casos de abortos realizados por mujeres que han sido violadas no son punibles, ni están supeditados a un trámite judicial para su realización. En otras palabras, ninguna mujer se verá obligada, como se pretendió en este caso, ni supeditará su libre decisión de interrumpir o no su embarazo, cuando este sea producto de una agresión sexual, a pedir la autorización y el visto bueno de un juez o una corte para practicarse el aborto. Nunca más en la República Argentina, las mujeres de ese país, que han sufrido la ignominiosa experiencia de un atentado contra su integridad y libertad sexual, deberán solicitar el permiso de los órganos jurisdiccionales para llevar adelante una intervención médica de este tipo.



Para la Corte Suprema de Argentina, y así se desprende del fallo, tanto su Constitución como los tratados de derechos humanos, exigían una interpretación a favor de los derechos de la mujer y la asunción de una posición frente al tema que grafique el compromiso del Estado Argentino con la defensa de la autodeterminación sexual de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables, como ocurrió en este caso. Para los jueces de este órgano de justicia, la normativa vigente en su país no solo no prohíbe la realización de este tipo de abortos, sino incluso, impide que esta práctica sea perseguida y sancionada penalmente, mandato que siendo evidente (basta revisar la legislación argentina vigente para advertir ello) era desconocido cínicamente por los operadores de justicia y por el personal médico del sector público argentino.



Debemos recordar que en Argentina, como en otros países de la región como el Perú, el aborto es un delito castigado penalmente, que sanciona con pena privativa de libertad al médico que lo practica siempre que no se trate de supuestos en los cuales corra peligro la vida o la salud de la madre (aborto terapéutico). Pero además, en la legislación Argentina, a través de una disposición que data de 1921, se señala al respecto que también está exento de castigo el aborto que se realiza "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente" (en nuestro país, este tipo de aborto, conocido por la doctrina como "aborto sentimental o ético", sigue penalizado, prueba evidente de nuestro cuartomundismo).



En ese sentido, este fallo es histórico, tal como lo afirman las organizaciones de derechos humanos y movimientos femeninos en Argentina, pues durante mucho tiempo, los jueces de este país interpretaron que este tipo de aborto no era punible "solo en aquellos casos en los cuales quien lo solicitase fuera una mujer idiota o demente (discapacitada, para usar un término mucho más acorde a nuestros tiempos) y siempre que se contara con una autorización judicial". Esta había sido la práctica común entre jueces y profesionales de la salud, que con el ánimo de salvar todo tipo de responsabilidad ulterior, obligaban a la mujer embarazada (con la pérdida de tiempo que ello supone y con el peligro que para su salud supone el paso de los días y semanas pensando en un futuro aborto) a acudir a los tribunales en búsqueda de esta autorización que exhibida ante los médicos le permitiese exigir válidamente la interrupción de su embarazo.



Dicha práctica, amparada en una interpretación que no tenía ningún asidero lógico y que en la práctica resultaba siendo absolutamente discriminatoria -cuál era la diferencia objetiva entre una mujer incapacitada y una que no lo es, al momento de decidir si se continúa o no con un embarazo no deseado, si en ambos casos se trataba de mujeres víctimas de una violación- terminaba por criminalizar a aquellas mujeres que sumidas en un profundo malestar y sufrimiento, veían cómo sus derechos a la vida, la integridad, la libertad y la dignidad misma, eran amenazados y vulnerados de la manera más irracional.



Es decir, además del sufrimiento que un acto tan reprochable como la violación sexual genera en la mente y el alma de una mujer, estas debían enfrentar un proceso penal, y con él, la exposición pública y la sanción y censura social, por el "incomprensible deseo" de no traer al mundo a un hijo que era producto de la violencia, de la agresión, del atropello, de la maldad de un padre, padrastro, tío, hermano, o simplemente de un extraño que desconociendo los más elementales principios de la ética y de la propia dignidad humana decidió apropiarse de su ser con el único fin de dar rienda suelta a sus más abominables instintos. Con lo cual, y a pesar de su condición de víctima primaria de tan grave delito, esta mujer ahora debía enfrentarse a un aparato estatal que buscaba perseguirla y sancionarla por este "crimen".Nada más absurdo, nada más descabellado, nada más inhumano.



Esta era la terrible situación que la Corte Suprema Argentina ha corregido en esta oportunidad a partir de la emisión de este histórico fallo que marcará, sin lugar a dudas, un antes y un después en el proceso de consolidación democrática y de protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en nuestro continente. Esta es, por donde se mire, una decisión que nuestros tribunales o, mejor aún, nuestro Parlamento debería imitar, votando la Ley que despenalice formalmente este tipo de abortos, en supuestos en los cuales la mujer tiene "todo el derecho de interrumpir un embarazo no deseado cuando este es producto de una violación".




¿Por qué obligar a la mujer violentada a seguir adelante con un embarazo no deseado? ¿Por qué imponerle a la mujer violentada una carga tan pesada que puede marcar de modo negativo toda su existencia? ¿Por qué el Estado debería decidir por ella, restringiéndole su libertad a elegir, cuando es un derecho conquistado por todas las mujeres el que puedan decidir libremente con quién y en qué momento de sus vidas traen a un niño a este mundo?





Las respuestas a estas interrogantes no existen, las razones que esgrimen quienes justifican esa posición son insuficientes, y así lo ha entendido la justicia argentina. Peor aún, esta postura conservadora y autoritaria, obligaba a las mujeres de ese país a practicarse ese mismo aborto -que "cándidamente se presume prohibido"- de manera clandestina poniendo en grave riesgo su vida, su salud, su integridad.



Sobre este último punto, debemos recordar, que según Human Rights Watch, una de las instituciones de derechos humanos más importantes del mundo, en América Latina la tasa de abortos al año aumenta a pesar de las prohibiciones legales. En Argentina, por ejemplo, el número de abortos es el doble que en el resto de América, registrando cada año entre cuatrocientos mil y seiscientos mil interrupciones de embarazo voluntarias, y la tasa de víctimas fatales producto de abortos practicados, sin la asistencia profesional adecuada y en condiciones de higiene y salubridad precarias (abortos clandestinos) aumenta año tras año.



Sirvan entonces estas cifras, y este tipo de pronunciamientos de la justicia, para abrir en la región, y sobre todo en nuestro país, un debate mucho más serio sobre este asunto. Un debate que contemple la posibilidad de despenalizar, con algunas restricciones desde luego, algunos tipos de aborto, o regular, mediante la emisión de protocolos médicos, los tipos de aborto ya despenalizados.



Las mujeres y los hombres libres de este continente, de este país, exigimos una postura mucho más firme de los gobiernos y un compromiso mucho más claro del Estado con la defensa de los derechos humanos, la misma que se refleje en la adopción de políticas públicas de salud que sean producto de un debate amplio y libre sobre el aborto, y en el que se permita la participación de todos los sectores, y no solamente la de aquellos grupos de pensamiento ultramontano que basan su posición en textos sagrados escritos hace más de dos mil años, y que gracias a su poder económico e influencia política entorpecen con su oscurantismo y conservadurismo cualquier esfuerzo por dar a conocer estas posiciones libertarias y progresistas a toda la ciudadanía, informando a las personas, sobre todo a las mujeres de los sectores más pobres, acerca de sus derechos y libertades sexuales y reproductivas que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos les reconocen.

Rafael Rodríguez Campos

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miércoles, 7 de marzo de 2012

¿Es Lima una sociedad enferma de machismo?








Esa es la pregunta que intenta absolver la doctora Raquel Hurtado La Rosa en su libro titulado “Caracol de Piedra”. Esta publicación, elaborada y redactada con profunda rigurosidad, tiene por finalidad hacer visible el problema del género en nuestra sociedad, a partir del reconocimiento de un sin número de estereotipos sociales que definen la manera de ser mujer u hombre en nuestro medio. Ello conlleva a reconocer y redefinir el problema de la masculinidad, además de hacer visible la situación de subordinación y desventaja de las mujeres en nuestro país.






Luego de revisar los datos recogidos a nivel de campo, del análisis de las opiniones de los entrevistados y de la sistematización de la información hecha por la autora, el lector, cualquiera que sea su profesión, oficio o actividad, llega a una sola conclusión: En nuestra sociedad, los hombres de Lima Metropolitana son todavía profundamente machistas. A continuación haré algunas referencias y apuntes que no dejan dudas sobre la veracidad de lo antes afirmado.




La mayoría de los entrevistados reconoce la importancia de la participación de la mujer en el espacio público y privado. La mayoría reconoce la necesidad de brindar a la mujer el mismo número de oportunidades laborales y académicas de las cuales goza el hombre. Todos o casi todos, reconocen que tanto la mujer como el hombre tienen los mismos derechos y responsabilidades.




Sin embargo, al ser preguntados por los roles que ellos asumen o si asumirían roles domésticos al interior de su hogar, la respuesta cambia. La mayoría señala que ello se justifica siempre que la mujer trabaje fuera del hogar, lo cual supone una desvalorización de la mujer ama de casa. Asimismo, esta justificación se consolida si la mujer gana más que el hombre, ello es así pues si ella es quien trae más dinero al hogar es justo que el hombre asuma la carga doméstica. No obstante ello, otro importante grupo de hombres señaló que solo asumiría estos roles en situaciones excepcionales: Cuando la mujer enferma o cuando ellos se quedan sin trabajo. Es decir, para un número importante de hombres solo se asumen roles domésticos cuando ellos están en incapacidad de cumplir con el rol que la sociedad les impone, ¿Cuál es ese rol? No es otro que la del hombre proveedor, el hombre capaz de solventar solo a su familia, el hombre exitoso, el hombre que cuenta con el dinero suficiente para sacar adelante a los suyos, la típica figura prehistórica del hombre visto como cazador, proveedor, protector. En otras palabras, a los limeños les cuesta abandonar la figura del “súper macho fuerte”.




Consultados sobre el supuesto en el cual la mujer es quien recibe un mejor salario que el hombre. La mayoría reconoce las ventajas que ello trae consigo para la economía familiar. Sin embargo, otro importante grupo señala que este supuesto puede originar otro tipo de problemas. Varios de los entrevistados ven en la mujer a una virtual competidora, muchos de ellos creen que si la mujer gana más que el hombre adquirirá un mayor poder al interior del hogar, hecho que sin lugar a dudas ocasionará problemas, dado que esta podrá discutir o desconocer las órdenes del hombre, y ello es desventajoso pues menoscaba la figura del marido o esposo como “Jefe del hogar”. Es decir, una vez más, asoma el machismo, el hombre asume que la posición y autoridad que tiene en casa depende del dinero que él lleva al hogar, basa su posición al interior de la familia en su capacidad para proveer y satisfacer las necesidades materiales de los suyos, desconoce que el respeto que la mujer o los hijos sienten hacia él se construye a partir de otro tipo de factores, como el cariño, el afecto, la responsabilidad o el respeto que él día a día les profesa.




Consultados sobre qué opinan de la violencia familiar. La mayoría de ellos reconoce la existencia de la misma al interior de la familia peruana. Incluso brindan datos sobre la misma, señalan que en la mayoría de los casos la violencia se asocia al consumo de drogas o alcohol. Asimismo, señalan que las razones se deben a problemas económicos, diferencias a nivel laboral y salarial con la pareja o los celos. Nuevamente aparece el machismo encubierto en esta problemática. El hombre al sentir que no puede cumplir con su rol de padre, esposo o pareja protectora, al verse opacado por la pareja en el campo laboral o económico, busca restablecer esa relación de dominio sobre la mujer a través de la violencia, del insulto, del vejamen y la humillación. Este dato es sumamente alarmante pues las cifras de violencia familiar en nuestro país son tan elevadas que este fenómeno ha sido considerado como un problema de salud pública.




Consultados sobre su opinión sobre la violencia de mujeres contra hombres. La mayoría reconoció la existencia de este problema. Muchos reclaman la necesidad de crear instituciones o programas para su defensa. Muchos reconocen la necesidad de ayudar psicológicamente a los hombres que sufren abuso. Sin embargo, reconocen que la mayoría de los hombres abusados, o ellos mismos, no denuncian estos casos por vergüenza, sienten temor a lo que la sociedad y su grupo más cercano piense de ellos. El hombre que denuncia que su mujer le pega, dice uno de ellos, queda como un tonto, como un saco largo, como un mariquita que no se puede hacer respetar. Una vez más aflora el machismo, cómo denunciar maltrato por parte de la mujer, si la sociedad asume que el hombre es el “machazo” en la relación, si la sociedad hace de la mujer un ser indefenso, que necesita protección, cómo denunciar si el propio policía o fiscal ante quien denunció el hecho se burla y le dice: ¡caramba hombre, déjate de cojudeces!




Consultados sobre si alguna vez han rechazado una propuesta de alguna dama de ir a la cama con ella o si han dejado pasar la oportunidad de acostarse con una mujer, aun cuando se trate de una desconocida y a pesar de los riesgos que esto trae consigo. La mayoría señala que tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de decir “no”. Sin embargo, un grupo importante de los entrevistados reconoce que a veces uno tiene que hacerlo porque sino luego dicen que uno es homosexual, que no le gustan las mujeres y eso no se puede permitir. Más aún, reconocen que uno le puede decir que “no” a las parejas ocasionales, a las trampitas, como dicen ellos, pero uno no puede decirle no a la esposa. Nuevamente hace su aparición el machismo encubierto, a la esposa no se le puede decir “no”, porque si eso pasa, se corre el riesgo que ella busque satisfacer su deseo fuera de casa, se corre el riesgo de la infidelidad. Es decir, el hombre cree que la fidelidad y compromiso de la esposa o pareja se ganan siendo un verdadero campeón en la cama, un tipo que sin importar el sin número de problemas que tenga en la mente es capaz de satisfacer a su “hembra”, porque si eso no ocurre, infidelidad segura, afirman muchos de ellos.




Como pueden apreciar este tipo de pensamientos, explícitos o no, evidencian actitudes de dominio y autoritarismo, dentro y fuera del hogar, el hombre asume que tiene el derecho y el deber de proteger su posición de dominio en la relación con su pareja. Surge la necesidad de hacer evidente ante todo el mundo que él es un hombre fuerte, valeroso, viril, duro, capaz de llevarse al mundo por delante si así lo quiere. En ese sentido, como afirma la autora, si bien las mujeres también son obligadas por la sociedad ha ser “femeninas” (entiéndase, delicadas, tiernas, amables, respetuosas, pulcras, sexualmente pasivas), la condición masculina está siempre en duda, necesita reafirmarse social y personalmente con frecuencia. De allí la necesidad de que en todo salón de clase exista un lorna o un maricón, del cual el niño tenga que diferenciarse, como reflejo de su virilidad y hombría.




Este estudio pone en evidencia la necesidad de reconstruir el concepto de lo masculino en nuestra sociedad, este informe pone en tela de juicio las construcciones sociales que a lo largo de los años se han ido consolidando en torno al rol que el hombre y la mujer deben asumir en la sociedad, este informe marca un camino hacia la construcción de una masculinidad basada en la equidad de género, una masculinidad capaz de reconocer en la mujer a un ser con los mismos, deberes, derechos y obligaciones, tanto fuera como dentro del hogar. Solo así podremos avanzar en el camino hacia la consolidación de una sociedad más igualitaria y democrática, pues la verdadera democracia se inicia en el hogar, dejemos atrás esos estilos de crianza en los cuales Juanito debe jugar con pistolas y Juanita debe hacerlo con muñecas “Barbies”, dejemos atrás la absurda costumbre de separar los colores, negro o azul para el varoncito, rosado o amarrillo para la mujercita. Reconozcamos que el machismo empieza por casa, con mamá ordenando a mis hermanas que planchen mis camisas y con papá diciéndome “tú si puedes emborracharte y llegar tarde porque eres hombre”.


Rafael Rodríguez Campos

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