lunes, 22 de septiembre de 2014

EL CUARTEL "LOS CABITOS"

Cuando conversábamos con algunos amigos sobre el libro “Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte”, a muchos de mis colegas les costaba trabajo creer en la veracidad de los hechos que sus páginas relataban. ¿Acaso eso pasó en Ayacucho? ¿Construyeron un horno los militares para incinerar cadáveres y desaparecer cuerpos? ¿Encubrieron las instituciones castrenses a estos asesinos? Esas eran las preguntas que ellos –con cierto escepticismo- se hacían, interrogantes que estoy seguro cualquier peruano podría formularse luego de leer el libro.  
Bueno, la verdad es que la realidad terminó superando con creces a la narración, pues luego de que se produjeron las exhumaciones, todos fuimos testigos del horror vivido en ese lugar de la sierra peruana, convertido, durante la década del 80’ e inicios de los 90’, en un auténtico campo de exterminio regentado por el Jefe Político Militar de la zona.
Actualmente, en una sala de la Defensoría del Pueblo, se exhiben las prendas de 59 peruanos desenterradas en La Hoyada, la pampa ubicada a poca distancia del Cuartel "Los Cabitos", donde se sabe que miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron extrajudicialmente a decenas de campesinos (as). Crímenes que hasta el día de hoy aterrorizan a la población ayacuchana por la crueldad y vesania con los que fueron perpetrados, y que esperemos, sean investigados y sancionados ejemplarmente por nuestras instituciones de justicia.



Pero si la cifra de 59 cadáveres es de por sí escalofriante, nuestra indignación debería ser mayor si tomamos en cuenta que de los 109 (no lo olvidemos) cuerpos recuperados en La Hoyada sólo 53 -tome nota- estaban completos. ¿Qué pasó con el resto de los cuerpos? Se sabe que muchas de las víctimas fueron descuartizadas, para luego ser incineradas con el afán de encubrir tan abominables crímenes.
Así, de acuerdo a lo señalado por los propios peritos a cargo de la investigación de los asesinatos cometidos en el Cuartel "Los Cabitos", hoy sabemos que más de la mitad de las personas ejecutadas fueron incineradas en los hornos construidos por lo propios militares, muchos de los cuales, hasta el día de hoy, gozan de la protección “no explícita” de la institución castrense, la misma que los encubre entorpeciendo el normal discurrir de las investigaciones.
Pero, ¿Cuándo se inició esta historia de sangre y muerte en Ayacucho? Hoy sabemos, luego de las investigaciones llevadas en el marco del proceso que se está llevando a cabo en la Sala Penal Nacional, que fue Wilfredo Mori, General del Ejército Peruano, quien decidió incinerar los cadáveres en 1985, y que ya para esa fecha había más de 500 cuerpos enterrados.


Al respecto, en el 2005, cuando se empezaron a realizar las exhumaciones, el general Clemente Noel, negó la existencia del horno y de los cadáveres. “Serán de carneros”, dijo. Sin embargo, como bien lo recuerda Rocío Silva en su columna Okupa, fue 2011, el año en el que, luego de una ardua labor de investigación, el instituto de Medicina Legal logró ubicar los restos óseos de hombres, mujeres y niños, incluso con sus prendas de vestir, muchos de ellos con orificios de bala en la parte posterior del cráneo, un total de 109 personas, como ya lo dijimos.
Pero también se encontró el horno, los tubos galvanizados, los conductos del gas y restos óseos quemados junto con cauchos y ladrillos. ¿Cuántos cadáveres habrán desaparecido de esa manera? Es la pregunta que se hace Rocío Silva, y que deberíamos hacernos todos los peruanos que exigimos justicia para las víctimas de esta carnicería militar.
Sin embargo, a pesar de las numerosas pruebas que incriminan y prueban la responsabilidad penal de las Fuerzas Armadas en estos crímenes (personal y altos mandos, por igual), resulta sorprendente y sublevante, al menos para quienes creemos en la dignidad y los derechos humanos de todos los peruanos, que algunos compatriotas pretendan justificar estos terribles delitos con frases escalofriantes como las siguientes: “Está bien que los hayan matado a esos terrucos”. “Las cholas que fueron violadas eran terrucas, merecían lo que les pasó”. “Los niños seguro también eran terrucos o en eso acabarían”. “No importa si eran o no terrucos, total, son los costos de la guerra”.

Cuando escucho proferir estas frases en público, y también en privado, no puedo sentir sino lástima por quienes las propalan, pero también angustia y temor por el futuro que nos espera como sociedad. ¿Qué clase de seres humanos somos para justificar violaciones, asesinatos, torturas y desapariciones bajo el argumento infame de la lucha contra el terror? ¿Acaso el Estado no se convierte también en una máquina de muerte cuando incurre en actos de terrorismo? ¿Acaso es necesario vejar y humillar a hombres, mujeres y niños para vencer al terror?
Lo que algunos olvidan, o simplemente quieren negar, es que la democracia exige el respeto por las reglas del Estado de Derecho, una de las cuales es justamente la defensa de la vida y los derechos humanos. En democracia, los presuntos criminales son capturados, investigados procesados y sentenciados, si fuera el caso. Una sociedad democrática y civilizada no incurre en actos de terrorismo de Estado so pretexto de combatir el crimen.
Casualmente, lo que diferencia a una democracia de un régimen de terror y abuso como el que Sendero Luminoso quería imponer es el respeto por la legalidad y por la justicia, la misma que se imparte de acuerdo al orden jurídico vigente. Por esa razón, ningún peruano que cree en la democracia y en los principios del Estado de Derecho puede justificar la conducta de estos asesinos, que vistiendo el uniforme militar, asesinaban, violaban y torturaban a humildes campesinos en el interior de nuestro país, bajo la mirada y el silencio cómplice de quienes debieron tomar medidas para evitar la comisión de estos crímenes contra los derechos humanos, y que simplemente no lo hicieron.
Por eso, para saber -a ciencia cierta- de lo que estamos hablando, es preciso recordar algunos de los muchos crímenes cometidos en el Cuartel "Los Cabitos," para que los electores, pero sobre todo los más jóvenes, sepan el nivel de violencia y ferocidad que muchos efectivos de las Fuerzas Armadas desataron contra la población civil (campesina y pobre) ayacuchana so pretexto de combatir a la subversión.

El primer caso es el de Jaime Ayala, corresponsal del Diario “La República”, a quien el 2 de agosto de 1984, luego de que él se presentara voluntariamente en el Cuartel, los militares torturaron por doce días, para luego desaparecerlo, según los testimonios de los propios militares. Jaime tenía 22 años, estaba casado y tenía un bebé de cuatro meses.
El segundo caso es el de OKZ, quien en su testimonio (proceso Cabitos 83) señaló que fue violada por su torturador en el escritorio del Cuartel, cuando ella era apenas una niña de 10 años de edad, hecho que marcó su vida para siempre, y la condenó a vivir entre el miedo y la tristeza.
El tercer caso es el de Rosa Pallqui, a cuyo padre se lo llevaron los militares en abril de 1986. Él estaba regando su chacra cuando fue intervenido y conducido al Cuartel. Al día siguiente, su esposa fue a la chacra pero ya no lo encontró, los militares lo habían llevado. Él nunca más volvería.

No suelo compartir las opiniones de Rocío Silva, a quien respeto como poeta y activista de derechos humanos, pero con quien tengo marcadas diferencias ideológicas. Sin embargo, en este tema en especial, me parece que corresponde reproducir un párrafo suyo pues grafica lo que realmente fue este lugar de crimen y barbarie: “En nuestro país, dice Rocío Silva, existió un campo de exterminio: una versión criolla de los “lager” nazis, ese lugar era el Cuartel "Los Cabitos". Allí, refiere la poeta, los soldados aprendían a torturar, a enterrar a los supuestos terrucos hasta la cabeza y amenazarlos, a introducirles clavos en las orejas, a violar a las mujeres y niñas, a colgar a los sospechosos de los antebrazos, a “tinearlos” y realizar otros tipos de torturas”, sentencia.
En otras palabras, al puro estilo de las Fuerzas Armadas argentinas y chilenas durante sus últimas dictaduras, en nuestro país, entre 1980 e inicios de la década del 90’, un importante grupo de militares, convirtió el Cuartel "Los Cabitos" en un centro clandestino de reclusión, tortura, asesinato, violación y otros crímenes. Las víctimas, supuestos terroristas, que fueron llevados a este lugar, fueron tratados con crueldad, muchos  fueron torturados hasta la muerte, las mujeres maltratadas, y las niñas vilmente ultrajadas.

Frente a este tipo de sucesos, ¿Qué hacer? Es una pregunta válida que deberíamos empezar a resolver como país. Creo que como primer paso, los peruanos debemos exigirle a las autoridades (fiscales y judiciales) investigar, procesar y sentenciar de manera ejemplar a los responsables de tan perversos crímenes. Para este tipo de delitos no existe el perdón, menos el borrón y cuenta nueva. Lo que corresponde es honrar la memoria de las víctimas y familiares haciendo justicia. Quienes sufrieron durante todos estos años la angustia y la pena de no tener junto a ellos a sus seres queridos, merecen no sólo la indignación de la colectividad, sino el apoyo y la solidaridad de todos nosotros.
Así, los peruanos debemos reconocer que en el Perú se cometieron graves violaciones contra los derechos humanos. Debemos asumir que como sociedad tenemos la obligación moral de que nuestra indignación se traduzca en acciones concretas. En primer lugar, el Estado debe seguir dando a conocer la magnitud del conflicto y las secuelas que la violencia dejó en el país, pero sobre todo, en las zonas de mayor conflicto, como Huamanga (Ayacucho), por ejemplo. En segundo lugar, la sociedad debe hacer un severo llamado de atención a las autoridades nacionales sobre los numerosos casos de violación contra los derechos humanos que todavía siguen impunes. En tercer lugar, el Estado debe diseñar, implementar y sostener un plan de exhumaciones, identificación y restitución de los cuerpos a los familiares de las víctimas, como parte del proceso de reconciliación, justicia y verdad iniciado en nuestro país hace algunos años. Finalmente, debemos exigirle al Estado que cumpla con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sobre todo en lo concerniente a la política de reparaciones.

A propósito de las reparaciones simbólicas y colectivas, no deja de llamar la atención el que hoy en día, a pesar del acuerdo al que se ha llegado entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial, respaldado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Agricultura, respectivamente, para convertir al Cuartel "Los Cabitos" en el "Santuario de La Hoyada", es decir, en un lugar de encuentro y memoria en donde se recuerde y rinda homenaje a las víctimas de esta barbarie, sea el Ministerio de Defensa el único en oponerse. Eso demuestra que en nuestro país, muchas veces, es el propio Estado el que entorpece el proceso de justicia y reconciliación nacional que muchos no dejaremos de promover y defender, le pese a quien le pese.

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miércoles, 17 de septiembre de 2014

EL PROCESO DE REVOCATORIA EN EL PERÚ



En el Perú, tan importante como las Elecciones Regionales y Municipales, son las Consultas Populares de Revocatoria de Autoridades (CPR). La experiencia reciente nos demuestra cómo los perdedores de un proceso electoral, muchas veces se convierten en los impulsores de las CPR de autoridades. Por tal motivo, en esta oportunidad, analizaremos el contenido del Proyecto de Ley presentado por los organismos electorales (JNE, ONPE y RENIEC) que busca mejorar el marco normativo de la CPR en nuestro país.


Así, en abril del año pasado (28/05), luego de un trabajo conjunto, los organismos electorales -JNE, ONPE y RENIEC-, presentaron una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 2274/2012) que tiene por objetivo fundamental incidir en los temas centrales referidos a la Consulta Popular de Revocatoria (CPR).

Del mismo modo, se advierte en la propuesta, que lo que se busca con este Proyecto es la formulación de una legislación que sea capaz de hacer compatibles dos valores fundamentales del sistema democrático: el principio de participación política y el de gobernabilidad democrática.

Para ello, los organismos electorales han llevado adelante un estudio minucioso acerca del efecto que el proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades ha tenido en nuestro sistema político durante los últimos 16 años (1997-2013).



  1. Datos
Pero antes de dar a conocer el contenido de este Proyecto, creemos importante presentar algunos datos que nos permiten apreciar la magnitud de la problemática que en esta oportunidad se busca corregir con la presentación de esta iniciativa legislativa:

-       En nuestro país han sido sometidos a CPR 4712 autoridades municipales. Esta cifra convierte al Perú en el país con más CPR en el mundo (y con mayor número de autoridades revocadas).
-       En nuestro país se han revocado a 1552 autoridades municipales, ninguna regional, de ellas 279 son alcaldes y 1273 regidores.
-       De un total de 757 de circunscripciones en donde se han realizado CPR, son distritos 748 y solo 6 provincias.
-       Del total de esas circunscripciones, casi el 92% tienen menos de cinco mil electores.
-       De los 5800 kits electorales vendidos fueron aprobadas 1159 solicitudes. Es decir, el 20% de kits electorales vendidos terminan dando lugar a CPR en nuestro país.


-       El motivo que con mayor frecuencia suelen exponer quienes impulsan la CPR es el “incumplimiento de procesas electorales y plan de trabajo (16.3%), seguido de la “incapacidad de la gestión municipal” (10.7%) y la malversación de fondos (10.5%), entre otros.
-       El porcentaje mayor de circunscripciones en donde se han llevado a cabo las CPR se encuentra en la Sierra (60.5%), seguida de la Costa (30.4%) y el menor número en la Selva (9.1%).
-       El 20% de los promotores que impulsan las CPR, habían sido candidatos (dato registrado en el 2012), en las elecciones que perdieron. Es difícil conocer el número exacto de promotores que actúan bajo las órdenes o influencias de terceros, otros ex candidatos o ex alcaldes.
-       Existen distritos (San Silvestre de Cochan en Cajamarca o Curimaná en Ucayali, por ejemplo) en los que se han realizado CPR en todos los mandatos posibles. Desde 1995 entonces, en estas circunscripciones, no ha habido alcalde electo que no haya pasado por un proceso de este tipo.



  1. El Proyecto
Ahora bien, luego de exponer algunos de los datos recogidos durante este periodo de implementación de este mecanismo, pasaremos a analizar el contenido del Proyecto. Formalmente, este Proyecto de una Nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, consta de la respectiva Exposición de Motivos y de un cuerpo legal compuesto por cuarenta y dos (42) artículos y cuatro (4) Disposiciones Modificatorias, Derogatorias y Finales.
A continuación, resumiremos brevemente las partes más importantes del  Proyecto: i) El diagnóstico (problemas del diseño normativo actual); y ii) Las soluciones que el Proyecto recoge.

i)             El diagnóstico (problemas del diseño normativo actual)

a)    Primer Problema: el número de firmas que se requiere para convocar a una CPR

La actual legislación dispone que para solicitar la CPR se requiere la adhesión del 25% del padrón electoral de la circunscripción, con un límite de 400 mil firmas. Sin embargo, este umbral del 25% no opera para Lima Metropolitana, ya que para esta se requiere únicamente la firma de 400 mil ciudadanos. Esto quiere decir que para Lima Metropolitana basta con que el 6.7% de los electores firme la lista de adherentes para que la convocatoria proceda.

b)   Segundo Problema: el momento en el que se puede llevar a cabo una CPR

Actualmente, la revocatoria puede ser convocada en el segundo y tercer año del mandato. Ahora bien, si la finalidad de este mecanismo es evaluar el desempeño de las autoridades municipales, y ese desempeño debe ser merituado en función al programa de gobierno municipal propuesto durante la campaña electoral, ¿Qué evaluación objetiva puede llevarse a cabo a la mitad del periodo? Recordemos que muchos kits electorales son comprados el primer día útil del segundo año de gestión; es decir, cuando es casi imposible saber si la gestión será o no exitosa.

c)    Tercer Problema: el número de votos necesarios para revocar a una autoridad

Ahora, se requiere la mitad más uno de los votos válidos. Pero además se señala que para que la revocatoria proceda se necesita la participación del 50% de los electores. Como podemos darnos cuenta, esta lógica es absolutamente irracional pues puede conducirnos a un escenario totalmente absurdo en cual la autoridad democráticamente elegida termina siendo revocada con un número de votos inferior al que obtuvo para ganar las elecciones.



d)   Cuarto Problema: la convocatoria a Nuevas Elecciones Municipales (NEM)

El actual diseño señala que si se revoca a un tercio del concejo municipal o regional, se debe convocar a NEM. Como se ha podido constatar a lo largo de los años, esta posibilidad de convocar a NEM se ha convertido en un incentivo pernicioso para solicitar la revocatoria. Pareciera que lo único que les interesa a quienes promueven la revocatoria (que son básicamente los que perdieron en la elección pasada o los enemigos políticos de la autoridad) es abrirse un nuevo camino para llegar al gobierno municipal o regional. 

e)    Quinto Problema: la fiscalización del financiamiento invertido por las agrupaciones política en los procesos de revocatoria

Actualmente, no existe una norma expresa que obligue a las organizaciones políticas (oficialistas y opositores) que participan en la CPR a rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento ante la autoridad electoral competente. Esta situación genera dudas en torno al origen del dinero, público y privado, con el que se financian estas campañas.

ii)            Las soluciones que el Proyecto recoge

La propuesta presentada por los organismos electorales presenta 5 soluciones para la problemática antes descrita. Estas son:

  1. Sobre el número de firmas que se requiere para convocar a una CPR
La propuesta busca establecer un único criterio aplicable a todos los casos (25%), teniendo en cuenta que ese porcentaje está en función del aumento o disminución de la población electoral. Esto evitará que el fundamento mismo del principio democrático se vea vulnerado, pensemos: ¿Por qué sólo el 6.7% de la población electoral en Lima puede obligar al 93,3% restante a acudir a las urnas? Este es el problema puntual que se pretende corregir con esta propuesta.

  1. Sobre el periodo en el que se puede llevar a cabo una CPR
La propuesta establece que la CPR proceda una vez en el periodo, y siempre el tercer domingo del mes de noviembre del tercer año (así los ciudadanos tendrán un mayor tiempo para evaluar a la gestión). Eso además permitirá que las entidades estatales calendaricen y programen de mejor manera los procesos electorales en nuestro país.



  1. Sobre el número de votos necesarios para revocar a una autoridad
La propuesta señala que la cantidad de votos para la revocación nunca puede ser menor a la cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. Además, la opinión del JNE, la misma que compartimos, señala que para revocar a las autoridades se requiere el voto aprobatorio de la mitad más uno de los electores hábiles del padrón de la circunscripción, y no de tan sólo el 50% de los votos válidos, como ocurre ahora.

  1. Sobre la convocatoria a Nuevas Elecciones Municipales (NEM)
La propuesta busca eliminar las NEM y pasar a un sistema de sucesión. Es decir, si se revoca a una autoridad quien lo remplaza es el suplente de esa lista. Con lo cual, lograríamos eliminar la transitoriedad que actualmente padecemos, con autoridades cuyo periodo de mandato es bastante efímero, situación que genera inestabilidad e ingobernabilidad para nuestro sistema político.

  1. Sobre la fiscalización del financiamiento invertido por las agrupaciones política en las CPR
La propuesta plantea dotar a la ONPE de las competencias necesarias para efectuar dicha labor de fiscalización. En un país con índices de corrupción tan altos como el nuestro, resulta fundamental identificar el origen de los fondos y la identidad de los aportantes privados, pues ello nos permitirá conocer a las personas, empresas, gremios y movimientos que respaldan el proceso y sus posibles intereses.



  1. Un pesimismo justificado
En la academia existe un consenso, más o menos general y estable, en torno al diagnóstico de la problemática hecha por los organismos electorales sobre esta materia y a las soluciones propuestas en el Proyecto. Sin embargo, -esa es la pregunta que me hacen alumnos y colegas- ¿Es posible que este Proyecto sea aprobado por el Congreso de la República? Leo la columna de Carlos Meléndez (25/08/2014), y debo confesar que la misma me ayuda a responder la pregunta que acá planteamos.

Este politólogo dice lo siguiente: “En el Perú, disculpen la crueldad, el intelectual está condenado a ser pesimista. Existe una división natural entre intelectuales (pesimistas por naturaleza) y políticos y tecnócratas (optimistas por obligación)”. No obstante ello, espero que los políticos hagan que me coma mi pesimismo, y aprueben este Proyecto que es –por muchas razones- mejor que la actual Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Nota: Resulta necesario reconocer el esfuerzo hecho por los tres organismos electorales -JNE, ONPE y RENIEC- en el diseño, elaboración y presentación de este Proyecto de Ley. 


Los interesados en el tema, pueden revisar el artículo del profesor Fernando Tuesta Soldevilla titulado: “Las revocatorias en el Perú: entre la participación y la gobernabilidad en el Perú”.

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LAS VICTIMAS DEL HORROR


Hablar del Informe Final de la CVR sigue siendo una tarea muy difícil en nuestro país. Quienes están a favor de su contenido son tildados de comunistas, rojos o caviares. Por su parte, quienes están en contra son vistos como fachos, reaccionarios o defensores del terrorismo de Estado. 

Un maniqueísmo absurdo
En nuestra opinión, ambas posiciones son igualmente absurdas y maniqueas. La lógica es muy simple: respaldar el diagnóstico de una investigación no te convierte en defensor de una ideología, así como estar en contra no dice nada sobre la posición política de sus detractores; sobre todo en un país como el nuestro en el cual no se puede hablar de una “sola izquierda” o una “sola derecha”, y menos de una identificación ideológica fuerte.
Nosotros consideramos que el Informe constituye la investigación más importante que se ha hecho en el Perú sobre los años de violencia política que los peruanos padecimos durante más de una década. Eso no quiere decir que este Informe esté exento de errores o imprecisiones. Como toda obra humana, este trabajo siempre será susceptible de ser mejorado con información y enfoques que contribuyan a consolidar su contenido, esclareciendo las dudas que en su momento se hubiesen podido generar en torno a algunas de sus conclusiones.

Muchos críticos no han leído el Informe

No obstante ello, ninguna persona que haya leído (por completo) el Informe, despercudida de los prejuicios y sesgos ideológicos que enturbian el análisis y nublan el juicio, puede desmerecer el valioso trabajo que los Comisionados llevaron a cabo durante todo el tiempo que les tomó la elaboración de esta investigación.


En todo caso, y a pesar de las posibles críticas, insultos o agresiones que seguramente recibiremos de parte de los que a lo largo de los últimos años se han empeñado en atacar de manera virulenta a quienes respaldamos las conclusiones vertidas en el Informe (la gran mayoría), nosotros consideramos fundamental, a 11 años de la presentación del Informe Final de la CVR, recordar el rostro de las víctimas de la demencial violencia desatada por el movimiento terrorista Sendero Luminoso.

Víctimas de la desigualdad
La CVR determinó que la violencia armada no afectó de manera uniforme a todos los ámbitos geográficos ni a los diferentes estratos sociales del país. La violencia se concentró en las zonas marginales de nuestra sociedad, en los pueblos y áreas menos integradas a los centros de poder económico y político de nuestra patria. Los datos encontrados por la CVR permiten afirmar que los actores del conflicto seleccionaron a sus víctimas al interior de los lugares más pobres y olvidados de las regiones y localidades que fueron el escenario de esta delirante violencia.

La sierra se desangraba
Como ya lo hemos señalado, la violencia política afectó con mayor dureza a las zonas más pobres y excluidas de nuestro país. Pero en el Perú, como todos saben, los más desamparados han sido siempre los campesinos del área rural. 
Por eso no debe sorprendernos que Ayacucho sea el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Adicionalmente, la CVR determinó que en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, se registraron cerca del 85% de las víctimas que le fueron reportadas. 

Esto demuestra, aunque algunos todavía insistan en negarlo, que existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es una simple coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno (Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) sean considerados dentro de la lista de los cinco departamentos más pobres de nuestro país.

Si el Perú fuese Ayacucho
¿Qué hubiera pasado si la violencia desatada en Ayacucho se replicaba en todo el país? Esta es una pregunta que es importante hacer pues nos permitirá apreciar con claridad la magnitud de la tragedia que le tocó vivir a este departamento. La CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron durante los años del conflicto armado interno entre 1980 y 2000 en Ayacucho.
Ahora bien, si esa proporción estimada de víctimas para Ayacucho respecto de su población en 1993 se hubiera replicado en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales 340 mil (aproximadamente) habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos capitalinos de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina.

Se seleccionaron a las víctimas
La CVR afirma que a pesar de que la violencia tuvo un carácter masivo y estuvo concentrada en las zonas más excluidas y marginadas de nuestra sociedad, los principales actores del conflicto desarrollaron una estrategia de selección de víctimas en atención a los objetivos que estos actores buscaron alcanzar. Así pues, a partir de los testimonios recogidos por la CVR, podemos decir que el perfil de las víctimas fue el que mostraremos a continuación.


Los líderes y las autoridades locales
Fueron uno de los blancos del terrorismo de Sendero Luminoso. Eso significó que las personas que tenían responsabilidades importantes o desempeñaban labores de liderazgo social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en potenciales enemigos y víctimas de este movimiento terrorista (es imposible no recordar la figura de María Elena Moyano).
La cifras son tan contundentes que permiten afirmar que después de los campesinos, el segundo grupo ocupacional más golpeado por Sendero Luminoso, estuvo conformado por las diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas en las cuales el conflicto se desató (alcaldes, regidores, prefectos, sub prefectos, jueces de paz, dirigentes barriales, etc.).

Agricultores y ganaderos
La CVR señaló también que las personas dedicadas a actividades agropecuarias representan el 57% de las víctimas causadas por Sendero Luminoso; sin embargo, existen diferencias al interior de ese mismo grupo, entre los campesinos medianamente prósperos y los más pobres, entre aquellos que contaban con la posibilidad de acceder a centros de poder (económico y político) local o regional y los más excluidos.
Esto hizo que los campesinos más prósperos fueran perseguidos y maltratados con mucha mayor violencia por parte de Sendero Luminoso. Para este movimiento terrorista, todos aquéllos agricultores o ganaderos que tuvieran contactos con el mercado, las instituciones formales o las redes de poder económico y político, eran considerados “enemigos de la clase del proletariado y del campesinado” o “agentes del Estado feudal y burocrático” que debían ser aniquilados.


Las víctimas de los agentes del Estado
Las fuerzas del orden seleccionaron a sus víctimas de acuerdo con el perfil general de quienes podían ser proclives a integrarse a los grupos terroristas. ¿Quiénes eran y qué características tenían? Eran los jóvenes con educación secundaria y superior que habiendo generado expectativas de ascenso social y progreso económico que no fueron satisfechas por las escasas oportunidades locales y regionales, fueron seducidos por el discurso de cambio social y político de Sendero Luminoso, en el cual los jóvenes “serían los verdaderos artífices del mundo nuevo”.
Al mismo tiempo, es posible hacer una diferencia en cuanto a la edad de las víctimas. Así, la proporción de personas menores de 30 años es mayor entre las víctimas del Estado, mientras que las víctimas mayores de 40 años se cuentan en mayor proporción entre las víctimas de Sendero Luminoso. Además, de acuerdo a los testimonios recogidos, se sabe que dentro de los detenidos por delito de terrorismo, más de la mitad de ellos tenían entre 20 y 29 años al momento de ser detenidos por los agentes del Estado y 45% de ellas tenían algún nivel de instrucción superior.
Esto hace que una estrategia de selección de víctimas basada en categorías tan generales (edad, grado de instrucción, lugar de nacimiento), aplicada de manera general y sistemática, conduje inexorablemente a la comisión de graves violaciones contra los derechos humanos, y eso no quiere decir, de ninguna manera, que el Informe tenga un sesgo en contra de los militares o policías, son los datos y testimonios los que arrojan esta terrible conclusión.

El sexo y la edad de las víctimas
Se sabe que la violencia no afectó del mismo modo a mujeres y hombres por igual ni estuvo distribuida uniformemente entre todos los grupos de edad. ¿Qué sexo y edad tenía el grueso de las víctimas? Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conformaron el mayor grupo de víctimas fatales reportadas a la CVR (más del 50%) mientras que las mujeres de todas las edades suman cerca del 20% del total de víctimas. En otras palabras, el conflicto afectó sobre todo a hombres jefes de hogar, es decir, el grupo de la población con mayor cantidad de hijos dependientes, responsables económicos y políticos en sus localidades.

 Asimismo, se sabe que fueron las mujeres y los niños las víctimas que con mayor frecuencia aparecen en situaciones de violencia indiscriminada como son las masacres. La CVR ha señalado que conforme aumentaba el tamaño del grupo de personas asesinadas, también aumentaba la proporción de mujeres y niños menores de 15 años. Y claro, fueron los niños las víctimas menos identificadas en estas matanzas (los sobrevivientes no los reconocían).

Memoria para construir un mejor país

Fueron los desposeídos y olvidados de nuestra patria los que sufrieron los mayores horrores de esta barbarie. El problema es que luego de años de vida republicana, el panorama y las condiciones estructurales de atraso y postergación de gran parte de nuestro país aún siguen vigentes. Nuestro deber es acabar con esta situación que indigna y subleva el corazón de la mayoría de peruanos. Por eso ahora, a 11 años del Informe Final de la CVR es importante mirar atrás, observar la tragedia que nos tocó vivir, mirar lo que fuimos y lo que debemos dejar de ser, pues esa será la única manera de construir un país menos injusto y más solidario para todos los peruanos.

Para que casos como el de Giorgina Gamboa no se repitan
Todo ello debemos hacer como sociedad para que en un futuro, casos como los descritos, crímenes terribles e infames como el de Giogiana Gamboa, mujer violada por 7 sinchis (policías) en 1980, a la edad de 15 años, jamás se vuelvan a repetir en nuestra patria. Hemos querido recordar el caso de Giorgina Gamboa, pues hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha aceptado la petición para esclarecer estos hechos, por lo que el Estado peruano tendrá que explicar, entre muchas otras cosas, por qué, a pesar del tiempo transcurrido y de las pruebas contundentes que acreditan la responsabilidad de los sinchis, el caso se archivó -dos veces- absolviendo a todos los implicados.

Finalmente, lo que los peruanos debemos tener claro, es que si aspiramos a construir una sociedad civilizada, debemos primero hacer justicia, buscar la verdad, luchar contra la impunidad, pues ese es el único camino para alcanzar la auténtica reconciliación nacional, es la única fórmula para dejar atrás nuestro pasado vergonzante, enterrar a nuestros demonios, y dejar que el alma de nuestros muertos descanse en paz. Creo que la mejor forma de terminar esta columna es citando las palabras que Giogina Gamboa pronunció en una entrevista: “Yo solo quiero que me pidan perdón”.

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