jueves, 27 de mayo de 2010

El caso Lori Berenson


En pocas horas de este día, jueves 27 de mayo de 2010, la condenada por terrorismo Lori Berenson abandonará el penal de Santa Mónica luego de 15 años de encierro. La jueza Jéssica León decidió concederle a Lori Berenson el beneficio de la libertad condicional por considerar que cumple con todos los requistos previstos por la normativa legal vigente. La condenada por terrorismo acreditó haber cumplido con las 2/3 partes de la pena de 20 años que el poder judicial le impusiera en 1995 (15 años, 7 meses y siete días) y además, tal y como ha informado la prensa; presentó el informe (psicológico y sociológico) elaborado por el INPE en el cual se señala que la pena impuesta y los años de encierro en su caso han logrado su objetivo resocializador, en el informe se dice lo siguiente: “Lori Berenson ha reconocido que cometió un error al involucrarse con las actividades del MRTA y se arrepiente de las actividades subversivas en las que colaboró”.


Como era de esperarse, este fallo ha encendido la polémica en la opinión pública. Diversas personalidades vinculadas a la política, a la iglesia, a instituciones de la sociedad civil e, incluso, el mismísimo Presidente de la República han hecho conocer su parecer sobre el caso. La polémica, el intercambio de opiniones, de puntos de vista, el comentario y la crítica a la labor de las autoridades y, en especial, a la labor jurisdiccional son prácticas propias de una democracia. En tal sentido, no debe sorprendernos el hecho que diversas personas, versadas o no en el tema jurídico, levanten la voz y muestren su total rechazo al desempeño de la jueza que concedió este beneficio a Lori Berenson. El problema creo yo radica en la manera como se ejerce este derecho a la crítica de una resolución judicial. Uno puede estar o no de acuerdo con los fundamentos de un fallo judicial, lo que no se puede hacer es poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona, tildándola de pro terrorista o dando a entender que intereses oscuros motivan su desempeño, sobre todo, cuando ese desempeño está vinculado al ejercicio de una responsabilidad tan importante para el Estado de Derecho como es la de administrar justicia.


¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los políticos, siempre prestos a ganarse alguito, se apresuran al momento de lanzar calificativos en contra de la jueza? Dice Aristóteles que “el hombre se equivoca por dos razones fundamentales: por ignorancia o por interés”. Creo que en el caso de la clase política podemos clasificar a sus integrantes en dos grandes grupos: los ignorantes y los interesados.


En el caso de los políticos del primer grupo éstos presentan una ignorancia supina en torno al manejo de la normatividad legal. Ellos ensayan frases como: “el fallo del caso Berenson no está arreglado a ley, porque la emerretista no está resocializada”. Esta afirmación que puede resultar atractiva para los ojos del ciudadano promedio carece pues de todo tipo de sustento jurídico. ¿Cómo nuestros políticos pueden afirmar que un condenado no está resocializado? ¿Es que acaso ellos han tenido acceso al expediente judicial? ¿Es que acaso ellos han podido conversar directamente con Lori Berenson? ¿Es que acaso son personas doctas en el análisis del perfil psicológico y sociológico de una persona? No. Entonces ¿cuál es la base técnica empleada por la jueza para determinar que en el caso de Lori Berenson la pena impuesta ha cumplido o no su fin resocializador? Muy simple, el Informe Técnico elaborado por el propio INPE. Cómo es evidente un juez, cualquiera que fuera, no tiene una formación profesional que le permita llegar a este tipo de conclusiones, debe apoyarse en la labor de otro tipo de profesionales, es este el único requisito que le lay exige. Por tanto, no es cierto que la jueza haya actuado de manera ilegal. En todo caso, resulta importante mencionar el parecer del Doctor Víctor García Toma, actual Ministro de Justicia, quien con mesura y conocimiento jurídico, condiciones que ha demostrado a lo largo de toda su carrera profesional, señala que el informe del INPE es técnico y sobre él no cabe ningún tipo de consideración de tipo político, para él la preocupación actual del gobierno debe centrarse en la manera cómo enfrentar este tipo de sucesos, por ejemplo ha dejado entrever la posibilidad de expulsar a Berenson del país, previo análisis del caso.


Otra frase que revela su condición afásica en materia jurídica es esta: “La jueza tenía la discrecionalidad de rechazar el informe (psicológico y sociológico) del INPE; ha debido tener una audiencia con ella; no es suficiente que cumpla la normatividad y salga, dicen algunos. A ver, analicemos esta frase. Se nos dice que no es suficiente que una persona cumpla con los requisitos que la ley le impone para solicitar válidamente el beneficio de la libertad condicional. Si eso no es suficiente ¿Qué es suficiente? No es acaso un principio del Estado de Derecho que el poder público y el accionar de los particulares debe ser acorde a lo dispuesto por el Derecho. En ese sentido, si la ley exige determinados requisitos para la libertad condicional y el condenado cumple con todos estos requisitos, la consecuencia lógica de ello no es acaso el otorgamiento del beneficio. Lo verdaderamente ilegal sería que un juez le solicite al condenado el cumplimiento de un requisito que no está previsto en la normativa legal; es ese proceder el que sería contrario a Derecho, y por ende ilegal e inconstitucional.


En el caso de los políticos del segundo grupo sus frases no hacen sino demostrar esa vena populista y demagógica puesta en marcha con vehemencia en meses que anteceden a una nueva elección en nuestro país. Ellos dicen: “Sendero y el MRTA perdieron la guerra de las armas, pero nos han ganado la guerra legal”. Claro, si algún lego en la materia, si una persona cuyo coeficiente mental es igual al de Rafo, Moyano o Chacón, en pleno baile de los muertos vivientes por el cumpleaños de Keiko, lee o escucha esta frase sentirá un escalofrío que le recorrerá todo el cuerpo. Pero si uno va más allá de estas afiebradas declaraciones se dará cuenta con facilidad que ello es absolutamente falso. No es acaso cierto que la mayoría de cabecillas terroristas purgan condena en alguna cárcel del país, muchos condenados a penas entre 25 y 35 años, ahí están los Guzmán, los Polay, los Feliciano, las Iparraguirre, personas que muy posiblemente fallezcan en el penal. Los políticos no tienen derecho a alarmar a la población con declaraciones que carecen de todo sentido común.


Otra frase para el análisis es esta: “Aquí el único culpable es Alejandro Toledo, en cuyo gobierno se introdujeron los beneficios penitenciarios para los terroristas, marcando un retroceso en la lucha antisubversiva”. Una vez más el interés personal, la mezquindad política, las puyas y las zancadillas saltan a la vista cuando se trata de arremeter contra un posible competidor electoral. Por qué esos mismos políticos no le dicen al país que los beneficios penitenciarios en el caso de los terroristas son los más rígidos a nivel de la comunidad internacional (el llamado 7 x 1). Por qué no le dicen al país que la incorporación de los beneficios penitenciarios fue una iniciativa que surge como consecuencia de un fallo de nuestro Tribunal Constitucional en el cual se exhortaba al congreso a incorporar esta figura con la finalidad de hacerla acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por qué no le dicen al país que el Perú, habiendo reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo que acatar sus fallos y ordenar el nuevo juzgamiento de Lori Berenson y otros terroristas por haber sido juzgados por tribunales sin rostro, por tribunales militares, y bajo la aplicación de una legislación abiertamente inconstitucional, tal y como lo han reconocido los más importantes especialistas en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de nuestro país.


Es compresible que un fallo de este tipo genere temor en la ciudadanía. Es comprensible debido a que en nuestro país las heridas abiertas por la violencia terrorista ocasionada por personas como Lori Berenson aún no han cicatrizado. Es comprensible que familiares y deudos de militares y policías salgan a las calles a manifestar su indignación frente a este caso. Es también comprensible que algunos medios de comunicación, motivados por un afán de venta y de lucro que al parecer sólo pueden satisfacer mediante el sensacionalismo, inunden sus titulares con predicciones casi apocalípticas con respecto al rebrote, al rearme de las huestes terroristas en todo el país, al reinicio de la lucha armada, algo que toda persona medianamente informada sabe que es falso. Lo que no se puede permitir es que los políticos usen este tipo de sucesos en beneficio personal, no se puede permitir que mediante el empleo de frases falaces, demagógicas y populistas, pretendan condenar al paredón público a una jueza cuyo único delito fue el de aplicar la ley a un caso concreto, responsabilizándola por todos los males de este país y por el seguro retorno de la violencia. No se puede permitir que aquellos que le deben cuentas al país, usen de chivo expiatorio a una persona para mostrarse ante la ciudadanía como los auténticos defensores de la paz y combatientes de la subversión con un afán netamente electoral.


En el colmo de la estupidez algunos de estos señores que forman parte de nuestra fauna política salen a decir que fue un error que la jueza conceda el beneficio de la libertad condicional cuando el Estado no es capaz de seguirle los pasos a los terroristas liberados. Es decir, estos señores pretenden que una jueza se aparte de la Constitución y la ley, renuncie a emitir un voto de conciencia, sólo porque el Estado peruano ha sido incapaz de diseñar una política penitenciaria capaz de conjugar el principio de seguridad y el de respeto por los derechos humanos. Es muy cómodo decir, sentado en una curul que sólo les sirve para calentar las posaderas, esta jueza debió hacer esto, debió hacer aquello, olvidando que en el Perú, como en cualquier país del mundo, los jueces y fiscales aplican la legislación que ellos aprueban.


Finalmente, encontramos a los políticos “sui generis”, entre los cuales encontramos a los aprofujimoristas. Estos, burlándose de la inteligencia de la ciudadanía, culpan a la jueza por basar su fallo en el informe del INPE, por considerar que esta institución está muy desacreditada desde el escándalo producido por el indulto a Crousillat. Los unos, olvidan que el único y verdadero culpable de ese descalabro fue el propio gobierno, gobierno que obligó a un ministro mequetrefe como Pastor a dejar sin efecto una resolución que él mismo había firmado. Los otros, olvidan que ese tal Crousillat no es otro que el que recibió varios millones de dólares de manos del asesor de su líder, hoy condenado a 25 años de cárcel.

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viernes, 7 de mayo de 2010

¿Es el migrante ilegal un criminal?


La migración es definida por los especialistas como la acción de pasar de un país a otro para establecerse en él. Una migración se compone de dos elementos esenciales: una emigración o salida del país de origen, y una inmigración en el país de llegada. Más allá de estas consideraciones semánticas, la migración es catalogada por los científicos sociales como un fenómeno social que de manera creciente se ha venido gestado a gran escala en los últimos dos siglos, el cual responde a diversos factores tales como: la búsqueda de una mayor número de oportunidades, la salida de un país en el cual las condiciones de seguridad no son las más apropiadas, la naturaleza autoritaria o dictatorial del gobierno del país de origen, o simplemente el deseo de buscar nuevos horizontes y sentar nuevas bases en un país que no es el de origen.


En el caso particular de los Estados Unidos de Norteamérica, el fenómeno de la migración se hizo más palpable a partir del siglo XIX con la llegada de los inmigrantes alemanes, irlandeses y escandinavos, generando importantes cambios en la cultura y religión del país del norte, uno de ellos fue como todos saben la extensión de su identidad religiosa de protestante a cristiana, por ejemplo. Ya a mediados del siglo XX, y debido básicamente a la labor desarrollada por el movimiento a favor de las libertades y derechos civiles y gracias a la incorporación de la totalidad de la población negra, la nación americana, comenzó a definirse como un país pluriétnico y plurirracial reconfigurando su acerbo cultural, ideológico y religioso simultáneamente. En lo que respecta a Latinoamérica, la migración cada vez mayor de latinos ha venido incrementándos de manera exponencial adquiriendo una relevancia social, política y económica nunca antes vista. Hoy en día habitan en los Estados Unidos más de 40 millones de latinos.


Dicho todo ello resulta pertinente formularnos una pregunta ¿Ha sido, desde el punto de vista socio-político, positiva o no la migración para el caso de los Estados Unidos? Algunos autores como el profesor de Harvard, Samuel Huntington, creen que dicho fenómeno trae consigo el peligro de transformar y acabar con los valores y principios básicos de la identidad norteamericana. El autor señala que la falta de capacidad del migrante, entre los cuales destaca al migrante latinoamericano, para adaptarse al marco de reglas imperante en los Estados Unidos ha ocasionado desorden y conflicto, elevando así el índice de violencia en ese país. Para Huntington, los migrantes carecen de iniciativa, no saben valerse por sí mismos y están privados de ambición. Pero, más allá del innegable tufillo racista que este tipo de afirmaciones esconde tras de sí es necesario hacer unas precisiones.


En un artículo publicado en 2004 por Mario Vargas Llosa, titulado Durmiendo con el enemigo, el autor nos brinda dos importantes datos que echan por tierra lo afirmado por Huntington. El poder de compra de los mexicanos en los Estados Unidos es de unos 3900 millones de dólares, lo cual supone un pago de impuestos de 356 millones, cifra que supera a los 250 millones que dicha comunidad gasta en servicios. Es decir, los mexicanos, como la mayoría de inmigrantes, producen más de lo que reciben. A su turno, en el caso de los cubano-americanos, estos presentan un per cápita mayor a los 36000 dólares anuales promedios del ciudadano norteamericano. Es decir, los 2 millones de cubanos que radican en los Estados Unidos producen más que los 11 millones que aún viven en la isla.


Teniendo en cuenta esos datos, la respuesta a la pregunta antes planteada resulta lógica. El fenómeno migratorio ha traído para los Estados Unidos un número mucho mayor de beneficios comparados con los efectos perjudiciales que todo fenómeno social trae consigo. El migrante, sea chino, portugués, musulmán, europeo o latinoamericano, no tiene como intención acabar con la cultura o el posicionamiento que Norteamérica ha tenido a lo largo de su historia. Muy por el contrario, el migrante contribuye con el fortalecimiento político, social y económico de ese país. Estados como Florida no hubieran experimentado el boyante crecimiento vivido en años anteriores a la crisis económica mundial sino hubieran contado con el concurso de miles de migrantes de todo el mundo afincados en sus costas. El migrante ve con ilusión a Norteamérica, pues entiende que este país le ofrece la posibilidad de construir el sueño americano, encuentra a un país en el cual el respeto por la ley, por los derechos y libertades y por el sistema democrático, generan incentivos para que cada ciudadano de lo mejor de sí en procura de su propio beneficio, el de sus familias y el de los Estados Unidos.


En ese sentido, extraña que en un país que se ha caracterizado por mostrase al mundo como la cuna de la libertad y como una sociedad abierta, prosperen leyes como la promulgada en Arizona la cual permite detener a extranjeros sospechosos de ser ilegales, otorgándole a la policía de ese estado la facultad de determinar si una persona es o no un migrante legal o ilegal, y en el caso de duda o sospecha arrestarla. Es decir, se pretende tratar a un fenómeno social como la migración con los mismos criterios con los cuales se combate al crimen común. Para efectos de la libertad del migrante, no existe diferencia entre ser sospechoso de haber cometido un robo, hurto u homicidio, y tener la mala suerte de presentar rasgos raciales, étnicos o lingüísticos que evidencien su origen no norteamericano y lo hagan pasible de una detención. Además, la nueva ley no sólo castiga o reprime al migrante ilegal sino también a aquella persona que le brinda ayuda transportarlo de un lugar a otro. Es decir, para esta ley es tan cómplice de un delito aquel que transporta a un terrorista, violador u homicida, como aquel que transporta a un migrante ilegal.


Felizmente, no pocas han sido las voces que han mostrado su total rechazo frente a esta desquiciada iniciativa, presidentes de naciones latinas, como Felipe Calderón, presidente de México, el Secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, líderes de opinión, artistas de todas las razas y lenguas, han catalogado a esta ley de racista, discriminatoria y abusiva. Una ley como la de Arizona abre la posibilidad para que miles de migrantes sea víctimas del abuso, del maltrato y la discriminación. No es posible que en el país en el cual sus líderes se esfuerzan por mostrar al mundo las bondades del libre mercado, del libre intercambio de bienes y servicios, se pretenda, desde un conservadurismo y nacionalismo casi xenófobo, dar luz verde a este tipo de medidas tan primitivas que lo único que hacen es atentar contra la dignidad de todos aquellos cuyo único delito es haber ido en busca de un destino mejor.


Creer que una ley de este tipo será un remedio eficaz para frenar la ola creciente de migrantes a los Estados Unidos es una ingenuidad, pretender que los mismos norteamericanos se conviertan en delatores de los migrantes so amenaza de ser denunciados es desconocer los lazos de solidaridad y amistad que a lo largo de los años han permitido que asiáticos, latinos, europeos y africanos convivan de manera pacífica en territorio americano, ayudados en no pocas veces por los mismos americanos de nacimiento. Esperemos que este tipo de iniciativas no prosperen, por el bien de los migrantes, de los Estados Unidos y de nuestra propia condición de seres humanos. Si algo significa el famoso sueño americano, es justamente la posibilidad de que todos convivan como uno solo respetando sus diferencias raciales, étnicas, religiosas o ideológicas, esa ha sido la base del crecimiento americano, no permitamos que algunos cuantos la destruyan.

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