jueves, 29 de diciembre de 2011

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Chavín de Huantar




Nuevamente las decisiones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a nuestro país han desatado una encendida polémica en la opinión pública nacional. Como se dio a conocer hace algunos días, la CIDH tomó conocimiento de este caso a partir de la denuncia planteada por la ONG Aprodeh en contra del Estado peruano respecto a la operación militar Chavín de Huantar llevada a cabo en 1997, la misma que tuvo como objetivo el rescate de los más de 70 rehenes secuestrados en la embajada de Japón en Lima a manos del grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).






¿Qué es lo que está solicitando puntualmente la CIDH? La CIDH, y eso lo debemos tener muy en claro, emitió un informe en el cual afirma que el Estado peruano habría omitido dar cumplimiento a las recomendaciones que esta diera para llegar a un acuerdo de solución amistosa en la denuncia promovida por la ONG Aprodeh, sobre la supuesta violación de derechos humanos de tres terroristas que tomaron por asalto la embajada japonesa y a los cuales un grupo de militares habrían ejecutado extrajudicialmente.






¿Por qué el Estado peruano no habría dado cumplimiento a estas recomendaciones si como afirman algunos este asunto ya fue dirimido por los tribunales nacionales?




Muy simple. En la demanda presentada por la CIDH en contra del Perú se señala que el Estado si bien cumplió con procesar a los presuntos implicados en estos asesinatos lo hizo de manera irregular. Esto es así pues en opinión de la CIDH los comandos debieron ser juzgados en el fuero civil y no en el fuero militar, tal como ocurrió. Dicho de otro modo, para la CIDH el fuero militar no era competente para conocer de esta controversia. No lo era, pues tal y como lo señalan importantes especialistas en la materia, el fuero militar opera para el juzgamiento de militares que hayan cometido delitos de función, y dado que en este caso la imputación versaba sobre ejecuciones extrajudiciales (asesinatos) debía ser la justicia civil la encargada de determinar la responsabilidad penal de estos presuntos implicados violándose de ese modo el derecho al debido proceso de los deudos.






Estas son las consideraciones jurídicas que los ciudadanos debemos tener en cuenta al momento de formarnos un juicio propio en torno a este tema. Esta es la discusión que algunos sectores pretenden ocultar y pasar por alto con la única finalidad y objetivo de arremeter violentamente contra el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué esa actitud? Muy sencillo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos puso en evidencia, tanto a nivel nacional como internacional, las innumerables violaciones a los derechos fundamentales cometidas en el Perú durante la década oscura de los noventa y parte de los ochenta. Como se puede prever, y para ello no se necesita ser muy perspicaz, tenemos en el Perú a un importante y poderoso sector interesado en desprestigiar la labor de los organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Es este mismo sector el que no pierde oportunidad para tildar a la CIDH y a la Corte de San José de Costa Rica de haberse convertido en tribunas pro terroristas o pro comunistas, como si en los casos en los cuales el Perú recibió condena no se hubiera acreditado fehacientemente todas y cada una de las imputaciones hechas por violación de derechos humanos (36 casos).






Sobre el particular, habría también que decir lo siguiente. Esta polémica nos ha permitido apreciar y constatar el profundo desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre el tema de los derechos humanos y de los organismos internacionales de protección de los mismos. Algunos periodistas, que desinforman a diario, han incluso tildado a la CIDH de ser una especia de ONG internacional que cuenta con filiales en cada país. Esto es absolutamente falso. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocido por la Carta de la OEA y por la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocido y legitimado por los países de la región, entre ellos el Perú. Asimismo, habría que señalar públicamente que la labor de la CIDH no es otra que la promoción del respeto y protección de los derechos humanos en la región, y no la de perseguir a las instituciones castrenses que se enfrentan al terrorismo en nuestro suelo, como falsamente afirman algunos medios parcializados. Además, con respecto a sus miembros, estos son personalidades que gozan de la mayor consideración académica y moral a nivel regional, y no defensores encubiertos de terroristas o empleados de segundo orden de alguna ONG, como interesadamente afirman las voces de siempre. La CIDH está compuesta por 7 miembros los cuales son elegidos por la Asamblea General de la OEA, es decir por los propios estados que después pueden ser procesados ante la Corte de San José, luego de haber sido denunciados por la CIDH. En esa medida, podemos todos reflexionar de manera aguda y hacernos la siguiente pregunta ¿Acaso todos los países de la OEA eligen a defensores de terroristas para asumir funciones como miembros de la CIDH? Evidentemente no. Por eso este argumento es absolutamente descabellado y absurdo.






Hecha esta aclaración en torno a la naturaleza, función y composición de la CIDH. Corresponde ahora hacer algunas reflexiones de tipo jurídico y político sobre el tema que ahora nos convoca. En esa línea, es importante destacar la opinión de algunos juristas nacionales que sobre el particular han afirmado que la denuncia de la CIDH carece de todo sustento, pues en primer lugar para acceder a la jurisdicción internacional se requiere agotar la vía interna, situación que en opinión de este grupo de notables no ha ocurrido en el caso Chavín de Huantar, por lo que dicha denuncia debiera ser declarada inadmisible; y que aún cuando esta fuese admitida por la Corte debería ser declarada infundada pues el proceso seguido en el fuero militar en nuestro país contra algunos comandos arrojó una decisión legal y legítima. Si ello es así, si opiniones como la del juez ad hoc de la corte Fernando Vidal son tan sólidas, entonces porqué tanto revuelo en torno al tema. Si las razones favorecen al Perú, si los argumentos de nuestro Estado son tan contundentes porqué el temor o la incomodidad en torno a la presentación de esta denuncia.






Creo que el tema de la denuncia de la CIDH, más allá del análisis jurídico que sobre el mismo debe realizarse, está siendo utilizado maquiavélicamente con el único objetivo de cuestionar las bondades del Sistema de protección Internacional de los Derechos Humanos, además de servir de pretexto perfecto para la confrontación, colocando a la ciudadanía, a través de la desinformación, el embuste y la mentira, en contra de las ONG de derechos humanos. Sobre este último punto me permitiré decir dos cosas.






La primera, las ONG´s de derechos humanos son instituciones privadas cuya labor y fuentes de financiamiento son supervisadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, las posibles irregularidades en las que puedan incurrir pueden ser fácilmente detectadas por el Estado, no se trata pues de entidades que actúen sin mayor control o supervisión.






La segunda, las ONG´s de derechos humanos son entidades privadas que tienen la más absoluta libertad para destinar sus recursos y esfuerzos en la actividad que ellas mismas elijan. En tal sentido, no podemos obligar a estas entidades a defender causas que ellas no hayan elegido libremente. Digo esto último, pues no resulta raro escuchar a diversas personalidades criticar a las ONG´s de defender a terroristas, campesinos, comuneros, líderes sindicales, y no asumir la defensa de policías o militares. Utilizar este argumento para descalificar la labor desarrollada por estas instituciones resulta ser bastante poco inteligente. ¿Quiénes deben defender a los militares o policías implicados en casos de violación de derechos humanos? Muy simple. El Estado. Es el Estado y no las organizaciones civiles el principal y único obligado a llevar adelante la defensa de sus uniformados.






¿Qué debe de hacer nuestro país ante este panorama? Yo creo que el Perú debe defender con absoluta contundencia sus intereses y su posición en torno al tema en dos frentes. El Estado debe batallar en dos campos.






Primero, en el campo jurídico, debe fortalecer a los órganos encargados de llevar adelante la defensa del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años hemos perdido la oportunidad de consolidar nuestro sistema, con profesionales de alto nivel académico y ético capaces de llevar adelante una defensa exitosa de los intereses patrios. Además, si la denuncia de la CIDH es tan descabellada como señalan algunos, es una “patinada” para usar sus términos, el Perú no debería tener mayores problemas en salir victorioso en esta contienda. Pero debemos tener cuidado, miremos el pasado y revisemos el récord de nuestro país ante la Corte. La CIDH nos ha llevado ante la Corte en 36 oportunidades. En todas ellas el Estado peruano recibió condena. ¿Por qué? No debido a la tendencia ideológica o pro terrorista de los jueces, como afirman los hombres que antaño negaban la existencia el Grupo Colina, muy por el contrario, el Estado peruano recibió condena porque la gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado fue de tal magnitud que cualquier juez sobre la tierra hubiera tenido el mismo criterio.






Segundo, en el campo político, el Estado peruano, a través de su cancillería, y en estricto cumplimiento de la normativa internacional, debe proseguir con la iniciativa planteada en el año 2007, fecha en la cual el Perú planteara una serie de propuestas ante la OEA para que los países sometidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos le hagan ajustes al mismo con la finalidad de dotar de mayor imparcialidad e independencia a la labor de la CIDH y de la Corte misma. Esto es muy sencillo de entender, el Perú como cualquier otro país de la OEA, tiene la facultad de formular propuestas de reforma al sistema en caso considere que estas son necesarias. Esto es lo que corresponde en una democracia, este es el comportamiento que todos le debemos exigir a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos y del sistema democrático. Lo otro, volver a plantear tesis delirantes e inviables como el retiro del Perú de la competencia de la Corte, es volver al discurso populista, instaurado por el fujimorismo decadente de los noventa, bajo el cual todo defensor de los derechos humanos es un “sospechoso” y todo fallo que condene al Estado peruano es un atentado contra su soberanía o su dignidad nacional. Como diría el viejo refrán, “cuando las ideas escasean, los disparates cobran fuerza”.






Sólo antes de culminar este análisis quisiera decir también lo siguiente. Este es un dato que debemos tener muy presente. El Perú es el país que cuenta con el mayor número de quejas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la actualidad están siendo analizadas 360 quejas contra el Estado peruano. Si ello es así, debemos preguntarnos por la situación de los derechos humanos en nuestro país. Qué hace que un número tan importante de denuncias sean presentadas ante organismos internacionales. Es muy fácil culpar a las ONG´s de este descalabro judicial. Lo difícil, creo yo, es aceptar, es asumir la responsabilidad política del descalabro de nuestro sistema de justicia. Los peruanos han recurrido y acuden al sistema internacional pues en nuestro país se sienten en la más absoluta y completa indefensión, sobre todo los peruanos de escasos recursos, los olvidados, los invisibilizados. No niego el hecho de que existan algunas (las menos) ONG´s de derechos humanos que ocultan tras esta fachada oscuros intereses, negar ello sería una candidez de mi parte, pero no podemos meter a todas en el mismo saco y tildar a todo activista de derechos humanos de terrorista o traidor a la patria.






Finalmente, quiero dejar muy en claro que comparto y entiendo la indignación de los familiares de los comandos y de policías que han sido o están siendo injustamente procesados por la supuesta violación de los derechos humanos. El Perú y la sociedad debe defenderlos, debe valorar su trabajo, debe reconocerlos como auténticos héroes. Lo que no puede hacer el Estado, ni ningún gobierno democrático es pretender cubrir con un manto de impunidad actos atroces como la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, las violaciones. Lo que no puede, ni debe hacer un gobierno democrático es defender a asesinos disfrazados de militares o policías.

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miércoles, 21 de diciembre de 2011

Ollanta Humala: Los militares son los guardianes socráticos de la democracia






Luego de que el gobierno del Presidente Humala decidiera anticipar los tan anunciados cambios en la conformación del gabinete ministerial; cambios que terminaron con la salida de Salomón Lerner del cargo de Primer Ministro, y el ingreso de Óscar Valdés como su esmerado sucesor. Muchos sectores han mostrado su preocupación frente a lo que podría ser el inicio de un proceso de endurecimiento en la manera y en la forma de entender el quehacer político al interior de una democracia por parte del jefe de Estado y de sus más cercanos colaboradores.


Para muchos analistas del medio local, la llegada de algunos personajes y la salida de otros del cuerpo de ministros de Estado estarían marcando un reacomodo en las fuerzas políticas más cercanas a Palacio de Gobierno. Muchos incluso se han animado a decir que lo que está en ciernes no es otra cosa que un evidente giro de timón en la conducción de los destinos del país, un giro que sin lugar a dudas terminará por acercar a la figura del Presidente de la República a los sectores más conservadores y autoritarios de nuestro país.


La llegada de Óscar Valdés a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), el nombramiento de dos personalidades muy cercanas a su entorno en los ministerios de Defensa y del Interior, respectivamente, así como el nombramiento de una dama de convicciones profundamente católicas y religiosas en el Ministerio de la Mujer, con todo lo que ello representa en la adopción de políticas de género vinculadas a temas de derechos y libertades sexuales y reproductivas, terminarían por confirmar las dudas que en no pocas personas, dentro de las cuales me encuentro, habían generado las últimas decisiones y declaraciones públicas hechas por el presidente Ollanta Humala.


A pesar de todo ello, de las dudas, de los fantasmas del pasado que parecen empezar a despertar luego del cisma político ocasionado por la salida de casi la mitad de miembros del gabinete ministerial, me parece un tanto prematuro hablar, aún no cuento con la absoluta certeza para ello, de una suerte de militarización del gobierno. Sin embargo, lo que no puedo dejar de evidenciar, porque las pruebas saltan a la vista, y el propio presidente se esfuerza con bastante destreza en ofrecernos material fecundo para ello, es esta suerte de vuelta al conservadurismo ideológico más arcaico en el pensamiento de Ollanta Humala.


Como bien nos lo hace recordar el periodista y analista político Carlos Basombrío, luego de algunas declaraciones bastante desafortunadas de nuestro mandatario, se nos viene a la mente de todos los peruanos la imagen de Ollanta Humala y la de su esposa, Nadine Heredia, visitando, rosario en mano, a monseñor Juan Luis Cipriani, manifestándole su deseo de conservar los valores de la familia tradicional, en claro deslinde con la propuesta libertaria de Perú Posible de permitir en el Perú la unión civil entre parejas del mismo sexo. La pareja presidencial en esa oportunidad, previa genuflexión y besa manos, comprometió su palabra de llevar al Perú por la senda del catolicismo más conservador e intolerante, en un esfuerzo por no desatar la ira de la poderosa Iglesia Católica peruana, siempre interesada y capaz de restarle algunos puntitos en la carrera electoral a quien se atreva a cuestionar algunos de los dogmas más ultramontanos y milenaristas de dicha fe; sino preguntémosle a Mario Vargas Llosa por la campaña presidencial de 1990.


Pero la preocupación no debería pasar a mayores, pues cada persona tiene el derecho de profesar la religión que mejor prefiera, si es que este conservadurismo religioso, que algunos parecen olvidar, algunos que ante el sombrío horizonte que se abría para la historia de nuestra patria decidimos darle nuestro respaldo al entonces candidato Ollanta Humala, a sabidas cuentas de que en lo ideológico no era necesariamente el más vivo representante del liberalismo democrático, no diera muestras de estarse convirtiendo en la actualidad en un conservadurismo ideológico y político que esperemos no se agudice con el transcurrir de los meses; pues de ser así, y como ya es costumbre en nuestro país, el candidato vencedor de la elección presidencial terminará por engrosar la lista de las grandes decepciones. Uno más en la larga fila de personajes que llegaron a Palacio por la zurda progresista y se despidieron por la puerta de la diestra reaccionaria. Aunque para ser sinceros, no sé si en nuestro país contamos con una casta liberal de izquierda. Al menos yo, lo pongo en duda.


Hace algunos días, el Presidente Ollanta Humala en un discurso pronunciado en las Pampas de la Quinua, nos hizo recordar la peligrosa frase de su padre don Isaac Humala (un tipo muy simpático y cómico para serles sincero): “Ollanta Humala hará un gobierno de militares”. Para el patriarca de los Humala, en el Perú existe un ciclo de poder en el que alternan civiles y militares. El ciclo de los civiles ha llegado a su fin, sentenció el padre del Presidente. Ollanta traerá de vuelta el gobierno de gendarmería, afirmó, sin mayor rubor que el rosado natural de sus mejillas.


Seguramente algún peruano bien intencionado (militante o “neo” empleado público por favor del partido de gobierno) podría decir que las palabras y frases del lunático don Isaac no pueden en modo alguno generar suspicacias en torno al talante democrático del jefe de Estado. Pero el cielo, así como el infierno, está lleno de buenas intenciones, y el reino de Dante no es necesariamente el hogar de los malvados sino el de los despistados, que gracias a su ingenuidad ofician de tontos útiles y tetelemeques del poder de turno, terminando casi siempre chamuscados.


En las Pampas de la Quinua el presidente pronunció la siguiente frase (candidata a frase del año en nuestro país): “el soldado es como un sacerdote, que está más allá del bien y del mal”. En otras palabras, para el presidente Humala, los militares, los uniformados representan la reserva moral de nuestro país y sobre sus hombros descansa la vida y la estabilidad del sistema democrático. Los militares, los policías, las fuerzas del orden, guardianes del imperio de la ley, están por encima del común de los peruanos, su figura inmaculada los convierte en los “guardianes socráticos de la democracia”, (díganme sino es huachafo el comandante) siendo ello así, es deber del jefe de Estado y de sus colaboradores velar porque esta distinción no se pervierta con el vicio tan humano de la política. Acto seguido, el propio jefe de Estado, pasaba a anunciar y justificar la anulación del voto militar y la reposición del servicio militar obligatorio.


Esta alocución, esta sarta de frases, peligrosas y no únicamente cantinflescas, resultan, como bien lo apunta el profesor Nelson Manrique, bastante extrañas viniendo de una persona que hace una década se alzó en Locumba contra un orden corrupto cuya caída puso en prisión a alrededor de un centenar de oficiales, de los cuales 12 eran de la máxima jerarquía. En otras palabras, acaso no resulta falaz una frase como la esgrimida por el Presidente, al denominar a los militares como “guardianes socráticos de la democracia”, cuando la historia no hace sino confirmar que tanto militares, como abogados, como policías, somos todos falibles. En todo caso, los “imaginarios guardianes socráticos de la democracia”, durante la década de los 90, no fueron otra cosa que, al menos una buena parte de ellos, los “auténticos garantes del saqueo de las arcas públicas”. Acaso el uniforme verde oliva tiene un efecto purificador instantáneo como el Padre Nuestro o el Ave María. No pues señor presidente, tan tontitos no somos los peruanos. Esfuércese un poquito más. García era igual de ridículo pero sus sofismas eran más entretenidos.


Y como “guardianes socráticos de la democracia”, los militares no deberían participar en política, aseveró. Los militares no pueden descender y entregarse a los vicios de la acción política. Por ello, habría que repensar la posibilidad de abolir su derecho de sufragio y empezar a formar a las nuevas milicias democráticas instaurando el servicio militar obligatorio. Dos propuestas bastante afiebradas en mi concepto, que de ser concretizadas, marcarían un severo retroceso en el proceso de democratización y construcción de ciudadanía en nuestro país.


La historia es bastante aleccionadora, sólo basta leerla y repasarla sin mayores prejuicios. Acaso la supresión del derecho al voto de los militares evitará que estos incursionen en política. Señor presidente, mire el pasado. No se ha dado cuenta Ud. y sus avispados asesores que en el Perú hemos tenido más gobiernos militares que civiles sin necesidad de que los primeros contasen con el derecho de sufragio. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.


En todo caso, son las democracias avanzadas las que han marcado el norte en este tema. En ellas se evidencia que no existe mejor fórmula para convertir a los militares en auténticos garantes del sistema democrático que incorporándolos a la vida política nacional a través del derecho al voto, pues promoviendo su participación mediante el ejercicio de su derecho a elegir se los compromete con los destinos del país y con la suerte del gobernante de turno, pues el hombre que llegue a ocupar el sillón presidencial y el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas habrá sido elegido también por ellos mismos. Recortarles este derecho no sólo resulta inválido desde el punto de vista constitucional sino inconveniente desde el punto de vista político, pues cuando los militares no pudieron ejercer esta facultad no estuvieron en condiciones de desarrollar la adhesión necesaria con la defensa de la democracia, del orden constitucional y de los principios que los inspiran, dejando en estado de indefensión a nuestra débil democracia, presa fácil de los apetitos de caudillos civiles y militares, casualmente, pues cuando los militares no pudieron canalizar sus expectativas, sueños y desilusiones a través de las urnas, lo hicieron en las calles a ritmo de fusil y bayoneta.


Formar a los “nuevos guardianes socráticos de la democracia” a través de la restauración del servicio militar obligatorio. Otra propuesta que pone en evidencia el remozado conservadurismo ideológico y autoritarismo demagógico del señor presidente. Esta fórmula, desechada por retrógrada en las democracias de occidente, por ser profundamente restrictiva de la libertad, pretende ser traída de vuelta a nuestro país en la segunda década del siglo XXI. ¿Servicio militar obligatorio para quién deberíamos preguntarnos? ¿Obligatorio para los niños y niñas bien? ¿Obligatorio para los visitantes de Eisha en los veranos? ¿Obligatorio para los hijos de los dueños del Perú? Claro que no. El servicio militar en el Perú nunca fue obligatorio. Al menos no para todos. El servicio militar obligatorio no fue otra cosa que un sistema de leva discriminatorio que seleccionaba a los hijos de las familias más humildes de nuestro país. Su restauración sería el retorno de uno de los sistemas de discriminación más absurdos e infames de nuestra historia. Si realmente se quiere atraer a los jóvenes al servicio militar, pues ofrezcámosles incentivos (económicos, académicos, profesionales) que los motiven y los hagan elegir libremente por esta opción. Lo otro es populismo, demagogia y autoritarismo puro.


Señor Humala, tenga cuidado, si a su conservadurismo económico de los últimos meses, le termina por sumar su revivido conservadurismo ideológico y político, acabaremos todos burlados. Despertará la ira de los muchos, y el 2016, nos volveremos a jugar la cabeza en las urnas. Entre la derecha autoritaria de siempre, y una izquierda demagógica trasnochada, seguramente más radical que la que Ud. encarnó en las pasadas elecciones.



martes, 13 de diciembre de 2011

La gran transformación de Ollanta Humala





Es una vieja práctica en la historia política de nuestro país la trasformación prematura de los presidentes electos. Quien llega a ganar una elección presidencial lo hace enarbolando las banderas de la justicia social y el compromiso con los sectores más pobres y desfavorecidos. Una vez instalado en Palacio de Gobierno, el otrora candidato representante de sectores progresistas y democráticos inicia un lento proceso, o a veces rápido, como al parecer ocurre ahora, de reacomodo hacia la diestra más conservadora y autoritaria.


Más temprano que tarde el discurso de centro izquierda, ese mismo que en su momento hicieran suyos Toledo, García, e inclusive el dictador Fujimori, va perdiendo metros frente a la arremetida de los sectores más reaccionarios de nuestro país. El presidente Ollanta Humala, en menos de lo que canta un gallo, dejó de ser visto como la encarnación del mismísimo demonio por los empresarios, y se convirtió en ecuánime hombre de Estado al cual la realidad económica, recreada a la medida de los grupos de siempre, alejaría de sus posiciones radicales expuestas en su programa de primera vuelta electoral “la gran transformación”. Para ser más claros, cuando las promesas de campaña no son sino eso, promesas de campaña, lo más importante para el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno no son los ideales que abrazara durante largo tiempo, ahora, ese es mi parecer, lo más importante es durar, colocar al país en piloto automático, y al puro estilo del autor del “perro del hortelano”, darnos a todos los peruanos más de lo mismo por largos cinco años.


Humala logró en poco tiempo acercarse al sector empresarial de nuestro país, los grandes grupos de poder económico le ofrecieron sin mayor reparo su total y absoluto respaldo, dato curioso si recordamos que fueron esos mismos grupos los que trataron por todos los medios de dinamitar su campaña y favorecer el retorno de la mafia fujimorista, ahora de la mano de Keiko Fujimori. En este proceso de acercamiento y entendimiento entre el Ollanta “presidente electo” (antípoda del Ollanta “candidato”) y el conservadurismo tradicional de nuestro país, fundamental ha sido la participación del ex Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner.


Los contactos, las amistades, la llegada de este exitoso hombre de negocios con las altas esferas del poder económico y financiero, su mesura al momento de exponer sus ideas, y la convocatoria que hiciera a personalidades de todo color político a sumarse a las filas del nuevo gobierno, fueron despejando una a una las dudas que el discurso del “candidato Humala” había generado en las mentes y corazones de los denominados “dueños del Perú”. Esa mesura era, sin lugar a dudas, necesaria una vez asumida la conducción del gobierno. Las cifras son más duras de lo que uno podía imaginar, diría Toledo a pocas semanas de asumir el cargo, las obligaciones asumidas con antelación por el Estado le restan libertad al nuevo gobierno, expondría García. Ahora era el turno de Humala, cuáles serían sus excusas. Su antecesor le había dejado varias bombas de tiempo, así lo afirmaban sus defensores, y en ese sentido, los 100 primeros días de gestión, no serían sino la razonable continuación de lo que el amigo de Keiko Fujimori había hecho durante los últimos cinco años de gobierno.


¿Qué le había ocurrido a Humala? ¿Por qué olvidó tan rápido las partituras de su discurso “transformador” de campaña? ¿Qué estrategias y artilugios usó Salomón Lerner para calmar a la fiera? Muy sencillo. La “gran trasformación”, esa que le permitió obtener la primera mayoría en el país, estaba siendo herida de muerte, ahora su lugar sería ocupado por “la hoja de ruta”, ese esfuerzo centrista que enmendaría los excesos y heterodoxias económicas y políticas del “primer Humala”, el mismo que le serviría para sumar a su proyecto los esfuerzos de sectores de centro y liberales democráticos, representados por figuras como Alejandro Toledo o Vargas Llosa, personalidades que sin lugar a dudas fueron determinantes para la victoria del candidato Ollanta Humala en segunda vuelta.


Hasta aquí, el desempeño del nuevo gobierno resultaba siendo bastante aceptable, no sería la primera vez que los primeros días al frente de millones de peruanos bañan de realidad al nuevo jefe de Estado, y con ello, un buen número de promesas electorales, son encarpetadas durante años hasta que otro candidato, siempre más radical que el anterior, decida desempolvarlas y usarlas en las próximas elecciones. Tal y como lo hizo Ollanta Humala con todos los ofrecimientos que Alan García decidió convenientemente encarpetar en las oficinas de sus amigos los empresarios.


Las encuestas así lo señalaban, Ollanta Humala contaba con la aprobación de más del 60% de peruanos, y Salomón Lerner era visto como el guardián de las políticas económicas y el tutor de este díscolo Humala que a paso ligero, casi en marcha de campaña, era capturado y domado por los voceros de los grandes señores, esos que vaticinaban la destrucción del Perú si es que el hijo de don Isaac y hermano de Antauro, vencía a la candidata de la Razón, Expreso, Correo o El Comercio. Como si en el Perú no supiésemos que cuando la diestra gana, gana, y que cuando pierde, al cabo de unas semanas, acaba sentada en Palacio disfrutando de un cocktail con el nuevo Presidente, enemigo del pasado, guardián y defensor de sus intereses presentes. Así es en el Perú, un país en el cual la diestra gana siempre.


Las dudas económicas se habían despejado, el candidato antisistema del ayer, se había convertido en un converso defensor del modelo al cual satanizó siempre, culpándolo de la pobreza y del atraso del Perú, así como del hambre de casi el 30% de nuestra población. El modelo seguiría, los intereses de los grandes serían celosamente vigilados por el nuevo gobierno. Nadine Heredia, la primera dama, era portada de una exclusiva revista de frivolidades, y todo seguiría igual. Porque así es nuestro país, porque en el Perú, como dicen algunos, le llamamos hombres de Estado, a los cobardes y mentirosos, y confundimos mesura con felonía.


¡Pero señores!, algunos tontos hicimos este apunte, el gobierno del señor Humala no sólo debe garantizar la vigencia del modelo económico, también debe garantizarnos el pleno respeto por el Estado de Derecho y por el sistema democrático. Seguramente las monedas en el bolsillo de algunos, los lingotes y las cuentas de otros, son elementos y factores a tomar en cuenta al momento de analizar la gestión de un gobierno. Pero tan o más importante que el metal y los billetes, es la defensa de los valores y principios democráticos que son la base de toda sociedad libre. En esa línea, los primeros pasos del gobierno de Humala fueron, a mi modo de ver, más que rescatables. Salomón Lerner logró convocar un gabinete plural, un gabinete en el cual se encontraban representados una diversidad de sectores, un equipo ministerial con personalidades con diversas posiciones ideológicas. Era sin lugar a dudas una apuesta por el diálogo y la concertación, un esfuerzo por buscar el entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, por tender puentes entre progresistas, centristas y conservadores, diversidad, pluralidad, diferencia de estilos, pero todos demócratas al fin y al cabo. Humala, siguiendo esa línea, también empezó a generar confianza entre los escépticos, entre los cuales me incluyo, pues su conservadurismo en lo económico parecía tener como contrapartida su nueva manera hacer política en democracia.


Pero la tranquilidad política de los primeros cien primeros días fue muy pasajera, se ha terminado, las dudas y los fantasmas del pasado han regresado, el periodo de diálogo, concertación y pluralidad de puntos de vista ha llegado a su fin. Los últimos acontecimientos en Cajamarca, la revuelta social generada por la suspensión del proyecto minero Conga, y la posterior declaración de Estado de Emergencia en cuatro provincias de este departamento, han motivado una recomposición de fuerzas en el círculo más cercano al Presidente de la República. La cuerda terminó doblándose por la parte más débil, Salomón Lerner y sus ministros afines, a esos a los cuales los medios de “desinformación” acusan de rojos, caviares, progresistas, ateos, eran despedidos con el tradicional “gracias por los altos servicios prestados a la nación”, siendo sus lugares ocupados por “tecnócratas apolíticos y desideologizados” (como si eso fuera posible), todos bajo la batuta del nuevo premier, como no ocurría hace más de 30 años, un militar retirado, el señor Óscar Valdés, a cuya diestra encontramos a los Ministros de Defensa y del Interior, dos funcionarios que habiendo trabajado bajo la dirección de este, gozan de su total confianza y seguramente están muy acostumbrados a decirle “sí señor”.


La decisión, y eso no debería de sorprendernos, ha sido respaldada por importantes sectores de la sociedad, y por la gran prensa. Ya era hora, así lo señalan sin rubor, que Ollanta Humala se ponga los pantalones, le ponga mano dura a la solución de los conflictos, y acabe con el desorden generado por los comunistas, terroristas, y marxistas, que disfrazados de ambientalistas, se atreven a organizar protestas en contra de una empresa tan importante como Yanacocha, como si el respeto por el agua, las lagunas y los derechos de propiedad de las comunidades fuesen a aportar los miles de millones de dólares que la gran minería genera en tributos. Mano dura, palo y bala con los revoltosos, el diálogo y la concertación para los suizos, acá en el Perú eso no funciona, al peruano le gusta recibir órdenes, y qué mejor que una cúpula militar y un poder concentrado en bayonetas y botines alrededor del Presidente para devolverle la calma al país. Y después de semejante muestra de cultura democrática, el apretón de manos y las donaciones a cuarteles y puestos militares que siempre se le hacen a los gendarmes de la democracia.


El gobierno se cansó de tantas concesiones, el Presidente está harto de tanta palabrería, el señor Ollanta Humala no quiere en frente suyo a nadie que le haga sombra, el señor Salomón Lerner vaya que se la hacía, el señor jefe de Estado los quiere a todos alineados, basta ya de filtrar información, basta ya de desencuentros públicos entre sus ministros, basta ya de debate político o ideológico en el Ejecutivo, acá lo que se necesita son hombres que sigan la línea trazada por Humala y sus asesores, ya no los conocidos, sino todos los que operan en las sombras, y lo hagan, sin dudas ni murmuraciones.


Cuánto hemos retrocedido con esta decisión. Nada más peligroso para la salud democrática de un país con una institucionalidad tan frágil como el nuestro que ver cómo el gobierno renuncia a la política y decide apoyarse sobre los sectores más duros, autoritarios y conservadores de la sociedad. Nada más peligroso para nuestro sistema político que ver cómo el Presidente de la República, para dar solución a una problemática generada por su ineptitud, decide confiarle el futuro del país a los siempre “democráticos militares”. Nada más peligroso para un gobierno joven que expulsar de su entorno a los operadores políticos e intelectuales capaces de dar batalla política e ideológica a los radicales, reemplazándolos por personajes con ningún tipo de experiencia política. Acaso no le ha quedado claro al presidente Humala, después de lo vivido en Conga, que el problema en el Perú es político y no militar o policial, que al país se lo conduce con un esfuerzo de concertación y no con golpes a la mesa o desfiles de gendarmería.


Ojalá los malos augurios, y los profetas del desastre se equivoquen con respecto a Humala, se equivoquen así como se equivocaron cuando lo acusaban de mandar al diablo el modelo económico, deseando nostálgicos el retorno del dictador. Ojalá este giro de timón no convierta a este gobierno en un régimen que ejerce el poder de manera arbitraria, que impone las ideas por la fuerza, que soluciona, o mejor dicho, pospone las protestas con gases lacrimógenos, que le encarga la sostenibilidad democrática del Perú a los fusiles y las metralletas. Ojalá eso no ocurra, porque el final ya lo conocemos, el miedo instalado en las calles, los uniformes verde oliva rondando como sombras y la sociedad civil atemorizada, arrinconada en sus casas viendo como el comandante, con el aplauso y la venia de sus amigos los empresarios y periodistas a sueldo, hace añicos nuestro modelo político. Aunque claro: ¿A cuántos peruanos nos puede importar el sistema político y democrático si durante diez años legitimamos una dictadura que cuidaba los intereses de los menos olvidando los de la inmensa mayoría? ¿A cuántos nos puede importar el valor de la libertad o la democracia cuando la felicidad y el bienestar parecen cuantificarse únicamente en monedas?

jueves, 1 de diciembre de 2011

Conga se suspende: el gran derrotado volvió a ser nuestro gobierno



Como bien apunta el periodista Augusto Álvarez Rodrich, estos últimos días han sido fatales para el gobierno de Ollanta Humala. Del grandilocuente anuncio “Conga va” hecho por el mandatario, hemos pasado al medroso “Conga se suspende hasta nuevo aviso” del premier Lerner, quien flanqueado por la presencia de un representante de la empresa, presionada para capitular, según palabras del mismo señor, le mostró al país el verdadero rostro de la incapacidad e improvisación del gobierno para hacer frente a esta crisis.

Seamos justos, el problema minero-ambiental, la generación de revueltas sociales y protestas que desbordan la capacidad del Estado para encontrar salidas inteligentes no es un pasivo, en modo alguno, que se le pueda atribuir únicamente al gobierno de Ollanta Humala. La pregunta en todo caso es ¿Hasta cuándo? En qué momento el Estado peruano perdió la capacidad para actuar como un tercero capaz de resolver conflictos. Hasta cuándo el Estado, representado por el gobierno de turno, esperará que el conflicto estalle en sus narices para enfrentar la crisis. No es acaso mucho más recomendable prevenir la violencia y el desorden a tener siempre que gerenciar la violencia con una pistola en la cabeza.


Lo de Conga es preocupante pues demuestra una vez más la casi nula posibilidad del Estado al momento de diseñar una estrategia capaz de canalizar el descontento de la población con la implementación de proyectos encaminados a desarrollar actividades económicas extractivas como la minería. Es grave, pues la actividad minera es la fuente de generación de riqueza más importante de nuestro país. Querámoslo o no, los recursos que el Estado obtiene a través de la recaudación tributaria y los gravámenes a esta actividad constituyen el sostén de la economía nacional. En otras palabras, sin inversiones y promoción de proyectos de exploración y explotación minera el sueño de la gran transformación es únicamente eso, un sueño. Como dirían los economistas, incluso los más cercanos a la zurda, para distribuir riqueza, primero debemos generarla. No hay lonche gratis.


Como bien nos lo recuerda la periodista, Cecilia Mendoza, el Perú, durante los últimos diez años, no ha tenido uno sino varios Congas, y ni hablar del “Baguazo”. Durante los últimos diez años hemos tenido proyectos mineros que tuvieron que ser paralizados debido a la tenaz y violenta oposición que contra la implementación de los mismos expresó la población de la zona donde se desarrollarían. Inclusive, en la propia Cajamarca, hace algunos años la población, con el mismo método y bajo la misma prédica, frustró la implementación de otro importante proyecto. En el año 2004, la población se enfrentó a las compañías Newmont y Buenaventura (hoy detrás del proyecto minero Conga) por la explotación del “Cerro Quilish”. En esa oportunidad se acusaba a este proyecto, que pretendía explotar oro, de poner en riesgo el medio ambiente, contaminar el agua, y acabar con la fauna del lugar. Los impulsores de la protesta acusaron directamente a la empresa minera Yanacocha de derivar los desagües de sus campamentos hacia sus canales de riego, contaminar el río Llaucano, provocando la muerte de especies como las truchas, entre otras denuncias.


Este mismo modus operandi, y la misma falta de capacidad del Estado para prevenir, administrar, y solucionar luego la crisis, se volvió a repetir años después, durante el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García, con la paralización definitiva de otros proyectos millonarios como Tambogrande, Río Blanco y Tía María. Cabe recordar que en el caso de este último, el gobierno, luego de intentar la conciliación entre las partes, a través de la tantas veces infructuosas “mesas de diálogo”, y luego de una paralización de 17 días, con numerosos heridos y tres muertos, cedió ante los manifestantes y paralizó el proyecto.


Como podemos apreciar, la dinámica de la protesta, el discurso radical, la violencia como mecanismo de presión, el atentado contra la propiedad pública y privada, la toma de carreteras, la paralización del comercio de bienes y servicios, el desabastecimiento ocasionado por los manifestantes, y la pérdida de millones de soles son los factores que han llevado a los gobiernos a ceder frente a los movilizados. Sí las prácticas son las mismas, lo único que ha cambiado en el país son los rostros de los actores, lo único que ha cambiado en Cajamarca es la identidad de los que encabezan la protesta o el nombre de los denominados “frentes de defensa”. De allí nuestra preocupación, si todo esto se conoce con antelación ¿Porqué el Estado, el gobierno, sus instituciones no hacen nada por prevenir la crisis?


No podemos negar la legítima preocupación de la población por la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado. No podemos negar la legítima preocupación de la población campesina, nativa o indígena por la preservación de su propiedad y sus derechos comunitarios. No podemos negar la preocupación legítima de la sociedad civil por buscar un equilibrio entre ecosistema y actividad extractiva. Así como tampoco podemos negar la presencia de sectores violentistas que aprovechan y capitalizan el descontento de la población para generar caos, zozobra y violencia. Así como tampoco podemos negar el pobrísimo papel que han jugado las instituciones del Estado para identificar, procesar y sancionar a los responsables de algunos, los menos diría yo, delincuentes que pretenden hacerse pasar por “preocupados ambientalistas”.


Este retroceso de parte del gobierno ha sido interpretado, o puede ser interpretado de manera negativa o positiva según los ojos de quien lo juzgue. Para el empresariado, para los siempre devotos defensores de la inversión “cualquier tipo de inversión”, el anuncio del gobierno sienta, una vez más, un pésimo precedente. Este retroceso va a generar desconfianza en el dueño del gran capital, el Perú será visto como un país en riesgo, en donde las garantías para el desarrollo de millonarios proyectos de largo plazo no están dadas. Para los gestores del paro, de la protesta, de la movilización, esta es una clara muestra del poder que ha adquirido la ciudadanía, es una clara evidencia del rechazo que el modelo económico actual genera en la mayor cantidad de peruanos, es un dato objetivo, palpable de cómo a través del bloqueo y la agresión se puede hacer que un gobierno democráticamente elegido renuncie a su labor de “gobernar” y anteponga los intereses de un grupo a los de toda la nación, sin importar si ello carece o no de todo tipo de sustento técnico o racional. Si a ello le sumamos el hecho que ambos bandos siguen tomando por piñata al Estado, unos amenazando con retirar sus inversiones, y otros con declarar un paro perpetuo, podemos, como hacen otros, augurar un futuro apocalíptico.


En mi opinión creo que este “Conga se suspende hasta nuevo aviso” debería marca un antes y un después en el manejo y en la relación entre comunidades y empresas mineras. El caso Conga debe marcar un punto de inflexión en la manera de entender y procesar los conflictos minero-ambientales. No podemos seguir manteniendo los esquemas y las prácticas gubernamentales de los últimos diez años. El Estado no puede renunciar a su labor regulatoria y de control sobre las actividades que puedan generar un impacto negativo al medio ambiente. El Estado no puede permitir que los intereses económicos de poderosos grupos se superpongan a los intereses de los campesinos o de los grupos interesados en buscar un desarrollo equilibrado. Pero al mismo tiempo, el Estado debe recuperar el principio de autoridad, debe imponer las reglas del Estado de Derecho en toda la república, debe sancionar a quien delinque, procesar al delincuente, señalar con claridad y arremeter políticamente contra quienes anclados en un discurso ideológico el pasado pretenden que el Perú siga siendo un “mendigo entado en un banco de oro”.


El caso Conga debe abrir un espacio de reflexión y encuentro entre todos los actores, y debe generar el interés de toda la nación. El caso Conga, como adelantáramos en anteriores oportunidades, pone al descubierto algo que los analistas se han cansado de repetir: “el problema minero-ambiental es básicamente un problema social y político”. Siendo ello así, el Estado, la clase política, así como el sector empresarial, pero sobre todo el Estado debería preguntarse por cuáles son las razones de fondo que están detrás de las protestas, debería preguntarse porqué los conflictos sociales son casi siempre de corte minero ambiental, debería preguntarse porqué la población, los lugareños, la comunidad en general ha perdido la confianza tanto en las instituciones como en el proceder de la empresa minera, debería preguntarse por cuál será política gubernamental en cuanto a solución de conflictos a implementarse para los próximos años.


Finalmente, entendemos el descontento de la población, no lo justificamos, ni mucho menos avalamos los actos de vandalismo o violencia. Los delincuentes deben estar entre rejas, eso esta claro. Acá en el Perú, como en toda sociedad civilizada y democrática, quien atenta contra los derechos de los demás o pone en riesgo bienes de interés colectivo merece el total rechazo y una severa sanción, siempre en el marco de un proceso en el cual se le respeten todas las garantías. Sin embargo, a la población también le debería quedar claro, y he allí la poca capacidad de comunicación de las instituciones del Estado y de la propia empresa, que el gran responsable de que en el Perú, más aún de que en Cajamarca, los índices de pobreza y desigualdad sigan por lo cielos es el propio Estado. No le hagamos el juego a los radicales, los defensores de los derechos comunales y del medio ambiente no deben someterse a la campaña de miedo y desinformación vertida por los Paria Roja o ex terroristas. El gran responsable del escaso desarrollo, de las tasas de desnutrición, analfabetismo, de la falta de agua, luz, desagüe, carreteras e infraestructura, no es minera Yanacocha. El gran responsable del subdesarrollo de Cajamarca son el Estado y sus autoridades locales, los que encabezan protestas y azuzan a la masa, así como los que prefieren pasar desapercibidos y esconderse bajo la cama en momentos en los cuales las voces moderadas deberían enfrentarse políticamente a los demagogos.



Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.muldarnews.com portal de actualidad nacional e internacional

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