miércoles, 15 de septiembre de 2010

El efecto Vargas Llosa: la derogación del Decreto Legislativo 1097


“Señor Presidente de la República, renuncio al cargo de Presidente de la Comisión encargada del lugar de la memoria. La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a un buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho”. Con esas palabras don Mario Vargas Llosa hacia pública su renuncia mediante una misiva dirigida al mismísimo Alan García Pérez.

El mencionado decreto fue promulgado como parte de un paquete legislativo elaborado por el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República. Esta norma pretendía el archivamiento (sobreseimiento en lenguaje jurídico) de los procesos en los cuales se hubiera excedido el plazo de la etapa de instrucción o investigación del delito (14 meses). Es decir, la mencionada disposición le otorgaba al juez la facultad de archivar el proceso seguido en contra de militares y policías acusados de cometer delitos contra los derechos humanos como el asesinato, secuestro, desaparición forzada, violación o tortura por el sólo hecho de haberse vencido el plazo de la etapa de investigación. En otras palabras, la disposición bajo comentario pretendía impedir, o al menos, entorpecer u obstaculizar el juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de delitos tan execrables como los anteriormente descritos.

Como se puede apreciar de su sola lectura, la inconstitucionalidad de la disposición resulta tan evidente que las críticas al gobierno llegaron desde distintos sectores de la comunidad nacional e internacional. Las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos en el Perú hicieron sentir su voz de protesta, tildando a la iniciativa del gobierno como una forma encubierta y torpe de amnistiar a policías y militares procesados por su participación en una serie de eventos cuyo resultado fue la violación sistemática y generalizada de los derechos de las personas durante el conflicto armado interno vivido por nuestro país entre los años 1980 -2000. Como para que no quepan mayores dudas en torno al rechazo que la norma generó en la opinión pública y en otras instituciones del Estado, tanto la Conferencia Episcopal, como la Defensoría del Pueblo hicieron evidente su preocupación por los efectos jurídicos que un dispositivo como el 1097 pudiera traer consigo para el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país. A su turno, a nivel internacional, tanto el Relator de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidieron al gobierno del Perú la derogatoria del decreto por constituir un claro y evidente retroceso en el proceso de fortalecimiento de la democracia en la región y en el esfuerzo por alcanzar justicia en todos aquellos supuestos en los cuales la población civil fue víctima de crímenes contra la humanidad.

A pesar de ello el gobierno, ya sea mediante el titular de Defensa, Rafael Rey o, a través del ministro de justicia, Víctor García Toma, cada uno en su estilo y con sus limitaciones, pretendió defender la constitucionalidad de un decreto a todas luces indefendible. A pesar de ello, poco pudo hacer la presión mediática en este caso para obligar al gobierno a dejar sin efecto tan absurda normativa. Fue así que cuando todos pensábamos que la solución a esta problemática, innecesariamente creada por el gobierno, vendría de lado de lo que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional decidieran al momento de analizar la inaplicación o expulsión del decreto del ordenamiento jurídico por resultar contrario a la Constitución y a los Tratados en materia de Derechos Humanos de los cuales el Perú es parte (Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de guerra y delitos de lesa humanidad, entre otros), como consecuencia de la publicación de la carta de Mario Vargas Llosa en los medios locales, en los términos antes señalados, el gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley buscando la derogatoria del decreto 1097, la misma que había sido pedida por propios y extraños desde el día siguiente a la publicación de tan aberrante norma jurídica.

Dicho de otro modo, una vez más el gobierno tuvo que retroceder ante la andanada de críticas que su accionar irresponsable generó a nivel nacional e internacional. Resulta casi inexplicable que el gobierno insista en este tipo de iniciativas que han sido, como lo recuerdan con bastante acierto algunos medios y especialistas en la materia, proscritos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Basta recordar que en el periodo 2001-2006 nuestro país ya había sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la incompatibilidad de las leyes de amnistía dictadas por el gobierno del ex dictador Fujimori con el contenido de la Convención Americana o Pacto de San José. Tanto en el caso Barrios Altos (2001) como La Cantuta (2006) la corte había señalado que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Con lo cual, aún cuando desde el punto de vista formal el decreto no sea denominado ley de amnistía, era en el fondo, una manera vedada de cubrir con una manto de impunidad a todas aquellos que deben responder por sus acciones ante la justicia de nuestro país. Lo contrario, supondría dejar en un estado de indefensión absoluto a las víctimas y familiares de las víctimas que por mucho tiempo aun esperan justicia, situación que resulta inadmisible en un Estado Constitucional como el que dice ser el peruano, en el cual se coloca en el centro del orden jurídico a la defensa de la persona y el respeto de su dignidad.

Siendo ese el panorama legal de la actualidad jurídica de nuestro país y regional en materia de protección de derechos humanos resulta, como ya señale anteriormente, incomprensible la vigencia de una norma como el decreto 1097. ¿Por qué se insiste en este tipo de medidas que únicamente buscan la impunidad para los perpetradores de delitos contra los derechos humanos? ¿Por qué siguen siendo los de siempre aquellos que desconociendo todo deber jurídico y ético asumido por el Estado en esta materia quienes continúan alentando desde algún ministerio, el de Defensa para ser exactos en este caso, medidas que favorecen de manera cómplice a los sectores que sirvieron de bastón de apoyo a la dictadura más pérfida que ha tenido nuestro país durante los 10 años del fujimorismo? ¿Por qué el Presidente de la República, al cual a pesar de todo sigo considerando un demócrata, permite y legitima con su firma una aberración jurídica como esta que se pretendió incorporar al orden jurídico nacional con fines poco sanos y democráticos?

No cabe duda en torno al poder y presión que algunos sectores de las Fuerzas Armadas de nuestro país siguen ejerciendo sobre la autoridad política democráticamente elegida. Lo curioso es que este sector cuenta, a diferencia de los demás sectores de la sociedad, con lobbistas institucionales al interior del propio Poder Ejecutivo. Ahí surge la figura de Rafael Rey o del controvertido Vicepresidente Luis Giampietri, conocido por su posición dura, intransigente, autoritaria y antidemocrática; y por el odio personal que generan en él todos aquellos que defienden los derechos humanos y le recuerdan sus cercanías con el otrora dictador.

El proceso de consolidación democrática en nuestro país y en la región, al igual que el proceso de fortalecimiento de una cultura en favor de los derechos humanos en América latina y en el mundo es un proceso complejo y arduo el cual requiere de un compromiso y una fortaleza capaces de hacer frente a todo tipo de presiones de orden político, económico o militar. Queda claro que a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del desarrollo, como el económico o el comercial, cuando se pone en la agenda nacional iniciativas destinadas a fortalecer los mecanismo de protección de los derechos humanos contra actos violatorios de los mismos, de inmediato surgen las voces que nostálgicas de épocas pasadas en las cuales la corrupción campeaba y el asesinato, la tortura o el secuestro se habían convertido en parte de los mecanismos que el poder político empleaba en su quehacer diario, complotan y se reagrupan en torno a la palabra olvido e impunidad. Sólo ello explica que al mismo tiempo que nuestro país se abre hacia el mundo, mediante la firma de numerosos convenios destinados a agilizar las transacciones comerciales de bienes, servicios, capitales o inversiones, llegado el momento de sentar posición sobre materias vinculadas a la protección de los derechos humanos, en temas como la protección de la libertad de expresión o los derechos medio ambientales, el proceso se vea entorpecido por este tipo de retrocesos que minan la credibilidad y ponen en entredicho el compromiso del Estado peruano con los derechos humanos y la democracia.

En esa misma línea, y para finalizar, mención aparte merece la coherencia exhibida por don Mario Vargas Llosa, quien lejos de verse seducido por los encargos o distinciones que el gobierno de turno le hubiera podido prodigar con su nombramiento como Presidente de la Comisión encargada del Lugar de la Memoria, en un acto de consecuencia moral y política, el cual lo enaltece, mediante frases como esta: “Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno y dar razón a quienes lo acusan de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años”, deja relucir su vena libertaria y democrática, así como su compromiso con la defensa de ideales de justicia que algunos en el gobierno al parecer olvidan. Para don Mario, tal y como lo ha dejado saber en su misiva, resultaba un acto contradictorio e inadmisible, por un lado, auspiciar un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia política que azotó nuestro país por casi dos décadas y, por el otro, abrir la puerta de la impunidad para quienes cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana. Qué diferente sería el panorama si el Presidente y sus más cercanos colaboradores tuvieran la mitad de la coherencia que exhibe nuestro laureado escritor.

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jueves, 9 de abril de 2009

Un proceso histórico: Fujimori sentenciado


Fueron 17 años de dura espera, fueron 17 años de lucha y esfuerzo constante por alcanzar justicia, fueron 17 años de agravios, fueron años en los cuales el oprobio y la persecución fueron el sino que marcó la vida de los deudos de las víctimas de los Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y La Cantuta (18 de julio de 1992), fueron 17 años que han llegado a su fin.

Luego de todo este tiempo, en un fallo que marca un hito histórico en la justicia peruana y latinoamericana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado y lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad. Sin lugar a dudas, este 7 de abril será recordado como la fecha en la cual el Poder Judicial le devolvió la bandera de la justicia a nuestra débil democracia, ello porque luego de casi 16 meses de audicenias, tiempo durante el cual ninguna de las partes puso en tela de juicio la imparcialidad y el respeto por el derecho de defensa y debido proceso del acusado, el tribunal emitió una sentencia cuya calidad argumentativa y fundamentación fáctica y jurídica han recibido el reconocimiento y admiración de la mayoría de sectores de nuestra sociedad y de la comunidad internacional en general.

Debemos de recordar que en la historia republicana de nuestro país, Fujimori es el segundo mandatario que resulta ser condenado por delitos cometidos durante su gobierno, antes fue Augusto B. Leguía, quién tras luego de ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, murió en su celda durante los años en los cuales purgaba condena. Sin embargo, Fujimori será recordado por los libros de historia como el primer ex mandatario civil, elegido democráticamente en toda Latinoamérica que fue llevado a juicio y fue condenado por los tribunales de su propio país por delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. A diferencia de lo ocurrido con los ex dictadores de Chile, Augusto Pinochet (1973-1990), y de Paraguay, Alfredo Stroessner (1954- 1998), quienes fallecieron sin llegar a ser condenados por los tribunales de sus respectivos países por delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o el secuestro.

El fallo, como hemos dicho anteriormente, constituye un hecho histórico y trascendental para la escena nacional e internacional, es un fallo que traspasa las fronteras de nuestro país, es una llamada de atención para todos los gobernantes del mundo, es un mensaje que pone de manifiesto el compromiso de los tribunales nacionales e internacionales con la defensa y protección de los derechos humanos y, además, reinvindica el compromiso democrático del Estado peruano por investigar y sancionar a los responsables de crímenes de esta naturaleza por más que éstos tengan la calidad de ex presidentes, como ha sido en el caso de Fujimori.

Es importante destacar que el juicio que se ha llevado a cabo contra el ex presidente Fujimori ha sido sobre los delitos de homicio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista, Gustavo Gorriti y el empresario, Samuel Dyer. Esto debe de quedar claro ya que el ni en el juicio ni en la sentencia se ha pretendido evaluar la política desarrollada por Fujimori durante su gobierno. Por tanto, no resulta relevante para el resultado final del proceso, como así lo ha pretendido exponer la defensa del ex mandatario, evaluar los logros que Fujimori durante su gestión pudo cosechar, no resulta relevante probar o comprobar si sus medidas hicieron viable a nuestro país, o si fue el artífice de la lucha contra la subversión, o si gracias a su política económica el Perú pudo salir de la crisis y reinsertarse en el escenario mundial o si fue el gran gestor de la paz con el Ecuador.

Teniendo en cuenta dicho apunte, debemos reconocer que el fallo emitido por el tribunal ha sido escrupuloso en dar respuesta estricta a los términos en los cuales el Ministerio Público planteó la acusación contra Fujimori. A Fujimori se lo acusaba de ser el autor mediato de los homicidios de los Barios Altos y La Cantuta por dominio de la voluntad de un aparato organizado de poder y, a partir de ello, el tribunal expuso y sustentó la responsabilidad del ex presidente en 247 fundamentos de hecho que acreditan fehacientemente que Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, estuvo detrás de la organización, ejecución y encubrimiento de los crímenes antes mencionados, en otras palabras, que Fujimori, conoció, aprobó, premió y encubrió las acciones del Grupo Colina.

Mucho se ha dicho en torno a la utilización de la teoría de la autoría mediata como figura penal utilizada en el juzgamiento de Fujimori, algunos dicen que en la sentencia en la cual se determina la responsabilidad del ex presidente no se hace mención a ninguna prueba directa que acredite su responsabilidad penal, que no existe algún documento o video en el cual se pruebe que Fujimori ordenó de manera directa los asesinatos de los Barrios Altos y La Canuta. Ahora bien, sin ánimo de ingresar a un debate técnico en torno a este tema, habría que decir en principio que en este tipo de casos en los cuales se trata de probar la responsabilidad del agente (en este caso Fujimori) como autor mediato de asesinatos a través del dominio de un aparato de poder organizado, resulta imposible encontrar una única prueba, como una carta, comunicado u orden escrita, firmada por el propio acusado en la cual él de manera explícita le transmita las órdenes a sus subordinados para la comisión de tal o cual delito. Por tanto, lo que corresponde en estos casos, es trabajar con lo que la doctrina ha denominado prueba indiciaria, es decir, determinar a partir del análisis de un conjunto de indicios, todos ellos coherentes entre sí, la responsabilidad del imputado, hecho que ha quedado plenamente probado con los ya mencionados 247 fundamentos de hecho que sirven de sustento fáctico de la sanción a 25 años de prisión para el ex mandatario.

Cabe mencionar, que la teoría de la autoría mediata fue obra de Claus Roxin, jurista alemán, quien en 1963 la definió para juzgar a Adolf Eichmann, uno de los jerarcas del régimen nazi que fue responsable de la muerte de miles de judíos. Este autor, dice que se considera autor mediato a quien hace ejecutar un crimen mediante otro sujeto, cuya voluntad carece de libertad, y que se puede efectuar valiéndose de una estructura organizada de poder. Señala también que el autor mediato dispone de una maquinaria para cometer una multiplicidad de delitos.

Resulta importante mencionar, que dicha figura jurídica ya ha sido empleada en nuestro país en la sentencia condenatoria contra Abimael Guzmán que dictó la Sala Penal Nacional en el 2006 y también fue aplicada por la Primera Sala Anticorrupción para condenar al general Julio Salazar Monroe.

Por tanto, resulta poco serio e irresponsable, señalar que la aplicación de esta teoría para el caso del ex presidente no hace sino confirmar la persecución de la cual él ha sido víctima ya que se trató de crear una figura penal con el único ánimo de encarcelar a Fujimori, tal y como se empeñan en señalar su hija los miembros de su agrupación política, más cuando fue la justicia de otro país, en este caso la justicia chilena, la que determinó que existían razones e indicios razonables que acreditaban la responsabilidad de Fujimori en estos crímenes, y fue esa convicción la que permitió que la Corte Suprema de ese país le concediera al Estado peruano el pedido de extradición de Alberto Fujimori, así lo señaló la fiscal chilena Mónica Maldonado, en el informe en el que sustentaba que Chile estaba obligado a conceder la extradición: “Fujimori ha intervenido como autor mediato al encontrarse en una jerarquía superior como instigador intelectual de los crímenes contra la humanidad que se le atribuyen, señaló en su oportunidad., tesis que luego sería confirmada por el tribunal chileno que resolvió en última instancia el pedido de extradición.

Pero más allá de la condena de 25 años a Fujimori, el fallo de este tribunal presenta elementos, que desde el punto de vista jurídico y ético son de vital importancia, en él se señala que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves que se le atribuyen a Fujimori constituyen crímenes contra la humanidad, en tal sentido, se cierra la posibilidad de un posible indulto o amnistía, todo ello de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de nuestro país, en la cual se establece con claridad que: no procede la concesión del derecho de gracia, llámese indultos o amnistías, para aquellas personas que hayan sido encontradas responsables de violaciones a los derechos humanos. A su vez, este fallo dignifica la memoria de las víctimas de los Barrios Altos y La Cantuta, al dejar en claro frente al país, que ninguno de ellos tenia vínculos directos o indirectos con Sendero Luminoso o el MRTA, ninguno de ellos era terrorista. Sin lugar a dudas, este extremo del fallo, mas allá de las discusiones técnicas que se puedan desatar en torno a su conveniencia o no, no hace sino reafirmar el espíritu de este tribunal por defender y enarbolar las banderas de la justicia y la verdad, una verdad que trató de ser ocultada durante más de 17 años por Fujimori y sus cómplices. Pero además, en el fallo se señala algo que durante muchos años se supo pero de lo cual no se tenía total certeza, y ello es que la acción del Grupo Colina fue mucho más sangrienta y cruel de lo que algunos pensaban o no querían reconocer. Así, este tribunal estableció que durante el gobierno de Fujimori se cometieron al menos 50 ejecuciones extrajudiciales en Lima entre 1991 y 1992, entre los que podemos destacar, el asesinato de 10 personas, el 2 de mayo de 1992 en El Santa, el asesinato de Pedro Sauri y la muerte de la familia Ventocilla (6 miembros), el 24 de junio de ese mismo año, el asesinato de 6 personas, el 29 de enero en Pativilca, y un sin número más de crímenes que llevó a cabo el denominado escuadrón de la muerte.

Este fallo, que duda cabe, marca un antes y un después en la historia republicana y democrática de nuestra patria, cierra un capítulo de tristeza, desasosiego, violencia e indiferencia del Estado para con los más humildes, para con las víctimas del terror de aquellos años, pero abre un camino de esperanza para la consagración y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Este fallo, pero sobre todo, este juicio nos da la oportunidad de extraer importantes lecciones para la vida jurídica, política y ética de nuestra nación.

Desde un punto de vista jurídico y político, este juicio, no hace sino confirmar que la Democracia, con todos los defectos y yerros que pueda entrañar, es capaz de juzgar con respeto y con sujeción a la ley y a la Constitución a toda aquella persona que cometa un delito, por más atroz que este sea, nos enseña que no es necesario combatir el terror con más terror, nos enseña también que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que quién comete un delito debe de ser investigado, procesado y sancionado con el pleno respeto por sus derechos fundamentales, como el de defensa y el debido proceso, tal y como ha sucedido en el caso de Alberto Fujimori.

Pero lo más importante, desde un punto de vista ético, es que este juicio confirma la convicción humanista, que nunca más, la violencia, venga de donde venga, ya sea del Estado o de movimiento radicales o terroristas, que trae consigo la vulneración de derechos como la vida, la libertad, la integridad o la dignidad de las personas quedará impune, por más poderosa que sea la persona que los haya cometido y a la cual le toca comparecer ante los tribunales. En otras palabras, este fallo niega aquella frase según la cual el fin justifica los medios, este fallo proscribe la idea, tan arraigada en nuestras latitudes, de que el engaño, la mentira o el asesinato están permitidos en política, este fallo es, como ya hemos señalado, un símbolo de la defensa de la justicia y la verdad como valores auténticamente democráticos, pero sobre todo, este fallo actualiza aquella frase de que el fin del Estado y la razón de su existencia no es otra sino la defensa, garantía y promoción de la vida y las libertades de todos sus ciudadanos.

Rafael Rodríguez Campos

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