jueves, 25 de julio de 2013

NADA QUE CELEBRAR: LA PATRIA ESTÁ ENFERMA




Porque el señor Ollanta Humala, alias “Presidente de la República”, ha convertido al Perú en un barco a la deriva.

Porque el señor Juan Jiménez Mayor, alias “Primer Ministro”, no es otra cosa que un alma en pena.

Porque el señor Alan García Pérez, alias “mis engreídos son los narcos”, le abrió las puertas de la cárcel a miles de  peligrosos delincuentes  repartiendo indultos por doquier.

Porque el señor Alejandro Toledo, alias “soy el engreído de mi suegra”, alquila su apoyo al partido de gobierno a cambio de un blindaje político y jurisdiccional rastrero e infame.

Porque el señor Alberto Fujimori, dictador sentenciado por corrupto y asesino, alias “mi vacilón es el saqueo”, vive a cuerpo de rey y se da el lujo de seguir complotando contra nuestra democracia.

Porque los partidos políticos en el Congreso de la República se comportan como mafias deseosas de repartirse el botín a toda costa.

Porque Perú Posible, otrora partido de gobierno, nos ha demostrado a todos los peruanos que los verdaderos enemigos de la democracia son algunos “falsos demócratas”.

Porque Fuerza Popular (portátil de Keiko y Kenyi Fujimori) sigue representando al sector más autoritario y reaccionario de este país, y a pesar de ello, cuenta con el apoyo de aquellos que canjean su voto por algunas cuántas prebendas clientelistas cada 5 años.

Porque Gana Perú (el partido de gobierno) se ha convertido en un coro de estúpidos adulones de la primera dama y de sus secretarias.

Porque el Partido Popular Cristiano demostró que más importante que la ética y la decencia  política es el cumplimiento de “viles acuerdos”.

Porque los ministros de Estado gozan y se sienten felices asumiendo el rol de felpudos y payasos al servicio de la pareja presidencial (reparten muy bien los bocaditos cuando les dan “luz verde”).

Porque los medios de comunicación siguen embruteciendo a la población a diario con total impunidad apostando por calabacitas (os) que exponen sus miserias sin ninguna vergüenza.

Porque las instituciones públicas están al servicio de los poderes fácticos independientemente de quién gane las elecciones.

Porque en nuestro país a nadie le interesa la conservación del medio ambiente y la búsqueda de un desarrollo sostenible (sequemos las lagunitas, dicen los más estúpidos).

Porque los políticos siguen creyendo que nuestros hermanos campesinos y nativos son “perros del hortelano”.

Porque han pasado 10 años desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y nuestro país todavía no cuenta con una política nacional de reparaciones efectiva.

Porque los crímenes contra la comunidad LGTB siguen en aumento y a la sociedad parece no importarle (maten a los maricones, dicen los más imbéciles).

Porque la violencia contra la mujer es terrible y el Estado no tiene ni la menor idea de cómo enfrentarla, dejando libre a los maridos psicópatas  que gozan con el dolor de sus parejas (la mujer tiene la culpa, dicen los defensores de este horror).

Porque tenemos una izquierda bullera y trasnochada, que defiende autoritarismos regionales, cuando años atrás marchaba en contra de la dictadura fujimorista.

Porque nuestro Estado ha sido capturado por los grandes grupos de poder económico y se arrodilla ante banqueros, mineros y otros grandes “señores”.

Porque tenemos una derecha autoritaria, reaccionaria y egoísta, que habiendo capturado al Estado le exige imponer su voluntad a sangre y fuego.

Porque nuestros policías, profesores, médicos y enfermeros, siguen ganando sueldos miserables que no les permiten vivir con dignidad.

Porque nuestro país sigue siendo el principal exportador de cocaína en el mundo.

Porque los títulos profesionales emitidos por nuestras universidades (salvo escasas excepciones) no sirven ni para envolver pescado.

Porque nuestra burocracia es una de las más corruptas e indolentes de la región.

Porque nuestros ciudadanos no confían en la democracia, y muchos añoran la vuelta al pasado autoritario.

Porque nuestro país sigue siendo profundamente desigual e injusto (cómo no, si nos encanta cholear).

Porque el machismo, racismo y otros complejos siguen delineando la conducta de un importante sector de nuestra población (cómo no, si para algunos el dinero blanquea).

Porque los jóvenes que terminan la escuela secundaria son en su mayoría unos “analfabetos funcionales”.

Porque a este paso, el 2016 volveremos a jugar nuestra democracia y a votar por el mal menor, para así evitar que otro populista autoritario, de derecha o izquierda, se apropie de Palacio de Gobierno (como si en el Perú, el Presidente electo gobernara).


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jueves, 18 de julio de 2013

LA POLÍTICA NO ES UNA MIERDA, AUNQUE LO PAREZCA





Yo sé que cuesta trabajo creer esto luego de la manera infame cómo los “padrastros de nuestra patria” eligieron a los seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Los “padrastros” mandaron al carajo la ética, encarpetaron la moral y asesinaron la decencia política a mansalva. Nada de esto importó a la hora de la repartija de cargos, y al puro estilo del capo que distribuye el botín entre sus mafiosos, los asientos en el TC fueron repartidos sin importar otra cosa que no sea la “afiliación política”.

Los “padrastros” tuvieron la oportunidad histórica de conformar un TC de lujo (seis nuevos miembros debían ser nombrados), pero la pequeñez pudo más, la miseria de estos congresistas se impuso, y el Perú ahora lo sufre, lo sufre porque a ninguno de estos representantes del todo vale se le ocurrió, aunque sea por un minuto, pensar en el profundo daño que esta decisión le hacía a la institucionalidad de nuestro país.

Los méritos no importan

La consigna fue muy clara: Mandemos a la mierda los méritos y las calificaciones académicas y profesionales de los candidatos, no importa si el aspirante no sabe absolutamente nada de Derecho, no importa si su trayectoria jurídica se resume en una miserable hoja de papel en blanco, no importa si carecen de credenciales democráticas que los legitimen ante los ciudadanos como auténticos defensores de la constitucionalidad en el país. Acá no importa nada, porque de lo que se trata es que cada pandilla organizada tenga a uno de sus cabecillas como integrante del Tribunal más importante de nuestro país.

El defensor de una dictadura

Y así ocurrió, la banda fujimorista logró imponernos la candidatura de un defensor del golpe de Estado de 1992, un patrocinador de militares acusados por delitos de  violación contra los derechos humanos, un feliz abogado de los narcotraficantes más gordos del país. Recuerden, este es el mismo señor que justificó la destitución de lo tres magistrados constitucionales que se opusieron a la “inconstitucional” tercera reelección de Alberto Fujimori, diciendo que ello no era otra cosa que una anécdota y que todos pueden cometer errores.

Este señor, este ilustre representante de esa mafia que gobernó nuestro país durante 10 años, a punta de coimas, sobornos y asesinatos, es ahora premiado con esta elección, este será uno de los hombres que tendrá la responsabilidad de defender  a nuestra “Constitución”, esa misma Constitución que su ex cliente se encargó de pisotear sistemáticamente.

Pero el apetito (insaciable) de poder de los hijos del fujimontesinismo no podía ser satisfecho con tan sólo un candidato suyo en el TC. El TC estaba en su mira, y como el asalto tenía que ser completo, se tomaron el trabajo de conseguirse a un “fujimorista de corazón” que disfrazado de jurista, pudiera burlar los reflectores de los medios (brutos y achorados) para así conseguir su segundo cupo en esta “repartición de asientos”.

El fujimorista disfrazado de santo

Así ha llegado el señor Decano de la Facultad de Derecho de la UPC a ser magistrado del TC. Este es el mismo que sobre el proceso penal seguido en contra del dictador Alberto Fujimori dijo: “Durante el proceso no hubo testigo que indicara que Fujimori dio la orden de ejecutar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta”, y que  la sentencia se basó en una reconstrucción parcial de la historia. Como si las órdenes de matar y asesinar a los “enemigos de un régimen dictatorial” se diesen a través de documentos formales (con copia y cargo para los archivos).

Como ven, este señor, al que quieren hacer pasar por un “santo letrado”, será el encargado de contener los apetitos de sus amigos fujimoristas. ¿Cómo puede ser magistrado constitucional un tipo que dice que la dictadura fujimorista, a pesar de sus bemoles, fue positiva porque derrotó al terrorismo y la inflación, y porque privatizó las empresas estatales, y bajó el nivel de los aranceles? ¿Puede un tipo así garantizar la constitucionalidad en nuestro país? Y luego nos hacemos los sorprendidos cuando el pueblo elige a quien ROBA PERO HACE OBRA.

Luz verde para la mediocridad

Hasta aquí, la historia ya era una tragedia, pero siempre las tragedias pueden tener un final de terror. Esta vez la pandilla fujimorista no actuó sola, esta vez la bancada nacionalista (con la luz verde de Nadine Heredia, eso lo doy por sentado) también demostró que es capaz de la mayor bribonería, y como si el lema “honestidad para hacer la diferencia” fuese una broma de mal gusto que sus otrora difusores estuviesen empeñados en desaparecer, contribuyó con sus votos para lograr el nombramiento de otros dos impresentables.

El “planchacamisas”

El primero de ellos es un señor que alcanzó el estrellato mediático luego de que los medios de comunicación lo bautizaran con el apelativo de “planchacamisas” (suficiente motivo para no ejercer ningún cargo público), luego de que este fuera denunciado por uno de sus auxiliares, Isidoro Villa Quispe, de que cuando este señor era parlamentario, tanto él como su familia, lo obligaban a planchar sus camisas. Pero el currículo de este señor no se limita a esta “risueña chapita”, resulta que este nuevo magistrado, que tendrá en sus manos la defensa de los valores de la democracia y el respeto por los derechos humanos, es un ferviente defensor de la dictadura cubana, para este señor la Cuba de los dictadores Castro es un paraíso de libertades en donde los ciudadanos ejercen plenamente todos y cada uno de sus derechos. ¿Cómo puede ser magistrado constitucional un tipo que defiende a un régimen totalitario como el cubano?

El chicheñó

El segundo, que no es ni mejor ni peor que su colega “planchacamisas”, tiene un único mérito: es un incondicional de este Gobierno, un verdadero fans enamorado de Ollanta Humala, un acólito, un áulico, un chicheñó, alguien que cree que su líder es algo así como el Manco Cápac del siglo XXI. En tiempos en los cuales el Perú requiere de una reforma política profunda, destinada a consolidar partidos auténticamente democráticos, los “padrastros” lo eligieron como magistrado, lo eligieron a este señor que ha señalado que el Partido Nacionalista es un partido caudillista, que si al Nacionalismo le quitan a Ollanta Humala, este partido no sería nada, a este señor que afirma que el Gobierno no gasta un sol en apuntalar la campaña política de Nadine Heredia, lo premian con este nombramiento. ¿Cómo puede ser magistrado constitucional un tipo que tiene complejo de lamebotas y vocación de chupamedias?

Defendamos la democracia

La suerte parece estar echada, ninguna de las gavillas congresales (incluyendo al toledismo y al PPC) está dispuesta a dar marcha atrás, a nadie le importa que la población haya rechazado de manera general y contundente esta decisión. Los méritos de los candidatos jamás fueron evaluados, no tiene sentido señalar que ninguno de estos cuatro magistrados es especialista en Derecho Constitucional, no sirve de nada afirmar que ninguno de ellos garantiza un compromiso ético férreo con la defensa de los valores de la democracia republicana que nuestra Constitución recoge.


Ya nada importa, ahora se están organizando movilizaciones y marchas aprovechando las celebraciones de Fiestas Patrias (qué carajo vamos a celebrar), veremos qué pasa en estos días. Tan sólo esperemos que el grito ¡Que se vayan todos! No sea el preludio para la llegada de otro caudillo populista que ofreciendo acabar con la mierda en la que se ha convertido la política en nuestro país, termine imponiendo sobre nuestras cabezas un régimen autoritario como el que ahora vemos en otros países vecinos. Porque deben saber señores, que la política en democracia puede oler y saber a estiércol, pero la política en dictadura, siempre es sinónimo de robo, asesinato, tortura y violación de derechos a gran escala. Sino, basta recordar el gobierno fujimorista de los noventaS. 

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martes, 16 de julio de 2013

CUIDADO: NO CONFUNDAMOS PATRIOTISMO CON NACIONALISMO





Hace algunas semanas, unos amigos que están investigando este asunto, me informaron que en Lima, la capital del Perú, varias municipalidades habían emitido sendas ordenanzas obligando a los residentes de sus respectivos distritos a colocar la bandera peruana en sus domicilios durante el mes de julio como muestra de patriotismo. También me comentaron que en algunas entidades públicas, los jefes envían comunicados invitando gentilmente a los trabajadores (obligándolos, diría yo) a usar la escarapela durante todo el mes patrio, ya que en su calidad de servidores públicos, ellos están llamados a dar ejemplos de civismo “espontáneo” a todo el resto de la ciudadanía. 

Ser patriota por obligación

Ambas situaciones me hicieron recordar mis años de colegial. Todos los alumnos en mi colegio, absolutamente todos, estábamos obligados a perder horas de clase ensayando para el desfile de Fiestas Patrias. Estábamos obligados a demostrar nuestras destrezas marciales, levantando hasta nuestras cabezas las piernas al momento de marchar, mostrar nuestra conducta viril y aguerrida, dando alaridos y entonando cánticos patrioteros, para así, hacerle creer a los profesores encargados del desfile que nos sentíamos orgullosísimos de haber sido elegidos para formar parte del batallón yo escolta que representaría al colegio en este evento.

Nunca he estado de acuerdo con obligar a nadie a dar muestras de patriotismo. Ni antes, y mucho menos ahora puedo entender la decisión de algunas autoridades de imponer medidas coercitivas en contra de los ciudadanos que se niegan a mostrar públicamente su amor por el Perú. Y claro, si estoy en contra de “embanderar” a la fuerza las viviendas (multa de por medio), o de usar la escarapela por el temor a recibir una mala calificación en el trabajo (no renovación del contrato), con mucha mayor razón, estoy en absoluto desacuerdo con obligar a los estudiantes a marchar y perder horas de su valioso tiempo, el mismo que podría ser aprovechado en superar los grandes problemas de comprensión lectora que nuestro país tiene, en ensayos, cuyo único objetivo es el aprender a representar, de la mejor manera posible, el carácter valeroso y viril de nuestros gallardos militares que tantas “victorias” nos han dado a lo largo de nuestra historia.

Los peligros de los nacionalismos

Todo esto me lleva a pensar en los peligros que la ideología nacionalista trae consigo para la consolidación  de una cultura auténticamente democrática y liberal en el Perú. Digo ello porque sólo la cultura democrática, con su tolerancia y apertura frente a los diversos pensamientos y modos de vivir de los seres humanos, permitirá garantizar el respeto por los derechos y libertades fundamentales de todos los hombres y mujeres de nuestra patria.
Y eso porque el nacionalismo, como otros monstruos ideológicos de la misma estirpe, se ha esforzado siempre a lo largo de la historia en minar las esferas de libertad otorgadas al hombre para su cabal y pleno desarrollo. Por eso, en esta oportunidad aprovecharé este espacio para compartir algunas ideas y reflexiones tomando como referencia el artículo de nuestro premio Nobel titulado “La amenaza de los nacionalismos”, al que siempre vuelvo cuando veo asomar las sombras del nacionalismo en nuestras tierras.

La violencia de los nacionalismos 

Como se sabe, la ideología nacionalista, para alcanzar el poder y conservarlo en el tiempo, ha necesitado siempre del uso de la coerción, la fuerza y la opresión. Al mismo tiempo, la ideología nacionalista necesitó siempre del uso de la ficción para hacer creer a los ciudadanos de cada sociedad, donde este mal impera, que existen países empeñados en pisotear su soberanía, su historia y su cultura (pensemos en la xenofobia antichilena promovida por muchos de nuestros políticos).

Pero el nacionalismo de hoy, ya no es más el nazismo asesino de Hitler, el fascismo desquiciante de Mussolini o el autoritarismo sangriento del franquismo. En nuestros días, el nacionalismo ha dejado de identificarse unívocamente con el extremismo y conservadurismo de la derecha y ha pasado a adquirir, casi de manera camaleónica, y sin darnos cuenta, diferentes caretas y diversos ropajes. Eso quiere decir que el nacionalismo sigue teniendo fuerza y en algunos países ha experimentado un notable surgimiento.

El nacionalismo de hoy

El nacionalismo de nuestros días se mueve sin dificultad entre derechas e izquierdas, y adopta a veces semblante radical, como, en España (ETA o los movimientos y grupos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco) o en Irlanda del Norte (tenemos a Terra Lliure o IRA, catalogados internacionalmente como movimientos terroristas), o se identifica con posiciones inequívocamente conservadoras, como el Partido Frente Nacional en Francia. Aunque, también es frecuente que sea de izquierda antes de llegar al poder, y cuando lo captura se vuelve de derecha como le ocurrió al FLN argelino y a casi todos los movimientos nacionalistas árabes. Pero debemos tener claro, que no son los métodos y los comportamientos los que determinan que un movimiento político sea nacionalista, sino un núcleo básico de afirmaciones y creencias irracionales y fantásticas que todos los nacionalistas tienen.

Los mitos del nacionalismo

Como bien lo apunta Vargas Llosa, ese núcleo, no es de ningún modo una corriente racional de ideas sistemáticamente organizada, es un acto de fe, una especie de dogma en la que hay que creer sí o sí. Es un acto de fe colectivista, masivo, que atribuye a una entelequia fantástica e inexistente- la nación- un sin número de características trascendentales, capaces de mantenerse impertérritas en el tiempo, indemnes a las circunstancias y a los cambios históricos, preservando una coherencia y unidad entre todos sus elementos constitutivos que sólo se encuentra presente en el terreno de la ficción y en el peor de los casos en la imaginación afiebrada de terroristas como Bin Laden, o los militantes de Hamás o Hezbolá.

Aunado a este tipo de tesis, los nacionalistas recurren a otro de sus artilugios para convencer y justificar sus planteamientos, ese artilugio no es otro sino el victimismo. Ellos dan cuenta de una larga lista de agravios históricos y usurpaciones políticas, culturales y económicas de las que han sido víctimas por parte de la potencia colonizadora e imperial que destruyó, contaminó o degeneró su nación. En otras palabras, es la utilización del clásico “slogan” seudo-revolucionario: El imperio tiene la culpa.

El chauvinismo y la xenofobia nacional

Pero pongamos un ejemplo más concreto de lo que sucede actualmente. ¿Hay acaso algún país en el mundo que no tenga desagravios que reclamar a sus rivales de antaño? Pensemos en el nuestro por ejemplo, si revisamos las páginas de la historia, nos encontraremos con un sinnúmero de atropellos y vulneraciones de nuestra soberanía, pero: ¿Es ahora, en pleno siglo XXI, momento para tomar venganza de hechos que sucedieron hace más de un siglo? Pues naturalmente no. El problema es que sólo para los nacionalistas aquellas injusticias y agravios históricos son colectivos y hereditarios, como el pecado original, como si todo chileno o ecuatoriano que nace en estos países estuviese condenado a convertirse en nuestro más acérrimo enemigo.

Creo que el nacionalismo, el totalitarismo y toda corriente colectivista que trate de minar las esferas de libertad que le corresponden a todo ser humano, deben de ser combatidos, pero no en base a soluciones militares o violentas, como a las que nos han tenido acostumbrados los líderes de las “grandes democracias” del mundo, sino combatidos y enfrentados en el terreno de las ideas, del debate político, de la confrontación de planteamientos demostrando una y mil veces que la democracia y que la cultura de la libertad pueden satisfacer todas las demandas de justicia social y equidad que los ciudadanos le suelen hacer a sus gobiernos.

La democracia frente a los nacionalismos

Los demócratas debemos unir esfuerzos y demostrar que el régimen de libertades y derechos plenos es el único camino para la solución de los graves problemas sociales que se viven en nuestro mundo, debemos de asegurar la libertad, el pluralismo y la cultura de paz, para que nuestros hijos entiendan que todo tipo de diferendo entre los seres humanos encuentra solución a través del diálogo y la búsqueda de consensos. 

Pero algo es cierto, el nacionalismo no desaparecerá de la noche a la mañana o por inspiración de algún demócrata súper dotado, el nacionalismo sólo se resignará a replegarse cuando una ofensiva intelectual y política, lo derrote en todos los espacios de expresión de la sociedad y una fuerza electoralmente fuerte no le dejen otra alternativa. Por eso, los ciudadanos de una democracia debemos estar muy atentos para no caer en engaños, no podemos permitir que la ideología nacionalista, opresora por antonomasia, nos obligue a ser patriotas a la fuerza. No podemos permitir que por decreto o ley las autoridades nos obliguen a embanderar nuestras casas, usar escarapelas u obliguen a marchar a nuestros niños en contra de su voluntad. ¿Es que acaso no existen otros modos de demostrar nuestro amor por el Perú? Ustedes tienen la respuesta.

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martes, 9 de julio de 2013

INFÓRMATE: SE APROBÓ LA LEY DEL SERVICIO CIVIL





Como se recuerda, esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en enero de este año, para luego, y con los votos de Gana Perú, Perú Posible y algunos miembros del PPC, ser aprobada después de haber sido duramente cuestionada por diversos sectores, críticas que hicieron que el proyecto inicial sea modificado hasta en tres oportunidades.

La oposición responde
¿Ahora qué hacemos? La respuesta ha venido desde la tienda de Acción Popular-Frente Amplio, agrupación que a través del congresista Yonhy Lescano, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esta Ley. A este grupo se vienen sumando otras agrupaciones como Solidaridad Nacional, Partido Aprista, y curiosamente, también el fujimorismo, algo que nos llama poderosamente la atención, sobre todo si recordamos que fue el Gobierno de Alberto Fujimori el que lanzó a la calle a miles de trabajadores del Estado.

El impacto de la Ley
Es importante señalar que esta Ley abarca a un número aproximado de 500 mil trabajadores públicos de tres regímenes laborales distintos: Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728 y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS). A su vez, debemos precisar que bajo estos tres regímenes se encuentra el 40% de trabajadores de todo el sector público, pues el otro 60% está conformado por los profesionales de carreras especiales de los siguientes sectores: Educación, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Magistrados, Diplomáticos, y otros.

Para una movilización informada
Por tanto, y dada la importancia de esta Ley, es preciso que los ciudadanos, y especialmente los trabajadores del sector público a los cuales esta norma los vinculada, tomen conocimiento acerca del contenido de la misma, y a partir de esa información adopten una posición seria y responsable en torno a cuál será la respuesta que como gremios de trabajadores darán al Gobierno. Porque seamos claros, no hay nada más absurdo que ver a miles de trabajadores en las calles protestando contra una Ley cuyo contenido desconocen, dejándose manipular por los “eternos” dirigentes cuyo modus vivendi los obliga a convertirse en “opositores radicales” a cualquier propuesta de reforma.

El nuevo régimen 

1)   Objetivo
La finalidad de esta Ley no es otra que la reforma del empleo público a nivel nacional. Para ello, la reforma pasa por concretizar tres objetivos principales: 1) Uniformizar el régimen laboral en el sector público; 2) Incorporar el principio de la  meritocracia como único criterio para el ingreso, ascenso y salida del trabajador público; y 3) Implementar mecanismos de evaluación y capacitación continuos en el sector estatal con el objetivo de profesionalizar y especializar a la burocracia de nuestro país. Es importante dejar sentado que este será un proceso progresivo cuya duración ha sido prevista para 6 años como máximo.

2)   La decisión es libre
Se señala en la Ley que los trabajadores afectados por esta norma, decidirán libremente si desean o no pasar al Servicio Civil. Eso quiere decir que con la entrada en vigencia de la citada disposición, serán cuatro los regímenes laborales en el Estado, pero únicamente podrán acceder a beneficios completos y ascender quienes decidan migrar al nuevo régimen. 

3)   Gratificación, CTS y vacaciones
También se ha estipulado que los trabajadores que están en el régimen CAS o bajo el Decreto Legislativo N° 276, y que decidan pasarse al Servicio Civil, accederán a dos gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad) y a una CTS equivalente a un salario mensual, respetándose, en el caso de las mujeres, el denominado subsidio por lactancia (hago esta precisión porque algunos venían señalando que este tipo de beneficios serían eliminados). Del mismo modo, la Ley fija que las vacaciones serán de 30 días (remuneradas), las mismas que beneficiarán también a los trabajadores del régimen CAS a quienes durante muchísimo tiempo sólo se les reconocieron 15 días por descanso físico (ahora gozan también de 30 días de vacaciones).

4)   Evaluaciones, despidos y reingresos
La evaluación dará como resultado la clasificación del personal en cuatro grandes categorías: a) Personal de rendimiento distinguido, b) Personal de buen rendimiento, c) Personal sujeto a observación; y d) Personal desaprobado. En este punto, la norma señala que las entidades no pueden calificar como personal de rendimiento distinguido a un porcentaje mayor al 10% de sus servidores, correspondiéndole a Servir la facultad de establecer los métodos y criterios de evaluación respectivos.

Al mismo tiempo, se sabe que la evaluación a la que estarán sujetos los trabajadores se dará de manera anual. Sobre este punto, es necesario precisar que si un trabajador desaprueba hasta en dos oportunidades, será capacitado con el ánimo de que supere esta dificultad, no obstante ello, si el trabajador desaprueba por tercera vez, entonces será automáticamente despedido. La norma también estipula que el reingreso es posible para los servidores civiles pero en un plazo de dos años. 

5)   Ingreso, periodo de prueba y servidores de confianza
Con respecto al ingreso a la carrera pública, se ha fijado que los trabajadores que ingresan “por primera vez al Estado” estarán a prueba durante un plazo de tres meses. Cabe precisar, y con letras mayúsculas, que el periodo de prueba no se aplica a los trabajadores que ya se encuentran actualmente trabajando para el Estado en cualquiera de los regímenes antes citados. Del mismo modo, la norma es clara al señalar que los servidores de confianza no podrán superar en número el 5% del total de servidores públicos de la entidad, para evitar la desnaturalización de este tipo de contrataciones. 

6)   La jubilación anticipada y las pensiones
Los trabajadores del sector público pasarán automáticamente al retiro al cumplir los 70 años de edad, sin embargo, y esta es una diferenciación que evidencia un sesgo machista y discriminatorio, la jubilación podrá ser solicitada de manera anticipada a los 65 años para el caso de los hombres, y a los 60 años para las mujeres, respectivamente. Por otro lado, los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276 y CAS que se acojan al Servicio Civil recibirán mejores pensiones que las que actualmente perciben.

La posición de los trabajadores

1)    La negociación colectiva ha sido violada
La negociación colectiva es un derecho laboral constitucionalizado que a juicio de los gremios se ve seriamente recortado con esta Ley pues ya no podrán ser considerados en este tipo de negociaciones asuntos vinculados a temas remunerativos. Sí se podrán acordar mejoras sobre las condiciones laborales, pero la Ley no permite la negociación para asuntos salariales, situación que colisiona con diversos convenios internacionales suscritos por el Perú sobre esta materia.

2)    Vacaciones y aguinaldos congelados
Como la negociación colectiva queda restringida al ámbito de las mejoras de las condiciones laborales, y no pudiendo negociar el pago por vacaciones y aguinaldos, los trabajadores verán congelados dichos ingresos, situación que los pone en una situación de desventaja frente a cualquier otro trabajador, situación que en la lógica de los gremios resulta ser abiertamente discriminatoria.

3)    Los huelguitas a la calle
Si bien la norma reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores, la citada disposición también señala que este derecho se ejerce siempre que se hayan agotado los mecanismos de negociación y diálogo entre las partes. Pero lo que más les preocupa a los trabajadores, es el extremo de la misma que autoriza a las entidades públicas a contratar trabajadores de “reemplazo”, apenas se inicie una movilización de este tipo.

4)    Se vienen los despidos

La norma estipula como causal de cese la supresión del puesto de trabajo debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas. Para los trabajadores, esta disposición abre el camino para masivos despidos arbitrarios. Todo ello se haría con la única finalidad de politizar el Estado mediante la incorporación de personas afines al partido de Gobierno en la mayor cantidad de entidades públicas generando redes de clientelismo y corrupción.

Comentario final
La implementación de este nuevo régimen supondrá un costo aproximado de S/. 2.328 millones de soles por año. Para nosotros, la reforma del empleo público es una necesidad impostergable, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero lo importante es lograr que la misma se sostenga en el tiempo, y que la Ley supere los cuestionamientos legales que desde diversos sectores se vienen presentando, para de ese modo, mejorar el empleo, profesionalizando y especializando a nuestra burocracia, pero siempre bajo la observancia de las normas constitucionales e internacionales que protegen los derechos laborales de los trabajadores. De lo contrario, corremos el riesgo de que la reforma carezca de legitimidad, y su implementación se vea obstaculizada por los actores principales en esta materia: los empleados públicos volcados a la calle en movilizaciones que paralizan al país.

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