jueves, 27 de septiembre de 2012

¿Cuánto le deben los corruptos al Perú?



Deuda por corrupción asciende a más de mil millones


Puede parecer una exageración periodística pero no lo es. Según cifras oficiales publicadas por la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría Anticorrupción, el monto de la deuda actualizada por cobrar a abril del 2012 por concepto de reparaciones civiles era de S/. 1, 066, 676, 387.00 (más de mil millones de nuevos soles no pagados). Asimismo, se señala que el 56.6% del total del porcentaje de los cobros viene de tan solo 51 casos (menos del 5% del total de la deuda).


¿Cómo está repartida esta deuda?


Para el asombro de nuestro lectores debemos decir que el 98.7% de esta deuda se deriva de los casos litigados en su momento por la ex Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos y solo el 1.3% corresponde a la deuda de personas sentenciadas por casos impulsados por la Procuraduría Especializada. Pero esta información también arroja dos importantes datos: primero, que el 86% de la deuda de los sentenciados por casos que litigó la ex Procuraduría Ad Hoc se concentra en 9 personas suma que asciende a S/. 907, 640, 560.00 (más de novecientos millones de soles). Cabe señalar que casi todos ellos se encuentran en prisión y a juicio de la entidad presentan muy pocas posibilidades de pago y, segundo, que en el caso de la deuda ante la Procuraduría Especializada, el 50% de la misma se concentra en 25 personas, cuyos montos fluctúan entre los y S/. 2,000.00 y S/. 80,000.00

 
Los grandes deudores

 
Los principales deudores del Estado son el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos Torres (400 millones de soles, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ex broadcaster de televisión, José Enrique Crousillat (80 millones de soles).


Los otros deudores

 
También aparecen en la lista de deudores el ex presidente de la República, Alberto Fujimori (27 millones) y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos (24 millones de soles). A estas personas se suman los siguientes nombres: Carlos Alberto Bergamino Cruz, Carlos Boloña Behr, Alex Wolfenson Woloch, César Saucedo Linares, César Saucedo Sánchez, Moisés Wolfenson Woloch. Así como también los de Absalón Vásquez, ex ministro de Estado, Alejandro Rodríguez Medrano, ex Presidente de la Corte Suprema de la República y Blanca Nélida Colán, ex Fiscal de la Nación.


Problemas y soluciones para el cobro de estas reparaciones civiles


a. Voluntad política


En más de una oportunidad el Procurador Anticorrupción, Julio Arbizu, ha señalado que el principal problema en este campo ha sido la falta de voluntad política de los gobiernos pasados a la hora de enfrentar con decisión esta problemática. “Se requiere de voluntad y compromiso de parte de la clase política para mejorar las estrategias y respaldar la labor de las instituciones que luchan contra la corrupción y buscan cobrar las reparaciones así como recuperar parte del dinero sustraído”.


b. La voluntad política no basta

Pero más allá de lo antes señalado, en esta oportunidad trataremos de explicar algunos otros problemas que a nuestro juicio vienen obstaculizando la labor de esta Procuraduría Especializada y que al parecer han sido ya identificados durante la actual gestión (ver: Primer Informe de Gestión-Procuraduría Anticorrupción). Al respecto, se han identificado 4 grandes temas:


- Sobre el marco normativo


El Decreto Legislativo 1068 señaló en su oportunidad las razones que justifican la creación una Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Sin embargo, cuando uno revisa el artículo 46 del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, en donde se señala el ámbito de competencia de esta entidad, encontramos que la citada norma no hace diferencia entre aquellos casos que merecen realmente la atención de una unidad especializada. Con lo cual, el Procurador Anticorrupción termina asumiendo la responsabilidad de llevar casos de “gran corrupción” como otros en los cuales el perjuicio al Estado es ínfimo y la reparación civil bastante exigua.


- Sobre las limitaciones en el litigio


Vinculado al punto anterior, y dado que la ley no diferencia entre la gran y pequeña corrupción, ello genera limitaciones al momento de diseñar una estrategia de litigio inteligente orientada al aseguramiento y cobro efectivo de reparaciones civiles relevantes y al esclarecimiento de los hechos y circunstancias en las cuales se llevaron a cabo actos de mega corrupción. En ese escenario, el Estado destina recursos para atender casos en los cuales están comprometidos funcionarios de bajo rango, generando altos costos logísticos y de personal que al final no pueden ser recuperados.

 
- Sobre la identificación adecuada de los objetivos


La experiencia comparada de los últimos años señala que los gobiernos deben focalizar y concentrar la asignación de sus recursos en el fortalecimiento de unidades especializadas dirigidas a combatir la gran corrupción y crear otras unidades que se dediquen a la prevención de la pequeña corrupción, pues el costo de la investigación, del cobro de la reparación, de la inversión de tiempo, recursos, dinero y capital humano es tan grande, y la expansión de esta corrupción menuda es tan grande, que medidas represivas terminan siendo poco eficientes, poco rentables y de poco impacto en este terreno. En nuestro país esta tarea no ha sido asumida generándose una serie de problema como los que ya hemos descrito.


- Sobre la racionalización de los recursos


Se sabe que entre el periodo 2011-2012 el costo promedio asumido por el Estado para financiar la investigación de un caso de corrupción al año ha sido de 6 mil soles. Ahora bien, si esa inversión es cuantificada en razón al tiempo invertido, tenemos que cada abogado invierte en promedio casi 13 minutos al mes por cada uno de los casos que lleva a cargo. Por tanto, la alta carga procesal y la no adecuada diferenciación entre la gran y pequeña corrupción impiden realizar investigaciones profundas y rigurosas, limitando las posibilidades de triunfo en el litigio. En ese sentido, resulta ineficiente invertir recursos y tiempo en casos cuya reparación civil sea menor a 6 mil soles pues en ellos el Estado gasta más de lo que recibe. En todo caso, este tipo de litigios no deben ser conocidos por unidades especializadas como ya lo señaláramos.


Por lo pronto, y gracias a la labor de acopio y procesamiento de información hecha por la Unidad de Análisis Financiera de la Procuraduría Anticorrupción, podemos identificar cuatro grandes factores que explican el pobre desempeño del Estado en materia de cobro de reparaciones civiles en el periodo 2005-2011:1) La irregularidad de los montos de cobro se debe a la ausencia de unidades especializadas de cobro de reparaciones civiles, y de medidas específicas para cumplir esta función; 2) Que los picos de cobro se deben a cobros ocasionales de grandes casos y no a la sumatoria de casos pequeños o casos medianos; 3) Que en este periodo no es posible indicar una progresión, ni una evolución consistente, ni una regularidad de cobros; y 4) Que no existe rastro alguno de que durante este tiempo se haya diseñado una estrategia especializada para solucionar este problema.


Finalmente, y a modo de conclusión, es importante formularnos la misma pregunta que se hace la procuraduría en el informe al cual hemos hecho referencia: ¿Qué tipo de corrupción es la que se pretende combatir y qué tipo de corrupción es la que se pretende prevenir? Sin esa respuesta será muy difícil avanzar y conseguir importantes objetivos en este terreno.


Este artículo (edición completa) ha sido publicado en la edición número 55 (agosto 2012) de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

Etiquetas: , , , , , ,

viernes, 21 de septiembre de 2012

ENTREVISTA CON EL MINISTRO DEL INTERIOR



Wilfredo Pedraza Sierra, actual ministro del Interior, conversa con LA LEY y nos brinda importantes datos sobre su sector. Él señala que las metas del Gobierno son contar con 125 mil policías al final de la gestión, impulsar la modernización de la policía y evitar los costos sociales en el manejo de los conflictos sociales.

 
1. ¿Por qué razón aceptó ser ministro de Estado teniendo en cuenta la compleja situación social y política por la que atraviesa el país?


No quiero que se piense que lo que voy a decir es un cliché, pero veo este nombramiento como un reto personal. La situación es compleja, yo creo que este es un Gobierno que está en un proceso de consolidación, el primer año ha sido de aprendizaje, y si en ese proceso yo puedo contribuir a darle cierto grado de estabilidad desde el sector del Interior, en buena hora. Yo no he sido convocado por ser político, sino por mi experiencia en la administración pública y formación académica. Yo creo que ambos factores me permitirán tomar decisiones adecuadas.

 
2. Tomando como referencia lo que usted acaba de señalar, ¿el cambio de tres gabinetes en tan solo un año de gobierno es señal de ese aprendizaje y falta de experiencia política?

 
Es probable, de hecho el presidente Humala ha dicho que él está aprendiendo. Yo mismo estoy en un proceso de aprendizaje continuo en el sector Interior. No debemos temerle a este proceso, lo trágico sería llegar al cuarto año de gobierno en la misma situación; cosa, creo yo que no ocurrirá.

 
3. Usted dijo hace algunas semanas que durante su gestión no habría un muerto más en conflictos sociales. ¿Qué pasará si la realidad dice lo contrario?

 
Yo creo que debemos contextualizar muy bien esa frase. Este es un propósito, una finalidad, un deber ser que se traduce en la adopción de una serie de medidas destinadas a evitar que por una mala intervención policial en un contexto de conflicto social resulte alguien muerto. Eso es lo que yo he querido decir con esa frase.

 
4. Se lo pregunto pues una frase de ese tipo supone la asunción de una responsabilidad muy grande, ¿no le parece?

 
Bueno, sí sin duda. Pero permítame contarle algo. Cuando yo me reuní con el Presidente días antes de asumir el cargo de ministro, él me dijo expresamente lo siguiente: “evitemos que haya un muerto más en los conflictos sociales”. Yo creo que debemos aprender a valorar y respetar la vida. Ello supone evitar por todos los medios posibles los costos sociales. En ese sentido, la frase a la cual usted ha hecho mención no es otra cosa que una revaloración del valor vida, el cual debe ser resguardado en todo momento y en todo lugar por el personal policial.

 
5. Hace algunas semanas usted también señaló que la regla de oro para solucionar los conflictos sociales es “establecer un diálogo sin plazo”. Si ello es así, ¿cuánto tiempo cree que le lleve al Gobierno sacar adelante el Proyecto Minero Conga?

 
A ver, yo me ratifico en lo dicho. Creo que el diálogo no debe tener plazo en la medida que exista voluntad de las partes y puntos de agenda que no se agotan y sobre los cuales se trabaja. El diálogo en esos términos no debería tener un plazo fijo, pero cuando no se cuenta con una agenda común, cuando los interlocutores no tienen disposición y apertura, esta fórmula no funciona. En ese escenario la situación se complica, pues los plazos tampoco pueden ser indefinidos, ya que ello puede paralizar la adopción de importantes decisiones.

 
Sobre el sector Interior

 
6. Luego de una primera evaluación de su sector, ¿cuáles son los problemas más urgentes y prioritarios que Ud. está enfrentando como ministro del Interior?

 
Yo diría que existen dos sectores que merecen mi mayor atención. El primero es el ministerio propiamente dicho, que es una institución lenta, burocrática, un paquidermo diría yo. El segundo está vinculado con la Policía Nacional del Perú (PNP) que también presenta una estructura compleja, regida por lineamientos no muy bien definidos, con un gran retraso en materia de inversiones. Por eso el reto principal es simplificar los procesos en el ministerio y modernizar a la institución policial.

 
7. Los medios de comunicación hicieron pública una información vinculada a una deuda de aproximadamente 34 millones de soles que la PNP tiene con viudas y con personal discapacitado. ¿En cuánto tiempo se pagará esa deuda?

 
En la actualidad existe una deuda de 45 millones de soles provenientes de procesos judiciales iniciados por deudos y discapacitados. La mayoría de casos están vinculados a la lucha contra el terrorismo. El 25% de esa deuda se generó durante la década del ochenta, el 50% en la década del noventa, y el restante 25% del año 2000 en adelante. Yo como ministro tengo una obligación moral con el pago de estas obligaciones pues es una deuda que el país tiene con estas personas. En ese sentido, permítame decirle dos cosas: la primera es que este Gobierno cancelará el total de esta deuda hasta fin de año y la segunda es que las deudas generadas durante este último año ya fueron pagadas en un 100%.


Sobre la situación en el VRAEM y el presupuesto

 
8. Hace algunos días se publicó un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta del terrible estado en el que se encuentran las bases policiales del VRAEM. ¿Cuánto dinero se necesita para repotenciar las bases en el VRAEM y mejorar la capacidad logística de la policía destacada en esa región?

 
Veamos. En el VRAEM nunca se ha invertido durante la gestión de los gobiernos anteriores porque es un escenario reciente. Hasta hace unos años los recursos se focalizaron en la región de Ayacucho pues fue la zona donde se concentró la lucha contra el terrorismo. Nosotros vamos a invertir 50 millones de soles hasta la mitad del próximo año para mejorar la infraestructura, repotenciar 7 comisarías y construir una gran base policial que estará ubicada en Pichari. Además hemos invertido 7 millones de soles en la compra de equipamiento para el personal y mejora de la remuneración. Hoy, luego de esas medidas, el policía destacado en esta zona recibe, además de su sueldo, 1080 soles más. Estoy seguro que hasta julio del próximo año contaremos con una mucha mejor infraestructura.

 
9. ¿Es cierto entonces que el personal no cuenta con sistema de radio, que las bases no tienen teléfonos fijos, que el personal de la Diroes compra su alimento antes de salir a un operativo y que tenemos armamento con una antigüedad mayor a 25 años?

 
Así es. Yo siento vergüenza ajena por las condiciones en las que se encuentran los policías que están en el frente. El país tiene la obligación moral de darle todo el apoyo logístico y la infraestructura necesaria a estos hombres que ponen el rostro frente al narcotráfico y el terrorismo. Esta situación se ha generado desde hace mucho tiempo debido a la falta de inversión de anteriores gobiernos. Pero seamos claros en que la solución va más allá de la asignación de recursos en el presupuesto de la institución pues también es necesario contar con proyectos de inversión viables y capacidad de gestión.

 
10. A propósito de lo que Ud. nos comenta, ¿cuál es el porcentaje de presupuesto ejecutado por el Ministerio del Interior (Mininter) en este primer año de gobierno?

 
Bueno, el nivel de ejecución es muy bajo. En el primer año de gobierno solo se ha ejecutado el 10.7% del presupuesto.

 
11. ¿Por qué el nivel de ejecución presupuestal es tan bajo en el Mininter?

 
Creo que esta situación obedece a tres razones. La primera es la ausencia de proyectos de inversión viables (hacer un buen proyecto toma meses). La segunda es la falta de capacidad logística y de personal, pues se pretende ejecutar un presupuesto mucho mayor al de años anteriores con el mismo número de personas. La tercera es la inestabilidad política de los ministros, el cambio sucesivo en esta cartera obviamente detiene la inversión.

 
Sobre la modernización de la PNP

 
12. El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo una reforma integral de la PNP. ¿Cuáles son los ejes básicos sobre los cuales gira esta reforma?


Yo he encontrado la decisión política de modernizar (ese es el término correcto) a la PNP, propósito que yo comparto. Ahora bien, yo creo que este proceso gira en torno a 3 grandes ejes. Primero, vamos a plantear cambios sustanciales en su Ley Marco. Segundo, vamos a potenciar el trabajo de las unidades especializadas para combatir el crimen organizado. Tercero, fortaleceremos a las comisarías para que puedan desarrollar un mejor trabajo con la ciudadanía.

 
13. ¿Qué importantes cambios normativos está pensando plantear desde su cartera?

 
Los cambios que venimos trabajando se dividen en cuatro campos. En el primero de ellos estamos revisando lo concerniente a la Ley Orgánica de la PNP (organización y estructura). En el segundo evaluamos la Ley de Estado y Situación Policial, lo cual supone definir cuáles son las razones por las cuales un policía pasa del estado de actividad a la disponibilidad, y luego al retiro. En el tercero, lo concerniente a la Ley de Ascensos, para combinar la importancia de los grados académicos y los estudios con la experiencia policial. Y finalmente, también estamos revisando lo referente al procedimiento sancionatorio policial.

 
14. Esta modernización supone la inversión de una importante suma de dinero, ¿cuál es la cifra que se está manejando para este propósito?

 
Aprovecho la pregunta para aclarar que quizá lo que resulte más oneroso es la reforma salarial y pensionaria. Debo decir al respecto que lo que se viene no es un aumento igual para todos, sino un incremento diferenciado en virtud al retraso que en este tema se ha tenido durante los anteriores gobiernos. Eso quiere decir que quien gana menos tendrá un incremento mayor, con lo cual la reforma adquiere también un sentido social. Ello busca que poco a poco el pertenecer a la PNP se vuelva una opción más atractiva. Debo decir que en esta iniciativa estamos participando todos en el gabinete, existe la voluntad no solo mía sino del ministro de Economía de concretizar este objetivo. No podría darle una cifra exacta en estos momentos, pero puedo asegurar que por lo menos 500 millones de soles están absolutamente financiados y que solo falta afinar algunos detalles para su final aprobación en el gabinete.

 
15. Se dice que el Perú tiene un déficit en cuanto al número de policías, ¿qué objetivos se ha trazado el Gobierno en este campo?

 
En la actualidad tenemos 96 mil policías y una demanda enorme insatisfecha. El compromiso del presidente es incrementar este número durante los próximos 4 años en 30 mil efectivos. Para ello estamos ampliando el número de escuelas y plazas para policías. Debo decir que en este esfuerzo están comprometidos los Gobiernos Regionales, quienes apoyan con infraestructura, tal y como lo vienen haciendo, por ejemplo, los Gobiernos Regionales de La Libertad y Ucayali. En ese sentido, la meta del Gobierno en esta materia es culminar su gestión con 125 mil efectivos policiales aproximadamente.

 
Sobre la lucha contra el terrorismo

 
16. Algunos especialistas han señalado que en el campo de la inteligencia policial hemos retrocedido, permitiendo por ejemplo que Sendero Luminoso gane apoyo en buena parte de la población del VRAEM. ¿Usted cree que hemos retrocedido en este terreno?

 
Cuando cayó el Gobierno de Fujimori en el año 2000 se desactivaron todos los órganos de inteligencia que fueron usados políticamente durante ese periodo. Luego de ello ha tomado tiempo recomponer el sistema de inteligencia. Hoy puedo decir que este sistema viene trabajando con mucha intensidad. Yo no creo que el combate contra el terror haya retrocedido. Lo que pasa es que ahora nos enfrentamos a un fenómeno nuevo. Lo que pasa en el VRAEM no es terrorismo puro, es crimen organizado con la presencia de redes de narcotráfico. La recomposición del sistema ha tomado mucho esfuerzo, luego del uso perverso que Vladimiro Montesinos hizo del mismo. Pero hoy esta situación ha cambiado y la PNP produce y procesa información muy valiosa.

 
17. ¿La ausencia del Estado en esta región no agrava el problema?


Claro. Pero es inevitable que en un país tan grande como el nuestro haya espacios de territorio en donde el Estado está ausente. Pero ese es un problema que este Gobierno está empeñado en resolver. Hoy por ejemplo, en la zona del VRAEM, Huallaga y Monzón, están entrando agentes del Estado para promover los programas sociales de salud. Hoy también estamos llevando a más efectivos policiales a esta zona. Debemos tomar como ejemplo el Huallaga, hoy libre de terrorismo, luego de casi 30 años de lucha, lo cual fue posible llevando comisarías, centros de salud y al Banco de la Nación a la zona.

 
18. Se ha presentado una propuesta legislativa para impedir que los docentes sentenciados por delitos de terrorismo vuelvan a las aulas luego de haber cumplido su condena. ¿Está de acuerdo con esa propuesta?

 
Esta idea nace de la percepción que se tiene de que existen docentes que tergiversan la historia y muestran al fenómeno terrorista como un proceso social más, deformando los datos históricos y perjudicando la educación de los niños y adolescentes. Ahora bien, esto también supone la labor de inteligencia y seguimiento policial para detectar a estos elementos. En ese sentido, a mí me parece legítimo que el Estado como una medida de prevención general impida que aquellos maestros “que no han renunciado expresamente a su ideología del terror” vuelvan a ejercer labores docentes.

 
19. Y siguiendo esa lógica, ¿también está de acuerdo con la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargo público de aquel que fue sentenciado por delito de corrupción?

 
Por supuesto, el funcionario que cometió delitos de corrupción no debe volver jamás a la función pública.

 
20. Hace algunos días el TC confirmó la constitucionalidad de la ley que declara la improcedencia de beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo, ¿comparte también esta opinión?

 
Yo siempre he sido de la idea de que algún espacio para los beneficios debiera preservarse en la mayoría de delitos. Sin embargo, hoy en día nadie discute el derecho de los estados de regular y prohibir estos beneficios para el caso de delitos graves como terrorismo, narcotráfico, violación sexual o corrupción. Con lo que yo estoy en desacuerdo es con la prohibición absoluta sobre todo en el caso de delitos en donde sus autores deberían tener una oportunidad.

 
Sobre el problema penitenciario y la delincuencia

 
21. A propósito del tema penitenciario, ¿por qué cree Ud. que el problema penitenciario nunca ha sido prioridad en la agenda de los gobiernos en nuestro país?

 
Este tema le corresponde al Ministerio de Justicia. Tenemos un acuerdo ministerial de no declarar sobre temas que no nos competen. Pero voy a incumplir un poquito la regla y te diré que acá en el Perú se tiene la percepción de que invertir en cárceles es dinero perdido. Yo diría de que esa es la principal razón, los políticos usualmente dicen: “si tengo dinero invierto en salud y educación, pero no en las cárceles”. Es un tema de percepciones.

 
22. La gente percibe que el mayor problema es la inseguridad, ¿comparte la opinión de quienes creen que el problema de la delincuencia se soluciona elevando las penas, eliminando beneficios penitenciarios o construyendo más penales?

 
Creo que es una forma, pero no la única. A la delincuencia no se le puede enfrentar con una sola herramienta. A la delincuencia se la debe enfrentar y detener con decisión y para ello está la policía que vela por el cumplimiento de la ley. Pero también debemos desarrollar un trabajo preventivo. Yo estoy empeñado en trabajar ambos planos para que el combate al crimen organizado sea frontal. Para ello necesitamos consolidar alianzas con los Gobiernos Regionales y Locales para hacer trabajos conjuntos con el Ministerio de Educación y Justicia para establecer políticas de prevención. No tendremos éxito si no logramos estos propósitos.

 
Sobre los conflictos sociales y el estado de emergencia

 
23. El Gobierno nombró a dos facilitadores para tender puentes de diálogo entre los autores de la protesta en Cajamarca, días después estos facilitadores recomiendan al Gobierno levantar el estado de emergencia. ¿Por qué el Gobierno en lugar de tomar la palabra de los facilitadores decide ampliar el estado de emergencia?

 
Porque los buenos propósitos de los facilitadores no tenían el respaldo de quienes conducen hasta ahora el conflicto social en Cajamarca. Nosotros solicitamos a los organizadores de las movilizaciones su compromiso formal de no incurrir en actos de violencia. Ese compromiso jamás llegó por lo que el Gobierno tuvo que ampliar esta medida.

 
24. ¿Qué sentido tiene declarar un estado de emergencia cuando el Gobierno no es capaz de hacerlo cumplir e impedir las movilizaciones?

 
Debo aclarar que esta medida permitió desbloquear 31 carreteras. Ahora bien, yo creo que por principio en un estado de emergencia no se deben presentar movilizaciones, entonces la pregunta es ¿por qué se toleran estas protestas? Porque el diálogo sigue abierto y porque lo que el Gobierno quiere es evitar costos sociales irreparables. Para algunos es muy fácil mandar a la policía a reprimir y romper las manifestaciones, pero ello genera enfrentamientos y a veces pérdidas lamentables. Es muy sencillo decir que al Gobierno le falta autoridad, pero la autoridad no supone palo y bomba, el uso de la fuerza debe ser ejercido de modo responsable.

 
25. Finalmente, ¿Ud. cree que el suboficial Millones incurrió en la falta de desobediencia en agravio del Estado al acudir al programa “El valor de la verdad” del periodista Beto Ortiz y dar detalles sobre el fracaso de la Operación Libertad?

 
Bueno, cuando uno se somete a unas reglas las tiene que cumplir. La normativa vigente señala que para que un efectivo policial declare ante la prensa tiene que pedir permiso a sus superiores, lo cual en el caso de Millones no ocurrió. Por tanto, yo diría que existe un deber formal que no se cumplió y que será evaluado en la instancia correspondiente con el debido respeto a sus derechos procesales. Lo que quiero dejar muy en claro es que no existen condiciones objetivas para sostener, como algunos han hecho, que la vida del suboficial Millones corre peligro.

 
Esta entrevista fue publicada en el número 55° de LA LEY, edición agosto 2012, periódico mensual del Grupo Editorial Gaceta Jurídica. Mi personal agradecimiento a la empresa por permitirme compartir esta información con un mayor número de lectores.





viernes, 14 de septiembre de 2012

¿Cuánto le deben los terrroristas al Perú?

 
 

Deuda por terrorismo asciende a más de tres mil millones

Según datos oficiales recogidos del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos que los condenados por delitos de terrorismo tienen una deuda con el Estado por concepto de reparaciones civiles por la astronómica cifra de S/. 3750, 066,700.00 (tres mil 750 millones 66 mil 700 nuevos soles).


¿Cómo está repartida esta deuda?

a.   La deuda de Sendero Luminoso

De la información obtenida podemos señalar que del monto total de la deuda, S/. 3700, 000, 000.00 (tres mil 700 millones de soles) corresponden solidariamente al líder del movimiento terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, y a los miembros de su cúpula criminal compuesta por Elena Iparraguirre Revoredo, Osmán Morote Barrionuevo y Óscar Ramírez Durand.

b.   La deuda del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

La información oficial revela Que la deuda del MRTA asciende a S/. 49, 996, 700.00 (49 millones 996 mil 700 nuevos soles). Además, se sabe que el importe mayor de esta deuda deberá ser asumida por el líder terrorista de esta agrupación, Víctor Polay Campos, así como a los miembros de su cúpula y entorno más cercano Alberto Cumpa Miranda, María Cumpa Miranda, Peter Cárdenas Schulte, y Miguel Rincón, todos ellos responsables por la comisión de delitos como el secuestro, extorsión, asesinato selectivo, entre otros.

c.   Los otros deudores

También aparecen en la lista los nombres de Margi Clavo Peralta (SL), Margot Liendo Gil (SL), Victoria Trujillo Agurto (SL), María Pantoja Sánchez (SL), Laura Zambrano Padilla (SL), Martha Huatay (SL), Max Rodríguez Sánchez (MRTA), Emilio Villalobos (MRTA), Gabriel Vásquez Aranguren (MRTA), Fernando Martínez Sánchez (MRTA) y Edgar Chahua Damián (MRTA).

Problemas y soluciones para el cobro de estas reparaciones

-      Sobre la prescripción de estas deudas

Hace algunos días, el ex sentenciado por delitos de terrorismo y actual abogado de senderistas, Manuel Fajardo, señaló ante los medios de comunicación que la deuda de muchos de los cabecillas senderistas, incluido Guzmán Reynoso, es una “deuda jurídicamente muerta”. Eso quiere decir, en palabras de este abogado, que estas deudas han prescrito por lo cual pedirá formalmente ante las autoridades competentes que así se las declare.

Sobre este punto, debemos señalar que dicha lectura es absolutamente errónea, en ese sentido, compartimos la opinión del procurador antiterrorista, el abogado Julio Galindo, quien señaló que estas deudas no habrían prescrito. Tanto para Galindo, como para nosotros, para que ello ocurra, el Estado tendría que haber dejado de realizar todo tipo de acción legal destinada a exigir el cobro de esta deuda durante los 10 años posteriores a la condena impuesta al líder terrorista en 2006, hecho que como se sabe no se ha dado ya que durante este último año, por ejemplo, se vienen desarrollando una serie de estrategias para identificar los bienes de los deudores para luego proceder al embargo y cobro del dinero adeudado. Nosotros, el Estado peruano, jamás renunció al cobro de esta deuda, afirmó públicamente el Dr. Julio Galindo.

-      Sobre el ocultamiento de los bienes

El propio ministerio de Justicia ha señalado, en más de una oportunidad, lo dificultoso que resulta el cobro de este tipo de deudas dado el conjunto de acciones ilegales llevadas a cabo por los terroristas para ocultar sus bienes y evitar así el embargo y posterior remate de los mismos. Ante ello, se sabe que la procuraduría viene desarrollando todo un plan operativo destinado a la identificación de estos bienes. “El trabajo es bastante arduo y silencioso, se trata de una búsqueda minuciosa que tarda en dar sus frutos”, ha referido el procurador. Sin embargo, la estrategia parece haber comenzado a dar resultados, pues hace algunas semanas, se logró el embargo de tres departamentos cuya propietaria es Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán y cabecilla de Sendero Luminoso, uno de ellos ubicado en Jesús María, otro en el Cercado de Lima y uno en la Residencial Santa Cruz.

-      Sobre la “muerte civil” para los deudores

El Primer Ministro, y ex ministro de Justicia del actual Gobierno, Juan Jiménez Mayor, planteo como propuesta legislativa la “muerte civil” para aquellos terroristas que salgan en libertad luego de cumplir sus condenas y que no cumplan con el pago de la reparación civil impuesta por el grave daño que sus atroces actos le ocasionaron a nuestro país. En todo caso, y con el ánimo de evitar futuras complicaciones de orden constitucional, habría que analizar si el incumplimiento de una obligación pecuniaria puede traer como consecuencia la grave limitación al ejercicio de derechos fundamentales, pues ello es justamente lo que genera la llamada “muerte civil”.

Es importante destacar que en la mayoría de los casos, los terroristas liberados no han mostrado ningún interés en el cumplimiento de estas obligaciones. Como bien lo recordó el Premier, información que puede ser cotejada en el portal ministerial, ahora tenemos a un dirigente (Alfredo Crespo) de un movimiento (Movadef) que tiene una deuda con nuestro país por S/. 30,000.00 (30 mil nuevos soles) de los cuales únicamente ha pagado 40 soles. Estos son los casos que a diario debe enfrentar las procuraduría antiterrorista y que esperemos logre solucionar en defensa de los intereses de todos los peruanos.

-      Sobre el apoyo político e institucional a la Procuraduría Antiterrorista

Es preciso, como lo han afirmado diversos analistas, brindar un total respaldo a la labor que viene realizando el procurador Julio Galindo. “A veces se cree que la lucha antiterrorista se reduce a la asignación de mayores recursos, afirmar ello resulta un rotundo error”, afirmó el senderólogo Carlos Tapia. Es necesario que la clase política respalde unánimemente la labor del Estado frente al terror. La sociedad en su conjunto debe cerrar filas contra aquellos que desataron un baño de sangre en nuestro país. No debemos olvidar que la razón y la verdad están de nuestro lado.

Finalmente, y tomando en consideración lo antes señalado, consideramos saludable la opinión del Presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín Castro, quien ante la pregunta de si la identificación y embargo  de inmuebles de quienes tienen deudas por concepto de reparación civil con el Estado supone una persecución política, respondió enfáticamente que el “Estado está obligado a agotar todas las acciones legales correspondientes para exigir el cobro de estas deudas y que el exigir el cumplimiento cabal de la ley no es sino la expresión más clara de la vigencia del Estado de Derecho, opinión que nosotros compartimos en su totalidad.

Este artículo (edición completa) ha sido publicado en la edición número 55 (agosto 2012) de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

Etiquetas: , , ,

jueves, 6 de septiembre de 2012

La fiesta del cine en Lima


 
Entre el 3 y 11 de agosto se llevó a cabo el 16 Festival de Cine de Lima. Durante una semana la ciudad se convirtió en la capital del cine de nuestro continente: Lima respiró cine y este se contagió de Lima. Esta edición ha sido diferente, así lo han señalado sus organizadores y los medios especializados, pues la expectativa que el evento despertó entre nuestros cinéfilos y público en general ha sido mucho mayor a la de otros años. En un país donde el público suele ser tan ajeno a presentaciones de este tipo en donde la cultura y el buen gusto se imponen sobre la mediocridad de los multicines, un dato así merecía una mención especial.

A lo largo de los últimos años nuestro festival ha conseguido consolidarse como un importante espacio de reunión cinematográfica para los latinoamericanos. El evento, tal como lo afirman los organizadores, permite una comunicación inmediata para la exhibición y adquisición de películas de gran factura que quizá jamás tengan un espacio en nuestras salas tan acostumbradas a Batman, El Hombre araña, Los Vengadores y otros productos del cine hollywoodense en los cuales los efectos especiales y las peleas entre superhéroes reemplazan a los buenos diálogos, la técnica cinematográfica, el manejo de las cámaras, la fotografía o la capacidad interpretativa de actores que no requieren de trajes de super-hombres para quedar registrados en nuestra memoria.

En esta edición la brasileña Historias que solo existen cuando son recordadas de Julia Murat, se convirtió en la absoluta ganadora del evento, tras alcanzar el Trofeo Spondylus a Mejor Película. Asimismo, El estudiante y Cuates de Australia, fueron reconocidas como la mejor película y el mejor documental, por la Crítica Internacional, respectivamente. A su turno, la película de Gabriela Yepes Dar, recibir y devolver, recibió el premio de preferencia del público.

Con respecto a las actuaciones en este Festival, la crítica ha sido unánime en señalar que nunca la premiación a mejor actor y mejor actriz, respectivamente, fue tan justa. El jurado premió a Francisca Gavilán como mejor actriz por su actuación en Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood (esta es una película que no se puede dejar de ver). Para luego, colocar en manos de Rodrigo Santoro el premio de mejor actor por su notable trabajo en Heleno de José Henrique Fonseca.

Este año el Festival también sirvió para rendir homenaje a dos grandes personalidades del cine latinoamericano. El primero de ellos fue Jorge Vignati, gran director, fotógrafo, camarógrafo y realizador de cine peruano, quien ha trabajado en numerosos documentales realizados por importantes productoras como la National Geographic y Discovery Channel. El segundo, ya fallecido, fue el cineasta chileno Raúl Ruiz Pino, quien a sus 70 años y luego de más de 113 películas realizadas en todos los formatos, dejó este mundo el 19 de agosto del año pasado.

Finalmente, y aunque no aparezca entre las películas galardonadas en esta oportunidad, no puedo dejar de recomendar la visualización de Paisajes devorados, película de Eliseo Subiela, a la cual la crítica ha tildado de inclasificable, pues es una mezcla entre la ficción y el falso documental. ¿Quién es Remoro Barroso? ¿Acaso este loco interno en un manicomio es el gran cineasta argentino que desapareció sin dejar rastro? Son las preguntas sobre las cuales gira esta cinta en la cual los diálogos y la actuación del genial Fernando Birri la vuelven imperdible.

Este artículo ha sido publicado en el N° 55, edición agosto 2012, de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

Etiquetas: , , , , , , ,

sábado, 1 de septiembre de 2012

Decisión del Gobierno ecuatoriano desata conflicto diplomático: el asilo político a Julian Assange



“Julian Asannge es un profesional de la comunicación que lucha por las libertades informativas. Él compartió información confidencial que afectó a algunos países. Existen indicios de que estos países quieren tomar represalias que ponen en peligro su integridad, además de estar latente la posibilidad de su extradición a un tercer país en el cual no se respeten sus derechos”, esos fueron los argumentos que expuso el canciller de Ecuador, Eduardo Patiño, para justificar la decisión de su país de otorgar el asilo político a este ciudadano australiano. Acto seguido, el canciller sostuvo que esperaba que dicha decisión no debilite los lazos de amistad con el Reino Unido, por cuanto comparten similares preocupaciones y objetivos.

La respuesta británica

Días después de este anuncio, el Reino Unido remitió una comunicación formal al país sudamericano en la cual señaló que si Quito no entregaba al “ex pirata informático”, quien lleva ya dos meses refugiado en su sede diplomática en Londres, enviarían un último aviso antes de ingresar a la embajada y capturar a Assange.

La ley del Reino Unido y el salvoconducto

Un representante de la corona británica señaló que si bien la ley de su país permite tomar por asalto la embajada ecuatoriana si antes se comunicó de la medida al Ecuador, ellos no desean recurrir a la fuerza para solucionar este impasse. No obstante ello, también recordó que Assange podría ser detenido por la policía inglesa durante el trayecto al aeropuerto por haber incumplido las condiciones de su libertad bajo fianza. Asimismo, debemos tener presente que para que el fundador de Wikileaks deje el territorio británico el “Gobierno de la Reina” debe otorgarle un salvoconducto que le permita dejar la embajada de Ecuador en Londres, dirigirse al aeropuerto y partir rumbo a Sudamérica. Algo que en opinión de los analistas es casi imposible.

La reacción de los periodistas latinoamericanos

La bloguera cubana Yoani Sánchez, ha señalado que este caso es particularmente paradójico pues siendo Assange una especie de “héroe que lucha en una cruzada por la información”, ha solicitado asilo a un Gobierno que tiene una política rígida y agresiva frente a los medios de comunicación. Assange, ese “Robin Hood de la información que muchos creen que es, ha sido cobijado en el castillo feudal de un Gobierno que refuerza las barreras para que el periodismo no curiosee en su interior”, sentenció la creadora de “Generación Y”.

En esa misma línea, la Asociación ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), afirmó que detrás de la concesión de este asilo hay una operación política tramada por el mismo Presidente Rafael Correa, para reparar su dañada imagen que en asuntos de libertad de expresión tiene en la comunidad internacional.

Para un sector importante de la prensa norteña, el Gobierno de su país está usando a una “celebridad” como Assange para lavarle la cara al régimen. Como se recuerda el Presidente ecuatoriano fue duramente criticado por el juicio que este le inició al diario El Universo al que acusó de haberlo calumniado en un editorial, así como por el enjuiciamiento de dos periodistas que hicieron público un libro en el cual se daba cuenta de los contratos que el hermano del presidente firmó con el Estado.

Los delitos que pesan contra Assange

Contra lo que algunas personas puedan creer, la justicia sueca no está pidiendo la extradición de Assange por cuestiones vinculadas a la comisión de delitos informáticos. En agosto de 2010, la fiscal Maria Haljebo ordenó arrestar al fundador de Wikileaks acusándolo de la violación de Anna Ardin. En septiembre de ese mismo año, la fiscal superior Marianne Ny, reiteró este criterio ordenando la reapertura de las investigaciones contra Assange por el presunto delito de violación sexual contra Anna Ardin y por el de acoso sexual contra Sofia Wilen, acusándolo de haber forzado a una de las víctimas a mantener relaciones sexuales mientras esta dormía, sin usar preservativo.

El reconocimiento internacional del asilo político

El Reino Unido no reconoce la validez jurídica de esta institución. ¿A qué se debe ello? En el Derecho Internacional existe una diferencia entre el asilo diplomático y el asilo político. El primero de ellos es otorgado en una misión diplomática (Assange refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres), el mismo que genera la ficción de la extraterritorialidad. En cambio, el segundo es el asilo que un país le otorga a una persona en su territorio soberano (es el que pretende Assange viajando al Ecuador en calidad de asilado).

Este último mecanismo, lamentablemente para los intereses de Assange, no está presente en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961. Es por esta razón que Gran Bretaña no lo reconoce como una figura válida del Derecho Internacional Público exigible y oponible a todos los Estados. Ello muy a pesar de que en América Latina, por razones históricas sí haya sido oportunamente regulado a partir de una práctica recíproca entre los Estados.

No obstante ello, siguiendo la opinión de especialistas en la materia, más allá de discutir si lo que opera en este caso es un asilo diplomático o político, deberíamos recurrir a la figura genérica del refugio, más si se entiende que este opera para la protección de personas que no habiendo salido del país se enfrentan a una situación de posible indefensión y peligro.

El conflicto diplomático desatado

El Gobierno del Ecuador ha señalado que la amenaza británica de irrumpir en su sede diplomática es un acto hostil, inamistoso e intolerable, que incluso podría ser considerada en términos jurídicos y políticos como una real violación a su soberanía. De concretarse esta amenaza, afirmó el canciller de ese país, se daría inicio a una contra ofensiva diplomática contundente.

El asilo político, el otorgamiento de este beneficio siempre ocasionará fricciones entre los países. Es cierto que se trata de una decisión soberana, pero qué duda cabe que cuando esta es tomada, lo es porque se considera que existe un país que no garantiza la vida e integridad de las personas que han solicitado el asilo. El malestar británico y sueco es entendible, sin embargo, resulta inaceptable que en pleno siglo XXI un país amenace a otro con ingresar violentamente a su sede diplomática. Como señala el internacionalista Oscar Vidarte, esta actitud es una muestra evidente de esa identidad colonial que la nueva Europa ha intentado ir dejando atrás a lo largo de los últimos años.

El tema jurídico de fondo

Lo importante en este caso, es preguntarse si Julian Assange es realmente un perseguido político o simplemente una persona acusada de delitos sexuales que debe ser llevada ante los tribunales suecos para su debido enjuiciamiento. Y al mismo tiempo, definir si los derechos de Julian Assange serán adecuadamente respetados en este país y si existe o no la posibilidad de que este sea finalmente extraditado a los Estados Unidos, país en el cual el mencionado Assange no es precisamente el hombre más popular. Ello es así teniendo en cuenta que fue la propia cancillería ecuatoriana la que señaló que no había recibido garantías de Suecia ni el Reino Unido de que Assange no sería extraditado a este país donde su vida correría peligro porque debe responder por la filtración de miles de cables diplomáticos y datos militares secretos de Washington.

Rafael Rodríguez Campos

Este artículo ha sido publicado en el N° 55, edición agosto 2012, de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

Etiquetas: , , ,