miércoles, 30 de septiembre de 2009

Fujimori culpable: pagó a congresistas tránsfugas, compró indebidamente Cable Canal de Noticias y violó el secreto de las telecomunicaciones



Hace dos días, el ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, reconocía su responsabilidad por los sonados casos que lo implicaban con el pago a los congresistas tránsfugas, la compra de Cable Canal de Noticias y el espionaje telefónico a personalidades que se oponían a su régimen.

“Señor, estoy conforme con la acusación”, fueron las palabras con las que Fujimori culminó su intervención frente a la Sala Penal Especial, acogiéndose a la figura de la conclusión anticipada de juicio, tal y como sucediese en el proceso que afrontó por el pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por concepto de CTS.

Más allá de las consideraciones jurídicas que se puedan hacer en torno a la manera como Fujimori utilizó esta figura procesal (conclusión anticipada de juicio), el tema de fondo pasa por analizar las razones políticas que llevaron al ex dictador a declararse culpable en estos casos. La respuesta, en ese sentido, es más que evidente, Fujimori quiso evitar la presencia de diversas personalidades- 155 en total- que habían sido citadas en calidad de testigos en este proceso, con la finalidad de evitar que la ciudadanía recuerde, a través de los testimonios de éstas y la actuación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, cómo durante su gobierno se mal utilizó el dinero de todos los peruanos en comprar a congresistas tránsfugas para obtener mayoría en el congreso para darle estabilidad a su ilegal tercer periodo presidencial, cómo durante su gobierno se compró un canal de noticias de cable que fue utilizado para beneficio del propio presidente, resaltando su figura y demoliendo a cuanto opositor se le ponía en frente, o cómo se interceptó las comunicaciones de importantes personajes de la escena política y periodística de nuestro país, todos ellos opositores a su régimen corrupto y autoritario.

Sin lugar a dudas, la apuesta de Fujimori es evitar un efecto negativo en la campaña presidencial que su hija Keiko ha iniciado con miras a las elecciones del 2011, la cual, en más de una oportunidad ha señalado que una vez instalada en la presidencia de la república, procederá a concederle el indulto a su padre. Y esa es la posición que han expuesto los defensores del ex presidente, tanto su abogado como los congresistas fujimoristas, han salido a los medios ha señalar que Fujimori se acoge a la figura de la conclusión anticipada por desconfiar de la imparcialidad del tribunal que lo ha juzgado, un tribunal al cual el propio abogado de Fujimori calificó en su momento como imparcial, probo, compuesto por jueces de gran trayectoria y reconocido desempeño jurisdiccional (cabe apuntar que dichos calificativos fueron expuestos antes de la lectura de sentencia de los casos de Barrios Altos, la Cantuta y el secuestro de los señores Samuel Dyer y Gustavo Gorriti).


Es decir, una vez más, Fujimori intenta tomarnos el pelo a todos peruanos, pretende presentarse como la víctima de una conspiración política y judicial desatada en su contra con la finalidad de eclipsar su enorme figura y la desbordante presencia electoral de su hija. Nada más ajeno a la verdad, si la discusión en el caso Barrios Altos y Cantuta y la defensa de Fujimori, se basaba en la ausencia de prueba directa que incrimine a Fujimori como autor de esos delitos, la situación fue completamente diferente para el caso de los 15 millones de pago a Montesinos, así como también para los casos de este nuevo juicio.

Por eso no sorprende que el día de hoy, miércoles 30 de septiembre, la Sala Penal Especial encargada de juzgar en primera instancia a Fujimori lo haya declarado culpable de los delitos antes mencionados, imponiéndole la pena de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación política de 2 , respectivamente. El sin número de pruebas presentadas por el Ministerio Público relevan de todo tipo de sospecha a la decisión adoptada por este tribunal. A continuación cabe recordar algunos detalles de estos tres casos.

En el año 2000, luego de haber sido reelecto de manera inconstitucional, y tras varias sospechas de fraude electoral, el fujimorismo se vio debilitado con la pérdida de la mayoría parlamentaria en el congreso. En ese escenario, Fujimori y Montesinos, diseñaron el denominado “Plan Reclutamiento”, que consistió en obtener una mayoría post electoral, mediante el pago a congresistas de otras tiendas políticas para que se afiliasen al partido oficialista (los denominados tránsfugas) o lograr el apoyo de éstos desde sus propios partidos, apoyando de manera encubierta cuanta moción oficialista se presentase en el pleno (los denominados topos). Cabe recordar que el escándalo estalló en el mes de septiembre de ese mismo año, tras la emisión del video Kouri Montesinos, en el cual el entonces congresista recibía una suma de 15 mil dólares de manos del ex asesor. En este caso, tal y como se aprecia en los fundamentos de la sentencia, el tribunal estima acreditada la responsabilidad de ex presidente, el abundante material probatorio, al cual hemos hecho referencia, acredita la existencia del denominado plan , acredita la calidad de autor del delito de Fujimori y acredita el origen público del dinero utilizado para el pago de tránsfugas y topos (el dinero provenía del los ministerios del Interior, Economía y Defensa, los mismos que derivaban partidas mensuales al Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Vladimiro Montesinos).

En esa misma época, meses antes de la elección del año 2000, Fujimori tomó la decisión de encargarle a su ex asesor la tarea de comprar Cable Canal de Noticias y el diario Expreso, todo ello con la finalidad de asegurar el triunfo en las elecciones de ese año, mediante la emisión de reportajes, documentales y opiniones, todos ellos favorables al régimen de Fujimori, tildando a los opositores del mismo de cobardes, de incapaces, de ladrones; todos recordamos la infame campaña de desprestigio sufrida por los candidatos presidenciales de esa época, Alberto Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio, actual alcalde Metropolitano de Lima. Como primer paso, en la ejecución de dicho plan, se negoció con Manuel Ulloa Van Peborg, la compra del 75 % de las acciones de Cable Canal de Noticias, por la suma de 2 millones de dólares, dinero que tal y como se acredita en la sentencia provino de las arcas del Ministerio de Defensa, y a su turno, se negoció con Eduardo Calmell del Solar, la línea editorial de Expreso.

Con respecto a la interceptación de las telecomunicaciones, tenemos que una vez instalado el gobierno de Fujimori en el año 1990, Alberto Fujimori y compañía, diseñó el denominado plan “Emilio”, que consistía en escuchar las comunicaciones de políticos y opositores al régimen. Cabe recordar, que el hecho fue denunciado en el año de 1997, en un programa de televisión donde se difundió la conversación sostenida entre Anel Towsend y Javier Pérez de Cuellar, denuncia que no tuvo mayor acogida por parte del Ministerio Público, capturado durante todos esos años por el Fujimorismo, basta recordar a la siniestra y corrupta figura de la ex Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien durante muchos años puso al servicio del poder a una institución tan importante como la que encabezaba, haciendo de está un medio de amedrentamiento de políticos y personajes que durante esa época trataban de resistir la persecución del régimen. Tal y como lo ha señalado el tribunal en su fallo, entre los personajes chuponeados tenemos a figuras tales como César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Fernando Rospigliosi, Henry Pease, Javier Diez Canseco, Javier Pérez de Cuellar, Mario Vargas Llosa, e incluso, la ex esposa y primera dama de Fujimori, Susana Higuchi.

Ha sido este comportamiento gánsteril y antidemocrático lo que Fujimori pretendió ocultar acogiéndose a la conclusión anticipada de sentencia, es este pasado oprobioso el que los fujimoristas no quieren que el Perú recuerde, sobre todo los jóvenes y aquellos desmemoriados que no recuerdan el grave daño que Fujimori y todos los cacacenos que lo rodearon le ocasionaron al país, no se trata de ningún tipo de persecución o venganza política los procesos llevados en su contra, al contrario, son una prueba evidente del interés que se ha tenido por respetar los derechos que todo ciudadano tiene, como el derecho a la defensa y al debido proceso, derechos que muchas, incontables veces, fueron pisoteados por un Ministerio Público y un Poder Judicial, al cual Fujimori y Montesinos sometieron, digitando su accionar desde las salas del SIN, persiguiendo a toda persona que se atrevía a llamar las cosas por su nombre, a decir que en el Perú se vivía una dictadura y que su presidente no era más que un bribón, un ladrón y un cacaceno.

Por eso es importante que ante la imposibilidad que tenemos ahora de recordar en televisión nacional el profundo daño que Fujimori le hizo al país, sean los medios de comunicación social, los partidos políticos, la sociedad civil y los líderes de opinión, los encargados de hacer docencia entre los ciudadanos, mostrando, con evidencia tangible, la andanada de crímenes y conductas inmorales que el ex mandatario cometió durante sus diez años de dictadura, sobre todo en estos tiempos, en estos años en los cuales muchos medios de comunicación prefieren hacer borrón y cuenta nueva, tratando con guantes de seda la figura de la hija de un ex presidente, que no tiene mayor objetivo o plan de gobierno, que no sea indultar a un ex presidente acusado y sentenciado por homicidio calificado, secuestro, peculado, corrupción de funcionarios, interceptación telefónica; ese es el líder, la figura, que ahora el fujimorismo pretende reinvindicar, no lo olvidemos, sobre todo el 2011, cuando estemos frente a un ánfora de votación, y el Perú se vuelva a jugar su destino.


Rafael Rodríguez Campos

Etiquetas: , , , , , , , ,

miércoles, 16 de septiembre de 2009

Don Aurelio: el promotor de libros


Marco Aurelio, filósofo y emperador romano, quien durante largos años derrotara en épicas batallas a los bárbaros haciendo inmortal su nombre por sus campañas militares como por su cultivado intelecto, fue reconocido en el mundo antiguo como Marco Aurelio el filósofo, debido a su importante obra que compila célebres pensamientos de inspiración estoica.

Hoy en día, casi dos mil años luego de su muerte, nosotros los peruanos también tenemos a nuestro Aurelio, pero nuestro ministro de justicia, Aurelio Pastor, si bien es cierto no será recordado por los peruanos como un filósofo, escritor, novelista o poeta, merece un espacio en los libros de historia bajo el título: “Aurelio, el promotor de libros”.

No sabemos si por interés y un afán de protagonismo exacerbados o por puro desconocimiento jurídico y político, esperemos que sea por lo segundo, el ministro de justicia se ha empeñado en estos últimos días en promocionar torpemente la publicación de un libro que por su torpeza creativa y su carencia intelectual hubiera sido sepultado por el soberano desinterés de un país en el cual sus ciudadanos leen un promedio de medio libro por año, y esto, siempre y cuando su autor sea un personaje de la farándula o un animador de televisión, como sucedió en la última edición de la Feria del Libro en Lima, en la cual los autores más vendidos fueron Beto Ortiz y Aldo Miyashiro.

Pues bien, el libro al que nos referimos es el ahora tan promocionado “De puño y letra”, su autor, Abimael Guzmán Reinoso, el ex cabecilla del movimiento terrorista Sendero Luminoso, el mismo que fuera responsable de la muerte de más de 30000 peruanos, tal y como lo señala el informe final de la Comisión de la Verdad, a la cual los propios amigos de Guzmán critican ácidamente cada vez que pueden y en cuanto set de televisión los acoge, muestra evidente de la intachable honorabilidad e imparcialidad de sus miembros, aquellos a los cuales muchas veces el sector más rancio de la derecha conservadora peruana, incluyendo el clero y las Fuerzas Armadas, tildaron de defensores del terrorismo y enemigos de la policía y el ejército.

Debo confesar que no he podido leer en su totalidad el mencionado libro, pasé dos días buscando una copia del mismo, ya que me parece poco riguroso opinar sobre una publicación que no se ha podido revisar a cabalidad, por ello mi sorpresa cuando el ministro de justicia, en menos de 24 horas había devorado las más de 400 soporíferas páginas que trae dicha publicación, para luego salir a los medios de comunicación, a decirle al país que tanto el acto de la presentación del libro como el contenido del mismo constituyen delito de apología al terrorismo.

Hoy, 3 días después de que el ministro presentara al libro en sociedad (ya que los asistentes a la presentación del libro hecha por los abogados de Guzmán no eran más que un grupo insignificante de personas), puedo decir que gracias a la piratería que colma calles y plazuelas de nuestra Lima, ya cuento con un ejemplar del mismo, en su dedicatoria se lee “A nuestro amadísimo pueblo peruano”, consta de 7 capítulos, uno dedicado a su esposa, la camarada “Norah”, Augusta La Torre, y a Elena Iparraguirre, la camarada “Miriam”, el resto es un conjunto de aburridísimos manuscritos hechos por Abimael Guzmán entre los años 2005 y 2006 que constituyen la base de los escritos legales que presentó su defensa durante el megaproceso en el cual se lo condenó a cadena perpetua.

Creo, después de haber revisado, venciendo el sueño y el aburrimiento, el grueso del libro, que la preocupación del ministro y su histriónica presentación denunciando la comisión del delito de apología del terrorismo, a partir de la presentación y publicación del libro, carecen de todo tipo de sustento legal. Más allá de narrar, en su lenguaje y con la evidente miopía de una mente totalitaria como la de Guzmán, los hechos que marcaron los años de la violencia subversiva en nuestro país, de pretender hacer una lectura “sui generis” de los mismos, de reconocer el fracaso de su proyecto y de proponer una delirante ley de amnistía para los terroristas como parte de un proceso de reconciliación nacional, el libro no nos brinda piezas claras y precisas, que nos puedan hacer pensar que nos encontramos frente a la comisión del delito de apología al terrorismo.

Como todos sabemos el delito de apología se tipifica en el Código Penal como la exaltación de un hecho ilícito o de la persona condenada como autor o partícipe. En ese sentido, se requiere que alguien, de manera expresa, reivindique la realización de un ilícito, terrorista en este caso, o que vanagloria o exalte la figura de un condenado por terrorismo como autor o partícipe. Ahora bien, si tomamos como ejemplo, dos de los párrafos leídos por el ministro en los cuales don Aurelio creyó equívocamente encontrar el sustento de su denuncia, nos daremos cuenta en cambio, que lo que hacen estos señores, desde su delirante concepción Marxista-Maoísta-Leninista de la sociedad, el Estado o la política, es hacer uso, nos guste o no, de su derecho a la libertad de expresión y opinión. Juzguen ustedes:

A 'MIRIAM’. . “A mi juicio, nuestro papel, el tuyo y el mío, ya había sido cumplido (...) quedando solo algunas pequeñas cosas por hacer (...). Ayudémonos una vez más, tú y yo, en la solución de estas cuestiones sobre las cuales hace tiempo ya hablamos”, le dice el terrorista Guzmán a Iparraguirre, (a) 'Miriam’, a través de una carta que le envió al penal Santa Mónica y que figura en el manuscrito.

Otra cita: llegaron más allá de la mitad del camino y a nosotros nos supo aportar a construir la obra, mas no a culminarla, pero el Perú después de los 80 es otro, el nuevo momento de la lucha popular lo demuestra; abierto ante el pueblo está el futuro”,

Como puede apreciarse, en ambas citas, no encontramos dato alguno, evidencia tangible, expresión directa de aquello que el ministro denomina apología al terrorismo con lo cual es evidente que cuando la presente denuncia llegue a manos de un fiscal y/o un juez imparcial e independiente, estos no tendrán mayor opción que archivarla por la orfandad probatoria de la misma.


Debemos recordarle al ministro, que no sólo Guzmán ha escrito un libro en prisión, también lo han hecho, Vladimiro Montesinos, Oscar Ramírez Durand, el camarada “Feliciano”, y el mismísimo Víctor Polay Campos, líder del movimiento terrorista Túpac Amaru, cuyo libro ¿Rebelde o terrorista? fuera prologado por dos figuras del partido de gobierno, Javier Valle Riestra y Alejandro Villanueva del Campo. Sorprende entonces que en esas ocasiones nadie haya hablado de apología al terrorismo o se haya presentado denuncia frente a sus autores, promotores, o como en el caso de los citados apristas, se pretendiera denunciar a los autores de los prólogos de los mismos.

No sorprende que personas en prisión puedan escribir y hasta publicar libros, ello es parte del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, opinión y pensamiento a la cual todos los ciudadanos de una sociedad democrática tienen derecho, incluso aquellos que purgan condena, ya que como bien señalan algunos intelectuales “la sanción penal no supone la muerte civil de la persona, sobre todo, en un sistema como el peruano en el cual el sistema penitenciario y la finalidad de la pena tienen como objetivo la resocialización, reeducación y reinserción del condenado en la sociedad”.

Tengan presente, sobre todo aquellos que detentan el poder político, que en democracia, las ideas, cualquiera que estas fueran, se combaten con ideas. Debemos apelar al discurso democrático para desnudar la carencia intelectual y moral de un ideario totalitario y fratricida como el de Guzmán, en el cual el respeto por la vida, la libertad y la dignidad de los peruanos estuvo siempre ausente. Debemos ser responsables al momento de enseñar la historia a nuestros niños y jóvenes, debemos de mostrarles a través del diálogo abierto y la discusión tolerante y plural que Guzmán lejos de ser el gran filósofo o inspirador, tal como ahora lo pretende mostrar su abogado, no fue más que un asesino, cuya guerra insana y sin sentido enluteció la vida de miles de peruanos.

En todo caso, como adelantara en las primeras líneas, esperemos que este desliz jurídico y político, esta metida de pata histriónica, este favor publicitario a Sendero y su ideología, no sea más que eso, un error cometido por un ministro de Estado que llegó a esa cartera sin mayor mérito que su carné aprista, y no una cortina de humo más a la cuales este gobierno nos tiene acostumbrados, cuando en el país se discuten temas más importantes que comprometen a su administración en temas de corrupción, como lo ocurrido últimamente con la irregular concesión del Puerto de Paita, o se pone en tela de juicio la eficacia de la política de lucha contra el narcoterrorismo en el VRAE.

Rafael Rodríguez Campos




Etiquetas: , , , ,

jueves, 3 de septiembre de 2009

El matrimonio en el siglo XXI


Uno de los temas más polémicos en nuestros días, tanto en el Perú como en el mundo, es la posibilidad de ampliar las fronteras de la institución matrimonial y permitir que personas del mismo sexo contraigan nupcias. Hace algunos años a nadie en la ciudad de Lima se le hubiera ocurrido siquiera la posibilidad de que una propuesta de este tipo cobre viabilidad tanto desde el punto de vista social como jurídico. Hoy en día, la sociedad peruana, y en especial la limeña, ha cambiado de manera de pensar, ha sido capaz de ampliar sus horizontes mentales y percibir con una mayor apertura la presencia cada vez más continua de personas que presentando una opción sexual no tradicional (heterosexualidad) tienen el pleno derecho de elegir y desarrollar cabalmente su propio proyecto de vida, el cual incluye, sin lugar a dudas, la posibilidad de elegir una pareja, vivir con ella, establecer lazos de afecto a lo largo del tiempo y gozar, en alguna medida, de la protección legal que las parejas heterosexuales reciben de parte de la Constitución y las leyes de nuestro país.

Una reciente encuesta elaborada por el grupo Apoyo revela cifras que avalan a plenitud el diagnóstico antes descrito. Según este estudio el 80% de entrevistados (de un universo de 1000 personas) respondió que tolera a los homosexuales y más del 60 % señaló estar de acuerdo en que la homosexualidad es una opción sexual distinta pero válida. Estos datos grafican el cambio que la sociedad peruana ha venido experimentando en los últimos años, al parecer, el índice de tolerancia hacia lo diferente y la aceptación de que lo distinto o inusual no es necesariamente malo es una tendencia que no parece menguar y que, de acuerdo a la opinión de analistas y expertos en el tema, en los próximos años tenderá a generalizarse con una mayor fuerza y convicción.

Pero no todas las preguntas de la mencionada encuesta recibieron respuestas tan progresistas y liberales. Tenemos que el 61% considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar y un 51% afirma que no compartiría una habitación con un homosexual. Sin lugar a dudas, el sondeo completo nos habla de una sociedad que se encuentra en permanente cambio de mentalidad, cambio que no puede darse de manera abrupta y gradual, sobre todo cuando este trae consigo la modificación de patrones mentales y condicionamientos sociales que han estado inmersos en el discurso colectivo durante muchísimos años (la homosexualidad es una enfermedad, los homosexuales son más promiscuos que los heterosexuales, los niños no estarán a salvo en manos de una persona homosexual, etc.). Sobre el particular, el psicoanalista Moisés Lemlij afirma: Las cifras nos hablan de una ambiente social que empuja a la gente a ser más liberal” aunque no todos estén convencidos de ellos. Además, no todos los cambios se dan en paralelo, una cosa es la tolerancia en abstracto, y otra cosa es aceptar que sus hijos les confiesen que son homosexuales o dejarlos al cuidado de uno”.

Ahora bien, la polémica sobre la posibilidad de consagrar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo sigue siendo el debate que mayores enfrentamientos suscita en los diversos círculos de la sociedad. Debemos tener en cuenta que durante casi 2000 años, la religión ha tenido gran influencia en la manera como las instituciones jurídicas han sido diseñadas y consagradas en los diversos ordenamientos jurídicos del mundo. En ese sentido, en sociedades como la nuestra en las cuales la influencia de los dogmas católicos tiene una presencia muy fuerte, hablar de la posibilidad de un matrimonio civil entre personas del mismo sexo se torna un sacrilegio. Recordemos que para la Iglesia Católica el matrimonio sólo es posible entre personas de diferente sexo, entre un varón y una mujer, ya que la finalidad del mismo es la reproducción humana y la educación de los niños y niñas de acuerdo a los planes que dios ha revelado en las santas escrituras.

El problema de argumentar en favor o en contra de una propuesta de este tipo a partir de las consideraciones morales o religiosas que el grupo mayoritario de una sociedad profesa (los católicos) radica en el desconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos de profesar otras creencias y otros cultos, estableciendo una suerte de preferencia a favor de la mayoría, vulnerando el derecho de un sector de la población que goza del derecho a reclamarle al Estado el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de los mismos en condiciones de igualdad y con plena libertad. El Estado, a través de su legislación, ya sea penal o civil, no puede imponer un modelo de realización personal a seguir, no puede obligarnos o conminarnos a elegir un modelo de vida y una opción que no es la nuestra, no puede hacerlo de manera directa (hay todavía 80 países en los cuales ser homosexual es ilegal) o indirecta (desconociendo el derecho de las personas del mismo sexo a un tipo de unión civil que les garantice derechos como el seguro médico o la herencia), el Estado , en cambio, en una sociedad democrática y plural, debe reconocer, promover y velar por el ejercicio pleno y cabal de los derechos de todos sus ciudadanos, sin distinciones absurdas que traigan consigo conductas discriminatorias entre unos y otros.

Las voces que se oponen a esta iniciativa señalan que resulta antinatural que dos personas del mismo sexo se unan civilmente, me pregunto quién define lo que es natural o antinatural en la sociedad contemporánea, que la homosexualidad es una enfermedad, cuando ya en 1973 la Asociación Psiquiátrica de EE.UU retiró la homosexualidad de su lista de patologías mentales, que resulta peligroso reconocer el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo ya que el paso siguiente será el reconocerles el derecho de adopción, situación que no se ha presentado en ninguno de los 17 países (España, Holanda, Argentina) en los cuales se permite algún tipo de unión civil.

Personalmente creemos que no existen razones jurídicas, y de ningún tipo, que imposibiliten la figura de algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo, ellas tienen derecho a elegir libremente su plan de vida, a compartir su vida con el ser que mejor prefieran, a ejercer sus derechos con tanta libertad como las parejas heterosexuales, y a recibir por parte del Estado y la sociedad un trato que no suponga una discriminación encubierta que entorpezca o menoscabe su derecho al libre desarrollo de su personalidad.

En tal sentido, recomendamos la incorporación de la figura de la unión civil entre parejas del mismo sexo, la modificación del artículo 5º de la Constitución el cual sólo admite la posibilidad de uniones de hecho que originen comunidad de bienes en los casos de las uniones entre un varón y una mujer, ya que entendemos que la finalidad de la unión entre dos seres humanos, la decisión de hacer una vida en común, no pasa por el hecho de traer hijos al mundo o no, sino por el deseo de compartir una vida al lado del ser querido y que esta goce del aval y la protección de la sociedad y del Estado, en temas tan cruciales como la herencia, el seguro médico y todo el conjunto de beneficios y garantías que el matrimonio civil le otorga a la pareja.

Finalmente, no podemos terminar el presente artículo sin hacer mención a la problemática de la adopción en las parejas del mismo sexo, ya que la controversia que se suscita en torno a este tema, y los temores que se desatan en la sociedad merecen una respuesta que va mas allá del ámbito estrictamente jurídico, ya que debemos de tener en cuenta que en este supuesto el bien jurídico y el valor que está en juego es la tutela de los derechos del menor, en ese sentido, deberá de considerarse el impacto psicológico que esta figura tenga en el desarrollo de la personalidad del niño, por ello somos de la idea que si bien se debe de reconocer la posibilidad de legalizar la unión o matrimonio civil entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que esta pareja adopte es una tema que merece una mayor discusión ya no en el ámbito jurídico, sino en al ámbito médico, y psicológico particularmente.

Rafael Rodríguez Campos



Etiquetas: , , , , ,