LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

En los últimos días, a propósito del debate abierto sobre la Unión Civil en nuestro país, hemos escuchado decir a una serie de personalidades provenientes del sector más conservador (católico) de nuestra sociedad, que el modelo de Familia que el Estado reconoce es únicamente el que está relacionado con el matrimonio.

Quienes se oponen a la aprobación de la Unión Civil, usan este falaz argumento para hacernos creer que si una Familia no tiene como base el matrimonio, concebido como la unión entre un varón y una mujer (con fines básicamente reproductivos) entonces no puede ser considerada como tal. Por ello, afirman estas personas, la Unión Civil debe ser rechazada pues pone en peligro el modelo de Familia que el Estado y la sociedad reconoce.

Bueno, ya que las mentiras proferidas por este sector vienen siendo cada vez más numerosas, y con el único afán de brindarle a la ciudadanía la información necesaria para que sea ella misma la que se forme su propio juicio de valor sobre este tema, es que en esta oportunidad trataremos de responder la siguiente pregunta: ¿La Constitución Política del Perú reconoce un único tipo de Familia (matrimonial)?

La Familia en la historia constitucional de nuestro país

La Familia fue consagrada a nivel constitucional (en occidente) recién en la primera mitad del siglo XX, siendo la Constitución de Weimar de 1919 (Alemania) la primera en reconocer expresamente el rol protector del Estado para con la Familia. Ahora bien, y como todos lo pueden suponer, en aquellos años (han transcurrido 95 años desde ese entonces) se identificaba al matrimonio como la única fuente creadora de Familia. Se trataba, como bien lo apunta la doctrina, de un modelo de Familia matrimonial, tradicional  nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia” dedicado a cubrir los gastos familiares y la mujer realizada necesariamente las labores del hogar. Esta manera de concebir a la Familia se fue extendiendo a nivel mundial luego de la segunda guerra mundial. Esto también ocurrió en nuestra región en países como Colombia, Chile, Costa Rica, Paraguay y Venezuela.

La familia en los tratados sobre derechos humanos

A su turno, a nivel internacional, la Familia también ha sido objeto de reconocimiento y protección. Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la Familia como “elemento natural y fundamental de la sociedad”, sujeta a la protección del Estado y la sociedad. Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la Familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

La Familia en la Constitución histórica del Perú

Pero ya hablando específicamente de nuestro país, nuestra historia republicana nos dice que fue la Constitución de 1933 la que por vez primera reconoció de manera expresa la tutela de la Familia. Esta Carta Política señaló en su momento que “el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley”. Luego, la Constitución de 1979, conceptualizó a la Familia como una “sociedad natural y una institución fundamental de la Nación”. Así llegamos a la Constitución de 1993, norma fundamental vigente que reconoce a la Familia como un instituto “natural y fundamental de la sociedad”.

¿Existe un único modelo de Familia definido en la Constitución de 1993?

Como podemos apreciar, y más allá de la vocación tutelar puesta de manifiesto en nuestras Constituciones desde el año 1933, queda claro que el texto constitucional no establece o define un concepto único de Familia. ¿Puede ser este un olvido del constituyente? No, lo que ocurre es que la Constitución no pretendió jamás reconocer un modelo específico de Familia por lo complejo que resulta definir a una institución “natural” como esta, siempre sujeta al devenir histórico de los nuevos tiempos. Es por eso que, como bien lo señaló nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia 06572-2006-PA/TC), el instituto de la Familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio, como ocurría con el Código Civil de 1936, que establecía una inconstitucional diferencia entre los hijos “legítimos” y “no legítimos”, por ejemplo.

La Familia como institución natural

Sostener que la Familia es una institución natural (no impertérrita) supone reconocer su carácter ético y social, es decir, la Familia se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos tiempos, así lo ha expuesto correctamente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un informe del año 1990, al reconocer la amplitud del concepto de Familia, además de sus diversos tipos. En este mismo documento, la Comisión subrayó la naturaleza dinámica de la Familia al afirmar que hechos como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio profundo (quiebre) en la estructura de la Familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del “pater familias”.

La Familia y los nuevos tiempos

Por eso, en atención a lo señalado, creemos que nuestro Tribunal Constitucional acierta cuando señala que todos estos cambios han generado familias con estructuras distintas a la tradicional como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las denominadas reconstituidas. De hecho, son estas últimas las que en los últimos tiempos han venido ganado terreno. Como bien lo señaló el Colegiado, se trata de familias ensambladas cuya estructura familiar se origina en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa.

Los nuevos modelos de Familia exigen una precisión legislativa

Ahora bien, resulta claro que estos nuevos modelos de Familia deben ser desarrollados a nivel legislativo, así lo señaló en su oportunidad María Gonzáles Luna, al afirmar que el Tribunal Constitucional con sus fallos estaba “visibilizando los problemas surgidos a partir de la formación de nuevas familias, ya que si bien sabemos que en el Perú hay muchos hogares distintos a la familia tradicional, las cifras no lo reflejan. Por ejemplo, dice la autora, en los censos hechos por el INEI, no sabemos qué relación de parentesco corresponde a los hijastros, ¿son considerados otros parientes o no parientes? En cualquiera de las dos categorías se mezclan con sujetos que no tienen los mismos derechos y necesidades que ellos”.

Por tanto, refiere esta autora, “el Congreso de la República debe incluir de manera expresa a las nuevas familias y los derechos de éstas y de sus miembros en la legislación, tanto en materia civil como penal. En cuanto a la primera, por ejemplo, el artículo 233º del Código Civil señala que la regulación jurídica de la Familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política. Por lo que la legislación que se dicte sobre esta materia debe adecuarse a lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución”.

El fin de la Familia no es la procreación

En esa misma línea, tomando en consideración el avance histórico y social de la humanidad, el Tribunal Constitucional también ha señalado, otra vez con acierto, que la Familia no puede concebirse únicamente como una institución en cuyo seno se materialice la dimensión generativa de la especie. La Familia es también la unidad encargada de transmitir valores éticos, cívicos y culturales. Es justamente esa unidad la que la convierte en un espacio primordial para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros, la transmisión de valores, conocimientos, tradiciones culturales y lugar de encuentro intra e intergeneracional, es pues un agente primordial del desarrollo social, así lo expone el Colegiado, y así creemos que debe entenderse el concepto de Familia en pleno siglo XXI.

¿Pueden las personas del mismo sexo formar una Familia?

Nosotros creemos que sí, no solo porque como hemos visto no existe un único modelo de Familia (matrimonial) sino porque los nuevos tiempos nos obligan a ampliar el concepto y reconocer nuevas formas de unión (concubinatos, familias ensambladas, reconstituidas, familias de segundas nupcias, etcétera), quedando claro que la Familia no tiene como única o más importante finalidad la procreación.

En tal sentido, no existe razón alguna para creer que las personas del mismo sexo no puedan formar un hogar familiar, sobre todo cuando se trata de personas que llevan su vida como si fuesen cónyuges, compartiendo intimidad en un contexto de amor, unidos por un fuerte lazo afectivo. De hecho, las parejas homosexuales o lésbicas también basan su unión en principios de fidelidad, cariño y respeto mutuo. En otras palabras, llevan una vida igual a la que presentan las parejas heterosexuales. Por tanto, si estas parejas están sujetas a las mismas obligaciones que las parejas heterosexuales, ¿por qué razón no podrían formar una Familia al amparo de una ley como la Unión Civil? Ustedes tienen la respuesta, no existe razón alguna para negarles este derecho.

Los fantasmas no existen

Como habrán podido apreciar, el concepto de Familia ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eso es algo lógico teniendo en consideración que se trata de un instituto natural sujeto al devenir del espacio y tiempo histórico. Hoy en día el modelo Familiar tradicional ya no es el mayoritario, eso no quiere decir que haya entrado en crisis, simplemente que el concepto de Familia se ha ampliado y nuevos modelos o tipos familiares surgen producto de factores sociales, económicos y culturales, que ninguna fe o religión está en condiciones de frenar.

Por eso, con el mayor de los respetos, a quienes se oponen a la Unión Civil, debo decirles que su oposición es antojadiza y carente de sustento, ellos dicen que la Unión Civil acabará con la Familia tradicional, elevando el número de parejas homosexuales y lésbicas, como si una ley tuviese el poder para determinar la identidad sexual de los ciudadanos. Para ellos, la Unión Civil marcará el inicio del final de nuestra especie. ¿Puede uno creer en semejante estupidez y no sentir vergüenza de sí mismo? Yo no lo creo.

 A estos señores habría que decirles que “el modelo de Familia tradicional” ya no es el hegemónico, eso no quiere decir que no estén en su derecho de promoverlo y buscarlo como parte de su opción personal de vida, lo que no pueden hacer es imponer su particular visión de las cosas sobre la de todos los demás, como si todos estuviésemos de acuerdo con ellos, como si todos creyésemos en que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, como si el modelo de Familia bíblico instaurado hace más de 2000 mil años no hubiese sido rebasado por la fuerza de la historia.

Alguien dijo alguna vez que sólo Dios y los idiotas no cambian. Yo no le tengo miedo al cambio, sobre todo cuando este busca reconocer derechos y libertades a más personas. Pero ustedes señores, ustedes que se oponen a la Unión Civil, ¿a qué le tienen miedo?

EL REFERÉNDUM DE MONSEÑOR CIPRIANI

En el Perú, país en donde el promedio de lectura por habitante es de un libro por año, las propuestas más descabelladas suelen tener una resonancia que en otras latitudes no harían otra cosa que arrancar una sonrisa.

Monseñor Cipriani (MC), Cardenal de Lima, y uno de los más insignes representantes del sector más conservador del catolicismo nacional, ha propuesto que el Proyecto de Ley (PL) que busca la “Legalización de las Uniones Civiles No Matrimoniales entre las personas del mismo sexo”, sea sometido a referéndum. En otras palabras, lo que propone MC es que todos los ciudadanos decidan “democráticamente” si este PL, que busca ampliar y reconocer derechos a una minoría históricamente discriminada (los homosexuales) debe o no ser aprobado.

La justificación de quienes apoyan la propuesta de MC es básicamente la siguiente: “siendo un tema que cambia profundamente la naturaleza de la familia, este debe ser sometido a consideración de todos los ciudadanos. Además, el PL viola las convicciones religiosas más profundas de nuestro país. Por tanto, si lo que se busca es un cambio tan drástico en nuestra sociedad, entonces la propuesta debe contar con la aprobación de la mayoría de los peruanos”.

MC no es jurista, y muchos de los que secundan la propuesta tampoco lo son, por lo que no tienen la obligación de conocer sobre Derecho Constitucional o Derechos Humanos. Sin embargo, quienes sí hemos recibido esta formación, tenemos el deber de explicarle a la ciudadanía por qué la propuesta del Cardenal es totalmente inconstitucional. Veamos a continuación las razones que sustentan nuestra posición.

Los límites del Referéndum en la Constitución

Nuestra Carta Política (artículo 32) señala expresamente que no puede someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales, y tampoco los tratados en vigor. Eso quiere decir, que no es cierto que el poder legislativo originario (el que tiene el pueblo) sea ilimitado, y que en una democracia todo asunto pueda ser sometido al voto de la mayoría. Pongamos un ejemplo: en nuestro país, tampoco sería posible someter a referéndum, la ampliación de los supuestos para la aplicación de la pena de muerte. Algo que todos los juristas saben, pero que algunos ex presidentes quieren ignorar.

Sin embargo, los defensores de la propuesta de MC señalan que esta prohibición constitucional no aplica para este caso, pues lo que busca este PL es reconocer “nuevos” derechos en favor de personas que no los tienen, y que por tanto, este referéndum no tiene por finalidad la supresión o disminución de ninguna libertad fundamental, sino todo lo contrario.

Este razonamiento, que parece “lógico”, no es otra cosa que un sofisma para desconocer algo que para muchos nos resulta evidente: si todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos (libre desarrollo, intimidad, identidad, entre otros), ¿acaso una propuesta como la de MC, no busca el recorte de los mismos  o impide su pleno reconocimiento (para esta minoría), pero esta vez a través del voto ciudadano?

Evidentemente que sí, por eso quienes leemos la Constitución de manera sistemática y reconocemos el conjunto de valores, derechos y principios (libertad, dignidad e igualdad) que esta consagra, estamos plenamente convencidos de que la prohibición recogida en este artículo constitucional hace que la propuesta del Cardenal sea inconstitucional por donde se la mire.

Los derechos de las minorías

Además de ello, es preciso saber que los derechos humanos de las personas, sobre todo los de las minorías, operan siempre como un límite al poder mayoritario (público o privado). Los derechos humanos son, como la doctrina lo señala, instituciones de naturaleza contramayoritaria, que le aseguran a la persona un espacio de protección frente a la sociedad y al Estado. Eso ha hecho que a lo largo de la historia, el reconocimiento y ampliación de derechos en favor de las minorías hayan surgido siempre a partir de movimientos de reivindicación de éstos, que se oponían a la opinión de las mayorías interesadas en mantener y perpetuar cualquier discriminación y trato asimétrico.

¿Qué hubiese pasado si en el siglo XIX se sometía a referéndum la abolición de la esclavitud? ¿Qué hubiese pasado si en las primeras décadas del siglo XX se sometía a referéndum el reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer? ¿Qué hubiese pasado si en la primera década del siglo XX se sometía a referéndum el derecho al sufragio de los analfabetos? ¿Qué hubiese pasado si en los albores del siglo XX se sometía a referéndum el derecho de la mujer a usar anticonceptivos?

La respuesta es muy sencilla: todas esas propuestas que buscaban reconocer o ampliar derechos en favor de una minoría y/o grupo en desventaja, habrían sido rechazadas por el voto de las mayorías. De hecho, ninguna de estas iniciativas, que buscaban universalizar y generalizar el ejercicio de estos derechos fue aprobada por voto ciudadano. Siempre, a lo largo de la historia, han sido los órganos legislativos y/o jurisdiccionales los que partiendo del reconocimiento de la naturaleza contramayoritaria de los derechos humanos, decidieron aprobar este tipo de medidas en favor de los grupos minoritarios y/o en desventaja.

El Estado y la protección de los grupos en desventaja

A propósito de lo que acabamos de señalar, es importante recordar que frente a los grupos en desventaja (afroamericanos, analfabetos, homosexuales, etcétera) que son objeto de marginación y exclusión, no basta la aplicación “formal” del principio de igualdad y no discriminación. Eso quiere decir, que en una democracia, para que el Estado cumpla con su obligación de tutelar el derecho a la igualdad, no basta con sancionar a quienes discriminan o atropellan los derechos de las minorías. En una democracia, es fundamental que los poderes públicos favorezcan a estos grupos adoptando políticas públicas y normativas efectivas. Es decir, el apoyo que el Estado debe brindarles a estas minorías se logra a través de una legislación (como el PL) que reconoce y amplía el catálogo de derechos en beneficio de los grupos tradicionalmente discriminados.

El Estado y el principio de no discriminación

Por tanto, someter a referéndum una propuesta como la que se plantea en el PL, cuyo fin es reconocer derechos en favor de esta minoría homosexual, supondría la violación directa de los principios de igualdad, no discriminación y apoyo de los poderes públicos a los grupos en desventaja, reconocidos por nuestro país a nivel constitucional (artículo 1, 2, 44 y 4 DFYT, entre otros) y supranacional (artículo 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros); y al mismo tiempo, hace que esta condición de grupo vulnerable se perpetué, pues el Perú seguirá contando con un porción de su población a la cual el Estado no le reconoce los mismos derechos que a la mayoría, únicamente en razón de su orientación sexual, tal y como lo señaló en su oportunidad la Sala Constitucional de Costa Rica (sentencia del año 2010), al declarar inconstitucional un referéndum como el que ahora MC propone.

La fe religiosa y la moral civil

Los seguidores del Cardenal han señalado que lo que está en juego con este PL es el futuro de nuestra especie, pues Dios creo al hombre y a la mujer para que se reproduzcan, oponiéndose a las relaciones entre personas del mismo sexo. Y que por tanto, todos los que comparten esa fe (nuestra mayoría católica) deben respaldar la propuesta de referéndum.

Como podemos apreciar, queda claro que la motivación que impulsa a los promotores de esta propuesta es esencialmente religiosa, que obedece a las creencias de un sector que, además, se opone, abiertamente a las relaciones entre personas del mismo sexo pues la considera pecaminosas y contrarias al “modelo de vida” impuesto por el Divino Creador, algo que no resulta acorde con los valores de tolerancia y pluralidad que todo sociedad democrática y libre debe defender. Como si en el mundo contemporáneo (real) existiese una única manera de ser feliz o un solo modelo de familia.

La democracia contra la democracia

MC y sus acólitos, también han señalado que no hay nada más democrático que pedirle al pueblo que legisle directamente sobre este tema. Como ya lo hemos advertido, el poder legislativo (pueblo y parlamento) tiene límites, y uno de esos límites lo constituye el respeto por los derechos humanos.

Si en el Perú la propuesta de MC fuese llevada a la práctica, lo que estaríamos haciendo en realidad  sería “usar una figura de una profunda finalidad democrática y participativa” para desconocer los derechos de un grupo minoritario, algo que trastoca el núcleo ontológico de nuestra Constitución, pues estaríamos manipulando a una institución que promueve la participación,  justamente para evitar que algunos  peruanos ejerzan y gocen de los mismos derechos que todos nosotros. Este fraude, como también lo señaló la Corte en Costa Rica, se torna más evidente en este tipo de casos en los cuales el referéndum es promovido por grupos que pertenecen a la mayoría y adversan abiertamente la reivindicación de los derechos de una minoría.

Los tratados deben cumplirse

Si el PL fuese rechazado por la mayoría de peruanos en un referéndum, ¿eso no supondría la violación de los tratados ratificados por el Perú en los cuales nuestro país se comprometió a remover todo tipo de práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de las personas? Nosotros creemos que sí. Ya que como se sabe, los Estados deben hacer todos los esfuerzos por dar cumplimiento al objeto y fin de los tratados (no discriminar); y no pueden invocar normas o procedimientos de derecho interno, en este caso el referéndum, para incumplir con sus obligaciones internacionales asumidas.

Por todas estas consideraciones, creemos que un referéndum como el que propone MC, no sólo violaría normas constitucionales, sino también internacionales, por lo que legalmente es inviable. Por eso, para nosotros, la propuesta de MC no es otra cosa que un llamado abierto para discriminar. 

LA IZQUIERDA URUGUAYA Y LA LIBERTAD

El año pasado, la revista “The Economist”, una de las más importantes a nivel mundial, declaró a Uruguay como el país del año, la razón de esta denominación ha sido básicamente la siguiente: el gobierno izquierdista del Presidente José Mujica, otrora guerrillero tupamaru, aprobó dos importantes reformas en materia de derechos y libertades civiles como son la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio gay) y la regulación de la venta, producción y consumo de la marihuana. Para “The Economist”, ambas reformas son muy profundas por lo que se espera que puedan beneficiar al mundo entero.

Una tradición democrática

Todos los que conocen la historia política uruguaya saben que este país sudamericano se ha caracterizado por sus profundas raíces democráticas y su apego por el respeto al Estado de Derecho. Uruguay cuenta con la tradición democrática y constitucional más sólida de Sudamérica, la misma que le ha permitido consolidar un sistema institucional capaz de garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos de las personas, hecho que sin lugar a dudas, le otorga a la democracia uruguaya mayores niveles de estabilidad y gobernabilidad.

Sin embargo, y a pesar de su fecunda vocación democrática, Uruguay, como tantos otros países de Sudamérica, también atravesó por un periodo oscuro de dictadura y represión (1973-1985), el mismo que acabó con la vida de decenas de personas, entre asesinados, torturados, perseguidos y desaparecidos. A pesar de ello, y contra lo que muchos pudieran haber presagiado, el trauma autoritario, el horror de lo vivido y la violencia desatada por los operadores de la dictadura, sirvieron para generar en todos los sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, una fuerte convicción democrática y una apuesta sincera por la defensa de los valores de la democracia política.

Lo que vino después de la dictadura

Decimos todo ello, pues como bien lo ha señalado Mario Vargas Llosa, “resulta extraordinario que ambas medidas, inspiradas en la cultura de la libertad, hayan sido adoptadas por el Gobierno de un movimiento que en su origen no creía en la democracia sino en la revolución marxista leninista y el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único”. Recordemos que fue justamente este carácter revolucionario y socializante, lo que sirvió de justificación a los militares uruguayos, para asaltar la democracia en 1973, dando paso a una dictadura conservadora de derecha que terminó por instalar el miedo y el terror en el país.

Luego de la caída de la dictadura y del retorno a la constitucionalidad en 1985, en Uruguay, se abrió un proceso de transición política en el cual todas las fuerzas y movimientos decidieron unir esfuerzos para construir un país estable, libre y seguro, pero para ello, fue necesario que tanto la derecha como la izquierda, se comprometieran a defender y respetar las reglas y principios básicos de la democracia política, incluso por encima de las presiones de las facciones extremistas y radicales que ambos sectores todavía presentaban.

El Gobierno izquierdista del Frente Amplio

Por eso no sorprende el que una vez en el Gobierno (2005), con la presidencia de Tabaré Vásquez, y luego, con el ascenso del Presidente José Mujica, el Frente Amplio (la coalición de centro izquierda que agrupa a diversos partidos y movimientos progresistas uruguayos) haya respetado rigurosamente las reglas de la democracia política como son la independencia de los poderes públicos, la libertad de prensa, el pluralismo político, la libre competencia electoral, así como también la propiedad privada, la libertad de empresa y las libertades individuales.

La izquierda uruguaya, representada por el Frente Amplio, comprendió que la fórmula para el desarrollo era la combinación de democracia y mercado, sumada a la implementación eficiente de una serie de políticas redistributivas que le permitiesen reducir la desigualdad social y económica que tanto daño le hace a la gobernabilidad en los países de nuestro continente. De hecho, Uruguay es el país de la región que presenta la menor brecha de desigualdad.

Contra viento y marea

En todo caso, lo que sí es sorprendente, y por eso digno de resaltar, es que a pesar de la oposición de la mayoría de la población (católica, desde luego), la izquierda uruguaya, de la mano de su Presidente José Mujica, haya tenido la valentía de aprobar dos reformas liberales, que en otros países de la Sudamérica, incluyendo al Perú, son todavía hoy impensadas. Este hecho, esta vocación inclusiva, denota el perfil democrático y liberal de una izquierda que ha logrado dar el salto a la modernidad, y que seguramente hará que Uruguay, más temprano que tarde, vuelva a ser visto como “la Suiza de América del Sur”.

Con respecto al matrimonio gay, la izquierda uruguaya ha logrado entender que todas las personas, independientemente de su identidad sexual (no es una opción, como algunos dicen) tienen el derecho a ser libres, y a buscar su felicidad en condiciones de igualdad, y por tanto, merecen por parte del Estado, el mismo respeto y reconocimiento. En ese sentido, el hecho que ahora en Uruguay, todas las parejas, sean homosexuales o heterosexuales, puedan contraer matrimonio, nos habla del enorme avance que en materia de reconocimiento de derechos se ha llevado a cabo en este país. Algo que en el Perú, por cierto, muchos miramos con sana envidia.

A su turno, con relación a la regulación de la venta, producción y consumo de la marihuana, la izquierda uruguaya por fin comprendió que las políticas represivas y de criminalización que tantos miles de millones de dólares han costado, simplemente no han funcionado, y que muy por el contrario, lo único que han conseguido es encarecer el producto tornándolo mucho más rentable, generando enormes incentivos para la formación de bandas criminales y redes de corrupción asociadas al narcotráfico, problemática que día a día pone en jaque y amenaza la estabilidad de los gobiernos de Latinoamérica.

¿Aumentará el número de personas homosexuales o de consumidores de marihuana a partir de la aprobación de estas reformas?

Con respecto a lo primero, debo decir que resulta absurdo que en pleno siglo XXI tengamos a gente que cree que la homosexualidad se transmite por imitación, y que los niños/niñas que caminan por las calles a diario decidirán ser heterosexuales u homosexuales dependiendo del número de parejas que ven pasar frente a sus ojos. Sostener ello resulta absurdo, por el simple hecho que la homosexualidad no es una enfermedad que se contagia por la exposición al ambiente, o por la presencia de modelos de pareja que se salen de la regla sagrada de la heterosexualidad.

Con respecto a lo segundo, puede que el consumo de marihuana aumente en un primer momento, por la novedad que esta medida supone, sin embargo, queda claro que si el Gobierno uruguayo implementa campañas de información y educación a gran escala, dando cuenta del enorme riesgo que representa para la salud el consumo indiscriminado de este producto, entonces los niveles de consumo descenderán y la actividad empezará a tornarse mucho más controlable. Lo que sí es seguro, es que la regulación irá acabando poco a poco con el mercado negro de la marihuana, golpeando y desarticulando a las redes criminales que hasta estos días vivían gracias a este negocio clandestino (lo mismo ocurrió cuando se levantó la prohibición a las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos).

Una izquierda moderna, democrática y liberal

Para terminar, es preciso señalar que la defensa de las libertades individuales, en el campo político, social, económico y cultural, tiene siempre algunos costos y riesgos que sus defensores deben asumir. Hoy en día el Gobierno izquierdista de José Mujica, decide correr esos riesgos, y enfrentarse a la mayoría de su país con el único objetivo de garantizar el pleno ejercicio de la libertad individual de las personas. Estas son reformas que seguramente cambiarán la vida en Uruguay, y que esperemos sean debatidas seriamente en la región.

Es muy meritorio, reitero, que movimientos de izquierda con un pasado antiliberal, hoy representados por el Frente Amplio, hayan decidido enarbolar las banderas de la libertad impulsando éstas reformas. Me pregunto: ¿Cuántos de nuestros izquierdistas locales que hoy se esfuerzan por formar el Frente Amplio estarán dispuestos a salir a los medios y apoyar medidas liberalizadoras como éstas? Pregunto ello pues eso marcará la diferencia entre esa izquierda trasnochada, que se quedó anclada en el pasado, y la izquierda moderna, democrática y liberal, que tanto necesitamos en nuestro país para la consolidación de nuestra democracia. 

A FAVOR DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

NO BASTA CON LA UNÌON CIVIL NO MATRIMONIAL DE CARLOS BRUCE

En Colombia, también hace unos meses, el parlamento empezó a debatir sobre el matrimonio igualitario, es decir, sobre la posibilidad que las parejas homosexuales puedan contraer nupcias y ejercer todos los derechos de los cuales gozan las parejas heterosexuales. Esto que para muchos en nuestro país es visto como un “vanguardismo” (sobre todo ahora que el Congresista Carlos Bruce acaba de presentar un Proyecto de Ley que busca legalizar la Unión Civil No Matrimonial de estas parejas), no lo es tanto, si tomamos en cuenta que en nuestro continente países como Uruguay y Argentina ya han reconocido el matrimonio igualitario. A estos países se suman Ciudad de México, o estados brasileños como Bahía, Sao Paulo y Paraná, en donde el matrimonio igualitario ya es legal.

Nuestra Constitución y el derecho a la igualdad

Nuestra Carta Política reconoce el derecho a la igualdad. Esto quiere decir que nadie en el Perú debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión; o de cualquiera otra índole. En consecuencia, y aunque el texto no lo diga expresamente, nadie puede ser discriminado por su orientación sexual.

Por tanto, si lo que la Constitución establece tiene un efecto vinculante para todos, entonces, ¿por qué las parejas homosexuales no pueden contraer matrimonio? ¿Esta prohibición no es acaso discriminatoria? Yo creo que sí. Lo decimos claramente porque no encontramos razones que justifiquen que en nuestro país un contrato como el matrimonio sólo pueda ser celebrado por parejas heterosexuales.

La legislación no puede violar la Constitución

Entre los que se oponen al matrimonio igualitario tenemos a quienes basan su postura en lo que dispone el artículo 234º de nuestro Código Civil. El Código dice lo siguiente: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida en común. Siguiendo esta lógica, los opositores creen que la Constitución debe interpretarse de conformidad con el Código (Ley) y no el Código (Ley) de conformidad con la Constitución, quebrando uno de los principios de interpretación jurídica más elementales del Derecho actual (hace más de 200 años esto es así).

El discurso de los que se oponen (tres falacias)

- El discurso religioso (mayoritario)

El Estado peruano es no confesional. Eso quiere decir que el Perú no tiene una religión oficial y que reconoce el derecho a la libertad religiosa de todos sus ciudadanos. Si ello es así, no resulta válido afirmar que como los católicos (mayoría) están en contra del matrimonio igualitario entonces este deba prohibirse. Si eso fuera cierto, ¿qué sentido tendría reconocer el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos si la legislación estatal estará determinada por las lecciones bíblicas de la Iglesia Católica?

La religión es importante, eso no admite discusión. Sin embargo, al momento de legislar, las autoridades no pueden decidir en función de lo que dicte la religión mayoritaria. Si permitimos que eso pase, entonces corremos el riesgo de convertirnos en una teocracia en la cual la política no es otra cosa que un derivado de la fe. Con lo cual, la democracia republicana de la que se habla en el artículo 43º de nuestra Constitución terminará convertida en una forma de gobierno en la que la ley que rige a los ciudadanos transcribe el  mandato divino de la fe mayoritaria. Algo que atenta contra los principios de pluralismo y tolerancia que deben ser la base de sociedades democráticas como la nuestra.

- El discurso del orden natural

Como los que se oponen al matrimonio igualitario saben que el argumento mayoritario (religioso) no tiene mayor sustento al momento de reconocer o ampliar derechos, estos han empezado a utilizar el argumento del orden natural. Sostienen, como lo hicieron en el pasado, que el reconocimiento del matrimonio homosexual acabará con el orden natural de la sociedad y que esta terminará por destruirse. Este argumento es falso porque reconocer una situación que ya existe en la realidad (las cifras más conservadoras dicen que el 10% de la población es homosexual) no supone el fin del orden establecido. Esto es simplemente parte de un proceso de cambio social que avanzará por más que los ultramontanos se opongan.

En todo caso, ¿por qué el temor al cambio? Recordemos que este mismo argumento fue utilizado por el mismo sector para impedir que las mujeres ejerzan derechos como el trabajo o sufragio. Se decía que si la mujer trabajaba y no se dedicaba al hogar entonces la familia se destruiría y la sociedad occidental llegaría a su fin. Han pasado más de 50 años desde entonces y seguimos acá. ¿Podemos entonces darle validez a este tipo de argumentos? Yo creo que no.

Soy igual que tú pero tengo más derechos

¿Qué tanto se quejan los homosexuales si ya se les va a reconocer el derecho a unirse civilmente (en el Perú ni eso)? Esa es una expresión que muchos defensores del “orden natural” esgrimen en diversos medios de comunicación. En mi opinión, esta expresión únicamente disfraza un pensamiento discriminatorio que pretende decirnos que “las personas somos iguales en derechos pero que los homosexuales son menos iguales que nosotros los heterosexuales”. Y como ello es así, entonces la discriminación se mantiene pero con un nuevo esquema: matrimonio para los “iguales” (heterosexuales) y uniones civiles para los “menos iguales” (homosexuales).

Bueno, esa salida sigue siendo cínica y no responde la pregunta antes planteada, ¿por qué razón los homosexuales no pueden contraer matrimonio si la finalidad del mismo es hacer vida en común? ¿Acaso las personas del mismo sexo no tienen iguales derechos que heterosexuales? Los tienen, por eso esta limitación viola los valores de igualdad, dignidad y libertad que la Constitución reconoce.

Que se casen pero que no adopten

¿Qué ocurrirá con los menores que son criados por homosexuales? ¿Acaso no terminarán adoptando la misma orientación sexual que sus padres adoptivos? Estas son las preguntas que los opositores al matrimonio igualitario hacen. Sobre este punto, debemos saber que existen estudios que demuestran que el desarrollo alcanzado por niños criados por parejas homosexuales es igual al obtenido por quienes lo fueron por parejas heterosexuales, tal y como ha sido señalado en la sentencia de la CIDH emitida en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile. Del mismo modo, se sabe que la orientación sexual de las personas no está determinada por la de sus padres. Si ello fuese así, entonces ¿cómo explicamos que en una sociedad heterosexual tengamos que casi un 10% de esta es homosexual? Muy simple, la orientación sexual de las personas no se adquiere por imitación. Así como la orientación sexual de los padres no garantiza una paternidad o maternidad responsables.

¿Por qué estamos a favor de la legalización del matrimonio igualitario en el Perú?

Si nos fijamos con atención, son tres los argumentos que fundamentan la posición de quienes se oponen al matrimonio igualitario: 1) El moral-religioso; 2) El mayoritario; y 3) El tradicional. Los tres argumentos no pueden servir de justificación para mantener la prohibición por tres razones fundamentales: 1) La moral que protege la Constitución es la moral civil y no la de un grupo religioso en particular; 2) La opinión de la mayoría no puede justificar la restricción de derechos a una minoría basada en su orientación sexual; y 3) No se busca acabar con el matrimonio sino permitir que más personas puedan celebrarlo. Nosotros estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario pues esta propuesta permite defender la libertad individual frente a prácticas históricamente excluyentes, allanando el camino hacia la construcción de una sociedad más tolerante, libre e igualitaria.

Jorge Mario Bergoglio: la vida pública del nuevo Papa

El mundo está feliz. Los 1200 millones de católicos celebran el nombramiento del nuevo Papa, el argentino Jorge Mario Bergoglio, quien será llamado por sus fieles con el nombre de Francisco I. La algarabía ha sido general, pero ese júbilo, sin lugar a dudas, es mucho mayor en América Latina, en especial, en su natal Argentina. Cientos de argentinos tomaron las calles de Buenos Aires para celebrar dicha designación y desearle al nuevo Papa el mayor de los éxitos. Pero no todos comparten esa misma felicidad, algunos medios en ese país recuerdan el papel que la Iglesia, y en especial Bergoglio, cumplió durante los años de la dictadura argentina (1976-1983).

Cuando los curas jesuitas decidieron denunciar los abusos del régimen militar, el nuevo Papa optó por asumir una posición timorata y permisiva frente a los atroces crímenes que la Junta Militar cometía a diario en este país. Bergoglio guardó silencio, y se mantuvo alejado de los asuntos políticos, para luego alegar desconocimiento de lo que ocurría durante los años oscuros del régimen de facto. La frase que marcó la conducta de Bergoglio en esos años fue: “el lugar de los sacerdotes eran las iglesias”.

Bergoglio y la dictadura

El 15 de noviembre de 1976 se llevó a cabo una reunión entre la Junta Militar y la Conferencia Episcopal argentina, en ella los representantes del clero dejaron sentada su posición frente al proceso iniciado por los militares luego del golpe de Estado de 1976. La posición de la Iglesia fue la siguiente: “de ninguna manera pretendemos plantear una posición crítica a la acción del gobierno  dado que un fracaso llevaría, con mucha probabilidad, al marxismo, por lo cual acompañamos al actual proceso de re-organización del país”.

Es decir, en forma clara y explícita se menciona la adhesión y aceptación episcopal de la dictadura que acabó con la vida de miles de argentinos so pretexto de librar al continente de los peligros que el ateísmo marxista traía consigo. Así consta en los archivos del episcopado de la calle Suipacha en Buenos Aires. Esta es la verdad que Bergoglio pretendió encubrir con la publicación del libro “Iglesia y Democracia en la Argentina”, que él editó en 2006.

Bergoglio, en el libro antes citado, señala que la Iglesia “fue conociendo de a poco el proceder de la Junta Militar”. Esto que pudiera parecer cierto, contrasta con lo que miembros de la propia Iglesia argentina como el cardenal Raúl Primatesta y los obispos Vicente Zazpe, Miguel Hesayne y Enrique Angelelli, informaron el 10 de mayo de 1976 en la Asamblea Plenaria del Episcopado. En esta reunión los sacerdotes dijeron: “se han producido numerosos despidos en las fábricas, secuestros, ejecuciones llevadas a cabo por grupos parapoliciales y desapariciones forzadas”. También hablaron de corrupción, torturas policiales y una numerosa cantidad de personas detenidas injustamente.

El obispo Hesayne, con una mayor firmeza que los demás, señaló que la “Iglesia debía apoyar a los familiares de las personas detenidas-desaparecidas, y lamentaba que el Episcopado estuviera dividido y los militares pudieran valerse de unos obispos en contra de otros”. Entonces, siguiendo a Bergoglio: ¿podemos creer que la Iglesia argentina no sabía de los actos de violación contra los derechos humanos cometidos por la dictadura a la cual ella decidió apoyar? ¿Él no sabía sobre los crímenes que a diario eran cometidos por los militares en contra del pueblo argentino?

Pero las acusaciones más duras contra Bergoglio llegaron luego de la publicación de su libro “El Jesuita”. En este texto, Bergoglio explicó que su misión como provincial de la Compañía de Jesús entre 1973 y 1979 fue la de ayudar a los más pobres y necesitados. Sin embargo, Emilio Mignone, fundador del CELS, recuerda que ese periodo estuvo manchado por las denuncias de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes afirmaron que fue Bergoglio quien los entregó a los militares. Ambos estuvieron secuestrados durante cinco meses.

En ese operativo también fueron detenidos cuatro catequistas y dos de sus esposos. Estos no tuvieron la misma suerte de los obispos pues hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Entre estas víctimas se cuentan a Candelaria Mignone, hija de Emilio, y María Vásquez Ocampo, hija de Martha Ocampo, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Estas denuncias, hasta el día de hoy, no han sido esclarecidas.

Bergoglio y la libertad de los hombres

Pretender que alguno de los cardenales “papables” tenga una posición mucho más flexible y tolerante sobre temas como la unión homosexual, el aborto o la eutanasia, es una ingenuidad. En este tipo de controversias la jerarquía eclesial tiene un discurso monocorde que no admite prueba en contrario. No importa si el mundo cambió, si la realidad se impone sobre los dogmas o si las sociedades han empezado a reconocer que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, tienen derecho a ser felices. Nada de eso importa. Para las autoridades eclesiásticas las verdades divinas no admiten discusión. “Existen modos de vida que simplemente no están dentro del plan que Dios quiere que los hombres sigan”. ¿Quién sabe qué cosa Dios quiso para los hombres? Pues ellos mismos, y así será por los siguientes dos mil años.

Más allá de ello, resulta interesante hacer referencia a la manera cómo Bergoglio ha encarado estos temas durante sus años como Cardenal en Argentina. Dicen que el lenguaje de los hombres es el mundo que ellos conocen, por eso es importante recordar algunas de sus más polémicas intervenciones en torno a estos temas.

Bergoglio es reconocido como un opositor tenaz y acérrimo al matrimonio igualitario y al aborto no punible. Hace algún tiempo, durante el debate que generó el proyecto de ley impulsado por el oficialismo argentino que buscaba legalizar el matrimonio homosexual, Bergoglio redactó una carta de rechazo dirigida a los cuatro monasterios de Buenos Aires. En esta comunicación Bergoglio dijo lo siguiente: “no seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios”. Es decir, en la filosofía del nuevo Papa, las luchas por el reconocimiento de derechos civiles en países como Argentina no son otra cosa que planes diseñados por el demonio para acabar con la obra perfecta de Dios.

Sobre este mismo asunto, Bergoglio también afirmó que el proyecto de ley presentado constituía una “movida” del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Para Bergoglio, todos aquellos que apoyamos la adopción de medidas igualitarias por parte de los gobiernos de nuestro continente en favor de minorías sexuales históricamente discriminadas y perseguidas, hemos sido engañados por el Demonio y hemos sucumbido ante los artilugios de sus promotores en la tierra. Es decir, los movimientos de derechos humanos que han enarbolado las banderas del igualitarismo son para el nuevo Papa algo así como los “jinetes del apocalipsis del siglo XXI”.

Bergoglio y la política

Estas declaraciones y su posición militante en contra de la propuesta (la cual al final terminó por imponerse), motivaron una dura respuesta por parte del gobierno argentino. Dicho sea de paso, la relación de Bergoglio con la pareja Kirchner no ha sido de las mejores. En alguna oportunidad, Néstor Kirchner llegó a decir que los obispos, con Bergoglio a la cabeza, eran un factor de cuestionamiento a su gestión. ¿No era acaso que el papel de los obispos está en las Iglesias y no en la política? Para Néstor, Bergoglio, así lo señaló públicamente, era el verdadero representante de la oposición.

Luego llegó Cristina a la presidencia, y la polémica por el matrimonio homosexual agudizó la tirante relación que siempre existió entre ellos. Bergoglio afirmó que quienes apoyaban esta propuesta se ponían al servicio del demonio, pues arteramente atentaban contra la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. La respuesta de Cristina no se haría esperar: “me preocupa el tono que ha adquirido el discurso, se plantea como una cuestión de moral religiosa y atentatoria del orden natural, cuando en realidad lo que se está haciendo es mirar una realidad que ya está”, señaló. Al poco tiempo, la presidenta calificaría a este tipo de discurso como desfasado y lo comparó con el que se tenía en la época medieval e Inquisitorial.

Bergoglio y los derechos de la mujer

A pesar de haber invocado  a Dios muchas veces, Bergoglio no pudo impedir la promulgación del matrimonio igualitario en Argentina. Pero los encontronazos con el Gobierno de su país no acabaron allí. De hecho, Bergoglio siguió criticando duramente las decisiones que el Gobierno de Cristina adoptó con relación a temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Todos recuerdan su oposición a que el Estado promoviera campañas de educación sexual, planificación familiar y entrega de anticonceptivos para las mujeres a nivel nacional. Esa misma actitud de rechazo presentó cuando Cristina decidió dar luz verde a la promoción de programas de inseminación artificial gratuitos. No hace falta señalar que Bergoglio se opuso ferozmente a debatir la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños como ocurre en otras partes del mundo.

Pero el repertorio de declaraciones de Bergoglio sobre los derechos de las mujeres llegó a su clímax el 4 de junio de 2007. En plena campaña presidencial, refiriéndose a la candidatura de Cristina, el nuevo Papa dijo (tomen nota): "las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos. El orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia; las Escrituras nos demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor, pero nada más que eso”. Y finalizó diciendo: “hay que tener memoria; tuvimos una mujer como Presidente de la Nación y todos sabemos qué pasó”, en clara alusión a la viuda de Perón, Estela María Martínez. 

A modo de conclusión

Los argentinos parecen tener una muy buena memoria, y le recordaron a Bergoglio que el gobierno de Estela fue interrumpido de manera violenta por las armas de los militares golpistas a los cuales la Iglesia y él con su silencio cómplice apoyaron.

Esta es también la historia del nuevo Papa. Historia que seguramente muchos prefieren no recordar. Los hombres somos esclavos de nuestras palabras. Nuestra conducta es consecuencia de la personalidad que nosotros tenemos. Por ello, quienes asumen que la llegada de Jorge Mario Bergoglio a Roma abrirá una nueva etapa en la historia de la Iglesia están profundamente equivocados. Nada cambiará, y así será, por los siglos de los siglos. Amén.