lunes, 21 de abril de 2014

EL REFERÉNDUM DE MONSEÑOR CIPRIANI


En el Perú, país en donde el promedio de lectura por habitante es de un libro por año, las propuestas más descabelladas suelen tener una resonancia que en otras latitudes no harían otra cosa que arrancar una sonrisa.

Monseñor Cipriani (MC), Cardenal de Lima, y uno de los más insignes representantes del sector más conservador del catolicismo nacional, ha propuesto que el Proyecto de Ley (PL) que busca la “Legalización de las Uniones Civiles No Matrimoniales entre las personas del mismo sexo”, sea sometido a referéndum. En otras palabras, lo que propone MC es que todos los ciudadanos decidan “democráticamente” si este PL, que busca ampliar y reconocer derechos a una minoría históricamente discriminada (los homosexuales) debe o no ser aprobado.

La justificación de quienes apoyan la propuesta de MC es básicamente la siguiente: “siendo un tema que cambia profundamente la naturaleza de la familia, este debe ser sometido a consideración de todos los ciudadanos. Además, el PL viola las convicciones religiosas más profundas de nuestro país. Por tanto, si lo que se busca es un cambio tan drástico en nuestra sociedad, entonces la propuesta debe contar con la aprobación de la mayoría de los peruanos”.

MC no es jurista, y muchos de los que secundan la propuesta tampoco lo son, por lo que no tienen la obligación de conocer sobre Derecho Constitucional o Derechos Humanos. Sin embargo, quienes sí hemos recibido esta formación, tenemos el deber de explicarle a la ciudadanía por qué la propuesta del Cardenal es totalmente inconstitucional. Veamos a continuación las razones que sustentan nuestra posición.


Los límites del Referéndum en la Constitución

Nuestra Carta Política (artículo 32) señala expresamente que no puede someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales, y tampoco los tratados en vigor. Eso quiere decir, que no es cierto que el poder legislativo originario (el que tiene el pueblo) sea ilimitado, y que en una democracia todo asunto pueda ser sometido al voto de la mayoría. Pongamos un ejemplo: en nuestro país, tampoco sería posible someter a referéndum, la ampliación de los supuestos para la aplicación de la pena de muerte. Algo que todos los juristas saben, pero que algunos ex presidentes quieren ignorar.

Sin embargo, los defensores de la propuesta de MC señalan que esta prohibición constitucional no aplica para este caso, pues lo que busca este PL es reconocer “nuevos” derechos en favor de personas que no los tienen, y que por tanto, este referéndum no tiene por finalidad la supresión o disminución de ninguna libertad fundamental, sino todo lo contrario.

Este razonamiento, que parece “lógico”, no es otra cosa que un sofisma para desconocer algo que para muchos nos resulta evidente: si todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos (libre desarrollo, intimidad, identidad, entre otros), ¿acaso una propuesta como la de MC, no busca el recorte de los mismos  o impide su pleno reconocimiento (para esta minoría), pero esta vez a través del voto ciudadano?

Evidentemente que sí, por eso quienes leemos la Constitución de manera sistemática y reconocemos el conjunto de valores, derechos y principios (libertad, dignidad e igualdad) que esta consagra, estamos plenamente convencidos de que la prohibición recogida en este artículo constitucional hace que la propuesta del Cardenal sea inconstitucional por donde se la mire.


Los derechos de las minorías

Además de ello, es preciso saber que los derechos humanos de las personas, sobre todo los de las minorías, operan siempre como un límite al poder mayoritario (público o privado). Los derechos humanos son, como la doctrina lo señala, instituciones de naturaleza contramayoritaria, que le aseguran a la persona un espacio de protección frente a la sociedad y al Estado. Eso ha hecho que a lo largo de la historia, el reconocimiento y ampliación de derechos en favor de las minorías hayan surgido siempre a partir de movimientos de reivindicación de éstos, que se oponían a la opinión de las mayorías interesadas en mantener y perpetuar cualquier discriminación y trato asimétrico.

¿Qué hubiese pasado si en el siglo XIX se sometía a referéndum la abolición de la esclavitud? ¿Qué hubiese pasado si en las primeras décadas del siglo XX se sometía a referéndum el reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer? ¿Qué hubiese pasado si en la primera década del siglo XX se sometía a referéndum el derecho al sufragio de los analfabetos? ¿Qué hubiese pasado si en los albores del siglo XX se sometía a referéndum el derecho de la mujer a usar anticonceptivos?

La respuesta es muy sencilla: todas esas propuestas que buscaban reconocer o ampliar derechos en favor de una minoría y/o grupo en desventaja, habrían sido rechazadas por el voto de las mayorías. De hecho, ninguna de estas iniciativas, que buscaban universalizar y generalizar el ejercicio de estos derechos fue aprobada por voto ciudadano. Siempre, a lo largo de la historia, han sido los órganos legislativos y/o jurisdiccionales los que partiendo del reconocimiento de la naturaleza contramayoritaria de los derechos humanos, decidieron aprobar este tipo de medidas en favor de los grupos minoritarios y/o en desventaja.

El Estado y la protección de los grupos en desventaja

A propósito de lo que acabamos de señalar, es importante recordar que frente a los grupos en desventaja (afroamericanos, analfabetos, homosexuales, etcétera) que son objeto de marginación y exclusión, no basta la aplicación “formal” del principio de igualdad y no discriminación. Eso quiere decir, que en una democracia, para que el Estado cumpla con su obligación de tutelar el derecho a la igualdad, no basta con sancionar a quienes discriminan o atropellan los derechos de las minorías. En una democracia, es fundamental que los poderes públicos favorezcan a estos grupos adoptando políticas públicas y normativas efectivas. Es decir, el apoyo que el Estado debe brindarles a estas minorías se logra a través de una legislación (como el PL) que reconoce y amplía el catálogo de derechos en beneficio de los grupos tradicionalmente discriminados.



El Estado y el principio de no discriminación

Por tanto, someter a referéndum una propuesta como la que se plantea en el PL, cuyo fin es reconocer derechos en favor de esta minoría homosexual, supondría la violación directa de los principios de igualdad, no discriminación y apoyo de los poderes públicos a los grupos en desventaja, reconocidos por nuestro país a nivel constitucional (artículo 1, 2, 44 y 4 DFYT, entre otros) y supranacional (artículo 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros); y al mismo tiempo, hace que esta condición de grupo vulnerable se perpetué, pues el Perú seguirá contando con un porción de su población a la cual el Estado no le reconoce los mismos derechos que a la mayoría, únicamente en razón de su orientación sexual, tal y como lo señaló en su oportunidad la Sala Constitucional de Costa Rica (sentencia del año 2010), al declarar inconstitucional un referéndum como el que ahora MC propone.

La fe religiosa y la moral civil

Los seguidores del Cardenal han señalado que lo que está en juego con este PL es el futuro de nuestra especie, pues Dios creo al hombre y a la mujer para que se reproduzcan, oponiéndose a las relaciones entre personas del mismo sexo. Y que por tanto, todos los que comparten esa fe (nuestra mayoría católica) deben respaldar la propuesta de referéndum.

Como podemos apreciar, queda claro que la motivación que impulsa a los promotores de esta propuesta es esencialmente religiosa, que obedece a las creencias de un sector que, además, se opone, abiertamente a las relaciones entre personas del mismo sexo pues la considera pecaminosas y contrarias al “modelo de vida” impuesto por el Divino Creador, algo que no resulta acorde con los valores de tolerancia y pluralidad que todo sociedad democrática y libre debe defender. Como si en el mundo contemporáneo (real) existiese una única manera de ser feliz o un solo modelo de familia.


La democracia contra la democracia

MC y sus acólitos, también han señalado que no hay nada más democrático que pedirle al pueblo que legisle directamente sobre este tema. Como ya lo hemos advertido, el poder legislativo (pueblo y parlamento) tiene límites, y uno de esos límites lo constituye el respeto por los derechos humanos.

Si en el Perú la propuesta de MC fuese llevada a la práctica, lo que estaríamos haciendo en realidad  sería “usar una figura de una profunda finalidad democrática y participativa” para desconocer los derechos de un grupo minoritario, algo que trastoca el núcleo ontológico de nuestra Constitución, pues estaríamos manipulando a una institución que promueve la participación,  justamente para evitar que algunos  peruanos ejerzan y gocen de los mismos derechos que todos nosotros. Este fraude, como también lo señaló la Corte en Costa Rica, se torna más evidente en este tipo de casos en los cuales el referéndum es promovido por grupos que pertenecen a la mayoría y adversan abiertamente la reivindicación de los derechos de una minoría.

Los tratados deben cumplirse

Si el PL fuese rechazado por la mayoría de peruanos en un referéndum, ¿eso no supondría la violación de los tratados ratificados por el Perú en los cuales nuestro país se comprometió a remover todo tipo de práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de las personas? Nosotros creemos que sí. Ya que como se sabe, los Estados deben hacer todos los esfuerzos por dar cumplimiento al objeto y fin de los tratados (no discriminar); y no pueden invocar normas o procedimientos de derecho interno, en este caso el referéndum, para incumplir con sus obligaciones internacionales asumidas.


Por todas estas consideraciones, creemos que un referéndum como el que propone MC, no sólo violaría normas constitucionales, sino también internacionales, por lo que legalmente es inviable. Por eso, para nosotros, la propuesta de MC no es otra cosa que un llamado abierto para discriminar. 

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miércoles, 25 de septiembre de 2013

A FAVOR DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO


NO BASTA CON LA UNÌON CIVIL NO MATRIMONIAL DE CARLOS BRUCE

En Colombia, también hace unos meses, el parlamento empezó a debatir sobre el matrimonio igualitario, es decir, sobre la posibilidad que las parejas homosexuales puedan contraer nupcias y ejercer todos los derechos de los cuales gozan las parejas heterosexuales. Esto que para muchos en nuestro país es visto como un “vanguardismo” (sobre todo ahora que el Congresista Carlos Bruce acaba de presentar un Proyecto de Ley que busca legalizar la Unión Civil No Matrimonial de estas parejas), no lo es tanto, si tomamos en cuenta que en nuestro continente países como Uruguay y Argentina ya han reconocido el matrimonio igualitario. A estos países se suman Ciudad de México, o estados brasileños como Bahía, Sao Paulo y Paraná, en donde el matrimonio igualitario ya es legal.
Nuestra Constitución y el derecho a la igualdad
Nuestra Carta Política reconoce el derecho a la igualdad. Esto quiere decir que nadie en el Perú debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión; o de cualquiera otra índole. En consecuencia, y aunque el texto no lo diga expresamente, nadie puede ser discriminado por su orientación sexual.
Por tanto, si lo que la Constitución establece tiene un efecto vinculante para todos, entonces, ¿por qué las parejas homosexuales no pueden contraer matrimonio? ¿Esta prohibición no es acaso discriminatoria? Yo creo que sí. Lo decimos claramente porque no encontramos razones que justifiquen que en nuestro país un contrato como el matrimonio sólo pueda ser celebrado por parejas heterosexuales.
La legislación no puede violar la Constitución
Entre los que se oponen al matrimonio igualitario tenemos a quienes basan su postura en lo que dispone el artículo 234º de nuestro Código Civil. El Código dice lo siguiente: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida en común. Siguiendo esta lógica, los opositores creen que la Constitución debe interpretarse de conformidad con el Código (Ley) y no el Código (Ley) de conformidad con la Constitución, quebrando uno de los principios de interpretación jurídica más elementales del Derecho actual (hace más de 200 años esto es así).

El discurso de los que se oponen (tres falacias)
- El discurso religioso (mayoritario)
El Estado peruano es no confesional. Eso quiere decir que el Perú no tiene una religión oficial y que reconoce el derecho a la libertad religiosa de todos sus ciudadanos. Si ello es así, no resulta válido afirmar que como los católicos (mayoría) están en contra del matrimonio igualitario entonces este deba prohibirse. Si eso fuera cierto, ¿qué sentido tendría reconocer el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos si la legislación estatal estará determinada por las lecciones bíblicas de la Iglesia Católica?
La religión es importante, eso no admite discusión. Sin embargo, al momento de legislar, las autoridades no pueden decidir en función de lo que dicte la religión mayoritaria. Si permitimos que eso pase, entonces corremos el riesgo de convertirnos en una teocracia en la cual la política no es otra cosa que un derivado de la fe. Con lo cual, la democracia republicana de la que se habla en el artículo 43º de nuestra Constitución terminará convertida en una forma de gobierno en la que la ley que rige a los ciudadanos transcribe el  mandato divino de la fe mayoritaria. Algo que atenta contra los principios de pluralismo y tolerancia que deben ser la base de sociedades democráticas como la nuestra.
- El discurso del orden natural
Como los que se oponen al matrimonio igualitario saben que el argumento mayoritario (religioso) no tiene mayor sustento al momento de reconocer o ampliar derechos, estos han empezado a utilizar el argumento del orden natural. Sostienen, como lo hicieron en el pasado, que el reconocimiento del matrimonio homosexual acabará con el orden natural de la sociedad y que esta terminará por destruirse. Este argumento es falso porque reconocer una situación que ya existe en la realidad (las cifras más conservadoras dicen que el 10% de la población es homosexual) no supone el fin del orden establecido. Esto es simplemente parte de un proceso de cambio social que avanzará por más que los ultramontanos se opongan.
En todo caso, ¿por qué el temor al cambio? Recordemos que este mismo argumento fue utilizado por el mismo sector para impedir que las mujeres ejerzan derechos como el trabajo o sufragio. Se decía que si la mujer trabajaba y no se dedicaba al hogar entonces la familia se destruiría y la sociedad occidental llegaría a su fin. Han pasado más de 50 años desde entonces y seguimos acá. ¿Podemos entonces darle validez a este tipo de argumentos? Yo creo que no.


Soy igual que tú pero tengo más derechos

¿Qué tanto se quejan los homosexuales si ya se les va a reconocer el derecho a unirse civilmente (en el Perú ni eso)? Esa es una expresión que muchos defensores del “orden natural” esgrimen en diversos medios de comunicación. En mi opinión, esta expresión únicamente disfraza un pensamiento discriminatorio que pretende decirnos que “las personas somos iguales en derechos pero que los homosexuales son menos iguales que nosotros los heterosexuales”. Y como ello es así, entonces la discriminación se mantiene pero con un nuevo esquema: matrimonio para los “iguales” (heterosexuales) y uniones civiles para los “menos iguales” (homosexuales).

Bueno, esa salida sigue siendo cínica y no responde la pregunta antes planteada, ¿por qué razón los homosexuales no pueden contraer matrimonio si la finalidad del mismo es hacer vida en común? ¿Acaso las personas del mismo sexo no tienen iguales derechos que heterosexuales? Los tienen, por eso esta limitación viola los valores de igualdad, dignidad y libertad que la Constitución reconoce.



Que se casen pero que no adopten

¿Qué ocurrirá con los menores que son criados por homosexuales? ¿Acaso no terminarán adoptando la misma orientación sexual que sus padres adoptivos? Estas son las preguntas que los opositores al matrimonio igualitario hacen. Sobre este punto, debemos saber que existen estudios que demuestran que el desarrollo alcanzado por niños criados por parejas homosexuales es igual al obtenido por quienes lo fueron por parejas heterosexuales, tal y como ha sido señalado en la sentencia de la CIDH emitida en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile. Del mismo modo, se sabe que la orientación sexual de las personas no está determinada por la de sus padres. Si ello fuese así, entonces ¿cómo explicamos que en una sociedad heterosexual tengamos que casi un 10% de esta es homosexual? Muy simple, la orientación sexual de las personas no se adquiere por imitación. Así como la orientación sexual de los padres no garantiza una paternidad o maternidad responsables.

¿Por qué estamos a favor de la legalización del matrimonio igualitario en el Perú?


Si nos fijamos con atención, son tres los argumentos que fundamentan la posición de quienes se oponen al matrimonio igualitario: 1) El moral-religioso; 2) El mayoritario; y 3) El tradicional. Los tres argumentos no pueden servir de justificación para mantener la prohibición por tres razones fundamentales: 1) La moral que protege la Constitución es la moral civil y no la de un grupo religioso en particular; 2) La opinión de la mayoría no puede justificar la restricción de derechos a una minoría basada en su orientación sexual; y 3) No se busca acabar con el matrimonio sino permitir que más personas puedan celebrarlo. Nosotros estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario pues esta propuesta permite defender la libertad individual frente a prácticas históricamente excluyentes, allanando el camino hacia la construcción de una sociedad más tolerante, libre e igualitaria.

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lunes, 25 de junio de 2012

Censura e interpelación para los presidentes regionales



 
Hace algunas semanas el congresista Carlos Bruce presentó un proyecto de ley de reforma constitucional (01185/2011-CR) para que el Congreso de la República pueda citar, interpelar y censurar a los presidentes regionales por el trabajo que desempeñan en sus respectivas jurisdicciones.

Razones que justifican la iniciativa

En opinión del citado parlamentario, estas autoridades no están comprendidas dentro de la lista de funcionarios susceptibles de ser fiscalizados por el Poder Legislativo. Para el congresista Bruce, el proyecto busca establecer cierta equidad para que todos los funcionarios del Estado que manejan fondos públicos rindan cuentas ante el Congreso.

No es posible, afirmó Carlos Bruce, que un ministro de Estado sí pueda ser citado y obligado a asistir al Parlamento, que pueda ser incluso susceptible de una interpelación y/o censura, mientras que un presidente regional no. Muchos presidentes regionales, remarcó, incluso se niegan y hacen caso omiso a estas citaciones.

Nosotros consideramos saludable la iniciativa y la voluntad de congresistas como Carlos Bruce de mejorar los sistemas de control y fiscalización de todos los funcionarios públicos de nuestro país. Sin embargo, es preciso advertir que esta modificación constitucional puede resultar generando mayores problemas jurídicos y políticos que los que aparentemente pretende solucionar. En ese sentido, debemos hacer algunos apuntes que ayuden a perfilar de mejor manera el debate.

¿Cuál es la naturaleza de estas figuras parlamentarias?

En primer lugar, debemos tener presente que tanto la interpelación como la censura son mecanismos de control político propios del Parlamento pensados única y exclusivamente para la fiscalización y la supervisión de la actuación del Poder Ejecutivo. Esa es su finalidad y naturaleza. Ello es así pues lo que se busca es establecer un sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En tal sentido, ampliar el alcance de estas figuras a los presidentes regionales resulta una medida poco ortodoxa desde un punto de vista político y constitucional que desnaturaliza la razón de ser de estas instituciones pues como se sabe los presidentes regionales no forman parte del Gobierno Central sino más bien son la cabeza visible de gobiernos subnacionales.

¿Control o castigo?

En segundo lugar, debemos fijar con claridad cuál es el verdadero objetivo de esta medida. Decimos ello pues existe una enorme diferencia entre la potestad de citar y preguntarle a una autoridad por los avances o problemas de su gestión buscando contribuir con esta en el desarrollo de sus políticas, frente a la facultad de interpelarla y censurarla a pesar de no formar parte del Poder Ejecutivo.

Descentralización y persecución política

En tercer lugar, la medida propuesta por el señor Bruce, en caso de no ser evaluada con rigurosidad y conocimiento técnico, puede terminar entorpeciendo el proceso de descentralización y regionalización iniciado durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se corre el riesgo de que dicha facultad termine convirtiéndose en un instrumento de presión o persecución contra aquellas autoridades regionales o locales que “sin incurrir en delitos o actos ilegales” resulten incómodas al Gobierno Nacional, al sostener tesis contrarias a las propuestas por el Poder Ejecutivo o por la mayoría congresal.

La revocatoria como mecanismo de control político

En cuarto lugar, debemos tener presente que actualmente ya existe en nuestra legislación un proceso de evaluación política de la gestión o desempeño de los presidentes regionales: la revocatoria. Es decir, esta modificación planteada no hace sino repetir la finalidad perseguida por mecanismos de democracia directa como el proceso revocatorio. La revocatoria fue pensada justamente para ello, para evaluar la labor y performance política de las autoridades regionales y locales, otorgándole a los electores la posibilidad de retirarles la confianza a aquellas autoridades elegidas directamente por el voto popular.

La medida exige cambios legislativos mayores

En quinto lugar, en caso de que la iniciativa prospere, ello exigiría una modificación en la legislación electoral y regional. Decimos ello pues la censura de un presidente regional nos invita a plantear algunas interrogantes que en su momento deberían ser absueltas legislativamente, por ejemplo: ¿Quién reemplaza al presidente regional censurado? ¿La censura de un presidente regional supone la convocatoria inmediata a nuevas elecciones? ¿Se puede censurar a un presidente regional en cualquier año de su gestión? ¿La censura de un presidente regional no supone acaso una alteración en el periodo de mandato de esta autoridad y, por consiguiente, un cambio en toda la legislación electoral regional y local? Estas son preguntas que deben hacerse y que al parecer han pasado desapercibidas por los medios de comunicación y los congresistas que hoy en día apoyan esta propuesta.

Para fiscalizar no es necesario reformar la Constitución

En sexto lugar, no compartimos la razón expuesta por el congresista Bruce en torno a la necesidad de modificar la Constitución para lograr que los presidentes regionales rindan cuentas ante el país. En nuestra opinión, basta con desarrollar legislativamente los alcances del artículo 199 de la Carta y señalar con claridad que dentro de los organismos encargados de fiscalizar la labor de los gobiernos regionales también se encuentra el Congreso de la República. Para nosotros, si la finalidad de la medida es únicamente supervisar y fiscalizar el desempeño de los gobiernos subnacionales basta con la promulgación de una ley de desarrollo constitucional en los términos del artículo constitucional ya señalado.

En términos prácticos la reforma es inviable

Finalmente, y más allá de la reflexión política y constitucional, existe un dato fundamental que desde nuestro punto de vista no ha sido adecuadamente calibrado. Para reformar la Constitución se requiere alcanzar un amplio consenso al interior del Congreso. Para sortear la convocatoria a un referéndum nacional sobre la materia se requiere una mayoría de 87 votos que apruebe en dos legislaturas sucesivas un proyecto de reforma. Por lo tanto, y a la luz de la experiencia reciente, qué tan viable es para un Parlamento como el nuestro, que ha demostrado su absoluta incapacidad para generar consensos para la toma de grandes decisiones como el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva o del Defensor del Pueblo, impulsar una reforma de este tipo.

Por estas razones, nosotros consideramos, que dados los argumentos constitucionales y políticos expuestos, lo recomendable sería fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación ya existentes, consolidar a las instituciones vinculadas a esta tarea, y con ello fortalecer el sistema de control de nuestro sistema político. En ese sentido, para nosotros, la reforma de la Constitución no es necesaria.

Este artículo será publicado en el N° 53 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

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