miércoles, 11 de marzo de 2015

LAS PAREJAS HOMOSEXUALES SÍ PUEDEN ADOPTAR NIÑOS


La Corte Constitucional de Colombia (en adelante, la Corte) ha puesto punto final al intenso debate que durante las últimas semanas se generó en torno a la posibilidad de una ampliación del derecho de adopción para las parejas homosexuales, el mismo que no se limitaría al hijo biológico del compañero (a) con quien se tiene una relación estable, sino que operaría frente a cualquier niño en estado de abandono.

Así, en la noche del miércoles 18 de febrero, la Corte, luego de ocho (8) horas de debate, anunció a través de su cuenta en Twitter que “las parejas homosexuales sólo podrán adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero (a) permanente", confirmando lo señalado en la Sentencia SU-617 (2014), y ratificando su línea jurisprudencial marcada desde el año 2011 (Sentencia C-577) referida al reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales).

Ahora bien, tomando como referencia lo señalado por Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, la más importante organización que defiende los derechos de la comunidad LGTB, habría que señalar que la comunidad LGTB en Colombia, como en otros países del mundo, ha venido conquistando derechos paulatinamente. Primero fue la protección a los bienes de la pareja, luego su afiliación a la sanidad, después el derecho a recibir una pensión y el de heredar a su compañero sentimental cuando fallezca. Asimismo, las parejas homosexuales solicitaron que se les reconozca el derecho a constituir una familia, logrando que se abra la posibilidad de acudir a notarías y juzgados a legalizar sus uniones civiles.


¿Qué estableció la Corte en 2014?

El año pasado, la Corte, mediante la Sentencia SU-617, con seis votos a favor y seis en contra, en el marco de un Pedido de Tutela (equivalente a nuestro Proceso de Amparo), aprobó que Verónica Botero adopte a la hija “biológica” de Ana Leiderman, con quien sostiene una relación desde 2005.

Las dos mujeres se conocieron desde niñas en Medellín. En 2005 ambas optaron por formalizar su unión en Alemania. Luego, la pareja decidió tener un hijo, por lo que Ana se sometió a un tratamiento de inseminación artificial. Fue así como en 2008 nació su hija y al año siguiente Verónica inició los trámites de adopción. Finalmente, luego de 6 años de lucha jurídica y de vencer uno sin número de obstáculos procesales, la pareja logró que su caso llegue a conocimiento de la Corte, la misma que en un fallo histórico, terminó dándoles la razón, abriendo la puerta para que las parejas homosexuales puedan adoptar si alguno de los dos es el padre o la madre biológica del menor y quien quiera adoptarlo sea su pareja sentimental estable.

La Corte hizo una importante precisión

Luego de la polémica generada por este fallo, la Corte se vio en la necesidad de explicarle a la sociedad colombiana que esta decisión se refería estrictamente a los casos de Adopción Consentida. Es decir, cuando una persona quiere adoptar al hijo biológico de su compañero (a), precisando que para que esto ocurra, la pareja debía llevar por lo menos dos (2) años junta. Cabe recordar que Verónica y Ana tenían en 2014 una relación estable de nueve (9) años.


Ahora bien, dado que los sectores conservadores señalaron que este fallo habría la posibilidad para que las parejas homosexuales adopten de manera general (no sólo a los hijos biológicos sino a cualquier niño en estado de abandono), lo que se conoce con el nombre de Adopción Conjunta, la Corte aclaró que este tema sería visto en 2015, pues ya tenía conocimiento acerca de la presentación de una Demanda de Inexequibilidad (equivalente a nuestro Proceso de Inconstitucionalidad) que buscaba justamente analizar la validez constitucional de las normas legales que impiden la Adopción Conjunta.

Nuestra posición frente a la Corte

Es justamente la decisión tomada por la mayoría de la Corte (5 magistrados) en este nuevo fallo, la que ahora comentaremos, haciendo nuestro el enfoque constitucional expuesto por los magistrados (la minoría): Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, jueces que estaban a favor de reconocer el derecho de adopción a las parejas homosexuales ya sea a través de la Adopción Consentida o Adopción Conjunta, lo cual les permitiría adoptar no sólo a los hijos biológicos del compañero (a) estable, sino a cualquier niño en estado de abandono. Así, nosotros consideramos lo siguiente:

Primero:

La Corte debió avanzar hacia el reconocimiento de la igualdad de las familias conformadas por parejas heterosexuales y aquellas integradas por parejas del mismo sexo, en materia de adopción, más cuando existen elementos jurídicos y científicos suficientes para llegar a una decisión en esta dirección, los cuales derrotan ampliamente los preconceptos y estereotipos, constitucionalmente inadmisibles, en los que subrepticiamente se sostiene un trato diferenciado entre estas familias, y que termina siendo discriminatorio.



Así, la evidencia empírica, los estándares del derecho internacional vinculantes para Colombia, los precedentes del derecho comparado y los propios de la Corte Constitucional (Sentencias C-577 de 2011, T-276 de 2012 y SU-617 de 2014), así como conclusiones científicas y académicas significativamente mayoritarias, demuestran que impedir la adopción de menores por el solo hecho de la orientación sexual de las personas, implicaba no sólo un trato discriminatorio para las familias conformadas por parejas de esta condición, sino un déficit de protección para los menores en situación de adoptabilidad.

Segundo:

La posición mayoritaria no podía desconocer, como en efecto queda plasmado en la sentencia, que las familias integradas por parejas del mismo sexo se encuentran constitucionalmente reconocidas y protegidas, ya sean las conformadas por unión de hecho o las constituidas mediante la celebración de un vínculo contractual solemne formalizado ante juez o notario (Sentencia C-577 de 2011), protección que goza en la actualidad de reconocimiento constitucional. Esta protección no puede circunscribirse, a una dimensión patrimonial, o restringirse con fundamento en estereotipos o en preconceptos sociales que terminan alimentando tratos discriminatorios. De este modo, resulta incoherente que luego de acoger un concepto sociológico y pluralista de familia en el que también están comprendidas las parejas del mismo sexo, se les restrinja la posibilidad de consolidar y desarrollar su estatus de familia constitucionalmente protegido a través de la adopción conjunta.

Tercero:

La Corte no podía fijar restricciones genéricas e indeterminadas para la adopción por parte de familias conformadas por personas del mismo sexo, puesto que ello en el fondo implica un examen de idoneidad en abstracto, que toma en consideración la orientación sexual de los potenciales adoptantes. El examen de idoneidad debe efectuarse en cada caso concreto, a efecto de establecer si los miembros de la pareja, al margen de su orientación sexual, garantizan la idoneidad, física, mental, moral y social suficientes, para brindar una familia adecuada y estable a un niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad. La exclusión genérica y en abstracto, comporta un trato discriminatorio, en tanto el único fundamento es la orientación sexual de las personas.


Asimismo, la decisión mayoritaria, pese a que teóricamente lo pregone, no es consecuente con la concepción de familia plasmada en la Constitución en la que ni la heterosexualidad ni la consanguinidad constituyen características que la definan o identifiquen. Si se parte del concepto amplio, pluralista y comprehensivo de familia previsto en el mencionado precepto superior, como corresponde a un tribunal encargado de garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, los elementos que sí identifican, definen y caracterizan a todos los tipos de familia son los lazos de amor, el respeto y la solidaridad. Son estos factores, frente a los que la orientación sexual resulta irrelevante, los que deben contar a la hora de evaluar el entorno ideal para el desarrollo integral de un menor de 18 años.

Por tanto, este reconocimiento parcial, incompleto y precario, además de desconocer el carácter diverso y pluralista de las familias colombianas, conduce a nuevas inequidades, que quizás la mayoría no advirtió, como la de poner en un plano desventajoso y de exclusión al hijo adoptivo de uno de los miembros de la pareja, frente al hijo biológico, único que podrá ser objeto de la adopción consentida, según la postura mayoritaria. Estos reconocimientos parciales e incompletos perpetúan escenarios de exclusión, e impiden avances significativos en la lucha contra la discriminación.

Cuarto:

La mayoría admite, por una parte, que la Constitución ordena y protege la adopción consentida del hijo biológico del compañero o compañera permanente, con independencia de si este es del mismo o de distinto sexo que el adoptante. Aceptar esto implica necesariamente asumir que el hecho de estar conformada una pareja por personas del mismo sexo no comporta su falta de idoneidad como padres o madres adoptantes. Si una pareja del mismo sexo, puede criar a una hija o hijo biológico de uno de sus integrantes, es porque el hecho de la conformación sexual de la familia no determina su aptitud como padres o madres. Luego, si se acepta la adopción consentida del hijo biológico de uno de los miembros de la pareja del mismo sexo, pero al mismo tiempo se excluye a esa misma pareja, o a otra que no tenga hijos biológicos, de la posibilidad de adoptar conjuntamente, se abre paso a obvios problemas y paradojas.

Quinto:

La Corte parece sostener que la Constitución condiciona la posibilidad de adoptar, por parte de parejas del mismo sexo, a que sea sobre el hijo biológico de uno o una de las integrantes de la familia. Esto puede interpretarse de dos maneras: o bien como una forma de protección al menor de edad, o bien como un modo de identificar un criterio que determine la aptitud de la pareja para criar al niño, niña o adolescente. Sin embargo, en cualquiera de estas dos alternativas habría inconsistencias profundas, radicales y extensas que demuestran la irrazonabilidad de la decisión tomada en este caso por la Corte.


En todo caso, cabría preguntarse por qué la Corte circunscribe la adopción consentida a que el hijo sea biológico. La cuestión es que una mujer o un hombre, de forma individual y sin tener pareja, pueden adoptar a un menor de edad. Si eso ocurre, y su relación paterno filial trascurre en condiciones perfectamente acordes con el ordenamiento jurídico, se ha creado una situación igual a la que tiene un hijo con su madre o padre biológico. ¿Acaso un menor que por desventura está por fuera del seno de sus padres biológicos pero es adoptado inicialmente por un individuo, no puede ser luego adoptado, por consentimiento, por la pareja del mismo sexo de su adoptante inicial, aun cuando tenga igual confianza, arraigo familiar y amor que un hijo biológico? La decisión diferenciada de la Corte introduce, como se ve, una discriminación fundada en el origen familiar del menor, que está expresamente prohibida por la Constitución.

Sexto:

La mayoría de la Corte “dice” tomar una decisión sobre la base de unos principios (dignidad, libertad e igualdad), pero luego se abstiene de llevarlos hasta sus consecuencias lógicas. La mayoría basó su condicionamiento en el principio de igualdad. Por ese motivo, al decidir que las parejas del mismo sexo pueden adoptar al hijo biológico de uno de ellos, acepta explícitamente que no hay razones para un trato diferenciado e implícitamente que los niños y niñas no sufren por ello consecuencias negativas, pues de haberlo considerado así no habría efectuado el condicionamiento. Concedidas esas premisas, es entonces incomprensible que la mayoría concluya su argumentación con una distinción entre hijos biológicos y no biológicos. Si, por una parte, las parejas del mismo sexo no representan peligro para los biológicos, ¿por qué no aceptar expresamente que tampoco lo son por ese hecho para ningún otro menor de edad?

A modo de conclusión

Nos parece oportuno tomar la opinión expuesta por el ex  magistrado de esta Corte, Carlo Gaviria Díaz en la Sentencia T-290 de 1995, para redondear con total nitidez la posición que nosotros tenemos frente a esta temática: “negarle a una persona la posibilidad de adoptar o cuidar un niño, por la sola razón de ser homosexual, constituiría ciertamente un acto discriminatorio contrario a los principios que inspiran nuestra Constitución”. Además, este magistrado nos recuerda que “el comportamiento ético de una persona nada tiene que ver con sus predilecciones amorosas y es aquél, y no estas, el que ha de evaluarse para decidir si un adulto es o no competente para educar a un niño”.


Por lo tanto, y apelando a la vigencia de la posición expuesta por Gaviria Díaz hace más de veinte años, nosotros creemos, siguiendo al juez Luis Ernesto Vargas Silva, que en esta oportunidad la Corte, en ejercicio del control abstracto y de efectos generales que le correspondía en sede de constitucionalidad, debió avanzar hacia el reconocimiento de la posibilidad de adoptar, por parte de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, independientemente del origen biológico o adoptivo del niño, e incluso hacia la posibilidad de adoptar conjuntamente como familia que convoca el reconocimiento y la protección constitucional, en condiciones de igualdad.

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jueves, 5 de febrero de 2015

UNIÓN CIVIL: ¿POR QUÉ NO SEGUIMOS EL CAMINO DE CHILE?


El miércoles de la semana pasada (28ENE2015), el Congreso de la República de Chile aprobó el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) creando el Acuerdo de Unión Civil, el mismo que podrá ser suscrito por parejas heterosexuales como homosexuales, convirtiéndose en el séptimo país de América del Sur en promulgar una legislación que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a unirse civilmente bajo el reconocimiento oficial del Estado.

Al respecto, son gráficas las palabras de la presidenta del Senado, Isabel Allende, quien calificó de “paso histórico” la aprobación de esta ley, que a su juicio, permite “avanzar en el respeto, derechos y dignidad de las personas, pues garantiza que hoy en día nadie sea discriminado por su identidad sexual”.

Como se recuerda, desde 2003, diversas propuestas fueron presentadas en el Congreso chileno con el objetivo de garantizar el derecho de las parejas del mismo sexo a universo civilmente. De hecho, en 2006 y 2010, los principales candidatos presidenciales se comprometieron a presentar propuestas normativas sobre esta materia, señalando públicamente que apoyaban la lucha de la comunidad LGTB por alcanzar este objetivo.

En declaraciones a la prensa, el ex presidente chileno Sebastián Piñera declaró que estaba a favor de legalizar una forma de unión civil para parejas heterosexuales y homosexuales (por igual), ya que su intención era la de “proteger y salvaguardar la dignidad de todas las parejas”, reconociendo a las segundas, una serie de derechos que hasta la fecha eran disfrutados exclusivamente por las parejas casadas: herencia, bienestar y/o asistencia social, seguro médico, pensiones, entre otros.
Fue así como en 2011, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó ante el Parlamento chileno el proyecto de ley que creaba el AVP, el mismo que pese a la idea de que Chile es un país “fuertemente conservador”, recibió -desde su presentación- el apoyo creciente y entusiasta de la opinión pública, la misma que hoy en día ha respaldado esta Ley por considerar que se trata de una medida que reconoce y tutela los derechos de una minoría históricamente discriminada.
De hecho, recientes estudios de opinión pública revelan que la mayor parte de la población chilena está a favor de este tipo de iniciativas que reconocen y garantizan los derechos de las parejas homosexuales, para que los mismos sean ejercidos en condiciones de respeto e igualdad. Así, casi el 70% de los chilenos está a favor de esta Ley de Unión Civil. Además, según el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), siete (7) de cada diez (10) jóvenes en Chile apoyan el matrimonio homosexual y un 64% aprueba la adopción por parte de homosexuales. Asimismo, la encuesta titulada “Percepciones en torno a la Diversidad Sexual” muestra que del 70% de apoyo al matrimonio homosexual, son más mujeres (75%) que hombres (65%) las que lo aprueban.
Como ya lo señalé en líneas anteriores, Chile ya forma parte del grupo de países (casi todos) en Sudamérica que cuenta con una legislación que reconoce el derecho de las parejas homosexuales a unirse civilmente. Así, en esta parte de Latinoamérica, sólo tres países carecen de este tipo de normativa: Bolivia, Paraguay, y lastimosamente, Perú. ¿Hasta cuándo? Yo creo que más temprano que tarde nuestro país también dará este paso, sobre todo, si tomamos en cuenta que entre la población juvenil, menos machista y homofóbica, el respaldo a esta medida es cada vez mayor. La aprobación de la Unión Civil –luego el matrimonio homosexual, de eso estoy seguro- es tan sólo cuestión de tiempo, ya que como se dice: “uno no puede oponerse al avance y peso de la historia”.

¿Por qué sostengo ello? Una encuesta de Apoyo (2014) reveló que el 31% de los peruanos apoya el Proyecto de Ley de Unión Civil para parejas del mismo sexo presentado por el Congresista Carlos Bruce, y al paso que vamos, creo que este porcentaje aumenta cada día. Esta es una tendencia global que se presenta en casi todo el mundo -occidental- (el Perú no es la excepción). Para ello, basta recordar, por ejemplo, que en el año 1996, solo el 27% de los estadounidenses apoyaba el matrimonio gay, y que hoy ese porcentaje es de 54%. Como bien lo apunta Levitsky: “la opinión pública cambia rápidamente en estos temas, algo que también pone en evidencia la creciente marginalidad política de la Iglesia católica”.
El respaldo a esta nueva figura civil, lo dije en una anterior columna, crece debido a que en el Perú, como en los demás países de occidente, la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y homosexuales ya es vista como parte del canon constitucional y democrático que toda sociedad moderna hace suyo. Por tanto, así como a nivel legislativo, empiezan a aparecer leyes destinadas a proteger los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, y otros sectores históricamente excluidos e invisibilizados, no es extraño que en un país mayoritariamente católico y conservador como el nuestro, este tipo de iniciativas recién se empiecen a discutir en la segunda década del siglo XXI, más cuando históricamente en el Perú, a los políticos les ha costado muchísimo -mueren de miedo- enfrentarse a la jerarquía eclesial.
Por eso creo que el futuro de este tipo de iniciativas: unión civil, matrimonio homosexual, aborto o eutanasia, entre otras, dependerá mucho de la presión política y mediática que ejerzan los sectores conservadores de nuestra sociedad, encabezados, como es de suponer, por la Iglesia católica. Sin embargo, no es menos cierto que la Iglesia católica ha perdido –paulatinamente, con el transcurso de los años- el enorme poder fáctico que otrora ostentaba, situación que debe ser aprovechada por quienes desde la sociedad civil impulsan este tipo de iniciativas que apuntar a construir una sociedad libre e igualitaria para todos los ciudadanos, sin importar la identidad sexual que éstos presenten. En otras palabras, si la Iglesia católica presiona, la sociedad civil debe estar preparada para responder a nivel político y mediático, para ello, la calle siempre es una opción.

En todo caso, la aprobación de esta Ley de Unión Civil en Chile ha logrado que el debate sobre este tema en nuestro país vuelva a cobrar impulso. El mismo que a mi juicio pasa únicamente por analizar si la Constitución y/o la Ley establecen algún impedimento que imposibilite la aprobación de esta iniciativa. En mi opinión, no existen razones jurídicas para oponerse a este propósito, salvo se considere que en un Estado No Confesional como el peruano, la cita de versículos bíblicos u opiniones arzobispales bastan para negarle a una minoría –las cifras más conservadoras hablan de un 10% de la población peruana- su libertad para ejercer plenamente sus derechos.
A modo de conclusión, debo decir que me complace que un país hermano como Chile, se haya sumado a la lista de naciones en el mundo que reconocen el derecho de todas las parejas a unirse civilmente, sin importar la identidad sexual de las mismas. La clase política chilena nos ha dado una lección de cómo en un país mayoritariamente católico, el Estado republicano asume su laicidad y legista en función de razones jurídicas los temas vinculados al reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (heterosexuales y homosexuales), separando lo religioso de lo político.

En nuestro país, como lo anoté en una reflexión previa, solo el tiempo nos dirá si los parlamentarios en el año 2015 aprobaron la Ley de Unión Civil, adoptando una posición política auténticamente democrática y republicana, inspirada en los valores de libertad e igualdad, o si por el contrario, decidieron someterse –por temor o conveniencia- a lo que el “vocero de Dios” proclama todos los domingos desde el púlpito de la Catedral de Lima.

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lunes, 21 de abril de 2014

EL REFERÉNDUM DE MONSEÑOR CIPRIANI


En el Perú, país en donde el promedio de lectura por habitante es de un libro por año, las propuestas más descabelladas suelen tener una resonancia que en otras latitudes no harían otra cosa que arrancar una sonrisa.

Monseñor Cipriani (MC), Cardenal de Lima, y uno de los más insignes representantes del sector más conservador del catolicismo nacional, ha propuesto que el Proyecto de Ley (PL) que busca la “Legalización de las Uniones Civiles No Matrimoniales entre las personas del mismo sexo”, sea sometido a referéndum. En otras palabras, lo que propone MC es que todos los ciudadanos decidan “democráticamente” si este PL, que busca ampliar y reconocer derechos a una minoría históricamente discriminada (los homosexuales) debe o no ser aprobado.

La justificación de quienes apoyan la propuesta de MC es básicamente la siguiente: “siendo un tema que cambia profundamente la naturaleza de la familia, este debe ser sometido a consideración de todos los ciudadanos. Además, el PL viola las convicciones religiosas más profundas de nuestro país. Por tanto, si lo que se busca es un cambio tan drástico en nuestra sociedad, entonces la propuesta debe contar con la aprobación de la mayoría de los peruanos”.

MC no es jurista, y muchos de los que secundan la propuesta tampoco lo son, por lo que no tienen la obligación de conocer sobre Derecho Constitucional o Derechos Humanos. Sin embargo, quienes sí hemos recibido esta formación, tenemos el deber de explicarle a la ciudadanía por qué la propuesta del Cardenal es totalmente inconstitucional. Veamos a continuación las razones que sustentan nuestra posición.


Los límites del Referéndum en la Constitución

Nuestra Carta Política (artículo 32) señala expresamente que no puede someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales, y tampoco los tratados en vigor. Eso quiere decir, que no es cierto que el poder legislativo originario (el que tiene el pueblo) sea ilimitado, y que en una democracia todo asunto pueda ser sometido al voto de la mayoría. Pongamos un ejemplo: en nuestro país, tampoco sería posible someter a referéndum, la ampliación de los supuestos para la aplicación de la pena de muerte. Algo que todos los juristas saben, pero que algunos ex presidentes quieren ignorar.

Sin embargo, los defensores de la propuesta de MC señalan que esta prohibición constitucional no aplica para este caso, pues lo que busca este PL es reconocer “nuevos” derechos en favor de personas que no los tienen, y que por tanto, este referéndum no tiene por finalidad la supresión o disminución de ninguna libertad fundamental, sino todo lo contrario.

Este razonamiento, que parece “lógico”, no es otra cosa que un sofisma para desconocer algo que para muchos nos resulta evidente: si todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos (libre desarrollo, intimidad, identidad, entre otros), ¿acaso una propuesta como la de MC, no busca el recorte de los mismos  o impide su pleno reconocimiento (para esta minoría), pero esta vez a través del voto ciudadano?

Evidentemente que sí, por eso quienes leemos la Constitución de manera sistemática y reconocemos el conjunto de valores, derechos y principios (libertad, dignidad e igualdad) que esta consagra, estamos plenamente convencidos de que la prohibición recogida en este artículo constitucional hace que la propuesta del Cardenal sea inconstitucional por donde se la mire.


Los derechos de las minorías

Además de ello, es preciso saber que los derechos humanos de las personas, sobre todo los de las minorías, operan siempre como un límite al poder mayoritario (público o privado). Los derechos humanos son, como la doctrina lo señala, instituciones de naturaleza contramayoritaria, que le aseguran a la persona un espacio de protección frente a la sociedad y al Estado. Eso ha hecho que a lo largo de la historia, el reconocimiento y ampliación de derechos en favor de las minorías hayan surgido siempre a partir de movimientos de reivindicación de éstos, que se oponían a la opinión de las mayorías interesadas en mantener y perpetuar cualquier discriminación y trato asimétrico.

¿Qué hubiese pasado si en el siglo XIX se sometía a referéndum la abolición de la esclavitud? ¿Qué hubiese pasado si en las primeras décadas del siglo XX se sometía a referéndum el reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer? ¿Qué hubiese pasado si en la primera década del siglo XX se sometía a referéndum el derecho al sufragio de los analfabetos? ¿Qué hubiese pasado si en los albores del siglo XX se sometía a referéndum el derecho de la mujer a usar anticonceptivos?

La respuesta es muy sencilla: todas esas propuestas que buscaban reconocer o ampliar derechos en favor de una minoría y/o grupo en desventaja, habrían sido rechazadas por el voto de las mayorías. De hecho, ninguna de estas iniciativas, que buscaban universalizar y generalizar el ejercicio de estos derechos fue aprobada por voto ciudadano. Siempre, a lo largo de la historia, han sido los órganos legislativos y/o jurisdiccionales los que partiendo del reconocimiento de la naturaleza contramayoritaria de los derechos humanos, decidieron aprobar este tipo de medidas en favor de los grupos minoritarios y/o en desventaja.

El Estado y la protección de los grupos en desventaja

A propósito de lo que acabamos de señalar, es importante recordar que frente a los grupos en desventaja (afroamericanos, analfabetos, homosexuales, etcétera) que son objeto de marginación y exclusión, no basta la aplicación “formal” del principio de igualdad y no discriminación. Eso quiere decir, que en una democracia, para que el Estado cumpla con su obligación de tutelar el derecho a la igualdad, no basta con sancionar a quienes discriminan o atropellan los derechos de las minorías. En una democracia, es fundamental que los poderes públicos favorezcan a estos grupos adoptando políticas públicas y normativas efectivas. Es decir, el apoyo que el Estado debe brindarles a estas minorías se logra a través de una legislación (como el PL) que reconoce y amplía el catálogo de derechos en beneficio de los grupos tradicionalmente discriminados.



El Estado y el principio de no discriminación

Por tanto, someter a referéndum una propuesta como la que se plantea en el PL, cuyo fin es reconocer derechos en favor de esta minoría homosexual, supondría la violación directa de los principios de igualdad, no discriminación y apoyo de los poderes públicos a los grupos en desventaja, reconocidos por nuestro país a nivel constitucional (artículo 1, 2, 44 y 4 DFYT, entre otros) y supranacional (artículo 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros); y al mismo tiempo, hace que esta condición de grupo vulnerable se perpetué, pues el Perú seguirá contando con un porción de su población a la cual el Estado no le reconoce los mismos derechos que a la mayoría, únicamente en razón de su orientación sexual, tal y como lo señaló en su oportunidad la Sala Constitucional de Costa Rica (sentencia del año 2010), al declarar inconstitucional un referéndum como el que ahora MC propone.

La fe religiosa y la moral civil

Los seguidores del Cardenal han señalado que lo que está en juego con este PL es el futuro de nuestra especie, pues Dios creo al hombre y a la mujer para que se reproduzcan, oponiéndose a las relaciones entre personas del mismo sexo. Y que por tanto, todos los que comparten esa fe (nuestra mayoría católica) deben respaldar la propuesta de referéndum.

Como podemos apreciar, queda claro que la motivación que impulsa a los promotores de esta propuesta es esencialmente religiosa, que obedece a las creencias de un sector que, además, se opone, abiertamente a las relaciones entre personas del mismo sexo pues la considera pecaminosas y contrarias al “modelo de vida” impuesto por el Divino Creador, algo que no resulta acorde con los valores de tolerancia y pluralidad que todo sociedad democrática y libre debe defender. Como si en el mundo contemporáneo (real) existiese una única manera de ser feliz o un solo modelo de familia.


La democracia contra la democracia

MC y sus acólitos, también han señalado que no hay nada más democrático que pedirle al pueblo que legisle directamente sobre este tema. Como ya lo hemos advertido, el poder legislativo (pueblo y parlamento) tiene límites, y uno de esos límites lo constituye el respeto por los derechos humanos.

Si en el Perú la propuesta de MC fuese llevada a la práctica, lo que estaríamos haciendo en realidad  sería “usar una figura de una profunda finalidad democrática y participativa” para desconocer los derechos de un grupo minoritario, algo que trastoca el núcleo ontológico de nuestra Constitución, pues estaríamos manipulando a una institución que promueve la participación,  justamente para evitar que algunos  peruanos ejerzan y gocen de los mismos derechos que todos nosotros. Este fraude, como también lo señaló la Corte en Costa Rica, se torna más evidente en este tipo de casos en los cuales el referéndum es promovido por grupos que pertenecen a la mayoría y adversan abiertamente la reivindicación de los derechos de una minoría.

Los tratados deben cumplirse

Si el PL fuese rechazado por la mayoría de peruanos en un referéndum, ¿eso no supondría la violación de los tratados ratificados por el Perú en los cuales nuestro país se comprometió a remover todo tipo de práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de las personas? Nosotros creemos que sí. Ya que como se sabe, los Estados deben hacer todos los esfuerzos por dar cumplimiento al objeto y fin de los tratados (no discriminar); y no pueden invocar normas o procedimientos de derecho interno, en este caso el referéndum, para incumplir con sus obligaciones internacionales asumidas.


Por todas estas consideraciones, creemos que un referéndum como el que propone MC, no sólo violaría normas constitucionales, sino también internacionales, por lo que legalmente es inviable. Por eso, para nosotros, la propuesta de MC no es otra cosa que un llamado abierto para discriminar. 

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jueves, 3 de septiembre de 2009

El matrimonio en el siglo XXI


Uno de los temas más polémicos en nuestros días, tanto en el Perú como en el mundo, es la posibilidad de ampliar las fronteras de la institución matrimonial y permitir que personas del mismo sexo contraigan nupcias. Hace algunos años a nadie en la ciudad de Lima se le hubiera ocurrido siquiera la posibilidad de que una propuesta de este tipo cobre viabilidad tanto desde el punto de vista social como jurídico. Hoy en día, la sociedad peruana, y en especial la limeña, ha cambiado de manera de pensar, ha sido capaz de ampliar sus horizontes mentales y percibir con una mayor apertura la presencia cada vez más continua de personas que presentando una opción sexual no tradicional (heterosexualidad) tienen el pleno derecho de elegir y desarrollar cabalmente su propio proyecto de vida, el cual incluye, sin lugar a dudas, la posibilidad de elegir una pareja, vivir con ella, establecer lazos de afecto a lo largo del tiempo y gozar, en alguna medida, de la protección legal que las parejas heterosexuales reciben de parte de la Constitución y las leyes de nuestro país.

Una reciente encuesta elaborada por el grupo Apoyo revela cifras que avalan a plenitud el diagnóstico antes descrito. Según este estudio el 80% de entrevistados (de un universo de 1000 personas) respondió que tolera a los homosexuales y más del 60 % señaló estar de acuerdo en que la homosexualidad es una opción sexual distinta pero válida. Estos datos grafican el cambio que la sociedad peruana ha venido experimentando en los últimos años, al parecer, el índice de tolerancia hacia lo diferente y la aceptación de que lo distinto o inusual no es necesariamente malo es una tendencia que no parece menguar y que, de acuerdo a la opinión de analistas y expertos en el tema, en los próximos años tenderá a generalizarse con una mayor fuerza y convicción.

Pero no todas las preguntas de la mencionada encuesta recibieron respuestas tan progresistas y liberales. Tenemos que el 61% considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar y un 51% afirma que no compartiría una habitación con un homosexual. Sin lugar a dudas, el sondeo completo nos habla de una sociedad que se encuentra en permanente cambio de mentalidad, cambio que no puede darse de manera abrupta y gradual, sobre todo cuando este trae consigo la modificación de patrones mentales y condicionamientos sociales que han estado inmersos en el discurso colectivo durante muchísimos años (la homosexualidad es una enfermedad, los homosexuales son más promiscuos que los heterosexuales, los niños no estarán a salvo en manos de una persona homosexual, etc.). Sobre el particular, el psicoanalista Moisés Lemlij afirma: Las cifras nos hablan de una ambiente social que empuja a la gente a ser más liberal” aunque no todos estén convencidos de ellos. Además, no todos los cambios se dan en paralelo, una cosa es la tolerancia en abstracto, y otra cosa es aceptar que sus hijos les confiesen que son homosexuales o dejarlos al cuidado de uno”.

Ahora bien, la polémica sobre la posibilidad de consagrar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo sigue siendo el debate que mayores enfrentamientos suscita en los diversos círculos de la sociedad. Debemos tener en cuenta que durante casi 2000 años, la religión ha tenido gran influencia en la manera como las instituciones jurídicas han sido diseñadas y consagradas en los diversos ordenamientos jurídicos del mundo. En ese sentido, en sociedades como la nuestra en las cuales la influencia de los dogmas católicos tiene una presencia muy fuerte, hablar de la posibilidad de un matrimonio civil entre personas del mismo sexo se torna un sacrilegio. Recordemos que para la Iglesia Católica el matrimonio sólo es posible entre personas de diferente sexo, entre un varón y una mujer, ya que la finalidad del mismo es la reproducción humana y la educación de los niños y niñas de acuerdo a los planes que dios ha revelado en las santas escrituras.

El problema de argumentar en favor o en contra de una propuesta de este tipo a partir de las consideraciones morales o religiosas que el grupo mayoritario de una sociedad profesa (los católicos) radica en el desconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos de profesar otras creencias y otros cultos, estableciendo una suerte de preferencia a favor de la mayoría, vulnerando el derecho de un sector de la población que goza del derecho a reclamarle al Estado el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de los mismos en condiciones de igualdad y con plena libertad. El Estado, a través de su legislación, ya sea penal o civil, no puede imponer un modelo de realización personal a seguir, no puede obligarnos o conminarnos a elegir un modelo de vida y una opción que no es la nuestra, no puede hacerlo de manera directa (hay todavía 80 países en los cuales ser homosexual es ilegal) o indirecta (desconociendo el derecho de las personas del mismo sexo a un tipo de unión civil que les garantice derechos como el seguro médico o la herencia), el Estado , en cambio, en una sociedad democrática y plural, debe reconocer, promover y velar por el ejercicio pleno y cabal de los derechos de todos sus ciudadanos, sin distinciones absurdas que traigan consigo conductas discriminatorias entre unos y otros.

Las voces que se oponen a esta iniciativa señalan que resulta antinatural que dos personas del mismo sexo se unan civilmente, me pregunto quién define lo que es natural o antinatural en la sociedad contemporánea, que la homosexualidad es una enfermedad, cuando ya en 1973 la Asociación Psiquiátrica de EE.UU retiró la homosexualidad de su lista de patologías mentales, que resulta peligroso reconocer el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo ya que el paso siguiente será el reconocerles el derecho de adopción, situación que no se ha presentado en ninguno de los 17 países (España, Holanda, Argentina) en los cuales se permite algún tipo de unión civil.

Personalmente creemos que no existen razones jurídicas, y de ningún tipo, que imposibiliten la figura de algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo, ellas tienen derecho a elegir libremente su plan de vida, a compartir su vida con el ser que mejor prefieran, a ejercer sus derechos con tanta libertad como las parejas heterosexuales, y a recibir por parte del Estado y la sociedad un trato que no suponga una discriminación encubierta que entorpezca o menoscabe su derecho al libre desarrollo de su personalidad.

En tal sentido, recomendamos la incorporación de la figura de la unión civil entre parejas del mismo sexo, la modificación del artículo 5º de la Constitución el cual sólo admite la posibilidad de uniones de hecho que originen comunidad de bienes en los casos de las uniones entre un varón y una mujer, ya que entendemos que la finalidad de la unión entre dos seres humanos, la decisión de hacer una vida en común, no pasa por el hecho de traer hijos al mundo o no, sino por el deseo de compartir una vida al lado del ser querido y que esta goce del aval y la protección de la sociedad y del Estado, en temas tan cruciales como la herencia, el seguro médico y todo el conjunto de beneficios y garantías que el matrimonio civil le otorga a la pareja.

Finalmente, no podemos terminar el presente artículo sin hacer mención a la problemática de la adopción en las parejas del mismo sexo, ya que la controversia que se suscita en torno a este tema, y los temores que se desatan en la sociedad merecen una respuesta que va mas allá del ámbito estrictamente jurídico, ya que debemos de tener en cuenta que en este supuesto el bien jurídico y el valor que está en juego es la tutela de los derechos del menor, en ese sentido, deberá de considerarse el impacto psicológico que esta figura tenga en el desarrollo de la personalidad del niño, por ello somos de la idea que si bien se debe de reconocer la posibilidad de legalizar la unión o matrimonio civil entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que esta pareja adopte es una tema que merece una mayor discusión ya no en el ámbito jurídico, sino en al ámbito médico, y psicológico particularmente.

Rafael Rodríguez Campos



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