Rosa Mavila, abogada y Congresista
de la República, conversa con “LA LEY” y expone sus puntos de vista en torno a
temas vinculados a la reforma constitucional, lucha contra la corrupción,
sistema penitenciario y conflictos sociales. Al mismo tiempo, nos brinda
algunas reflexiones sobre la coyuntura política actual y explica las razones de
su alejamiento de la bancada de Gobierno en el Parlamento.
POR: RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS
Sobre la reforma constitucional como
oferta electoral
- Ollanta Humala, señaló durante la
campaña que la Constitución de 1993 no viabilizaba el proyecto de
transformación del país. ¿Usted cree que para el “actual presidente” la
Constitución de 1993 sí posibilita la transformación del país?
Durante la campaña diversos sectores
sociales y políticos sostuvimos la necesidad de redefinir el orden
constitucional vigente. Sin embargo, existen sectores que siendo
arrebatadoramente defensores de la Carta de 1993 tratan de defender la idea impuesta
bajo la cual al Estado solo le corresponde un
rol subsidiario en temas económicos y sociales. Nosotros, por el
contrario, creemos que el Estado debe asumir un rol protagónico y tuitivo en
materia de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros creemos que es
necesario abrir un debate nacional sobre algunas reformas constitucionales. Sin
embargo, y siendo pragmáticos, debo decir que para reformar la Constitución
necesitamos cuando menos 87 votos, una mayoría que en la actualidad no tenemos.
- A propósito de las reformas
constitucionales: ¿Recuerda usted algunas de las propuestas de reforma constitucional
planteadas por el presidente el 28 de julio?
No, no las recuerdo. Le agradecería
que me refresque la memoria (paso a refrescarle la memoria).
- ¿Comparte la propuesta del presidente
de modificar la Constitución para que los delitos de corrupción de
funcionarios sean imprescriptibles?
Son varios países en los cuales se
plantea esta opción. En nuestro país, si la memoria no me falla, entre el año
90 y 2000 se presentaron 15 proyectos de ley con ese objetivo. En la actualidad
tenemos dos propuestas sobre este tema: la reforma del artículo 41 de la Constitución y la duplicación de las penas
para este tipo de delitos. Asimismo, también se contempla la posibilidad de
inhabilitar de modo perpetuo al funcionario público corrupto. Por otro lado,
debemos precisar si la imprescriptibilidad correría únicamente para el
funcionario corrupto o si también opera para el privado corruptor. Pero más
allá de ello, lo que debe quedar claro es que no se puede permitir que en
nuestro país opere el robo sistemático de los recursos públicos como ocurrió
durante el Gobierno de Fujimori. Por eso debemos ser firmes en esta lucha, no
podemos dejar que la impunidad se generalice.
Yo creo que lo ideal sería reformar
la Constitución, pero dado el escenario parlamentario actual, creo que la
propuesta más viable es optar por la duplicación o triplicación de las penas
para los delitos de corrupción.
Sobre la lucha contra la corrupción
- Ya que hablamos de corrupción: ¿Imaginó
Ud. que el presidente nombraría como ministros de Estado a dos
personalidades muy cercanas al fujimorismo como Óscar Valdés y Wilver
Calle?
No, ni en mis peores noches de
sueños detestables imaginé lo que Ud. señala. Este tipo de actos, tal como lo
expuse en mi carta de renuncia a la bancada oficialista, demuestran que no
existe coherencia entre lo que se dijo y lo que se está haciendo. Para mí, como
para otros, estos nombramientos demuestran que quienes están gobernando son los
que perdieron las elecciones. Ha llegado el momento de cuestionar esa práctica
esquizofrénica de ofrecer una cosa para luego hacer todo lo contrario a lo
ofrecido.
- ¿No fue un error del presidente y de
su bancada blindar a Omar Chehade en el caso de las Brujas de Cachiche? A
muchos nos sorprendió su repentina inasistencia a esa sesión.
Bueno yo quiero decirle que mi inasistencia
fue un acto de resistencia, porque había una presión para que se asistiera a
blindar a Omar Chehade. Yo no podía blindar a Chehade, mi moral y ética me lo
impedían. Pero tiene Ud. razón, quizá lo mejor hubiera sido asistir votando en
contra del blindaje. Sin embargo, evaluando el tema desde un punto de vista
estrictamente jurídico, yo creo que el informe de Marisol Pérez Tello carecía
de sustento. Ahora bien, es cierto también que Chehade recibió una sanción ética
por su conducta, perdió el cargo de vicepresidente y fue separado del
Parlamento. Pero, es cierto también que este tema fue sobredimensionado por el
PPC y el fujimorismo, detrás de quienes se ubicó la derecha mediática y los
grupos de poder que habían perdido las elecciones. Lo triste es que con Chehade
y otra persona más, conformábamos el trío que supuestamente iba a luchar contra
la corrupción.
- ¿No siente usted vergüenza de haber
pertenecido a una bancada que encabeza la lista de sancionados por la comisión
de ética del Congreso?
No solo eso. Esa es una
responsabilidad que debemos asumir. Pero detrás tenemos un tema de fondo mucho
más complejo. En nuestro país carecemos de un sistema sólido de partidos. Esto
hace que en cada campaña se trate de incorporar a gente que atraiga caudal
electoral y apoye económicamente. Eso hace que al Parlamento lleguen personas
como las que Ud. me ha nombrado (le recordé la lista de parlamentarios de Gana
Perú sancionados). Por eso es preciso impulsar una reforma electoral que ayude
a mejorar nuestro sistema político sancionando por ejemplo a congresistas que
han dado información falsa al momento de presentar su hoja de vida. Pero
también es hora de acabar con el cinismo y la doble moral, desterrar frases tan
nacionales como “nosotros matamos menos y reactivamos el país” o “robó pero
hizo obra”. Eso se tiene que acabar.
Sobre el sistema penitenciario
- ¿Qué propuestas de reforma al sistema
penitenciario planteó el presidente cuando era candidato?
Para ser sincera, no se planteó
ninguna propuesta de reforma penitenciaria. La realidad y vorágine electoral
nos atrapó. El programa de la “gran transformación” es el más amplio de todos
los presentados. Pero para ser sinceros, debo decir que ninguna fuerza política
planteó propuestas en este terreno, salvo cinco líneas en el plan de Alejandro
Toledo. Fue en el contexto de la campaña en donde debatimos el tema y
confrontamos posiciones. La nuestra fue una posición sistémica y racionalista
frente al populismo punitivo de nuestro oponente.
- El Estado reduce el tema del combate de
la delincuencia al aumento de penas y eliminación de beneficios
penitenciarios. Eso me parece un absurdo. ¿Ud. que opinión tiene al
respecto?
Yo comparto esa opinión. Fíjese Ud.,
en la actualidad tenemos un movimiento que abraza las tesis del populismo
punitivo y plantea tres cosas básicas: aumento desproporcionado de las penas,
eliminación o recorte de beneficios penitenciarios y ampliación de la
imputabilidad para menores con 16 años de edad. Eso trae problemas de
tugurización, hacinamiento y criminalización al interior de los propios
penales. Esta es una lógica perversa y antisistémica. Esta es una idea errada,
ya se ha probado que elevar las penas no trae como consecuencia la reducción de
la criminalidad.
- ¿Está a favor de la eliminación de
beneficios penitenciarios a sentenciados por delito de terrorismo o
violación sexual?
Ahora bien, con respecto al
terrorismo, debemos tener en cuenta que el perfil de este tipo de criminales es
muy particular, por eso es necesario un sistema de monitoreo para quienes
recuperan la libertad. Yo creo que frente a los líderes y cabecillas terroristas,
debemos actuar con total severidad. Lo mismo para quienes cometen delitos de
violación sexual contra los niños. Incluso, para ambos casos yo elevaría las
penas a 25 años. Pero ojo, ninguna política penitenciaria funciona si los
internos no cuentan con condiciones de habitabilidad y políticas de rehabilitación
social y educativa al interior de los centros penitenciarios que les permitan
resocializarse y reincorporarse a la sociedad.
- ¿Ud. cree que el Gobierno cumplirá su objetivo
de construir dos penales por año?
Bueno, en parte la meta ya se ha
logrado con la construcción del penal de Piedras Gordas 2 y con el penal de
Huaral. Pero el tema es más complejo, el Director del INPE, ha señalado que por
mes ingresan 1000 internos a nuestras cárceles. Eso quiere decir que para
cubrir esa brecha necesitamos por lo menos la construcción de 10 penales por
año. Esa meta es imposible. No solo se requieren penales sino un mejor
presupuesto para el sector, necesitamos aumentar los sueldos a los trabajadores
penitenciarios. Debemos entender que el problema penitenciario se relaciona con
el de seguridad ciudadana. Para ser sincera, y luego de conversar con el
Ministro de Economía Luis Castilla, yo creo que su visión ortodoxa le impide
comprender la naturaleza e importancia de este problema.
- ¿Sigue mostrando escepticismo frente a
la propuesta de concesionar la administración de las cárceles al sector
privado?
Mire, como dicen otros colegas,
ahora que el hacinamiento es de tal magnitud no nos oponemos a nada. Pero
debemos ir con cuidado. Había una propuesta en la cual el Estado ponía todo el
capital y los privados se encargaban de la gestión únicamente. Es decir, los
privados no asumían ningún riesgo en la inversión. Entonces, si eso es así,
mejor destinemos esos recursos al INPE y fortalezcámoslo como institución, para
mejor y modernizar su capacidad de gestión.
Sobre los conflictos sociales
- ¿Tiene el actual Gobierno una política
definida en materia de solución de conflictos sociales?
Yo creo que la tuvo. Creo que el ex
premier Lerner tenía una política basada en el diálogo, la concertación y la
búsqueda de consensos. Pero mientras Lerner la desarrollaba, el actual Premier
Óscar Valdés lo saboteaba, eso fue lo que en la práctica ocurrió. Ahora, tienen
una política antidemocrática, basada en la represión, en la declaratoria de
estados de emergencia y en la detención de los dirigentes locales.
- ¿Cometió Gregorio Santos el delito de
rebelión al recordarle al presidente lo que ocurrió en otros países con
mandatarios que incumplen sus promesas?
No, claro que no. El tipo penal de
rebelión dice claramente: “el que se alza en armas”. Hablar en un discurso no
es pues alzarse en armas. Eso es parte del derecho a la libertad de opinión que
todo ciudadano tiene en una democracia. ¿Acaso lo mismo no ocurrió durante el
Gobierno de Toledo, cuando García pedía su vacancia? Yo no creo en la vacancia
y discrepo totalmente de Santos en este punto, pero respeto su derecho a
expresarse con libertad.
- ¿No fue acaso inconstitucional la
detención y el traslado a Ica del alcalde de Espinar para ser juzgado en
esa localidad?
Claro que sí. Yo creo que se violó
flagrantemente el principio del juez natural. Además, las reglas de la
competencia son muy claras. El Código establece supuestos que no eran de
aplicación en este caso puntual. Incluso, al alcalde se lo pudo llevar a Cuzco,
pero nunca a Ica. Yo en particular no creo que en Espinar peligrara la
integridad de los jueces o que no se pudiese llevar a cabo el proceso. Recuerde
que el estado de emergencia ya había sido declarado. Lo curioso es que era el
propio alcalde el que buscaba condiciones para dialogar, es decir, a la persona
que busca concertar se la toma prisionera, esa es una muestra de absoluta
irracionalidad.
- ¿Está de acuerdo con el proyecto de
reforma constitucional para que el Parlamento pueda censurar e interpelar
a los presidentes regionales?
Yo estoy en absoluto desacuerdo. Lo
que en realidad tenemos detrás de todo esto es la visión centralista y
capitalina que desde Lima pretende solucionar la problemática regional. Eso se
evidencia cuando se señala que todos los que se oponen a Conga, por ejemplo, son irracionales o
ignorantes. Somos incapaces de mirar el problema desde la óptica de un
campesino cajamarquino que se preocupa por sus recursos y por el desarrollo de
actividades como la ganadería y agricultura.
Sobre la coyuntura política y el
camino elegido por el Presidente
- Hace
algunos días el premier Oscar Valdés le dijo al Perú entero que Ollanta
Humala debía olvidar sus promesas electorales. Al día siguiente, el mismo
personaje retiró lo dicho y señaló que sí cumplirá sus promesas
electorales. ¿Se puede ser Premier así?
No, ese señor debe irse. Como dice
Sinesio López, a ese señor ya se le cayó la hoja de parra, está desnudo
políticamente y exhibe su visión dictatorial, fujimorista y antidemocrática.
- ¿Ud. cree que corremos el riesgo de
entrar en un proceso de mayor autoritarismo?
Yo tengo la esperanza de que cuando
se vaya Óscar Valdés se abra un escenario de diálogo y paz.
- ¿No fue acaso el propio presidente
Ollanta Humala quien les enseñó a los pobladores de Cajamarca y a todo el
país, que el agua era más importante que el oro?
El presidente es bastante
incongruente en este punto, para usar un término respetuoso. Hay un giro
político evidente. Como dice Domingo García Belaunde, al cual no pueden tildar
de rojo, caviar, comunista o extremista, por qué estamos tan desesperados en
que “Conga vaya”. Nosotros como país debemos dar el salto cualitativo, dejar de
lado el modelo primario exportador, invertir en ciencia y tecnología y apostar
por un desarrollo sustentable. Además, con el nuevo incremento de los tributos
que le hemos autorizado al Gobierno se obtendrán más recursos que los que
podría tributar el capital minero.
- ¿Tiene Ollanta Humala el deber moral y
político de explicarle a un tercio del país que el proyecto político por
el cual votaron ya no es su prioridad?
Yo creo que tiene el deber moral de
hablar la verdad. No puede ser que después de nuestra renuncia, en un contexto
en el que le recordamos que no está haciendo lo que prometió, Ollanta salga a
decir que a pesar de los radicales o los extremistas, la “gran transformación” se
llevará a cabo. Primero, Ollanta no debe olvidar que el autor de la “gran
transformación y hoja de ruta”, fue Félix Jiménez, quien no forma parte del
Gobierno pero que permanece en “Ciudadanos por el Cambio”. Segundo, que los
congresistas fuimos elegidos con el programa de la “gran transformación”.
Tercero, que él ganó la primera vuelta
con ese mismo programa. Y cuarto, que muchos de los que lo apoyaron en la
segunda vuelta lo hicieron oponiéndose al fujimorismo. Luego, no es posible que
ahora se pretenda una modificación total de la oferta electoral.
- Algunos peruanos estamos preocupados por la
salud del presidente. Creemos que sufre de amnesia u olvido prematuro.
¿Ud. comparte esa preocupación?
Hay un verso indigenista que dice: “por
qué sin motivo alguno empiezas a olvidarme, yerbas del olvido habrías comido,
por qué sin motivo piensas olvidarme”, (risas). Yo creo que él ha optado por
una forma pragmática de hacer política. Yo, en cambio, pienso que lo que el
país necesita es ética en la política. Eso supone coherencia y honestidad para
hacer y actuar de acuerdo a lo que se ofrece y promete.
- ¿Ud. ya no cree que Ollanta Humala
lleve adelante la gran transformación, verdad? Más aún: ¿Ud. ya no confía
en la palabra de Ollanta Humala, no?
Yo creo que salvo que el pueblo se
lo imponga, Ollanta Humala no será capaz de llevar adelante ese proyecto. El
presidente ha optado por el pragmatismo, hará algunas cosas para mantener una
clientela, pero no más, porque un proyecto político requiere de un convencimiento
y compromiso profundo que él no tiene.
Esta entrevista fue publicada en el N° 53 de LA LEY, mes de junio,
periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.
Etiquetas: beneficios penitenciarios, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la gran transformación, Ollanta Humala, Oscar Valdez, ROSA MAVILA, sistema penitenciario, Wilber Calle
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