Justicia y derechos humanos: las promesas incumplidas de Ollanta Humala

Este artículo tiene como eje central de sus reflexiones aspectos vinculados a la justicia y los derechos humanos. Repasemos brevemente los avances, retrocesos y promesas incumplidas por este Gobierno durante su primer año de gestión tomando como punto de partida la oferta electoral que Ollanta Humala le planteara al país durante las últimas elecciones.

Sobre la reforma constitucional

Tenemos una Constitución que hace imposible el desarrollo del país. Tenemos una Carta Política que consagra los ideales de un pensamiento único. Tenemos una Constitución espuria que nació producto de un golpe de Estado y que tuvo por objetivo la legitimación de un régimen dictatorial y corrupto. Esas eran las expresiones que utilizó Ollanta Humala durante la última campaña electoral, las mismas que eran coronadas con un único ofrecimiento: “impulsaremos la promulgación de una nueva Constitución” (luego solo hablaría de reformas sustantivas y/o puntuales).

 

Ha transcurrido un año desde que Ollanta Humala asumió la Presidencia de la República, trescientos sesenta y cinco días, dos legislaturas parlamentarias, y ninguna de las reformas propuestas por el “candidato” ha llegado a buen puerto. Ni siquiera podemos decir que estas hayan sido impulsadas por decisión del Poder Ejecutivo o por la bancada de Gobierno en el Congreso. ¿Qué pasó? ¿Por qué el entusiasmo duró tampoco? Yo tengo algunas respuestas político-jurídicas al respecto, pero no es la intención de esta reflexión entrar en ese terreno. Confiamos en la capacidad del lector al momento de explicar la razón de esta esquizofrenia electo-gubernamental. Solo diré al respecto que en este primer año de Gobierno, Ollanta Humala me hace recordar constantemente al personaje de la obra de Robert Louis Stevenson: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide.

Sobre la reforma judicial

-  Se estableció en el citado plan (todas las propuestas las hemos extraído literalmente de este documento), que una vez alcanzada la victoria electoral el Gobierno adoptaría las principales recomendaciones de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). ¿Cuáles son esas recomendaciones? Nunca lo supimos. ¿Cuáles de estas recomendaciones han sido concretizadas? Al parecer ninguna.

-  Se dijo también que mediante una norma expresa, se incorporaría a la Justicia Militar en el fuero del Poder Judicial. Han transcurrido doce meses y el debate sobre esta propuesta jamás se inició. Incluso, podríamos decir que al día de hoy muchos de los voceros y sectores afines al Gobierno (afines desde el 28 de julio pasado), defienden la necesidad de mantener a los Tribunales Militares fuera de la estructura del Poder Judicial, ajenos a todo tipo de control jurisdiccional. En el colmo de la incoherencia hasta han llegado a reconocer la competencia de estos tribunales para el juzgamiento de delitos tales como “ejecuciones extrajudiciales”. ¿Quién lo diría? Un año en el Gobierno puede acabar con las convicciones aparentemente más arraigadas.

-  En su afán por fiscalizar la labor del Poder Judicial, se expuso la necesidad de crear un órgano de control independiente del Poder Judicial. ¿Qué órgano es este? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus competencias y atribuciones? Nadie lo sabe, ni lo sabrá. La razón es muy sencilla, esta propuesta pasa a decorar el salón de las promesas olvidadas.

-  Para mejorar el nivel de las personas encargadas de administrar justicia, se propuso la convocatoria a un concurso nacional para los niveles iniciales de la Carrera Judicial (secretarios y jueces de paz letrados), entre los graduandos que ocupen los primeros lugares en las facultades de Derecho de las universidades del país. ¿Cuándo se llevará a cabo este concurso? ¿Se ha establecido el marco normativo que servirá de base para la adopción de esta medida? La respuesta ya la conocen, al parecer el Gobierno está esperando el segundo año de gestión para impulsar la propuesta. A la fecha no conocemos de medida alguna que haya ido en esta dirección. En todo caso, le alcanzamos una pregunta al Poder Ejecutivo: ¿No sería conveniente investigar sobre la educación jurídica de nuestro país antes de dar este salto?

-  Pero no todo tiene que tener un color gris durante este primer año, se señaló en el plan que el Gobierno fomentaría la justicia comunal. Para ello, era importante fortalecer a los juzgados de paz, mediante la asignación de mayores recursos y de una legislación que los institucionalice y contribuya a su mejor desempeño. El Gobierno en este punto, con el apoyo de otras bancadas, logró aprobar la Ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz, la cual entró en vigencia el 4 de abril del presente año.

Sobre la lucha contra la corrupción

-  La lucha contra la corrupción y las mafias será sin cuartel. Cuánta contundencia en esta frase, qué convicción para comprometer a un Gobierno en esta dura tarea de adecentar la política. Asumimos, así se lee en el plan, “el compromiso sostenido y patriótico de combatir la corrupción que deteriora a la sociedad peruana, sobre todo desde el régimen autoritario fujimontesinista”. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué demonio tomó por asalto la conciencia de Ollanta Humala? Quizá uno de nombre acomodo y otro de apellido pragmatismo lo llevaron a tomar la decisión de nombrar como Premier a Óscar Valdés, hombre que ha declarado públicamente ser admirador de Alberto Fujimori (de algunas de sus políticas solamente dirán sus abogados) o como Ministro del Interior, a Wilber Calle, exmilitar que en años pasados fue uno de los firmantes del acta de sujeción escrita por Vladimiro Montesinos. La amnesia es una enfermedad que llega con los años, por ello sorprende que un hombre joven como el presidente, se esfuerce por ser la excepción a esta regla.

-  Se dijo también que la ciudadanía participaría de manera activa en esta cruzada contra la corrupción. Se anunció con entusiasmo la creación de redes de vigilancia ciudadana, comités cívicos distritales, provinciales y regionales de transparencia que luchen unidos contra la corrupción. Volvamos a las preguntas: ¿Tenemos algunas de estas redes funcionando? ¿Ha adoptado el sector justicia alguna medida para el diseño de esta red ciudadana anticorrupción a nivel nacional? Hemos buscado información sobre este punto y no hemos conseguido respuesta alguna. Las únicas redes que se conocen son las de corrupción que operan en todas las instituciones del Estado formando parte del modus vivendi de nuestra burocracia.

-  Volver imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos en agravio del Estado. La reforma del artículo 41 de la Constitución, fue la gran oferta electoral asumida en esta materia. ¿Se ha logrado el objetivo? No. ¿La bancada oficialista mantiene el interés en esta medida? Algunos sí, otros prefieren mirar de costado y hablar de los temas “realmente importantes”. Nosotros lo anticipamos, esta medida no solo es innecesaria, sino también inviable dada la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso. ¿Acaso no resulta más sencillo y honesto señalar que de acuerdo a este mismo artículo constitucional es posible duplicar la pena para este tipo de delitos y con ello duplicar el plazo prescriptorio? ¿Por qué la necesidad de incurrir en prácticas punitivo-populistas a partir de la manipulación de las normas constitucionales? ¿Acaso no se sabe que los únicos delitos imprescriptibles son los que atentan contra los derechos humanos?

-  Se dijo también que la pena condicional solo debía proceder para condenas no superiores a dos años en vez de cuatro como permite el actual Código Penal. Más allá de nuestra abierta discrepancia con esta medida, que a nuestro juicio no solo supone un soberbio desconocimiento de estas instituciones penales sino también la generación de una mayor tugurización y hacinamiento en los penales, cabría preguntarle al lector: ¿Conoce usted de algún proyecto de ley presentado por el Gobierno para lograr esta modificación legislativa? Nosotros tampoco.

-  Pero el populismo punitivo de campaña no acabó allí, se ofreció también la eliminación de beneficios penitenciarios a los que cometan ilícitos de corrupción de funcionarios, para evitar que las corruptelas conviertan en teóricas las penas. ¿Acaso los asesores del presidente no saben que los beneficios penitenciarios no se dan de manera automática, que no obedecen al tipo de delito cometido sino al nivel de rehabilitación alcanzado por el interno? En todo caso, dado que en este campo el Gobierno tampoco ha hecho nada, esperamos que ello se deba a que con mayor tranquilidad y sin la necesidad de los votos en disputa, se han dado cuenta de lo profundamente equivocados que estaban al hacer este tipo de planteamientos.

Sobre el sistema penitenciario

-  Hemos leído y releído el plan de Gobierno de Ollanta Humala en este punto. Lo sentimos, no hemos podido ubicar el capítulo dedicado a este tema. Con honestidad nos comentó Rosa Mavila, que el problema penitenciario pasó desapercibido. Que esa omisión estuvo presente en todos los programas de Gobierno. Mal de muchos, consuelo de “…”, reza el dicho popular. Sin embargo, algunas cosas podemos decir sobre el desempeño del Gobierno en este campo.

-  Se logró aprobar la norma mediante la cual se eliminaron los beneficios penitenciarios para las personas que hayan cometido delitos de terrorismo y violación contra menores de edad. Nosotros ya hemos dado nuestro punto de vista sobre la irracionalidad de una medida de este tipo. Sobre todo si se tiene en cuenta la realidad carcelaria de nuestro país. Así que sobre este punto no ahondaremos.

-  Se han construido dos penales nuevos: Piedras Gordas 2 y el penal de Huaral. Es una medida positiva, pero insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta lo señalado por el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario que ha referido que en nuestro país, cada mes ingresan aproximadamente mil nuevos internos. El Gobierno se equivoca si cree que el problema penitenciario se soluciona con la construcción de modernos y acogedores penales. Ninguna política penitenciaria funciona si los internos no cuentan con condiciones de habitabilidad y políticas de rehabilitación social y educativa al interior de los centros penitenciarios que les permitan resocializarse y reincorporarse a la sociedad. Esto al parecer no logra ser comprendido por el Gobierno, su bancada y sus aliados políticos de turno.

-  Se necesitan otro tipo de iniciativas para solucionar tremendo problema, eso está fuera de discusión. ¿Qué medidas adoptar? ¿Cómo enfrentar esta problemática? Son interrogantes que hasta el momento no han querido ser asumidas por el actual Gobierno. Solo nos gustaría recordarle que según la Defensoría del Pueblo (2011) en el Perú contamos con 66 cárceles, cuya capacidad conjunta es de 28689 reclusos. Sin embargo, a julio del año pasado, nuestra población carcelaria asciende a 48858 presos. Esta cifra pinta de cuerpo entero el brutal hacinamiento y tugurización de la cárcel en el Perú, con todos los problemas y riesgos que dicha situación trae consigo. Es decir, en nuestro país, existe una sobrepoblación penitenciaria del 70% sobre la capacidad de albergue real que la actual infraestructura ofrece.

Sobre los derechos humanos

-  Fue el partido de Gobierno, la única agrupación que durante la campaña electoral expresó su respaldo pleno al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comprometiéndose a poner en práctica las reformas institucionales recomendadas en el informe. ¿Cómo se puede asumir un compromiso de este tipo para luego nombrar como premier a un señor que afirmó con la mayor indiferencia que las víctimas entrevistadas por la Comisión de la Verdad habían teatralizado sus testimonios? ¿Cómo puede el presidente confiarle esta misión a alguien que cree que las cifras del informe no son exactas, que su contenido es sesgado, que descalifica a los miembros de este grupo de trabajo? Yo no lo entiendo.

-  Se señaló también que las heridas abiertas por la violencia política vivida en nuestro país aún no habían cicatrizado, que era necesario designar a un alto comisionado de paz para la pacificación de las zonas afectadas. ¿Alguien conoce la identidad de este alto comisionado?

-  Se dijo también que el Gobierno se comprometería a reparar integralmente a las víctimas de la violencia política, que se cumplirían sin ninguna objeción o solicitud de aclaración de sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliguen al Estado peruano a indemnizar a las víctimas y familiares de ellas, sin distinción de raza, sexo, o tinte político del reparado. Hemos tomado contacto con personas que trabajan en instituciones vinculadas a la protección de los derechos humanos y nos informan que los avances en este terreno son muy escasos. También preocupa la posición del Estado peruano (ecléctica) en torno a la propuesta presentada por algunos Estados (no precisamente los mejores alumnos en esta materia) por reformar (limitar, diría yo) las competencias de la Comisión Americana de Derechos Humanos.

-  Sobre el derecho a la libertad de expresión y el orden democrático, se dijo en el plan de gobierno que durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se llegó a comprar la línea editorial de muchos medios escritos y audiovisuales. Se criticó a los anteriores gobiernos por no revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de radio y televisión que convirtieron un servicio público en un servicio particular. Luego de un año de gestión: ¿El Gobierno ha revisado alguna concesión radio-televisiva? No, que yo recuerde. ¿Eso quiere decir que el problema denunciado por ellos mismos ya fue superado o que simplemente ha dejado de ser una prioridad? Saquen ustedes sus propias conclusiones.

-  Un oligopolio empresarial maneja los medios de comunicación se dijo en el plan. La propuesta será promulgar una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios de comunicación. ¿Alguien conoce el contenido de esta ley? No. ¿El Gobierno y su partido han impulsado esta propuesta? Tampoco. ¿Acaso ya se olvidaron que el modelo que decían pretender implementar era el de Argentina? Al parecer, y felizmente en este punto, el Gobierno ha cambiado de perspectiva, y ha tirado al tacho de basura esta propuesta, que en mi opinión constituía un serio riesgo para la libertad de expresión en nuestro país. Respecto a este punto, debemos recordar que en su momento se señaló que los medios de comunicación debían estar al servicio de la democracia. El problema es que nunca el Gobierno, ni el candidato, ni el partido, nos dijeron “cómo”.

-  También se dijo en el plan que el Gobierno se comprometía a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, incluyendo el acceso a métodos de planificación familiar como el Anticonceptivo Oral de Emergencia y la “despenalización del aborto”. Resulta curioso que la actual ministra de la mujer se haya pronunciado absolutamente en contra de estas propuestas y que se niegue a dar luz verde a la aprobación del protocolo médico para el aborto terapéutico.

-  En todo caso, y a pesar de su joven vida, esperemos que el “nuevo nombre de ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, venga acompañado de políticas con enfoque de derechos humanos que consoliden estos valores en nuestro país. Saludamos esta medida, aunque creemos que lo nominal no basta para resolver los problemas de fondo.

Hemos tomado como punto de partida para este breve balance el “plan de gobierno de Ollanta Humala”, porque a pesar de que muchos sectores y personalidades asumen como una verdad inexorable que los planes de gobierno se hacen para no ser cumplidos, quien escribe se resiste a caer en esta manera cínica de entender la política. Los planes de gobierno son programas de acción que enmarcan la gestión de un Gobierno, delinean las políticas públicas a ser  implementadas y recogen los ideales que el partido político reconoce como trascendentes. Así que en lo personal, no me cansaré de recordarle al lector que la palabra empeñada debe ser cumplida, sobre todo cuando la obligación fue asumida sin presión y de manera absolutamente libre. Lo otro, es fariseísmo puro.

¡Feliz 28 de julio a todos los peruanos que apostaron por la gran transformación!