Cajamarca: Una ciudad sin librerías

En eso se ha convertido mi querida Cajamarca. Hace algunos días estuve por allá en un viaje familiar y pude constatar personalmente tan penosa realidad. Según me refieren algunos amigos con los cuales comparto la afición por los libros y el gusto por la lectura Cajamarca es todo menos una ciudad en donde las personas puedan ir en búsqueda de un buen libro o publicación que satisfaga su deseo por consumir cultura y conocimiento.

Iniciamos la búsqueda en la Plaza de Armas de la ciudad, luego, nos trasladamos hasta el mismísimo aeropuerto en donde nos dijeron que podríamos encontrar un pequeño módulo de una conocida librería capitalina, pero para mala suerte nuestra el módulo ya no existe. Finalmente, y ya con la esperanza hecha añicos, tuvimos la idea de buscar en un supermercado recientemente inaugurado. Una vez dentro de este monstruo comercial, divisamos a lo lejos en un par de repisas no más de 50 libros, la mayoría de ellos de autoayuda (el clásico “Tus zonas erróneas”).

Como pensé que era una broma de mal gusto, consultamos con los encargados del lugar y les preguntamos si esos eran los únicos libros que tenían, la respuesta fue más terrible de lo que esperábamos: “Sí, pero tenemos muchas agendas y material de escritorio”, señaló el jovencito de uniforme, con una convicción que parecía más una sentencia. Para ser sinceros diré que encontré únicamente tres títulos conocidos: “El amante uruguayo”, “Dándole pena a la tristeza” y “La civilización del espectáculo”, los demás textos podemos decir que decoraban el lugar, o mejor dicho, servían para colorear la repisa y para hacernos creer que para los dueños de este negocio los libros “también tienen un lugar”.

Pero veamos, la lógica del comercio es muy sencilla. Existe oferta cuando la demanda es creciente. En Cajamarca contamos con muchas licorerías porque a nosotros nos gusta muchísimo la noche y la jarana, existen bares porque los jóvenes los desbordan cada fin de semana, existen burdeles porque la demanda (según me contó el dueño de uno de ellos) ha crecido enormemente en la última década, existen supermercados y centros comerciales (pronto se inaugurará uno más) porque a la gente le encanta gastar su dinero al puro estilo de las grandes ciudades, por último, existen negocios de todo tipo porque existe un público diverso que consume esta oferta haciéndolos rentables.

Si ello es así, la lógica nos lleva a una conclusión francamente desalentadora: En Cajamarca no tenemos librerías porque este negocio no es rentable debido a que para el residente promedio de la ciudad los libros son algo así como enemigos a los cuales se los debe eliminar y la lectura un pasatiempo aburrido que no puede competir con otros placeres terrenales capaces de hacerlos vibrar llevándolos al éxtasis.

Como a veces la lógica humana, puesta en práctica de manera lineal, nos puede llevar a conclusiones falaces seguí indagando sobre la razón de este fenómeno, pregunté entre algunos conocidos si en algún momento el centro comercial que tanto movimiento económico ha generado contó entre sus tiendas con alguna librería, ellos me dijeron lo siguiente: Sí, en sus primeros meses había una tienda de una librería conocida a nivel nacional, incluso, también podíamos encontrar una tienda de discos, sin embargo, al cabo de algún tiempo esta cerró pues las ventas eran muy escasas y no era rentable mantener un negocio de esta naturaleza.

Lo más curioso de todo esto es que para muchas de las personas con las cuales conversé esta situación no parece preocuparles. Me dijeron que los libros no son algo importante y que en Cajamarca no encontraría la oferta cultural que se encuentra en Lima pues los gustos de la población son otros. Yo personalmente me resisto a creer esto, entiendo que la oferta literaria, teatral o pictórica de una ciudad como Cajamarca no puede ser la misma que ofrece una metrópolis como Lima, pero no puede ser posible que no contemos con tan sólo “una librería”.

Dicho sea de paso, tampoco contamos con un teatro moderno, menos una galería para presentaciones pictóricas y fotográficas. En otras palabras, la cultura parece no tener cabida en una ciudad que según los especialistas ha sido una de las que más creció económicamente durante los últimos años.

Dicen que Cajamarca es uno de los polos de desarrollo de nuestro país, creo que esta frase es por lo menos discutible. Me parece que quienes la sostienen no tienen muy clara la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. Me parece que para que una ciudad se desarrolle no basta con poner más dinero en los bolsillos de la gente sino en impulsar desde el Estado y con el concurso del sector privado actividades destinadas a promover la cultura, el conocimiento, el arte  y la educación entre la gente.

Pero lo más triste vino después, luego de constatar que para el sector privado es poco rentable tener un negocio como una librería en Cajamarca (una más o menos equipada, no pedimos una como las que tenemos en Lima, las cuales también dejan mucho que desear) me tomé el trabajo de preguntar por el estado de la “biblioteca pública de la ciudad”.

Mi padre y otros tíos me contaban que hace algunas décadas Cajamarca contaba con una biblioteca municipal que acogía con generosidad a un número más o menos importante de lectores. De hecho, mi padre pasó muchas horas en sus mesas y anaqueles devorando libros y encontrando historias que luego me narraría. Hoy en día la situación de la biblioteca municipal es muy precaria, incluso, muchos de los jóvenes a los cuales les pregunté si alguna vez habían ido a visitarla me dijeron que no sabían ni siquiera dónde estaba ubicada. Ese tipo de respuestas me entristecieron muchísimo pues los libros son grandes consejeros y fuente de conocimiento inagotable.

¿Qué hacer entonces? La pregunta puede parecer presuntuosa, uno podría decir que no hay nada que hacer pues la situación que yo describo no es un verdadero problema (algunos como ya señalé me dijeron que existen problemas más importantes que estar preocupándome por librerías o bibliotecas) pero creo que existe un buen grupo de paisanos a los cuales sí les interesa encontrar maneras inteligentes para promover la cultura y llevar el conocimiento a los ciudadanos, sobre todo a los más jóvenes.

Pregunté si en este campo el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial de Cajamarca tenían programas destinados a difundir la historia, el pasado, el arte, la cultura o la literatura de nuestra región (sería muy ambicioso exigir una visión más universalista dada la situación actual del estado de cosas) no encontré ninguna respuesta afirmativa a esta interrogante. Nadie ha escuchado nunca de alguna iniciativa estatal destinada a trabajar en este campo.

La lógica del empresario, comerciante y de quien hace negocio es hacer dinero, eso es algo que todos entendemos, pero para que al Estado no le interese en lo más mínimo la cultura de la ciudad es porque algo está mal entre nosotros, algo que parece importarle muy poco a la mayor cantidad de cajamarquinos.

Estados de emergencia y democracia

En esta oportunidad, dado el clima de convulsión social registrado en algunos lugares de nuestro país (Espinar y Cajamarca), los mismos que han motivado la declaratoria de estados de emergencia, analizaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta con respecto a esta medida.

Ideas preliminares

Tal como sucede en otros países, en el Perú, la Constitución ha reconocido la presencia de los denominados estados de excepción. Estos son declarados ante situaciones de especial apremio que ponen en peligro el cumplimiento del orden legal establecido o la existencia del propio Estado. Para ello, el Poder Ejecutivo  -sobre la zona en la cual se presenta la situación irregular- declara el estado de excepción con el posterior recorte o limitación de algunos derechos fundamentales.

Como su propio nombre lo señala, se trata de una decisión política que debe ser adoptada bajo circunstancias “excepcionales”. Es decir, un estado de excepción solo será declarado cuando la situación de anormalidad no puede ser resuelta a través de la implementación de los medios políticos y jurídicos ordinarios. En otras palabras, la declaración de un estado de excepción supone la valoración adecuada del principio de necesidad, el mismo que impone al Estado la obligación de haber agotado otros medios menos restrictivos de los derechos de las personas en el esfuerzo por restablecer el orden y la seguridad interna. Por tanto, los gobiernos democráticos no pueden convertir  a la declaración de estados de excepción en una práctica de uso común ante cualquier hecho de violencia que altere la tranquilidad de la población.

Al mismo tiempo, es necesario señalar que la vigencia de un estado de excepción no puede ser indefinida. Ello quiere decir que los estados de excepción deberán llegar a su fin en el momento mismo en el cual las razones que lo justificaban hayan desaparecido. En tal sentido, cuando el orden, la paz y seguridad interna han sido recuperadas, el Gobierno debe volver al estado normal de las cosas para el ejercicio pleno y libre de todos y cada uno de los derechos y libertades que la Constitución reconoce.

Tipos de estados de excepción

Nuestra Constitución ha establecido claramente dos tipos de estado de excepción:

a)   Estado de emergencia, el cual opera en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación.

b)   Estado de sitio, el cual opera en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente que se produzcan.

Autoridad competente para declarar un estado de emergencia

En nuestro país, es el Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, la autoridad encargada de decretar por un plazo determinado, y sobre todo el territorio nacional, o en parte de él, esta medida. Ello siempre con cargo de dar cuenta ante el Congreso o la Comisión Permanente.

Plazo de duración máxima de un estado de emergencia

Los estados de emergencia en nuestro país no pueden exceder el plazo de sesenta días. En caso de que se requiera de una ampliación del mismo, dicha prórroga exige la promulgación de un nuevo decreto.

Institución encargada de preservar el orden en un estado de emergencia

En principio, por mandato constitucional expreso, es la Policía Nacional del Perú la institución encargada de restablecer el orden interno. Sin embargo, y siempre que el Presidente de la República lo disponga expresamente, esta labor puede correr a cargo de las Fuerzas Armadas.

En un estado de emergencia los derechos se limitan no se suspenden

A pesar de que la Constitución señala que un estado de emergencia supone la suspensión de algunos derechos, se debe entender este término no como la pérdida temporal de ciertas libertades, sino únicamente como la limitación de ciertos derechos. Cabe apuntar, que estas limitaciones, a pesar de la declaratoria de emergencia, deben ser siempre valoradas a la luz del principio de proporcionalidad. Ello es así, pues de ningún modo puede un estado de emergencia ser utilizado como medio para la justificación de actos arbitrarios de violación de derechos humanos que socaven las bases mismas de un Estado democrático de Derecho.

Derechos que se ven limitados en un estado de emergencia

Los derechos que pueden restringirse son aquellos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional, respectivamente. En esa misma línea, es muy importante dejar en claro que el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se ven “suspendidos” durante la vigencia de los regímenes de excepción antes señalados (en ninguno de los dos casos). Incluso, la Constitución le impone al órgano jurisdiccional competente la obligación de examinar el acto restrictivo de derechos que motivó la interposición de estas acciones a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Tratados sobre derechos humanos y estados de emergencia

El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 27, inciso 2, señala que ninguna declaratoria de estado de excepción hecha por un Estado Parte, puede autorizar la suspensión de los siguientes derechos: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de toda forma de esclavitud o servidumbre, debido proceso (principio de legalidad e irretroactividad de la ley), libertad de conciencia y religión, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos y derecho a la protección de los mismos a través de las denominadas garantías judiciales (hábeas corpus y amparo).

Algunas preguntas comunes sobre el estado de emergencia

Con acierto, en un artículo publicado en un medio local, el profesor Samuel Abad se formula las siguientes preguntas: ¿Están prohibidas todas las reuniones, inclusive las pacíficas como una “lavada de bandera” o una procesión”? Nosotros añadiríamos algunas otras: ¿Puede un grupo de personas organizar una marcha por la paz o acompañar el cortejo fúnebre de algún amigo o familiar fallecido? 

Sobre este punto, el profesor Abad nos recuerda dos importantes apuntes que debemos tener siempre en cuenta. El primero es que la restricción a un derecho fundamental guarde relación directa con los motivos por los que se declaró dicho estado (principio de razonabilidad). Por ejemplo, dice Abad, si se decreta un estado de emergencia para enfrentar una escalada terrorista, solo podría aplicarse en tales casos y no para detener a las personas por cualquier motivo. Con lo cual, queda claro, como ya lo dijéramos nosotros en líneas anteriores, que un estado de emergencia no autoriza la arbitrariedad. El segundo es que la restricción de un derecho fundamental debe ser siempre proporcional, es decir, no exagerada ni innecesaria (principio de proporcionalidad). Únicamente el respeto por ambos principios permiten evitar los excesos que se cometía en el pasado, finaliza el autor.

Reflexión final

Todos los ciudadanos debemos tener presente que la declaratoria de estado de emergencia es una medida legítima y democrática que puede adoptar un Gobierno con el objetivo de restablecer el orden y la paz interna en un escenario de extrema convulsión e intranquilidad social, el cual puede desencadenar  una serie de actos ilícitos que atenten contra los derechos de las personas o contra el propio Estado. Pero al mismo tiempo, debemos observar que esta salida debe operar siempre ante la ausencia de otros medios menos limitativos de derechos pero igualmente eficaces. 

Por estas razones, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de velar por la aplicación estrictamente legal del estado de emergencia. Las fuerzas del orden (Policía o Fuerzas Armadas, si fuera el caso) deberán actuar de manera constitucional y democrática, reconociendo la vigencia de los derechos ciudadanos, solo pudiéndolos limitar de manera razonable y proporcional, ya que una democracia no puede permitir que una medida legítima como esta se convierta en un manto que cubra de impunidad los posibles excesos y atropellos que se pudiesen cometer en contra de la población civil.

En síntesis, recurrir a los estados de emergencia es algo plenamente legítimo. El problema es, según lo afirma el constitucionalista Domingo García Belaunde, cómo y con qué frecuencia un Gobierno recurre a este tipo de medidas. Ahora bien, es preciso señalar que la declaratoria de estado de emergencia debe ser vista siempre como la última medida que debe adoptar un Gobierno para restablecer el orden o la paz interna. Ello debe ser así pues un estado de emergencia se supone la limitación y restricción en el ejercicio de varios derechos y libertades fundamentales.

Este artículo será publicado en LA LEY, edición de julio (N° 54), periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica.

Señor presidente: los peruanos no elegimos sacerdotes

Quién lo diría. En épocas en las cuales las sociedades exigen la laicidad del Estado, y con ello, el divorcio definitivo entre política y religión, en el Perú marchamos hacia atrás, y retomamos la vieja tradición de depositar nuestro futuro en lo que puedan decir y hacer un par de curas. El nombramiento de los religiosos católicos Gastón Garatea y Miguel Cabrejos como mediadores en el caso Conga así lo demuestra.

Nadie puede desconocer las virtudes personales de ambos sacerdotes. Ambos han demostrado a lo largo de su vida un compromiso honesto y sincero con su causa. Más allá de las posiciones ideológicas de uno y otro, la mayoría de peruanos tiene una percepción positiva con relación a la figura de ambos. Sin embargo, lo preocupante en este caso es que el Gobierno haya tenido que recurrir a la “pureza espiritual” de dos miembros de la Iglesia Católica para poner fin a un problema que es eminentemente político.

Para mí el Gobierno y los partidos políticos han sido absolutamente incapaces de procesar las demandas de un importante sector del país que se opone, con razón o no, a la implementación de proyectos extractivos de gran magnitud. No solo eso, el llamado de estas dos personalidades vuelve a evidenciar algo que en el Perú sabemos hace mucho tiempo: los peruanos no creen en la autoridad. Todos desconfían del sistema político. La mayoría rechaza a las autoridades, incluso, a las democráticamente elegidas.

¿Por qué no se nombró como mediador al Defensor del Pueblo? ¿Por qué no se nombró como mediador a un político o a un exparlamentario? La respuesta es muy sencilla. En nuestro país todo aquel que represente a la autoridad formal carece de legitimidad frente a la población, sobre todo frente a aquellos sectores históricamente excluidos. Ocurre ahora en Cajamarca, la misma situación se presentó en Espinar, y estoy seguro se volverá a repetir en próximos escenarios de conflicto.

Me pregunta un grupo de exalumnos la razón por la cual en el Perú la gente no cree en las instituciones y tampoco en la aplicación justa de la ley. No sé si tenga todas las respuestas para tamaña interrogante, pero estoy seguro que en países como el nuestro en donde el Estado no tiene presencia en más del 30% del territorio nacional es muy difícil que la población desarrolle un sentimiento de identificación con el sistema político establecido.

Con respecto a la segunda interrogante, queda claro que en el Perú la ley y su aplicación no es igual para todos: las leyes son aprobadas sin el concurso y participación de los sectores involucrados, los padres de la patria rechazan el debate y prefieren las votaciones a puertas cerradas, el Gobierno promulga normas entre gallos y medianoche a sabiendas de que el Parlamento no cumplirá su labor de control legislativo y no se interpondrá en su camino. 

El resultado de todo ello es una legislación que no toma en cuenta los intereses de la población y que los invisibiliza y proscribe sin lugar a reclamos. Dicho de otro modo, en el Perú no interesa si la ciudadanía se siente identificada con la legislación que se aprueba; pues al fin del día, esta deberá ser acatada por la fuerza, con el enorme costo social que ello significa. Y si nada de eso funciona, estado de emergencia, por un lado; o toma de carreteras y huelgas por el otro.

A ello debemos sumarle el hecho de que muchas veces el Estado utiliza al marco normativo como instrumento de presión contra aquellos sectores que con justicia deciden protestar contra decisiones que a su juicio resultan injustas. Muy por el contrario, ese mismo Estado, que al parecer desea tener la sartén por el mango para someter a todos los ciudadanos al “imperio de la ley”, es timorato, cínico y hasta cobarde, para sancionar a los que históricamente se han considerado “los dueños del Perú”. ¿En cuántos “vladivideos” apareció Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito del Perú? En varios no es cierto. ¿Y qué pasó con él, se lo investigó? No. ¿Saben por qué? Muy simple. El señor es “Dionisio Romero”, no es Juan Quispe, Julia Mamani o Gregorio Arpasi.

Son este tipo de taras históricas no resueltas las que van generando en la población sentimientos de rechazo, miedo y desconfianza hacia la clase política. Los parlamentarios, jueces o jefes de Estado, que deberían ser los primeros en tratar de solucionar los problemas de la población sobre la base de criterios de justicia e imparcialidad, deciden hacer todo lo contrario. Colocan sus cargos al servicio de intereses particulares, se subastan o alquilan al mejor pagador. Coquetean y se prostituyen ante el poder económico y político. Y después de todo ello, se atreven a llamar extremistas a quienes todavía no han perdido la capacidad de indignarse. Díganme si no estamos en el reino de la sinrazón y el absurdo. El ladrón de bancos levantando el dedo acusador contra “los ladrones de manzanas”.

Pero retomando el tema, ¿qué ocurrirá si los conflictos sociales se agudizan? ¿Qué pasará si Conga se repite en Huánuco o Huancayo, si el ejemplo de Espinar se exporta a otras regiones, si Bagua se convierte en ejemplo histórico y la Amazonía decide levantar la voz? ¿Volveremos a nombrar como negociadores a los mismos sacerdotes? ¿Convocaremos a pastores cristianos, adventistas o mormones y les pediremos que instalen mesas de diálogo? Si ello es así, entonces mejor desaparezcamos al Estado, abroguemos la política, cerremos el Parlamento, y debatamos vía Twitter o Facebook esperando que la sabiduría divina haga entrar en razón a los radicales (de derecha e izquierda) para luego celebrar una misa y decir amén.

Esta salida no es otra cosa que cortoplacismo puro. El Gobierno se ha quedado sin oxígeno y ha perdido perspectiva. El nombramiento de ambos sacerdotes, hasta me pregunto por qué no convocaron al “santísimo” Juan Luis Ciprirani, debiera servir para bajarle el tono al debate, hacer que el nivel de violencia descienda, mientras el Gobierno nombra a nuevos ministros, redefine la estrategia e inicia una nueva etapa en la cual demuestre que está dispuesto a escuchar a todos los actores del conflicto. Dicho de manera más sencilla, el Gobierno debe asumir la tarea de representar y tratar de componer de manera armónica los intereses diversos, muchas veces contrapuestos, que presenta el capital, la población y el Estado. Para ello, el Presidente Ollanta Humala debe asumir su rol, dirigir la política nacional, y no caer en el mutismo de los últimos tiempos. Cuando ello ocurre, es decir, cuando un Presidente decide “no hacer política”, y espera que otros la hagan por él, se abre un espacio para que el discurso de los radicales y extremistas gane mayores adeptos. 

Recuerde, señor Ollanta Humala, que los peruanos elegimos a un Presidente de la República, que nuestra fe la llevamos por dentro, y que así como usted no debe meter sus narices en los asuntos del más allá, el Estado no puede pedirle a los sacerdotes que asuman las tareas que en principio son obligación de los políticos. Si usted no puede o no se siente capaz de hacerlo, y está imposibilitado de ejercer el cargo para el cual libremente postuló, avísenos para encomendarnos ante el de arriba (los que no creemos estamos jodidos) y pedirle que nos salve del desastre.