Señor presidente: los peruanos no elegimos sacerdotes

Quién lo diría. En épocas en las cuales las sociedades exigen la laicidad del Estado, y con ello, el divorcio definitivo entre política y religión, en el Perú marchamos hacia atrás, y retomamos la vieja tradición de depositar nuestro futuro en lo que puedan decir y hacer un par de curas. El nombramiento de los religiosos católicos Gastón Garatea y Miguel Cabrejos como mediadores en el caso Conga así lo demuestra.

Nadie puede desconocer las virtudes personales de ambos sacerdotes. Ambos han demostrado a lo largo de su vida un compromiso honesto y sincero con su causa. Más allá de las posiciones ideológicas de uno y otro, la mayoría de peruanos tiene una percepción positiva con relación a la figura de ambos. Sin embargo, lo preocupante en este caso es que el Gobierno haya tenido que recurrir a la “pureza espiritual” de dos miembros de la Iglesia Católica para poner fin a un problema que es eminentemente político.

Para mí el Gobierno y los partidos políticos han sido absolutamente incapaces de procesar las demandas de un importante sector del país que se opone, con razón o no, a la implementación de proyectos extractivos de gran magnitud. No solo eso, el llamado de estas dos personalidades vuelve a evidenciar algo que en el Perú sabemos hace mucho tiempo: los peruanos no creen en la autoridad. Todos desconfían del sistema político. La mayoría rechaza a las autoridades, incluso, a las democráticamente elegidas.

¿Por qué no se nombró como mediador al Defensor del Pueblo? ¿Por qué no se nombró como mediador a un político o a un exparlamentario? La respuesta es muy sencilla. En nuestro país todo aquel que represente a la autoridad formal carece de legitimidad frente a la población, sobre todo frente a aquellos sectores históricamente excluidos. Ocurre ahora en Cajamarca, la misma situación se presentó en Espinar, y estoy seguro se volverá a repetir en próximos escenarios de conflicto.

Me pregunta un grupo de exalumnos la razón por la cual en el Perú la gente no cree en las instituciones y tampoco en la aplicación justa de la ley. No sé si tenga todas las respuestas para tamaña interrogante, pero estoy seguro que en países como el nuestro en donde el Estado no tiene presencia en más del 30% del territorio nacional es muy difícil que la población desarrolle un sentimiento de identificación con el sistema político establecido.

Con respecto a la segunda interrogante, queda claro que en el Perú la ley y su aplicación no es igual para todos: las leyes son aprobadas sin el concurso y participación de los sectores involucrados, los padres de la patria rechazan el debate y prefieren las votaciones a puertas cerradas, el Gobierno promulga normas entre gallos y medianoche a sabiendas de que el Parlamento no cumplirá su labor de control legislativo y no se interpondrá en su camino. 

El resultado de todo ello es una legislación que no toma en cuenta los intereses de la población y que los invisibiliza y proscribe sin lugar a reclamos. Dicho de otro modo, en el Perú no interesa si la ciudadanía se siente identificada con la legislación que se aprueba; pues al fin del día, esta deberá ser acatada por la fuerza, con el enorme costo social que ello significa. Y si nada de eso funciona, estado de emergencia, por un lado; o toma de carreteras y huelgas por el otro.

A ello debemos sumarle el hecho de que muchas veces el Estado utiliza al marco normativo como instrumento de presión contra aquellos sectores que con justicia deciden protestar contra decisiones que a su juicio resultan injustas. Muy por el contrario, ese mismo Estado, que al parecer desea tener la sartén por el mango para someter a todos los ciudadanos al “imperio de la ley”, es timorato, cínico y hasta cobarde, para sancionar a los que históricamente se han considerado “los dueños del Perú”. ¿En cuántos “vladivideos” apareció Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito del Perú? En varios no es cierto. ¿Y qué pasó con él, se lo investigó? No. ¿Saben por qué? Muy simple. El señor es “Dionisio Romero”, no es Juan Quispe, Julia Mamani o Gregorio Arpasi.

Son este tipo de taras históricas no resueltas las que van generando en la población sentimientos de rechazo, miedo y desconfianza hacia la clase política. Los parlamentarios, jueces o jefes de Estado, que deberían ser los primeros en tratar de solucionar los problemas de la población sobre la base de criterios de justicia e imparcialidad, deciden hacer todo lo contrario. Colocan sus cargos al servicio de intereses particulares, se subastan o alquilan al mejor pagador. Coquetean y se prostituyen ante el poder económico y político. Y después de todo ello, se atreven a llamar extremistas a quienes todavía no han perdido la capacidad de indignarse. Díganme si no estamos en el reino de la sinrazón y el absurdo. El ladrón de bancos levantando el dedo acusador contra “los ladrones de manzanas”.

Pero retomando el tema, ¿qué ocurrirá si los conflictos sociales se agudizan? ¿Qué pasará si Conga se repite en Huánuco o Huancayo, si el ejemplo de Espinar se exporta a otras regiones, si Bagua se convierte en ejemplo histórico y la Amazonía decide levantar la voz? ¿Volveremos a nombrar como negociadores a los mismos sacerdotes? ¿Convocaremos a pastores cristianos, adventistas o mormones y les pediremos que instalen mesas de diálogo? Si ello es así, entonces mejor desaparezcamos al Estado, abroguemos la política, cerremos el Parlamento, y debatamos vía Twitter o Facebook esperando que la sabiduría divina haga entrar en razón a los radicales (de derecha e izquierda) para luego celebrar una misa y decir amén.

Esta salida no es otra cosa que cortoplacismo puro. El Gobierno se ha quedado sin oxígeno y ha perdido perspectiva. El nombramiento de ambos sacerdotes, hasta me pregunto por qué no convocaron al “santísimo” Juan Luis Ciprirani, debiera servir para bajarle el tono al debate, hacer que el nivel de violencia descienda, mientras el Gobierno nombra a nuevos ministros, redefine la estrategia e inicia una nueva etapa en la cual demuestre que está dispuesto a escuchar a todos los actores del conflicto. Dicho de manera más sencilla, el Gobierno debe asumir la tarea de representar y tratar de componer de manera armónica los intereses diversos, muchas veces contrapuestos, que presenta el capital, la población y el Estado. Para ello, el Presidente Ollanta Humala debe asumir su rol, dirigir la política nacional, y no caer en el mutismo de los últimos tiempos. Cuando ello ocurre, es decir, cuando un Presidente decide “no hacer política”, y espera que otros la hagan por él, se abre un espacio para que el discurso de los radicales y extremistas gane mayores adeptos. 

Recuerde, señor Ollanta Humala, que los peruanos elegimos a un Presidente de la República, que nuestra fe la llevamos por dentro, y que así como usted no debe meter sus narices en los asuntos del más allá, el Estado no puede pedirle a los sacerdotes que asuman las tareas que en principio son obligación de los políticos. Si usted no puede o no se siente capaz de hacerlo, y está imposibilitado de ejercer el cargo para el cual libremente postuló, avísenos para encomendarnos ante el de arriba (los que no creemos estamos jodidos) y pedirle que nos salve del desastre.

Conga se suspende: el gran derrotado volvió a ser nuestro gobierno

Como bien apunta el periodista Augusto Álvarez Rodrich, estos últimos días han sido fatales para el gobierno de Ollanta Humala. Del grandilocuente anuncio “Conga va” hecho por el mandatario, hemos pasado al medroso “Conga se suspende hasta nuevo aviso” del premier Lerner, quien flanqueado por la presencia de un representante de la empresa, presionada para capitular, según palabras del mismo señor, le mostró al país el verdadero rostro de la incapacidad e improvisación del gobierno para hacer frente a esta crisis.

Seamos justos, el problema minero-ambiental, la generación de revueltas sociales y protestas que desbordan la capacidad del Estado para encontrar salidas inteligentes no es un pasivo, en modo alguno, que se le pueda atribuir únicamente al gobierno de Ollanta Humala. La pregunta en todo caso es ¿Hasta cuándo? En qué momento el Estado peruano perdió la capacidad para actuar como un tercero capaz de resolver conflictos. Hasta cuándo el Estado, representado por el gobierno de turno, esperará que el conflicto estalle en sus narices para enfrentar la crisis. No es acaso mucho más recomendable prevenir la violencia y el desorden a tener siempre que gerenciar la violencia con una pistola en la cabeza.

Lo de Conga es preocupante pues demuestra una vez más la casi nula posibilidad del Estado al momento de diseñar una estrategia capaz de canalizar el descontento de la población con la implementación de proyectos encaminados a desarrollar actividades económicas extractivas como la minería. Es grave, pues la actividad minera es la fuente de generación de riqueza más importante de nuestro país. Querámoslo o no, los recursos que el Estado obtiene a través de la recaudación tributaria y los gravámenes a esta actividad constituyen el sostén de la economía nacional. En otras palabras, sin inversiones y promoción de proyectos de exploración y explotación minera el sueño de la gran transformación es únicamente eso, un sueño. Como dirían los economistas, incluso los más cercanos a la zurda, para distribuir riqueza, primero debemos generarla. No hay lonche gratis.

Como bien nos lo recuerda la periodista, Cecilia Mendoza, el Perú, durante los últimos diez años, no ha tenido uno sino varios Congas, y ni hablar del “Baguazo”. Durante los últimos diez años hemos tenido proyectos mineros que tuvieron que ser paralizados debido a la tenaz y violenta oposición que contra la implementación de los mismos expresó la población de la zona donde se desarrollarían. Inclusive, en la propia Cajamarca, hace algunos años la población, con el mismo método y bajo la misma prédica, frustró la implementación de otro importante proyecto. En el año 2004, la población se enfrentó a las compañías Newmont y Buenaventura (hoy detrás del proyecto minero Conga) por la explotación del “Cerro Quilish”. En esa oportunidad se acusaba a este proyecto, que pretendía explotar oro, de poner en riesgo el medio ambiente, contaminar el agua, y acabar con la fauna del lugar. Los impulsores de la protesta acusaron directamente a la empresa minera Yanacocha de derivar los desagües de sus campamentos hacia sus canales de riego, contaminar el río Llaucano, provocando la muerte de especies como las truchas, entre otras denuncias.

Este mismo modus operandi, y la misma falta de capacidad del Estado para prevenir, administrar, y solucionar luego la crisis, se volvió a repetir años después, durante el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García, con la paralización definitiva de otros proyectos millonarios como Tambogrande, Río Blanco y Tía María. Cabe recordar que en el caso de este último, el gobierno, luego de intentar la conciliación entre las partes, a través de la tantas veces infructuosas “mesas de diálogo”, y luego de una paralización de 17 días, con numerosos heridos y tres muertos, cedió ante los manifestantes y paralizó el proyecto.

Como podemos apreciar, la dinámica de la protesta, el discurso radical, la violencia como mecanismo de presión, el atentado contra la propiedad pública y privada, la toma de carreteras, la paralización del comercio de bienes y servicios, el desabastecimiento ocasionado por los manifestantes, y la pérdida de millones de soles son los factores que han llevado a los gobiernos a ceder frente a los movilizados. Sí las prácticas son las mismas, lo único que ha cambiado en el país son los rostros de los actores, lo único que ha cambiado en Cajamarca es la identidad de los que encabezan la protesta o el nombre de los denominados “frentes de defensa”. De allí nuestra preocupación, si todo esto se conoce con antelación ¿Porqué el Estado, el gobierno, sus instituciones no hacen nada por prevenir la crisis?

No podemos negar la legítima preocupación de la población por la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado. No podemos negar la legítima preocupación de la población campesina, nativa o indígena por la preservación de su propiedad y sus derechos comunitarios. No podemos negar la preocupación legítima de la sociedad civil por buscar un equilibrio entre ecosistema y actividad extractiva. Así como tampoco podemos negar la presencia de sectores violentistas que aprovechan y capitalizan el descontento de la población para generar caos, zozobra y violencia. Así como tampoco podemos negar el pobrísimo papel que han jugado las instituciones del Estado para identificar, procesar y sancionar a los responsables de algunos, los menos diría yo, delincuentes que pretenden hacerse pasar por “preocupados ambientalistas”.

Este retroceso de parte del gobierno ha sido interpretado, o puede ser interpretado de manera negativa o positiva según los ojos de quien lo juzgue. Para el empresariado, para los siempre devotos defensores de la inversión “cualquier tipo de inversión”, el anuncio del gobierno sienta, una vez más, un pésimo precedente. Este retroceso va a generar desconfianza en el dueño del gran capital, el Perú será visto como un país en riesgo, en donde las garantías para el desarrollo de millonarios proyectos de largo plazo no están dadas. Para los gestores del paro, de la protesta, de la movilización, esta es una clara muestra del poder que ha adquirido la ciudadanía, es una clara evidencia del rechazo que el modelo económico actual genera en la mayor cantidad de peruanos, es un dato objetivo, palpable de cómo a través del bloqueo y la agresión se puede hacer que un gobierno democráticamente elegido renuncie a su labor de “gobernar” y anteponga los intereses de un grupo a los de toda la nación, sin importar si ello carece o no de todo tipo de sustento técnico o racional. Si a ello le sumamos el hecho que ambos bandos siguen tomando por piñata al Estado, unos amenazando con retirar sus inversiones, y otros con declarar un paro perpetuo, podemos, como hacen otros, augurar un futuro apocalíptico.

En mi opinión creo que este “Conga se suspende hasta nuevo aviso” debería marca un antes y un después en el manejo y en la relación entre comunidades y empresas mineras. El caso Conga debe marcar un punto de inflexión en la manera de entender y procesar los conflictos minero-ambientales. No podemos seguir manteniendo los esquemas y las prácticas gubernamentales de los últimos diez años. El Estado no puede renunciar a su labor regulatoria y de control sobre las actividades que puedan generar un impacto negativo al medio ambiente. El Estado no puede permitir que los intereses económicos de poderosos grupos se superpongan a los intereses de los campesinos o de los grupos interesados en buscar un desarrollo equilibrado. Pero al mismo tiempo, el Estado debe recuperar el principio de autoridad, debe imponer las reglas del Estado de Derecho en toda la república, debe sancionar a quien delinque, procesar al delincuente, señalar con claridad y arremeter políticamente contra quienes anclados en un discurso ideológico el pasado pretenden que el Perú siga siendo un “mendigo entado en un banco de oro”.

El caso Conga debe abrir un espacio de reflexión y encuentro entre todos los actores, y debe generar el interés de toda la nación. El caso Conga, como adelantáramos en anteriores oportunidades, pone al descubierto algo que los analistas se han cansado de repetir: “el problema minero-ambiental es básicamente un problema social y político”. Siendo ello así, el Estado, la clase política, así como el sector empresarial, pero sobre todo el Estado debería preguntarse por cuáles son las razones de fondo que están detrás de las protestas, debería preguntarse porqué los conflictos sociales son casi siempre de corte minero ambiental, debería preguntarse porqué la población, los lugareños, la comunidad en general ha perdido la confianza tanto en las instituciones como en el proceder de la empresa minera, debería preguntarse por cuál será política gubernamental en cuanto a solución de conflictos a implementarse para los próximos años.

Finalmente, entendemos el descontento de la población, no lo justificamos, ni mucho menos avalamos los actos de vandalismo o violencia. Los delincuentes deben estar entre rejas, eso esta claro. Acá en el Perú, como en toda sociedad civilizada y democrática, quien atenta contra los derechos de los demás o pone en riesgo bienes de interés colectivo merece el total rechazo y una severa sanción, siempre en el marco de un proceso en el cual se le respeten todas las garantías. Sin embargo, a la población también le debería quedar claro, y he allí la poca capacidad de comunicación de las instituciones del Estado y de la propia empresa, que el gran responsable de que en el Perú, más aún de que en Cajamarca, los índices de pobreza y desigualdad sigan por lo cielos es el propio Estado. No le hagamos el juego a los radicales, los defensores de los derechos comunales y del medio ambiente no deben someterse a la campaña de miedo y desinformación vertida por los Paria Roja o ex terroristas. El gran responsable del escaso desarrollo, de las tasas de desnutrición, analfabetismo, de la falta de agua, luz, desagüe, carreteras e infraestructura, no es minera Yanacocha. El gran responsable del subdesarrollo de Cajamarca son el Estado y sus autoridades locales, los que encabezan protestas y azuzan a la masa, así como los que prefieren pasar desapercibidos y esconderse bajo la cama en momentos en los cuales las voces moderadas deberían enfrentarse políticamente a los demagogos.



Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.muldarnews.com portal de actualidad nacional e internacional